Un proyecto de ordenanza firmado por Bryan J. Mayer ingresó al Concejo Municipal rafaelino días atrás con un objetivo claro: frenar el cobro irregular de derechos de autor a organizaciones como SADAIC y AADI-CAPIF. Sucede que en 2024 el presidente de la Nación firmó el Decreto 765/2024 que redefine el concepto de “ejecución pública” que se menciona en la Ley 11.723. Esas dos herramientas son las que regulan los derechos de autor y, con la nueva interpretación, fiestas privadas no deberían pagar más esos ítems. La Justicia santafesina intervino a favor de padres en la ciudad de Santa Fe.

Mayer había denunciado que “en algunos casos se cobra hasta 9 millones de pesos pese a que el decreto está plenamente vigente” y que se trataba de “una avivada porque se confunde a la gente para seguir cobrándoles, mientras se juega con la ilusión de la fiesta que quieren celebrar”.

El funcionario nacional pidió a los vecinos que “no se dejen engañar y no acepten cláusulas tramposas que los obliguen a pagar de una u otra manera, porque los están estafando” e invitó a que se denuncie a quienes les exijan el pago de todas formas. Así lo hicieron en la capital provincial.

El abogado Rodolfo Carlos Comoretto fue quien lideró la acción de amparo en nombre de cinco establecimientos educativos meses atrás ante la justicia. Según se conoció, la tensión del caso se disparó cuando las organizaciones colectivas presionaron a los titulares del salón con derivar el cobro a ellos, como institución, si los padres de los egresados no abonaban lo exigido. Algo similar a lo que se viene denunciando en Rafaela y la región, según comentó el propio Mayer.

Tras la presentación judicial, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 6ta nominación de Santa Fe hizo lugar a la medida cautelar y el cobro queda suspendido hasta que se dicte una sentencia firme.

A un año de la nueva regulación que exime del pago de los derechos de reproducción de música en fiestas privadas, el tema sigue generando debate a nivel nacional. Es que las entidades gestoras de derechos de autor lo siguen percibiendo e intiman a los salones de fiestas a abonarlo y estos, a su vez, trasladan el costo al cliente. No obstante, desde la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia de Santa Fe confirmaron que no corresponde pagar ese canon en el caso de fiestas privadas.

Valeria Schvartz, directora de Defensa del Consumidor -que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo- fue categórica al respecto: "La regulación es clara. Todo lo que sea fiestas privadas, el consumidor no tiene que pagar nada por Sadaic. Si quiero organizar una fiesta, un cumpleaños de 15, un casamiento, contrato el salón y no me corresponde a mí pagar ese cargo".

Aclaró que, si existe un reclamo de Sadaic hacia el propietario del salón, "es otra cuestión y otro tipo de relación comercial", pero enfatizó: "Como consumidor particular, la entidad no me puede reclamar ese pago. No corresponde y no deben hacerlo".

Sobre los casos en que sí hay cobro, volvió a diferenciar: "Sadaic lo que hace es reclamar el pago cuando hay una fiesta que se cobra una entrada, por ejemplo, un recital o algún otro tipo de espectáculo. Ahí sí les cobran un porcentaje, pero se lo cobran a los organizadores, no a los consumidores".

La funcionaria confirmó que habló con escuelas que recibieron intimaciones: "Las instituciones educativas no tienen por qué pagar nada por los eventos que hacen y que, generalmente, son a beneficio de la cooperadora escolar. Salvo que hagan algún recital privado con cobro de entradas -algo muy raro para una escuela- no corresponde pagar Sadaic".

Esta semana, un fallo judicial frenó, mediante una medida cautelar, los aranceles que cobran entidades gestoras de derecho de autor en fiestas de egresados. Los abogados que impulsaron el recurso destacaron que son eventos cerrados, con lista de invitados y sin lucro, por lo que los cinco colegios a los que representaron, están exentos de esos cánones de acuerdo a un decreto nacional.

El conflicto más frecuente surge cuando determinados salones de fiesta trasladan el canon a las familias. Al respecto, Schvartz fue tajante: "Los consumidores no tienen que pagar, tienen que negarse a pagar el canon de Sadaic. En todo caso, es un problema de relación comercial entre el salón y Sadaic. Pero a mí, como consumidor, no me pueden cobrar el cargo".

Admitió que, en caso de haber pagado, "lo que les queda es hacer una acción de restitución", aunque advirtió que es "engorroso y suele salir más caro" que el monto reclamado. Por eso reiteró: "No corresponde que lo paguen. Y no deberían tener ninguna consecuencia si se niegan".

Schvartz explicó por qué hay familias terminan abonando a pesar de que no corresponde: "Los salones se aprovechan de la situación. Están con toda la organización de las graduaciones, las reservas hechas y la fecha encima… y juegan con la angustia que genera pensar en perder toda la fiesta. Lamentablemente, la mayoría termina pagándolo".

En Defensa del Consumidor de la provincia, "hoy no tenemos reclamos formales, pero sí muchas consultas. Estamos saliendo a informar para que la gente sepa. Porque no corresponde que paguen y hay mucho desconocimiento".

Por su parte, el empresario del rubro, Marcelo Mansilla explicó que el conflicto muchas veces no se da entre Sadaic y los salones, sino entre los salones y las familias, cuando estos últimos trasladan un costo que no deberían cobrar.

Sin embargo, reconoció que hay excepciones: "Hay algunos pocos salones que, por temor a represalias de las recaudadoras, amenazas con cartas documento o facturas unilaterales, se ven obligados a exigirle a la gente que pague. Ahí surge el conflicto, porque la gente sabe que no tiene que pagar y empieza un problema entre salón y cliente".

Para el entrevistado, esa tensión deriva de que los cobradores intimidan directamente al local de eventos y estos, por miedo, terminan descargando el costo en quienes contratan la fiesta. "Nosotros aconsejamos que se junten y denuncien al cobrador, con nombre, apellido y documento, para que deje de hostigar, amenazar o extorsionar. La gente tiene todas las herramientas", aseguró.

El empresario consultado confirmó que hay una forma consensuada de proceder cuando Sadaic o Aadi-Capif se presentan en una fiesta privada, generada por la Federación Argentina de la Industria de Eventos (Fadide), a la que adhieren las cámaras de varias provincias. El protocolo de actuación incluye modelos de contestación a cartas documento o a facturas emitidas de manera unilateral.

"Cuando los cobradores se presentan en un evento, hay que informarles, mostrarles la lista de invitados, decirles que es una fiesta privada y que se tienen que retirar. Si la situación se pone pesada, hay que llamar a la Policía porque están alterando el orden público", sugirió, sin medias tintas.

Mansilla sostuvo que Sadaic viene perdiendo en sus distintas instancias de reclamo. "Intentó frenar la medida con cautelares que fueron rechazadas por jueces federales (Lavié Pico y Carrillo), y también perdió una demanda contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien había habilitado un canal de denuncias para quienes fueran obligados a pagar", dijo. Y añadió que "aunque Sadaic hizo circular una nota con un fallo favorable de la Cámara de Apelaciones de Paraná, este solo aplica a fiestas de 2018 y 2019, por lo tanto, no es válido para el contexto actual".

Además, mencionó que "distintas defensorías y gobiernos municipales y provinciales pusieron a disposición oficinas de Defensa del Consumidor para evitar estos cobros indebidos, e incluso ya se registraron devoluciones de pagos efectuados luego de la norma".

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APLICACIÓN DEL DECRETO 765-2024- SALONES DE FIESTAS CON LOGOS by El Litoral

Las familias o instituciones que sean intimadas al cobro de Sadaic o Aadi-Capif para fiestas privadas (cumpleaños, casamientos, recepciones de egresados, actos escolares sin entrada paga) pueden realizar el reclamo formal en las siguientes vías:

A través de la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor o en el sitio nacional: www.argentina.gob.ar

Por teléfono al 0800-555-6768 (opción 3), disponible para toda la provincia. O de manera presencial en: Santa Fe capital: bulevar Pellegrini 3100, sede central de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor; en Rosario: Mitre 930, delegación oficial; o en cualquier oficina municipal o comunal de Defensa del Consumidor cercana.

Es importante siempre pedir y adjuntar pruebas como presupuestos, contratos, listas de invitados y mensajes donde figure el cobro del canon.

Actualmente, en la ciudad de Rafaela se está viviendo un importante conflicto relacionado con el pago de los derechos de autor por parte de los organizadores de eventos y de los jóvenes que buscan abaratar costos en las graduaciones de fin de año.

La controversia surgió tras la aplicación del decreto 765/2024, que modifica el régimen de derechos de autor y establece que aquellos que obtienen un beneficio por la utilización pública de contenidos protegidos deben abonar una remuneración. Este decreto afecta directamente a los salones de fiesta, generando un fuerte debate entre los organizadores de eventos y las entidades como SADAIC y AADI-CAPIF, encargadas de la gestión de los derechos de los autores y productores musicales. 

En este contexto, surgen cuestionamientos sobre el monto a pagar y la forma en que se deben aplicar estos derechos, lo que ha generado una serie de reclamos y posturas encontradas en la comunidad rafaelina.

De hecho, desde la sanción del decreto 765/2024, que modifica el régimen de derechos de autor, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) ha expresado su rechazo y ha iniciado acciones legales para impugnarlo. En diálogo con Radio Rafaela, Guillermo Ocampo, director general de la entidad, aseguró que la norma “roza la inconstitucionalidad” y afecta el derecho de propiedad de los creadores musicales.

Uno de los principales puntos de conflicto es la aplicación del decreto a los salones de fiesta (y no a los organizadores del evento), lo que ha generado posturas a favor y en contra. “Más allá del debate constitucional, el mismo decreto establece que quien obtenga un beneficio directo o indirecto por la utilización pública de contenidos protegidos debe pagar un derecho de remuneración”, explicó Ocampo.

En este sentido, desde SADAIC consideran que los salones de eventos lucrativos (como puede suceder con la Sociedad Rural de Rafaela) entran en esta categoría, ya que alquilan espacios y utilizan música protegida, generando ingresos a partir de ella. “No nos cabe la menor duda de que deben pagar por el uso de obras protegidas”, sostuvo el directivo.

El debate llegó a Rafaela con el reclamo de padres y estudiantes organizadores la graduación de fin de año, quienes se manifestaron en contra del cobro de derechos de autor en fiestas privadas. “Sabemos que esto generó un fuerte debate en la comunidad y estamos buscando una solución que contemple todas las posturas sin afectar nuestros derechos”, afirmó Ocampo.

El directivo confirmó que SADAIC ya había respondido previamente a la Sociedad Rural sobre su postura, pero que, tras la reciente reunión con el Concejo Municipal de Rafaela, están evaluando alternativas. “Nos interesa proteger el derecho de los autores y compositores, pero también buscamos una salida que contemple el interés de todas las partes”, subrayó.

Otro punto de controversia es el monto que deben abonar los organizadores de eventos. En Rafaela se habló de un pago de 9 millones de pesos en concepto de derechos de autor, cifra que Ocampo aseguró desconocer. Además, explicó que SADAIC cobra un 4% del total, mientras que AADI-CAPIF percibe un 8% por los derechos de los intérpretes y productores fonográficos. “Muchas veces se suma el porcentaje de ambas entidades y se cree que SADAIC cobra el 12%, pero eso no es así”, aclaró.

Ocampo sugirió que también se consulte la postura de AADI-CAPIF, ya que ambas organizaciones intervienen en la regulación del pago de derechos musicales en eventos públicos.

Mientras tanto, el conflicto sigue abierto. Por lo pronto, desde SADAIC ratificaron que el impuesto deben abonarlo de todas maneras y que el canon (es decir, el porcentaje a pagar) debería definirse en los próximos días.

Este lunes, los concejales de Rafaela se reunieron con Claudio Gastaldi, gerente de la Sociedad Rural, para continuar con las discusiones sobre los impuestos que SADAIC y AADI CAPIF imponen a los organizadores de eventos, especialmente a las graduaciones de fin de año.

El encuentro fue una extensión de la reunión mantenida la semana pasada con un grupo de padres de distintas comisiones de egresados, quienes habían solicitado asesoramiento sobre la necesidad de abonar dichos tributos en los eventos escolares. Los padres expresaron su preocupación respecto a la obligatoriedad de estos pagos. 

En su intervención, Gastaldi aseguró que el salón continuará cobrando los impuestos correspondientes de SADAIC y AADI CAPIF hasta que exista una resolución judicial clara sobre el tema. 

La reunión en el Concejo Municipal sigue siendo una plataforma para analizar y gestionar posibles soluciones a esta problemática, que afecta a muchas familias y organizaciones en la ciudad.

El debate sobre el pago de derechos de autor en eventos privados sigue generando posiciones encontradas tanto en Rafaela como en la región.

Sergio Grazioli, cantante y compositor rafaelino, pasó por el estudio de Radio Rafaela y ofreció su mirada como músico sobre el rol de SADAIC y AADI CAPIF, destacando la importancia de estos organismos para proteger a los artistas.

"Es el derecho que yo cobro por las obras que he compuesto y que toco en algunos espectáculos", explicó al respecto.

Para ejemplificar, relató una experiencia personal: "Hace años escribí ‘Lunes de lluvia en Santa Fe’. No la había grabado, pero la tenía registrada en SADAIC. De repente, empecé a recibir dinero de Colombia porque la canción se estaba tocando allá. Eso demuestra la honestidad de quienes registraron la interpretación y enviaron los pagos correspondientes”.

Para Grazioli, el derecho de autor no debe estar en discusión, pero sí el monto de los aranceles que se aplican. "Hay gente que dice que SADAIC cobra excesivamente. Bueno, eso se puede discutir, pero con la comisión directiva de SADAIC y a través de abogados", sostuvo.

Por otro lado, el músico explicó las diferencias entre los dos organismos:

"Si un artista graba una canción y la radio informa que la está pasando, ese músico cobra un porcentaje por cada reproducción. Es un derecho legítimo", agregó.

Grazioli hizo una aclaración clave sobre el alcance del cobro de derechos de autor. "Si organizás una fiesta privada en tu casa y ponés música, nadie te va a cobrar. Ahora, si organizás un evento en un salón, donde pagás catering, personal y contratás una orquesta, ahí sí hay que pagar los derechos de autor", explicó.

El debate sobre la aplicación del decreto 765/2024, que exime del pago a los eventos privados, sigue generando confusión. Mientras algunos organizadores afirman que no deberían exigirse estos pagos en recepciones y casamientos, los músicos defienden su derecho a recibir regalías por sus obras.

"Es un tema que debe discutirse con seriedad y no desde la desinformación. La música es el trabajo de muchos artistas, y su derecho debe ser respetado", concluyó Roberto.

El conflicto entre los organizadores de eventos y las entidades de gestión de derechos de autor, como SADAIC y AADI CAPIF, sigue sin resolverse en prácticamente todo el país. No obstante, en Rafaela ha cobrado protagonismo a raíz de las quejas de los padres por el costo del impuesto en las graduaciones.

A pesar del decreto 765/2024, que establece la exención de pago para eventos privados, tanto salones como organizadores continúan siendo presionados para abonar estos tributos.

"Nosotros salimos con el decreto como bandera a contarles a los colegas de salones que ya no le exijan más el pago a la gente", explicó a Radio Rafaela Marcelo Mansilla, presidente de la Asociación Sólo Fiestas y Eventos de Santa Fe.

Sin embargo, desde SADAIC y AADI CAPIF han emitido comunicados asegurando que el decreto es inconstitucional. "Todo mentira. No hay ni un solo papel que demuestre que ellos tienen derecho a seguir cobrando en eventos privados", afirmó Mansilla.

El decreto 765/2024 modificó los artículos 30 y 35, estableciendo que los eventos de carácter privado ya no deben pagar derechos de autor.

"Los eventos privados son aquellos donde no va nadie que no esté en la lista de invitados: fiestas de 15, casamientos, recepciones, convenciones privadas. Ya no tienen por qué pagar", detalló.

Según el referente del sector, SADAIC y AADI CAPIF han generado un clima de confusión y presión en los salones de eventos, inventando una supuesta figura de “responsabilidad solidaria” para los propietarios de estos espacios.

"Desde SADAIC y AADI CAPIF hicieron un enchastre inventando que el salón es responsable si el cliente no paga. Eso es falso, no existe esa figura", denunció Mansilla. Además, aseguró que algunos salones exigen el pago por miedo a recibir cartas documento, sin conocer la verdadera normativa vigente.

"Siempre, toda la vida, la factura se hacía a nombre del organizador del evento. Ahora, quieren que vaya a nombre del salón para evitar demandas por cobros indebidos", explicó.

Para Mansilla, el conflicto sigue por la falta de información y la presión ejercida por las entidades de gestión. "Llevamos dos meses discutiendo y algunos salones siguen exigiendo el pago por miedo".

Desde la Federación Argentina de Industria de Eventos, que reúne a cámaras de 14 provincias, se ha emitido un comunicado para reafirmar que SADAIC y AADI CAPIF no pueden exigir el pago en eventos privados. "El decreto es claro. La gente ya no tiene que pagar. No se dejen engañar", concluyó.

Este miércoles, en el Concejo Municipal de Rafaela, los ediles recibieron a un grupo de padres y madres de estudiantes de distintas escuelas de la ciudad que están organizando las fiestas de graduación 2025.

El objetivo del encuentro fue asesorarse sobre los tributos que exigen SADAIC y AADI CAPIF y solicitar gestiones para garantizar el cumplimiento del Decreto 765/2024, el cual exime del pago a eventos de carácter privado.

El concejal Augusto Rolando, quien trabaja en temas relacionados con la nocturnidad, explicó que el decreto en cuestión reinterpretó la Ley de Derecho de Autor y determinó que los eventos privados, como graduaciones, casamientos y fiestas de 15, no deben pagar derechos de autor, ya que la música se consume dentro de un círculo cerrado de invitados previamente determinados.

"Los padres buscan que se aplique este decreto, ya que hoy se les está cobrando un impuesto que no deberían pagar. La normativa está vigente y no ha sido declarada inconstitucional por ningún juez, por lo que es válida y debe cumplirse", señaló Rolando a Radio Rafaela, tras la reunión.

Los padres detallaron que, en función de la cantidad de egresados y asistentes a las fiestas, el costo total de estos tributos podría alcanzar los 9 millones de pesos, encareciendo aún más los eventos de fin de año.

Uno de los principales obstáculos que enfrentan las familias es que la Sociedad Rural, donde se realizan muchas de las graduaciones, exige el pago de SADAIC y AADI CAPIF como requisito previo para ceder el espacio, lo que deja a los organizadores sin margen de maniobra.

"SADAIC y AADI CAPIF presionan a los salones y a los padres para que paguen, incluso cuando la ley los exime. Los salones, por miedo a sanciones o clausuras, terminan exigiendo el pago a las familias", explicaron los asistentes.

Ante esta situación, los concejales se comprometieron a gestionar un encuentro con las autoridades de la Sociedad Rural para encontrar una solución que permita aplicar la normativa vigente sin riesgos para los eventos.

Desde el Concejo aclararon que la diferencia entre pagar o no pagar estos tributos depende del carácter del evento:

Además, recordaron que ninguna entidad privada tiene la potestad de interrumpir un evento, ya que para ello se requiere una orden judicial.

Un grupo de padres y madres de estudiantes de colegios de la ciudad de Rafaela se reunió con concejales en el recinto legislativo, con el objetivo de asesorarse sobre los tributos que SADAIC y AADI CAPIF exigen para la realización de las fiestas de graduación.

Según explicaron, las familias deben afrontar montos significativos por estos impuestos, que se calculan en función de la capacidad del salón y el valor del cubierto. "Estamos en representación de los padres de todas las escuelas, ya que sufrimos la misma problemática, el pago de los impuestos por la música en la fiesta de graduación", comenzaron explicando. 

"Hoy, todas las escuelas estaríamos abonando aproximadamente 9 millones de pesos en estos impuestos. SADAIC y AADI CAPIF nos cobran en base al cubierto, sin discriminar entre adultos y menores", explicaron las madres tras la reunión. Este cálculo se realiza en base a una tarjeta de aproximadamente $80 mil pesos, estimada para fin de 2025. 

La preocupación radica en que la Sociedad Rural, donde se realizan muchas de las graduaciones, exige a los organizadores presentar los comprobantes de pago de SADAIC y AADI CAPIF una semana antes del evento, lo que deja a las familias con pocas alternativas.

Los padres señalaron que el reciente decreto presidencial exime del pago de estos tributos a eventos privados, como las fiestas de egresados, pero las entidades insisten en cobrarlos.

"SADAIC y AADI CAPIF sostienen que el decreto es inconstitucional, pero hasta ahora ningún juez lo ha declarado así. Mientras tanto, ejercen presión sobre los salones y las familias. No queremos arriesgarnos a que, por no pagar, nos clausuren la fiesta", manifestaron.

Tras el encuentro, los concejales se comprometieron a interceder con las autoridades de la Sociedad Rural, para analizar posibles soluciones. "Nosotros no estamos pidiendo el no pago del impuesto a la música", aclararon. 

"En el Concejo ya hubo reuniones con SADAIC y AADI CAPIF, y ahora falta la otra parte: dialogar con la Rural, que es donde se realizan la mayoría de las fiestas", concluyeron los padres. Pidieron claridad y previsibilidad para todas las promociones que se están organizando.

“Estamos esperando la letra chica”, indicó Germán Bottero, secretario de Gobierno y Modernización de la Municipalidad de Rafaela ante las dudas que surgen principalmente de las vecinales.

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En los últimos días, trascendió una medida nacional que provocó mucha polémica y dudas. Según se supo, el Gobierno nacional eliminó el pago a SADAIC por el uso de música en fiestas privadas y hoteles.

Con voces a favor y en contra, y poca claridad respecto a la aplicación de la medida, ¿qué pasaría en Rafaela con los impuestos de SADAIC? Desde este medio, consultamos a Germán Bottero, secretario de Gobierno y Modernización de la Municipalidad de Rafaela, que puso en contexto todos los datos disponibles.

En primer lugar, aclaró: “no tenemos precisiones respecto al tema. Ha suscitado mucho interés público, muchas voces a favor en el sentido de dejar de pagar un tributo, y muchas voces en contra del ámbito de la cultura que entienden que puede haberse lesionado algún derecho”.

Gustavo Belinde: "Lograr que venga un directivo de IndyCar para nosotros es un orgullo a nivel local, provincial y creo que nacional".

La información precisa indica que los argentinos contamos con “un decreto firmado por el presidente donde indica claramente que en los lugares privados de acceso restringido se dejaría de pagar el tributo y en otros lugares, como por ejemplo plataformas y demás, se comenzaría a pagar”.

En ese sentido, en la norma “hay mucho de actualización, de pensar en plataformas y aspectos adecuados al siglo XXI, que quizás eran necesarios”. “Y hay otras cuestiones que estamos esperando, sobre todo la letra chica, la reglamentación y la definición”, comentó.

Con los detalles, esperan tener claridad en cuanto a “qué se entiende por ámbito privado”. “Aquí viene la pregunta que obviamente más nos interesa como municipio a todos los vecinalistas. ¿Una vecinal es un ámbito privado o es un ámbito público? Lo de acceso restringido se entiende más, es aquel lugar donde o se cobran entradas o hay una lista de invitados, pero son todas las dudas que estamos teniendo”.

Debido a las pocas certezas hasta el momento, es que “somos muy precavidos”. “Estamos hablando todo en suposiciones y yo quiero ser muy prudente en esto. Ojalá podamos avanzar en este sentido. En caso de una fiesta privada, ojalá podamos avanzar en alguna quita de algún tributo que a ellos les pueda facilitar las cuestiones, pero tampoco nos queremos anticipar a dar por ciertas afirmaciones que son todas dudas”, dijo.

La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe aprobó un proyecto de comunicación en el que se solicita la reducción de pagos a las asociaciones civiles sin fines de lucro en concepto de SADAIC, AADI CAPIF.

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El Senador Alcides Calvo presentó un Proyecto de Comunicación que fue aprobado en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe solicitando al Poder Ejecutivo Provincial que, a través del Ministerio de Cultura, interceda ante el Estado Nacional, a fin proponer la modificación de la Ley 11.723 de Régimen Legal de Propiedad Intelectual y a su vez reformar la Ley 17.648 que regula a SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores), y del Decreto 1671/1974 y sus modificatorias de AADI CAPIF (Asociación Argentina De Intérpretes y Cámara Argentina de Productores Industriales de Fonogramas), para reducir del pago de los derechos de autor, intérpretes y productores de fonogramas, la ejecución pública de obras musicales y videogramas, cualquiera fuera el medio utilizado, en eventos públicos organizados por Asociaciones Civiles sin fines de lucro, Entes Públicos y ONG, con concurrencia de público y para fines benéficos predeterminados al momento de ser solicitado.

Las entidades que representan a los autores y compositores Sociedad Argentina de Autores y Compositores (S.A.D.A.I.C), Asociación Argentina De Intérpretes (A.A.D.I.) y la Cámara Argentina de Productores Industriales de Fonogramas (CAPIF), tienen asignada legalmente la gestión colectiva de los derechos de sus representados y por lo tanto perciben aranceles por el uso de música, con sustento en los derechos de autor, intérpretes y productores de fonogramas, reconocidos en la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual.

Calvo manifestó: “Este proyecto trae como propuesta que en los eventos cuyo objetivo es el bien común, social y cultural organizados por Asociaciones Civiles sin fines de lucro, entes públicos y ONG se debería contemplar tener ciertas excepciones en el pago del canon de ambos tributos dado que cobrar dichos derechos genera que las instituciones no organicen eventos a beneficio por sus altos costos”.

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El Senador Alcides Calvo presentó un Proyecto de Comunicación solicitando al Poder Ejecutivo Provincial que, a través del Ministerio de Cultura, interceda ante el Estado Nacional para proponer la modificación de la Ley de Régimen Legal de Propiedad Intelectual.

Además, busca reformar la ley que regula a SADAIC, así como el Decreto 1671/1974 y sus modificaciones de AADI CAPIF, con el fin de reducir el pago de los derechos de autor, intérpretes y productores de fonogramas por la ejecución pública de obras musicales y videogramas, independientemente del medio utilizado, en eventos públicos organizados por Asociaciones Civiles sin fines de lucro, Entes Públicos y ONG, con concurrencia de público y con fines benéficos predeterminados al momento de ser solicitados.

Las entidades que representan a los autores y compositores Sociedad Argentina de Autores y Compositores (S.A.D.A.I.C), Asociación Argentina De Intérpretes (A.A.D.I.) y la Cámara Argentina de Productores Industriales de Fonogramas (CAPIF), tienen asignada legalmente la gestión colectiva de los derechos de sus representados y por lo tanto perciben aranceles por el uso de música, con sustento en los derechos de autor, intérpretes y productores de fonogramas, reconocidos en la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual.

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El proyecto fue aprobado y al respecto Calvo manifestó, "este proyecto trae como propuesta que en los eventos cuyo objetivo es el bien común, social y cultural organizados por Asociaciones Civiles sin fines de lucro, entes públicos y ONG se debería contemplar tener ciertas excepciones en el pago del canon de ambos tributos dado que cobrar dichos derechos genera que las instituciones no organicen eventos a beneficio por sus altos costos”.