El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrido en la provincia de Corrientes, comenzó con una primera audiencia cargada de tensión, planteos cruzados y situaciones inesperadas que marcaron el inicio del debate oral.

El proceso judicial involucra a 17 imputados y busca determinar qué ocurrió con el niño de 5 años desaparecido el 13 de junio de 2024.

Durante la jornada inicial se vivieron momentos de fuerte carga simbólica. En un cuarto intermedio, integrantes de la agrupación “Mujeres Guerreras y Madres Corajudas” exhibieron un cartel con la foto de Loan y la frase “No me olviden” frente a los acusados.

Según se informó, la escena generó distintas reacciones dentro de la sala, incluyendo gestos entre imputados que llamaron la atención de los presentes y del público.

También se registró otro episodio previo: el intercambio de un beso entre Carlos Pérez y María Victoria Caillava al momento de sentarse en el banquillo de los acusados, situación que generó murmullos en el inicio de la audiencia.

El foco de la audiencia también estuvo puesto en Federico Rossi Colombo, uno de los imputados que no se había presentado de manera presencial y sobre quien el tribunal había solicitado su detención.

Sin embargo, tras el cuarto intermedio, el acusado se conectó de forma remota a través de Zoom junto a un nuevo abogado defensor.

Su aparición generó sorpresa en la sala y obligó al tribunal a redefinir su situación procesal en el momento.

El nuevo defensor solicitó un plazo de 72 horas para interiorizarse en la causa, pedido que fue rechazado por el tribunal, que consideró que el imputado ya estaba debidamente notificado.

Durante la audiencia, Rossi Colombo sostuvo que no contaba con recursos económicos para afrontar una defensa privada.

Tras deliberaciones, los jueces resolvieron dejar sin efecto la declaración de rebeldía y la orden de detención, y dispusieron que el imputado continúe el proceso con defensa oficial.

Además, se ordenó su presentación ante la sede de Gendarmería para el seguimiento de las próximas audiencias.

Con este inicio cargado de tensión, el juicio por el caso Loan comenzó a transitar su etapa central. A partir de las próximas jornadas se prevé el inicio de las primeras declaraciones testimoniales, en un proceso clave para intentar esclarecer la desaparición del niño.

En la ciudad de San Carlos Centro, personal policial llevó adelante un importante operativo que culminó con el secuestro de armas de fuego y municiones de distintos calibres, en el marco de una causa por amenazas calificadas.

El hecho se originó a partir de una denuncia radicada en la Comisaría Segunda de la Unidad Regional XI, donde dos jóvenes manifestaron haber sido amenazados con un arma de fuego en inmediaciones del cementerio local. El presunto autor sería un hombre de 42 años, vecino de la ciudad.

A partir de la intervención de la Fiscalía en turno, en horas de la tarde del lunes efectivos de la Segunda Zona de Inspección realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Rivadavia al 700.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron seis armas largas y una pistola calibre .22, además de una importante cantidad de municiones de distintos calibres.

Todo el material fue incautado en el domicilio del sospechoso, quien fue identificado en el marco de la investigación.

El hombre de 42 años involucrado en la causa, junto con los elementos secuestrados, quedó a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y avanzar en la investigación del hecho.

Las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), fuerza de élite del Gobierno de Santa Fe, capturó este martes a Fernando Sebastián Vázquez (45 años), otro de los delincuentes más buscados en la provincia. El operativo de captura se llevó adelante en la localidad de Villa Gobernador Gálvez.

El “Narigón” Vázquez integraba la lista de los más buscados en la provincia de Santa Fe y su captura ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos. 

Vázquez presentaba pedido de detención por una causa de homicidio y también lo sindican como uno de los sicarios de Lisandro “Limón” Contreras, uno de los líderes de la Banda de los Menores que también cayó entre los más buscados.

Se trata de la tercera captura de alto perfil en los últimos ocho días, tras las detenciones de Andrés “Plin” Acosta a la salida de un boliche en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Samuel Elías Reyes en la provincia de Córdoba.

Personal del Comando Radioeléctrico procedió en la mañana de este martes a la aprehensión de un menor de edad, en el marco de un hecho ocurrido en calle Lorenzatti, en la ciudad de Rafaela.

Según se informó, el joven habría sustraído distintos elementos, por lo que los efectivos intervinieron en el lugar y concretaron el procedimiento.

Durante la actuación policial, se realizó además el secuestro de una pava eléctrica y un posnet, elementos vinculados al hecho investigado.

Posteriormente, por disposición de la Fiscalía de Menores, el joven pasó a revestir carácter de detenido.

Un bebé de apenas 3 meses permanece internado en el Hospital Municipal de Bahía Blanca luego de que médicos detectaran la presencia de cocaína en su organismo.

El pequeño había sido trasladado al centro de salud por su madre, una mujer de 31 años, a raíz de un cuadro respiratorio acompañado de fiebre. Durante la atención médica, los profesionales realizaron estudios clínicos y un análisis de orina arrojó resultado positivo para la sustancia.

A partir de ese hallazgo, se activaron los protocolos sanitarios y judiciales correspondientes.

Pese a la gravedad del caso, fuentes médicas indicaron que el niño se encuentra estable, en buen estado general y bajo observación en el área de pediatría.

Los profesionales continúan realizando controles y estudios complementarios para evaluar su evolución y descartar posibles complicaciones.

El episodio generó fuerte conmoción por la edad del bebé y por el riesgo que implica la presencia de cocaína en el organismo de un lactante.

La madre del niño fue consultada en el marco de la investigación y aseguró que desconoce cómo la droga pudo haber llegado al cuerpo del bebé.

Además, negó consumir estupefacientes.

Su testimonio será analizado junto con el resto de las medidas ordenadas por la Justicia para determinar las circunstancias en las que ocurrió la intoxicación.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 de Bahía Blanca.

También interviene un Juzgado de Familia y organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, que deberán evaluar la situación del lactante y definir eventuales medidas de resguardo.

Por el momento, la causa fue caratulada como averiguación de ilícito, mientras avanzan las diligencias para establecer si existió negligencia, exposición involuntaria o intervención de terceros.

En el marco de la causa, los investigadores también analizan un antecedente médico reciente.

Según trascendió, en mayo de este año el bebé habría requerido asistencia en el Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. José Penna” de Bahía Blanca por una situación de características similares.

Ese dato ahora forma parte de las actuaciones judiciales y será evaluado junto con los nuevos estudios, testimonios y pericias.

Los investigadores buscan determinar de qué manera la cocaína llegó al organismo del bebé.

Entre las hipótesis bajo análisis figuran la posible exposición en el entorno familiar, un caso de negligencia grave o una eventual transmisión involuntaria a través de la lactancia materna.

Mientras tanto, el niño continúa internado y bajo control médico, y la Justicia avanza con medidas para proteger su integridad y esclarecer lo ocurrido.

El fiscal Raúl Garzón convocó a indagatoria a Claudio Barrelier en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba. El acusado compareció junto a su abogado defensor, negó cualquier participación en el hecho y decidió no responder preguntas durante la audiencia.

Barrelier está señalado como presunto autor material del homicidio agravado en un contexto de violencia de género. Sin embargo, en el avance de la investigación, la fiscalía modificó la imputación y agravó la carátula a “homicidio triplemente calificado”, lo que profundiza la gravedad de la acusación en su contra.

El acusado se presentó ante la Justicia acompañado por su defensor y mantuvo su postura de inocencia, sin brindar declaración ante el fiscal.

En la causa también se encuentran detenidos Fassetta y Andreani, quienes están acusados del delito de encubrimiento. Se espera que ambos presten declaración indagatoria durante la mañana del miércoles.

De acuerdo con la investigación, la fiscalía sostiene que cada uno de los implicados habría tenido un rol específico dentro del hecho, y que Barrelier no habría actuado solo.

Fassetta mantenía una relación de amistad con el principal acusado desde hacía aproximadamente 10 meses, vínculo que se habría iniciado en el ambiente futbolero, en relación con su simpatía por el club Instituto. Ambos compartían domicilio en el barrio Cofico, lugar donde se presume que ocurrió el crimen.

La reconstrucción judicial indica que Agostina Vega habría ingresado a la vivienda el 23 de mayo. Entre esa noche y la madrugada siguiente, habría sido víctima de abuso y posteriormente asesinada por asfixia.

Según la hipótesis del fiscal Garzón, el acusado habría mantenido el cuerpo durante varias horas antes de ejecutar un plan para deshacerse de los restos.

La investigación sostiene que el lunes por la mañana el cuerpo habría sido trasladado en un vehículo perteneciente a Andreani hasta un descampado en barrio Ampliación Ferreyra, donde posteriormente fue enterrado con la intención de ocultar el crimen.

La mujer también es investigada por haber facilitado el automóvil y por presuntamente haber limpiado el rodado. Entre las pruebas más relevantes se mencionan registros fílmicos que la ubicarían junto al principal acusado tras el hecho.

El juicio oral por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña comenzó este martes 16 de junio de 2026 en Corrientes, a dos años de la desaparición del niño.

El debate buscará determinar qué ocurrió con Loan, visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio, durante un almuerzo familiar.

Desde entonces, su paradero continúa siendo una incógnita.

La causa llega a juicio con 17 imputados, divididos en dos bloques: un primer grupo acusado por la presunta sustracción y ocultamiento del menor, y un segundo grupo investigado por presuntas maniobras de encubrimiento y desvío de la investigación.

La primera jornada comenzó este martes por la mañana y forma parte de una serie inicial de audiencias previstas también para el miércoles 17 y el jueves 18 de junio.

Luego, el debate continuará con encuentros semanales los miércoles y jueves. La modalidad generó cuestionamientos por la posible extensión de los tiempos, aunque desde la organización señalaron que fue la alternativa necesaria para poner en marcha el juicio sin nuevas demoras.

Las audiencias se desarrollan en las instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la capital correntina, con un importante operativo de seguridad.

El Tribunal Oral Federal encargado del debate está integrado por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco.

El expediente es de gran volumen y reúne múltiples cuerpos de investigación, evidencia documental, pericias, registros telefónicos y testimonios acumulados desde el inicio de la causa.

Para la Fiscalía, Loan no se perdió ni se alejó por sus propios medios, sino que habría sido sustraído de manera planificada mientras se encontraba bajo la custodia de su padre.

La fiscal general Tamara Pourcel sostuvo que el caso responde a una lógica de organización y planificación, y no descartó que el niño pueda seguir con vida.

La acusación buscará probar durante el juicio el grado de participación de cada imputado y reconstruir lo ocurrido en la franja horaria crítica del 13 de junio de 2024.

Uno de los objetivos centrales del debate será determinar qué pasó después de que Loan fue visto por última vez en la zona del naranjal, donde había llegado junto a parte del grupo que participó del almuerzo familiar.

Entre los elementos centrales de la investigación aparecen las pericias odoríferas realizadas con perros rastreadores, que habrían marcado rastros del niño en vehículos vinculados a algunos de los acusados.

También se analizarán registros telefónicos, movimientos de vehículos, contradicciones en las primeras declaraciones y el hallazgo de una zapatilla del niño en la zona del naranjal.

Para la Fiscalía, la ubicación de ese elemento, sumada a las condiciones del terreno y la distancia recorrida, refuerza la hipótesis de que Loan no pudo haber llegado hasta allí por sus propios medios.

La reciente inspección ocular en la denominada “zona cero”, que incluye el naranjal y la vivienda de la abuela Catalina, permitió reconstruir el terreno y será otro punto relevante durante el debate.

El núcleo principal de la causa está integrado por siete personas acusadas por la presunta sustracción y ocultamiento del menor.

Entre ellas se encuentran Laudelina Peña, tía paterna de Loan, investigada por las modificaciones en sus distintas versiones sobre lo ocurrido; y Bernardino Antonio Benítez, tío político del niño, señalado por su participación en el traslado hacia la zona del naranjal.

También están imputados Daniel Oscar Ramírez, conocido como “Fierrito”, y Mónica del Carmen Millapi, amigos de la abuela Catalina, quienes estuvieron presentes en el almuerzo y en el desplazamiento hacia el naranjal.

La causa también tiene como acusados a María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, señalados por su presencia en el almuerzo, por registros vinculados a sus vehículos y por elementos incorporados al expediente.

El séptimo integrante de este grupo es Walter Adrián Maciel, excomisario de 9 de Julio, acusado como presunto partícipe necesario en la sustracción y ocultamiento, además de irregularidades en los primeros operativos de búsqueda.

El segundo bloque de imputados está conformado por diez personas acusadas por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y entorpecimiento de la investigación.

En ese grupo se encuentran Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Durante el juicio se buscará establecer si existieron maniobras destinadas a desviar la pesquisa, alterar pruebas, entorpecer la búsqueda o encubrir a los responsables de la desaparición.

A dos años de la desaparición de Loan, la pregunta central sigue sin respuesta: qué pasó con el niño.

La Fiscalía sostiene que hubo una sustracción planificada y que varias personas conocen lo ocurrido. Por eso, durante el debate oral intentará reconstruir la secuencia completa y determinar responsabilidades penales.

El juicio se presenta como una instancia clave para una causa que conmocionó al país y que mantiene en vilo a la familia de Loan y a toda la sociedad.

La causa por las presuntas estafas con paquetes turísticos que perjudicó a decenas de familias de Santa Fe y la región sumó un nuevo capítulo judicial.

El fiscal de la Oficina de Delitos Informáticos del MPA, Agustín Nigro, amplió la atribución imputativa contra Analía Capalbo, de 43 años, quien permanece detenida desde fines de marzo por ofrecer viajes que luego no se habrían concretado.

La audiencia se desarrolló ante el juez penal de primera instancia Sergio Carraro. Antes de la formalización de la nueva imputación, el magistrado habilitó la intervención de tres personas damnificadas, quienes relataron el impacto emocional y familiar que les provocó la maniobra investigada.

La imputada compareció asistida por la abogada defensora Abril Rico, quien no formuló observaciones a la ampliación de la atribución delictiva.

Hasta el momento, Capalbo estaba imputada por 19 hechos de estafa. Con la incorporación de otras 18 denuncias, la acusación alcanza ahora un total de 37 episodios bajo una modalidad similar.

Según la investigación, las maniobras se habrían realizado a través de redes sociales, principalmente por Instagram y WhatsApp, donde se ofrecían paquetes turísticos que luego no se concretaban.

La mayoría de las personas afectadas había contratado viajes a Camboriú, Brasil, para la temporada de verano.

Durante la audiencia, tres víctimas expusieron ante el juez las consecuencias personales y familiares que les generó la situación.

La primera en declarar fue Marisel, una vecina de Paraná que participó de manera remota. Contó que durante 2025 había viajado con la empresa de Capalbo y que la experiencia había sido satisfactoria, motivo por el cual decidió volver a contratar un paquete para el verano de 2026.

La mujer explicó que la relación con la imputada había trascendido lo comercial y que incluso sus hijas habían compartido actividades durante vacaciones anteriores.

“Jugó con nuestras ilusiones”, expresó al relatar que su familia perdió las vacaciones que había organizado desde noviembre. También señaló que todavía continúa pagando servicios vinculados a un viaje que nunca se realizó.

Además, lamentó haber recomendado la contratación a amigos que luego terminaron atravesando la misma situación.

El segundo testimonio fue el de Raúl, oriundo de San Benito, Entre Ríos, quien explicó que contrató el viaje por recomendación de Marisel.

Según relató, las negociaciones comenzaron en noviembre del año pasado y, a medida que se acercaba la fecha prevista de salida, recibió sucesivas postergaciones y explicaciones contradictorias.

El viaje estaba programado para el 20 de enero, pero fue diferido en varias oportunidades hasta ser finalmente cancelado. Cuando pidió la devolución del dinero para poder organizar otras vacaciones con su familia, le respondieron que debía reclamar a terceros proveedores.

El hombre afirmó que mantuvo contacto con Capalbo hasta el 30 de marzo, un día antes de que fuera detenida. Sin embargo, lo que más destacó ante el juez fue la frustración de su hijo de ocho años, quien todavía le reclama el viaje que nunca pudo realizar.

La tercera declaración correspondió a Luciano, de Santo Tomé, quien también había viajado con la misma empresa durante 2025 y, por esa experiencia previa, decidió contratar un paquete a Brasil para cinco integrantes de su familia.

Al igual que los otros damnificados, aseguró haber abonado la totalidad del viaje y haber recibido luego excusas y postergaciones.

Uno de los momentos más emotivos de la audiencia se produjo cuando recordó que, ya frustradas las vacaciones, una de sus hijas debió realizar en la escuela un dibujo sobre las actividades del verano.

“Mi nena dibujó un televisor”, contó.

Para el denunciante, la acusada construyó deliberadamente una relación de confianza con sus clientes. “Generó un vínculo para después estafarnos”, afirmó.

Finalizadas las declaraciones de las víctimas, el juez dispuso el ingreso de Capalbo a la sala para formalizar la ampliación de la imputación.

El fiscal Nigro recordó que dos meses atrás la mujer había sido acusada por 19 hechos de estafa y que, como consecuencia de esa investigación, se le impuso la prisión preventiva.

A partir del avance de la pesquisa, se incorporaron nuevas denuncias hasta alcanzar los 37 hechos investigados.

También se actualizó el monto del perjuicio económico atribuido. Mientras que en marzo la suma denunciada rondaba los $16 millones, actualmente asciende a aproximadamente $33.200.000.

En función de ello, la Fiscalía le atribuyó a Capalbo la autoría del delito de estafas reiteradas en 37 oportunidades, ampliación que fue formalmente admitida por el magistrado.

La situación procesal de la imputada volverá a discutirse esta semana.

El Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia fijó para este martes una audiencia destinada a analizar la apelación presentada por la defensa contra la prisión preventiva que Capalbo cumple desde el 31 de marzo.

La revisión estará a cargo de un tribunal de alzada, que deberá resolver si mantiene la medida cautelar dispuesta durante la etapa inicial de la investigación o si corresponde evaluar alternativas menos gravosas mientras continúa el proceso penal.

La Policía de Investigaciones (PDI) recuperó en Sunchales un teléfono celular que había sido denunciado como robado y notificó a un joven de 21 años por una causa de encubrimiento.

El procedimiento fue realizado por personal de la Región 5 Sunchales, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, bajo directivas del fiscal Juan Manuel Puig.

La investigación se había iniciado a partir de la denuncia por el robo de un celular, radicada el 15 de mayo de 2026.

A través del seguimiento del IMEI del teléfono sustraído, los investigadores determinaron que el aparato estaba siendo utilizado por un hombre identificado como C. N. G., de 21 años.

Con esa información, los agentes realizaron distintas tareas investigativas y se presentaron en un domicilio de Sunchales donde el joven residía de manera circunstancial.

En el lugar, el hombre exhibió voluntariamente un teléfono celular marca Motorola.

Al verificar el IMEI del dispositivo, los efectivos confirmaron que coincidía con el equipo denunciado como robado.

Ante la constatación, la PDI procedió al secuestro del teléfono celular y notificó al joven por una causa de encubrimiento de robo.

El involucrado quedó supeditado a la causa, que continuará bajo intervención de la Fiscalía correspondiente.

Efectivos de la Dirección General Guardia Provincial secuestraron un arma de fuego durante un control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional N.º 8, en jurisdicción de la localidad de Maggiolo.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Unidad Operativa Regional V, a la altura del kilómetro 398, en el marco de las tareas permanentes de prevención y seguridad vial que desarrolla la fuerza provincial.

Según se informó, durante un control de rutina los efectivos identificaron un automóvil particular. Tras las verificaciones correspondientes, realizadas con autorización del conductor, constataron la presencia de un arma de fuego tipo revólver en el interior del vehículo.

Al momento de la inspección, la persona involucrada no pudo acreditar la documentación que respaldara la legítima tenencia y procedencia legal del arma.

Ante esa situación, se procedió al secuestro preventivo del revólver y al traslado del conductor a la dependencia policial competente, donde se realizaron las actuaciones de rigor con intervención de la Justicia.

Desde la Guardia Provincial remarcaron que este tipo de controles vehiculares forman parte de las acciones destinadas a prevenir delitos, detectar situaciones irregulares y retirar de circulación elementos potencialmente peligrosos.

La investigación continuará ahora bajo las directivas judiciales correspondientes.

“Debería haberte quebrado el cuello”. El amenazante mensaje de texto fue aportado por la víctima cuando denunció formalmente a su expareja por haberla golpeado en su casa de Esperanza. El hombre fue imputado y recuperó la libertad con una medida de distancia y la prohibición de ingresar a la ciudad.

La fiscal Natalia Giordano atribuyó a Regino Eliseo R., de 41 años, la autoría de los delitos de “amenazas simples” y “lesiones leves dolosas calificadas por el vínculo y por ser perpetradas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”.

El juez penal José Luis García Troiano no ordenó la prisión preventiva solicitada por la fiscalía, sino que impuso una serie de medidas cautelares al imputado, en línea con lo propuesto por la defensora pública Betina Dongo.

La investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) gira en torno a los hechos que habrían ocurrido el pasado 2 de junio en la vivienda que Regino R. y su pareja compartían sobre la calle Colón al 1800.

Según la fiscalía, el imputado no solo ejerció violencia física directa contra la mujer, sino que además desplegó una serie de intimidaciones psicológicas que continuaron incluso después del ataque inicial.

De acuerdo con la exposición de la fiscal Giordano, el violento incidente comenzó en horas de la mañana del 2 de junio, cuando el hombre inició una discusión con su pareja.

En medio de la disputa, el agresor “comenzó a tomarla del cuello y arremeter golpes contra la misma”, lo que provocó que la mujer resultara con múltiples heridas, entre ellas “contusiones en el maxilar superior izquierdo y un hematoma en la pierna derecha”, según consta en los informes médicos.

Sin embargo, la gravedad del caso se acentuó con la conducta posterior del imputado. Según se detalló, Regino R. le envió mensajes de texto a la víctima con un tono de amenaza, expresando textualmente: “Debería haberte quebrado el cuello”.

Para el MPA, estas conductas se inscribieron en un “evidente contexto de violencia de género”, dentro de una relación signada por los celos, las recriminaciones ofensivas y las agresiones que afectaron profundamente la libertad y la dignidad de la denunciante.

Ante el riesgo que representaba la cercanía entre el agresor y la víctima, el juez García Troiano impuso medidas alternativas a la prisión preventiva con un fuerte componente de restricción geográfica.

Entre las principales condiciones para que el imputado mantenga su libertad se encuentra la fijación de un nuevo domicilio en la localidad de Saladero Cabal, en el departamento Garay, alejándolo así de la zona de conflicto.

Complementariamente, el magistrado dictó una prohibición absoluta de ingreso a la ciudad de Esperanza, asegurando que el imputado no pueda acercarse a los lugares que la víctima frecuenta. Asimismo, se estableció una medida de distancia estricta respecto de la mujer, prohibiéndole cualquier tipo de contacto físico o electrónico.

El cumplimiento de estas reglas será fundamental para que Regino R. mantenga la libertad, ya que de no hacerlo la fiscalía podría volver a solicitar que quede en prisión preventiva.

Un hombre de 38 años fue detenido durante la madrugada de este lunes en Rafaela, luego de ser señalado como autor de la sustracción de distintos elementos desde una vivienda.

Según informó la Policía, personal del Comando Radioeléctrico intervino tras tomar conocimiento de un hecho ocurrido en un domicilio ubicado en calle N. Álvarez.

De acuerdo con la información oficial, el sujeto habría ingresado momentos antes a la vivienda y se habría apoderado de varios objetos, entre ellos utensilios de cocina y bebidas.

Tras el procedimiento, el hombre fue aprehendido y trasladado a sede de la Comisaría N.º 13, por razones de jurisdicción, junto con los elementos secuestrados.

Posteriormente, por disposición de la Fiscalía interviniente, el involucrado pasó a revestir carácter de detenido comunicado.

Pasaron dos años desde la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño correntino que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 y cuyo caso conmocionó al país.

Loan tenía cinco años cuando desapareció en el paraje El Algarrobal, cerca de la localidad correntina de 9 de Julio, luego de participar de un almuerzo familiar en la casa de su abuela.

Desde entonces, se realizaron múltiples operativos de búsqueda, rastrillajes, allanamientos y peritajes. Sin embargo, ninguna de esas medidas permitió encontrar al niño ni determinar con certeza dónde está.

A dos años del hecho, la causa llegó a una instancia clave: el juicio oral comenzará el martes 16 de junio en Corrientes y tendrá a 17 acusados en el banquillo.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Loan llegó aquel día junto a su padre a la casa de su abuela Catalina para participar de un almuerzo familiar que comenzó cerca del mediodía.

La última vez que fue visto ocurrió alrededor de las 13:52, cuando caminaba junto a otros adultos y chicos hacia una zona de monte.

Poco más de una hora después, cerca de las 15:26, comenzaron los llamados para advertir que el niño no aparecía.

En un primer momento, la hipótesis de que Loan se había perdido en el monte movilizó grandes operativos de búsqueda. Con el paso de los días, la investigación cambió de rumbo y la Justicia comenzó a sostener que el niño habría sido sustraído y ocultado.

La acusación sostiene que Bernardino Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y Laudelina Peña habrían aprovechado una distracción del entorno familiar para apartar al niño con la excusa de ir a buscar naranjas.

Según el expediente, en ese trayecto se habría producido el hecho que derivó en la sustracción y posterior ocultamiento de Loan.

La Justicia también sospecha que el niño habría sido retirado del lugar en la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava. Uno de los elementos mencioados en la causa es la detección de rastros del menor en ese vehículo por parte de perros rastreadores.

Además, los investigadores apuntan contra el excomisario Walter Maciel, acusado de haber montado un falso escenario de búsqueda para desviar el foco de las pericias.

En estos dos años, la única evidencia física vinculada con la desaparición fue uno de los botines de Loan, hallado en un campo vecino. Para la investigación, ese elemento habría sido colocado en el lugar para reforzar una hipótesis falsa.

El juicio oral reunirá en un mismo debate las dos causas abiertas dentro del expediente.

Por un lado, serán juzgados los siete acusados de la presunta sustracción y ocultamiento de Loan: Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y Walter Adrián Maciel.

La fiscalía sostiene que el niño no se perdió en el monte, sino que fue víctima de una acción coordinada para apartarlo de su familia y ocultar su paradero.

En paralelo, otros diez imputados enfrentarán el proceso por presuntas maniobras destinadas a entorpecer la investigación.

Se trata de Federico Rossi Colombo, Nicolás “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Según la acusación, estas personas se habrían presentado en Corrientes como integrantes de una fundación vinculada a la protección de niños, pero luego habrían realizado acciones para desviar el curso de la causa.

Los delitos atribuidos incluyen, según cada caso, encubrimiento, falso testimonio, privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública y usurpación de títulos, entre otros.

La primera audiencia del juicio está prevista para el martes 16 de junio en Corrientes. El debate buscará determinar responsabilidades penales en torno a la desaparición de Loan y las presuntas maniobras posteriores para entorpecer la investigación.

Sin embargo, el interrogante central sigue abierto: qué pasó con el niño y dónde está.

A dos años de la última vez que fue visto, la familia de Loan continúa reclamando verdad y justicia, mientras el caso sigue siendo una de las desapariciones más dolorosas y resonantes de los últimos años en la Argentina.

Efectivos de la Dirección General Guardia Provincial realizaron un procedimiento positivo durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 219, en inmediaciones del Aeroclub Rafaela.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Unidad Operativa Regional II, en el marco de tareas preventivas y de control desarrolladas en corredores viales de la provincia.

Según se informó, durante un control de rutina los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil afectado al servicio de remís, que circulaba desde la provincia de Córdoba.

Al proceder a la identificación de los ocupantes y realizar las requisas correspondientes, se detectaron sustancias presuntamente estupefacientes ocultas entre las pertenencias de dos de las personas involucradas.

Ante la situación, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación, que dispuso las medidas procesales correspondientes respecto de los involucrados, todos mayores de edad.

Posteriormente, personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó las pruebas orientativas de campo sobre las sustancias secuestradas.

Los análisis arrojaron resultado positivo para marihuana, cocaína y MDMA, conocida como éxtasis.

A partir de esos resultados, se procedió al secuestro de los elementos y a la continuidad de las actuaciones judiciales por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737.

Desde la fuerza provincial destacaron que el procedimiento se enmarca en los operativos preventivos destinados a reforzar la seguridad en rutas y accesos estratégicos.

También remarcaron la importancia del trabajo coordinado entre la Guardia Provincial, la PDI y el Ministerio Público de la Acusación para avanzar en tareas de prevención, control y combate del tráfico y consumo ilegal de sustancias prohibidas.

La investigación continuará ahora bajo las directivas de la Fiscalía interviniente.

La discusión judicial por una investigación de ciberdelitos tramitada en Santa Fe sumó este viernes un nuevo capítulo.

En una audiencia realizada cerca del mediodía del viernes en los tribunales santafesinos, el Colegio de Jueces de Segunda Instancia revisó la resolución que había ordenado a entidades financieras y plataformas de pago devolver cerca de 30 millones de pesos a dos víctimas de una sofisticada estafa informática ocurrida en 2025.

La audiencia estuvo presidida por el camarista Fabio Mudry, quien escuchó los argumentos de las partes y anunció que dará a conocer su decisión por escrito, dada la complejidad técnica y jurídica del caso.

La medida bajo análisis había sido dictada el 27 de marzo por el juez penal Sergio Carraro, quien hizo lugar a un pedido de cese del estado antijurídico impulsado por el fiscal de Delitos Informáticos del Ministerio Público de la Acusación, Agustín Nigro.

En aquella oportunidad, el magistrado ordenó que distintas firmas financieras restituyeran los fondos sustraídos a dos inversores de Santa Fe y Rosario, quienes habían sido víctimas de maniobras de suplantación de identidad que permitieron vaciar sus cuentas.

La audiencia de apelación presentó una novedad relevante desde el inicio. Apenas abrió el debate, el fiscal Nigro informó que la firma Mercado Libre SRL había sido desafectada de la causa.

Según explicó, la fiscalía concluyó que la empresa resultó ajena a la maniobra investigada y que su participación en el proceso se había tornado "inoficiosa". De ese modo, la discusión quedó circunscripta a tres firmas: Invertir Online SA, Bind PSP SA y Tencopoint SA.

Sin embargo, solamente comparecieron representantes de las dos primeras. Por Bind PSP SA —procesadora de pagos vinculada al Banco Industrial— intervino el abogado Hernán Demartini, mientras que el apoderado legal de la compañía siguió la audiencia de manera remota.

En representación de Invertir Online SA, plataforma asociada al Banco Supervielle, participó el abogado Rodrigo Vico Gimena junto con una apoderada de la empresa.

También estuvieron presentes las dos víctimas, acompañadas por sus abogados patrocinantes, Alejandro Galoppo y María Natalia Krabler.

Durante la audiencia, los representantes de las compañías insistieron en los argumentos que ya habían expuesto en primera instancia.

Sostuvieron que las propias plataformas también fueron víctimas de la organización criminal, ya que sus sistemas fueron vulnerados mediante documentación adulterada y mecanismos de validación biométrica fraguados.

Bajo esa premisa, cuestionaron que la discusión se tramite dentro del proceso penal y consideraron que cualquier reclamo patrimonial debería ventilarse en la justicia civil.

Con esos fundamentos solicitaron que la resolución de Carraro sea revocada.

La fiscalía, por el contrario, defendió la medida y ratificó la hipótesis sostenida desde el inicio de la investigación: las estafas fueron posibles por fallas en los controles de identificación y validación de identidad exigidos a las entidades financieras.

Además de responder a los planteos de las empresas, Nigro y el fiscal de Cámara Carlos Arietti informaron a Mudry sobre los avances registrados en los últimos días en la investigación penal.

Entre ellos sobresalen los allanamientos realizados la semana pasada en la provincia de Buen

os Aires, donde fueron detenidos dos hombres y una mujer señalados como integrantes de la organización que habría ejecutado las maniobras.

La pesquisa permitió reconstruir el recorrido de más de 34 millones de pesos que fueron sustraídos de cuentas de inversión pertenecientes a tres víctimas santafesinas.

Según la acusación, los responsables utilizaron documentos adulterados y datos biométricos falsificados para abrir cuentas virtuales, asociarlas a las cuentas legítimas de los damnificados y transferir los fondos, que posteriormente fueron convertidos en criptoactivos.

Pese a las detenciones concretadas, la investigación permanece abierta. Fuentes judiciales indicaron que continúan vigentes otros tres pedidos de captura y, por esa razón, la fiscalía mantiene reserva sobre aspectos centrales de la operatoria y la identidad de los sospechosos.

Mientras tanto, la discusión sobre la restitución del dinero aguarda resolución. Según se ventiló en la audiencia, dos de las firmas involucradas ya habrían cumplido con las devoluciones ordenadas en primera instancia. La única que todavía no lo hizo es Invertir Online SA, que aguarda la definición de la Cámara.

Un incendio en una vivienda movilizó este domingo por la tarde a personal de Bomberos Zapadores del Cuartel Norte de Rafaela.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en J. Buffa al 3100, donde la dotación fue convocada alrededor de las 14:00.

Al arribar al lugar, los bomberos observaron una importante emanación de humo por las aberturas de la vivienda, que se encontraban cerradas. Ante esa situación, forzaron una puerta de acceso trasera utilizando una herramienta multipropósito Hurst para poder ingresar al inmueble.

Una vez en el interior, constataron la presencia de un foco ígneo sobre ropas varias en el comedor. El fuego fue extinguido mediante una línea de 44 milímetros de baja presión de la unidad concurrente, logrando resultados positivos.

Luego de controlar la situación, se realizaron tareas de ventilación por presión positiva con un electroventilador. Durante la intervención, los bomberos encontraron seis felinos fallecidos en el interior de la vivienda.

Como consecuencia del incendio, se registraron afectaciones en ropas varias, una estufa eléctrica, además de ahumamiento y ennegrecimiento generalizado en distintos sectores de la casa.

Al momento del arribo de Bomberos, se encontraba presente personal de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) y del Cuerpo Guardia Infantería (C.G.I.). Luego también se hizo presente la propietaria de la vivienda, una mujer de 52 años, quien fue asistida por personal del SIES 107.

En el operativo también intervino una dotación de Bomberos Voluntarios de Rafaela y personal de la Subcomisaría N.º 1, a cargo de las actuaciones correspondientes.

Un joven de 26 años fue detenido en Santa Clara de Saguier luego de un procedimiento policial que permitió recuperar un automóvil y varios elementos que habían sido sustraídos.

Según informó la Policía, en la madrugada del sábado personal de la Comisaría N.º 8 fue anoticiado sobre la sustracción de distintos elementos desde una vivienda de esa localidad y sobre el ingreso de un sujeto a otro domicilio.

En ese mismo momento, efectivos de la Subcomisaría N.º 19 de Villa San José procedieron a la identificación de un joven que se movilizaba en un automóvil Fiat 147.

Tras las averiguaciones correspondientes, se estableció que el vehículo había sido sustraído momentos antes desde una vivienda de Santa Clara de Saguier.

El sujeto fue trasladado a sede de la Comisaría N.º 8, donde se procedió al secuestro del automóvil y de una valija que contenía varios objetos y prendas de vestir, considerados elementos malhabidos.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía interviniente, el joven pasó a revestir carácter de detenido comunicado.

Un joven de 25 años fue detenido en Rafaela luego de un procedimiento policial que permitió además el secuestro de un arma de fuego y una motocicleta.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió en la tarde del sábado, cuando personal del Comando Radioeléctrico fue alertado sobre la presencia de un sujeto que se encontraba en calle J. R. Armando portando un arma de fuego.

Ante la situación, y con la premura del caso, los uniformados se constituyeron en el lugar y procedieron a la aprehensión del joven. El involucrado fue trasladado a sede de la Comisaría N.º 15, por razones de jurisdicción.

Posteriormente, y en continuidad con las diligencias investigativas, se llevó adelante una requisa domiciliaria en la vivienda del aprehendido. En ese procedimiento, los efectivos lograron el secuestro de un arma de fuego y una motocicleta.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía interviniente, el joven pasó a revestir carácter de detenido comunicado

El imputado está acusado de perpetrar diversos hechos atroces en perjuicio de una familia compuesta de una mujer y sus hijos, aprovechándose de su condición de líder espiritual de un templo umbanda. Estos acontecimientos ocurrieron entre los años 2018 y 2021, cuando en ese entonces la madre de familia recién separada de su pareja, conoció a este individuo, quien fue presentado como novio de su hija mayor.

En principio las visitas del susodicho eran esporádicas, hasta que de a poco y ganando la confianza, este se quedaba a dormir en el hogar familiar, hasta que finalmente logró vivir permanentemente en ese domicilio, ubicado en la localidad de bonaerense de Glew.

En ese contexto y luego de persuadir a todo el grupo familiar de que a través de su religión iba a poder ayudarlos para salir adelante y superar los problemas que atravesaban, abusó sexualmente de forma violenta de las mujeres, aprovechándose de la convivencia preexistente. Inclusive las sometió a distintos castigos físicos, desde golpes con sus manos y con distintos objetos en todo el cuerpo, privación de alimentos y del sueño, aislamiento y restricción de la libertad ambulatoria, si no accedían a su sed sexual.

Cuando al fin este hombre se retiró de la vivienda y transcurridos varios meses, la madre de familia lo denunció, destacándose que luego del calvario vivido, las víctimas fueron asistidas y los peritos observaron características en ellas, como signos de violencia, sumisión, naturalización y minimización, baja autoestima, aislamiento social y dependencia afectiva.

Tras ello, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°9 Departamental Especializada en Violencia de Género y Violencia Familiar, Delitos Contra la Integridad Sexual, Conexos a la Trata de Personas e Informáticos, a cargo del Dr. Sebastián Bisquert, ordenó a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA la investigación del caso.

Fue así que como resultado de las tareas efectuadas por los federales, se establecieron varios lugares a los que concurriría el prófugo, motivo por el cual se implementaron sigilosas vigilancias en distintos días y horarios. Finalmente, el buscado fue identificado y detenido en la vía pública sobre la Avenida Presidente Perón 4400, en la localidad de Alejandro Korn.

El detenido, argentino y mayor de edad, quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Matías Manuel Ocampo.

Un joven de 28 años fue detenido este sábado en Rafaela, luego de provocar desmanes en un nosocomio local.

Según informó personal policial, efectivos que se encontraban cumpliendo tareas de custodia en el lugar fueron alertados durante las primeras horas de la tarde por la presencia de un sujeto con su estado alterado, quien ocasionaba disturbios dentro del establecimiento.

Ante la situación, personal del Cuerpo Guardia Infantería se constituyó en el sitio y procedió a la aprehensión del joven.

Posteriormente, el involucrado fue trasladado a sede de la Comisaría N.º 13, por razones de jurisdicción. Finalmente, por disposición de la Fiscalía interviniente, el aprehendido pasó a revestir carácter de detenido comunicado.

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Un joven de 28 años fue detenido en Rafaela tras provocar desmanes en un nosocomio local durante la tarde del sábado.