Un cirujano plástico de nacionalidad boliviana fue extraditado a la Argentina en las últimas horas, acusado de haber abusado sexualmente de varias pacientes mientras estaban bajo los efectos de la anestesia en su consultorio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los hechos denunciados ocurrieron en 2019, pero la investigación se reactivó con fuerza en 2020, cuando el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17, a cargo del juez Martín Carlos Del Viso, emitió una orden de captura internacional.

Según consta en la causa, el profesional aprovechaba los procedimientos estéticos para suministrar anestesia a sus pacientes y, en ese estado de vulnerabilidad, concretar los abusos. La denuncia fue realizada por varias mujeres, lo que activó la intervención de la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina (PFA), y más tarde, la emisión de una Notificación Roja de Interpol.

La pesquisa permitió determinar que el acusado se había fugado a Bolivia, donde continuaba ejerciendo la medicina estética en una clínica de Santa Cruz de la Sierra. Incluso se promocionaba en redes sociales como especialista en cirugía plástica.

Gracias al trabajo conjunto entre la PFA y la Oficina Central Nacional de Interpol en La Paz, el sospechoso fue detenido en marzo de este año. Tras su captura, la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores formalizó el pedido de extradición ante la justicia boliviana, que fue finalmente aprobado.

Una comisión de la policía argentina viajó especialmente para concretar el traslado. El cirujano llegó en las últimas horas al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, escoltado y bajo estricta custodia, donde fue recibido por las autoridades locales.

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, difundió un video del arribo del detenido y se expresó en redes sociales: “Un monstruo. Este cirujano plástico boliviano anestesiaba a sus pacientes y las abusaba. Se fugó a Bolivia, emitimos la alerta roja y el DFI lo trajo extraditado. Las hizo y las va a pagar”.

El acusado quedó a disposición de la justicia argentina y enfrentará cargos por abuso sexual con acceso carnal. Se espera que en los próximos días se avance con las indagatorias y medidas judiciales correspondientes.

Un brutal episodio conmociona a la localidad cordobesa de Adelia María, donde un hombre fue detenido acusado de abusar sexualmente de la pareja de su ex jefe y secuestrar a su hija, una joven de 29 años. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 4 de octubre, y derivó en un amplio operativo policial que permitió liberar a la víctima y capturar al agresor en menos de 24 horas.

El detenido fue identificado como Sergio Sosa, de 37 años, quien ingresó por la fuerza a la vivienda de un médico veterinario, donde golpeó y abusó de la esposa del profesional y luego secuestró a su hija, trasladándola en un vehículo hasta la localidad de Las Acequias, donde finalmente fue rescatada por la policía.

Tras la denuncia, personal de la Policía de Córdoba desplegó un amplio operativo en distintas zonas rurales. La Fiscalía de Instrucción de Río Cuarto, a cargo del Dr. Pablo Jávega, ordenó la inmediata búsqueda del sospechoso y la asistencia médica de las víctimas.

Horas más tarde, la joven fue hallada sana y salva en un camino vecinal de Las Acequias, mientras que el agresor fue detenido a cuatro kilómetros del lugar, luego de abandonar el vehículo en el que mantenía cautiva a la víctima.

“El hombre, al verse acorralado, abandonó el auto en el que tenía secuestrada a la joven y se dio a la fuga, pero fue detenido poco después”, confirmó el fiscal Jávega.

La pareja del veterinario fue trasladada al Hospital San Antonio de Padua, en Río Cuarto, donde se le diagnosticaron heridas cortantes y una fractura en uno de sus brazos, además de lesiones compatibles con el ataque sexual.

El acusado fue imputado por privación ilegítima de la libertad, robo calificado, abuso sexual con acceso carnal y violación de domicilio.

Según el fiscal, se investiga el motivo del ataque, ya que tanto Sosa como su ex empleador habían finalizado su vínculo laboral en buenos términos, sin conflictos aparentes.

“No había antecedentes de problemas entre ellos. Se está analizando si hubo algún desencadenante previo o si actuó de manera premeditada”, explicó el fiscal en declaraciones al programa Micrófono Abierto.

El Ministerio Público Fiscal confirmó que continúan las diligencias judiciales y pericias psicológicas sobre el detenido, mientras que las víctimas reciben contención integral del equipo interdisciplinario de asistencia a personas en situación de violencia.

El caso generó profunda conmoción en el sur de Córdoba, tanto por la violencia del ataque como por el vínculo previo entre el agresor y la familia afectada.

La Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (UFE Ge.Fa.S.) de la Fiscalía Regional I de Santa Fe elevó la requisitoria de acusación contra Eduardo Aguirre, un hombre de 51 años oriundo de la ciudad de Vera, imputado por haber abusado sexualmente de su hijastra, una joven con discapacidad intelectual, mientras ambas acompañaban a la madre internada en una clínica privada de la capital santafesina.

Según la fiscal Jorgelina Moser Ferro, el hecho tuvo lugar en febrero de 2025 en la habitación 105 del sanatorio, donde se encontraba internada la madre de la víctima. Durante la noche, la joven –bajo los efectos de una fuerte medicación– fue atacada por Aguirre mientras dormía en un sillón, al lado de la cama de su madre. El ataque fue interrumpido cuando la mujer despertó y enfrentó al agresor: “Dejala, dejala”, le habría gritado.

La conducta fue encuadrada como abuso sexual con acceso carnal calificado por la guarda, lo que motivó el pedido de una pena de 18 años de prisión efectiva, con accesorias legales y costas. La fiscal fundamentó su solicitud en la vulnerabilidad de la víctima, el vínculo de confianza con el acusado y la reincidencia, ya que Aguirre había sido condenado en 2017 por abuso sexual simple agravado contra otra menor del mismo entorno familiar.

Durante la investigación, se incorporaron como prueba los mensajes enviados por Aguirre en los que obligaba a la víctima a viajar a Santa Fe para cuidar a su madre. La denuncia fue impulsada por una tía de la joven, y se sumaron testimonios de familiares, personal médico y profesionales del Centro de Día “Joaquín Paz” de Vera, donde la víctima recibe atención desde hace años.

Además, la declaración en Cámara Gesell de la propia joven incluyó no solo el relato del abuso en la clínica, sino también hechos de abuso sufridos durante su infancia cuando convivía con Aguirre y su madre en Vera. Otros testimonios incluso refieren que los episodios de violencia sexual fueron conocidos por trabajadores de la Subsecretaría de Niñez.

Actualmente, Eduardo Aguirre se encuentra detenido por orden de la fiscal. Se espera que en el plazo de un mes se convoque a la audiencia preliminar, previa al juicio oral, que podría desarrollarse durante la primera mitad de 2026.

Un presunto caso de abuso entre alumnos de primer grado en una escuela pública del barrio Sarmiento generó conmoción en Rafaela. Según pudo saber RADIO RAFAELA, el hecho se conoció este jueves 28 de agosto cuando la madre de un niño de 6 años se presentó en la comisaría seccional primera para realizar la denuncia, luego de ser convocada por la directora del establecimiento educativo.

De acuerdo al acta policial, el menor relató que durante el recreo fue llevado al baño por otro estudiante, quien habría intentado involucrarlo en conductas inapropiadas. La situación fue advertida gracias a comentarios de compañeros de otro curso, y rápidamente informada a las autoridades escolares, quienes activaron los protocolos establecidos.

En ese marco, la Escuela N° 477 “Domingo Faustino Sarmiento” emitió un comunicado dirigido a toda la comunidad educativa. Allí confirmaron que “apenas se tomó conocimiento, se actuó de inmediato: se contuvo a los/las involucrados/as y a sus familias, se informó a Supervisión, al equipo socioeducativo, y a la Delegada Regional y se está dando intervención a los organismos que corresponden, tal como lo establece la normativa”.

El equipo directivo remarcó que no se difundirán identidades de los involucrados “porque así lo marca la normativa vigente y, sobre todo, es un deber ético”. A su vez, aseguraron que “estamos trabajando intensamente en el acompañamiento de cada uno de ellos”.

Frente a la preocupación de la comunidad, desde la escuela también informaron que se habilitaron “espacios de diálogo con todas las familias que se acercaron” y que se están reforzando las estrategias de cuidado ya existentes, incluyendo el control en los espacios comunes, el análisis de la infraestructura de los baños y la intensificación de los proyectos de Educación Sexual Integral.

“La escuela en colaboración con autoridades regionales está trabajando para el abordaje integral de la situación y en la revisión de toda la dinámica escolar para potenciar las acciones institucionales que se vienen realizando”, indicaron en el texto.

Finalmente, el comunicado cierra con un llamado a las familias: “Hoy más que nunca necesitamos a las familias presentes, caminando junto a nosotros”.

El jardín Ceferino Namuncurá, en el norte de la ciudad de Santa Fe, era hasta hace poco un espacio de juegos, canciones y primeras letras. Pero en 2021, ese lugar se convirtió en escenario de una denuncia que sacudió a toda la comunidad educativa: varias niñas de entre 3 y 6 años contaron que habían sido abusadas por uno de sus docentes, Juan Francisco Trigatti.

Las voces de las pequeñas llegaron a la justicia a través de declaraciones en cámara Gesell. Lo que narraron coincidía. No sólo en lo que contaban, sino también en cómo lo contaban. El relato, atravesado por gestos, emociones y palabras, fue respaldado por peritajes psicológicos y médicos que despejaron las dudas iniciales.

En octubre de 2024, tras un juicio oral, Trigatti fue absuelto. El tribunal de primera instancia consideró que no había pruebas suficientes para condenarlo. El fallo generó fuerte malestar entre las familias, que no sólo veían cómo el acusado quedaba libre, sino también cómo se ponía en duda la palabra de las niñas.

Lejos de resignarse, la Fiscalía y la querella apelaron. Solicitaron que se revise la sentencia por considerar que se habían desestimado de forma arbitraria pruebas fundamentales del caso.

En mayo de 2025, la Cámara de Apelaciones de Santa Fe dio un giro decisivo. Tras analizar en profundidad los testimonios, los peritajes y el fallo anterior, los jueces determinaron que la absolución había sido errónea y condenaron a Trigatti a 12 años de prisión efectiva.

En su resolución, los camaristas afirmaron que los relatos de las niñas eran consistentes, espontáneos y que no podían ser explicados como producto de una "sugestión colectiva". También destacaron que el acusado se valió de su rol como docente y de la confianza que le confería el espacio escolar para cometer los abusos, lo que agravaba aún más su conducta.

Un ex agente del Servicio Penitenciario de Mendoza fue denunciado por su hijastra menor por abuso y violencia intrafamiliar y se suicidó frente a la Policía cuando estaba por ser detenido.

El caso comenzó el lunes por la mañana cuando la menor denunció ante las autoridades de la Escuela Nicolás Avellaneda de Palmira un posible abuso sexual y violencia por parte de su padrastro.

De manera inmediata, según detallaron medios locales, los directivos activaron el protocolo de protección infantil y dieron intervención al Ministerio Público Fiscal.

Frente al relato, desde la fiscalía de turno solicitaron la detención del agresor, quien había prestado servicio como agente del Servicio Penitenciario provincial.

Sin embargo, cuando los efectivos arribaron hasta el domicilio del acusado, observaron que el señalado se encontraba dentro de su vehículo y allí se suicidó, lo que generó impacto.

Pese a la drástica decisión, la investigación continúa su curso y tanto la menor, como su familia, recibe apoyo por parte de equipos interdisciplinarios especializados en situaciones de abuso.

EL

Un hombre de 52 años fue arrestado este viernes, en horas de la siesta, luego de que abusara sexualmente de dos jóvenes en un colectivo urbano de pasajeros de la ciudad de Santa Fe.

Todo sucedió arriba de un coche de la Línea 11 que circulaba por avenida Facundo Zuviría, en la zona norte de la capital provincial. 

Aproximadamente a las 14, a la altura catastral del 7700, las víctimas fueron auxiliadas por el chofer del micro, que retuvo al agresor hasta la llegada de una patrulla del Comando Radioeléctrico.

Las denunciantes tienen 28 y 30 años. Ellas aseguran que fueron manoseadas por el sujeto que quedó alojado en la Comisaría 8a, a disposición del Ministerio Público de la Acusación, por el delito de abuso sexual simple. El caso está en manos de la fiscal Luciana Escobar Cello.

El Litoral

Se trata de un sargento que se desempeñaba en la localidad de Montecristo, en Córdoba.

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En las últimas horas fue detenido un agente de la Policía de Córdoba y fue imputado por el supuesto delito de abuso sexual agravado en perjuicio de una mujer mayor de edad. Es el tercer integrante de la fuerza policial capturado en los primeros días de julio con acusaciones similares.

El Ministerio Público Fiscal informó este martes que la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de feria en la ciudad de Córdoba, a cargo de Juan Avila Echenique, ordenó la detención de un hombre que se desempeña como sargento en Montecristo, una localidad ubicada a 26 kilómetros al este de la capital provincia.

En la imputación que pesa sobre el agente policial se indica el agravamiento por su condición de funcionario público.

Robó una parte de un automóvil, pero fue detenido

El mismo fiscal había ordenado detener a un policía en Cruz del Eje a principios de este mes. Unas horas después trascendió la aprehensión en Córdoba de otro agente que se encontraba en tareas no operativas. A ambos se les atribuye presuntos delitos contra la integridad sexual de mujeres.

En menos de dos meses hubo al menos diez agentes involucrados en distintos delitos como violencia de género, abuso sexual, robo, asociación ilícita y narcotráfico, según publicó El Doce.

Fuente: Me lo dijo Pérez.

El testimonio de Melody Jacqueline Rakauskas en el expediente judicial contra el intendente Fernando Espinoza brinda detalles de la denuncia por abuso sexual y que la jueza a cargo del caso emitió una dura sentencia.

Melody Rakauskas acusó a Fernando Espinoza de haberla abusado sexualmente mediante tocamientos impúdicos el 10 de mayo de 2021, en su departamento en la Ciudad de Buenos Aires, alrededor de las 21:30 horas.

La reunión, inicialmente pautada bajo la premisa de una discusión laboral, se tornó “violenta” cuando Espinoza comenzó a quejarse de dolores cervicales y pidió que Rakauskas le hiciera masajes. Ante la negativa inicial de la víctima, Espinoza insistió.

Melody Rakauskas relató con detalle los eventos de aquella noche. Según su testimonio, Espinoza llegó a su departamento bajo el pretexto de una cena para tratar asuntos laborales.

Según el relato en el expediente, él comenzó a besarle los pechos y a tocarla por encima de la ropa mientras le decía: "Quédate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien". Durante el forcejeo, intentó bajarle los pantalones y le rompió la camisa. Espinoza le pedía que le practicara sexo oral, pero la víctima hizo fuerza para evitar que continuara con el abuso.

Según el relato en el expediente, él comenzó a besarle los pechos y a tocarla por encima de la ropa mientras le decía: "Quédate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien". Durante el forcejeo, intentó bajarle los pantalones y le rompió la camisa. Espinoza le pedía que le practicara sexo oral, pero la víctima hizo fuerza para evitar que continuara con el abuso.[Ingrese autor (opcional)]

Finalmente, la situación terminó cuando Espinoza no pudo bajarle el pantalón, lo que lo frustró y llevó a que se vistiera y se retirara del lugar, diciendo: "Bueno listo, ya está, se terminó todo, me voy, ya está, no te preocupes".

El 1 de julio de 2021, Espinoza desobedeció una orden judicial que le prohibía contactar a la víctima, intentando persuadirla para que retirara la denuncia.

El 1 de julio de 2021, Espinoza desobedeció una orden judicial que le prohibía contactar a la víctima, intentando persuadirla para que retirara la denuncia.[Ingrese autor (opcional)]

El impacto del abuso en Rakauskas la dejó traumatizada, requiriendo tratamiento psicológico y psiquiátrico, expresó.

La jueza a cargo procesó a Fernando Espinoza por los delitos de abuso sexual simple y desobediencia. Se dictó una orden de prohibición de acercamiento y contacto hacia la víctima, estableciendo una distancia mínima de quinientos metros durante todo el proceso penal.

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Como medida preventiva, se ordenó un embargo sobre los bienes personales y/o dinero de Espinoza hasta cubrir la suma de $1,500,000. Esta medida garantiza posibles reclamaciones civiles por parte de la víctima.

A pesar del procesamiento, la jueza mantuvo la libertad provisoria de Espinoza, considerando que no se acreditaron los riesgos procesales suficientes para justificar una detención preventiva. No obstante, se le impusieron estrictas condiciones de restricción de contacto con la víctima.

En una tarde de recorridas en prevención de ilícitos y contravenciones, los efectivos del Cuerpo Guardia Infantería se encontraban en su sector asignado cuando avistaron a dos individuos caminando por la vía pública. Sin embargo, lo que parecía ser un encuentro casual pronto se convirtió en un importante avance en una investigación pendiente.

Tras verificar los datos en el sistema Cóndor, los agentes descubrieron que uno de los individuos era buscado por la justicia debido a una causa de abuso sexual ocurrida en el año 2015. Sin perder tiempo, procedieron a la detención de este sujeto y lo trasladaron a la sede de la Comisaría 13.

Una vez en la comisaría, los agentes se comunicaron con el Juzgado correspondiente, el cual ordenó que el individuo fuera notificado sobre la causa en su contra. Además, se dispuso que, una vez finalizadas las actuaciones pertinentes, recobrara su libertad.

Marco denunció al ex Dt de Boca, Martínez por abuso .

La jefa de prensa del fútbol femenino en Boca,Florencia Marco denunció por abuso a Jorge Martínez, ex jugador y quien fuera director técnico del equipo.

Previo a eso, ya desde el club estaban al tanto de la situación y se activó el protocolo por parte del Departamento de Igualdad e Inclusión, pero durante varios días la única apartada del cargo fue la propia denunciante Florencia Marco.

Horas más tarde, Boca separó a Jorge Martínez de su cargo tras la difusión pública de la denuncia por abuso sexual. Luego de la viralización de la acusación judicial, la CD del club decidió apartarlo de su puesto y otorgarle una licencia. “No volverá a dirigir hasta que se esclarezca la situación”, explicaron desde el Club.

Ayer por la mañana, la propia Florencia Marco habló por primera vez con los medios luego de su denuncia y lamentó la falta de acompañamiento del Xeneize frente a la denuncia interna: “Estoy dolida porque pensé que me iban a cuidar”, lanzó.

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“Espero que se haga justicia. Tenemos que estar atentas porque el abuso sexual, la violencia, el abuso en sí está muy naturalizdo en la sociedad e institucionalmente. El abuso institucional es mucho más grave del que podemos vivir en la calle porque estar todos los días con el abusador es muy fuerte y difícil, hace mucho daño”, profundizó.

Además, recalcó que no es nueva esta situación: "Esto se conoce desde hace mucho tiempo, muchas compañeras estaban conmigo y me decían ‘a mí también me pasó o me está pasando’, pero después eso es un tema personal, de cada uno, yo hoy todavía no entiendo cómo estoy hablando acá con todos ustedes y llevando esto adelante, porque es algo muy fuerte, no es fácil afrontar toda esta situación y exponerlo. No soy la única víctima. Hay miedo, hay vergüenza, un montón de situaciones que las tiene que pasar cada uno”.

Por último, aclaró: “Me costó más de un año poder hacer esto públicamente, pero no soy la única a la que le pasó. Cada uno tiene que tener su tiempo, el que necesita para poder llevar adelante todo esto y para entender qué es el abuso. No sentí apoyo de Boca Inclusión, por eso estoy acá”.

Tras la denuncia, Jorge Martínez fue corrido de su cargo y ya tiene reemplazante: Florencia Quiñones será la nueva DT del primer equipo femenino de Boca, y quedará oficializada cuando se desvincule de AFA.(DA)

Un hombre de 48 años fue condenado a 15 años de prisión por haber abusado sexualmente de su propia hija menor de edad. Así lo ordenó, por unanimidad, un tribunal integrado por los jueces Sergio Carraro (presidente), Nicolás Falkenberg y Martín Torres, en un juicio oral realizado en los tribunales de la capital provincial.

La Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de la Fiscalía Regional 1 representó al MPA en el debate. En tal sentido, valoró que “se impuso la pena que solicitamos, por lo que estamos conformes con lo resuelto”.

Abusos

La Fiscalía indicó que “el condenado abusó de su hija en reiteradas oportunidades entre mayo de 2019 y diciembre de 2020”, y aclaró que “en esa época, la víctima asistía al jardín de infantes”.

“El agresor vulneró la integridad sexual de la niña en diferentes ocasiones en las que ella fue de visita a la casa en la que él vivía”, se aseguró. “Aprovechó la situación de vulnerabilidad en la que estaba la víctima para atacarla sin que otras personas pudieran defenderla”, se remarcó.

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“Dados el vínculo de padre e hija, la modalidad, frecuencia y duración de los abusos, la corta edad de la niña y la violencia ejercida por el condenado, los ilícitos tuvieron entidad suficiente para interferir en el libre y progresivo desarrollo sexual de la víctima”, se subrayó.

DelitosEl hombre de 48 años fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado (por el vínculo) y promoción a la corrupción de menores calificada (por la edad de la niña y por el vínculo).

A su vez, a partir de un pedido conjunto de la Fiscalía y la Defensa, el padre de la víctima fue absuelto por la tenencia ilegítima de un arma de fuego que se le había atribuido.

IdentidadLas iniciales del condenado son H. D. R.. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de su hija, quien comparte el apellido con él.

Condenaron a once años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de sus dos hijas menores de edad y de otra niña que era su vecina, en la localidad santafesina de Vera.

Los ilícitos fueron cometidos en un marco de violencia física y psicológica que el condenado ejerció durante años en perjuicio de su familia. Una de las víctimas estaba en el jardín de infantes cuando fue atacada mientras que las otras dos transitaban la escuela primaria. La investigación fue realizada por el fiscal Leandro Benegas, mientras que el fiscal Nicolás Maglier representó al MPA en el juicio.

El hombre, de 56 años, recibió una condena de once años de prisión por haber cometido abusos sexuales en perjuicio de sus dos hijas -que al momento de los hechos eran menores de edad- y de otra niña que era vecina del grupo familiar en la ciudad de Vera.

Violencia

Maglier indicó que “los hechos ilícitos fueron cometidos en un contexto de violencia física y psicológica que el condenado ejerció durante años en contra de las personas de su entorno”. Asimismo, afirmó que “todos los delitos contra la integridad sexual tuvieron lugar en la casa en la que él residía”.

El funcionario del MPA señaló que “en la época en la que una de sus hijas iba al jardín de infantes, el hombre de 56 años la abusó sexualmente en reiteradas oportunidades”. A su vez, expuso que “vulneró la integridad sexual de su otra hija cuando ella cursaba la escuela primaria”.

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En cuanto a la tercera víctima, el fiscal puntualizó que “vivía en la misma cuadra que el agresor y era amiga de una de sus hijas”, y precisó que “esta niña también transitaba la primaria cuando el condenado la agredió sexualmente”.

“Dadas las características de los hechos delictivos, es claro que tuvieron entidad suficiente para generar consecuencias negativas en la salud de cada una de las tres víctimas”, planteó Maglier.

DelitosEl condenado, de iniciales CCC, se le atribuyeron las autorías de abuso sexual con acceso carnal; abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, agravado (por haber sido cometido por un ascendiente de la víctima), y abuso sexual simple agravado (por haber sido cometido por un ascendiente de la víctima).

La pena fue impuesta por el juez Gustavo Gon en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de Vera.

La Defensa aceptó la calificación penal de los ilícitos, la pena impuesta y la modalidad del juicio. Por su parte, una de las víctimas -que ya es mayor de edad- y las representantes de las otras dos personas que fueron abusadas por el condenado manifestaron su conformidad con lo resuelto.

Ocurrió durante la jornada del domingo, en barrio Italia. La Policía detuvo al presunto abusador.

Pasadas las 20:30 horas del día domingo, se realizó una denuncia al 911 por motivo de un intento de abuso ejecutado por un hombre hacia dos menores de 9 años. Durante el acto, se habría encontrado con su torso desnudo, mientras las habría grabado con su celular.

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El sujeto, luego de salir de su domicilio, fue reconocido por las víctimas y vecinos. De este modo, fue detenido y trasladado a la Comisaría N° 13. En la requisa se secuestró el celular con el que aparentemente filmó a las menores.

El proceso se reinició con la declaración de dos testigos que declararon durante una audiencia virtual, en la causa que trata la denuncia realizada por Thelma Fardin.

Dos testigos declararon durante una audiencia virtual en la reanudación del juicio que se sigue en Brasil por abuso sexual al actor Juan Darthés tras la denuncia realizada por la actriz Thelma Fardin.

“Declararon dos testigos y uno de ellos fue desistido por la defensa de Darthés”, sostuvo en diálogo con Télam Martín Arias Duval, abogado de Fardin, quien agregó que se encuentra “satisfecho con la audiencia”.

Por su parte, la representante legal de Fardin en Brasil, Carla Junqueira, confirmó a Télam que Darthés declarará el próximo 20 de octubre, en la que será la primera vez que dé su versión de los hechos en este debate oral.

El letrado contó que “hace más de una semana los abogados de Darthés pidieron la suspensión de la audiencia porque hay un recurso pendiente sobre la competencia, un recurso ordinario al Tribunal Superior de Brasil (Corte Suprema) que no suspende el proceso”.

“Me llama la atención que haya pedido la suspensión cuando les tocaba declarar a sus testigos”, expresó.

La palabra de Thelma

Sobre la presentación, Fardin sostuvo el miércoles, en un video publicado en Instagram, que Darthés “contrató al abogado más caro de Brasil”, y aseguró que “la sensación de estar enfrentando al poder es muy fuerte”.

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Una publicación compartida de Thelma Fardin (@soythelmafardin)

“¿De dónde salen los recursos?”, se preguntó, y añadió que el abogado del actor “defiende a gente que busca impunidad” como él “porque no quiere presentarse ante la justicia”.

Sostuvo que “por supuesto que no quiere porque se sabe culpable”, y señaló que en el escrito el actor apunta a la falta de resolución sobre la jurisdicción.

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“Está buscando que el proceso que se está llevando a cabo no siga”, afirmó, y advirtió que busca la prescripción “porque quiere que la justicia no se pronuncie”.

En el escrito “él dice que no sería sano declarar y quiere preservar su integridad psíquica, y la mía y de todas las víctimas. Ya declaré cinco horas, prácticamente tortuosa y me hicieron un sinfín de pericias en Nicaragua, Argentina y Brasil y a él ni una”.

“El proceso está siendo muy violento”, dijo.

La actriz presentó una denuncia por abuso sexual agravado contra Darthés en diciembre de 2018 en Nicaragua, cometido en 2009 durante una gira de la novela argentina Patito Feo, cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años.

La causa

El proceso judicial, del cual participaron tres países -la Argentina, Brasil y Nicaragua-, tuvo 11 testigos, que declararon de manera virtual ante el juez Ali Mazloum, quien interrumpió el debate oral en febrero pasado ante un planteo realizado por la defensa del acusado.

Esta resolución fue apelada por Fardin y repudiada por las organizaciones de mujeres de toda la región, logrando, más de un mes después, que el mismo Tribunal Regional revirtiera su decisión en un fallo histórico y dispusiera que la causa continúe tramitando en la justicia federal.

Tras la denuncia de un hecho de abuso sexual que investigan los organismos competentes del que fuera víctima un menor de edad, e involucrado otro menor, como así la presunta participación de un tercero; en la noche del martes se implementó un importante operativo policial de custodia a una vivienda del Barrio 2 de Abril de la ciudad de Rafaela. Se trata del domicilio del menor involucrado, y los familiares que habitan en ella, luego de conocerse que habría recibido daños.

El miércoles, habiendo tomado conocimiento sobre la organización de una manifestación en la Plaza central del barrio en repudio al hecho, el jefe de la UR V dispuso un operativo mayor. Se vio afectado un importante recurso humano, no sólo de Rafaela, si no del Departamento. El objetivo fue resguardar a la familia del implicado que se negaba a abandonar el inmueble, pese a la intervención de autoridades locales que buscaron otras alternativas.

En dicha protesta, se agruparon varias personas que, tras quemar cubiertas, se acercaron al sector del operativo. Comenzaron a clamar la presencia del Fiscal interviniente, como así también que la familia en cuestión se retire del barrio.

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En ese momento, arrojaron piedras y otros objetos contundentes a la casa y luego al personal policial apostado en el lugar. También encendieron basura a escasos metros del cordón de contención que formaban.

En principio no se adoptó ninguna medida hacia las agresiones de un gran número de los manifestantes, optando por contener en formación y soportar el arrojamiento de trozos de mampostería. No obstante, y al continuar las agresiones hostiles y correr riesgo la integridad del personal policial actuante, el responsable de la Unidad Regional V dio la orden de restaurar el orden público en forma proporcional y progresiva.

Mientras se desarrollaban los incidentes, se logró convencer y evacuar a la familia, quienes fueron trasladados fuera del barrio. También pudieron individualizarse a algunos involucrados referentes en la manifestación.

Resultaron aprehendidos y posteriormente detenidos por directiva fiscal tres individuos, de 20, 24 y 29 años; y un menor de 17 fue demorado en resguardo.

Producto de la agresión recibida, siete de los efectivos policiales actuantes resultaron lesionados. Uno de ellos sufrió fractura en el hueso cigomático (orbital ojo izquierdo), otro un desgarro en uno de sus miembros inferiores; los restantes, escoriaciones, heridas cortantes, golpes y hematomas varios. Así mismo, una de las unidades móviles comisionadas en el sector sufrió daños.

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Al mismo tiempo, mientras se dispersada la gente y desplegaban los grupos de Agrupación Cuerpos, en un sector del barrio se escucharon detonaciones de arma de fuego por lo que el personal debió resguardarse tácticamente.

Como consecuencia de los hechos, el operativo iniciado el martes se mantendrá hasta tanto la vivienda de calle Echeverría al 1600 sea desocupada en su totalidad.

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“Que reine la verdad”: habló por primera vez el sobrino de Ricky Martin que lo acusa de abuso sexualDennis Yadiel Sánchez asegura que fue abusado sexualmente por la estrella internacional cuando tenía solo 12 años.

"Hay evidencias sólidas. Están haciendo sus investigaciones y entrevistando a todas las partes", aseguró.

Hace varios meses que la carrera musical de Ricky Martin quedó prácticamente en un segundo plano, luego de las denuncias de abuso sexual que recibió por parte de su sobrino. Se trata de Dennis Yadiel Sánchez, quien rompió el silencio para hablar acerca de lo sucedido.

En diálogo con Siéntese quien pueda (Unimás), el joven puertorriqueño detalló que “la división de Delitos Sexuales de la Policía de Puerto Rico ahora mismo abrió una investigación por las evidencias que hemos presentado y todo lo que ha sucedido desde que yo tenía 12 años”.

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Pese a que explicó que no puede dar mayores detalles porque hay una investigación abierta, Sánchez confesó: “Deseo con la mayor fuerza que prontamente salga toda la evidencia y se me haga justicia en el Tribunal. Esto no es fácil para mí ni para mi familia, pero vamos para adelante con la verdad”.

Por otra parte, negó que Ricky Martin se haya puesto en contacto con él y se refirió a los dichos del artista, quien aseguró que tiene problemas mentales: “Es totalmente mentira, eso es simplemente una estrategia para cambiar la narrativa”.

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Otra de las preguntas que le hicieron fue si hizo todo por dinero, a lo que contestó: “Hay evidencias sólidas. Están haciendo sus investigaciones y entrevistando a todas las partes”.

“Cuando se resuelva todo, salgan las evidencias y se resuelva, yo podré hablar”, insistió el joven, que también pidió “que reine la verdad”.

Durante el mes de julio, una primera denuncia realizada por Sánchez fue desestimada, por lo que Ricky Martin se expresó acerca del tema: “Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público y nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas semanas. Fui víctima de la mentira.”

Dos meses después de aquel episodio, el sobrino volvió a denunciarlo y asegura haber entregado pruebas.

Una joven universitaria, quien había solicitado el servicio para trasladarse a su residencia estudiantil, denunció el ataque cometido por el chofer.

Un hombre que trabajaba como chofer dentro de la aplicación Uber, fue detenido en la tarde de este lunes en la ciudad de Santa Fe tras ser denunciado por abuso sexual en perjuicio de una joven universitaria, a quien debía trasladar a su residencia estudiantil, indicaron voceros judiciales.

La chica había pedido el traslado para dirigirse desde su trabajo hacia la residencia de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), situada en el predio contiguo a la Ciudad Universitaria. Al momento de llegar a la residencia, la joven le pidió ayuda a personal de custodia, que tras escuchar su relato la acompañó hasta la seccional 3ª de policía y luego a la Comisaría de la Mujer.

La fiscal, Celeste Minniti, a cargo de la investigación en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), sostuvo que el sospechoso fue detenido y que sus iniciales son M.C.

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El conductor era intensamente buscado en distintos puntos de la ciudad, pero sus datos no habían sido informados para no entorpecer la tarea de la Policía.

El caso fue derivado al Ministerio Público de la Acusación, que a través de la fiscal Minniti solicitó entre otras medidas la captura del chofer, que la chica pudo identificar debido a que la había llevado en varias oportunidades hacia el mismo destino.

Por otra parte, voceros de la UNL indicaron que la estudiante está recibiendo contención profesional por parte de una psicóloga, de acuerdo a los protocolos en vigencia en la institución.

“Urge que se investigue una causa semejante, algo así debería alarmar a toda la sociedad. Nos parece difícil que los fiscales que investigan sean los mismos que siguen mandando al mismo colegio”, afirmó la Dra. Lorena Adoratti.

La semana que pasó, concretamente el miércoles 7 de setiembre, la familia querellante y el equipo legal que la representa fueron recibidos en reunión conjunta por la Comisión de Género y por la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Tuvo como objetivo que puedan interiorizarse de las graves irregularidades y omisiones en la investigación, que fueron denunciadas públicamente en la conferencia de prensa del 27 de julio de este año.

En charla exclusiva con RADIO RAFAELA, la Dra. Lorena Adoratti comentó que en un principio estaba pautada una reunión de apenas 40 minutos “porque tienen una agenda muy comprometida”. Sin embargo, el encuentro se extendió dos horas. “Hubo mucho interés, muchas preguntas”, dijo.

Acercaron a las autoridades legislativas todos los escritos, los antecedentes y demás para poder mostrar todo lo que vienen haciendo como equipo técnico “sin respuesta favorable del MPA. Conocían el caso, había interés, habíamos presentado notas”.

Como ciudadanos y abogados, “creemos en la democracia y la división de poderes. Pero también es una facultad del poder Legislativo tomar conocimiento y llamar la atención cuando algo, en otro de los poderes, no funciona. En este caso, en el MPA concretamente no están avanzando las causas que nosotros llevamos adelante”.

La Dra. Adoratti aclaró que, por un lado, está la causa del abuso y, por otro lado, está la causa del encubrimiento.

“En ninguna de las dos está avanzando, nadie investiga, y mientras tanto en Rafaela hay un abusador suelto y un colegio trabajando con normalidad. Y hay una niña a la que le va a ir toda una vida reponerse de una cosa así”, declaró.

La causa

En cuanto a las investigaciones, los avances son prácticamente nulos. La abogada explicó que hubo un intento de Fiscalía de volver a citar a las partes cuyos testimonios no coincidían, pero no mucho más que eso. “Nosotros nos oponemos a que sea dentro del marco de la misma Fiscalía y de la misma Regional que se siga investigando”, dijo.

“Hemos demostrado y comprobado que no hay transparencia, que hay muchas demoras y muchas irregularidades en la investigación. Hoy tenemos pendiente un escrito que planteamos justamente ese día al fiscal provincial para que aparte a los fiscales locales del caso y se lo de otra delegación para que tengan imparcialidad”, sostuvo.

En este caso, la víctima tiene doble condición de vulnerabilidad, por ser niña y por ser mujer. “Están en juego los acuerdos internacionales, la constitución nacional, los tratados con jerarquía constitucional. No podemos demorar así, los plazos los tendría que poner el sentido común”, comentó.

Por todo ello, “urge que en Rafaela se investigue una causa semejante, algo así debería alarmar a toda la sociedad. Los niños están yendo a esa escuela con normalidad, la sociedad parece olvidarse. Nos parece difícil que los fiscales que investigan sean los mismos que siguen mandando al mismo colegio”.

“Queremos que se investigue imparcialmente, que no sigan investigando los mismos fiscales. Creemos que hay un punto de no retorno, no le creyeron a la mamá, confiaron en el testimonio de un tercero, una médica que mintió, y pudimos respaldar con documentación que mintió. Esto entorpeció la causa, envenenó la teoría de las fiscales y de esta manera no podemos seguir. Necesitamos transparencia y objetividad”, declaró.

Nota completa https://www.youtube.com/watch?v=S-Dv5VV-mLM