El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que introduce importantes modificaciones para propietarios, inquilinos y ocupantes de inmuebles.

La propuesta fue aprobada por 37 votos afirmativos y 33 negativos y ahora deberá continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados. En consecuencia, los cambios todavía no están vigentes.

Uno de los ejes centrales es la agilización de los procesos de desalojo, tanto ante ocupaciones ilegales como en determinados conflictos derivados de contratos de alquiler.

En casos de inmuebles usurpados o tenencias precarias, el proyecto habilita al juez a disponer la entrega inmediata de la propiedad cuando considere verosímil el derecho invocado por quien reclama el inmueble y se presente la caución correspondiente.

El magistrado podría intimar a la devolución del inmueble dentro de las 72 horas, siempre que el propietario acompañe documentación que permita acreditar su derecho sobre la vivienda, terreno o campo.

Además, la reforma busca llevar estos conflictos a un procedimiento sumarísimo, es decir, uno de los mecanismos judiciales más breves previstos en el Código Procesal Civil y Comercial.

Para los contratos de vivienda, antes de iniciar una demanda por falta de pago el propietario deberá intimar previamente al inquilino y darle al menos 10 días para regularizar la deuda.

Ese plazo fue ampliado durante el tratamiento legislativo, ya que la propuesta original contemplaba únicamente tres días.

La notificación podrá efectuarse en el domicilio declarado en el contrato y deberá establecer las condiciones para cancelar lo adeudado. Si el incumplimiento continúa, quedará habilitada la acción judicial de desalojo.

Otro cambio establece que el propietario no podrá negarse a recibir las llaves cuando el inquilino pretenda devolver el inmueble, aunque podrá dejar constancia de las deudas pendientes y reclamarlas posteriormente.

En los procedimientos que involucren a niños, adolescentes o personas en situación de desamparo, deberán intervenir los organismos de protección correspondientes para procurar una solución habitacional transitoria, sin que eso implique detener definitivamente la causa.

El proyecto también modifica la legislación nacional de expropiaciones y establece que la declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva.

El Estado tendrá que justificar en forma concreta el objetivo perseguido y demostrar que la expropiación resulta idónea, necesaria y proporcional, cuando no existan alternativas menos restrictivas.

También se introducen modificaciones en los mecanismos para determinar las indemnizaciones y resolver diferencias sobre el valor de los inmuebles alcanzados por una expropiación.

La iniciativa contempla además avanzar en la digitalización de los Registros de la Propiedad, permitiendo la presentación de documentación mediante herramientas electrónicas y buscando reducir los plazos administrativos.

También incorpora modificaciones al régimen de regularización dominial, conocido como Ley Pierri, para facilitar el acceso a la escritura en determinadas situaciones de posesión prolongada de una vivienda.

La versión finalmente aprobada por el Senado fue más acotada que la iniciativa originalmente presentada.

Antes de la votación quedó afuera el capítulo que planteaba modificar las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Durante el debate también fue retirado el apartado que proponía cambios a la Ley de Manejo del Fuego.

De esta manera, la media sanción quedó concentrada principalmente en desalojos, expropiaciones, regularización dominial y trámites vinculados con la propiedad inmueble.

El proyecto deberá ahora superar el tratamiento de la Cámara de Diputados para convertirse en ley. Hasta entonces, las modificaciones contempladas en el texto no tienen aplicación efectiva.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central se ubicaron en torno a los USD 49.000 millones, el nivel más elevado registrado en casi siete años, en un contexto marcado por el crecimiento de las exportaciones y una mejora del balance cambiario.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la recuperación representa una fuerte recomposición frente a fines de 2023, cuando las reservas habían caído hasta niveles cercanos a los USD 20.000 millones.

La mejora también alcanzó a las reservas netas, que pasaron de un saldo negativo estimado en USD 11.000 millones a fines de 2023 a un rango positivo de entre USD 7.000 y USD 10.000 millones.

Además, durante 2026 el Banco Central acumuló compras netas de divisas por aproximadamente USD 13.100 millones.

Uno de los principales factores detrás de la recuperación fue el desempeño del comercio exterior.

Durante el primer semestre, la cuenta corriente cambiaria registró un superávit de USD 2.867 millones, mientras que la cuenta financiera también presentó un resultado positivo.

De acuerdo con la BCR, ambas cuentas mostraron saldo favorable de manera simultánea en apenas otras dos oportunidades durante los últimos 25 años.

En conjunto, permitieron incrementar las reservas internacionales en USD 3.775 millones durante el semestre, cifra que asciende a USD 6.504 millones al incorporar julio.

A su vez, la balanza comercial de bienes alcanzó un superávit de USD 15.996 millones, el mayor registrado para un primer semestre.

Las exportaciones generaron ingresos por USD 47.211 millones, mientras que las importaciones implicaron pagos por USD 31.215 millones.

La agroindustria continuó siendo el principal generador de divisas, con un superávit cambiario de USD 19.984 millones entre enero y junio.

Sin embargo, el informe destacó especialmente el crecimiento de los sectores energético y minero.

Las exportaciones netas de ambos sectores alcanzaron los USD 9.632 millones, con un incremento cercano al 75 % frente al mismo período del año pasado.

En conjunto, los complejos agroindustriales, energéticos y mineros exportaron por USD 40.266 millones, un 27 % más que durante el primer semestre de 2025 y el mayor monto registrado para ese período.

La BCR señaló que estos datos muestran una mayor diversificación de la oferta exportadora argentina, con la energía y la minería ganando peso junto al tradicional aporte del sector agroindustrial.

El informe advirtió que todavía existen déficits en rubros como servicios e ingresos primarios, vinculados principalmente con intereses, utilidades y dividendos.

Sin embargo, el resultado favorable del comercio exterior permitió compensar esos egresos y fortalecer la posición externa del país.

Para la Bolsa de Comercio de Rosario, el crecimiento de las exportaciones y la mejora del balance cambiario fueron determinantes en la recuperación de las reservas, que alcanzaron así su mayor nivel desde 2019.

La inflación de julio en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 2,9 %, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

El dato representó una aceleración importante frente al 1,8 % registrado en junio y llevó el incremento acumulado durante los primeros siete meses de 2026 al 19,4 %.

En términos interanuales, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires se ubicó en 33,2 %.

El registro porteño funciona como una de las referencias previas al dato nacional de inflación, que será difundido por el INDEC el próximo jueves 13 de agosto.

Entre los rubros que más incidieron sobre el índice general estuvieron Restaurantes y hoteles; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Transporte; Alimentos y bebidas no alcohólicas; y Recreación y cultura.

En conjunto, estas divisiones aportaron 2,11 puntos porcentuales al aumento mensual.

Restaurantes y hoteles registró una suba del 5,3 %, impulsada principalmente por el aumento de las tarifas de alojamiento vinculadas con la temporada turística y, en menor medida, por los precios de restaurantes, bares y casas de comidas.

Por su parte, Recreación y cultura aumentó 5,8 %, con una fuerte incidencia de los paquetes turísticos durante las vacaciones de invierno.

Durante julio, los Bienes aumentaron 1,4 %, mientras que los Servicios avanzaron 3,8 %.

En los primeros siete meses del año, los bienes acumularon un incremento del 15,4 % y los servicios del 21,8 %.

En la comparación interanual, los bienes registraron una suba del 28,3 % y los servicios del 36,1 %.

La diferencia vuelve a mostrar una mayor presión de los costos vinculados con servicios sobre el índice general.

El denominado Resto IPCBA, utilizado como aproximación de la inflación núcleo, registró durante julio una variación del 2,2 %.

Los precios regulados, en tanto, aumentaron 3 %, con incidencia de los aranceles educativos, las tarifas residenciales de electricidad y las cuotas de medicina prepaga.

La mayor variación correspondió a los bienes y servicios estacionales, que avanzaron 10,9 %.

Ese comportamiento estuvo asociado principalmente con los aumentos en alojamiento hotelero, paquetes turísticos, pasajes aéreos y verduras.

El dato de la Ciudad de Buenos Aires volvió a generar atención sobre el índice nacional que publicará el INDEC.

De acuerdo con estimaciones privadas mencionadas en el informe, se espera que la inflación nacional de julio se ubique en torno al 2 %, aunque el dato definitivo se conocerá el jueves 13 de agosto.

El comportamiento de los alimentos, los servicios regulados y los componentes estacionales será clave para determinar si el índice nacional también registra una aceleración frente al mes anterior.

Un fuerte sismo sorprendió a los habitantes del Gran Mendoza en la noche de este jueves 6 de agosto de 2026, sin que se reportaran heridos al momento.

De acuerdo con los datos oficiales emitidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4.6 en la escala de Richter y se registró a una escasa profundidad de 10 kilómetros.

El evento sísmico tuvo lugar exactamente a las 21, momento en que miles de mendocinos se encontraban en sus hogares al cierre de la jornada. El epicentro fue localizado a 16 kilómetros de la ciudad de Mendoza y a 21 kilómetros al norte de la localidad de Ugarteche, lo que provocó que se percibiera de manera clara e intensa en diversos departamentos del área metropolitana.

A los pocos minutos del fenómeno, usuarios en las redes sociales reportaron la sacudida. La gran mayoría coincidió en calificar el temblor como un movimiento "corto y seco", mientras que quienes habitan en edificios y pisos altos señalaron haber sentido un remezón de mayor intensidad debido a la poca profundidad del evento.

Pese al susto inicial generado entre los vecinos, las autoridades informaron que no se registraron heridos ni daños materiales de consideración en las zonas afectadas. Los organismos de emergencia locales se mantuvieron en guardia para monitorear posibles réplicas o solicitudes de asistencia.

El Litoral

El juicio por la desaparición de Loan Peña sumó este jueves un nuevo testimonio que podría impactar en la investigación. El perito forense Mario Rosillo declaró ante el tribunal y aseguró que distintos perros especializados detectaron rastros del niño en los vehículos pertenecientes a Carlos Pérez y María Victoria Caillava, dos de los principales acusados.

Durante su declaración, Rosillo explicó que dos canes reaccionaron de manera positiva al inspeccionar un Ford Ka utilizado por Pérez y Caillava pocas horas después de la desaparición de Loan. Según detalló, ese automóvil fue empleado para viajar primero a la ciudad de Corrientes y luego hacia la provincia del Chaco.

El especialista indicó que una situación similar ocurrió con la camioneta Ford Ranger del matrimonio, vehículo en el que la pareja había llegado al almuerzo familiar realizado el día en que el niño fue visto por última vez.

De acuerdo con el perito, otros dos perros también identificaron rastros compatibles con el olor del menor en esa camioneta.

Rosillo destacó que las pericias fueron realizadas dentro de las primeras 72 horas posteriores a la desaparición de Loan, un aspecto que, según explicó, fortalece la confiabilidad de los resultados obtenidos.

No obstante, aclaró ante el tribunal que las inspecciones se desarrollaron en "lugares no controlados", una circunstancia que también debe ser considerada al momento de evaluar la prueba.

Por la desaparición de Loan Peña permanecen acusados la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; su esposo, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el excomisario Walter Maciel; la tía del niño, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; y Daniel "Fierrito" Ramírez.

Todos están imputados por la desaparición del menor, ocurrida el 13 de junio de 2024, luego de un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina, donde fue visto por última vez antes de desaparecer en la zona del naranjal.

Además, otras diez personas continúan imputadas por presunto entorpecimiento de la investigación y otros delitos vinculados al caso.

El Litoral

La Libertad Avanza consiguió sancionar en general el proyecto que agiliza los desalojos y limita las expropiaciones, pero el Gobierno tuvo un revés con la Ley del Manejo del Fuego, ya que debió eliminar ese capítulo porque no tuvo los votos de sus aliados dialoguistas.

La iniciativa fue sancionada por 37 a 33 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, UCR, PRO, y los senadores provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y un legislador de Provincias Unidas. El Gobierno ya había eliminado ayer el capítulo 3 sobre extranjerización de la tierra y hoy debió excluir los artículos sobre la Ley del Manejo del Fuego.

Ese respaldo se obtuvo con los 21 votos de La Libertad Avanza, 9 de la UCR, 3 del PRO, los dos senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos "Camau" Espínola  y la chubutense Edith Terenzi.

En contra estuvieron 24 senadores del interbloque justicialista, 3 de Convicción Federal, Beatriz Avila de Independencia, Flavia Royon de Primero los Salteños, Alejandra Vigo de Provincias Unidas, la neuquina Julieta Corroza y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

Sin embargo, el oficialismo fracasó en su propósito de cambiar para la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, ya que había senadores dialoguistas que rechazaban esta propuesta.

Los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de Terenzi, Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños Carambia y Gadano, la tucumana Beatriz Oliva y los dos representantes misioneros, rechazaron los cambios a la ley promovida por Máximo Kirchner.

La ley vigente, impulsada en 2020, prohíbe modificar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios y durante 30 años en el caso de tierras agropecuarias. El Gobierno busca flexibilizar ese régimen al considerar que castiga a los propietarios de los inmuebles incendiados.

En el capitulo sobre desalojos el oficialismo junto a los aliados tuvo 36 votos ya que la chubutense Edith Terenzi decidió abstenerse.

La Cámara alta reanudó ayer el tratamiento de una versión recortada de la iniciativa, luego de que el oficialismo eliminó el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales ante la resistencia de gobernadores y bloques dialoguistas.

En el primer tramo de la deliberación del pleno del cuerpo se decidió enviar a la comisión de Asuntos Constitucionales, los pedidos de los senadores del PJ Anabel Fernández Sagasti y de la UCR Flavio Fama para poder participar en forma remota de la sesión.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Agustín Coto, dijo: "El espíritu del proyecto es simplificar y acelerar los procesos para que los dueños de los bienes no sean castigados por las demoras judiciales y garantizar el principio del artículo 17 de la Constitución Nacional, que protege la propiedad privada".

Coto explicó que la reforma propone que los desalojos por ocupaciones ilegales tramiten por la vía sumarísima, en lugar del procedimiento ordinario vigente, con el objetivo de reducir significativamente los plazos judiciales.

Respecto de la Ley de Manejo del Fuego, sostuvo que las modificaciones buscan evitar que el propietario de un inmueble incendiado "sea doblemente castigado" por las restricciones impuestas por la normativa actual.

En el último tramo de la sesión, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans,  afirmó que el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada del Gobierno "es un asco" y es "inconstitucional".

"Esa modificación de la ley de Expropiaciones es inconstitucional de cabo a rabo, no resiste nada. Es un robo a cara descubierta de los bienes y las empresas del Estado", aseguró en el discurso de cierre del peronismo, antes de la votación de la iniciativa.

Y agregó que "es para garantizar que, lo que se pase al sector privado, el Estado bobo no pueda recuperarlo".

Desde el oficialismo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, defendió el proyecto de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", del cual dijo que "viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados en el pasado" por el Estado.

"Ahora nadie te va a poder avasallar, porque hasta ahora las organizaciones mafiosas de todo tipo tomaban tierras, vendían, usurpaban la casa y se quedaban con el esfuerzo de los argentinos. Ahora el Estado te va a proteger, no te va a usurpar", afirmó en el discurso de cierre del oficialismo.

"Por eso esta ley viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados en el pasado, para que ningún argentino de las próximas generaciones sea violentado por un Estado que violenta y roba. Ahora los argentinos van a tener justicia", apuntó.

En representación del bloque justicialista, el senador pampeano Daniel Bensusán calificó el proyecto como "un nuevo mamarracho" del Gobierno de Javier Milei y aseguró que la iniciativa apunta a "entregar la soberanía argentina a potencias extranjeras".

Además, cuestionó el trámite parlamentario al denunciar que los senadores recibieron el nuevo dictamen "apenas una hora antes del inicio de la reunión, en un archivo sin membrete, sin firma y con decenas de modificaciones".

Por su parte, uno de los discursos más duros fue el de la senadora rionegrina peronista Ana Marks, quien sostuvo que considerar la tierra "un bien abierto al capital, mirando solamente su función mercantil, es estar en contra del pueblo" y acusó al oficialismo de actuar como "cipayos y entreguistas".

La legisladora también cuestionó el nuevo régimen de desalojos al advertir que el Gobierno "no tiene ningún acompañamiento para quienes no pueden pagar un alquiler" y rechazó que la respuesta a la crisis habitacional sea acelerar las expulsiones de ocupantes.

Desde La Libertad Avanza, el senador Gonzalo Guzmán Coraita rechazó las críticas y defendió el proyecto al sostener que "la Argentina necesita reglas claras para ser un país previsible".

Por su parte, la libertaria Nadia Márquez sostuvo: "Queremos una Argentina libre y de personas prósperas. Esta ley promueve el fin de las usurpaciones, intentar que recuperar un inmueble sea más ágil, ponerle un freno a las expropiaciones desmedidas y también apoyar a todos los que quieren invertir".

A su vez, el radical Maximiliano Abad señaló: "Las inversiones no van a venir porque se flexibilice una ley o porque se concedan beneficios extraordinarios. Van a venir si en nuestro país hay estabilidad, instituciones sólidas, si tenemos una política exterior coherente y permanente en el tiempo".

Agencia NA

El Senado nacional debatirá una versión acotada del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo punto principal es la agilización de los procesos de desalojo de viviendas, campos y terrenos.

La Cámara alta retomará el tratamiento este jueves desde las 14, después de que la discusión fuera suspendida el 16 de julio por las diferencias que generaba el capítulo vinculado con la extranjerización de tierras.

Ese apartado fue retirado del dictamen, al igual que los artículos relacionados con barrios populares. La iniciativa que llegará al recinto incluirá cambios en los procedimientos de desalojo, las expropiaciones, la Ley de Manejo del Fuego y la regularización de escrituras.

Al tratarse de un proyecto todavía sujeto al debate parlamentario, las modificaciones no se encuentran vigentes.

El denominado desalojo exprés se aplicaría principalmente en casos de inmuebles usurpados o de personas consideradas tenedoras precarias.

Según el dictamen, el juez podría ordenar la entrega inmediata de la propiedad cuando el derecho invocado por el demandante resulte verosímil y el propietario presente una caución juratoria.

Además, a pedido del titular del inmueble, el magistrado podría intimar a los ocupantes para que restituyan la propiedad dentro de las 72 horas.

Para avanzar con el procedimiento, el propietario tendría que acreditar mediante documentación que posee derechos sobre la vivienda, terreno o campo reclamado.

El proyecto contempla un procedimiento diferente para los contratos de alquiler.

Cuando exista una deuda, el propietario deberá enviar una carta documento o notificación formal y otorgar al inquilino un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la situación.

El período comenzará a contarse desde la recepción de la comunicación, que podrá enviarse al domicilio consignado en el contrato o mediante correo electrónico. La intimación deberá indicar también el lugar o mecanismo habilitado para efectuar el pago.

Si el incumplimiento continúa después de ese plazo, el propietario podrá iniciar la acción judicial de desalojo. La restitución del inmueble debería concretarse dentro de los diez días hábiles, de acuerdo con el texto que será debatido.

Otro de los cambios establece que el propietario no podrá negarse a recibir las llaves cuando el inquilino decida devolver el inmueble.

Tampoco podrá imponer condiciones previas para aceptarlas. Sin embargo, tendrá la posibilidad de dejar asentado por escrito que existen alquileres, servicios, daños u otras obligaciones pendientes que serán reclamadas posteriormente.

Cuando en el inmueble residan menores de edad o adultos en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención a los organismos locales de protección y al Ministerio Público Tutelar.

Esas dependencias dispondrán de un plazo prudencial, que no podrá superar los diez días, para procurar una alternativa habitacional transitoria.

La intervención social no detendría el trámite judicial, aunque buscaría evitar que las personas vulnerables queden sin asistencia inmediata.

El proyecto también modifica las condiciones bajo las cuales el Estado puede expropiar una propiedad.

La declaración de utilidad pública deberá ser interpretada de manera restrictiva y el organismo que impulse la medida tendrá que justificar claramente sus motivos.

El dictamen establece un tope del 30 % para la indemnización por lucro cesante, mientras que los intereses se calcularían tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor y la tasa del Banco Nación a 30 días.

La transferencia definitiva de la propiedad no podría concretarse sin el pago de la indemnización. No obstante, el Estado tendría la posibilidad de solicitar judicialmente la posesión anticipada del bien.

Ante diferencias sobre la valuación, el juez podría requerir un informe del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

La iniciativa propone derogar el artículo que impide durante 30 años modificar el uso de superficies incendiadas en zonas agropecuarias, pastizales, praderas, matorrales y áreas periurbanas.

En el caso de los bosques nativos, continuaría vigente la prohibición de cambiar el uso y el destino de las tierras afectadas por incendios.

Sin embargo, se eliminaría el plazo de 60 años establecido actualmente para esa restricción.

El proyecto habilitaría la presentación de documentación digital ante los Registros de la Propiedad de todo el país, una posibilidad que ya se encuentra disponible en algunas jurisdicciones.

También propone modificar la denominada Ley Pierri de regularización dominial, destinada a facilitar el acceso a la escritura de una vivienda única.

Según la iniciativa, podrían solicitar el beneficio las familias que demuestren una posesión pública, pacífica y continua del inmueble durante los diez años anteriores.

La aprobación de estos cambios dependerá del resultado de la votación en el Senado y del posterior recorrido legislativo que corresponda.

La asamblea de accionistas de Aerolíneas Argentinas aprobó el balance correspondiente a 2025, ejercicio en el que la compañía obtuvo ganancias por segundo año consecutivo y alcanzó un resultado contable positivo de $238.000 millones.

A partir de estos números, la empresa de bandera pagará alrededor de $6.000 millones en concepto de Impuesto a las Ganancias, algo que, según informó la propia compañía, ocurrirá por primera vez en su historia.

El balance fue auditado por la consultora KPMG y por la Auditoría General de la Nación (AGN).

Otro de los datos destacados fue la recuperación del patrimonio neto, que cerró en $18.000 millones después de permanecer en terreno negativo durante más de una década.

El presidente de la empresa, Fabián Lombardo, sostuvo que el resultado fue producto de un proceso orientado a ordenar las cuentas, mejorar la eficiencia y fortalecer la competitividad.

“Alcanzar patrimonio neto positivo, cerrar el año sin aportes del Tesoro y registrar resultados que permiten avanzar en un plan de renovación de flota con recursos propios marca un cambio profundo para la compañía”, afirmó.

La empresa también señaló que no tiene previsto solicitar transferencias del Tesoro nacional durante 2026.

El resultado antes de intereses e impuestos —conocido como EBIT— arrojó un superávit operativo de USD 120,7 millones.

En paralelo, Aerolíneas Argentinas redujo su deuda bancaria y financiera en un 52 %, lo que representa una disminución cercana a los USD 170,5 millones.

Según los datos difundidos, entre 2008 y 2023 la compañía había registrado pérdidas operativas promedio de USD 400 millones anuales y recibido más de USD 8.000 millones en transferencias directas del Estado.

Durante 2025, la línea aérea transportó más de 12,78 millones de pasajeros.

La empresa informó además que el índice de cumplimiento de los vuelos alcanzó el 99,4 %, mientras que el indicador de satisfacción de los clientes —NPS— llegó a los 55 puntos.

Estos resultados fueron presentados como parte de la mejora operativa experimentada por la compañía durante el último ejercicio.

Aerolíneas Argentinas ratificó también su plan para incorporar 20 aeronaves durante los próximos cinco años, con el objetivo de modernizar el 25 % de su flota total.

Las primeras unidades comenzarían a sumarse durante el primer trimestre de 2027.

El proyecto contempla la incorporación progresiva de seis Airbus A330neo, ocho Boeing 737 MAX 10 y seis Boeing 737 MAX 8 mediante contratos de leasing con las compañías Avolon, ACG y AerCap.

Con este programa, la empresa prevé reemplazar cerca del 60 % de sus aeronaves destinadas a vuelos de largo alcance.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, respondió este jueves a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y sostuvo que la defensa de la producción nacional puede convivir con el equilibrio fiscal, la baja de la inflación y la estabilidad macroeconómica.

El pronunciamiento se produjo luego de que Caputo calificara de manera despectiva a quienes advierten sobre la caída de la industria y afirmara que la actividad manufacturera había retrocedido entre 2011 y 2023 a pesar de los subsidios aplicados durante ese período.

“No voy a entrar en polémicas, pero no son declaraciones felices ni ayudan al diálogo que tanto se necesita para sacar al país adelante”, señaló Rappallini.

El dirigente agregó que “defender la industria no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la normalización de la economía”.

El titular de la UIA aclaró que los planteos de la entidad están orientados a mejorar las condiciones en las que producen y compiten las empresas argentinas.

Entre los principales inconvenientes mencionó la carga impositiva, los costos laborales, las deficiencias de infraestructura, la falta de financiamiento, la competencia desleal, el bajo consumo y la caída de la actividad en distintos sectores. “Nosotros no estamos defendiendo privilegios. Queremos tener las mismas condiciones para competir”, remarcó.

Rappallini también descartó que la central fabril esté reclamando una devaluación o la aplicación indiscriminada de subsidios. Según explicó, el pedido apunta a resolver las distorsiones que afectan a quienes invierten, producen, exportan y generan empleo en el país. “Hay que empezar a valorar al empresario industrial que invierte en innovación y exportaciones”, afirmó.

Como fundamento de sus reclamos, Rappallini mencionó un análisis comparativo elaborado por la UIA sobre la presión tributaria que soporta la producción argentina.

De acuerdo con los cálculos difundidos por la entidad, la carga impositiva sobre determinados sectores productivos puede alcanzar el 52 %, un nivel que consideró muy superior al existente en otros países.

El empresario puso como ejemplo los derechos de exportación que deben abonar algunas actividades locales, mientras que distintas economías competidoras aplican incentivos o mecanismos de asistencia a sus industrias.

Desde la UIA señalaron que estas diferencias condicionan la capacidad de las empresas para vender en el exterior, incorporar tecnología y sostener sus niveles de producción.

La central fabril reivindicó la importancia de la actividad manufacturera para el desarrollo económico y fiscal de la Argentina.

Según los datos expuestos por la entidad, la industria representa aproximadamente el 18 % del Producto Bruto Interno, genera el 20 % del empleo y aporta el 27 % de la recaudación impositiva.

“Aportamos a las arcas públicas casi el doble de lo que producimos. Somos el motor fiscal de la Argentina”, sostuvieron desde la organización empresarial.

Rappallini consideró que la producción industrial es indispensable para construir una economía ordenada, generar puestos de trabajo de calidad, incrementar las exportaciones y promover la innovación.

El intercambio volvió a exponer las diferencias entre el Gobierno nacional y los representantes del sector manufacturero respecto del rumbo de la política industrial.

Caputo planteó que los subsidios implementados durante años anteriores no lograron evitar el retroceso de la actividad. La UIA, en cambio, sostiene que la discusión debe centrarse en generar condiciones competitivas y resolver los problemas estructurales que enfrentan las empresas.

“Las ideas hay que debatirlas y a las personas hay que respetarlas. Debemos construir un clima de respeto para discutir estos problemas”, expresó Rappallini.

La entidad ratificó su disposición a mantener canales de diálogo con el Ejecutivo y presentar propuestas para mejorar la producción, la inversión y la generación de empleo.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, respondió a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que la defensa de la producción nacional puede convivir con el equilibrio fiscal, la baja de la inflación y la estabilidad macroeconómica.

El pronunciamiento se produjo después de que Caputo calificara de manera despectiva a quienes alertan por la caída de la actividad manufacturera y afirmara que la industria retrocedió un 10 % entre 2011 y 2023, pese a los subsidios implementados durante ese período.

Rappallini evitó profundizar el enfrentamiento personal, aunque consideró que las palabras del funcionario no favorecen el diálogo entre el Gobierno y el sector productivo.

“No son declaraciones felices que ayuden al diálogo que tanto se necesita para sacar al país adelante”, expresó.

El titular de la UIA afirmó que la entidad acompaña los objetivos de normalización económica, pero remarcó que existen problemas estructurales que afectan la capacidad de las empresas argentinas para competir.

“Defender la industria no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la normalización de la economía”, señaló.

Entre las principales dificultades mencionó la presión impositiva, los costos laborales, la falta de infraestructura, las restricciones de financiamiento, la competencia desleal, la retracción del consumo y la caída de la actividad en diferentes ramas industriales.

Rappallini sostuvo que los empresarios no solicitan protecciones permanentes ni medidas cambiarias para compensar esas desventajas.

“No estamos defendiendo privilegios. Queremos tener las mismas condiciones para competir que tienen los países con los que nos enfrentamos en los mercados”, afirmó.

El dirigente industrial citó un análisis elaborado por la UIA, según el cual la presión tributaria sobre los productores argentinos alcanza el 52 %.

Desde la entidad sostienen que ese nivel constituye uno de los principales obstáculos para la inversión, la generación de empleo y el crecimiento de la actividad manufacturera.

Rappallini también cuestionó la aplicación de derechos de exportación a determinados productos industriales, especialmente en un contexto en el que otros países aplican incentivos o subsidios para fortalecer sus sectores productivos.

“Hay que empezar a valorar al empresario industrial que invierte en innovación y exportaciones”, reclamó.

La UIA remarcó que el sector industrial representa aproximadamente el 18 % del Producto Bruto Interno, concentra cerca del 20 % del empleo y aporta el 27 % de la recaudación tributaria.

A partir de esas cifras, la entidad sostuvo que por cada $100 generados por la economía, la industria produce $18, pero aporta $27 de cada $100 recaudados por el Estado.

“Aportamos a las arcas públicas casi el doble de lo que producimos. Somos el motor fiscal de la Argentina”, plantearon desde la central fabril.

El cruce volvió a exponer las diferencias entre la política económica del Gobierno y los reclamos del sector manufacturero.

Caputo sostiene que las políticas de subsidios y protección aplicadas durante años no consiguieron evitar el retroceso industrial. La UIA, en cambio, considera necesario avanzar en reformas que permitan reducir costos internos y garantizar condiciones de competencia equivalentes.

Rappallini pidió que el intercambio se mantenga dentro de un marco institucional.

“Las ideas hay que debatirlas y a las personas hay que respetarlas. Tiene que existir un clima de respeto para poder discutir estos problemas”, manifestó.

Antes de las declaraciones de Caputo, la central industrial analizaba solicitar un nuevo encuentro con el ministro de Economía para plantear sus preocupaciones y propuestas.

Aunque el cruce público podría modificar los tiempos de esa reunión, la UIA ratificó su disposición a sostener el diálogo con el Ejecutivo.

La entidad insistió en que no busca conservar beneficios sectoriales, sino avanzar en una agenda que permita reducir la presión fiscal, mejorar la infraestructura, recuperar el crédito y fortalecer la competitividad de la producción nacional.

A partir del 27 de junio pasado, fecha de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, al Gobierno nacional no le quedó otra opción que ponerse a observar el complejo año electoral que se avecina y tratar de ganar el tiempo perdido, poniéndose en un acelerado ‘modo campaña’. A estas alturas, la comandancia libertaria dio cuentas de que en lo que le queda de mandato deberá ceder terreno en las negociaciones de la mayoría de las iniciativas que se proponga encarar.

El ejemplo de proyectos de ley como el de la Inviolabilidad a la Propiedad Privada, que se fue complicando en el camino, o el decreto de desregulación del practicaje en los puertos -que debió ser suspendido para entrar en una mesa de negociación- demuestran que las cosas ya no son como eran en los primeros veinticuatro meses de gestión.

“Lo del desgaste de los gobiernos es normal por cuestiones que hacen a la política en general, pero también es bastante subjetivo. Nadie puede pensar que Javier Milei va a llegar al fin de su presidencia sin chances de reelegir como pasó con los últimos gobiernos”, le dijo a El Litoral uno de los operadores karinistas que visita la Casa Rosada cada vez con mayor asiduidad y participa de largos encuentros con los primos Menem, armadores consuetudinarios a nivel provincial.

El mismo dirigente partidario agregó: “Estamos trabajando intensamente en garantizar cuatro años más de liberalismo en la Argentina. Esta etapa está sirviendo para revertir décadas de destrucción por la vía populista, de la que la gente ya tomó nota que es inconducible, y que sólo nos arrastra al atraso y al aislamiento. Basta ver los cambios que se están produciendo en la región, donde se está conformando un bloque de países que empiezan a ver en este modelo la solución a etapas de descontrol y corrupción”, concluyó la fuente.

Ante una oposición debilitada por su fragmentación, el escenario que avizoran los capitostes violetas continúa siendo optimista, pese a la situación económica que atraviesa el grueso de la población, a la que le prometen que “tendrán salarios enormes” si votan a LLA en 2027. En esa línea, el vocero Adrián Ravier considera que la reelección de Milei es un hecho “porque la situación es mucho mejor que la heredada”. En ese sentido, el ex diputado pampeano añadió que, de todos modos, “las prioridades del plan económico no van a cambiar frente a los comicios nacionales”.

Una máxima que repite permanentemente el ministro de Hacienda, Luis Caputo, refiere a la posibilidad de otro período libertario; al respecto, aseveró que no tiene “ni una mínima duda”. Este diario consultó a un alto colaborador ministerial -y partidario- en referencia a si esperan sorpresas entre los candidatos que puedan empezar a surgir entre los opositores en los próximos meses. La respuesta apuntó al Partido Justicialista, del que reconoció que “es el único que conserva siempre la voluntad de poder, fuera de sí su doctrina es mala o buena”. Asimismo, el estratega mileísta señaló que, “lo que les pasa a los peronistas es que no se pueden sacar de encima el lastre de Cristina Kirchner, y mientras ella siga presidiendo el PJ -esperemos que lo haga por muchos años más- no van a poder ser competitivos pongan el nombre que pongan. Y eso para nosotros es un activo incalculable”, sentenció

El hecho de que Milei dejara abierta la puerta a una fórmula consensuada con algún aliado de otra fuerza, determinó que las especulaciones giraran en torno a nombres y apellidos de gobernadores dialoguistas. Hace tiempo que en la provincia de Mendoza se habla de la ambición que por esa posible vicepresidencia tiene el radical, Alfredo Cornejo. Pero en esas lides aparece otro correligionario suyo con el que también se sellaron alianzas electorales en las legislativas del 2025.

Nos referimos al chaqueño Leandro Zdero, a quien estuvo visitando Karina Milei junto a Diego Santilli el lunes pasado cuando asistieron a una jornada de coordinación frente al fenómeno climático de El Niño. Después todo derivó en cónclaves partidarios en los que se empezó a diagramar el armado táctico camino a los sufragios.

Uno de los hombres que la Secretaria General de la Presidencia se encontró en el mismo destino, fue el correntino Juan Pablo Valdés, con cuyo hermano (Gustavo Valdés), antecesor en la gobernación litoraleña, no se pudo sellar un acuerdo debido a la cantidad de lugares que La Libertad Avanza exigía tener en las listas. El primero parece preferir estar al calor de la hermana presidencial y jugar cerca de Balcarce 50.

Con la impronta negociadora, el jefe de Gabinete y el Ministro de Economía de la Nación llegarán este jueves a Catamarca, donde se entrevistarán con el pejotista más cercano a los libertarios, Raúl Jalil, a quien muchos ven en un plan al estilo de Miguel Ángel Pichetto en 2019, cuando se incorporó al binomio que compitió con Mauricio Macri contra el Frente de Todos.

Por lo menos, en los considerandos libertarios, hoy por hoy, el catamarqueño tiene chances por encima del tucumano y también peronista Osvaldo Jaldo, que fue protagonista de varias idas y vueltas con el poder central. El entorno de Jalil niega esos rumores y prefiere decir que lo único que hace el mandatario provincial es “defender los intereses de la provincia”.

Otro de los que participará en el acto de puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, será el gobernador Elías Suárez de Santiago del Estero, integrante del Frente Cívico que el fin de semana obtuvo un importante triunfo en departamentos y municipios locales, imponiéndose a LLA por 58% de los votos. Esos pagos están bajo la tutela del actual senador Gerardo Zamora, caudillo de la Unión Cívica Radical, cercano al cristinismo pero vinculado al resto de los gobernadores. Él es uno de los que elabora un proyecto que le permita llegar al Sillón de Rivadavia como alternativa al mileísmo.

La Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) expresó su rechazo a las declaraciones del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y pidió que la discusión sobre la situación del sector productivo se desarrolle con respeto, datos objetivos y voluntad de alcanzar consensos.

A través de un comunicado, la entidad manifestó su “más enérgico rechazo” a las expresiones del funcionario, al considerar que calificó de manera despectiva a quienes advierten sobre las dificultades que atraviesa la industria nacional.

Desde la Federación señalaron que las descalificaciones no ofrecen respuestas frente a los problemas que afectan actualmente al aparato productivo.

La FISFE sostuvo que las empresas argentinas enfrentan una realidad compleja, caracterizada por la caída de la actividad, la pérdida de competitividad, el aumento de los costos y la incertidumbre para invertir y sostener los puestos de trabajo.

“Quienes representamos al sector industrial tenemos la responsabilidad de advertir sobre estas dificultades y de proponer soluciones”, expresó la entidad.

En ese sentido, consideró que descalificar a quienes plantean cuestionamientos “no contribuye al debate democrático ni a la construcción de políticas públicas que permitan recuperar el crecimiento”.

La Federación remarcó el papel estratégico de la actividad manufacturera para el desarrollo económico del país.

“La industria genera empleo de calidad, impulsa la innovación, agrega valor a la producción y fortalece las economías regionales. Por ello, merece ser escuchada con respeto, independientemente de las diferencias que puedan existir”, afirmó.

La entidad santafesina reafirmó además su vocación de diálogo institucional y convocó a los sectores público y privado a sostener un intercambio que permita encontrar respuestas para la coyuntura productiva.

La FISFE planteó que la Argentina necesita un debate basado en información objetiva y orientado a generar condiciones para incrementar la producción, la inversión y el trabajo.

En el cierre del comunicado, la Federación sostuvo que la industria necesita políticas que impulsen el desarrollo y una relación seria entre el Estado y el sector privado.

Antes de utilizar un medicamento que lleva tiempo guardado en el botiquín conviene revisar el número de lote y la fecha de vencimiento. Esa simple acción puede evitar riesgos innecesarios.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución de determinados lotes de las cremas Átomo Desinflamante y del jarabe Zetrotrax luego de confirmar que fueron robados durante un hecho delictivo ocurrido en una planta farmacéutica y que, por esa razón, no puede garantizarse su estado de conservación ni su seguridad.

Las dos disposiciones publicadas por la ANMAT responden a un mismo hecho: el robo de medicamentos almacenados en la planta de Laboratorios Dalban, donde se realizaban tareas de elaboración y acondicionamiento para distintas empresas farmacéuticas.

Los productos sustraídos nunca ingresaron al circuito comercial autorizado, pero al desconocerse las condiciones en las que permanecieron desde el robo, el organismo resolvió impedir su utilización como medida preventiva.

En el caso de Átomo Desinflamante, la prohibición comprende exclusivamente:

Átomo Desinflamante Forte crema x 100 gramos.

Lote: 00023

Vencimiento: mayo de 2028.

Átomo Desinflamante Clásico crema x 110 gramos.

Lote: 00214

Vencimiento: mayo de 2028.

Por su parte, la segunda disposición alcanza únicamente al jarabe Zetrotrax de 240 mililitros, en los siguientes lotes:

EAIB6

EAIB7

EAIB8.

Un dato importante es que la prohibición no afecta a todos los productos comercializados bajo esas marcas.

Es decir, una crema Átomo Desinflamante o un frasco de Zetrotrax perteneciente a otro lote puede seguir utilizándose normalmente si fue adquirido por canales habilitados y se encuentra dentro de su fecha de vencimiento.

La decisión de la ANMAT se limita exclusivamente a las unidades identificadas en las disposiciones oficiales, justamente porque son las únicas cuyo recorrido posterior al robo resulta imposible de reconstruir.

La publicación de una alerta sanitaria suele generar dudas entre quienes utilizan habitualmente estos medicamentos.

Sin embargo, la recomendación principal es sencilla: antes de usar cualquier producto incluido en una disposición de ANMAT, verificar siempre el número de lote impreso en el envase.

Generalmente esa información aparece en uno de los laterales de la caja o directamente en el envase del medicamento, junto con la fecha de vencimiento.

Si el lote coincide con alguno de los alcanzados por la prohibición, lo aconsejable es:

No utilizar el medicamento.

No venderlo ni entregarlo a otra persona.

No adquirir unidades ofrecidas por canales informales o sin la correspondiente trazabilidad.

Consultar con un médico o farmacéutico para conocer cuál es la alternativa terapéutica adecuada.

La medida adoptada por la ANMAT no significa necesariamente que el contenido del medicamento haya sido alterado o sea falsificado.

El problema es que, tras el robo, no existe forma de garantizar que esos productos conservaron las condiciones de almacenamiento y transporte necesarias para mantener su calidad, eficacia y seguridad, motivo por el cual el organismo optó por retirarlos preventivamente del circuito sanitario.

Este tipo de decisiones forma parte de las facultades que tiene la ANMAT para actuar cuando existe un riesgo potencial para la salud pública, aun cuando no se hayan reportado personas afectadas por el uso de esos medicamentos.

El objetivo es evitar que productos cuya trazabilidad quedó comprometida puedan llegar a consumidores o pacientes.

Más allá de esta disposición puntual, los especialistas recuerdan algunas recomendaciones que sirven para cualquier medicamento:

Comprar siempre en farmacias habilitadas.

Evitar ofertas en redes sociales o sitios de venta informal.

Verificar que el envase esté cerrado y sin signos de manipulación.

Revisar el lote y la fecha de vencimiento antes del primer uso.

Conservar los medicamentos según las indicaciones del fabricante.

Ante cualquier duda sobre la autenticidad de un producto, consultar a un farmacéutico o comunicarse con la ANMAT.

El Litoral

El Gobierno decidió retirar del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que habilitaba una mayor participación extranjera en la compra de tierras rurales.

La medida fue adoptada este miércoles durante una reunión entre el oficialismo y los bloques aliados, luego de que varios gobernadores anticiparan que sus senadores votarían en contra de ese apartado.

La Libertad Avanza intentará que el resto de la iniciativa sea tratado este jueves desde las 14 en el Senado, después del cuarto intermedio dispuesto durante la sesión del mes pasado.

La definición se tomó en una reunión encabezada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto con legisladores de fuerzas dialoguistas.

Algunos aliados habían pedido directamente suspender la sesión, pero el oficialismo resolvió eliminar los artículos más resistidos y mantener el debate sobre los demás puntos.

Así como envíamos a la Legislatura un proyecto de ley para que las tierras de nuestra provincia sean para argentinos, desde Varvarco queremos ratificar una decisión que tomamos en Neuquén.No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar… pic.twitter.com/LTaxISdOun

El capítulo comenzó a perder respaldo después de que los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y Neuquén, Rolando Figueroa, anunciaran que no acompañarían la modificación.

También surgieron objeciones entre senadores radicales, dirigentes provinciales y una legisladora del PRO, lo que dejó al oficialismo sin los votos necesarios para aprobar la propuesta original.

La discusión había escalado después de que Bullrich anunciara una modificación al texto para elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que podían quedar en manos extranjeras.

El proyecto mantenía la prohibición de compra de tierras por parte de Estados extranjeros, pero permitía operaciones de empresas con participación estatal extranjera bajo determinadas condiciones.

Esas adquisiciones debían contar con la autorización de la provincia en la que estuviera ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.

Además, el texto establecía que la titularidad extranjera no podría superar el 25% de la superficie rural de cada provincia.

Las operaciones también debían inscribirse en los registros inmobiliarios provinciales con los datos y la nacionalidad de los compradores.

LO QUE AMAMOS NO SE VENDEMisiones siempre va a defender su territorio y el derecho de las provincias a proteger sus recursos estratégicos.Nuestra posición es clara: no acompañaremos ninguna iniciativa que facilite la extranjerización de nuestras tierras. Defender la tierra es… pic.twitter.com/SGVhEJoEGF

La Libertad Avanza informó que la decisión fue tomada por consenso entre 44 senadores pertenecientes al oficialismo y a bloques aliados.

“La postergación no implica su eliminación del proyecto”, aclaró el comunicado difundido después del encuentro. El espacio aseguró que continuará trabajando en el capítulo para “alcanzar un mayor nivel de consenso”.

El oficialismo agregó que la intención es enriquecer la propuesta con nuevos aportes hasta obtener “una redacción que reúna el mayor acompañamiento posible”.

Sin el capítulo sobre tierras rurales, el proyecto mantiene modificaciones al régimen de Expropiaciones, los procedimientos de Desalojos y la Ley de Manejo del Fuego.

La bancada libertaria aseguró que esos capítulos “cuentan con amplio respaldo” entre las fuerzas que participaron de la negociación. También se incluyen cambios en la escrituración y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble.

El oficialismo buscará aprobar esos apartados durante la sesión del jueves, mientras mantiene abiertas las conversaciones para reformular el régimen de tierras rurales.

EL

El canciller Pablo Quirno aseguró que la seguridad del papa León XIV estará “absolutamente garantizada” durante su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

La Santa Sede confirmó que el pontífice realizará un viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Dentro del territorio nacional recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque el cronograma detallado de actividades será comunicado más adelante por el Vaticano.

Quirno brindó detalles del viaje durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada junto con el vocero presidencial, Adrián Ravier. El funcionario destacó que será la primera visita de un Papa al país en 39 años, después del recorrido realizado por Juan Pablo II en 1987.

El canciller explicó que el operativo ya comenzó a coordinarse desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y que se conformará un comando unificado, integrado por fuerzas nacionales y de las distintas jurisdicciones que formen parte del recorrido.

“La seguridad está absolutamente garantizada. Argentina ha realizado eventos de esta naturaleza y tenemos la experiencia para hacerlo”, afirmó Quirno.

También confirmó que representantes del Vaticano ya realizaron una primera avanzada para comenzar a evaluar cuestiones operativas. El dispositivo se irá ajustando a medida que la Santa Sede defina los lugares y actividades de la agenda.

El Gobierno convocará la próxima semana a una mesa de coordinación desde la Secretaría General de la Presidencia.

Ese espacio deberá organizar aspectos vinculados con seguridad, transporte, protocolo, logística, prensa y coordinación institucional con la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Argentina y las autoridades provinciales y municipales.

Además, el Ejecutivo nacional anticipó que emitirá un decreto para declarar la visita apostólica de interés nacional.

Quirno explicó que la selección de las tres ciudades no estuvo condicionada por problemas de seguridad.

Buenos Aires fue incluida por tratarse de la capital del país, mientras que Luján fue elegida por su relevancia religiosa para los argentinos. Córdoba, en tanto, fue considerada por su ubicación central y por la presencia de una importante comunidad católica.

El canciller remarcó que se tratará de una visita pastoral y no política, por lo que confió en la colaboración de todas las autoridades involucradas, más allá de las diferencias existentes entre el Gobierno nacional y algunas administraciones provinciales.

El funcionario confirmó que está previsto un encuentro entre el papa León XIV y el presidente Javier Milei, quien había cursado formalmente la invitación.

Según relató Quirno, la gestión diplomática comenzó por decisión del mandatario y avanzó en febrero, cuando el canciller entregó personalmente la invitación oficial en el Vaticano.

Desde entonces, el Gobierno trabajó de manera reservada junto con la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para concretar la visita.

Los trabajadores de la construcción nucleados en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) comenzaron a percibir en agosto de 2026 los salarios correspondientes al último tramo del acuerdo paritario vigente.

La actualización estableció un incremento del 1,9 % sobre los básicos de julio y completó el esquema de aumentos acordado para junio, julio y agosto.

Los valores varían según la categoría laboral y la región del país donde se desarrolla la actividad. Santa Fe está incluida en la Zona A, junto con la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y la mayor parte de las provincias argentinas.

Los salarios básicos vigentes para los trabajadores comprendidos en la Zona A son:

Estos montos corresponden a los salarios básicos y pueden complementarse con adicionales, horas extras u otros conceptos previstos por convenio.

La escala salarial de la UOCRA divide al país en cuatro regiones.

La Zona A comprende a la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Entre Ríos, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, La Rioja, Catamarca, San Luis y La Pampa.

La Zona B incluye a Neuquén, Río Negro y Chubut; la Zona C, a Santa Cruz; y la Zona Austral, a Tierra del Fuego.

El acuerdo paritario homologado estableció tres incrementos consecutivos:

Con la aplicación del último porcentaje quedó completada la pauta salarial acordada para este período. La próxima actualización dependerá de las nuevas negociaciones entre la UOCRA y las cámaras empresarias de la construcción.

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios actualizó la tabla de valuación de automóviles y motocicletas utilizada para calcular los costos de patentamientos y transferencias.

La medida fue establecida mediante la Disposición N.º 160/2026, publicada en el Boletín Oficial, y reemplazó los valores de referencia que permanecían vigentes desde fines de 2025.

El nuevo listado comenzó a aplicarse el 1.º de agosto y alcanza a los trámites realizados en los Registros Seccionales de todo el país.

La tabla determina el valor de referencia sobre el cual se calculan los aranceles correspondientes a la inscripción inicial de vehículos 0 kilómetro y a la transferencia de unidades usadas.

En consecuencia, los costos registrales podrán aumentar en los casos en los que la nueva valuación asignada al vehículo sea superior a la anterior.

El impacto dependerá de cada marca, modelo, versión y año de fabricación, ya que no todas las unidades cuentan con el mismo valor de referencia.

La disposición establece que la actualización fue realizada a partir de información vinculada con la evolución del mercado automotor.

Para definir las nuevas valuaciones se utilizaron estadísticas elaboradas por entidades del sector, entre ellas la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y la Cámara del Comercio Automotor.

El objetivo es que los valores utilizados por los registros mantengan una mayor correspondencia con los precios actuales de autos y motocicletas.

La normativa también establece un procedimiento para aquellos modelos o años de fabricación que no estén incluidos en el nuevo listado.

En esos casos, el Registro Seccional deberá tomar como referencia la valuación correspondiente al año inmediato anterior y aplicarle un incremento del 8 %.

Los valores específicos de cada vehículo podrán consultarse mediante el sitio oficial de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco Popular de China renovaron este miércoles el acuerdo bilateral de intercambio de monedas por 130.000 millones de yuanes, con una vigencia de cinco años.

El nuevo entendimiento extenderá el mecanismo financiero hasta 2031 y ampliará su duración respecto de los acuerdos anteriores, que tenían un plazo de tres años.

Desde la autoridad monetaria argentina señalaron que la extensión permitirá contar con una mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta, utilizada para fortalecer la liquidez y respaldar las relaciones económicas entre ambos países.

El swap es un acuerdo entre bancos centrales que permite intercambiar monedas y disponer de liquidez en determinadas circunstancias.

En el caso de Argentina y China, el mecanismo busca contribuir a la estabilidad financiera, facilitar el comercio bilateral y respaldar las inversiones entre ambas naciones.

La renovación mantiene el monto total del convenio en 130.000 millones de yuanes, sin modificaciones respecto del acuerdo previo.

El convenio también ratificó la continuidad del tramo activado por 35.000 millones de yuanes, equivalentes a aproximadamente USD 5.000 millones.

Esa porción se encuentra disponible desde comienzos de 2023 y puede ser utilizada para respaldar la estabilidad financiera argentina, además de acompañar operaciones comerciales y de inversión con China.

La continuidad del tramo activo representa uno de los principales puntos del acuerdo, debido a su incidencia sobre la liquidez y la posición financiera del Banco Central.

Argentina y China firmaron su primer acuerdo bilateral de swap de monedas en 2009.

Con esta nueva renovación, ambos bancos centrales consolidan una relación de cooperación financiera que lleva 17 años.

Desde el BCRA destacaron que la decisión reafirma el compromiso de ambas instituciones de sostener mecanismos que faciliten el intercambio comercial, promuevan inversiones y fortalezcan los vínculos económicos entre los dos países.

El Congreso se prepara para debatir una modificación del régimen de propiedad de tierras rurales que podría ampliar la participación de capitales extranjeros en el territorio argentino.

La legislación vigente establece un límite del 15 % de tierras rurales en manos extranjeras en los ámbitos nacional y provincial. El nuevo proyecto propone elevar ese porcentaje al 25 %, una modificación que genera posiciones encontradas entre quienes buscan atraer inversiones y quienes advierten sobre el control de recursos naturales y productivos.

Según el relevamiento citado, los principales propietarios extranjeros están vinculados con actividades como la ganadería, la agricultura, la producción forestal y los negocios inmobiliarios.

Entre los grupos con mayor cantidad de tierras aparece la Compañía de Tierras Sud Argentino, vinculada con la familia italiana Benetton, con alrededor de 900.000 hectáreas.

También se encuentra el fondo suizo Estomonte, con unas 404.000 hectáreas, y la empresa de capitales chilenos Arauco Argentina, con aproximadamente 272.000 hectáreas.

La nómina incluye además a Adecoagro, controlada por Tether, con cerca de 200.000 hectáreas; Nieves de Mendoza, vinculada con capitales de Malasia y Reino Unido, con 145.000; Forestal Bosques del Plata, de origen chileno, con 94.298; y la familia estadounidense Turner, con unas 51.000 hectáreas.

El informe original afirma que siete grandes grupos controlan cerca de 12 millones de hectáreas, aunque las superficies individualizadas en ese mismo detalle suman una cifra considerablemente menor. Por ese motivo, el total deberá ser contrastado con los registros oficiales antes de considerarse definitivo.

A nivel nacional, la superficie rural en manos extranjeras se encuentra por debajo del 5 %. Sin embargo, algunas provincias presentan porcentajes considerablemente superiores.

En Salta, la extranjerización alcanza aproximadamente el 11,4 %; en Misiones, el 11,29 %; y en San Juan, cerca del 10 %.

También aparecen con niveles elevados Santa Cruz, Catamarca, Mendoza y Corrientes, todas con porcentajes superiores al 8 %, según los datos incluidos en el relevamiento.

En la región pampeana, la presencia de propietarios extranjeros es más baja. En Santa Fe y Córdoba ronda el 1,7 %, mientras que en Buenos Aires alcanza el 2,87 % y en Entre Ríos llega al 3,23 %.

La distribución territorial presenta diferencias todavía más marcadas cuando se analiza por departamentos o municipios.

En San Carlos, provincia de Salta, casi el 60 % de las tierras rurales estaría en manos extranjeras. En Molinos, también en Salta, el porcentaje alcanza el 57 %.

Otros distritos con elevada concentración son General La Madrid, en La Rioja, con el 56 %; Lácar, en Neuquén, con el 54 %; y Campana, en Buenos Aires, con aproximadamente el 50 %.

La nómina también incluye a Guazuvirú, Ituzaingó, Guachipas, Berón de Astrada y General Güemes.

Estos casos muestran que, aunque el promedio nacional permanece por debajo del límite establecido, existen zonas donde la proporción de tierras extranjerizadas supera ampliamente los porcentajes generales.

Uno de los principales puntos de discusión es que muchas de estas propiedades se encuentran en regiones productivas, áreas fronterizas o territorios con acceso a reservas de agua, bosques, minerales y otros recursos estratégicos.

Quienes respaldan la flexibilización sostienen que ampliar el límite puede favorecer la llegada de inversiones y generar nuevos proyectos productivos.

Los sectores críticos advierten, en cambio, que la nacionalidad del propietario no garantiza inversiones efectivas y que una mayor concentración podría reducir la capacidad estatal para intervenir sobre recursos considerados esenciales.

El Registro Nacional de Tierras Rurales permite identificar la cantidad, ubicación y titularidad de las propiedades rurales adquiridas por personas o sociedades extranjeras.

Cada operación debe inscribirse en ese organismo para verificar que se respeten los límites establecidos por la legislación vigente.

La votación en el Congreso definirá si el tope permanece en el 15 % o se amplía al 25 %, una decisión que podría modificar el escenario de la propiedad rural en distintas provincias y municipios del país.

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de su primera gira por América del Sur desde el comienzo de su pontificado.

Según el comunicado difundido por la Nunciatura Apostólica, el sumo pontífice recorrerá la ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba durante una estadía de tres días que incluiría encuentros institucionales y celebraciones religiosas multitudinarias.

El viaje apostólico comenzará en Uruguay, donde permanecerá del 6 al 8 de noviembre, y continuará posteriormente en Perú, entre el 11 y el 17.

“El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los respectivos jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas”, señala el comunicado.

El programa definitivo de actividades será informado más adelante por la Santa Sede.

La llegada de León XIV marcará el regreso de un Papa a la Argentina después de casi cuatro décadas. El antecedente más reciente corresponde a Juan Pablo II, quien visitó el país en abril de 1987.

Entre aquella recorrida y el viaje previsto para noviembre transcurrió íntegramente el pontificado de Francisco, el primer papa argentino y latinoamericano, quien no regresó al país durante sus años al frente de la Iglesia católica.

Aunque todavía resta confirmar la agenda completa, se prevé la organización de misas multitudinarias en la ciudad de Buenos Aires, frente a la Basílica de Luján y en Córdoba. Una de las posibilidades analizadas es realizar una celebración sobre la avenida 9 de Julio.

Tras la confirmación, el Gobierno nacional avanzará con la conformación de un comité interministerial que tendrá a su cargo la coordinación integral de la visita, bajo la supervisión del presidente Javier Milei.

La mesa estará integrada por representantes de la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete, la Cancillería y los ministerios de Capital Humano y Seguridad.

También participarán las áreas responsables de protocolo, ceremonial, transporte, logística, salud y organización de los actos públicos.

El operativo requerirá una coordinación especial con los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba, donde se desarrollarán las principales actividades.

La intención es articular el trabajo con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina, ante la posibilidad de que cientos de miles de fieles se movilicen para participar de las celebraciones.

La Iglesia católica argentina había comenzado semanas atrás los preparativos mediante la conformación de tres comisiones específicas.

Una de ellas se ocupa de la organización litúrgica; otra trabaja en la coordinación pastoral con las diócesis y comunidades; y la tercera concentra los aspectos relacionados con logística, ceremonial y organización general.

Estas comisiones mantendrán contacto permanente con los organismos del Vaticano y con el comité que conformará el Gobierno nacional.

La gira completa comenzará en Montevideo, Paysandú y Florida, continuará por Buenos Aires, Córdoba y Luján, y finalizará en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.