Este jueves por la mañana, se llevó a cabo una importante reunión de seguimiento en la Jefatura de la Unidad Regional V, con el objetivo de evaluar la operatividad policial en el Departamento Castellanos. La misma fue encabezada por el Subjefe de Policía de la Provincia, Director General de Policía Lic. Daniel Filchel.

El encuentro contó además con la presencia del Coordinador Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, Director de Policía (R) Claudio Blaser; representantes de la Subsecretaría de Análisis Criminal, como Mauricio Amer; y miembros del equipo de Análisis Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Sassetti y José Luis Felice.

También participaron el Jefe del Departamento Estadístico Criminal OJO, Subcomisario Darío Chelini; el Jefe del Departamento Informaciones (D2), Director de Policía Mauricio Gregoret; y la Subjefa del mismo organismo, Subdirectora de Policía Marili Insaurralde.

Por parte de la Unidad Regional V, estuvieron presentes el Jefe, Director General de Policía Lic. Carlos D. Pagano; el Subjefe, Director de Policía Fernando Martín Mendoza; y oficiales jefes bajo su mando.

Durante la jornada se analizaron datos vinculados al accionar de las fuerzas en el territorio, con el fin de establecer criterios de evaluación, fortalecer estrategias operativas y optimizar recursos.

En el mediodía de este lunes se llevó a cabo una audiencia imputativa virtual en la que la fiscal Fabiana Bertero formalizó cargos contra tres policías que prestaban funciones en la Alcaidía de la Jefatura de Policía de Rafaela, acusados de diversos delitos cometidos dentro de la propia institución. 

Los imputados son Norberto Núñez (46 años, oriundo de Vera), Alejandro Farías (41, de Santa Fe capital) y Cristian Montiel (38, también de Vera), quienes se encuentran detenidos en la Alcaldía de la Unidad Regional I, a la espera de la audiencia de medidas cautelares prevista en principio para el miércoles 2 de abril a las 8:00 horas.

También participaron de la audiencia el abogado defensor de los 3 acusados, Carlos Farías Demaldé y el juez Gustavo Bumaguin.

Durante la audiencia, la fiscal Bertero expuso con detalle los hechos que motivaron la detención de los tres agentes. Entre las imputaciones más graves, se menciona que el jefe de la Alcaidía, Norberto Núñez, habría solicitado un millón de pesos a un interno para evitar su traslado. Además, se lo acusa de permitir el uso sistemático de un teléfono celular en la cocina de la Alcaidía por parte de otro interno, y de ofrecer beneficios carcelarios a cambio de pagos que iban desde 500 mil a 2 millones de pesos.

Asimismo, se le atribuye haber entregado de manera irregular un teléfono celular previamente secuestrado, y de facilitar la desaparición de evidencia vinculada a una causa por lesiones, al recuperar un celular del pabellón 2 previo a una requisa judicial.

Los oficiales Alejandro Farías y Cristian Montiel también fueron imputados por su participación directa en los hechos. Según la acusación, en junio de 2024 pidieron 100 mil pesos a internos del pabellón 3 a cambio de entregarles un celular y avisarles con anticipación sobre requisas, con el conocimiento del jefe de la Alcaidía.

Todo comenzó con una denuncia anónima que desencadenó una serie de allanamientos que se iniciaron desde el domingo 23 de marzo y se realizaron a lo largo de la semana en la Alcaidía, que dejó al descubierto un escandaloso hallazgo: 56 celulares, televisores y droga (8,8 gramos de cocaína) en una celda. A raíz de esto, se abrióuna causa paralela por tenencia indebida de estupefacientes, y se intensificó la intervención de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe.

Finalmente, el viernes siguiente, y por orden de la Fiscalía Regional V, se concretaron las detenciones de los tres agentes, lo que dio paso a la formal imputación de este lunes.

La fiscal Bertero acusó a los tres policías por una serie de delitos que incluyen: exacciones ilegales agravadas, abuso de autoridad (reiterado), encubrimiento agravado, adulteración de evidencia y coautoría en extracciones ilegales

Los cargos están previstos en distintos artículos del Código Penal Argentino, con penas que podrían implicar prisión efectiva.