La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, realizó un allanamiento en la ciudad de Sunchales en el marco de una investigación por amenazas calificadas con uso de arma de fuego.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Juan Manuel Puig, mientras que la medida judicial fue autorizada por el juez Javier Carlos Bottero. El operativo contó con la colaboración del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional V.

El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada sobre calle A. Palacios al 800, donde los investigadores secuestraron dos vainas servidas calibre .22, un envoltorio con 0,5 gramos de cocaína, un trozo compacto de marihuana de 4 gramos y una prenda de vestir considerada de interés para la investigación.

Como resultado del allanamiento, la Fiscalía dispuso la detención comunicada de F.M.S., de 23 años. Además, el joven fue notificado por una causa por tenencia simple de material estupefaciente, a raíz de la droga incautada durante el procedimiento.

Tras ser examinado por personal médico, el detenido fue trasladado para su alojamiento en la Comisaría 6.ª de Pilar, dependiente de la Unidad Regional XI. 

Peritos y bomberos realizaron este miércoles un nuevo operativo en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba.

El procedimiento se concretó en la casa ubicada en Juan del Campillo al 800 y fue solicitado por la fiscalía que lleva adelante la investigación. También intervino una unidad de alto riesgo.

Según trascendió, los investigadores ingresaron al inmueble con el objetivo de buscar nuevas muestras de ADN en distintos sectores de la propiedad. En ese marco, también se le solicitó una muestra a Melisa Heredia, madre de Agostina, quien accedió voluntariamente al procedimiento.

La vivienda de Barrelier permanece bajo custodia policial desde temprano, luego de que se recibieran amenazas que encendieron las alertas de las autoridades. Además, la cuadra fue cerrada al tránsito mientras se desarrollaban las tareas, lo que generó la atención de los vecinos y una importante presencia policial en la zona.

El objetivo principal del operativo fue preservar la escena, evitar la posible eliminación de pruebas y resguardar tanto el inmueble como a quienes viven en el sector.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa bajo secreto de sumario y ya tiene tres personas detenidas.

Para la fiscalía, cada uno de los acusados habría cumplido un rol antes o después del crimen. En el centro de la causa se encuentra Claudio Barrelier, señalado como autor material del femicidio.

Tras recibir el alta médica, el acusado pidió volver a declarar ante el fiscal, una instancia que podría aportar nuevos elementos a la investigación.

Otra de las detenidas es Soledad Andreani, ex pareja de Barrelier. La Justicia la apunta por haberle prestado un Ford Ka negro, vehículo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta un descampado. Además, los investigadores sospechan que lavó el auto luego de que le fuera devuelto, una maniobra que podría haber buscado eliminar rastros relevantes para la causa.

El tercer detenido es Osvaldo Fassetta, quien conocía a Barrelier desde hacía pocos meses y vivía en la misma casa que él. Está acusado de haber ocultado pruebas consideradas clave para el expediente.

Las próximas horas serán decisivas para establecer si habrá nuevas medidas judiciales, posibles detenciones o novedades vinculadas a las indagatorias de los acusados.

Gendarmes del Centro de Operaciones Antidrogas realizaron tres allanamientos en la localidad santafesina de Roldán, en el marco de la investigación vinculada a la aeronave incautada en mayo en un campo de Villa Eloísa, donde se habían secuestrado 321 kilos 221 gramos de cocaína.

Los procedimientos fueron realizados durante la madrugada de este martes por efectivos de Gendarmería Nacional, con apoyo de la Unidad de Investigaciones Antidrogas Rosario, bajo la órbita de PROCUNAR.

La investigación permitió geolocalizar tres inmuebles relacionados con la causa, luego de establecer movimientos vinculados a uno de los involucrados en la organización investigada.

Uno de los allanamientos se realizó en un domicilio ubicado sobre calle Jujuy, en la localidad de Roldán. Al iniciar el registro, los funcionarios accedieron a un baldío abandonado, donde había escombros, vegetación y chapas.

En ese sector, los gendarmes advirtieron la presencia de una pala y observaron tierra removida debajo de unas láminas de metal. Al excavar, hallaron 58 kilos 823 gramos de cocaína enterrados en el patio.

La droga fue extraída y secuestrada como parte de las medidas ordenadas en la causa.

En los demás inmuebles allanados, los investigadores secuestraron 16.500 dólares, 335.000 pesos argentinos, 140 reales, 48 municiones de distintos calibres, 20 cartuchos calibre 12/70, un vehículo Ford Ecosport, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Además, un hombre mayor de edad quedó detenido por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Los allanamientos forman parte de la continuidad investigativa iniciada tras la intercepción de una aeronave en un campo de Villa Eloísa, donde en mayo se incautaron más de 321 kilos de cocaína y fueron detenidos cinco integrantes de una organización criminal.

Durante aquel procedimiento, un cabo de Gendarmería resultó seriamente lesionado al ser embestido cuando los involucrados intentaban escapar.

Las nuevas medidas fueron dispuestas por orden del fiscal Diego Iglesias, junto a Matías Scilabra, de PROCUNAR NEA; el auxiliar fiscal Santiago Martín Iglesias; la Oficina de Narcocriminalidad del área de investigaciones de casos complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo de Santiago Alberdi; y el juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz.

La investigación continúa con el objetivo de establecer el alcance de la organización, sus conexiones logísticas y eventuales responsabilidades de otras personas vinculadas al traslado, acopio y distribución de la droga.

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la División Microtráfico Distrito Rafaela, recuperó una motocicleta en el marco de una investigación por microtráfico y tenencia indebida de arma de fuego que se desarrolla en la ciudad y que ya tiene cuatro personas detenidas.

Según informó oficialmente la fuerza, las actuaciones forman parte de una causa que permitió desarticular un punto de comercialización de estupefacientes el pasado 6 de marzo en Rafaela.

En el marco de la continuidad de la investigación, efectivos de la PDI realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Luis Maggi al 1900, por disposición del juez penal Gustavo Bumaguin.

Durante el procedimiento no lograron localizar la motocicleta que era buscada. Sin embargo, posteriores tareas investigativas permitieron establecer que el vehículo se encontraba resguardado en el corralón municipal.

Una vez informada la novedad a la fiscal interviniente, Analía Abreu, se dispuso la inmediata restitución de la motocicleta a su propietario en carácter de depósito judicial.

La entrega del vehículo se concretó en presencia de un testigo hábil, conforme a las disposiciones judiciales vigentes.

Desde la PDI indicaron que la investigación continúa avanzando bajo las directivas de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, con el objetivo de profundizar las líneas de investigación abiertas en la causa.

La Fiscalía de Instrucción 13 de Córdoba dispuso este jueves el secreto de sumario por 10 días en la investigación por el femicidio de Agostina Vega. La decisión se adoptó tras un allanamiento en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier y en virtud de nuevas medidas ordenadas para el proceso judicial.

El miércoles, la vivienda de Barrelier, ubicada en Juan del Campillo al 2800, barrio Cofico, fue inspeccionada nuevamente por efectivos de la Policía de Córdoba y peritos de la Policía Científica, quienes analizaron la escena y buscaron manchas hemáticas. Durante el operativo se incautó ropa de los ocupantes y un colchón, que serán analizados.

Además, se realizó una planimetría forense para determinar la disposición de las habitaciones y reconstruir la mecánica de la muerte a partir de las proyecciones de la escena.

Paralelamente, se concretó un operativo en un lavadero de autos, donde dos hombres lavaron el Ford Ka negro utilizado por Barrelier para trasladar a Agostina hacia el descampado del barrio Ampliación Ferreyra. Allí se secuestraron dos esponjas y un trapo.

Tras concluir los procedimientos, la fiscalía decidió sorprender con el secreto de sumario por 10 días, argumentando que era necesario para la ejecución de nuevas medidas de investigación.

Asimismo, se informó que la causa de 2025 por privación ilegítima de la libertad contra Barrelier será acumulada a la investigación actual.

Sabrina Carpenter solicitó una orden judicial después de que William Applegate, de 31 años, intentara abrir por la fuerza la puerta de su casa el 23 de mayo de 2026. El incidente formó parte de una serie de actos de acoso y vigilancia, que según documentos judiciales y testimonios policiales, comenzaron al menos alrededor del 20 de abril de este año.

La artista, su hermana y la pareja de esta están actualmente protegidas por una orden judicial provisional que restringe el acercamiento del acusado.

El principal episodio ocurrió cuando Applegate se presentó en la residencia y trató de abrir la puerta. Según el documento judicial recogido por NBC News, el acusado fue confrontado por el personal de seguridad privada y en ese momento agredió a un guardia.

Applegate, además, se negó a retirarse y afirmó que conocía a la cantante y que ella lo esperaba. Las fuentes describieron esta afirmación como “totalmente falsa y delirante”.

El equipo de seguridad y la policía de Los Ángeles intervinieron rápidamente. Según The Guardian, Applegate únicamente abandonó el lugar tras la llegada de los agentes, quienes procedieron a su detención por allanamiento de morada. Sin embargo, la conducta no cesó.

En los días siguientes, el acusado volvió a aparecer en el vecindario y permaneció en su vehículo estacionado, reclinando el asiento para no ser identificado, como describió la propia Carpenter en su declaración judicial.

El patrón de acoso contra la artista se desarrollaba desde al menos el 20 de abril de 2026. De acuerdo con la información publicada en los medios locales, Applegate elegía lugares de estacionamiento cada vez más cercanos a la casa. Fue identificado por imágenes de cámaras de seguridad y reiteró intentos de acercamiento, incluso tras su primera detención.

La insistencia del acusado se reflejó no solo en los intentos de acceso, sino en su constante presencia alrededor de la vivienda. Esta situación generó hostigamiento permanente para la víctima y su entorno familiar, incluida su hermana Sarah Carpenter.

En los documentos presentados ante la justicia y reproducidos por ambos medios, Sabrina Carpenter expuso el grave impacto emocional experimentado por los hechos. “Su patrón de acoso, allanamiento y vigilancia me causó angustia emocional grave y continua, y temo lo que pueda hacer si no es restringido por el tribunal”, manifestó la artista en su declaración, según The Guardian.

Carpenter también advirtió sobre la peligrosidad de la fijación de Applegate. “Su insistencia delirante de que me conoce y que yo lo esperaba demuestra una fijación peligrosa, delirante e irracional”, subrayó en el escrito, reflejando la magnitud de la amenaza.

El detective Peter Doomanis, del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), afirmó que el comportamiento de Applegate “muestra las características de un individuo obsesivo y fijado, que representa un riesgo serio y creciente”.

El tribunal del condado de Los Ángeles emitió la orden de alejamiento provisional el 1° de junio de 2026, prohibiendo al acusado acercarse a menos de 91 metros de Sabrina Carpenter, su hermana y la pareja de esta, así como de la residencia, lugar de trabajo y vehículo de la artista.

Tras el arresto de Applegate por allanamiento de morada —delito calificado como falta en la jurisdicción local— las autoridades remitieron el caso a la oficina del fiscal de la ciudad de Los Ángeles, que determinará si procede la presentación formal de cargos, según NBC News.

Se programaron dos audiencias judiciales: una en el ámbito civil el 17 de junio de 2026, relativa a la extensión de la orden de alejamiento, y otra penal el 18 de junio de 2026 para abordar el proceso por allanamiento.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, llevó a cabo este lunes una serie de allanamientos en la ciudad de Frontera, en cumplimiento de un exhorto judicial solicitado por la Justicia de Córdoba en el marco de una causa por robo calificado.

El operativo fue coordinado por el Departamento Operativo de Investigaciones Región 5, Distrito Frontera, junto con efectivos de la Brigada de Investigaciones de San Francisco (Córdoba) y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional V.

En un domicilio de calle 58 al 700, los investigadores secuestraron un arma de fuego calibre .22, la cual fue remitida a las autoridades competentes de Córdoba. Además, se inició una causa por encubrimiento contra D.A.V., de 34 años.

En otro allanamiento, realizado en calle 9 al 400, se detuvo a W.I.T., de 29 años, quien era requerido por la Justicia cordobesa en la misma causa. Durante la intervención, se secuestraron prendas de vestir y un teléfono celular, considerados elementos de interés para la investigación.

El detenido fue puesto a disposición del personal policial de San Francisco, Córdoba, y las actuaciones continuaron bajo la supervisión de la autoridad judicial requirente.

La investigación por presuntas maniobras de corrupción en ARSAT quedó bajo secreto de sumario, mientras el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, debe resolver si avanza con la citación a declaración indagatoria de los exfuncionarios involucrados.

La causa tiene entre los principales apuntados a Facundo Leal, extitular de la empresa satelital estatal, y a Gerardo Boschin, exgerente de compras durante el gobierno de Alberto Fernández.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, pidió la citación de una decena de acusados, entre ellos Boschin. Sin embargo, el expediente tomó mayor impacto luego de la detención de Leal, a quien le encontraron drogas y una importante suma de dinero en efectivo durante distintos allanamientos.

Leal ya fue indagado, aunque por la causa vinculada a la tenencia de drogas halladas en su domicilio de Palermo. En esa instancia, declaró que las sustancias eran para consumo personal y se negó a responder preguntas.

En el inmueble se secuestraron 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis, cucharas presuntamente utilizadas para consumo y bolsas tipo ziploc.

Además, los investigadores hallaron una importante cantidad de dinero en efectivo: 803.754 dólares, más de 2,4 millones de pesos argentinos, pesos uruguayos, reales, pesos mexicanos, pesos colombianos, euros y chelines tanzanos.

En otro domicilio de Leal, ubicado en Mendoza, se secuestraron 1.787.600 dólares estadounidenses, documentación, un teléfono celular y un cuaderno con anotaciones.

El origen del dinero encontrado en las propiedades del exfuncionario todavía es materia de investigación.

En la causa principal se investigan presuntas maniobras de corrupción dentro de ARSAT, vinculadas con contrataciones, llamados a licitación y operaciones realizadas durante la gestión anterior.

Los delitos bajo análisis incluyen presunto cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y otras figuras asociadas a corrupción funcional.

La decisión de reimplantar el secreto de sumario fue adoptada para avanzar con nuevas medidas de prueba antes de definir los próximos pasos judiciales.

Ahora, el juez Mirabelli deberá resolver si hace lugar al dictamen del fiscal y ordena las declaraciones indagatorias solicitadas.

El expediente se inició a partir de una denuncia por el presunto robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT, presentada al comienzo de la gestión de Javier Milei.

Con el avance de la pesquisa, los investigadores comenzaron a analizar otras operaciones vinculadas al funcionamiento de la empresa estatal. Esas líneas derivaron en el examen de distintos contratos y movimientos que actualmente forman parte de la causa.

Leal estuvo al frente de ARSAT entre agosto de 2022 y febrero de 2024. Luego, continuó vinculado al Estado nacional y fue designado presidente ad honorem del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

Su salida del organismo se formalizó a fines de febrero de 2026, cuando presentó la renuncia. Según la información incorporada al expediente, al momento de los allanamientos continuaba vinculado a ARSAT como empleado de planta permanente.

La Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante un procedimiento antidrogas en la ciudad de Frontera, que terminó con la desarticulación de un presunto punto de comercialización de estupefacientes y la detención de dos personas mayores de edad.

El operativo fue realizado durante la tarde del sábado por personal de la División Antidrogas San Francisco, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

La medida consistió en un allanamiento efectuado en una vivienda ubicada sobre calle 102, entre calles 15 y 17, donde los investigadores habían detectado previamente movimientos compatibles con actividades de microtráfico de drogas.

Según se informó, la intervención fue ordenada por el Juzgado Penal de Primera Instancia de la Quinta Circunscripción Judicial de Rafaela, a cargo del juez Nicolás Stegmayer. La causa es impulsada por la Fiscalía Regional de Rafaela, encabezada por el fiscal Carlos Vottero.

La investigación fue desarrollada mediante tareas de inteligencia criminal, vigilancia y recolección de pruebas, que permitieron acreditar la existencia de un presunto punto de expendio de drogas destinado a abastecer a consumidores de la zona.

Durante el allanamiento, los efectivos federales secuestraron más de un centenar de dosis de clorhidrato de cocaína, que ya se encontraban listas para su comercialización.

También incautaron dinero en efectivo, presuntamente vinculado con la actividad investigada, y otros elementos considerados de interés para el avance de la causa.

Como resultado del procedimiento, dos personas mayores de edad fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar el alcance de la maniobra investigada.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de intervenciones forman parte de las acciones que lleva adelante el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) para combatir el narcotráfico y el narcomenudeo, en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia de Santa Fe.

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la División Capturas, realizó este miércoles un allanamiento en la ciudad de Recreo en el marco de una investigación por delitos contra la integridad sexual.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Mitre al 1400, donde los efectivos concretaron la detención del principal sospechoso, identificado por sus iniciales como P. G. R.

La medida fue autorizada por el juez Sebastián Szeifert y contó con la participación táctica del Grupo de Operaciones Especiales (GOE). Durante el procedimiento, además de la detención del investigado, los agentes secuestraron un teléfono celular considerado de interés para la causa.

La investigación es impulsada por la Unidad Fiscal Especial GEFAS del Ministerio Público de la Acusación, bajo la conducción de la fiscal Vivian Ester Galeano. 

Tostado, Santa Fe – La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre de 24 años en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes y tenencia indebida de armas de fuego. El operativo se realizó en la ciudad de Tostado, bajo la supervisión del fiscal Mauricio Spinosa, de la Fiscalía N° 515.

La investigación comenzó el pasado 12 de abril, a cargo de la División Especial Microtráfico, que tras reunir indicios y obtener las medidas judiciales correspondientes, allanó un domicilio ubicado en la intersección de calles Bartolomé Mitre y Saavedra.

Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron a N. A. V. y secuestraron varios elementos relacionados con la actividad ilícita: un envoltorio con tres gramos de cocaína, seis teléfonos celulares, aproximadamente $600.000 en efectivo, una balanza de precisión, una carabina, dos réplicas de pistola, dos aires comprimidos, cartuchos de distintos calibres y otros objetos vinculados a la investigación.

Por disposición del fiscal interviniente, el detenido quedó alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional XII, a disposición de la justicia en turno, mientras continúan las diligencias para determinar su participación en el microtráfico y la tenencia de armas.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Rafaela que derivó en la detención de una pareja vinculada a la venta de drogas, en el marco de una causa iniciada por un hecho de hurto ocurrido el pasado 12 de abril.

El operativo fue realizado por personal de la División Especial Robo y Hurto de la Región V, como parte de tareas investigativas orientadas al esclarecimiento del ilícito.

El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Luis Maggi al 1900, donde los agentes detuvieron a una mujer de 35 años y un hombre de 29.

Además, durante el allanamiento se procedió al secuestro de estupefacientes y otros elementos de interés para la causa.

Entre los elementos secuestrados, la PDI detalló:

Los investigadores señalaron que la droga se encontraba preparada para su venta, lo que permitió ampliar la causa hacia un posible caso de microtráfico.

El fiscal de turno, Dr. Adrián Soria, dispuso el secuestro de todos los elementos hallados y la detención de los implicados, identificados como Leila G. y Angelo D. O.

Ambos fueron trasladados a la Alcaidía de la Unidad Regional V, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a una mujer de 33 años en la ciudad de Rafaela, en el marco de una causa por microtráfico de estupefacientes.

El operativo fue llevado adelante por la División Microtráfico Región 5 y se concretó mediante un allanamiento en un domicilio de calle Zafetti al 100, con intervención de la fiscal Analía Abreu.

Durante el procedimiento, los efectivos identificaron a dos personas mayores y tres menores de edad presentes en el lugar.

Como resultado del allanamiento, se incautaron:

Todo el material quedó a disposición de la investigación judicial.

Finalizadas las actuaciones, y por disposición de la fiscal interviniente, la mujer —identificada por sus iniciales M. M.G.— fue trasladada a sede policial en calidad de detenida.

Se le imputan los delitos de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y “tenencia indebida de arma de fuego”, quedando a disposición de la Justicia.

La investigación continúa para determinar posibles vínculos con otras actividades relacionadas al narcomenudeo en la ciudad.

La Policía de Investigaciones (PDI), a través del Departamento Operativo Región I, llevó adelante una serie de allanamientos en las localidades de Barrancas e Irigoyen en el marco de causas por infracción a la Ley de Estupefacientes y a la normativa nacional de armas.

Las intervenciones surgieron a partir de denuncias anónimas realizadas por vecinos, que permitieron avanzar con tareas investigativas y confirmar la existencia de maniobras vinculadas a la comercialización de drogas en ambos puntos.

En Barrancas, los efectivos realizaron tres procedimientos simultáneos que derivaron en la detención de un hombre de 28 años, identificado como C.L.G. Durante los operativos se secuestraron 461 gramos de marihuana, 1 gramo de cocaína, dos pistolas de gas comprimido y cuatro teléfonos celulares.

En tanto, en la localidad de Irigoyen se concretaron otros dos allanamientos. Allí, dos mujeres mayores de edad fueron identificadas y quedaron supeditadas a la causa. En esos domicilios, los agentes incautaron 1 gramo de cocaína, cuatro cigarrillos de marihuana, además de cuatro celulares y una tablet.

Las actuaciones estuvieron a cargo de los fiscales José Luis García Troiano y Julio Lema, quienes dispusieron las medidas correspondientes en el marco de la investigación en curso.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, llevó adelante cuatro allanamientos en la ciudad de Córdoba que permitieron la detención de un hombre con pedido de captura vigente y el secuestro de elementos de interés para la causa.

Los operativos fueron realizados por personal del Departamento Operativo Región I – Distrito Garay en el marco de una investigación por robo y asociación ilícita, bajo la intervención de la fiscal María Rosario Haeffeli. La causa se originó a partir de un hecho ocurrido el 9 de diciembre de 2025 en una estación de servicio de la localidad de Cayastá, donde delincuentes sustrajeron aproximadamente 50 millones de pesos, además de un teléfono celular y otros objetos.

A partir de tareas investigativas, los agentes lograron identificar a los presuntos autores, quienes integrarían una banda compuesta por personas de Santa Fe y Córdoba. Entre ellos se encuentra un individuo de iniciales G.A.F., vinculado a la causa mediante una huella papilar y sobre quien pesa un pedido de detención vigente.

En este contexto, y mediante exhorto judicial, se concretaron los allanamientos en distintos domicilios de la ciudad de Córdoba, en un trabajo coordinado con la Dirección General de Investigaciones Criminales de esa provincia. Como resultado de los procedimientos, fue detenido un hombre de iniciales J.A.D., de 50 años, quien tenía un pedido de captura activo desde 2023.

Durante los operativos también se secuestraron tres teléfonos celulares, entre ellos dos iPhone —modelos 15 Pro y 16 Pro— y un equipo Motorola, que serán peritados en el marco de la investigación.

Los resultados fueron informados a la fiscal interviniente, quien dispuso la continuidad de las tareas en territorio cordobés con el objetivo de dar con el principal sospechoso que aún permanece prófugo.

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la División Microtráfico de la Región I, llevó adelante una serie de procedimientos en la ciudad de Santa Fe en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 23.737. Como resultado, una mujer quedó detenida, otras dos fueron aprehendidas y se secuestraron estupefacientes, armas de fuego, dinero en efectivo y distintos elementos de interés para la causa.

La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal desarrolladas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, en el marco de los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación dentro de su Plan de Persecución Penal.

Con intervención del fiscal Eric Fernández y por orden del juez Leandro Lazzarini, el pasado jueves efectivos de la PDI concretaron dos allanamientos en distintos puntos de la ciudad.

El primero de los procedimientos se realizó en un domicilio de calle Gaboto al 6100. Allí, los agentes aprehendieron a una mujer identificada como M. V. G., de 47 años, y secuestraron 14 teléfonos celulares, 61.200 pesos en efectivo, una balanza de precisión, papeles satinados presuntamente utilizados para el fraccionamiento de droga, además de un plato con vestigios de cocaína y picadura de marihuana, aunque sin peso determinado.

El segundo allanamiento se llevó a cabo en inmediaciones de Gaboto al 6200. En ese lugar, el personal policial secuestró cinco teléfonos celulares, una balanza de precisión, 159 envoltorios de papel satinado con 37 gramos de cocaína, un trozo compacto de cocaína de 12 gramos y 10 envoltorios de nylon con 2,3 gramos de la misma sustancia. En total, se incautaron aproximadamente 51,3 gramos de cocaína.

Además, en ese mismo procedimiento fueron secuestrados 97.250 pesos en efectivo, una notebook, una escopeta calibre 12 con 56 cartuchos intactos y una pistola calibre 9 milímetros con dos cargadores y municiones, entre otros elementos vinculados a la investigación.

En ese segundo domicilio, la PDI detuvo a una mujer identificada como Y. E. G., de 38 años, y aprehendió a otra mujer, T. O. S., de 67 años.

Por disposición del fiscal interviniente, las tres mujeres quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias para avanzar con la causa.

En el marco de la causa que investiga presuntas fiestas privadas donde se utilizaban fármacos como fentanilo y propofol, la Justicia ordenó este miércoles un allanamiento en la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires.

El procedimiento se llevó a cabo en la sede ubicada en calle Juan Felipe Aranguren al 1300, en el barrio porteño de Caballito, y estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad. Según trascendió, el objetivo principal es secuestrar actas de reuniones y otro material relevante vinculado a los profesionales imputados en la causa.

La investigación apunta contra Delfina Lanusse y Hernán Boveri, acusados de administración fraudulenta de drogas en el contexto de encuentros privados donde se habrían utilizado insumos médicos provenientes del Hospital Italiano.

Desde la institución aclararon que no se encuentran imputados en el expediente, sino que se presentaron como denunciantes junto al hospital. El abogado de la entidad, Eduardo Gerome, aseguró que el allanamiento los tomó por sorpresa, aunque remarcó la voluntad de colaborar con la Justicia.

🔹Asociación de Anestesistas: "Somos denunciantes"El abogado Eduardo Gerome aclaró la postura de la institución, ante el escándalo de los médicos "dealers".📌Con Lola Echart en LN+ pic.twitter.com/tvEdWcYuPS

“Se hizo de inmediato la denuncia cuando se tomó conocimiento de los hechos. Se aportó toda la información disponible y ahora se está reuniendo la documentación requerida”, explicó el letrado.

Además, sostuvo que la Asociación es “la más interesada en que la causa avance”, y que el procedimiento judicial apunta a recolectar elementos que puedan contribuir a esclarecer lo ocurrido.

Según detalló Gerome, las autoridades de la Asociación convocaron a los profesionales involucrados para que dieran explicaciones tras conocerse los hechos, aunque aclaró que esos encuentros forman parte del ámbito privado.

También indicó que la institución aún no tomó medidas disciplinarias, a la espera de que la Justicia avance en la investigación.

En cuanto a los imputados, ambos ya fueron indagados por el fiscal Lucio Herrera y negaron las acusaciones. Además, la Justicia dispuso la prohibición de salida del país mientras continúa el proceso.

La causa busca determinar si existió un esquema organizado de utilización de medicación hospitalaria en contextos no autorizados, lo que podría configurar delitos vinculados al manejo indebido de sustancias médicas.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, llevó adelante un allanamiento en el marco de una causa por amenazas en redes sociales, con intervención de la Fiscalía Nº 1 a cargo de Raúl Marcelo Nessier.

La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer, quien manifestó haber recibido mensajes intimidatorios a través de Facebook. Según indicó, un usuario le exigía retirar una denuncia previa y acompañaba sus mensajes con amenazas contra su vida.

A partir de tareas investigativas que incluyeron el análisis de la cuenta involucrada y la recolección de testimonios, los efectivos lograron identificar al presunto autor de los mensajes. En ese contexto, se solicitó y concretó un allanamiento en un domicilio de la ciudad de Santa Fe.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos una CPU, una notebook y varios teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritajes.

Además, por disposición del fiscal interviniente, se comisionó personal a un establecimiento bancario donde se desempeña el imputado, con el objetivo de secuestrar su teléfono personal y notificarlo de la causa.

En el marco de la investigación por amenazas virales a instituciones educativas en Rafaela, Sunchales y localidades de la zona, la Policía de Investigaciones realizó un allanamiento en las últimas horas que derivó en la detención de un menor de 16 años.

La causa es llevada adelante por la fiscal de Menores, Carina Gerbaldo, bajo la órbita de la Fiscalía Regional 5, a cargo del Dr. Carlos M. Vottero.

El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada sobre avenida Hipólito Yrigoyen al 2000, en la ciudad de Sunchales, donde los investigadores identificaron al presunto autor de las publicaciones que generaron alarma en la comunidad educativa.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron un revólver cargado —propiedad del abuelo del menor— y una importante cantidad de dispositivos informáticos que serán peritados en el marco de la causa.

El adolescente fue detenido y trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional V, quedando a disposición de la Justicia.

Según se informó, el joven está sindicado como el autor de los mensajes que circularon masivamente en redes sociales y que advertían sobre posibles ataques en establecimientos escolares, situación que generó preocupación en distintas localidades.

Desde la fuerza indicaron que las tareas investigativas siguen en curso y no se descarta la realización de nuevos allanamientos o detenciones en relación al caso.

El episodio se da en un contexto de alta sensibilidad social, por lo que las autoridades reiteraron la importancia de actuar con responsabilidad frente a la difusión de este tipo de contenidos.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a cuatro personas en la ciudad de San Cristóbal, en el marco de una investigación por microtráfico y otros hechos delictivos, tras un allanamiento realizado en una vivienda de calle Ituzaingó al 1300.

El procedimiento fue llevado adelante por la División Microtráfico y Operativa de la Región 5, con intervención del fiscal Mauricio Spinoza, y se enmarca en los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Durante el operativo, los efectivos secuestraron 229 gramos de marihuana, una balanza digital y recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Además, incautaron tres armas de aire comprimido, una escopeta recortada, un arma de fabricación casera, cartuchos, un machete y varios teléfonos celulares, entre otros elementos vinculados a la causa.

En el lugar fueron detenidos cuatro hombres identificados como D.D.B. (42), A.M.B. (21), E.M.B. (20) y D.M.B. (18).

Los sospechosos quedaron imputados por una serie de delitos que incluyen tenencia de estupefacientes, tenencia indebida de arma de fuego, hurto calificado, amenazas, lesiones leves dolosas, daño y violación de domicilio.

Por disposición del fiscal interviniente, dos de los detenidos fueron alojados en la Alcaidía de la Unidad Regional XIII, mientras que los restantes fueron trasladados a la ciudad de Esperanza.

La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía y continúa en curso para determinar posibles conexiones con otros hechos delictivos en la región.