El Gran Premio de Singapur representó un duro golpe para Franco Colapinto y Alpine en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El argentino debió abandonar tanto en la carrera Sprint como en la competencia principal, mientras que la escudería francesa cerró el fin de semana sin sumar puntos en el Gran Premio y vio cómo se ampliaba la diferencia con uno de sus rivales directos.

Pese a los inconvenientes, Colapinto permanece en el 12.º puesto del Campeonato de Pilotos, con 27 unidades. Su principal referencia en la tabla es Arvid Lindblad, quien ocupa el undécimo lugar con 38 puntos. Por detrás, el argentino mantiene una ventaja de cuatro unidades sobre Oliver Bearman, que acumula 23.

Los problemas mecánicos condicionaron su actuación en Marina Bay. Durante la Sprint, un inconveniente vinculado al acumulador de energía lo obligó a retirarse. El domingo, cuando buscaba avanzar en el clasificador, volvió a quedarse fuera de competencia por una falla en la transmisión de su Alpine número 43.

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Alpine se aleja del quinto puesto

El panorama también se complicó para el equipo francés en el Campeonato de Constructores. Alpine conserva la sexta posición, con 68 puntos, pero ahora se encuentra a 32 de Racing Bulls, que ocupa el quinto lugar con 100 unidades.

La escudería tampoco pudo apoyarse en Pierre Gasly para descontar diferencias. El piloto francés terminó undécimo en el Gran Premio de Singapur, a un paso de la zona de puntos, luego de perder la décima posición durante las últimas vueltas.

De esta manera, Alpine se marchó de Marina Bay sin sumar en la carrera principal y con una brecha mayor respecto de su objetivo inmediato en la clasificación por equipos.

Alpine necesita mejorar el rendimiento del monoplaza y resolver los problemas de fiabilidad que condicionaron el fin de semana en Singapur. Reducir la distancia con Racing Bulls exigirá sumar puntos de manera constante y evitar nuevos abandonos en la recta final de la temporada

El próximo desafio será en el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará del 23 al 25 de octubre de 2026 en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

La investigación por el funcionamiento de un geriátrico clandestino en barrio Nuevo Horizonte sumó en las últimas horas nuevos elementos a partir de las declaraciones formuladas por el abogado Martín Risso Patrón, quien representa a una de las víctimas y acompaña a su familia en el proceso judicial en Santa Fe.

Según explicó el letrado, su representada es una joven de 20 años que comenzó a denunciar la situación durante abril. Su padre permaneció internado en uno de los establecimientos señalados y, de acuerdo con el relato de la mujer, durante ese período se habrían producido distintas situaciones que excederían ampliamente las irregularidades vinculadas con la habilitación del lugar.

"Lo que ella viene ahora es a que la escuchen porque de alguna manera sintió que no fue escuchada por el MPA", sostuvo Risso Patrón.

El abogado afirmó que la joven realizó presentaciones en el Centro Territorial de Denuncias y que la semana pasada brindó una declaración ante la Fiscalía que se extendió durante aproximadamente dos horas y quedó asentada en unas diez hojas.

En esa presentación, siempre según el relato del profesional, la joven habría aportado información sobre movimientos de dinero, utilización de tarjetas y otras circunstancias relacionadas con la permanencia de su padre en los establecimientos investigados.

La situación, señaló, no se habría limitado al inmueble de Nuevo Horizonte. "Eso fue en la residencia de primero de calle Salvador del Carril y luego la de Nuevo Horizonte", precisó al ser consultado sobre los lugares donde su representada habría tomado conocimiento de las situaciones denunciadas.

Uno de los puntos que el abogado considera centrales es la situación de los documentos y la posibilidad de que algunos residentes no pudieran abandonar libremente el lugar.

"Estaba privado de la libertad porque no lo dejaban salir de ahí", afirmó Risso Patrón, al referirse a lo denunciado por su clienta.

El profesional sostuvo además que su representada teme que la principal imputada recupere la libertad. Según explicó, la joven habría sufrido presiones que, en algunos episodios, habrían involucrado referencias a la Policía.

"Le decían, por ejemplo, si vamos a tener que ir a la Policía a hacer una constancia, si a tu papá le llegara a pasar algo vos vas a ser la responsable", relató.

Risso Patrón aclaró que, según lo que pudo conocer, no se trató de una amenaza directa de la Policía contra la joven. Sin embargo, sostuvo que esas referencias a la institución eran utilizadas como mecanismo de presión.

El abogado consideró que los hechos denunciados podrían derivar en una calificación legal diferente de la que actualmente se investiga. "Yo entiendo que puede haber una carátula bastante distinta con todas estas situaciones que fueron denunciadas", manifestó.

Entre las hipótesis mencionadas por el profesional aparece la privación ilegítima de la libertad y, eventualmente, una investigación vinculada con trata de personas, aunque aclaró que será la Justicia la que deberá determinar cómo encuadrar jurídicamente los hechos.

La preocupación de la familia también está vinculada con la situación de salud del hombre que permaneció alojado en el establecimiento. Risso Patrón aseguró que, luego de ser retirado del lugar, experimentó una importante recuperación.

"Cuando fue retirado de ese lugar donde estaban siendo mal medicado, entiendo que a propósito, recuperó muchísimo la salud y está en condiciones de declarar", sostuvo.

El hombre padece Parkinson degenerativo y, de acuerdo con el abogado, hasta el momento no habría sido convocado para brindar su testimonio pese a que su hija considera que puede aportar información relevante sobre lo ocurrido dentro del establecimiento.

En ese contexto, Risso Patrón también hizo referencia a otra persona, R. H., a quien mencionó al hablar de la medicación suministrada al residente. Según afirmó, tuvo acceso a capturas de mensajes intercambiados con la familia en los que H. habría manifestado que pretendía suministrarle correctamente los medicamentos pese a indicaciones que, según esos mensajes, provenían de otra persona.

El abogado interpretó ese intercambio como un indicio de una relación de subordinación dentro del funcionamiento del establecimiento y señaló que, de confirmarse las circunstancias denunciadas, podría ser necesario revisar las responsabilidades individuales de quienes tenían intervención en la atención de los residentes.

Por otra parte, aseguró haber tomado contacto con otros trabajadores del lugar que también le habrían manifestado tener temor. "Yo no los represento a ellos, pero me lo han manifestado personalmente", aclaró.

La investigación deberá ahora determinar el alcance y la veracidad de cada una de estas denuncias, establecer quiénes tenían responsabilidades dentro de los establecimientos y precisar si los hechos relatados por las víctimas configuran delitos diferentes de aquellos inicialmente investigados.

Para el abogado, la difusión pública del caso modificó el escenario. Entiende que las denuncias que, según sostuvo, ya habían sido formuladas meses atrás adquirieron ahora otra dimensión a partir de la intervención de la Justicia y de la repercusión que tuvo el descubrimiento del geriátrico clandestino.

El Litoral

La investigación judicial por el funcionamiento de un geriátrico clandestino en el barrio Nuevo Horizonte dio este viernes un nuevo paso con la imputación de la mujer sindicada como responsable del establecimiento y la excarcelación, bajo medidas alternativas, del cuidador que permanecía detenido desde el incendio que permitió descubrir las condiciones en las que vivían siete adultos mayores.

Ambas audiencias fueron presididas por la jueza Rosana Carrara. La acusación estuvo a cargo del fiscal Manuel Cecchini, mientras que en la primera intervención la defensa de María Laura M., de 51 años, fue ejercida por los abogados Claudio Torres del Sel y Francisco García Rossi. En la segunda audiencia, Ricardo H. fue asistido por el abogado particular Héctor Tallarico.

Durante la audiencia imputativa, el fiscal atribuyó a María Laura M. el delito de abandono de personas, en calidad de autora y en perjuicio de los siete residentes del establecimiento ubicado en José Gollán al 10.100.

Al fundamentar la acusación, Cecchini sostuvo que la mujer "puso en peligro la salud de siete personas", quienes fueron "dejadas a su suerte", pese a que ella se presentaba como titular del lugar y percibía un canon por brindar alojamiento, alimentación, atención sanitaria y cuidado.

Según la Fiscalía, la residencia funcionaba sin habilitación municipal ni provincial y carecía de las condiciones mínimas de higiene, salubridad e infraestructura necesarias para albergar personas con distintos grados de dependencia.

Entre las irregularidades mencionadas, el fiscal señaló que algunos residentes ni siquiera contaban con ropa de cama y que el establecimiento era atendido por personal sin capacitación específica para esa tarea.

Durante la exposición, el representante del MPA repasó la situación particular de cada una de las siete víctimas, quienes presentan diferentes patologías que requieren asistencia permanente.

Además, indicó que la acusada no sólo cobraba a familiares por el supuesto servicio prestado, sino que en algunos casos administraba la documentación personal de los residentes y retenía tarjetas mediante las cuales se percibían sus pensiones.

Al finalizar la atribución delictiva, la defensa cuestionó tanto la calificación legal como la reconstrucción de los hechos realizada por la Fiscalía. No obstante, las partes acordaron postergar hasta el próximo martes 11 de agosto el tratamiento de las medidas cautelares que eventualmente podrían imponerse a la imputada.

Tras un breve cuarto intermedio, la jueza Carrara encabezó la audiencia de medidas cautelares correspondiente a Ricardo H., el cuidador que había sido imputado días atrás por el delito de privación ilegítima de la libertad, acusado de haber dejado encerrados bajo llave a los residentes la mañana en que se produjo el incendio.

En esta oportunidad, el fiscal informó que se alcanzó un acuerdo con la defensa para sustituir la prisión preventiva por medidas alternativas.

Entre las condiciones impuestas se dispuso que el imputado deberá fijar domicilio en la vivienda de su madre, en el barrio Barranquitas; tendrá prohibido acercarse a menos de 300 metros de las víctimas y de sus familiares; y tampoco podrá aproximarse al inmueble de Diez de Andino al 5800, donde funciona otra residencia geriátrica vinculada a la misma titular investigada.

Cecchini informó además que el jueves mantuvo una reunión con cinco de los siete adultos mayores, actualmente alojados en el hogar Beata Clara, y que ninguno manifestó oposición a la recuperación de la libertad del imputado.

Luego de escuchar el acuerdo alcanzado entre las partes, el defensor Tallarico solicitó la inmediata libertad de su asistido. La jueza Carrara hizo lugar al planteo y ordenó su excarcelación bajo las condiciones establecidas.

El Litoral