Un agente penitenciario de 38 años fue detenido este miércoles acusado de estar involucrado en un episodio en el que un hombre de 32 años resultó herido de arma de fuego en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.

El hecho ocurrió durante la mañana en inmediaciones de Gobernador Freyre y Callejón El Sable, donde personal policial acudió inicialmente tras recibir un aviso por una pelea entre dos hombres en la vía pública.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a dos personas enfrentándose a golpes de puño, por lo que ambos fueron aprehendidos en el marco del procedimiento.

Sin embargo, minutos después se recibió una nueva alerta que modificó la intervención policial: se informó sobre la presencia de una persona herida de bala en cercanías del lugar.

Los investigadores comenzaron a trabajar sobre la posible vinculación entre ambos episodios y buscan reconstruir la secuencia de hechos para establecer qué ocurrió antes, durante y después de la pelea.

En el procedimiento quedó detenido un hombre de 38 años, quien se desempeña como personal del Servicio Penitenciario de Santa Fe y cumple funciones en la Unidad Penal Nº 11 de Piñero.

La investigación quedó a cargo del fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien deberá determinar las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad del detenido.

El hombre herido fue asistido luego de recibir un impacto de arma de fuego en la zona de la cabeza. Según las primeras informaciones, se trataría de un roce de bala.

Mientras avanzaban las primeras actuaciones, la Policía preservó elementos que podrían resultar de interés para la causa.

El expediente fue iniciado de manera provisoria bajo la carátula de “herido de arma de fuego” y continúa en etapa investigativa.

Tres integrantes de la Policía de Santa Fe fueron expulsados de la fuerza luego de que quedara firme una condena judicial por el delito de apremios ilegales. La medida fue dispuesta mediante un decreto del Poder Ejecutivo provincial y contempla además el cese en el cobro de sus haberes.

Los agentes alcanzados por la decisión son Cristian Germán Gauna, Cantalicio Gustavo Javier Franco y José Carlos Yalasi. El decreto lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y fue registrado bajo el número 1919.

El caso se remonta a septiembre de 2024, cuando los tres efectivos fueron detenidos en la localidad de Colonia Francesa, departamento San Javier. Según la investigación, los policías golpearon a un joven acusado de un robo con el objetivo de obtener una confesión y además incorporaron información falsa en el libro de guardia para intentar ocultar lo sucedido.

El episodio fue investigado por la Unidad Especial de Asuntos Internos y la Fiscalía Especial de Delitos Complejos, a cargo del fiscal Ezequiel Hernández.

En paralelo, la provincia inició un sumario administrativo a través de la Subsecretaría de Control, mientras la Justicia había ordenado la prisión preventiva de los agentes.

Por el mismo hecho también fue investigada una cuarta empleada policial, acusada por el delito de encubrimiento, aunque la medida de destitución alcanzó a los tres efectivos condenados.

Según el decreto provincial, Cantalicio Franco fue condenado a tres años de prisión efectiva e inhabilitación especial por el doble de tiempo, tras ser considerado responsable de delitos vinculados a apremios ilegales agravados, vejaciones, privación ilegal de la libertad por abuso funcional y falsedad ideológica en instrumento público.

En tanto, José Carlos Yalasi y Cristian Germán Gauna recibieron también una condena de tres años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo por su participación en los hechos.

La sentencia quedó firme en mayo de 2025.

En agosto de 2025, la Secretaría de Control solicitó al Ministerio de Justicia y Seguridad provincial la aplicación de la medida de destitución para los policías involucrados.

El decreto señala que quedó demostrado que los agentes tuvieron un comportamiento incompatible con su función y con los principios éticos exigidos para integrar la fuerza.

La decisión implica la pérdida del estado policial y el cese de la percepción de la totalidad de los haberes.

Un ciudadano peruano será expulsado de la Argentina luego de incumplir las medidas restrictivas que debía cumplir en el marco de una detención domiciliaria en suspenso. El hombre estaba imputado por tenencia simple de estupefacientes y se había quitado la tobillera electrónica que utilizaba para su monitoreo.

El acusado fue localizado en el barrio porteño de Chacarita, en la zona de Fraga. Tras constatar el incumplimiento de las condiciones impuestas, la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad solicitó su prisión preventiva y posteriormente su expulsión del país.

El hombre había sido obligado a utilizar un dispositivo de geoposicionamiento debido a la imputación por tenencia simple de estupefacientes.

Sin embargo, las autoridades detectaron que se había removido la tobillera electrónica, lo que implicó el incumplimiento de las medidas restrictivas que debía respetar.

Ante esta situación, la auxiliar fiscal Natalia Pla, de la UFLA Norte, pidió que se dispusiera la prisión preventiva del imputado.

El pedido fue analizado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 2, subrogado por Julio Rebequi, que convalidó la prisión preventiva por un plazo de 45 días.

La decisión se tomó luego de que las autoridades verificaran el incumplimiento de las condiciones establecidas para el acusado.

Además, al tener en cuenta los antecedentes del hombre y luego de comprobar que su situación migratoria era irregular, la auxiliar fiscal solicitó su expulsión de la Argentina.

La medida fue posteriormente dispuesta junto con una prohibición de reingreso al territorio nacional.

Esta última decisión fue ordenada por el titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 30, Juan José Cavallari, a partir del pedido realizado por la Dirección Nacional de Migraciones.

El Litoral

Dos jóvenes de 18 y 17 años fueron detenidos en Rafaela luego de un procedimiento policial en el que se recuperaron elementos presuntamente sustraídos de un local comercial.

El operativo fue realizado por efectivos de la Comisaría N° 1, con colaboración del Destacamento N° 9, en el marco de distintas diligencias investigativas para esclarecer un ilícito ocurrido en un comercio ubicado sobre calle Dorrego.

Posteriormente, personal de Agrupación Cuerpos interceptó a los sospechosos en la zona de calles Fader y Mosconi. Durante el procedimiento se secuestraron mochilas que contenían varias botellas de bebidas alcohólicas, prendas de vestir y la bicicleta en la que se movilizaban.

Los dos jóvenes fueron trasladados a sede de la Comisaría N° 1, donde quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente. Luego, por disposición judicial, ambos pasaron a revestir la condición de detenidos comunicados.

Según se informó, el comercio afectado habría sido víctima de hechos delictivos en menos de 48 horas, situación que motivó las tareas investigativas desarrolladas por la Policía.

Personal de la Agrupación Cuerpos de Rafaela intervino este miércoles luego de tomar conocimiento de un hecho contra la propiedad ocurrido en calle La Pampa.

En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de dos jóvenes de 18 y 19 años. Además, secuestraron una bicicleta, una mochila y una riñonera.

Todos los elementos y los dos jóvenes fueron trasladados a la sede del Destacamento 9 para continuar con las actuaciones correspondientes.

Tras tomar conocimiento del procedimiento, el fiscal en turno dispuso que los dos jóvenes pasaran a revestir carácter de detenidos. 

La Justicia ordenó la prisión preventiva sin plazos para tres hombres de 25, 22 y 18 años, investigados por un robo calificado cometido en Rafaela.

Los imputados fueron identificados por sus iniciales como JDG, WNM y TTM. La medida cautelar fue solicitada por la fiscal Lorena Korakis y dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Javier Bottero, durante una audiencia realizada en los tribunales de Rafaela.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de la Acusación, el hecho ocurrió el jueves pasado, alrededor de las 16:30, en una vivienda ubicada en Mahatma Gandhi al 2500.

Según expuso la fiscal Korakis, los tres imputados llegaron hasta la vivienda y uno de ellos conocía al propietario.

Cuando el dueño abrió la puerta, el hombre de 25 años habría ingresado apuntándolo con una pistola y le habría exigido dinero y elementos de valor. Ante la negativa, siempre de acuerdo con la acusación, comenzó a golpearlo en la cabeza con el arma.

En ese momento, la víctima se encontraba junto a sus hijos menores de edad, una sobrina y su esposa. La mujer también habría sido amenazada con el arma y le sustrajeron su teléfono celular.

Los tres hombres escaparon con el teléfono y, según la Fiscalía, regresaron minutos después para exigir la contraseña del dispositivo.

Tras el aviso a la Policía, comenzó una persecución de los hombres de 25 y 22 años. Según relató la fiscal, ambos ingresaron sin autorización a una vivienda ubicada en Anduiza al 1500, donde intentaron ocultarse.

Finalmente fueron detenidos. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron el teléfono que había sido robado y, al hombre de 25 años, le encontraron además 2,17 gramos de cocaína distribuidos en 11 envoltorios.

El tercer imputado, de 18 años, fue detenido el viernes pasado como resultado de distintas diligencias realizadas durante la investigación.

La Fiscalía sostuvo que existen elementos que permiten vincular inicialmente a los tres imputados con los hechos investigados.

Al fundamentar la prisión preventiva, el juez tuvo en cuenta, según informó el MPA, la pena en expectativa, la utilización de un arma de fuego y la violencia ejercida durante el hecho, además de la presencia de dos mujeres y dos menores de edad en la vivienda.

En el caso del hombre de 25 años, también se consideró un antecedente condenatorio previo, debido a que una eventual nueva condena podría ser de cumplimiento efectivo.

El juez Bottero entendió que permanecen vigentes riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, con especial énfasis en el primero y en la eventual pena a cumplir.

Además, consideró necesario preservar las declaraciones de víctimas y testigos y rechazó las medidas alternativas propuestas por la defensa por considerarlas insuficientes.

Los tres hombres fueron imputados como coautores de robo calificado por el empleo de arma y por haber sido cometido en poblado y en banda, además de amenazas calificadas por el uso de arma.

A los jóvenes de 25 y 22 años también se les atribuyó la coautoría de violación de domicilio.

Por su parte, al hombre de 25 años se le imputó además la tenencia de estupefacientes, a partir de la cocaína secuestrada durante el procedimiento. La causa continúa bajo investigación de la Fiscalía Regional 5, a cargo de la fiscal Lorena Korakis.

Un hombre que sufrió una fractura grave al caer en una rampa de acceso de un supermercado en José C. Paz recibirá una indemnización de $24.787.000 más intereses, luego de que la Justicia confirmara la responsabilidad del establecimiento.

El accidente ocurrió el 6 de agosto de 2024, cuando el hombre regresaba hacia el estacionamiento porque había olvidado el ticket dentro de su vehículo. Mientras caminaba por la rampa destinada al acceso de personas con discapacidad, perdió el equilibrio y cayó al piso.

Durante el proceso judicial se determinó que la superficie se encontraba mojada y deteriorada, una condición que fue considerada relevante para establecer la responsabilidad del supermercado.

Tras la caída, el hombre fue trasladado al Hospital Municipal de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete, donde se constató un traumatismo en el tobillo izquierdo, edema y limitación funcional.

Los estudios posteriores confirmaron una fractura bimaleolar. Inicialmente utilizó yeso y muletas, pero la lesión requirió una intervención quirúrgica aproximadamente dos meses después del accidente.

Durante la operación se colocó material de osteosíntesis para estabilizar la zona afectada. Luego, el paciente continuó con controles médicos y un proceso de rehabilitación.

La pericia médica determinó que las secuelas provocaron una incapacidad física parcial y permanente del 16,34%, teniendo en cuenta, entre otros factores, la rigidez residual en el tobillo y el daño estético en la pierna.

En cambio, la evaluación psicológica concluyó que no existía una alteración psicológica vinculada con el accidente.

El caso fue analizado por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Morón, Sala I, que confirmó la responsabilidad del establecimiento.

Los jueces consideraron que existía una relación de consumo entre el cliente y el supermercado, por lo que correspondía aplicar las normas de protección al consumidor.

La sentencia de primera instancia ya había responsabilizado al comercio y establecido una reparación económica, pero la Cámara revisó algunos de los montos y resolvió incrementarlos.

La indemnización quedó conformada de la siguiente manera:

En total, la reparación fue fijada en $24.787.000, más los intereses correspondientes.

La Justicia también mantuvo el rechazo del reclamo por daño psicológico y estableció que la parte demandada deberá afrontar los gastos derivados de la apelación.

Laudelina Peña rechazó realizar un careo con Walter Maciel durante el juicio en el que ambos son juzgados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, desaparecido en la provincia de Corrientes.

Pese a la negativa de Laudelina, el excomisario de 9 de Julio continuará con su declaración testimonial, iniciada durante la audiencia del jueves 10 de septiembre.

El debate oral continuará este miércoles 16 de septiembre en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes, con las declaraciones de los testigos Roberto Antonio Quiroz y Pablo Noseda, además de la continuidad del testimonio de Maciel.

En tanto, las declaraciones previstas de la periodista Paula Bernini y de la vecina Deisy Leonela Ávalos fueron dejadas sin efecto, según informaron fuentes vinculadas al caso.

Para el jueves 17 de septiembre está prevista la declaración de otros cinco testigos: Jorge Alfredo Delgado, Martín Antonio Robledo, Diego Axel Luque, José Manuel Ojeda y Brisa de los Ángeles Contreras.

El juicio busca determinar las responsabilidades por la desaparición de Loan, ocurrida en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

Durante la audiencia anterior, Walter Maciel declaró durante varias horas ante el tribunal, los demás acusados y los familiares de Loan.

El excomisario sostuvo que el niño fue atropellado y posteriormente levantado y ocultado, y señaló como responsables a Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña.

“No tengo ninguna duda de lo que pasó, y me remito a las pruebas contundentes”, afirmó Maciel durante su exposición. También apuntó contra Laudelina, a quien acusó de haber mentido, y le pidió perdón a la madre de Loan. Además, reconstruyó su actuación durante la investigación y aseguró que continúa buscando al niño.

Laudelina, por su parte, decidió no participar del careo con el excomisario, por lo que ambos continuarán sus respectivas instancias dentro del proceso judicial.

El Gobierno de la provincia de Córdoba aumentó a $40 millones la recompensa para quienes aporten información que permita encontrar a Lian Gael Flores Soraide, el niño de 3 años que permanece desaparecido desde febrero de 2025.

La actualización quedó establecida mediante la Resolución N° 260 del Boletín Oficial provincial. El documento señala que la recompensa será destinada a quien aporte a las autoridades policiales o judiciales datos fidedignos y con un grado de verosimilitud suficiente que permitan determinar el paradero del menor.

Lian fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en Ballesteros Sud, en la provincia de Córdoba. Desde entonces, continúa vigente la investigación para establecer qué ocurrió con el niño.

En mayo de este año, una de las medidas adoptadas en el marco de la investigación fue la actualización de la imagen de difusión del menor mediante Inteligencia Artificial, con el objetivo de representar su posible progresión de edad.

La nueva imagen reforzó algunas de sus características físicas: tez trigueña, cabello corto y oscuro, ojos oscuros y una altura aproximada de 0,90 metros al momento de su desaparición.

Desde el inicio de la pesquisa, no hay sospechosos ni hipótesis firmes que permitan establecer qué ocurrió con Lian o dónde podría encontrarse.

La familia del niño sostiene que podría habérselo llevado una persona conocida, aunque hasta el momento esa posibilidad no fue confirmada por la investigación.

La búsqueda continúa bajo el Alerta Sofía, mientras las autoridades solicitan que cualquier persona que tenga información pueda comunicarse de inmediato con los canales habilitados.

Los datos pueden aportarse al 134, correspondiente al Sistema Federal de Búsqueda; al 911 de la Policía de Córdoba; o al 03537-450000, interno 52801, de la Unidad Judicial de Bell Ville.

Personal de la Dirección General Guardia Provincial realizó distintos controles vehiculares durante las últimas horas y llevó adelante dos procedimientos que terminaron con sanciones y una aprehensión.

El primer hecho ocurrió durante la noche del lunes sobre la Ruta Nacional Nº 19, a la altura del kilómetro 122, en jurisdicción de Josefina, donde efectivos de la Unidad Operativa Regional 2 (Rafaela) realizaban un control vehicular.

Según informaron fuentes policiales, los agentes indicaron la detención de un camión mediante señales lumínicas, pero el conductor habría ignorado la orden, continuado la marcha, aumentado la velocidad y pasado a escasa distancia del personal, generando una situación de riesgo.

Ante esta situación, los efectivos iniciaron un seguimiento controlado y lograron interceptar el vehículo. Tras identificar al conductor, fue aprehendido y trasladado a la Subcomisaría 8ª de la Unidad Regional V por el presunto delito de resistencia a la autoridad, además de las actuaciones vinculadas a la conducción peligrosa y la actitud evasiva.

El procedimiento quedó a disposición del fiscal interviniente.

Camionero sancionado por alcoholemia positiva

Por otra parte, durante la madrugada de este martes, personal de la Unidad Operativa Regional 1 (Reconquista) realizó un control sobre la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del kilómetro 929.

En ese lugar, los agentes detuvieron la marcha de un camión e identificaron a su conductor. Posteriormente le realizaron un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 0,22 gramos de alcohol por litro de sangre.

Al tratarse de un conductor profesional, el resultado fue considerado positivo sancionable. Por este motivo, los efectivos procedieron a la retención de la licencia de conducir y labraron la correspondiente prohibición de circular.

El camión quedó resguardado en un lugar seguro, dentro de una estación de servicio de la ciudad de Florencia.

Un local comercial ubicado sobre bulevar Santa Fe de Rafaela sufrió dos robos en menos de 48 horas, según informó la propia firma a través de sus redes sociales.

El primer episodio ocurrió el domingo 13 de septiembre, alrededor de las 4:30. De acuerdo con la publicación, los delincuentes provocaron la destrucción de la vidriera, rompieron mercadería y concretaron un robo.

El comercio logró reponer el vidrio y, según detallaron, lo hizo en menos de 24 horas. Sin embargo, durante la madrugada de este martes 15, cerca de la 1:30, volvieron a ingresar al local.

En esta segunda oportunidad, los autores nuevamente destruyeron un vidrio, rompieron mercadería y robaron elementos. La firma señaló que se trataba del vidrio que había sido colocado menos de 24 horas antes.

Desde el comercio compartieron una publicación en Instagram en la que expresaron el impacto de lo ocurrido y agradecieron a quienes colaboraron luego de los hechos. "En menos de 48 horas, dos veces rompieron la vidriera de nuestro local de Flaming y entraron a robar", señalaron.

En el mensaje, remarcaron que este tipo de situaciones también forman parte de las dificultades que atraviesan quienes llevan adelante un emprendimiento. "También hay imprevistos, pérdidas, bronca, responsabilidad y momentos en los que simplemente hay que estar, resolver y seguir", expresaron.

La firma agradeció a la Policía y al equipo de seguridad de la Municipalidad. "Ahora toca reforzar, reparar y seguir adelante", expresaron en la publicación.

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Efectivos de la Unidad Operativa Regional 6 (San Cristóbal), dependiente de la Dirección General Guardia Provincial, secuestraron una escopeta y aprehendieron a un hombre durante un operativo de control vehicular e identificación de personas realizado sobre la Ruta Nacional 34, en jurisdicción de Ceres.

Durante el procedimiento, los agentes advirtieron la circulación de un vehículo y solicitaron al conductor que detuviera su marcha para realizar las tareas preventivas y de seguridad.

Al entrevistarlo, identificarlo y verificar el vehículo, los uniformados encontraron en el interior, entre las pertenencias que transportaba, una escopeta cuyo calibre se encontraba a determinar.

Los agentes solicitaron al hombre la documentación correspondiente a la portación y tenencia del arma, pero no pudo acreditar debidamente lo requerido. Según indicó durante el procedimiento, la escopeta sería propiedad de un familiar.

Ante esta situación, los efectivos comunicaron las novedades a la Unidad Fiscal competente y trasladaron el procedimiento hasta la Comisaría 2ª de la Unidad Regional XIII, donde se formalizaron las actuaciones correspondientes.

Personal policial de Humberto detuvo a un joven de 19 años en el marco de la investigación de un hecho delictivo ocurrido en una vivienda de la zona.

Luego de tomar conocimiento del hecho y realizar tareas investigativas, los agentes consultaron previamente con el fiscal interviniente y procedieron a la detención del joven.

El detenido fue trasladado a sede policial. Posteriormente, se dio conocimiento al fiscal en turno, quien impartió las directivas correspondientes.

Durante la jornada del lunes, personal de la Comisaría N° 11 de Colonia Aldao intervino luego de ser alertado sobre la presencia de una garrafa de 10 kilos abandonada en un lote baldío de la zona.

Al arribar al lugar, los agentes constataron la presencia del elemento y procedieron a su secuestro.

La garrafa fue trasladada posteriormente a sede policial, donde quedó a disposición de las actuaciones correspondientes.

Emmanuel Damián Montero tenía 25 años cuando murió, el 9 de enero de 2008, tras recibir un disparo efectuado por un policía bonaerense que intervenía en un robo en San Martín.

Casi dos décadas después, la Justicia volvió a resolver sobre el caso. Esta vez fue por el reclamo indemnizatorio presentado por los familiares de la víctima. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín modificó los montos establecidos inicialmente y fijó una reparación que supera los $153 millones, más los intereses correspondientes.

El policía David Alfredo Escarlón, quien efectuó el disparo, había sido condenado a ocho años de prisión por homicidio simple y a diez años de inhabilitación especial para ejercer funciones policiales. La condena quedó firme.

La mañana del 9 de enero de 2008, Emmanuel y un primo perseguían a las personas que momentos antes les habían robado una motocicleta.

Durante esa persecución intervino Escarlón, que en ese momento era agente de la Policía bonaerense. El efectivo efectuó varios disparos con su arma reglamentaria y uno de ellos alcanzó a Montero.

La investigación penal terminó con la condena del policía por homicidio simple. La sentencia fue confirmada por la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense y quedó firme.

Tras la muerte de Emmanuel, su madre y quien era su pareja iniciaron una demanda contra la Provincia de Buenos Aires. La expareja también actuó en representación de la hija de la víctima, que era menor de edad.

El padre de Montero inició por su parte otra acción contra la Provincia y contra Escarlón. Ambos expedientes terminaron acumulados.

Sin embargo, las causas tuvieron recorridos diferentes.

En 2016, la Suprema Corte de Justicia bonaerense hizo lugar a un recurso presentado por la Fiscalía de Estado y rechazó definitivamente la acción promovida por el padre contra la Provincia. Por ese motivo, en ese expediente la obligación de pagar quedó exclusivamente en cabeza de Escarlón.

En la otra causa, en cambio, la Provincia y el exagente quedaron alcanzados solidariamente por la condena.

El primer fallo indemnizatorio fue dictado el 5 de julio de 2021 por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín.

En aquella oportunidad, se estableció una reparación de $2.299.182,85 para la madre, la expareja y la hija de Emmanuel. Para el padre se fijaron otros $655.460,95.

El fallo fue apelado tanto por la Provincia como por los familiares. Escarlón también intentó cuestionarlo luego de presentarse en el expediente.

El exagente había sido declarado rebelde y, en agosto de 2021, solicitó la nulidad de las actuaciones. El pedido fue rechazado y posteriormente la Cámara confirmó esa decisión.

Uno de los principales planteos de Escarlón fue que había actuado en un “acto de servicio” y que, por esa razón, debía ser la Provincia la que asumiera la condena económica.

La Cámara rechazó ese argumento.

Los jueces señalaron que no existía constancia de que el episodio hubiera sido declarado administrativamente como un acto de servicio y remarcaron que la situación tampoco resultaba compatible con la condena penal que había quedado firme.

Escarlón había sido condenado por homicidio simple, no por un accionar considerado legítimo o realizado en legítima defensa. Por ese motivo, el tribunal descartó que pudiera trasladarse exclusivamente al Estado provincial la responsabilidad económica.

Durante la apelación también se discutieron distintos componentes de la reparación, entre ellos el daño psicológico, el tratamiento psicológico, el daño moral y la pérdida de chance.

Los familiares solicitaron que los montos fueran actualizados porque los valores establecidos en 2021 habían perdido poder adquisitivo.

La Cámara consideró que se trataba de una deuda de valor y que correspondía determinar la reparación tomando en cuenta valores actuales.

De esa manera, modificó sustancialmente las indemnizaciones y estableció una reparación total de más de $153 millones, sin incluir los intereses.

En el expediente donde la Provincia quedó alcanzada, el Estado bonaerense y Escarlón deberán responder solidariamente. En la causa iniciada por el padre de Emmanuel, en cambio, el responsable del pago es exclusivamente el exagente.

La Cámara también determinó pautas para el cálculo de los intereses, que en buena parte de los rubros deberán computarse desde el 9 de enero de 2008, fecha de la muerte de Emmanuel, hasta el momento del efectivo pago.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en Rafaela a un hombre identificado como T. T. M., en el marco de una investigación por un hecho de robo calificado por el empleo de arma de fuego, cometido en poblado y en banda, y amenazas calificadas.

La causa está bajo la intervención de la fiscal Lorena Korakis y se inició a partir de un hecho ocurrido el 10 de septiembre en calle M. Gandhi al 2000.

La medida se concretó luego de una audiencia de revisión realizada en los Tribunales de Rafaela. Tras la audiencia, T. T. M. fue trasladado a la Alcaidía, donde quedó alojado.

En el marco de la investigación, el 11 de septiembre, personal de CGI-URV y CEMU localizó una motocicleta presuntamente vinculada con el hecho en un domicilio ubicado en Anduiza y Marozzi.

Con autorización de la propietaria, se realizó una requisa domiciliaria. Durante el procedimiento se secuestró una motocicleta Honda 110 cc de color negro, sin patente, además de otros elementos considerados de interés para la investigación.

En ese operativo también fueron aprehendidos J. D. G., de 25 años, y W. N. M., de 22 años, quienes se encontraban ocultos bajo unas chapas en un patio vecino.

Posteriormente, ambos pasaron a revestir carácter de detenidos comunicados. La investigación continúa bajo intervención de la Fiscalía correspondiente.

Este domingo, alrededor de las 19:20h, se registró un incendio de campo en la zona rural, sobre la Ruta 70 hacia Aurelia. Al arribar al lugar, personal de Bomberos Zapadores observó un proceso combustivo en el interior de un campo, sobre pasturas naturales, con un frente de aproximadamente 400 metros.

Ante esta situación, los bomberos comenzaron a trabajar sobre los focos más próximos al camino mediante una línea devanadera de alta presión.

Una vez que arribó personal de Bomberos Voluntarios, se continuaron las tareas de extinción en el interior del campo mediante el uso de chicotes y mochilas forestales. Luego de controlar la situación y corroborar que no existía riesgo de propagación, la dotación procedió a retirarse del lugar.

Como consecuencia del incendio, resultaron afectadas aproximadamente 20 hectáreas de potrero con pasturas naturales. En el lugar también se encontraba el propietario del campo, junto con personal de Bomberos Voluntarios.

La dotación de Bomberos Zapadores dio por finalizados los trabajos minutos antes de las 23h. 

Durante la jornada del domingo, personal de la Comisaría N° 1 de Rafaela procedió al secuestro de una bicicleta marca Venzo desde un domicilio.

El rodado había sido denunciado como sustraído días antes, resultando damnificada una ciudadana.

La bicicleta fue trasladada a sede policial, donde posteriormente fue reconocida por su propietaria. Tras el reconocimiento, el rodado fue entregado nuevamente a la mujer.

Personal de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional XI intervino en un procedimiento realizado en la ciudad de Esperanza, luego de una alerta emitida por la Central de Control y Monitoreo Municipal.

Los efectivos fueron convocados para identificar un automóvil en la intersección de Ruta Provincial N° 6 y Avenida Argentina. Al realizar la inspección del vehículo, un Renault Sandero, encontraron en su interior material presumiblemente estupefaciente, un arma de fuego, municiones y dinero en efectivo.

Como consecuencia del operativo, se procedió a la aprehensión de un hombre y una mujer que se encontraban en el lugar.

Además, se convocó a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las pruebas orientativas de campo sobre el material secuestrado.

Las actuaciones procesales continuarán con intervención y conocimiento de la Fiscalía en turno, que determinará las medidas correspondientes.

Personal de la Brigada Motorizada de Rafaela intervino este sábado tras ser alertado por una discusión entre personas en inmediaciones de calle San Juan y Santiago Shine.

Según informaron fuentes policiales, los agentes realizaron una saturación en el sector y procedieron a identificar a un hombre de 32 años, quien fue aprehendido.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una motocicleta que contaba con pedido de secuestro vigente.

El sujeto y el rodado fueron trasladados a la Comisaría Primera, por razones de jurisdicción. En tanto, se dio intervención a la Fiscalía en turno, desde donde se impartieron las directivas correspondientes.