La Justicia Federal ordenó detener durante seis meses la implementación del plan de reorganización del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), que preveía el cierre de dependencias, la reducción de áreas y el posible despido de trabajadores. La medida cautelar fue dictada tras una presentación realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Entre los puntos más controvertidos del plan cuestionado se encontraban el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA), la eliminación de nueve agencias territoriales y la transferencia de inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), medidas enmarcadas en la reestructuración impulsada por el Gobierno nacional.

La resolución lleva la firma del juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, quien dispuso la suspensión inmediata de la Resolución 20/2026, promovida por el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich. El magistrado fundamentó su decisión al señalar indicios de arbitrariedad e ilegalidad, citando la falta de fundamentos suficientes, la utilización de normas cuya vigencia estaba en duda y posibles contradicciones con la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Además, advirtió que las medidas podrían afectar derechos vinculados al acceso a la ciencia y la tecnología, la agricultura familiar, la alimentación, el empleo y la estabilidad laboral en el ámbito estatal.

Como consecuencia de la cautelar, el Inta queda impedido de avanzar con la eliminación de dependencias y funciones, traslados de trabajadores, pases a disponibilidad, desvinculaciones de personal técnico y cualquier acción relacionada con la transferencia, venta o subasta de bienes inmuebles y equipamiento.

El fallo también afecta la política de reducción de personal que el organismo había comenzado a implementar. En las últimas semanas, el Inta había iniciado un programa de retiros voluntarios para empleados de planta permanente, como parte del ajuste aplicado en distintos organismos públicos. Este esquema, aprobado por el Consejo Directivo y oficializado mediante resolución publicada en el Boletín Oficial, contemplaba una gratificación equivalente a un salario y medio por cada año trabajado para quienes cumplieran un mínimo de tres años de antigüedad. Asimismo, los agentes que aceptaran el retiro voluntario no podrían reincorporarse al Sector Público Nacional durante cinco años, salvo cargos docentes en universidades nacionales, con el objetivo de reducir la dotación del organismo en alrededor de mil trabajadores.

Desde ATE celebraron la decisión judicial. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, destacó que la resolución pone nuevamente en discusión la legalidad de las medidas adoptadas por el Ejecutivo y ratificó que la organización continuará cuestionando en distintos ámbitos las políticas de ajuste sobre organismos considerados estratégicos para el Estado.