Un hombre de 42 años fue condenado a la pena de 12 años de prisión efectiva por haber abusado sexualmente de una niña de su entorno familiar en Gálvez.

La sentencia fue dictada este lunes por el juez Pablo Busaniche en el marco de un juicio oral que concluyó este mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal que representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el debate es Julio Lema. El funcionario judicial destacó la resolución del magistrado tras finalizar el proceso penal.

Tras conocerse el veredicto, Julio Lema valoró que “el magistrado consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos y optó por una pena cercana a los 15 años que habíamos solicitado”.

El ilícito fue cometido durante el año 2023 en la vivienda donde reside la víctima, ubicada en la localidad de Gálvez, perteneciente al departamento San Jerónimo.

El fiscal explicó que el condenado, cuyas iniciales son LIM, había asumido el compromiso de cuidar a la menor para que no permaneciera sola en el domicilio familiar.

“El condenado agredió sexualmente a la víctima y la amenazó para procurar su impunidad”, detalló Julio Lema sobre la mecánica del hecho. El agresor utilizaba el miedo para silenciarla.

“Durante el abuso, le decía que si alguien se enteraba de lo sucedido, ella iba a sufrir daños mayores”, precisó el fiscal sobre las amenazas proferidas por el hombre de 42 años.

La investigación penal se inició cuando la niña logró contarle a su madre lo que estaba padeciendo. La mujer radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de la ciudad de Coronda.

A partir de la denuncia, se activaron los protocolos judiciales correspondientes. El fiscal destacó que, pocas semanas después de la presentación, el agresor fue detenido por las fuerzas de seguridad.

La calificación legal aplicada al caso fue la de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda. Esta figura penal contempla la responsabilidad del adulto a cargo de la menor.

Desde el MPA informaron que el nombre completo del condenado no se brinda públicamente. La medida busca evitar la revictimización de la niña y proteger su identidad y su integridad.

El fallo judicial marca un precedente importante en el departamento San Jerónimo. La condena de 12 años refleja la gravedad del delito cometido contra la integridad sexual de la menor.

El juicio oral permitió exponer las pruebas recolectadas durante la etapa de investigación. El trabajo del fiscal Julio Lema fue fundamental para lograr la sentencia condenatoria contra LIM.

La justicia santafesina reafirma así su compromiso con la protección de las infancias. La sentencia de 12 años de prisión efectiva ya se encuentra firme tras el debate oral finalizado.

Una grave denuncia sacudió la tranquilidad de la región durante la madrugada de este lunes. Una mujer de 45 años, quien es oriunda de la ciudad de Rafaela, fue víctima de un violento episodio de inseguridad y abuso sexual. El hecho ocurrió en un descampado situado en las inmediaciones del cruce de la ruta 34 y la A012, bajo la jurisdicción de la localidad de Ibarlucea.

Según el relato brindado a las autoridades, todo comenzó cuando la mujer se encontraba realizando dedo en la zona de la rotonda de Circunvalación y la ruta 34. En ese momento, un hombre que circulaba en una motocicleta se detuvo y le ofreció llevarla, propuesta que la víctima aceptó sin imaginar el desenlace que tendría el trayecto.

El agresor, lejos de llevarla a su destino, desvió el camino hacia una zona oscura y despoblada. Una vez allí, el sujeto procedió a sustraerle su mochila, la cual contenía diversos elementos personales, incluyendo su teléfono celular. Tras el robo, el delincuente sometió a la mujer a un abuso sexual, aprovechándose de la vulnerabilidad de la situación en ese paraje solitario.

Durante el ataque, el sospechoso utilizó la intimidación para doblegar la voluntad de la víctima. El hombre le manifestó explícitamente que hacía poco tiempo había recuperado su libertad tras haber estado alojado en la cárcel de Coronda. Tras cometer el ilícito, el agresor se dio a la fuga rápidamente a bordo de su vehículo, dejando a la mujer en el lugar del hecho.

La víctima logró pedir auxilio y fue entrevistada inicialmente por personal del Comando Radioeléctrico de Granadero Baigorria. Posteriormente, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer para radicar la denuncia formal y someterse a los exámenes médicos de rigor. La investigación quedó a cargo de la fiscal Mariángeles Lagar, perteneciente al Ministerio Público de la Acusación.

La fiscal Mariángeles Lagar ordenó de inmediato una serie de medidas procesales para intentar esclarecer el caso. Entre las diligencias solicitadas, se destaca el relevamiento exhaustivo de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona y la búsqueda de rastros que permitan identificar al autor del ataque. Hasta el momento, el agresor permanece prófugo y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

Un policía de Mendoza fue detenido y apartado preventivamente de sus funciones tras ser denunciado por un presunto abuso sexual contra una mujer detenida en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz.

El caso se conoció este martes y quedó bajo investigación judicial para determinar lo ocurrido dentro de la dependencia. El acusado es un ayudante que había sido trasladado recientemente desde la Policía Vial.

Según informaron medios locales, el efectivo cumplía exclusivamente tareas administrativas y no tenía un arma reglamentaria asignada. La denunciante estaba alojada en la comisaría desde el 9 de octubre por una causa de estafa.

Tras la acusación, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza dispuso el apartamiento preventivo del agente. La causa se inició en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo del fiscal Flavio D’Amore.

Posteriormente, el expediente fue derivado a la fiscal Andrea Lazo, quien se especializa en Homicidios y Violencia Institucional. Los investigadores trabajan para reconstruir las circunstancias del hecho y establecer la responsabilidad del denunciado.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre la mecánica del presunto ataque ni se informó una imputación formal. Las autoridades evalúan además disponer su pase a situación pasiva mientras avanza el proceso penal.

La Justicia de Santa Fe condenó a Juan Diego B. a nueve años de prisión por abusos sexuales cometidos contra una familiar menor de edad en la ciudad de Santo Tomé. La sentencia fue dictada por la jueza Cecilia Labanca, integrante del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Santa Fe, quien además ordenó la inmediata detención del condenado en la misma sala de audiencias.

El imputado, quien es primo hermano del padre de la víctima y era considerado su tío, fue hallado autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la guarda, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada por la guarda y por la edad de la víctima. Según la acusación, los hechos ocurrieron cuando la niña tenía 10 años y se encontraba bajo el cuidado del hombre mientras sus padres trabajaban.

El abogado querellante Hernán Kovacevich, quien representó a la víctima, actualmente de 20 años, destacó la importancia del fallo tras una prolongada demora de una década en la causa.

Los tiempos de la víctima no son los tiempos de la Justicia, pero detrás de este expediente hay una vida que no puede quedar atrapada en el paso de los años.

Durante el debate, se expuso que la víctima sufrió graves consecuencias emocionales y psicológicas, incluyendo episodios de convulsiones y crisis de ausencia que requirieron tratamiento médico. Tras la denuncia, el grupo familiar sufrió amenazas y debió abandonar Santo Tomé para radicarse en el sur del país. La fiscal Natalia Giordano llevó adelante la acusación, mientras que la defensa del condenado fue ejercida por Ignacio Alfonso Garrone.

Este martes comenzó en la Cámara del Crimen de San Francisco el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la niña de ocho años que fue encontrada sin vida tras un incendio en su vivienda en Brinkmann el 1 de noviembre de 2024. El proceso se desarrolla con jurados populares y a puertas cerradas.

Tras la primera jornada, Betiana Heredia, prima de Rocío Milagros Rauch —madre de la víctima y una de las tres personas acusadas—, expresó el dolor y la indignación de los allegados.

Millones de sensaciones, los sentimientos súper encontrados, con mucho dolor, mucha bronca, mucha indignación.

Los tres imputados, Rocío Milagros Rauch, su pareja Ezequiel Matías Simeone y Cristian Hernán Varela, enfrentan cargos por abuso sexual agravado y homicidio criminis causa. En el caso de Simeone, la acusación incluye también el incendio provocado para intentar eliminar evidencias. Sobre su prima, Heredia manifestó:

Considero que ella es la culpable número uno, es la asesina número uno. Como mamás es nuestro deber cuidar y proteger a nuestros hijos, ella jamás hizo eso.

La familia de la menor busca que el tribunal dicte la pena máxima para los tres involucrados.

La expectativa que tengo es que el juicio nos lleve a que le den condena perpetua a los tres por igual, a los tres tienen que condenarlos y no salir nunca más de la cárcel.

Además del pedido de justicia, los familiares reclaman que se investigue el accionar de los organismos estatales encargados de la protección de la infancia. Según sostienen, existieron fallas u omisiones que dejaron a la niña en una situación de vulnerabilidad extrema. El debate continuará este miércoles y tiene previstas audiencias para los días 22, 23 y 29 de septiembre.

La Justicia de Bahía Blanca ordenó la detención del entrenador de hockey Horacio “Chacho” Asensio, en el marco de una investigación por presunto abuso sexual gravemente ultrajante contra al menos tres jugadoras adolescentes a las que dirigía en el Club Deportivo Monte Hermoso entre 2012 y 2013.

La medida fue dispuesta por la jueza Marisa Promé. Luego, efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y de la División Cibercrimen de la Policía Bonaerense concretaron el procedimiento en la vivienda del entrenador, ubicada en la calle Puelches, en el barrio Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata.

Asensio se encontraba actualmente radicado en esa ciudad, donde se desempeñaba como director técnico del club Sporting.

Una investigación que se extendió durante años

La causa se remonta a hechos que habrían ocurrido hace más de una década. Según la información judicial difundida, el caso había trascendido públicamente en aquel momento, cuando el padre de una de las jóvenes habría intimado al entrenador a abandonar Monte Hermoso luego de tomar conocimiento de las situaciones denunciadas.

Sin embargo, la investigación permaneció durante años sin avances significativos. De acuerdo con la información consignada por la agencia NA, las víctimas demoraron en prestar declaración y una presentación realizada el año pasado habría aportado elementos que permitieron impulsar nuevamente la causa.

Qué denunciaron las jóvenes

Las acusaciones formuladas ante la Justicia describen distintas situaciones que las adolescentes habrían atravesado durante el período en el que Asensio se desempeñaba como entrenador.

Según las denuncias, las jóvenes manifestaron que tenían temor de hablar y señalaron que el entrenador habría tenido distintos comportamientos de carácter sexual hacia ellas. Entre los hechos relatados aparecen supuestos besos en la boca, tocamientos y situaciones de exposición corporal en distintos ámbitos vinculados con la actividad deportiva.

Una de las denunciantes también habría señalado que el entrenador las hacía pesarse desnudas, las obligaba a ducharse junto a él y habría tenido contacto físico de índole sexual con ella. Siempre de acuerdo con el contenido de la denuncia, también habría utilizado su posición dentro de la disciplina para ejercer presión sobre las adolescentes.

Estos hechos forman parte de la investigación judicial y deberán ser establecidos por la Justicia.

Traslado a Bahía Blanca

Luego de su detención en Mar del Plata, Asensio quedó a disposición de la Justicia y se prevé su traslado a Bahía Blanca para prestar declaración indagatoria.

La defensa podría plantear cuestiones vinculadas con la prescripción de los hechos investigados. Sin embargo, según la información difundida sobre la causa, la presentación de una nueva denuncia habría interrumpido el plazo legal de prescripción.

La investigación continuará ahora bajo la órbita de la Justicia bahiense, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes a partir de las pruebas incorporadas al expediente.

El abuelo paterno de Guadalupe Belén Lucero, la niña desaparecida en San Luis desde junio de 2021, fue detenido nuevamente en el marco de una investigación por una denuncia de abuso sexual contra una menor.

Se trata de Roque Lucero, quien fue arrestado este domingo por la Policía de San Luis luego de que un informe de una entrevista realizada mediante cámara Gesell arrojara resultado positivo en un expediente diferente al que ya había derivado en una imputación en abril de este año.

Este lunes se llevará adelante la audiencia imputativa, instancia en la que se definirá su situación procesal.

La detención corresponde a una investigación distinta de la causa anterior, aunque ambas están relacionadas con presuntos abusos sexuales contra menores.

La nueva medida vuelve a poner bajo la lupa la situación judicial del abuelo paterno de Guadalupe, cuya desaparición continúa sin esclarecerse desde hace más de cinco años.

En abril de este año, Roque Lucero había sido imputado por otra denuncia de abuso sexual. En ese momento, la familia materna de la niña había reclamado que se profundizaran las investigaciones y se analizara si existía algún vínculo con la desaparición de Guadalupe.

Guadalupe fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 en la ciudad de San Luis. Desde entonces, la búsqueda continúa sin que se haya podido determinar qué ocurrió con la niña.

La familia materna solicitó en distintas oportunidades nuevas medidas de investigación. Entre ellas, pidió analizar información vinculada al teléfono de Roque Lucero, especialmente los movimientos registrados antes y después de la desaparición.

Hasta el momento, no se informaron avances que permitan establecer una relación entre estas denuncias y la desaparición de Guadalupe.

El Ministerio de Seguridad Nacional mantiene una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten datos útiles que permitan encontrar a Guadalupe.

La investigación por su paradero continúa abierta mientras se desarrollan nuevas medidas judiciales.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en Helvecia a un hombre de 67 años en el marco de una investigación por un presunto abuso sexual.

La causa se encuentra bajo la intervención de la fiscal María Rosario Haeffeli y comenzó a partir de un llamado recibido por la Central de Emergencias 911, mediante el cual se alertó sobre un hecho de índole sexual ocurrido en la localidad.

A partir del aviso, personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional VII acudió al lugar y realizó las primeras actuaciones.

En ese contexto, los agentes aprehendieron al presunto involucrado, quien posteriormente quedó sujeto a las medidas dispuestas por la Fiscalía.

La investigación continuó a cargo del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de Helvecia, dependiente de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Región I.

Luego de avanzar con las diligencias correspondientes, durante la jornada del miércoles la fiscal interviniente dispuso que el hombre, identificado por sus iniciales como J.R.V., de 67 años, pasara de aprehendido a detenido.

El investigado quedó a disposición de la Justicia y fue alojado en la Alcaldía de la Comisaría 1ª de la Unidad Regional VII.

La causa continuará ahora bajo las directivas del Ministerio Público de la Acusación para determinar las circunstancias del hecho investigado.

Un efectivo de la Policía de Córdoba fue detenido en el marco de una investigación por presuntos casos de grooming y abuso sexual contra cuatro menores de entre 12 y 14 años en el norte provincial.

El acusado fue identificado como Juan Cruz Cejas Bustamante, de 27 años, quien se desempeñaba en el Departamento Motos de la fuerza en la ciudad de Córdoba.

La investigación está a cargo de la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, y contempla hasta el momento 15 órdenes de detención contra distintos sospechosos.

De acuerdo con la investigación, algunos de los adultos involucrados habrían contactado a las adolescentes mediante redes sociales para solicitarles imágenes de contenido sexual, mientras que otros habrían acordado encuentros personales con ellas.

Cejas Bustamante quedó imputado por grooming y abuso sexual con acceso carnal. Las calificaciones legales varían según la conducta atribuida a cada uno de los sospechosos.

Los investigadores también intentan establecer si existió intercambio de información sobre las menores entre algunos de los acusados.

Hasta el momento, sin embargo, la pesquisa no logró acreditar la existencia de una estructura organizada destinada a captar a las adolescentes o administrar una eventual explotación.

La causa se inició a partir de la denuncia por la desaparición de una adolescente de 13 años.

Mediante la geolocalización de su teléfono celular, los investigadores lograron encontrarla en Santiago del Estero, donde se encontraba junto a otras chicas de edad similar.

Ese hallazgo abrió nuevas líneas investigativas y derivó en una serie de medidas judiciales que permitieron identificar a más sospechosos y ordenar nuevas detenciones.

En total, 15 personas tienen orden de arresto, aunque todavía resta concretar la detención de un hombre de Villa de María del Río Seco.

Entre las personas investigadas también aparece José Aníbal Ricardo Villarreal, exasesor del legislador departamental de Río Seco Ernesto Ramón Flores.

Villarreal fue imputado por abuso sexual con acceso carnal, mientras la Fiscalía continúa analizando la participación atribuida a cada uno de los involucrados.

La investigación permanece bajo la órbita de la fiscal Cepede y busca reconstruir cómo se produjeron los contactos con las menores, qué rol tuvo cada sospechoso y si existieron vínculos entre los distintos acusados.

La investigación por grooming, abuso y explotación sexual de adolescentes en Villa de María de Río Seco, en el norte de Córdoba, incorporó un nuevo elemento: las tres víctimas tenían colocados implantes anticonceptivos subdérmicos desde hacía al menos dos años.

Las jóvenes tienen actualmente entre 12 y 14 años, por lo que la Justicia intenta establecer bajo qué circunstancias accedieron a esos métodos cuando rondaban los 11 años. La causa, a cargo de la fiscal Analía Cepede, ya registra 11 detenidos.

Cepede confirmó que el dato surgió durante las evaluaciones médicas y psicológicas realizadas a las adolescentes. “Las tres lo mencionaron como que estaba instalado hace al menos dos años”, explicó.

La fiscal aclaró que la investigación no cuestiona el acceso a métodos anticonceptivos, sino las condiciones concretas en las que fueron colocados y qué intervención tuvieron adultos responsables y profesionales de la salud.

La Justicia buscará reconstruir dónde fueron realizados los procedimientos, quiénes los autorizaron y si existieron indicadores previos que debieron activar mecanismos de protección para las menores.

La causa se inició después de la denuncia por la desaparición de una adolescente. La joven fue localizada con vida y el análisis de su teléfono permitió detectar conversaciones, imágenes y contactos sexuales con distintos hombres adultos.

A partir de esos elementos aparecieron otras víctimas y se desplegaron allanamientos en Villa de María de Río Seco. La investigación determinó que algunos sospechosos habrían contactado a las chicas por redes sociales para solicitarles imágenes y, en ciertos casos, concretar encuentros presenciales.

Las imputaciones varían según cada situación: algunos acusados enfrentan cargos por grooming y otros por abuso sexual con acceso carnal. La fiscalía no descarta que aparezcan más involucrados ni nuevas víctimas.

Otro de los puntos señalados por Cepede es el nivel de vulnerabilidad socioeconómica en el que se encontraban las adolescentes.

Según la fiscal, las víctimas no recibían grandes sumas de dinero, sino alimentos y productos básicos. “Acá no hay una retribución patrimonial que haya mejorado su vida. Esto es hambre”, sostuvo al describir el contexto investigado.

La pesquisa busca determinar si los distintos acusados actuaban de manera coordinada. Hasta el momento, no está acreditada judicialmente la existencia de una organización criminal estructurada, aunque esa hipótesis continúa bajo análisis.

Entre los detenidos se encuentra José Aníbal Ricardo Villarreal, quien figuraba como asesor en la Legislatura de Córdoba y quedó imputado por abuso sexual agravado.

La investigación había comenzado con siete arrestos a fines de julio, sumó nuevas detenciones durante las semanas siguientes y alcanzó este viernes las 11 personas privadas de su libertad.

La fiscalía continuará con peritajes sobre dispositivos electrónicos, declaraciones testimoniales y medidas destinadas a reconstruir cómo fueron captadas las adolescentes y qué grado de participación tuvo cada uno de los sospechosos.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de Juan Francisco Trigatti, el docente condenado por delitos contra la integridad sexual cometidos contra cinco alumnas menores de edad en una escuela de la capital provincial.

La resolución fue adoptada por mayoría. Los ministros Jorge Baclini, Daniel Erbetta, Roberto Falistocco y Margarita Zabalza votaron por no hacer lugar al planteo defensivo.

En disidencia se pronunciaron Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Rubén Weder.

El recurso había sido presentado luego de que un tribunal de segunda instancia rechazara un planteo de inconstitucionalidad contra la resolución que confirmó la condena de 12 años de prisión.

Trigatti había sido absuelto en primera instancia, al término de un juicio oral. Sin embargo, esa decisión fue apelada por el Ministerio Público de la Acusación.

Posteriormente, un tribunal de segunda instancia integrado por los camaristas Jorge Andrés, Sebastián Creus y Alejandro Tizón hizo lugar al planteo de la Fiscalía, revocó la absolución y condenó al docente.

La sentencia lo consideró autor de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido por una persona encargada de la educación, en perjuicio de cuatro víctimas, y de abuso sexual simple agravado por la misma condición, respecto de una quinta alumna.

La defensa apeló la sentencia, pero el 7 de noviembre de 2025 otro tribunal de segunda instancia, integrado por Fabio Mudry, Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri, confirmó la condena.

Ese tribunal también rechazó el recurso de inconstitucionalidad impulsado por los abogados del docente.

Frente a esa decisión, la defensa acudió ante la Corte Suprema provincial mediante un recurso de queja. El máximo tribunal santafesino resolvió ahora, por cuatro votos contra tres, rechazar el planteo.

El pediatra de 40 años detenido esta semana en Santa Fe en el marco de una investigación por presunto abuso sexual será imputado formalmente este viernes en los tribunales de la capital provincial.

La audiencia fue fijada para las 13.15 en la Sala 1 del subsuelo de los tribunales provinciales y estará encabezada por el juez Luis Octavio Silva. Durante el mismo acto procesal también se analizará la situación cautelar del acusado.

La imputación estará a cargo de la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), Vivian Galeano, mientras que la defensa del médico, identificado por sus iniciales E.R.A., será ejercida por el abogado Matías Pautasso.

El profesional permanece privado de su libertad desde el lunes, cuando fue detenido por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) a pedido del Ministerio Público de la Acusación.

La causa comenzó a partir de la denuncia de una mujer de 26 años, quien sostuvo que el hecho ocurrió el lunes 20 de julio durante una consulta en la guardia pediátrica de un sanatorio privado de la ciudad de Santa Fe.

Según su relato, había concurrido al lugar junto a su hija de cuatro años. Luego de atender a la menor, el médico le habría ofrecido revisar también a la madre, quien presentaba síntomas compatibles con un cuadro viral.

En ese contexto, de acuerdo con la denuncia, se habría producido un tocamiento que derivó en la presentación por presunto abuso sexual simple.

El caso tomó mayor repercusión después de que la mujer relatara públicamente lo ocurrido a través de sus redes sociales y posteriormente formalizara la denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación.

Durante el avance de la investigación, la querella, representada por la abogada Abril Rico, informó que la denunciante entregó conversaciones de Instagram mantenidas con cuatro personas que habrían referido situaciones similares.

Además, la mujer fue convocada por peritos informáticos de la PDI para realizar la extracción del contenido de su teléfono celular, con el objetivo de preservar e incorporar los mensajes a la investigación.

La representante de la denunciante sostuvo públicamente que esos relatos podrían aportar elementos de interés para la causa.

Fuentes vinculadas al expediente indicaron también que existirían antecedentes de otras denuncias contra el profesional, una de ellas archivada y otra actualmente bajo investigación.

La audiencia de este viernes será clave para conocer la acusación formal de la Fiscalía y la medida cautelar que solicitará para el médico, mientras la causa continúa en etapa investigativa.

Mientras millones de personas celebraban la consagración del nuevo campeón del mundo, el Mundial 2026 también reveló otra realidad: varios futbolistas llegaron al torneo enfrentando denuncias o procesos judiciales vinculados a violencia de género y delitos sexuales.

Durante la Copa del Mundo, seis jugadores de Argentina, Marruecos, Ghana, Japón y Cabo Verde participaron mientras estaban involucrados en causas judiciales de distinta índole: algunas en investigación, otras elevadas a juicio y otras concluidas mediante acuerdos legales o sin condena firme. Sin embargo, todos compartieron un mismo escenario: fueron convocados por sus selecciones y representaron oficialmente a sus países.

Este contexto reavivó un debate que el deporte mantiene pendiente: ¿qué lugar ocupan las denuncias por violencia de género en la confección de las listas mundialistas? ¿Existen protocolos claros en las federaciones y en la FIFA para abordar estas situaciones?

Los casos más destacados

Achraf Hakimi (Marruecos): a juicio por violaciónEl defensor del París Saint-Germain fue denunciado en febrero de 2023 por una mujer que aseguró haber sido violada en la vivienda del jugador en París. Hakimi negó las acusaciones, calificándolas de intento de extorsión, y recibió respaldo público de su entonces compañero Kylian Mbappé. La justicia francesa elevó la causa a juicio, previsto para febrero de 2027. A pesar de esto, Hakimi fue titular en toda la Copa del Mundo.

Thomas Partey (Ghana): múltiples denuncias y juicio pendienteEl mediocampista ghanés afrontó siete cargos de violación y un cargo de abuso sexual en la Justicia británica, denunciados por cuatro mujeres por hechos ocurridos entre 2021 y 2022. Partey negó todas las acusaciones, permaneció en libertad bajo fianza y su juicio está previsto para 2027. Ghana mantuvo su convocatoria y el jugador disputó el torneo.

Thiago Almada (Argentina): causa en investigaciónEl volante argentino estaba siendo investigado por una denuncia de abuso sexual grupal tras una fiesta en diciembre de 2020. Almada negó su participación en los hechos y continuó su carrera en Estados Unidos , Brasil y Europa antes de integrar la lista mundialista de Argentina. La causa sigue activa en Argentina y tiene un detenido. Jugó y fue campeón en el Mundial de Qatar 2022 con Argentina  y en 2026 subcampeón.

Facundo Medina (Argentina): denuncia por violencia de género en FranciaEl defensor fue denunciado en 2021 por su expareja por violencia y agresiones físicas. Fue puesto bajo custodia policial y reconoció parcialmente los hechos; se resolvió la causa mediante un procedimiento abreviado sin pena de prisión efectiva ni antecedentes penales. Medina volvió a ser convocado por la Selección Argentina y disputó el Mundial 2026.

Kaishu Sano (Japón): regreso tras agresión sexualEl mediocampista fue detenido en julio de 2024 por una denuncia de agresión sexual en Tokio. Permaneció quince días detenido y posteriormente la causa fue desestimada tras un acuerdo extrajudicial. Sano pidió disculpas públicamente y regresó a la selección para disputar el Mundial.

Ryan Mendes (Cabo Verde): la denuncia más recienteEl capitán caboverdiano fue denunciado por presunto abuso sexual por una traductora brasileña en Nueva Zelanda durante un amistoso. La investigación seguía abierta al finalizar el Mundial, pero la Federación de Cabo Verde mantuvo su convocatoria y Mendes disputó el torneo con la cinta de capitán, generando críticas de organizaciones feministas y de derechos humanos.

La presencia de estos futbolistas volvió a poner sobre la mesa preguntas que trascienden lo deportivo: ¿deberían las federaciones considerar denuncias por violencia de género al momento de convocar jugadores? Representar a un país en un Mundial es un honor, pero también una responsabilidad social que implica transmitir valores y ética.                Organizaciones feministas y de derechos humanos reclamaron protocolos claros y criterios institucionales en el fútbol profesional. 

Cuenta pendiente

El Mundial 2026 dejó claros los límites de la celebración deportiva cuando se ignoran violencias que atraviesan la sociedad. 

La presencia de futbolistas denunciados por violencia de género y delitos sexuales puso en evidencia la indiferencia institucional: la FIFA no intervino, las federaciones eligieron la competitividad por encima de la ética, y millones de espectadores vieron cómo se normalizaban estos casos en el escenario más importante del fútbol.

Visibilizar estas situaciones no busca emitir condenas anticipadas, sino recordar que representar a un país conlleva un compromiso que va más allá del talento o los goles. La violencia de género no puede ser tolerada ni silenciada por los grandes organismos del deporte. Mientras el fútbol siga evitando debatir protocolos claros y acciones concretas, seguirá transmitiendo un mensaje peligroso: que ganar importa más que la justicia y la integridad.

El Mundial terminó, pero la responsabilidad social del fútbol continúa pendiente. Cada federación, cada jugador y cada institución debe preguntarse: ¿qué tipo de deporte queremos para nuestras hijas, hijos y futuras generaciones si el silencio y la impunidad siguen dominando dentro y fuera de la cancha?.

El procedimiento fue dispuesto por la fiscal Valeria Nittoli y llevado adelante por personal del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de El Trébol, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.

Según informó la PDI, la causa se inició a partir de una denuncia recepcionada por el Centro Territorial de Denuncias (CTD).

En esa presentación, la víctima manifestó haber sufrido un hecho de abuso sexual durante los primeros días del mes de junio.

A partir de las tareas investigativas realizadas, se reunieron los elementos necesarios para avanzar con la detención del imputado.

Por disposición de la fiscal interviniente, efectivos de la PDI, con colaboración de personal de la Comisaría 4ª de El Trébol, concretaron el procedimiento.

El hombre fue trasladado y alojado en dicha dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

La investigación se inició a partir de un informe elevado al Ministerio Público de la Acusación, que permitió advertir una situación de violencia de género y motivó la adopción de medidas urgentes de protección, así como el avance de las diligencias investigativas.

El imputado, identificado por sus iniciales J.R.S., de 38 años, fue detenido el 30 de junio por personal de la Comisaría 4.ª de El Trébol. Posteriormente, personal de la Policía de Investigaciones procedió a su notificación e identificación por la presente causa, quedando alojado en dicha dependencia a disposición de la Justicia.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en la ciudad de San Guillermo a un hombre que era requerido por la Justicia de la provincia de Córdoba en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal.

El detenido fue identificado por sus iniciales como H.M.J.R., sobre quien pesaba un pedido de detención y extradición dispuesto por la Justicia cordobesa.

La medida fue ordenada por la Dra. Alejandrina Lía Delfino, titular del juzgado interviniente de la ciudad de Morteros, provincia de Córdoba.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Región 5 – Distrito Ceres de la PDI, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.

Los efectivos realizaron el procedimiento en una vivienda ubicada sobre calle 12 de Octubre, en San Guillermo, donde lograron localizar al requerido y concretar su detención.

Posteriormente, y en cumplimiento de lo dispuesto por la magistrada interviniente, el hombre fue entregado junto con la documentación correspondiente a personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales (DGIC) de Córdoba, para dar curso al pedido de extradición.

La Justicia de Tucumán ratificó el sobreseimiento de Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín, los exfutbolistas de Vélez denunciados por presunto abuso sexual en marzo de 2024. La decisión fue tomada por la jueza Patricia Carugatti, del Tribunal de Impugnación del Centro Judicial Capital, quien rechazó los recursos presentados por la querella y confirmó el fallo dictado en diciembre de 2025 por el juez Augusto Paz Almonacid.

La denuncia fue presentada por una joven tucumana, quien aseguró haber sido abusada en una habitación del hotel donde se alojaba el plantel de Vélez tras un partido disputado en la provincia. A partir de esa acusación, los cuatro futbolistas permanecieron bajo arresto domiciliario durante 920 días.

El expediente dio un giro en octubre de 2025, cuando José Florentín presentó una contradenuncia contra la denunciante, sus abogados y el diputado nacional Carlos Cisneros por presunta asociación ilícita para falsear pruebas. Tras diversos allanamientos y pericias sobre dispositivos electrónicos, la defensa sostuvo haber encontrado elementos que debilitaban la acusación.

Al confirmar el sobreseimiento, la magistrada consideró que los cuestionamientos de la querella sobre las pericias informáticas y la valoración de las pruebas no demostraron irregularidades suficientes para revertir la sentencia. Además, tuvo peso que el Ministerio Público Fiscal no apelara el fallo absolutorio ni acompañara la impugnación.

Con esta nueva resolución, la querella solo podrá recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y, eventualmente, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto, los cuatro exjugadores mantienen su condición de inocentes ante la Justicia.

En el marco de la movilización por el 11° aniversario de Ni Una Menos, realizada este miércoles en Rafaela, Vanesa Carrasco, denunciante de un abuso sexual a su hija en el Colegio San José en 2021, participó de la convocatoria y expresó su acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de violencia.

Carrasco recordó el enorme acompañamiento que recibió durante el inicio de la causa y contó que decidió estar presente, respaldando los reclamos vinculados a la violencia de género y sumándose al pedido de justicia.

“Estamos apoyando. Como todos nos apoyaron a nosotros, nosotros venimos a apoyar. La verdad que es terrible lo que pasa y hay que hacer algo”, manifestó durante la marcha.

Durante sus declaraciones, Carrasco cuestionó la actuación de la Justicia local en el tratamiento de la denuncia presentada por su familia. “Me destrataron, yo no tuve el apoyo de Fiscalía”, afirmó.

Según explicó, la causa ya fue elevada a otra instancia judicial y actualmente aguardan novedades sobre su avance. Carrasco señaló que continúa reclamando respuestas tanto por el caso de su hija como por otras situaciones de violencia y abuso que han tomado estado público.

“Estamos acá para apoyar y para que se sepa que esto no puede ocurrir más. No queremos que siga pasando, necesitamos que se haga algo al respecto, por el caso de mi hija y por todos los casos”, sostuvo.

Una nena de 7 años fue internada en el Hospital Zonal de Fernández, en la provincia de Santiago del Estero, luego de presentar una infección urinaria, sangrado y otras dolencias. Durante la atención médica, profesionales de la salud detectaron lesiones compatibles con un posible abuso sexual y dieron intervención a las autoridades.

Según informaron medios locales, la madre de la menor, de 42 años, llevó a su hija al centro de salud debido al cuadro que presentaba. Tras examinarla, la médica de guardia mantuvo una entrevista con la mujer, quien manifestó que la niña habría sido víctima de abuso por parte de su padrastro, un hombre de 32 años.

Ante la gravedad de la situación, la profesional dispuso la internación inmediata de la menor y notificó a personal policial para activar el protocolo previsto en este tipo de casos.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Comunitaria 35 de Fernández. Con intervención de la fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual de la Circunscripción Banda y Robles, se ordenó la aprehensión del sospechoso.

El hombre fue detenido en la vía pública y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Fuentes judiciales indicaron que también se dispusieron distintas medidas para determinar las circunstancias del hecho y reunir pruebas en la causa.

Un hombre de 43 años cuyas iniciales son SAVDV fue condenado a 12 años de prisión por haber abusado sexualmente de su la hija de su pareja en una pequeña localidad del departamento General Obligado.

La sentencia fue ordenada por el juez Gonzalo Basualdo en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de Las Toscas. El fiscal Norberto Ríos estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate.

Luego de la lectura del veredicto, Rios expresó que “si bien valoramos la condena impuesta al acusado, aguardaremos los fundamentos del magistrado”.

Por otra parte, el fiscal hizo hincapié en “la valentía de la víctima, quien vino a la sala de audiencias e hizo la declaración de impacto ante el juez”, y también destacó “la presencia de la tía de la niña, quien valoró el trabajo de investigación realizado y la sentencia obtenida”.

Ríos precisó que “el condenado abusó de la víctima en reiteradas oportunidades cuando la niña transitaba el último tramo de su escolaridad primaria”.

“SAVDV era la pareja de la madre de la víctima y convivían en la misma casa”, detalló el fiscal. En tal sentido, agregó que “el condenado se aprovechó de esta situación y cometía los ataques sexuales en los momentos en los que quedaba a solas con la niña y en viajes que realizaron”.

El funcionario remarcó que “la víctima logró develar lo sucedido en abril de 2025 a su tía, quien realizó de forma inmediata la denuncia correspondiente”.

SAVDV fue condenado como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado (por la convivencia preexistente con un menor de 18 años). Su identidad se omite informar para evitar la revictimización de la niña abusada a raíz de que viven en una localidad muy pequeña del norte provincial.

El Litoral