El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe dictó el decreto reglamentario de la Ley N° 14.365 de Régimen de Promoción Cultural que había sido sancionada en noviembre último producto de la fusión de varios proyectos que se fueron presentando en los últimos años.

"La ley es una maravillosa herramienta para lograr el apoyo de sectores privados a los proyectos culturales en la provincia y estimular el sentido de pertenencia e identidad", destacó la ministra de Cultura, Susana Rueda, ante El Litoral cuando le consultó el sentido de la norma

El objetivo de la Ley 14.365 apunta a estimular e incentivar la participación privada en el financiamiento de proyectos culturales, como así también salvaguardar y preservar el patrimonio cultural.

La ley dejó en manos del Ministerio de Cultura y de la Administración Provincial de Impuestos (API) la reglamentación no dejando de promover una mejora en la articulación entre el sector público y el privado para impulsar el desarrollo integral de la cultura en la Provincia.

"La promoción cultural, a través de incentivos fiscales y otros instrumentos, fortalecerá el ecosistema creativo, beneficiando a artistas, instituciones y comunidades locales, contribuyendo al enriquecimiento del patrimonio cultural local", destaca el decreto reglamentario en sus considerandos.

La ley fue sancionada en noviembre último por el Senado que aceptó el texto elaborado por la Cámara de Diputados que trabajó durante varios meses compatibilizando cuatro proyectos que, por orden de presentación, fueron ingresados por Fabián Palo Oliver (Frente Amplio por la Soberanía), Germán Scavuzzo (UCR), Juan Domingo Argañaraz (Inspirar) y Varinia Drisun (PS).

El Régimen de Promoción Cultural está destinado a estimular e incentivar la participación privada en el financiamiento de proyectos culturales, como así también de la salvaguarda y preservación del patrimonio cultural, dice el primer artículo que define los alcances de la norma.

En la reglamentación es clave lo resuelto sobre las precisiones al artículo 3 que define los proyectos culturales a incluir en esta especie de mecenazgo.

Allí se determina que la prioridad la tendrán especialmente los proyectos que: favorezcan el posicionamiento de la provincia de Santa Fe en el contexto nacional e internacional; pongan en valor la promoción y preservación del patrimonio cultural de la Provincia; se desarrollen en barrios o espacios que se encuentren en contexto de alta vulnerabilidad social; estén destinados o que involucren a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal o que se encuentren en contexto de vulnerabilidad; estén destinados o que impulsen la educación artística en contextos educativos; fomenten la equidad, la inclusión y la no discriminación a través de iniciativas artísticas que involucren a niños, niñas y adolescentes.

También los proyectos que aspiren o propendan a lograr gran visibilidad en relación con el impacto público, la circulación de bienes culturales y la amplitud en el alcance de audiencias y públicos; promuevan el turismo sostenible; y/o, alienten el trabajo creativo en torno a la innovación tecnológica y científica y la transformación de la cultura organizacional del Estado provincial y de su vinculación con los ciudadanos.

Otro de los artículos reglamentados es el 6 que versa sobre la autoridad de aplicación de la norma. Dicha autoridad debe conformar un equipo técnico encargado de elaborar las bases y condiciones de cada convocatoria y de la recepción, evaluación y ordenamiento de los proyectos que se presenten. A su vez, debe girar las presentaciones al Consejo de Promoción Cultural a fin de que proceda a evaluar a los aspirantes a beneficiarios y a las personas aportantes.

Si fuera necesario, puede convocar a un comité artístico a los efectos de la evaluación artística y viabilidad de los proyectos. En tanto, el equipo técnico debe asesorar a los postulantes sobre los requisitos previstos en la Ley, su reglamentación y en cada convocatoria.

Pero además se marcó que la presentación de proyectos sólo se podrá efectuar en el marco de una convocatoria dispuesta por la autoridad de aplicación.

También la autoridad de aplicación debe remitir al Consejo de Promoción Cultural un detalle del monto anual asignado al régimen de promoción cultural y de los resultados de cada convocatoria realizada.

En cuanto a los beneficiarios marcados por el texto legal, están las personas humanas con domicilio y desarrollo del proyecto cultural en el territorio de la provincia y las personas jurídicas sin fines de lucro con domicilio y desarrollo del proyecto cultural en el territorio de Santa Fe, cuyo objeto estatutario comprenda actividades culturales o vinculadas con el desarrollo del proyecto cultural presentado. Sobre este segundo ítem, la reglamentación dice que pueden ser beneficiarias las personas humanas y las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro.

"No pueden acceder a los beneficios las personas que presten servicios en el Ministerio de Cultura de Santa Fe, incluyendo personal de planta (permanente o transitorio) y contratado", remarca.

También se faculta al Ministerio de Cultura a definir las bases, condiciones y de la oportunidad de las convocatorias que se realicen en el marco del régimen de promoción cultural.

La ley determina que no pueden ser aportantes de proyectos culturales quienes se encuentren vinculadas con las personas beneficiarias titulares de proyectos culturales aprobados en el marco de esta norma.

En otros aspectos, el reglamento le ordena al Ministerio de Cultura a crear un registro de personas aportantes. Por otra parte, se establece que las personas aportantes pueden descontar, como máximo, el 50% de su aporte en concepto de impuesto sobre los Ingresos Brutos con el tope establecido en el artículo 18 de la Ley 14365.

Por último se deja en manos del Ministerio de Cultura el establecer, mediante un manual de uso y estilo, los criterios de identidad del régimen en la totalidad de los proyectos que resulten beneficiarios. También deberá establecer un régimen sancionatorio para ser utilizado en casos de incumplimiento de la ley.

La ley permite que las personas aportantes pueden relacionar su imagen o la de los bienes o servicios que produzcan con el proyecto promocionado y la reglamentación señala que las aportantes se consideran "Colaboradores Culturales de la Provincia de Santa Fe" y, en cuanto tales, se los invitará a participar en diferentes actividades que organice la Provincia, valorando su contribución a la promoción de la cultura.

Será el Consejo de Promoción Cultural el que habilite la relación de la imagen del aportante con el proyecto cultural.

El Litoral

El Poder Ejecutivo dictó el decreto 1.092 por el cual fijó en el 30% el máximo incremento anual para la renovación de los contratos que realice la Administración Centralizada o Descentralizada. Hasta el momento regía un decreto del año 2022 que permitía renovaciones con subas anuales de hasta el 45%.

El mismo decreto establece que sólo se podrá presupuestar el gasto y/o adjudicar por un monto que implique un porcentaje de incremento mayor al 30% cuando el pedido esté acompañado de un informe fundado de la autoridad máxima de la jurisdicción o entidad. En estos casos la gestión deberá instrumentarse por un decreto específico del Poder Ejecutivo.

La decisión firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno e Innovación, Fabián Bastia, actualiza la reglamentación de un artículo -el 116- de la Ley N° 12.150, la de Administración, Eficiencia y Control del Estado.

El régimen de contrataciones de bienes y servicios en la provincia se encuentra regulado en el Título III, Capítulo I de la mencionada norma clave para la administración del Estado santafesino. Sucesivos decretos fueron modificando montos o porcentajes para la contratación directa e incluso estableciendo el esquema de autoridades competentes para suscribir los actos de aprobación de los pliegos de bases y condiciones particulares y de adjudicación de las contrataciones.

Se recuerda en los considerandos que el esquema de delegaciones fue implementado para agilizar los procedimientos de selección y con ello garantizar una mayor capacidad operativa en la compra de los bienes y contratación de los servicios necesarios para el correcto funcionamiento del Estado Provincial.

Hasta hoy regía el Decreto N° 1555/22 que prevee que las renovaciones contractuales no pueden tener incrementos anuales superiores al 45% respecto del último valor contractual establecido, permitiéndose excepcionalmente presupuestar el gasto y/o adjudicar por un monto que represente un porcentaje superior cuando exista informe fundado de la autoridad máxima de la jurisdicción o entidad y la gestión se resuelva por decreto.

Más adelante, en los considerandos, el Ejecutivo entiende que "en virtud del contexto económico actual del país resulta oportuno modificar el porcentaje que se utiliza como parámetro por las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Provincial en las gestiones de renovación contractual".

Añade que "el límite porcentual establecido requiere de observación periódica para evitar que se produzca una desactualización del mismo en relación con la situación económica del país, la cual repercute en las etapas de estimación del gasto, adjudicación, ejecución y renovación de las contrataciones públicas".

Hace notar que "un porcentaje que no mantenga un adecuado correlato con el proceso inflacionario anualy demás variables económicas podría ocasionar un incremento en el volumen de las gestiones de renovación a aprobarse por el Poder Ejecutivo, desnaturalizando el esquema de delegaciones previsto para agilizar los procesos de contrataciones o por el contrario impediría alcanzar el abordaje integral que, medidas como la presente, buscan implementar".

Por último y dada la especificidad de la materia "corresponde que los Ministerios de Gobierno e Innovación Pública y de Economía, en forma conjunta, dispongan la actualización del porcentaje establecido por el presente acto en caso de así considerarlo necesario".

El gobierno provincial destino la suma de $89.137.580,49 como reconocimiento y pago de los servicios de alojamiento y racionamiento de personal de Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y segundo despliegue de Policía Federal Argentina (PFA), en el marco del Comité de Crisis de Rosario por la emergencia en seguridad.

El período reconocido con esa partida es el comprendido entre el 5 de enero y el 1 de febrero de este año.

Son cuatro las firmas que facturaron servicios por alojamiento y racionamiento de fuerzas federales y en el decreto se desglosa el nombre de los integrantes de PSA y Policía Federal que participaron del operativo.

El gobierno provincial adjudicó a la firma Deprop SRL la obra para la construcción Espacio de Memoria "Quinta de Funes" en la ciudad homónima del dpto Rosario y con un presupuesto de $426.853.978,72.

Los apertura de sobres con las ofertas para la obra largamente demandada por organismos de Derechos Humanos fue el 25 de marzo en el sitio que ofició de centro clandestino de detención durante la última dictadura.

Ocho fueron las firmas que presentaron propuestas; siete de ellas fueron estimadas y de allí seleccionada la presentada por la rosarina Deprop por entender que era la más conveniente en términos económicos y pasaba todos los requerimientos técnicos.

El valor de la contratación es a febrero de este año y en los considerandos se señala que la oferta ganadora representa un 9,20% por debajo del presupuesto oficial.El Litoral

La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe recibió a los cinco presidentes de las cámaras penales de las otras tantas circunscripciones judiciales de la provincia que habían solicitado la reunión para intercambiar puntos de vista sobre un mensaje del Poder Ejecutivo a consideración de la Cámara de Diputados sobre cambios a la Ley N° 13.018 que organiza los tribunales penales y la gestión judicial.

Hubo un cerrado hermetismo sobre los términos del encuentro y no se descarta que desde la Cámara Penal se emita un pronunciamiento en la semana sobre la reforma propuesta.

El proyecto propone la conformación de Colegios de Jueces Penales, tanto en primera instancia como en instancia de revisión, integrados por la totalidad de los magistrados con competencia en la materia, con independencia de su asiento territorial. Para el Ejecutivo, el diseño permite optimizar el uso de los recursos judiciales, facilitar la rotación funcional y asegurar una distribución equitativa del trabajo, evitando situaciones de sobrecarga o subutilización. 

"La asignación de causas mediante reglas objetivas, predeterminadas y públicas, establecidas por la Corte Suprema de Justicia y ejecutadas por la Oficina de Gestión Judicial, constituye un eje central del modelo propuesto, en tanto garantiza transparencia, previsibilidad y respeto del principio de juez natural", agrega el Ejecutivo.

Según supo El Litoral la reunión giró especialmente sobre este proyecto que fue girado a las comisiones de Diputados y no se hizo hincapié en el mensaje sobre Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública.

El mensaje analizado en dependencias de Tribunales ingresó a la Cámara de Diputados el pasado 7 de mayo y fue girado exclusivamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales que todavía no fijó metodología y fecha del tratamiento.El Litoral

Tras haber sido presentada la semana pasada ante el gabinete por la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Silvia Ciancio, el gobierno dictó el decreto creando la Agencia Provincial de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (APETS) que dependerá del Ministerio de Salud y que tendrá como director responsable a Santiago Torales.

La Agencia tendrá "la función de evaluar técnica y científicamente todas las tecnologías sanitarias que se utilicen o pretendan incorporarse en el sistema de salud provincial, garantizando decisiones basadas en evidencia, promoviendo el uso racional de recursos y asegurando el acceso equitativo a prestaciones sanitarias seguras, eficaces y costo-efectivas en interacción con otras áreas y organismos de incumbencia en la temática, dentro de un marco de mejora de la gestión de calidad inherentes a la complejidad de los servicios sanitarios para toda la población de la Provincia de Santa Fe", determina el primer artículo del decreto.

Se trata del decreto N° 1057 que firman el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Salud, Silvia Ciancio.

En los considerandos se destaca que la creación de la Agencia responde a la necesidad de establecer una estructura organizativa especializada, orientada a la revisión sistemática e integral de tecnologías sanitarias, mediante la articulación de las diversas áreas de gestión con competencia en las etapas de investigación e innovación, priorización y evaluación, como así también en la optimización de los procesos desde la perspectiva de la calidad, a los fines de garantizar la incorporación efectiva de dichas tecnologías al sistema de salud provincial.

Para el Poder Ejecutivo "la evaluación de tecnologías sanitarias constituye una herramienta esencial para la toma de decisiones informadas en salud pública, ya que permite optimizar la asignación de recursos limitados, priorizar intervenciones basadas en evidencia científica y garantizar que el acceso de la población a prestaciones sanitarias seguras, eficaces y costo-efectivas".

También entiende que corresponde preservar la autonomía funcional y científica de órganos colegiados especializados como el Comité Provincial de Bioética y la Comisión Provincial del Medicamento, cuyos aportes resultan relevantes en materia de asesoramiento y complementación funcional en temáticas sensibles, tales como la investigación relacionada con la innovación en tecnologías en salud, la actualización de formularios terapéuticos en función de las necesidades de la población santafesina, entre otras tareas.

No deja de reconocer que la complejidad creciente en la producción y oferta de tecnologías sanitarias, caracterizada por un alto volumen de nuevos bienes y servicios orientados a patologías de alto costo y sujetos a la dinámica del mercado, "impone la necesidad de adoptar una perspectiva de salud pública que asegure la equidad y la sostenibilidad financiera del sistema en el acceso a las mismas".

Con esos argumentos, el gobierno afirma que "resulta pertinente disponer la creación de la Agencia con la finalidad de establecer un examen técnico-científico integral de los fármacos, insumos y equipamiento médico que se incorporen al sistema de salud provincial, garantizando que la adopción de estas herramientas se sustente en evidencia rigurosa de seguridad, eficacia y optimización de recursos, bajo los preceptos de justicia distributiva y alcance universal, debiendo además articular sus dictámenes con las áreas técnicas que se vean alcanzadas por el impacto de dichas evaluaciones".

Después en los considerandos justifica la decisión de usar la denominación de "Agencia" a fin de adecuar su perfil institucional a los estándares técnico-científicos propios de la evaluación de tecnologías sanitarias, jerarquizando así su rol transversal como productor de evidencia objetiva, siguiendo para ello el precedente organizativo ya realizado con la creación de la Agencia de Control del Cáncer.

Un largo anexo al decreto le establece las competencias en cada una de las áreas de incumbencia y, por otra parte, la Agencia tendrá rango de Dirección Provincial, la que dependerá jerárquica y funcionalmente de la titular de la cartera.

Santiago Torales aceptó hacerse cargo de la Agencia y dejará el cargo que viene ejerciendo en Uruguay como gerente técnico de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del vecino país, con sede en Montevideo.

Especialista en nefrología, ha ocupado cargos en las carteras sanitarias tanto de nuestra provincia como de Nación.

En el Ministerio de Salud de la provincia ha desempeñado en roles técnicos y de gestión, como Director Provincial de Calidad y Evaluación Sanitaria formó parte en su momento del Comité Provincial de Bioética.

En Nación, fue Director de Investigación en Salud, coordinando convocatorias, becas de investigación (como las de Salud Investiga) y articulando las áreas de investigación sanitaria de las distintas provincias.

El decreto determina que la Agencia estará a cargo de un director ejecutivo más un equipo de asesores técnicos y un consejo consultivo. El director ejecutivo -será Santiago Torales- tendrá cargo de director provincia y en dependencia directa del Ministro.

El equipo de asesores técnicos estará conformado por profesionales convocados de manera específica en función de su experticia en la materia informes de evaluación de tecnologías sanitarias, evaluaciones económicas en salud y normativas de calidad.

En cuanto al consejo consultivo estará conformado por un representante de la Subsecretaría de Medicamentos y Tecnología Sanitaria del Ministerio de Salud, otro representante de la Subsecretaría Legal y Técnica del Ministerio de Salud, más uno de la Secretaría de Economía para la Salud del Ministerio de Economía. También representante de la Subsecretaría de Planeamiento y Articulación Interinstitucional de IAPOS del Ministerio de Economía; del LIF y un representante del equipo de asesores técnicos de la Agencia Provincial de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Sus funciones serán ejercidas de forma ad honorem.El Litoral

El Poder Ejecutivo de Santa Fe alumbró el decreto con el llamado Plan de Protección de los Ingresos para agentes (activos y pasivos) de la Administración Centralizada y Descentralizada del Poder Ejecutivo, cuyo contenido había sido anunciado días atrás en conferencia de prensa por el ministro de Economía, Pablo Olivares; la secretaria de la Función Pública, Malena Azario y la vocera gubernamental, Virginia Coudannes.

La medida, largamente esperada por un sector importante de estatales activos y pasivos, apunta a lograr un aletargamiento en las deudas de los agentes con entidades financieras o mutualistas que tienen códigos de descuento en el Estado santafesino y limita, a partir de ahora, al 25% el descuento por créditos.

El decreto lleva el número 1014, tiene fecha del 13 de mayo, conteniendo una batería de medidas destinada a trabajadores públicos y privados, autónomos y jubilados con salarios afectados por descuentos derivados de créditos. El objetivo es aliviar la carga financiera mediante la refinanciación de deudas y garantizar, en el caso de los estatales, que las deducciones no superen el 25 % de los ingresos.

El plan combina medidas de alivio inmediato con herramientas de educación financiera y asesoramiento institucional. "Promuévase un Programa Educativo de inclusión financiera en colaboración con entidades financieras, entidades no financieras y organismos nacionales y participación del Ministerio de Educación, destinado al personal del Estado y público en general para favorecer el desarrollo de las capacidades y la salud financiera de todas los ciudadanos", marca el artículo 14 del decreto.

En la provincia, el 33 % de los empleados estatales registra descuentos por créditos en sus recibos de haberes; de ese total, unos 12.000 superan el umbral del 25 % de afectación salarial. A ellos se suman 7.000 jubilados y cerca de 60.000 trabajadores privados y autónomos en situación similar.

El plan se estructura en cuatro ejes:

Reordenamiento del sistema de códigos de descuento a estatales mediante un reempadronamiento de entidades adheridas al esquema CUAD (Cuentas Unificadas de Aportes y Descuentos).

Nuevo límite para la afectación del salario, que pasa del 50% actual al 25 %.

Adecuación de las deudas vigentes a ese nuevo tope, ya sea mediante la refinanciación con el acreedor original a tasas más bajas o a través de la transferencia del saldo a otra entidad.

Habilitan a trabajadores públicos y privados líneas de crédito de menor costo para la consolidación de deudas.

Además, el Banco Solidario (dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano) activará medidas orientadas a sectores con ingresos irregulares o intermitentes, que suelen tener mayores dificultades para acceder al sistema financiero tradicional.

Los empleados públicos y jubilados podrán iniciar el trámite de manera digital a través del portal oficial de la provincia, utilizando su ID Ciudadana. Una vez completada la solicitud, serán contactados para avanzar con el proceso.

En el caso de privados y autónomos, la gestión se realizará a través de las plataformas del agente financiero correspondiente, con seguimiento del Gobierno Provincial. Tras el análisis del perfil crediticio, se informarán las condiciones y los pasos a seguir para acceder a los beneficios.

"El Comité de Expertos de la OIT sobre la Aplicación de Convenios y Recomendaciones ha identificado que salarios adecuados y pagados puntualmente son esenciales para garantizar un trabajo decente y la justicia social, y tienen un efecto muy directo y tangible en la vida cotidiana de los trabajadores", expresa el decreto en uno de sus considerandos.

Agrega que la protección de salarios representa un desafío importante en este contexto de sostenimiento de tasas de interés elevadas en términos reales, configurando un desafío adicional para nuestra región, en la medida en que encarece el crédito, desalienta la inversión productiva y profundiza las restricciones financieras de hogares y empresas, afectando el consumo y la actividad económica, y agravando el deterioro del poder adquisitivo de las familias.

El decreto firmado por Maximiliano Pullaro y los ministros Olivares y Pablo Bastía tiene 22 artículos e invita a los poderes Legislativo y Judicial, Tribunal de Cuentas, Ministerio Público de la Acusación, Ministerio Público de la Defensa, empresas y sociedades del Estado Provincial a adoptar disposiciones similares que establezcan el límite de afectación de los haberes de sus agentes.

El decreto habilita al Ministerio de Gobierno e Innovación Pública requerir a las entidades titulares de los códigos de descuento vigentes que cumplimenten una serie de requisitos.

En el artículo 3 se define que "el haber mensual sujeto a descuentos está constituido por el monto del haber bruto mensual una vez practicadas las deducciones en concepto de: retenciones obligatoriamente impuestas por las leyes; cuota sindical Ley 23551; servicio complementario IAPOS; en su caso medidas dispuestas en sede judicial; y créditos a favor de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo".

Aclara que a los fines de la determinación del haber mensual sujeto a descuento no se computarán asignaciones familiares, sueldo anual complementario, haberes extraordinarios adicionales o complementarios que se perciban por única vez, ni retroactividades por haberes devengados.

Establece que entidades que sean acreedoras de agentes que, a la fecha de vigencia de la norma, tengan una afectación en sus haberes superior al 25%, deben adherir al régimen y refinanciar el pago de las diferencias a la tasa pactada en la operación original bajo apercibimiento de quedar inhabilitadas para futuras operaciones.

En caso de que entidades no refinancien el pago de las diferencias, el Estado Provincial, puede garantizar la medida a través de un mecanismo de anticipo de haberes con consentimiento del agente.

También el decreto habilita al Ministro de Economía a suscribir convenios con el agente financiero de la Provincia y otras entidades para implementar líneas de créditos con mejores condiciones financieras a las de mercado, incluyendo bonificación y/o subsidio de tasa, destinadas a precancelar deudas por parte de agentes activos y pasivos del Estado Provincial, municipales, trabajadores del sector privado y trabajadores independientes que se excedan del tope establecido.

El decreto prevé conformar una Unidad de Gestión integrada por representantes de las secretaría de Finanzas, Recursos Humanos y Función Pública, Política Económica, Hacienda y API del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno para realizar el seguimiento del plan.

También para evaluar aspectos operativos del sistema de prestación de servicios de procesamientos de datos a terceros y del sistema de deducciones y códigos de descuentos, y realizar las propuestas de modificaciones y de definición de criterios necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto.

La Unidad de Gestión podrá requerir la colaboración de la Oficina de Defensa del Consumidor y/u otras áreas operativas de la Administración Provincial a fin de brindar asistencia en la verificación y control de las operaciones de créditos tendientes minimizar los riesgos asociados a la falta de educación financiera de los agentes usuarios.

El Litoral

La Región Centro aportó, en promedio, 30,1% más de lo que recibió de Nación. O dicho en otros términos, por cada $100 que aportó la zona integrada por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, recibió del Estado nacional, $69,9. En el caso particular de nuestra provincia, la brecha fue de 36,51%.

Es el dato central de un trabajo presentado por el Foro de Entidades de la Región Centro a las autoridades de las tres provincias en un acto realizado en la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Lo recibieron los ministros de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares y de Bioagroindustria y Producción de Córdoba, Sergio Busso así como los tres delegados de las provincias en la Región: Claudia Giaccone (Santa Fe), Atilio Benedetti (Entre Ríos) y Carlos Massei (Córdoba).

El informe fue tomando como referencia los años 2011 a 2023 y hubo moción de actualizarlo a diciembre próximo y trabajar en forma comparativa con otras provincias o regiones, como provincias patagónicas con impacto de petróleo o andinas y la minería.

El Foro encargó el trabajo que cristalizaron nueve profesionales de las Bolsas de Córdoba, Rosario y Santa Fe, del Consejo Empresario de Entre Ríos y la Fundación Apertura. El financiamiento fue del gobierno de Santa Fe a través del CFI.

"Venimos a escuchar un trabajo que encomendó el Foro de Entidades de la Región Centro para tener un análisis técnico muy pormenorizado, sostenido en datos respecto de la posición económica y principalmente fiscal o financiera de la Región Centro" señaló Olivares al llegar a la Bolsa. Destacó que fue elaborado "por instituciones privadas, más allá que coincida o no con la información que manejamos los gobiernos. Es importante que los diálogos que se dan en el marco del federalismo fiscal puedan ser sostenidos con información legitimada no solo por los gobiernos de turno sino con la que procesan propias entidades del sector privado y del tercer sector".

Al lado de Busso, el ministro santafesino marcó que "más de un 30% de lo que se aporta no vuelve a la Región Centro o dicho otro en otros términos que entre un 60 y un 70% de lo que aporta es lo que vuelve". Destacó que el período analizado comprende gobiernos de distintos signos políticos tanto a nivel nacional como en las tres provincias y resaltó que la metodología utilizada permite la actualización año a año.

Más allá de que el informe se refiera a la Región Centro, en el desagregado está la participación y la recepción de cada provincia donde la que tiene un mayor equilibro entre debe y haber es Entre Ríos.

Busso llegó al encuentro tras compartir con los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro la apertura de Todo Láctea donde hubo un planteo de quitar retenciones al sector agrícola. "Bienvenido que se están poniendo en marcha los motores de petróleo y minería que van a ayudar a aliviar la carga que hace más de 20 años vienen soportando provincias como las nuestras", marcó el ministro cordobés. "Es oportuno tener buenos números para demostrar lo que significa el aporte de nuestra gente, de nuestro sector productivo al Estado nación y que de eso vuelve muy poco".

El equipo de profesionales realizó un análisis de la participación de las actividades económicas de la Región Centro en el contexto nacional y el aporte a la recaudación de impuestos de ese origen. También avanza acerca de la evolución de los montos percibidos por los tres Estados subnacionales, en concepto de coparticipación federal de impuestos, leyes especiales y conceptos estipulados en el Presupuesto de la Nación.

En la etapa analizada, la Región Centro generó el 19,10% del Valor Agregado Bruto nacional; concentró una proporción similar de la población y del empleo privado registrado. Además, reúne el 23% de las empresas formales. La zona cumple un rol estratégico clave porque concentra casi la mitad de la producción nacional de granos; posee una elevada participación en las cadenas cárnica, aviar y porcina. Asimismo, produjo casi la mitad de los automotores del país y representó más del 38% de las exportaciones nacionales en promedio.

Se destaca en el trabajo que la zona es un nodo central del complejo sojero y agroexportador con una logística y portuaria de relevancia nacional e internacional.

Pero además en el plano socio económico, la Región Centro presentó mejores indicadores estructurales que el promedio nacional, menor pobreza estructural, mayor escolarización y menor desigualdad. La productividad laboral se mantuvo sistemáticamente por encima del promedio nacional, pero cayó 11% entre 2011 y 2023 afectada por la recesión y la sequía. Además mantuvo un nivel de exportaciones per cápita muy superior al nacional, confirmando su centralidad en la generación de divisas, aunque también con fuerte sensibilidad a los shocks externos.

Este trabajo —gestionado y liderado por nuestra Bolsa— constituye un aporte relevante para mensurar el valor de la producción de la Región Centro, su contribución al sector público nacional y las diferencias existentes entre los recursos que estas provincias generan y aquellos que retornan en materia de coparticipación, leyes especiales y obras", marcó Durando al hablar en la apertura del acto.

"Con datos certeros, elaborados con el propósito de dimensionar la importancia de la Región Centro para el país, este trabajo busca contribuir al debate sobre el federalismo fiscal y sobre los mecanismos de asignación de recursos entre la Nación y las provincias, siempre bajo el principio de solidaridad que debe guiar el desarrollo equilibrado de la Argentina", acotó.

Por último, destacó el rol que cumplen las instituciones, y particularmente el de propia Bolsa en la formación de equipos de investigación capaces de aportar conocimiento y elementos de análisis al debate público.

El presidente de la entidad anfitriona, Juan Pablo Durando, dio la bienvenida a los participantes de la presentación del trabajo: "Región Centro, importancia de su actividad productiva y aporte tributario en el contexto nacional (período 2011-2023)".

La iniciativa fue propuesta por el Foro de Entidades de la Región Centro que tiene como coordinador a Maximiliano Ferraro.

Hubo luego intervenciones de los integrantes de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro: Giaccone (Santa Fe), Massei (Córdoba) y Benedetti (Entre Ríos). Más adelante expusieron el trabajo tres de los nueve profesionales que lo realizaron: Bruno Ferrari (BCR), Lucrecia D'Jorge (BCSF) y Camila Tonetti (BCSF). Finalmente hablaron Olivares y Busso.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó el decreto N° 926 disponiendo la situación de emergencia y/o desastre agropecuario desde el 1° de abril de 2026 hasta el 30 de septiembre de este año a todas las explotaciones agropecuarias afectadas por el evento climático, excesos de precipitaciones y desbordes de ríos, arroyos y cursos de agua que se encuentran ubicadas en 19 localidades de la provincia.

La medida abarca a productores instalados en en los distritos Fortín Olmos, Garabato, Los Amores, Golondrina, Intiyaco, Cañada Ombú y Los Tábanos del Departamento Vera. También de Gato Colorado, Villa Minetti, San Bernardo, Pozo Borrado, Tostado, Gregoria Pérez de Denis, Santa Margarita y Logroño pertenecientes al Departamento 9 de Julio así como de Villa Guillermina del Departamento General Obligado.

La medida también alcanza a la producción hortícola desarrollada en el cinturón hortícola de la ciudad de Santa Fe. Comprende los distritos Recreo, Monte Vera y Santa Fe pertenecientes al Departamento La Capital, con excepción de San José del Rincón.

El gobernador es acompañado en el decreto por la firma de los ministros de Economía, Pablo Olivares; y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

La resolución del Ejecutivo se fundamenta en la recomendación efectuada la semana pasada por la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria que se reunió en dependencias de Desarrollo Productivo.

Los productores alcanzados por el decreto, con excepción de los apicultores, deberán iniciar los trámites para solicitar el certificado de emergencia ante la administración pública a través del Sistema Santafesino de Gestión de Situaciones de Emergencia Agropecuaria (SISAGEA). En cambio los apícolas deberán realizar la presentación ingresando a PROAP para completar el formulario de declaración jurada en la sección Emergencia Agropecuaria. 

La fecha límite es el 30 de junio de 2026 para la presentación por parte de los productores agropecuarios alcanzados por el decreto, mediante el Portal Web Oficial de la Provincia.

El decreto también establece que el Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Subdirección General de Ordenamiento Territorial y Emergencia Agropecuaria, confeccionará los listados de productores que formarán parte del Registro Único de Productores en Situación de Emergencia o Desastre Agropecuario, el cual se actualizará semanalmente y será comunicado públicamente por medio de resoluciones ministeriales, que estarán disponibles para ser consultadas en el portal web oficial

Además, en el instrumento se dispone la prórroga del pago de las cuotas 3, 4 y 5 del Impuesto Inmobiliario Rural. Las nuevas fechas establecidas son 30 de noviembre, 29 de enero de 2027 y 31 de marzo, respectivamente.

También se difieren los pagos del Inmobiliario Urbano de las cuotas 2, 3 y 4 del corriente año. Las fechas límites ahora serán 30 de octubre; 31 de diciembre y 26 de febrero de 2027, respectivamente.

Más adelante, el decreto establece la condonación de las cuotas del Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano correspondientes al año 2026 para los productores que posean certificados de desastre agropecuario y cuya actividad se desarrolle en predios ubicados en los 19 distritos comprendiendo las cuotas 3° , 4° y 5° del impuesto inmobiliario rural y las cuotas 2°, 3° y 4° del impuesto inmobiliario urbano.

Dispone que API emita certificados de crédito fiscal o proceda a la devolución cuando los productores poseedores de certificados de Desastre Agropecuario hubieran abonado las cuotas del Impuesto Inmobiliario Rural o Urbano, que debieron estar condonadas.

El gobierno también suspende por 180 días después de finalizado el período de la declaración de la emergencia y/o desastre agropecuario, la iniciación y sustanciación de los juicios y acciones administrativas iniciadas por el cobro de impuestos.

El ministerio de Desarrollo Productivo quedó facultado para proponer la declaración de nuevas zonas en situación de emergencia y/o desastre agropecuario.

En el último punto, crea el Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria. Funcionará dentro de Desarrollo Productivo. El Registro tendrá por finalidad facilitar la identificación temprana de la disponibilidad de campos destinados a pastaje, hotelería, alquiler y/o capitalización de hacienda; alimentos para la hacienda; y servicios de transporte de animales e insumos agropecuarios, permitiendo una adecuada planificación y organización ante situaciones de emergencia y/o desastres agropecuarios.

En los considerandos marca que en todos los distritos alcanzados "las condiciones climáticas adversas debido a las intensas y copiosas precipitaciones ocurridas en los meses de marzo y abril han excedido los promedios históricos para ese período, afectando las actividades agropecuarias en general".

Aclara que las precipitaciones registradas desde el mes de marzo generaron una acumulación hídrica progresiva y elevados niveles de saturación en los suelos; que, sobre dichas condiciones, los eventos intensos y de corta duración ocurridos en abril provocaron anegamientos temporarios, desbordes de lagunas y del río Salado, así como escurrimientos hacia zonas deprimidas; y que esta situación se ve agravada por los aportes hídricos provenientes de las provincias de Chaco y Santiago del Estero.

Menciona que este evento climático ha afectado seriamente la red de caminos rurales, dejando algunas localidades aisladas y dificultando el tránsito de las maquinarias para realizar la cosecha de los cultivos en los momentos óptimos.

En la próxima reunión de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria se terminará de analizar la situación de distritos de la provincia de Santa Fe, paso que aún resta para definir el diferimiento de impuestos de alcance nacional para los productores.

Una docena de dirigentes justicialistas santafesinos santafesinos se sumaron a la convocatoria encabezada por Victoria Tolosa Paz, Guillermo Mitchel y Juan Manuel Olmos para lanzar una nueva línea interna pero con mirada federal.

La reunión tuvo por escenario el centro de convenciones de Parque Norte y entre los santafesinos resaltó la figura del senador Marcelo Lewandowski que apareció en las primeras filas y fue uno de los oradores del acto.

Otros dirigentes que estuvieron presentes fueron Eduardo Tonioli, Pablo Corsalini, Leandro Busatto, Norma López y Miguel Rabbia. Cada uno de ellos respondió a invitaciones personales de organizadores con quienes fueron tejiendo lazos en los últimos años.

Lewandowski aclaró a El Litoral que el encuentro no fue el lanzamiento de nada ni promover a nadie en particular pero resaltó que es importante tratar de que el interior empiece a tener voz en la construcción de políticas públicas. Tal vez no sea casual que el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora haya enviado a varios intendentes, aunque sin su representación.

No todos los santafesinos se quedaron hasta el final porque varios intendentes presentes -como Corsalini- tenían agendadas reuniones en sus localidades con los trabajadores en la fecha tan especial del 1º de Mayo.

Toniolli, referente del Movimiento Evita, aclaró que fue a título personal y respondiendo a la invitación de uno de los organizadores con quien trabó amistad durante su paso por el Congreso. También Leandro Busatto asistió ante una invitación personal.

Lewandowski reconoció haber estado en reuniones previas a la organización del plenario y terminó siendo uno de los tres senadores nacionales del PJ presentes en el acto. Junto a él se vio al diputado provincial Miguel Rabbia. 

Más allá de dar el presente, varios de los santafesinos tienen dudas o suspicacias por los motivos de la convocatoria que apuntaba a no ser contra nadie pero que obviaron mencionar a Cristina Fernández de Kircher o a su hijo así como al gobernador Axel Kicillof.

Es más, la gran mayoría de los participantes santafesinos en Parque Norte caminan el territorio provincial pensando en el armado 2027 donde Santa Fe define su gobernador y su nueva Legislatura además de los futuros gobiernos locales por cuatro años.

"Una foto no se le niega a nadie, más cuando estamos lejos del acto electoral" marcó, en estricto off, uno de los presentes en Parque Norte que, aclaró, nada se discutió en mesas de trabajo como para quitar intensidad a la movida.

La consigna principal de Parque Norte fue evitar la discusión prematura de candidaturas para las elecciones de 2027 y enfocarse en la elaboración de un programa económico y político. El objetivo es salir de la defensiva en que hoy se encuentra el justicialismo y proponer una alternativa que logre interpelar nuevamente a la clase media y a los sectores productivos.

Los organizadores hicieron hincapié en la necesidad de diferenciarse del centralismo del AMBA y poner en agenda las problemáticas de las economías regionales. No obstante, al realizarse en Capital, fueron muchos los porteños y bonaerenses sumados al encuentro y a la organización. 

Otro de los objetivos es federalizar este debate llevando el mismo formato de encuentros a cuatro o cinco provincias más durante el resto del año, buscando consolidar un programa de gobierno antes de discutir las listas legislativas del 2027.

Más allá de Parque Norte, la dirigencia justicialista santafesina sigue los recorridos, las reuniones buscando definiciones hacia el año próximo. Por lo pronto, quieren conocer la regla electoral y la reforma todavía está verde en la discusión en la Legislatura. El primer paso lo dieron los senadores del PJ con un proyecto de ley propio que ya tiene estado parlamentario.

Desde legisladores de Unidos se ha leído el texto y todavía no hubo respuesta o planteo orgánico. Es que en Unidos todavía el Ejecutivo y sus bloques legislativos no se han sentado a discutir los alcances de la norma electoral que regirá desde 2027 y que compilará distintas leyes vigentes al momento.

Una de las claves que deberá definir la norma serán las ejes para la futura composición de la Cámara de Diputados donde el ganador de la categoría ya no tendrá 28 de las 50 bancas aseguradas.

El Litoral

A instancias de la justicialista y ex ministra de Salud, Sonia Martorano, la Cámara de Diputados de Santa Fe declaró “su preocupación ante la reducción y reformulación del programa Remediar por parte del Gobierno Nacional”.

Afirma que dicho programa “constituye una política sanitaria esencial para garantizar el acceso a medicamentos en el primer nivel de atención”. El texto advierte que “el debilitamiento implica un grave retroceso en el acceso efectivo a tratamientos básicos para amplios sectores de la población argentina”.

Enseguida, Claudia Balagué pidió sumar su firma y la del bloque Frente Amplio por la Soberanía al igual que la radical Silvana Distefano y la socialista Varinia Drisun, las tres con fuertes discursos sobre el abandono de Nación de políticas históricas en materia sanitaria, de las mayores responsabilidades que recaen sobre las provincias y los efectos presupuestarios.

También sumó su voto positivo Juan Domingo Argañaraz (Inspirar) mientras que tres sectores pidieron la abstención a la hora de votar: Amalia Granata (Somos Vida), Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) y Beatriz Brouwer (Unite).

En cambio, tanto Ximena Sola como Fernanda Castellani (ambas del Pro) votaron en contra del texto de Martorano. Ambas dirigentes integran el interbloque de Unidos.

El programa Remediar nació en plena crisis del 2002. Es una política de salud pública diseñada para garantizar el acceso a medicamentos esenciales en el primer nivel de atención que son los centros de salud.

Su propósito principal es asegurar que las personas que no cuentan con cobertura de seguridad social (obra social o prepaga) y que se atienden en el sistema público, puedan retirar de forma gratuita los medicamentos que el médico les receta durante la consulta.

“El programa constituye una herramienta central para la atención primaria de la salud, al proveer medicamentos de uso frecuente para el abordaje de patologías crónicas y agudas de alta prevalencia, tales como hipertensión, diabetes, afecciones respiratorias, infecciones y otras dolencias habituales de la consulta cotidiana”, marcó la ex ministra.

Recordó que la puesta en práctica permitió sostener tratamientos, prevenir complicaciones, evitar derivaciones innecesarias a niveles de mayor complejidad y fortaleció la capacidad resolutiva de los equipos de salud en el territorio.

Para la legisladora “la eventual reducción drástica de su vademécum, que según lo difundido pasaría de 79 medicamentos a un esquema de 3 configura un cambio estructural en la política sanitaria nacional”.

Para Martorano “lejos de tratarse de una mera readecuación administrativa, implica abandonar una lógica de cobertura amplia, orientada a garantizar el acceso efectivo a medicamentos básicos, para sustituirla por un criterio selectivo e insuficiente frente a las necesidades reales de la población usuaria del sistema público”.

Advirtió que la falta de medicamentos esenciales en los centros de salud interrumpe tratamientos, compromete la adherencia terapéutica, incrementa la demanda insatisfecha y desplaza consultas hacia hospitales y guardias, con la consecuente sobrecarga de los niveles de mayor complejidad. En lugar de prevenir y resolver tempranamente, el sistema se ve forzado a intervenir de manera tardía, más costosa y menos eficiente.

Pero la legisladora también habló del impacto en la provincia de Santa Fe donde hubo una reducción del 55% de envíos. “En el año 2024 se recibieron 10.711 botiquines, equivalentes a 2.061.426 tratamientos, durante 2025 dicha cifra descendió a 5.701 botiquines, alcanzando 922.426 tratamientos”.

El otro dato esgrimido tanto por la autora como por Distefano y Drisun es que el Laboratorio Industrial Farmaceútico (LIF) fue proveedor de varios productos para esos botiquines.

Balagué cuestionó la política de salud del gobierno nacional, reconoció los esfuerzos de la provincia para mantener el sistema y pidió a sus pares ser màs exigentes hacia Nación.

Di Stefano hizo mención a lo expuesto por la ministra santafesina, Silvia Ciancio, en los sucesivos encuentros de titulares del área nucleados en Cofesa. “Tenemos dos caminos, hacernos cargo o mirar hacia otro lado y decidimos hacernos cargo” marcó la presidenta del bloque de la UCR para dar detalles de los costos de la polìtica provincial en medicamentos.

Para Drisun, Remediar soluciona el 80% de los problemas de salud de los ciudadanos y alivia la atención en hospitales. “No es una política de ahorro, es una clara intención de transformar el derecho a la salud en una mercancía”, marcó la socialista.

El Litoral

El gobierno de la provincia de Santa Fe se dispone a anunciar en las próximas horas una serie de medidas tendientes a aliviar la situación -en principio- de empleados del Estado santafesino, tanto activos y pasivos, sobre endeudados en entidades con Códigos de Descuentos y que perciben prácticamente la mitad del salario o del haber previsional.

La medida que deberá contar con el aval del agente financiero y de organizaciones mutualistas con Código de Descuento apunta a devolver parte del ingreso a los asalariados. Las normas actuales permiten que mediante los Códigos se le pueda retener hasta el 50% del salario. Ahora, el nuevo decreto reduciría al 25% la posibilidad de que agentes estatales y pasivos puedan ceder a la toma de financiamiento.

Hoy el Estado santafesino tiene acuerdos con 35 entidades que tienen la facilidad de descontar del propio sueldo del trabajador activo y pasivo la cuota mensual de un crédito o de ventas en cuotas.

El gobernador Maximiliano Pullaro instruyó a los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno e Innovación, Fabián Bastia, a buscar una solución a una problemática que se agigantó con la suba de tasas de interés, y la caída de la inflación.

Esta situación tuvo eclosión cuando durante la protesta policial, el gobierno marcaba la cifra mínima de sueldos y los agentes mostraron que cobraban una suma sustancialmente menor, producto de los descuentos.

Ya el gobierno dispuso que los aumentos salariales pactados, en paritarias, en el inicio del año, no eran sujetos a los descuentos de los códigos y ahora trascendió que bajaría al 25% la capacidad máxima a descontar a los trabajadores.

En las últimas semanas hubo innumerables reuniones entre funcionarios buscando alternativas para llevar alivio a los trabajadores; hubo contactos con directivos del agente financiero y con los gremios estatales que tienen entidades mutuales que tienen Código de Descuento.

En el gobierno se estima que unos 12.000 estatales están sobre endeudados, algo así como el 10% de los estatales teniendo hasta cinco sueldos embargados. La situación se repite en unos 7.000 jubilados.

El decreto del gobierno dispondrá nuevas medidas hacia adelante, mientras que hacia atrás propondrá una refinanciación donde no se descarta la propia intervención estatal en caso de que los agentes financieros se niegan a realizar la adecuación de deudas.

En cuanto a los privados, la estimación oficial es que unos 50.000 santafesinos padecen un sobre endeudamiento financiero y para ello habrá líneas de refinanciación con el Banco de Santa Fe y con algunos bancos privados, aunque con otro mecanismo de trabajo donde no descartan sumar a las propias cámaras empresariales.

El objetivo central del decreto que se conocerá en la fecha es llevar algo de alivio a los trabajadores endeudados, con plazos más largos de plazo, alguna rebaja de tasas, y con el objetivo de que los propios trabajadores tramiten su quiebra personal ante la justicia con las consecuencias jurídicas que implica esa decisión.

El Litoral

El gobierno de Santa Fe informó a dirigentes empresarios de esta capital la decisión de licitar para para la explotación privada la playa de contenedores e incluso aportar fondos si fuere necesario para iniciar el proceso. En la mesa constituida en Casa de Gobierno se mencionó un plazo de 90 días para tener listo el pliego correspondiente.

La decisión se conoció tras la reunión que el gobernador Maximiliano Pullaro mantuvo con la Mesa de Entidades Productivas santafesinas realizado en dependencias de la gobernación. El mandatario recibió a los empresarios acompañado del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; los secretarios de Agricultura y Ganadería, y de Transporte y Logística, Ignacio Mántaras y Mónica Alvarado, respectivamente; el subsecretario de Transporte y Logística, Jorge Henn; el presidente del Ente Portuario de Santa Fe, Leandro González, y el coordinador del Gabinete Municipal, Víctor Hadad quien es representante del gobierno local en el Ente.

Del lado empresarial se sentaron directivos de la Cámara de Comercio Exterior, la Sociedad Rural local, la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial, el Centro Comercial y ADE.

La playa de contenedores estuvo concesionada en diversas ocasiones y el objetivo del plazo de 90 días para elaborar el nuevo pliego es conocer las ventajas y desventajas de cada proceso.

En Gobierno se informó que el objetivo de la reunión apunta a que la futura terminal de contenedores del Puerto de Santa Fe se convierta en un motor de la economía regional. Días atrás, ante una consulta de El Litoral, el gobernador Pullaro había adelantado la decisión de concesionar la terminal.

"Creemos que este puede ser un puerto de contenedores, que si se le mejora la infraestructura, cómo estamos llevando adelante, tiene mucho potencial fundamentalmente en la Región Centro, pero particularmente la capital, la zona de Rafaela, la zona del norte. Se podrían abaratar muchísimo la logística desde el puerto de Santa Fe" dijo entonces el gobernador. "A este puerto le falta mucho, pero es un acuerdo que tenemos que llevar fundamentalmente con las cámaras y con el sector privado. El sector privado se tiene que apropiar también del puerto de Santa Fe y tiene que comprender que va a abaratar muchísimo los costos si empieza a salir desde aquí y no lo traslada a Rosario o a los puertos de más al sur" , añadió entonces.

Después de la reunión con las entidades productivas santafesinas, Puccini dijo la concesión "es la base concreta para transformar al Puerto de Santa Fe en un nodo logístico competitivo, con reglas claras, inversión real y una articulación público-privada sostenida en el tiempo."

Durante la reunión se analizó la situación actual de la terminal, que si bien cuenta con infraestructura operativa y una ubicación estratégica sobre la Hidrovía, se encuentra subutilizada debido a la falta de un operador con capacidad de inversión y gestión que le otorgue escala.

Pullaro enfatizó que el proceso licitatorio debe ser transparente, competitivo y abierto, garantizando la pluralidad de ofertas y condiciones claras que aseguren la plena operatividad del puerto. "Nuestro gobierno tiene la responsabilidad de dar garantías de seriedad y reglas claras, porque lo que está en juego es la confianza de los sectores productivos y la posibilidad de que Santa Fe compita de igual a igual con otros puertos del país", afirmó.

Ante los empresarios, el ministro hizo un raconto del trabajo realizado. "Se hicieron inversiones eléctricas y se invitó a provincias como Córdoba y Tucumán, que han visitado la terminal portuaria para evaluar qué podían hacer; además, hablamos con operadores privados que trabajan en otros puertos. A partir de allí, tomamos la decisión de avanzar con una licitación pública, una concesión privada del puerto de contenedores, para contar con una competencia transparente y conocer si hay operadores interesados".

La construcción del pliego llevará entre 60 y 90 días. Sobre el tiempo, Puccini dijo "no queremos rifar el puerto; a veces, cuando se concesiona, hay que establecer condiciones que aseguren que quien lo tome muestre y demuestre en el día a día que está operando, porque no queremos que quede en manos de operadores que lo paralicen. Estamos compitiendo con otros puertos del país, fundamentalmente con los de la provincia de Buenos Aires, por eso, el operador que pretenda estar debe tener el interés y demostrarlo con acciones y planes comerciales que mantengan el puerto activo y al servicio de las economías regionales y locales", agregó.

El proyecto contempla un área inicial de 20.000 m2, con posibilidad de ampliación en otros 10.000 m2 en función de la productividad, y parte de una infraestructura ya disponible en condiciones de ser aprovechada de manera inmediata.

Entre los aspectos clave que deberá contemplar el pliego licitatorio se destacan la definición de un canon razonable, plazos adecuados que permitan amortizar inversiones, compromisos de inversión obligatoria, metas concretas de movimiento de carga y mecanismos de control estatal.

Desde el Puerto de Santa Fe partió un nuevo embarque de granos con el remolcador R.E. Recoleta y las barcazas Paraná Towage I y Flotar Cristina, que trasladaron 8.000 toneladas hacia el puerto de San Lorenzo.

La carga estuvo integrada por 6.500 toneladas de maíz de la Cooperativa San Justo y 1.500 toneladas de trigo de la Cooperativa Videla, en un esquema de trasbordo de cabotaje. Esta modalidad permitió abaratar costos y evitar la circulación de entre 250 y 300 camiones en las rutas provinciales.

La jornada ratifica la decisión de la gestión provincial de apostar al transporte fluvial como alternativa estratégica para reducir costos, minimizar el impacto ambiental y consolidar al Puerto de Santa Fe como nodo logístico regional.

Autoridades provinciales remarcaron que este embarque es también un reflejo de la fuerza del cooperativismo santafesino y del potencial productivo de la provincia, que recupera protagonismo con la reactivación del puerto capitalino.

El embarque se suma a un trimestre histórico para la logística santafesina: entre enero y marzo de 2026, el sistema provincial movilizó 1,2 millones de toneladas en puertos y aeropuertos, con 860 operaciones registradas. El Puerto de Santa Fe aportó 46.864 toneladas, mientras que Rosario superó el millón de toneladas y Villa Constitución alcanzó 81.975.

En este mismo período, se movilizaron un total de 51.220 toneladas de cereal (sorgo, maíz y trigo), de las cuales 30.225 toneladas fueron transportadas por vía terrestre y 20.995 toneladas por vía fluvial. Dentro de este mes se prevé además el despacho fluvial de entre 6.000 y 8.000 toneladas adicionales, consolidando la tendencia de crecimiento y diversificación en las modalidades de transporte. El Litoral

No sin polémicas en el recinto, la Cámara de Diputados sancionó la ley que valida el convenio firmado el pasado 7 de abril entre el gobierno de Santa Fe y ANSES y por el cual el organismo previsional transferirá durante doce meses, a partir de mayo, $10.000.000.000 en concepto de anticipo de capital correspondiente al resultado definitivo del sistema previsional resultante de la auditoría del ejercicio 2026.

El interbloque justicialista de Juntos Avancemos fue el único sector político que votó en rechazo del acuerdo con votos fundamentos tanto por el ex gobernador Omar Perotti como por los ex ministros de su gestión, Walter Agosto y Marcos Corach.

En cambio, el oficialismo de Unidos sumó el voto de los aliados habituales (Omar Paredes, Juan José Piedrabuena y Edgardo Porfiri) más los legisladores de izquierdista Frente Amplio por la Soberanía más los bloques celestes, ubicados a la derecha del oficialismo. Estos bloques (Somos Vida, Inspirar y Vida y Familia) están más cercanos al gobierno nacional.

Un día antes del tratamiento del tema en el recinto, tres funcionarios del Poder Ejecutivo fueron a la Cámara de Diputados a presentar el entendimiento y responder preguntas sobre dudas de legisladores. El ministro de Economía, Pablo OIivares; la secretaria Legal y Técnica, Julia Tonero y la directora de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Alicia Berzero, estuvieron apenas 40 minutos con legisladores y no hubo demasiados interrogantes.

En la mañana del jueves, la Comisión de Asuntos Constitucionales dio dictamen favorable y en el recinto hubo acuerdo para votarlo sobre tables.

El convenio validado contiene siete puntos: la transferencia de $120.000.000.000 en 12 cuotas iguales; las partes se ponen como objetivo calcular y determinar el resultado definitivo del sistema previsional de la provincia para los ejercicios 2020 a 2025; los resultados serán aquellos que surjan de los procesos de simulación y de las auditorías por parte de Anses; y los números que surjan podrán ser incorporados al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).

El acuerdo, además, suspende los plazos procesales que se encuentran corriendo en la causa donde Santa Fe demandó al gobierno nacional ante la Corte Suprema de Justicia reclamando deudas previsionales. Esta suspensión de plazos es por 180 días con posibilidad de prórroga similar.

"El convenio es en defensa de la Caja de Jubilaciones" afirmó el radical José Corral para abrir la fundamentación sobre el acuerdo y recordó los acuerdos tejidos en la Convención Constituyente que se expusieron en el artículo 24 de la Carta Magna. "Fue una muy buena negociación que permitirá achicar en un 40 0 50% el déficit de la Caja", agregó. Más adelante aseguró que no concedió nada relevante en la negociación".

Le siguió Fabián Palo Oliver (FAS) para admitir que es buen acuerdo "por los malos antecedentes que tiene Anses como pagador" y cuestionó aspectos de la vigente reforma previsional vigente en Santa Fe. También expuso el aval Ximena Sola (Pro) y mencionó a los negociadores de las partes.

Luego fue el turno del justicialista Corach quien no dudó en señalar que fue un mal acuerdo y perjudicial para los santafesinos. Respaldó lo actuado por la gestión de Perotti para recibir en bonos la deuda de la Nación para con Santa Fe. "Se busca un visto bueno expres, pero cuando éramos gobierno nos demoraron ocho meses el acuerdo" se quejó. Se sumó Agosto para desmenuzar el acuerdo y exponer fuertes diferentes.

Tras marcar que según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el gobierno nacional perjudicó a Santa Fe en 715 mil millones desde el inicio de la gestión de Javier Milei al no transferir fondos asignados a salud, vivienda, educación, obras, etc.

Para Agosto, el convenio incorporó cuestiones impropios como la posibilidad de que Santa Fe se sume al REOR o suspender la demanda ante la Corte Suprema de Justicia. Comparó las decisiones de Santa Fe con las adoptadas por Córdoba y cuestionó el porcentaje de déficit que cubrirán los fondos comprometidos por Anses.

Por último, fue Perotti quien sumó dudas sobre el acuerdo. "El juicio estaba ganado y no veo la ventaja del entendimiento", destacó para señalar luego que la decisión altera las líneas seguidas por los gobiernos santafesinos. Entonces fue el socialista Joaquín Blanco quien salió al cruce de los cuestionamientos de los integrantes del anterior gobierno y cuestionó el entendimiento de Perotti con Alberto Fernández.

Perotti pidió responder y se sumó a la discusión Emiliano Peralta (Somos Vida) para afirmar que "no es ni tan malo, ni tan bueno. Es lo posible". Agosto quiso responder a Blanco, la presidenta Clara García no le abrió la posibilidad y se pasó a votar: 36 a 8, marcó el tablero. Hoy la norma será promulgada por el Poder Ejecutivo.la norma será promulgada por el Poder Ejecutivo.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, se presentó ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay para fijar la postura de la Provincia en relación con la Vía Navegable Troncal.

Puccini ratificó que "la Provincia no improvisó: planificó, invirtió, gestionó y sostuvo con resultados concretos lo que otros solo plantearon como diagnóstico".

El ministro hizo hincapié en que la posición de Santa Fe no es meramente declarativa, sino el resultado de una participación activa y presencial en los centros de decisión. Puccini destacó la participación del Gobierno santafesino en las mesas nacionales en Buenos Aires, donde mantuvo reuniones clave con el director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), Iñaki Arreseygor, para garantizar que la mirada de Santa Fe sea el eje de la nueva licitación.

"Estas intervenciones no fueron protocolares sino instancias donde fijamos posiciones y planteamos condiciones para que la Hidrovía deje de ser una obra aislada y pase a ser un sistema federal y eficiente. Este trabajo se complementa con una articulación con las provincias del Litoral y la Región Centro, consolidando un bloque regional que defiende la competitividad de sus puertos", afirmó el titular de la cartera productiva. El Litoral

Apenas 45 minutos demandó una reunión entre funcionarios del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe y diputados de todos los bloques políticos para analizar el convenio firmado por gobernador Maximiliano Pullaro con la ministra de la Nación, Sandra Pettovello, por el cual el gobierno central empezará a pagar, a cuenta, parte de la deuda de Anses con la provincia.

El convenio fue ratificado dos semanas atrás -por unanimidad- por el Senado y sería sancionado este jueves en la Cámara de Diputados. Una vez sancionado "se pondrá operativo en forma inmediata" señaló el ministro de Economía, Pablo Olivares al retirarse de Legislatura.

Olivares asistió a la reunión junto a la secretaria Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno, Julia Tonero; y la directora de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Alicia Berzero. El encuentro fue a puertas cerradas, vedado a la prensa, pero de corta duración.

La oposición, especialmente los únicos justicialistas presentes -Marcos Corach y Lucila De Ponti- y desde la izquierda Fabián Palo Oliver, pidieron precisiones sobre algunos pocos puntos, les fueron respondidos y se retiraron satisfechos aunque sin adelantar el voto para este jueves.

"Hubo inquietudes de distinto tipo, pero más que nada fueron para aclaraciones, para tener más información de detalle", marcó Olivares que ofició de vocero tras la reunión. Los funcionarios expusieron el alcance del convenio, con especial énfasis en cómo y porqué se llegó a la negociación. "Estamos frente a una cuestión de estado y lo que vimos es mucha madurez a la hora de de abordar este tema", marcó el ministro de Economía.

Precisó que "las dudas pasaron por los plazos procesales donde se aclaró que estamos ante un convenio donde la parte deudora acuerda comenzar a pagar mientras el juicio no se levanta, sino que simplemente es una suspensión de plazo".

También se pidieron precisiones sobre lo que significan los aportes que recibirá la provincia tras la aprobación del convenio. "Son aportes importantes en términos del déficit de la Caja, aportes que nunca se tuvieron en esos términos desde 2017", aclaró. "Las posiciones que quería defender Santa Fe están salvadas", reiteró.

Olivares se explayó ante la prensa y recordó que Anses comenzará a transferir a cuenta un monto. Marcó que el último aporte que Anses hizo fue de 149 millones de pesos. "Aquí estamos ante un acuerdo donde Anses comienza a pagar 10.000 millones de pesos a cuentas del déficit, donde simplemente hay una suspensión por plazo determinado de los términos procesales en el cual el organismo previsional se compromete a tres cosas: determinar los montos de la deuda de cada uno de los años; hacer una propuesta de pago y que la provincia la acepte. Si alguna condición no se cumple, continúa el juicio en la Corte".

En cuanto al significado de los 10.000 millones de pesos mensuales, representan el equivalente un 50% del déficit de la Caja de Jubilaciones.

Ante la consulta de El Litoral, el ministro subrayó que "es un requisito tener la la aprobación de Legislatura. El convenio será ejecutable a partir de su aprobación legislativa".

Sobre el déficit previsional, Olivares explicó que sale de los aportes mensuales que recibe la Caja y lo que tiene que pagar de pasividades. "El déficit se va a seguir manteniendo. Este aporte de Anses va a compensar parte de lo que el Tesoro Provincial tiene que realizar todos los meses para financiar ese déficit. El déficit de la caja no va a cambiar. Lo que sí es un recurso nacional que compensa al Estado Provincial por el aporte que hace todos los meses", precisó.

El gobierno explicó una vez más que los fondos que enviará Anses irán al Tesoro provincial que es el que mes a mes aporta para cubrir el déficit previsional. "Esto es un acto de justicia con los 3.700.000 contribuyentes de la provincia de Santa Fe, que con sus recursos financian los gastos, entre ellos el déficit previsional. Es un recupero que queda liberado para poder aplicar a todos los demás funciones del Estado, fundamentalmente de inversión en obra pública, en equipamiento, pero también en otras necesidades como seguridad, salud y educación", destacó el ministro.

En septiembre expirará el plazo de la emergencia previsional y el Poder Ejecutivo no utilizará la facultad de prórroga que la propia ley le habilita. Olivares, en rueda de prensa, explicó el significado que tuvo y está teniendo esa norma excepcional.

Ministro: Bueno, en la dinámica previsional se viene a observando que más que no solamente se viene ayudando de no haber sido por esa reforma que fue tomar un tema tiempo, hoy estaríamos ante un sistema previsional eh donde inclusive estaría siendo difícil de sostener. Con lo cual lo que esto no nos ratifica es que eh hoy el porcentaje del déficit sobre el total de pasividad es un 14%, es decir, el déficit de la mensual de la caja de jubilaciones representa un 14% de las pasibilidades, llegó a estar en el orden del 30%. Con lo cual lo que nos muestra es que la incidencia de esta reforma realizada nos permitió eh que no se dispare una situación del déficit que hoy posiblemente sería muy difícil abordar

Periodista: ¿Y en septiembre, cuánto va a ser este 14%? Porque en septiembre se cae la emergencia y caen algunos conceptos especiales que hacen...

Ministro: Bueno, allí posiblemente eh de cuando termine ese aporte solidario, también hay que ver cómo es el desempeño de de la evolución de los aportes, porque también tiene que hacer impacto los incrementos salariales en los activos, que eso impacta en los recursos de la caja, pero también en los gastos, con lo cual hay que ver cuál es el la incidencia final, pero entendemos que cuando se dejen de aplicar estos este aporte solidario, eh creo que se va a compensar parcialmente por el efecto de los otros cuestiones eh actuariales o los otras reformas de la caja que se han aplicado

Para ser más concreto, la reforma previsional tuvo modificaciones que tuvieron un impacto inmediato, otros que van teniendo impactos mediatos, es decir, que lo van haciendo a lo largo de los años. Entendemos que cuando deje de aplicarse este descuento del aporte solidario, si bien por un lado va a cesar el impacto de uno de los instrumentos que tienen impacto inmediato, eso va a ser compensado con la incidencia de otros eh otra de las reformas que tiene el impacto más mediato que tienen que ver en la manera en como, por ejemplo, las los cambios que se han hecho a la hora de la el otorgamiento de pensiones y otros efectos que todavía no han tenido incidencia, pero que lo van a ir haciendo mucho más lentamente a lo largo del tiempo

La Unión Cívica Radical de Santa Fe tiene este viernes el cierre de listas para completar el proceso de renovación de autoridades que tuvo una primera etapa a principio de diciembre. Las elecciones internas están convocadas para el 17 de mayo aunque existe un principio de acuerdo entre referentes de las diferentes líneas internas para acordar listas de unidad.

En diciembre, por lista única, el radicalismo santafesino dio un nuevo mandato al frente del comité provincial a Felipe Michlig, senador por San Cristóbal y presidente de ese cuerpo. Además definió los cuatro delegados titulares al comité nacional que participaron ese mes en la elección del venadense Leonel Chiarella como presidente. Son delegados Juan Cruz Cándido, Jimena Senn, Melina Giorgi y Darío Boscarol. Los tres primeros representan al grupo NEO que detenta la mayoría de dirigentes del radicalismo.

También en diciembre quedó conformada la Junta Electoral que es la encargada de ordenar el actual proceso electoral. Hasta el viernes deben presentarse las listas de convencionales provinciales; los 19 delegados al Comité Provincial por cada departamento; los delegados a cada Comité Departamental así como los presidentes de comité de cada distrito o seccional.

Hoy el radicalismo es gran parte del oficialismo santafesino de Unidos y las autoridades que surgirán de esta etapa de renovación de cargos serán las encargadas de definir el nuevo marco de alianzas electorales para las elecciones de 2027.

En ese esquema, la decisión de respaldar la alianza la tiene que validar la convención provincial que además es la encargada de validar la plataforma electoral. Michlig es uno de los fundadores del espacio interno NEO que tiene la mayoría de los dirigentes. La convención, en tanto, estará en manos del MAR, la otra línea interna y en el sector descuentan que Carlos Suárez seguirá al frente de ese órgano.

Es decir que comité y convención tendrán continuidad en sus cabezas con Michlig y Suárez.

En el marco del ordenamiento interno, por cada distrito, y cada departamento, son referentes los senadores e intendentes. El dato es que hoy, las dos principales ciudades (Rosario y Santa Fe) no están en manos de dirigentes radicales aunque esa fuerza forma parte de ambas administraciones.

Después de más de 60 años, la UCR tiene un dirigente como gobernador de Santa Fe en la figura de Maximiliano Pullaro; gran parte del gabinete tiene esa procedencia política y el bloque de senadores de Unidos tiene mayoría de dirigentes radicales. En cambio, en el oficialismo de la Cámara de Diputados son mayoría los socialistas y en el interbloque la UCR es la segunda fuerza en números de bancas.

Además, dirigentes de extracción radical en Unidos encabezan una treintena de municipios y decenas de comunas que desde el año próximo pasarán a ser municipios.

Michlig asumió su mandato como titular partidario en 2023 con el propósito declarado de armar un gran frente electoral para enfrentar al entonces gobernante justicialismo de la mano de Omar Perotti.

Para el acto de asunción en ese momento invitó al entonces gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés quien había formado también un amplio frente electoral para ganar esa provincia.

Así de la mano de Unidos para Cambiar Santa Fe, Maximiliano Pullaro llegó a la gobernación de Santa Fe junto a Gisela Scaglia tras superar la primaria y después la elección general. En este nuevo mandato, Michlig aspira a repetir la conformación de Unidos.

El gobernador Maximiliano Pullaro hablará ante la Asamblea Legislativa, para abrir el 144° período Ordinario, el domingo en horario matutino ya que ante pronósticos de lluvia fue suspendido el espectáculo cultural que se iba a realizar, esa tarde, frente a la Legislatura.

El cambio de horario del mensaje del gobernador en el estreno de la nueva fecha fijada por la Constitución fue decidida este lunes entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Senado, cámara encargada de la convocatoria a la Asamblea Legislativa.

El gobierno provincial había definido que el domingo tras la lectura del mensaje del gobernador, se presentara el espectáculo que Santa Fe llevó al festival nacional del Folklore de Cosquín cuyo eje es la figura del brigadier Estanislao López en el año del 240 aniversario del natalicio.

La presentación del ballet, coro y músicos demandaba levantar un escenario de importantes dimensiones frente al edificio de la Legislatura. El objetivo es que además se presenten músicos santafesinos para cerrar el acto cívico de inicio de sesiones.

No obstante, la coincidencia de pronósticos con altas probabilidades de lluvia decidieron al gobierno no avanzar con el espectáculo cultural y por ende cambiar el horario de la Asamblea Legislativa.

Levantar el escenario con medidas mínimas de 20 x 30 que exige el número expuesto en Cosquín demandaba iniciar varios días antes los trabajos en la zona de Legislatura, días donde también el pronóstico es de inestabilidad que incluye gran parte del fin de semana extra largo por los feriados de Carnaval.

Este lunes, funcionarios del gabinete de Pullaro se comunicaron con las autoridades del Senado que preside Felipe Michlig y de la Cámara de Diputados que encabeza Clara García, para determinar el horario del acto del lunes.

Así, las autoridades del Senado resolvieron convocar a la Asamblea Legislativa para las 8.30 para, y de esta manera, desde las 9.30 escuchar el mensaje del gobernador. Antes, cada cámara convocará por separado para dar inicio al año parlamentario.

La nueva Constitución, promulgada y jurada en septiembre, dispone en su artículo 75 que "ambas Cámaras se reúnen en sesiones ordinarias desde el 15 de febrero hasta el 30 de noviembre de cada año". El texto de 1962 fijaba el período ordinario entre el 1 de mayo y el 31 de octubre, dejando a las cámaras la potestad de prorrogarlo hasta el 30 de noviembre como ocurrió habitualmente.

Entre las atribuciones de las dos cámaras, la Constitución dispone "escuchar el informe anual del gobernador sobre el estado de los negocios públicos, en ocasión de abrirse el período de sesiones ordinarias de las Cámaras".

La extensión del período ordinario dará mayor protagonismo a la Legislatura. El Ejecutivo solo podrá convocar a extraordinarias en diciembre y la primera quincena de febrero debido a que en enero, generalmente es época de receso parlamentario y administrativo.

En este año, más allá de que la Legislatura tiene una docena de proyectos habilitados para su tratamiento, apenas realizarán sesiones las dos cámaras este jueves después de una Asamblea Legislativa convocada para tratar siete pliegos.

El temario del jueves tiene como eje central la futura Ley de Municipios que está a consideración del Senado y donde el bloque oficialista pretende avanzar con la media sanción.

Este martes, el presidente del Senado, Felipe Michlig, y varios otros integrantes del cuerpo se reunirán con el intendente rosarino, Pablo Javkin, y con la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, para conocer la opinión de ambos sobre el mensaje del Ejecutivo.

El gobernador Pullaro prepara un mensaje ante la Legislatura que pretende no exceda la hora. El trabajo que realiza el propio mandatario con algunos colaboradores parte de revalorizar la figura de Estanislao López, en el año de los 240 años de su natalicio.

La provincia trabajará durante parte del año resaltando la tarea de López como organizador de la provincia y defensor del federalismo. El inicio de la tarea fue la presentación en Cosquín que proponían reeditarla en la plaza de la Legislatura.

Más allá de López, Pullaro se dedicará luego a destacar las áreas priorizadas de su gobierno y que pasan por seguridad pública, obras públicas, salud y educación. Pero también será el primer mensaje del gobernador tras la sanción de la nueva Constitución que está en vigencia y que todavía manda sancionar una serie de leyes para la puesta total en vigencia.

El Litoral

Este domingo 15 de febrero, previo al fin de semana extralargo por el feriado de Carnaval, el gobernador Maximiliano Pullaro abrirá el 144º período Ordinario de sesiones de la Legislatura de la provincia de Santa Fe, nueva fecha establecida por la Constitución sancionada, promulgada y jurada en septiembre del año último.

El acto institucional está previsto a partir de las 19 cuando las autoridades de las Cámaras de Senadores y de Diputados reciban al gobernador Pullaro quien minutos después y cumplido los protocolos leerá el mensaje a la provincia.

Será el estreno de la fecha para la apertura ordinaria y por ende será el inicio del plazo mucho más amplio de actividad parlamentaria propia. En Extraordinarias, el temario es impuesto por el Poder Ejecutivo y con la nueva Constitución este plazo especial queda limitado desde el 1 de diciembre al 15 de febrero.

Pullaro viene trabajando desde mediados de enero en la preparación de un mensaje que -se anticipó- no demandará más de una hora de lectura y comenzará resaltando la figura del brigadier Estanislao López en el año del 240 aniversario del natalicio. Es más, tras la sesión inaugural, el gobierno está trabajando para que se presente en un escenario que se levantará en la plaza de la Legislatura el mismo espectáculo de la noche de Santa Fe en Cosquín.

Previo a la constitución de la Asamblea Legislativa del domingo venidero, las dos cámaras harán una breve sesión de inicio del año parlamentario. Para ellos, debieron en diciembre votar modificaciones al reglamento de funcionamiento interno que en el caso de Diputados aún no fue finalizada su redacción.

Entre otras cosas, los reglamentos fijaron las nuevas fechas de las sesiones Preparatorias que anteceden al inicio del año parlamentario. En este caso, Senado y Diputados las realizarán el jueves venidero tras una Asamblea Legislativa que discutirá pliegos para el Ministerio Público y para Tribunal de Cuentas y Enress.

En el Senado y en Diputados serán ratificadas las mesas de conducción que seguirán en manos de Felipe Michlig (Ucr- San Cristóbal) y Clara García (PS). La particularidad de este año es que el presidente provisional del Senado es quien sigue en la sucesión debido a la renuncia al cargo de la vicegobernadora Gisela Scaglia, hoy diputada nacional y presidente del bloque Provincias Unidas.

El año parlamentario que se iniciará el domingo venidero tendrá por delante la discusión y sanción de varias leyes exigidas por la nueva Constitución, entre ellas la de Municipios que originó innumerables reuniones entre diciembre, enero y febrero y que tiene preferencia para este jueves en el Senado.

Más allá de esta norma, para el año se prevé la nueva ley electoral, la definición de los organismos encargados de la selección de jueces, fiscales y defensores así como del cuerpo encargado de juzgamiento de esos cargos judiciales.

Pero además en Ordinarias y con fecha del 26 de febrero, la Asamblea Legislativa está citada para discutir las tres propuestas elevadas por el Poder Ejecutivo para ocupar las vacantes que se produzcan este año en la Corte Suprema de Justicia.

El Litoral

El presidente de Carsfe, Berardo Vignatti, valoró como "muy positiva" la reunión de trabajo mantenida por la mesa de la entidad ruralista con el gobernador Maximiliano Pullaro y varios de sus ministros.

"Hubo predisposición a analizar todos los temas llevados, en un marco distendido, y esperamos empezar a ver resultados en los próximos 60 a 90 días" señaló el dirigente a El Litoral.

Fue el segundo jueves consecutivo que Pullaro recibe a sectores productivos en el marco de cenas de trabajo para analizar situaciones de productores, conocer los requerimientos que le hacen al Estado santafesino y la capacidad y posibilidad de respuesta del mismo estado. Siete días atrás fue la conducción de Fisfe, encabezada por Javier Martín, la visitante. Este jueves, los ruralistas llegaron desde distintos puntos de la provincia para compartir la cena pero también la agenda de trabajo.

El gobernador esperó al ruralismo con varios de sus ministros, entre ellos Gustavo Puccini (Desarrollo Productivo), Fabián Bastia (Gobierno), Pablo Olivares (Economía), Lisandro Enrico (Obras Públicas) y Pablo Cococcioni (Seguridad) más Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería.

Vignatti, procedente de la Sociedad Rural de San Justo, hoy al frente de Carsfe, y más allá de los temas puntuales, entiende que el distendido encuentro sirvió para acercar a las partes que tuvieron algunos desencuentros en los últimos meses. "Quedaron abiertos los canales de diálogo en las diferentes áreas" subrayó ante la consulta de El Litoral y se mostró esperanzando en que los resultados se empezarán a dar en los meses venidero.

Más allá de lo conversado en términos de relaciones, el ruralismo presentó una carpeta con una serie de puntos que deberían ser trabajados con el gobierno y que pasan por la seguridad, la necesidad de obras hídricas en los extremos de la provincia y con estados vecinos; caminos rurales, la necesidad de reglamentar una serie de leyes ya dictadas y que permitirán dar estándares de calidad a la producción santafesina; conectividad y algunas líneas de créditos.

Por último, desde la entidad que reúne a las rurales se reclamó por un mayor dragado del canal de acceso al puerto de Santa Fe para salir con mayores cargas, con barcazas, a puertos del sur santafesino. "Sabemos que es un compromiso que lo debe hacer la Nación, pero solicitamos que el gobierno provincial evalúe su realización ante la inacción nacional en la materia", dijo Vignatti.

Sobre la seguridad, hubo planteos desde distintos puntos de la provincia de delitos que padecen los productores y que no es solo abigeato. El ministro Cococcioni se comprometió a armar mesas regionales de trabajo con las entidades para analizar, caso por caso, la problemática. Dirigentes mencionaron ante las autoridades algunos robos importantes sufridos por productores al momento de concretar operaciones comerciales.

En materia de obras hídricas, el planteo ruralista pasa por el destino de Bajos Submeridionales, zona que Santa Fe comparte con Chaco y Santiago del Estero, y la Picaza, destino atado a Córdoba y provincia de Buenos Aires. El ruralismo solicitó participar en la definición sobre obras hídricas a realizar en el interior de la provincia para poner la mirada de los productores.

También hubo un planteo sobre los caminos rurales e incluso se mencionó la posibilidad de que haya aportes de empresas o productores para acompañar determinadas inversiones. Sobre el tema, se acordó reuniones con el ministro Olivares y su equipo para buscar la figura que permita aportes para determinados camiones. "Hay feedlots o grandes tambos que necesitan garantizar la salida de sus productos y están dispuestos a colaborar" le dijo Vignatti a EL Litoral.

En la reunión se habló de dificultades de conectividad que tienen algunas zonas rurales de la provincia y se acordó trabajar para determinar posibilidades de conexión.

El otro tema dejado en la mesa es la reglamentación de varias leyes santafesinas ya vigentes como la de buenas prácticas agropecuarias que permitirán con información pública salvar los requisitos que exige la Unión Europea para ingresar productos de Argentina y de otros países.

El Litoral

La Comisión de Acuerdos de la Legislatura resolvió solicitar a la presidencia del Senado la convocatoria a dos asambleas legislativas para tratar los diez pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo y habilitados para el período de Extraordinarias. 

La primera será el jueves venidero para tratar siete de las propuestas y la segunda, el 26 de febrero, para someter a votación los tres nombres propuestos por el Poder Ejecutivo para renovar antes de fin de año la Corte Suprema de Justicia.Las decisiones con el cronograma de trabajo para ambas asambleas fueron resueltas en la reunión de la Comisión de Acuerdos que integran senadores y diputados y que fue el único grupo de trabajo convocado oficialmente en esta semana.

La presidenta de la comisión, la diputada socialista Lionella Cattalini dio detalles de los cronogramas de trabajo analizados por la comisión. En tanto, el Colegio de Magistrados de la provincia remitió a Legislatura una nota transmitiendo "inquietudes institucionales" por los pliegos de la Corte debido a que no existen, a la fecha, dos vacancias.

"Hemos acordado que el jueves próximo llevaremos a Asamblea Legislativa siete pliegos, a los candidatos haremos las entrevistas el día anterior y para los futuros ministros de la Corte hay un procedimiento más largo lo que hace que convoquemos a una audiencia pública el 25 de febrero para intentar hacer la Asamblea el 26 de febrero", explicó la socialista al retirarse de la reunión.

Cattalini resaltó la importancia de votar miembros para la Corte Suprema de Justicia, y por ende el reglamento de la comisión tiene un procedimiento especial. Entre esos pasos está la publicación en los medios gráficos de la provincia de los antecedentes y los postulantes para que la ciudadanía tenga información sobre los candidatos.La Comisión de Acuerdos convocará a una audiencia pública para el miércoles 25 de febrero que se hará en el recinto de la Legislatura para que los que se inscriban puedan opinar sobre Diego Maciel, Aldo Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini, los propuestos para el Ejecutivo para reemplazar a Eduardo Spuler el 1 de septiembre y a Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez desde noviembre.

De todos modos, en nota a la Comisión, el Colegio de Magistrados hizo saber que no existen dos vacancias debido a que ni Gutiérrez ni Falistocco han presentado oficialmente las renuncias y por ende, no fueron aceptadas por el Poder Ejecutivo.

Cattalini destacó que el tratamiento de los pliegos para la Corte exige un tratamiento especial, previsto por la propia Legislatura. Además de la publicación en los diarios de los antecedentes y la invitación abierta hasta el 24 de febrero para los interesados en inscribirse a la audiencia pública que se realizará al día siguiente. Es a los efectos de exponer posturas sobre los candidatos.

Luego de la audiencia pública, Acuerdos entrevistará a los tres postulantes a la Corte para luego emitir los dictámenes que deberán ser llevados al recinto el día 26 de febrero. La nueva Constitución establece un plazo de 45 días para el tratamiento de estos pliegos pero exige pronunciamiento y no aprobación ficta.

En caso de que la Asamblea no se reúna el 26, será convocada para el jueves siguiente. Así lo prevé el cronograma de trabajo distribuido a los integrantes de la comisión.

En la reunión de Acuerdos estuvo solo el senador Armando Traferri por la Cámara Alta. En cambio, hubo asistencia casi perfecta de los diputados. Además de Cattalini estuvieron los también socialistas Antonio Bonfatti y Gisel Mahmud, Silvana Di Stefano (UCR), Marcos Corach (PJ), Astrid Hummel (Pro) y Emiliano Peralta (Unite). En cambio, no estuvieron i Ariel Bermúdez (Creo) ni los senadores Raúl Gramajo, Orfilio Marcón y Felipe Michlig.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial remitió el miércoles una nota a Acuerdos "a fin de transmitir inquietudes institucionales vinculadas con la reciente remisión de pliegos para cubrir cargos de magistrados en la Corte Suprema Justicia de la Provincia efectuada por el gobernador".

La nota es firmada por Iván D. Kvasina y Cristian O. Werlen, presidente y vicepresidente, respectivamente, donde pone de resalto "el hecho de que dos de los cargos para los que se remiten pliegos no se encuentran en situación jurídica de vacancia actual ni programada, atento a que, según hemos podido corroborar, a la fecha solo existe una única renuncia presentada por parte de un ministro de la Corte provincial".

El otro aspecto que piden es "evaluar detenidamente si, con las designaciones propuestas, se está cumpliendo debidamente, o no, con la directriz constitucional de procurar la paridad de género, contenida en el artículo 118 de la Carta Magna provincial".

La nota resalta que "el proceso de designación que motiva la presente hace a la conformación del máximo órgano jurisdiccional provincial, cabeza de uno de los poderes del Estado y, por tal motivo, debe estar rodeado de la mayor rigurosidad en cuanto al cumplimiento de los recaudos legales y constitucionales exigibles".

La primera Asamblea Legislativa será el jueves próximo para tratar siete pliegos, entre ellos tres fiscales subrogantes adjuntos para la Circunscripción Judicial N° 1 de Santa Fe. Son los casos de Florencia Zarabia, Matías Eduardo Palud y Valeria Roxana Nittoli. Luego, las dos autoridades superiores del sistema penal para la Circunscripción Judicial N° 3 con cabecera en Venado Tuerto. En ese caso, el Poder Ejecutivo postula a Mauricio Adolfo Clavero como fiscal regional y la continuidad de Mariano Marcelo Mascioli como defensor regional.

Finalmente, Adriana Molina propuesta para el Tribunal de Cuentas y Hugo Marcucci para el Enress.

Los siete serán entrevistados el miércoles por la Comisión de Acuerdos.

El Litoral

El ministerio de Economía difundió los datos provisorios de diciembre contenido en su Análisis de Finanzas Provinciales que señalan que el último ejercicio finalizó con un ahorro económico de $1.107.295,57 millones. Las datos finales -superavitarios- en diciembre le permitieron consolidar el cierre positivo del último ejercicio.

En el último trimestre, el equipo económico que conduce Pablo Olivares venía anticipando un cierre con equilibrio producto del deterioro de los ingresos de los últimos meses del año y la decisión de mantener la ejecución del ritmo de obra pública.

Los ingresos corrientes de la Administración Provincial correspondientes a diciembre ascendieron a $1.508.825,44 millones. La variación nominal interanual fue de 64,03%, y los ingresos estuvieron compuestos principalmente por ingresos tributarios (63,42%) y contribuciones a la seguridad social (27,85%).

Precisa que los recursos tributarios ascendieron a $956.948,17 millones, de los cuales 28,20% fueron de origen provincial y 71,80% de origen nacional. Los tributos de origen provincial se integraron principalmente por el producido de Ingresos Brutos (87,75%), con una recaudación que ascendió a $236.835,58 millones. En tanto, los recursos tributarios de origen nacional estuvieron compuestos principalmente por la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (36,54%) y del Impuesto a las Ganancias (27,35%), con recaudaciones de a $251.062,75 millones y $187.896,13 millones respectivamente.

Tres impuestos llegan al 70,62% de los ingresos. Se trata de Ingresos Brutos, IVA y Ganancias que en diciembre significó un ingreso de $675.794,46 millones.

Por su parte, el gasto corriente de diciembre ascendió a $1.300.390,73 millones (variación nominal interanual de 31,67%), estando constituido principalmente por Remuneraciones (42,77%), Prestaciones de Seguridad Social (20,84%) y Transferencias Corrientes (17,81%). Las erogaciones fueron $556.234,83 millones, $271.064,46 millones y $ 231.614,12 millones, respectivamente.

En términos acumulados, los ingresos corrientes a Diciembre totalizaron $11.763.770,66 millones, y estuvieron integrados principalmente por ingresos tributarios (71,41%) y contribuciones a la seguridad social (19,92%).

Los recursos tributarios acumulados sumaron $8.400.148,05 millones, 34,30% de los cuales correspondieron a tributos provinciales y 65,70% a tributos de origen nacional.

En la misma línea que los datos mensuales, los tributos provinciales acumulados estuvieron principalmente compuestos por el producido de Ingresos Brutos (85,56%), con una recaudación que se elevó a $2.465.332,87 millones. Los recursos tributarios acumulados de origen nacional estuvieron principalmente integrados por la recaudación del IVA (50,59%) e Impuesto a las Ganancias (34,07%), cuya recaudación acumulada ascendió a $2.792.135,29 millones y $1.880.033,22 millones respectivamente.

La recaudación conjunta de los tres mayores impuestos (Ingresos Brutos, IVA y Ganancias) escaló a $7.137.501,38 millones, equivalente al 84,97% de la recaudación tributaria total.

Del otro lado, el gasto corriente acumulado a diciembre totalizó $10.656.475,09 millones y estuvo constituido principalmente por Remuneraciones (42,67%); Prestaciones de Seguridad Social (20,00%) y Transferencias Corrientes (18,45%). Las erogaciones en términos acumulados ascendieron respectivamente a $4.547.608,95 millones, $2.131.796,38 millones y $1.965.590,89 millones.

Es en ese marco "que el resultado operativo (ahorro) acumulado a diciembre fue superavitario, exhibiendo un ahorro económico de $1.107.295,57 millones", afirma el trabajo de Economía.

Respecto a la inversión, precisa que el gasto de capital correspondiente a diciembre ascendió a $113.808,16 millones, mientras que en términos acumulados esas erogaciones ascendieron a $1.181.360,86 millones, financiándose el 93,73% con el ahorro económico y el resto con los recursos de capital.

En términos acumulados a diciembre, los ingresos totales ascendieron a $11.846.100,16 millones mientras que el gasto total fue de $11.837.835,95 millones. Dado que el gasto de capital se financió con ahorro económico y recursos de capital, el resultado acumulado del ejercicio fue positivo en $8.264,21 millones.

Un aparte del trabajo marca que si la Administración Provincial no hubiese tenido que financiar con recursos propios la falta de aporte nacional al déficit de la Caja de Jubilaciones, el resultado económico sería un 28,17% mayor, implicando un resultado financiero acumulado del ejercicio (arriba de la línea) superavitario por $320.165,04 millones.

Durante enero de 2026, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $5.847.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una baja real del 6,6%. Por su parte, la coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habría caído un 8% real.

Así lo informó un trabajo de IARAF, Instituto Argentino de Análisis Fiscal que dirige Nadin Argañaraz.

Según la información suministrada por la Dirección Nacional de Análisis Presupuestaria, la caída de la coparticipación neta en enero se debería principalmente a la disminución real interanual del 11,7% del IVA, mientras que el impuesto a las ganancias mostró una variación prácticamente nula, del 0,3%.

En conjunto la recaudación de IVA e IIGG habría registrado una baja real interanual del 7,4%. No obstante, la caída en la recaudación de impuestos internos de 16% generó que la coparticipación neta tuviera una variación negativa del 8%.

La caída de ingresos para Santa Fe, de acuerdo a IARAF fue del 7,4%, siendo la cuarta provincia con mayor caída de ingresos solo superada por CABA y Tucumán (7,9%) y Córdoba (7,5%).

El Litoral

Con el final de enero terminó el receso parlamentario y la Legislatura tendrá dos semanas del período Extraordinario para considerar una docena de temas que habilitó el Poder Ejecutivo aunque lo central en la agenda es la futura Ley de Municipios, una de las mandas constitucionales.

En la última semana de enero hubo varias reuniones de los distintos sectores políticos donde quedó armada una especie de agenda para los primeros 15 días de febrero a la espera del discurso del gobernador, Maximiliano Pullaro, el domingo 15 para abrir el período Ordinario.

Las autoridades de ambas cámaras acordaron que no habrá sesión este jueves 5 para permitir que avancen las conversaciones para buscar un texto de consenso sobre Ley de Municipios, "trabajando en base al mensaje del Poder Ejecutivo" según se encargaron de aclarar voceros del Senado y de Diputados.

En cambio, el jueves 12 se convocará a la Asamblea Legislativa para considerar los pliegos para las autoridades del ministerio público para Venado Tuerto; tres fiscales subrogantes adjuntos para Santa Fe y la vocal del Tribunal de Cuentas, Adriana Molina. Ese día, las cámaras harán su sesión Extraordinaria y las respectivas Preparatorias donde serán ratificadas las autoridades. Felipe Michlig seguirá al frente del Senado y Clara García en Diputados.

En la semana última, además del encuentro del Partido Socialista con intendentes y concejales para analizar la futura Ley de Municipios, se sucedieron reuniones. A la misma hora de la cumbre socialista, el presidente del Senado, Felipe Michlig se encontraba con los senadores justicialistas Rubén Pirola y Armando Traferri para conocer la opinión de esa fuerza política sobre el mensaje del Ejecutivo. Los representantes justicialistas quedaron en acercar una serie de puntos para sumar a la iniciativa. "Buscamos el mayor consenso posible sobre un tema muy importante a futuro" dijo Michlig a El Litoral.

La opinión del justicialismo no es menor, teniendo en cuenta la cantidad de gobiernos locales que administra en la provincia. Sobre el tema, en la Cámara de Diputados, se mencionó la posibilidad de la presentación de un proyecto propio de la primera minoría.

El tema municipios será central en la agenda la semana próxima. Michlig acordó una visita a la municipalidad de Santa Fe para conversar el tema con el intendente Juan Pablo Poletti y luego con el Concejo Municipal que encabeza Sergio Basile.

Ese mismo día, el radicalismo reunirá al Foro de Intendentes y Presidentes Comunales partidario encabezado por el sanjustino Nicolás Cuesta. La actividad se completará con el encuentro de bloques de senadores y diputados de Unidos para evaluar los avances en las conversaciones.

En la semana siguiente, el objetivo de Michlig es visitar en Rosario al intendente Pablo Javkin y a las autoridades del Concejo que encabeza María Eugenia Schmuck. Unidos trabaja en el Senado con el propósito de llegar al 12 con un proyecto consensuado por los 19 integrantes del cuerpo sobre la Ley de Municipios. El mensaje enviado por el Ejecutivo el 10 de diciembre tiene preferencia.

El jueves último, en la Cámara de Diputados, hubo un extenso encuentro de los jefes de los bloques que integran Unidos donde los representantes del socialismo llevaron algunas de las propuestas del sector, especialmente los órganos de control y cómo ordenar las transiciones democráticas. Allí se escucharon propuestas también de Ximena Sola, Pro, y de Ariel Bermúdez (Creo) al igual que voces radicales.

Además del tema municipios, se repasó la agenda pendiente que tiene como ejes las futuras normas sobre el fuero contencioso administrativo y el proyecto del radical José Corral, habilitado por el Ejecutivo, sobre modificaciones al Código Procesal Laboral en lo atinente a los juicios por accidentes.

Domingo 15 de febrero será la primera vez que en esa fecha, fijada por la Constitución reformada, el gobernador Maximiliano Pullaro abra las sesiones ordinarias.

En principio, entre Casa Gris y autoridades del Poder Legislativo se acordó que la Asamblea Legislativa se reunirá desde las 19 para esperar al gobernador. En la semana quedarán definidos los detalles e incluso la posibilidad de sumar un espectáculo frente a la Legislatura. Ese domingo es la previa al feriado doble de Carnaval.

El proyecto de Ley Orgánica de Municipios enviado a sesiones extraordinarias elimina el Fondo de Asistencia Educativa (FAE), una herramienta clave para sostener la infraestructura escolar en toda la provincia, advirtió la diputada justicialista Celia Arena.

"Si la ley se aprueba tal como está, el FAE deja de existir y la inversión en escuelas quedará librada a la discrecionalidad de cada municipio. Sería el fin de una política de Estado que lleva décadas en Santa Fe" expresó la legisladora.

Arena planteó la necesidad de garantizar por ley un piso mínimo de inversión educativa. "El FAE y el Boleto Educativo Gratuito, impulsado durante la gestión de Omar Perotti, forman parte de una misma concepción: entender el derecho a la educación como una política de Estado que iguala oportunidades", le dijo a El Litoral.

La Comisión de Acuerdos se reunirá este miércoles y fijará el cronograma de trabajo para los pliegos en consideración que comprende a las autoridades del Ministerio Público de Venado Tuerto; tres fiscales adjuntos subrogantes para Santa Fe; un vocal del Tribunal de Cuentas, un director de Enress y tres futuros ministros de la Corte Suprema de Justicia.

El objetivo es considerar el 12 la mayoría de las propuestas del Poder Ejecutivo. En principio, los tres pliegos para la Corte quedarían para la primera quincena de marzo teniendo en cuenta que los nombres deben ser publicados en los diarios de la provincia fijando un plazo para recibir observaciones. Recién luego llegará la etapa de entrevistas.

La nueva Constitución ya no deja ficto los pliegos a los 30 días. Ahora son 45 días pero en el caso de la Corte y otras autoridades superiores obliga a que haya pronunciamiento de la Asamblea Legislativa.

El Litoral