La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre en la ciudad de San Jorge en el marco de una causa por violencia de género y lesiones, con intervención de la fiscal Valeria Nittoli.

El procedimiento se realizó el 27 de abril alrededor de las 20:45, tras una denuncia que daba cuenta de una agresión física ocurrida en la vía pública.

De acuerdo a la información oficial, luego de la denuncia se llevaron adelante las actuaciones correspondientes, que incluyeron la constatación de lesiones en la víctima. Con estos elementos, la Fiscalía dispuso avanzar con la medida judicial.

La investigación fue desarrollada por la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género – Región I, que realizó tareas previas para dar con el presunto agresor.

Como resultado del operativo, los efectivos detuvieron a un hombre de 41 años, identificado como D. N. O., quien quedó alojado en la Comisaría 2ª de San Jorge, a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como:

El caso continúa en etapa investigativa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, mientras se evalúan las medidas judiciales correspondientes.

El hecho se suma a otros casos recientes en la región y vuelve a poner en agenda la problemática de la violencia de género y la necesidad de intervención temprana ante las denuncias.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre en la localidad de María Juana en el marco de una causa por violencia de género y lesiones graves, con intervención de la fiscal Valeria Nittoli.

El procedimiento se llevó a cabo el 29 de abril alrededor de las 18:30, luego de que la víctima denunciara reiterados episodios de agresión sostenidos a lo largo de los años.

Según se informó, la mujer presentaba lesiones de gravedad, entre ellas una fractura en una de sus manos, lo que motivó el avance de la investigación.

A partir de la denuncia y de las tareas realizadas por la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género – Región I, los efectivos lograron reunir elementos suficientes para proceder con la detención.

El acusado, un hombre de 51 años identificado como M. V., fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como:

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, mientras se avanza en el proceso judicial correspondiente.

El caso vuelve a poner en foco la importancia de denunciar situaciones de violencia de género y la intervención de los organismos especializados para proteger a las víctimas.

Siete personas, entre ellas tres niños y un bebé, debieron ser hospitalizadas tras un episodio de presunta intoxicación por monóxido de carbono en el barrio Amigorena, en la localidad mendocina de Las Heras. El hecho generó un operativo de emergencia luego de que se reportaran síntomas compatibles en un menor.

La situación se conoció a partir de un llamado de alerta que activó la intervención policial y sanitaria en el domicilio.

Según se informó, un hombre de 68 años relató que uno de los niños sufrió convulsiones, lo que motivó su traslado particular al hospital Notti, donde quedó internado para su evaluación.

En el lugar también fueron asistidos otros tres menores de 5, 6 y 9 años, junto a un bebé de seis meses y la madre de los niños, de 26 años. Todos fueron derivados para observación médica debido a la sospecha de intoxicación.

En tanto, el abuelo y otra persona de 31 años permanecieron bajo control sanitario preventivo.

Personal de Ecogas inspeccionó la vivienda, de características precarias y con ambientes reducidos, y no detectó pérdidas en la instalación de gas. Sin embargo, se informó la presencia de un fuerte olor a combustible en el interior del domicilio.

Además, se constató la presencia de dos motocicletas de 150 cc en el lugar, mientras que la empresa distribuidora dispuso un corte preventivo del suministro externo de gas.

A su vez, se solicitó la intervención de Bomberos para continuar con las pericias correspondientes.

En el caso tomó intervención la Oficina Fiscal de Las Heras, que inició las actuaciones para determinar las causas del episodio y establecer el origen de la intoxicación.

Santa Fe quedó involucrada en un operativo federal de alto impacto que desnudó una compleja trama de tráfico de armas y lavado de dinero con ramificaciones nacionales e internacionales.

La denominada investigación “Operación Armas Sin Fronteras”, encabezada por la Policía Federal Argentina (PFA), culminó con 140 allanamientos simultáneos en distintas provincias —entre ellas Santa Fe— y la detención de 35 personas.

El expediente, que se extendió durante dos años, fue impulsado por el Departamento Investigaciones Antimafia de la PFA, bajo la órbita del Juzgado Federal de Campana y con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO).

El punto de partida fue una denuncia vinculada a maniobras irregulares en la compra de armas de fuego. A partir de allí, los investigadores reconstruyeron un circuito que combinaba operaciones legales en apariencia con desvíos sistemáticos hacia el mercado negro, con presencia detectada también en territorio santafesino.

La organización operaba mediante el uso de “testaferros”: personas reclutadas —muchas veces en situación vulnerable— que prestaban sus datos para adquirir armas en el mercado formal. Las compras incluían pistolas semiautomáticas de marcas reconocidas y se realizaban en volúmenes que no guardaban relación con la capacidad económica de los supuestos compradores.

Según la pesquisa, parte del engranaje incluía responsables de armerías, gestores e instructores de tiro que facilitaban la tramitación de permisos y certificaciones. Incluso se detectó la participación de ex empleados del organismo nacional de control de armas, quienes habrían aportado conocimiento técnico para sortear controles.

Una vez obtenidas, las armas eran desviadas al circuito ilegal. En muchos casos, se adulteraban o eliminaban los números de serie y luego eran comercializadas tanto en Argentina como en países limítrofes, principalmente Chile y Uruguay.

Los investigadores señalaron que varias de estas armas fueron posteriormente secuestradas en hechos delictivos, lo que refuerza la hipótesis del alcance y peligrosidad de la organización. El flujo de dinero generado —en efectivo— era reinvertido en bienes muebles e inmuebles, configurando así una estructura de lavado de activos.

El operativo simultáneo abarcó múltiples provincias, incluida Santa Fe, donde también se concretaron procedimientos. En total, fueron detenidas 35 personas —31 hombres y 4 mujeres— sindicadas como integrantes de la red.

Durante los allanamientos, se secuestró un importante arsenal: escopetas, pistolas de distintos calibres, revólveres, fusiles, ametralladoras, carabinas, además de más de 43 mil municiones, cargadores, una máquina de recarga y hasta una granada. También se incautaron teléfonos celulares y estupefacientes.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia federal, mientras que las actuaciones continúan para determinar el alcance total de la organización y sus ramificaciones.

El Tribunal Oral Federal de San Juan condenó a tres integrantes de una familia perteneciente a la comunidad gitana radicada en la ciudad de Santa Fe, a cumplir la pena de 10 años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y doméstica agravada.

La sentencia fue dictada el pasado viernes 24 de abril por el juez Daniel Alejandro Doffo —tribunal unipersonal—, luego de la audiencia de determinación de pena, y se enmarca en un caso que tuvo amplia repercusión por su vinculación con prácticas culturales de la comunidad gitana.

Los condenados —Alberto Cristo (45), Isabel Cristo (46) y el hijo de ambos, Franco Gustavo Cristo (23)— fueron considerados coautores del delito de trata de persona, con agravantes por la participación de tres o más personas, la minoría de edad de la víctima, la convivencia con la misma y el aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad, entre otros.

El magistrado también dispuso la prórroga de la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme, el decomiso de una camioneta Ford Ranger utilizada durante el procedimiento y un embargo sobre otros vehículos de la familia. Asimismo, fijó una reparación económica a favor de la víctima por un monto de 75 millones de pesos, junto con medidas de reparación no económica.

En el caso de Isabel Cristo, el tribunal ordenó que la pena sea cumplida bajo el régimen de prisión domiciliaria, mientras que rechazó un planteo similar formulado en favor de Alberto Cristo. El juicio se inició el 9 de abril y se extendió hasta el 22 del mismo mes, fecha en que los tres fueron declarados culpables.

La investigación judicial giró en torno a la situación de una adolescente que, según la acusación, era sometida a condiciones de explotación laboral en el marco de prácticas asociadas a la comunidad gitana, en particular la venta ambulante en la ciudad de Santa Fe.

Durante el debate, la fiscalía, a cargo de los Dres. Fernando Alcaraz, Virginia Rodríguez y Alejandra Mángano (esta última, titular de la PROTEX), sostuvo que la menor era obligada a trabajar en condiciones que configuraban explotación, aprovechando su situación de vulnerabilidad y su inserción en un grupo familiar con escaso acceso a la educación formal.

A ello se sumaron otros indicadores típicos del delito de trata, que —según la acusación— permitieron acreditar la consumación del ilícito por el que solicitaron penas de 14 años de cárcel para el matrimonio y 11 para el hijo.

Al momento de fijar la pena, el juez ponderó estos elementos junto con factores atenuantes vinculados al contexto sociocultural de los imputados, como su condición de analfabetismo y las prácticas tradicionales de su comunidad. No obstante, concluyó que la gravedad de los hechos y la cantidad de agravantes justificaban la imposición del mínimo legal previsto, que asciende a 10 años de prisión.

La acusación sostuvo que la víctima —identificada como V.S.Y.— fue sometida a una unión forzada a los 13 años con Franco Cristo -que entonces tenía 20 años-. El casamiento se realizó entre marzo y abril de 2022 en la provincia de Neuquén, en el marco de un rito tradicional que incluyó el pago de $825.000 por parte de la familia del joven a los padres de la adolescente.

Pero existen dos etapas posteriores en la que el bloque acusador sostuvo -primero- que durante la convivencia posterior, en una casa del barrio santafesino de Cabaña Leiva la menor habría sido obligada a realizar tareas domésticas, venta ambulante e incluso trabajó durante su embarazo, además de recibir violencia física y psicológica por parte de los padres de su esposo.

La etapa final se sitúa entre diciembre de 2024 y abril de 2025, cuando la joven pareja, junto al hijo de ambos, viajaron a San Juan para visitar a los padres de la mujer. Puntualmente el 5 de abril se produjo la detención de los tres integrantes de la familia Cristo, cuando los padres de la joven denunciaron que quisieron llevársela contra su voluntad.

La defensa, a cargo de los abogados santafesinos Claudio Torres del Sel, Julieta Carnaval y Francisco García Rossi, adelantó que recurrirá la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal. “Nosotros vamos a ir en Casación, con argumentos procesales y de fondo”, señaló García Rossi, que fue quien viajó a San Juan al debate.

En ese sentido, cuestionó la validez de la audiencia de control de acusación, al sostener que fue llevada adelante por un juez que ya había intervenido previamente en el caso en instancias vinculadas a la prisión preventiva. Según indicó, ello vulneraría criterios fijados por la jurisprudencia, en particular en relación con la imparcialidad del juzgador en etapas clave del proceso.

Además, criticó la actuación de la Defensoría de Víctimas, al señalar que “no se presentó al juicio ni dio la versión de los hechos de la víctima ni su posición”, lo que —a su criterio— afectó el desarrollo del contradictorio.

En cuanto al fondo del asunto, García Rossi sostuvo que no existen elementos suficientes para acreditar la explotación laboral. “Creemos que no hay prueba de que la menor estuviera siendo explotada por trabajar como hacen todos los gitanos vendiendo en el centro”, afirmó García Rossi, quien además consideró que la pena impuesta resulta desproporcionada.

“No son una banda de tratantes”, enfatizó el letrado, aunque reconoció que “había muchos indicadores de trata que los tomaron uno por uno aislados y terminaron condenando”. En esa línea, también mencionó que estaba acreditado que la adolescente pretendía abandonar su hogar para casarse, lo que —según la defensa— debía ser considerado al analizar el contexto del caso.

Finalmente, el abogado remarcó que la fiscalía había solicitado una pena de 14 años de prisión, pero que el tribunal optó por el mínimo legal en función de los factores atenuantes. “Los condenaron por el mínimo, que era muy alto porque tenía muchas agravantes”, concluyó.

El caso continuará ahora en la instancia de revisión, ante la Cámara Federal de Casación Penal, donde se analizarán tanto los planteos procesales como la valoración de la prueba realizada por el tribunal de juicio.

El Litoral

Agentes de la Guardia Provincial identificaron a dos camioneros con alcoholemia positiva durante controles viales realizados en distintos puntos del territorio santafesino. En ambos casos, los conductores fueron sancionados y se les prohibió continuar la circulación.

El primer procedimiento tuvo lugar en la intersección de la RN A012 y la RN 34, donde personal de la Brigada Motorizada Zona Norte realizó un test de alcoholemia a un transportista oriundo de Tucumán.

El resultado fue de 2,09 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel que supera ampliamente los límites permitidos para conductores profesionales, que deben tener alcoholemia cero.

En otro operativo, realizado sobre la Ruta Nacional 19 a la altura del kilómetro 122, en jurisdicción de Josefina, efectivos de la Unidad Operativa Regional 2 detuvieron a un conductor de un vehículo de gran porte.

Al practicarle el control, el resultado arrojó 0,22 gramos de alcohol en sangre, también por encima del límite permitido.

En ambos procedimientos, los agentes:

Las autoridades reiteraron la importancia de respetar las normas de tránsito, especialmente en el transporte de cargas, donde el consumo de alcohol representa un riesgo elevado para todos los usuarios de la vía.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo en Rafaela a un hombre de 51 años acusado de abuso sexual con acceso carnal reiterado.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género (Área Rafaela), en el marco de una causa que investiga un hecho de extrema gravedad.

Según se informó, la investigación se inició a partir de una denuncia online realizada en mayo de 2025, en la que la madre de un niño de 7 años manifestó que su hijo habría sido víctima de abuso por parte de la pareja de su abuela paterna.

A partir de esa presentación, se desarrollaron tareas investigativas que permitieron avanzar en la identificación del sospechoso.

Por disposición de la fiscal interviniente, Dra. Gabriela Lema, el pasado miércoles se concretó la detención del imputado, identificado como M. G., y el secuestro de un teléfono celular marca Samsung, que será analizado en el marco de la causa.

El hombre fue trasladado y alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional V, donde quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones judiciales.

Personal de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional V logró recuperar una motocicleta que había sido sustraída en la localidad de Esmeralda, en un hecho ocurrido durante la víspera.

Según informaron fuentes oficiales, efectivos de la Subcomisaría Nº 23 fueron anoticiados sobre el robo de una motocicleta marca Honda, modelo Biz, que había sido sustraída desde el frente de unas oficinas.

Tras tomar conocimiento del hecho, los agentes iniciaron tareas inmediatas de búsqueda, lo que permitió localizar e incautar el birrodado en poco tiempo.

El rodado recuperado quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes y avanzar en la investigación del hecho.

Personal de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional V llevó adelante un procedimiento en la ciudad de Sunchales, donde se procedió al secuestro de una bicicleta que se encontraba en estado de abandono.

El hecho ocurrió en la víspera, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico realizaban recorridas preventivas y detectaron el birrodado en un pasaje interno, sin que se pudiera identificar a su propietario en el lugar.

Según informaron fuentes policiales, se trata de una bicicleta marca Firebird, color blanca con detalles en lila, rodado 27.5, la cual no presentaba custodia ni indicios inmediatos de pertenencia.

Ante esta situación, los agentes procedieron a su secuestro preventivo y posterior traslado a la Comisaría Nº 3, donde quedó a disposición para establecer su procedencia y posible restitución a su dueño.

Un accidente de tránsito se registró en la mañana del miércoles en la zona rural de Brinkmann, en cercanías del sector conocido como La Flor, a unos seis kilómetros al noroeste de la ciudad.

El hecho ocurrió antes de las 9 del miércoles, cuando la conductora de un automóvil perdió el control del vehículo por causas que se investigan y terminó volcando sobre uno de sus laterales.

Tras el siniestro, la mujer fue asistida en el lugar por un automovilista que circulaba por la zona, quien decidió trasladarla por sus propios medios al hospital Dr. Saieg Saleg, antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Como consecuencia del vuelco, el vehículo sufrió daños materiales. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Brinkmann, quienes realizaron tareas de seguridad y control de la escena.

Las circunstancias que originaron el accidente son materia de investigación.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Rafaela que derivó en la detención de una pareja vinculada a la venta de drogas, en el marco de una causa iniciada por un hecho de hurto ocurrido el pasado 12 de abril.

El operativo fue realizado por personal de la División Especial Robo y Hurto de la Región V, como parte de tareas investigativas orientadas al esclarecimiento del ilícito.

El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Luis Maggi al 1900, donde los agentes detuvieron a una mujer de 35 años y un hombre de 29.

Además, durante el allanamiento se procedió al secuestro de estupefacientes y otros elementos de interés para la causa.

Entre los elementos secuestrados, la PDI detalló:

Los investigadores señalaron que la droga se encontraba preparada para su venta, lo que permitió ampliar la causa hacia un posible caso de microtráfico.

El fiscal de turno, Dr. Adrián Soria, dispuso el secuestro de todos los elementos hallados y la detención de los implicados, identificados como Leila G. y Angelo D. O.

Ambos fueron trasladados a la Alcaidía de la Unidad Regional V, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Un accidente de tránsito se registró en la noche del martes sobre la Ruta Provincial N° 1, a la altura del kilómetro 75, en jurisdicción de Colonia Iturraspe, lo que motivó un operativo de la Asociación Bomberos Voluntarios de Freyre.

El siniestro fue reportado a las 21:50, momento en que se activaron las alarmas tras un llamado de la Policía que alertó sobre el hecho.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron la participación de dos vehículos:

En el lugar trabajaron 13 bomberos distribuidos en dos dotaciones, con las unidades de rescate N° 15 y N° 11. Además, colaboraron:

El operativo estuvo a cargo del Jefe del Cuerpo Activo, Guillermo Rittiner.

Tras completar las tareas correspondientes en la escena, las unidades regresaron a base alrededor de las 23:00, sin registrarse novedades adicionales.

Un accidente se registró en la noche del miércoles sobre la Ruta 13, a la altura del Aeroclub de San Jorge, en un sector donde se desarrollan trabajos de alcantarillado.

El hecho ocurrió después de las 22 horas y generó un amplio operativo con la intervención de tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del SIES 107, efectivos de la Comisaría II y agentes de tránsito municipal.

De acuerdo a las primeras informaciones, el siniestro involucró a un camión y una motocicleta que se trasladaban en el mismo sentido, de norte a sur. Por causas que aún se investigan, el camión impactó contra un equipo electrógeno que alimenta las luces y el sistema de balizamiento instalado por la empresa que trabaja en el lugar.

El estruendo del choque fue de tal magnitud que alertó a vecinos del sector, quienes manifestaron su preocupación por la reiteración de incidentes en ese sector. “Creo que algo no está bien señalizado porque dos por tres pasa algo”, señalaron.

Como consecuencia del impacto, tanto el conductor del camión como el motociclista fueron trasladados a centros de salud de la ciudad. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre la gravedad de las lesiones, aunque en principio no serían de carácter grave. 

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre en Rafaela en el marco de una causa por lesiones graves calificadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio.

El procedimiento se llevó adelante el miércoles mediante tres allanamientos realizados por personal de la Sección Homicidios y Abuso de Arma. Se concretaron en distintos domicilios de la ciudad, ubicados en la zona de calles Miguel Cetta y Brunelli, barrio 2 de Abril.

Como resultado de los operativos, en una vivienda de calle Miguel Cetta al 1000 se concretó la detención de un hombre identificado como O. A. V., quien era requerido por la investigación. Durante la intervención, los efectivos también secuestraron 220 gramos de marihuana que se encontraban en poder del detenido.

Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Martín Castellano, el sujeto fue notificado por los delitos de lesiones graves calificadas por el uso de arma de fuego, violación de domicilio y tenencia simple de estupefacientes para consumo personal.

Posteriormente, fue identificado dactiloscópicamente y trasladado a la Alcaidía local, quedando a disposición de la Justicia. 

El cuerpo de una mujer sin vida, en avanzado estado de descomposición, fue hallado en la tarde del martes 28 de abril en un departamento ubicado en el complejo de viviendas Latinoamérica, ubicado en barrio Cura, en el macrocentro de Rosario.

Personal policial fue hasta la zona luego de recibir un llamado al 911 en el cual un vecino comentó que había olor nauseabundo que salía del departamento de una vecina, a la que hacía tiempo no veía.

Un rato más tarde, y con la ayuda de un familiar de la dueña del departamento ubicado en inmediaciones de Brandazza al 2800, varios uniformados ingresaron en la vivienda y encontraron el cuerpo, que se presume habría fallecido varias semanas atrás.

Por el momento, no se difundió la identidad de la víctima ni su edad. En el lugar trabajó personal médico y forense. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia y conocer si se trató de una muerte natural o por intervención de terceros.

La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, a través del Departamento Operativo Región I – Distrito San Martín, intervino en una causa por extorsión y chantaje en la ciudad de El Trébol.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de un hombre de 78 años, quien manifestó que desde el 9 de abril recibía llamadas y mensajes en los que le exigían dinero a cambio de no divulgar una relación personal. Como consecuencia, realizó tres entregas de dinero, totalizando aproximadamente $1.000.000.

A partir de tareas investigativas que incluyeron análisis telefónicos, relevamiento de cámaras de seguridad, tareas de campo y cruces de información, se logró establecer la presunta participación de dos mujeres domiciliadas en esa ciudad, identificadas como S. S. V. (23) y M. E. P. (25), quienes habrían retirado el dinero utilizando una motocicleta.

Con la correspondiente orden judicial, personal de PDI, con colaboración del GOT de la Unidad Regional XIII, realizó un allanamiento en un domicilio de calle Belgrano al 500, donde se concretó la aprehensión de ambas mujeres.

Durante el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo en pesos y dólares, prendas de vestir, un casco y la motocicleta presuntamente utilizada para concretar las maniobras investigadas.

Por disposición de la fiscal interviniente, las mujeres fueron notificadas de la causa y posteriormente quedaron detenidas, siendo alojadas en la Alcaidía de Sastre.

Un tribunal de segunda instancia revocó una sentencia absolutoria y condenó a nueve años y seis meses de prisión a un hombre por una tentativa de homicidio agravado cometida en Rafaela. La resolución fue adoptada por el camarista Cristian Fiz, tras un recurso presentado por la fiscal Lorena Korakis.

El condenado, Sergio Daniel Fontanetto, fue hallado culpable de los delitos de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, portación de arma de fuego de uso civil y resistencia a la autoridad. La pena se unificó con una condena previa de dos años y seis meses de prisión condicional.

El caso había tenido un giro significativo: en agosto de 2024, Fontanetto fue absuelto en un juicio oral e incluso declarado inimputable. Sin embargo, la Fiscalía apeló la decisión al considerar que el tribunal de primera instancia no había valorado correctamente las pruebas.

Según explicó Korakis, en la audiencia de apelación se expusieron testimonios y evidencias científicas que acreditaban la participación activa del acusado y su capacidad de comprender la criminalidad de sus actos.

El camarista Fiz coincidió con ese planteo y rechazó la existencia de duda razonable, lo que derivó en la condena.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 18 de abril de 2022, entre las 15:45 y las 16:00, en inmediaciones de calle 26 de Enero al 300.

El condenado se encontraba en la vereda de su domicilio con un rifle semiautomático calibre .22, sin autorización legal. En ese contexto, disparó en reiteradas ocasiones contra un automóvil que pasaba por el lugar, conducido por una mujer.

La víctima resultó herida en el brazo derecho y en ambas manos.

Luego del ataque inicial, el hombre también efectuó disparos contra tres vecinos que se encontraban en la vía pública, provocándoles lesiones en distintas partes del cuerpo.

El episodio continuó cuando personal policial llegó al lugar. Según la acusación, Fontanetto apuntó con el arma a los efectivos con fines intimidatorios, lo que derivó en la imputación por resistencia a la autoridad.

La fiscal sostuvo que el accionar del condenado evidenció una clara intención de matar, destacando que utilizó un arma de fuego con conocimiento de su potencial letal y que no logró concretar el resultado por circunstancias ajenas a su voluntad.

La causa fue impulsada por el Ministerio Público de la Acusación.

Un joven de 18 años quedó en prisión preventiva en la ciudad de Rafaela, acusado de haber participado en un violento ataque con arma de fuego contra otra persona dentro de su vivienda. La medida fue dispuesta por el juez Javier Bottero a pedido del fiscal Martín Castellano, en una audiencia realizada en los tribunales locales.

El imputado, identificado por sus iniciales B.L.A., deberá permanecer detenido durante 40 días mientras avanza la investigación.

Según detalló el fiscal, el ataque ocurrió el jueves de la semana pasada entre las 13:30 y las 14:00 en una vivienda ubicada en calle Mahatma Gandhi al 2500, en barrio 2 de Abril.

De acuerdo a la investigación, el joven imputado y otra persona —que permanece prófuga— ingresaron sin autorización al patio trasero del domicilio. Mientras uno de ellos permaneció en el exterior, el otro accedió a una de las habitaciones a través de una ventana portando un arma de fuego calibre .22.

En ese contexto, el accionar coordinado permitió reducir la capacidad de defensa de la víctima, quien recibió un disparo que le provocó lesiones graves en el brazo izquierdo.

Tras el ataque, ambos agresores escaparon del lugar. El joven ahora detenido huyó por el frente de la vivienda, donde fue atacado por perros, lo que le provocó heridas.

El imputado logró retirarse inicialmente, pero posteriormente fue aprehendido por personal policial en el hospital local, al que había acudido para recibir atención médica por las lesiones sufridas durante la fuga.

Durante la audiencia, el fiscal Castellano sostuvo que existen múltiples evidencias que vinculan al acusado con el hecho, lo que fue valorado por el juez al momento de resolver la medida cautelar.

El magistrado también consideró que, en caso de ser condenado, el joven podría enfrentar una pena de cumplimiento efectivo, dada la gravedad del delito y sus consecuencias.

Además, se evaluaron los riesgos procesales, especialmente la necesidad de proteger a la víctima y a los testigos, quienes residen en el mismo barrio. En ese sentido, el juez entendió que las medidas alternativas propuestas por la defensa no resultaban suficientes.

Al imputado se le atribuye la coautoría de los delitos de lesiones graves dolosas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio.

La causa es investigada por el Ministerio Público de la Acusación.

Un hombre de 32 años conocido como “El Reptil” fue detenido este martes en la ciudad de Córdoba, acusado de protagonizar una serie de robos en locales comerciales de la zona norte. El sospechoso contaba con pedido de captura y había sido registrado por cámaras de seguridad mientras ingresaba a los comercios con una modalidad particular: se arrastraba por el piso para evitar los sensores de alarma.

Uno de los episodios que generó mayor impacto ocurrió en un local ubicado sobre la avenida Rafael Núñez, donde además de cometer el robo, el delincuente defecó en el interior del comercio. También se lo vincula con otro hecho similar en un negocio de calle Luis José de Tejeda.

Comerciantes de la zona aseguraron que no se trató de un hecho aislado. Leandro, propietario de uno de los locales afectados, explicó que en los últimos meses sufrieron varios ingresos con la misma mecánica. “Han entrado dos o tres veces, es muy notoria la forma en la que lo hacen para esquivar los sensores”, relató en declaraciones a medios locales.

El procedimiento se inició durante la mañana del martes, cuando un comerciante alertó a la Policía tras observar a un hombre descendiendo desde los techos de una vivienda. A partir de ese aviso, se desplegó un operativo cerrojo en distintos puntos del sector.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso intentó escapar desplazándose por los techos de varias casas, pero finalmente fue interceptado y reducido en la zona de avenida Carlos Gauss al 5800.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron distintos elementos, entre ellos prendas de vestir, un compresor de aire y un rollo de alambre de concertina.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar su participación en otros hechos similares registrados en la zona.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y en coordinación con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este miércoles el derribo de un búnker de venta de estupefacientes en la ciudad de Las Parejas, el primero en el departamento Belgrano.Se trata de la inactivación número 114 en todo el territorio provincial desde la implementación de la Ley de Microtráfico, promulgada a fines de 2023 en el marco de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Los procedimientos se desarrollan desde comienzos de 2024 mediante un trabajo articulado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía y, en algunos casos, fuerzas federales y gobiernos locales. 

La normativa contempla la clausura y demolición de puntos de venta de drogas y de inmuebles asociados a dinámicas de violencia altamente lesiva. Según fuentes oficiales, el objetivo es desarticular estructuras de narcomenudeo y reducir su impacto en barrios y zonas urbanas.El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó la relevancia del operativo al señalar que “este primer derribo en el departamento Belgrano muestra que se consolida el trabajo de investigación del Ministerio Público de la Acusación junto con el Ministerio de Justicia y Seguridad”. En esa línea, subrayó que la Ley de Microtráfico “resultó ser una herramienta clave para combatir el narcomenudeo, porque apunta a espacios donde se genera violencia”.Pereira advirtió que “la venta de estupefacientes es, en sí misma, una actividad violenta, especialmente cuando se instala en zonas residenciales cercanas a escuelas y clubes”. Además, indicó que tras la demolición se mantienen controles sobre el lugar para evitar nuevas ocupaciones. 

Por su parte, la fiscal Mercedes Banchio precisó que la investigación se inició a partir de denuncias vecinales y permitió documentar al menos siete maniobras vinculadas a la comercialización de drogas. 

Con esa evidencia se autorizó un allanamiento, en el que se secuestraron elementos para fraccionamiento, balanzas de precisión, más de 60 gramos de cocaína y más de 130 gramos de marihuana. 

La funcionaria judicial confirmó que hay personas identificadas con pedido de captura vigente. También indicó que un adulto permanece detenido y es investigado por su presunta participación en los hechos, mientras que menores fueron puestos a disposición de la Justicia correspondiente. Otros sospechosos continúan prófugos y, según la causa, serían quienes administraban el punto de venta.En relación con el inmueble, Banchio explicó que pertenece a un vecino que lo había alquilado de buena fe. “Con el tiempo detectó irregularidades en el pago y comenzó a sospechar de la actividad que se desarrollaba en el lugar, por lo que se puso a disposición de la Justicia y aportó información relevante para la investigación”, concluyó.