Tres personas mayores de edad fueron detenidas en Villa del Totoral, provincia de Córdoba, en el marco de una investigación por comercialización de cocaína.

El procedimiento fue realizado por grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, luego de seis meses de tareas investigativas. En total, se concretaron tres allanamientos ordenados por el Ministerio Público Fiscal.

Los operativos se desarrollaron en domicilios ubicados sobre calles Deán Funes al 600 y 700, en barrio La Loma.

Según se informó, dos de los lugares funcionaban como puntos de venta de droga, mientras que el restante era utilizado para el guardado de estupefacientes. Además, en uno de los inmuebles funcionaba un kiosco.

Durante los allanamientos, con la participación de investigadores y canes detectores de narcóticos, se secuestraron varios envoltorios de cocaína, dinero y elementos aparentemente relacionados con la actividad ilícita.

De acuerdo con la información oficial, las personas detenidas fueron una mujer señalada como referente narco de la ciudad, su nieta y un hombre que cumplía el rol de “colaborador”.

Este último, según indicaron desde la fuerza, es un ex policía exonerado en 2015, que habría alquilado una habitación al frente de su vivienda para ejercer el narcomenudeo.

Finalmente, autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Jesús María ordenaron la remisión de todos los elementos incautados y el traslado de los tres aprehendidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Un allanamiento realizado en la localidad de San Agustín permitió recuperar varios elementos denunciados como sustraídos y detener a un hombre de 42 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

La investigación se inició el viernes pasado, luego de que una vecina denunciara en la Subcomisaría N.º 11 la faltante de distintos objetos del patio de su vivienda. Ese episodio se sumó a otros hechos similares registrados tiempo atrás, que hacían presumir la participación de una misma persona, aunque hasta ese momento no había podido ser identificada.

A partir del análisis de registros fílmicos y de las declaraciones aportadas por vecinos, los investigadores lograron establecer la identidad del presunto autor de los hechos. Se trataba de un hombre de 42 años domiciliado en la localidad.

Con la correspondiente autorización judicial, efectivos de la Subcomisaría N.º 11, junto a personal de la Tercera Zona de Inspección y del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional XI, llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle 13 de Septiembre.

Como resultado del procedimiento, los uniformados secuestraron ocho garrafas y una bicicleta marca SLP. De acuerdo con la información oficial, parte de las garrafas recuperadas habrían sido sustraídas a vecinos de San Agustín, mientras que sobre las restantes se continúa investigando su procedencia.

Además, durante el operativo fue detenido el principal sospechoso, quien quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, que continuará con las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer los distintos hechos investigados. 

Dos empleados de la Municipalidad de Neuquén y otros dos sospechosos fueron demorados en el marco de una investigación por la presunta venta de licencias de conducir truchas a través de redes sociales.

El procedimiento fue realizado por personal del Departamento Delitos Económicos de la Policía provincial, luego de una pesquisa iniciada en abril del año pasado a partir de la denuncia de una persona que no pudo validar su carnet en la aplicación Mi Argentina.

Cuando el damnificado presentó el registro ante el área de Licencias de Conducir, las autoridades advirtieron que no había cumplido con los requisitos necesarios para obtenerlo. Sin embargo, el documento presentaba un alto nivel de autenticidad, lo que encendió las alarmas.

A partir de esa primera denuncia, agentes de Tránsito comenzaron a detectar y recolectar licencias apócrifas en distintos operativos de rutina, lo que permitió establecer que no se trataba de un caso aislado.

La investigación avanzó junto al Ministerio Público Fiscal provincial, con el objetivo de reconstruir una presunta organización dedicada a ofrecer registros de conducir sin cumplir con los pasos legales exigidos.

Según pudieron determinar los investigadores, el trámite irregular se promocionaba mediante redes sociales y a través de un número de contacto. La propuesta consistía en agilizar la obtención de la licencia mediante comunicaciones telefónicas y transferencias bancarias.

De acuerdo a la información difundida, los valores que se cobraban por esos registros iban desde los $160.000 hasta los $300.000.

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue que, en muchos casos, las personas a las que luego se les secuestró la licencia creían haber realizado el trámite por canales correctos.

Sin embargo, de acuerdo con la información oficial, la maniobra consistía en acortar el proceso de entrega sin que se cumplieran los requisitos establecidos para la obtención del documento.

Como parte de la causa, se realizaron allanamientos en tres domicilios de la ciudad de Neuquén.

Durante los procedimientos, el personal policial secuestró 12 teléfonos celulares, una tablet, un router, documentación de interés, nueve licencias nacionales de conducir y sellos aclaratorios que habrían sido utilizados en la maniobra investigada.

Además, cuatro personas mayores de edad, entre ellas dos empleados municipales, fueron demoradas y trasladadas a una dependencia policial.

Todos quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, aunque posteriormente recuperaron la libertad mientras continúa la investigación.

La investigación por el femicidio de Daiana Mercedes "Pili" Arber sumó este jueves un nuevo capítulo. Personal de la PDI desplegó una serie de allanamientos en distintos puntos de barrio Villa del Parque, donde secuestró varios teléfonos celulares.

Los procedimientos fueron impulsados por la fiscal Laura Gerard, quien busca reconstruir las circunstancias del crimen y determinar si, además del único detenido hasta el momento, existieron otros partícipes en el hecho.

Las requisas se concentraron en cinco viviendas ubicadas sobre Pasaje Irala, Pasaje Cullen al 4300, Centenera al 4300 y otros inmuebles de ese mismo sector del oeste de la ciudad, una zona que desde el hallazgo del cuerpo permanece bajo la atención de los investigadores.

Las medidas judiciales forman parte de una investigación que continúa avanzando sobre distintas líneas. La principal hipótesis de la Fiscalía sostiene que el crimen no habría sido cometido por una sola persona, motivo por el cual se intenta reunir nuevas evidencias, secuestrar elementos de interés y establecer el grado de participación de otros posibles involucrados.

El caso comenzó a tomar estado público durante el fin de semana, cuando vecinos alertaron sobre la presencia de una bolsa abandonada en un basural ubicado en barrio Villa Oculta. Al llegar al lugar, personal policial confirmó que en su interior había restos humanos, una escena que dio inicio a un amplio operativo judicial y criminalístico.

Con el correr de las horas, las pericias permitieron establecer que la víctima era Daiana Arber, de 32 años, conocida por sus allegados como "Pili". La mujer era buscada por su entorno luego de que se perdiera contacto con ella, situación que incluso había motivado una denuncia por averiguación de paradero.

La autopsia despejó rápidamente una de las principales incógnitas de la investigación. El informe forense determinó que la mujer murió como consecuencia de múltiples heridas provocadas por disparos de arma de fuego, lo que llevó a la Fiscalía a investigar el caso bajo la calificación de femicidio.

Sin embargo, para los pesquisas todavía existen aspectos que requieren ser esclarecidos. Entre ellos, la mecánica del asesinato, el lugar exacto donde se produjo el ataque y la posterior maniobra para trasladar y abandonar el cuerpo en el basural donde finalmente fue encontrado.

Los allanamientos realizados este jueves apuntan precisamente a responder esos interrogantes.

Los investigadores procuran incorporar evidencia científica, dispositivos electrónicos, documentación y cualquier otro elemento que permita reconstruir los movimientos previos y posteriores al crimen.

Mientras tanto, la causa continúa bajo estricta reserva judicial. La expectativa de la Fiscalía es que el resultado de las nuevas medidas permita consolidar la hipótesis investigativa y establecer si el femicidio fue ejecutado con la participación de más de una persona.

Un joven de 24 años fue detenido en la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón, acusado de haber asesinado a su madre y de haber enterrado el cuerpo en el patio de la vivienda que compartían.

El hecho se descubrió tras un allanamiento de urgencia en una casa ubicada sobre la calle Arrecifes al 1200, ordenado por la UFI N°1 de Morón y autorizado por el Juzgado de Garantías N°5.

La investigación se inició a partir de una comunicación judicial vinculada a una causa previa por tentativa de homicidio que tramitaba en la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, el acusado —identificado como Carlos Ignacio Costa Martínez— habría confesado el crimen a un amigo.

Esa persona, tras escuchar la confesión, se presentó ante las autoridades y aportó la información que permitió avanzar con la causa en la Justicia bonaerense.

Con esos datos, se ordenó un allanamiento de urgencia en la vivienda señalada. Allí, efectivos policiales junto al Ministerio Público Fiscal y personal de Crimen Organizado encontraron el cuerpo de una mujer enterrado en el patio, dentro de una bolsa de residuos.

La víctima fue identificada como Graciela Martínez. Tras el hallazgo, la causa fue recaratulada como homicidio calificado

El joven quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras continúan las pericias para establecer la fecha exacta de la muerte y las circunstancias del hecho.

Los investigadores trabajan ahora en la reconstrucción del crimen y en el análisis de la relación previa entre víctima y acusado, en una causa que permanece en plena etapa de instrucción.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, llevó adelante dos allanamientos en la ciudad de Reconquista en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Las medidas fueron ejecutadas por personal de la División Microtráfico Región 4, bajo la dirección del fiscal Sebastián Galeano y con órdenes de allanamiento emitidas por el juez penal Gonzalo Basualdo. En los procedimientos colaboraron efectivos del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de las Unidades Regionales IX y XII.

Uno de los allanamientos se realizó en una vivienda de barrio La Cortada donde reside un hombre identificado como F. S., de 37 años. En ese lugar, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares, un envoltorio de nylon con cocaína, un recorte de nylon con resultado positivo para cocaína, varios precintos y recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes, además de 5.850 pesos en efectivo.

En un segundo domicilio del mismo barrio, el personal policial secuestró un teléfono celular considerado de interés para la investigación.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, todos los elementos incautados quedaron bajo resguardo de la División Microtráfico Región 4 para la continuidad de las actuaciones judiciales.

La PDI informó además que F. S. fue aprehendido en el marco de una causa por un presunto delito contra la integridad sexual, con intervención del Área de Investigaciones sobre Violencia de Género, Sexual y Familiar de Reconquista.

Una vez finalizado el procedimiento vinculado a la investigación por microtráfico, el hombre fue trasladado a esa dependencia para continuar con las actuaciones correspondientes.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo este miércoles a una mujer de 30 años en la ciudad de San Francisco, en el marco de un operativo vinculado a una investigación por comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló en una vivienda ubicada en calle Chaco al 1200, barrio Parque, donde los equipos tácticos realizaron una irrupción y concretaron la aprehensión de la sospechosa, además del secuestro de elementos de interés para la causa.

Según se informó oficialmente, la mujer se encontraba en libertad condicional bajo fianza por una causa anterior relacionada con la venta de drogas, situación que fue considerada al momento de disponer su nueva detención por orden de la Fiscalía interviniente.

El operativo está vinculado a una investigación iniciada tras un procedimiento realizado el 29 de abril de este año, en el que se habían concretado cuatro detenciones y el secuestro de múltiples elementos: dosis de marihuana y cocaína, un cigarrillo de cannabis, armas de fuego, municiones y otros elementos presuntamente relacionados con el narcomenudeo.

En esta nueva intervención, la FPA también incautó material que será sometido a peritajes para avanzar en la causa.

Finalizado el operativo, la Fiscalía de San Francisco ordenó el traslado de la detenida a sede judicial y la remisión de los elementos secuestrados, en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

La investigación continúa abierta para determinar la posible continuidad de la actividad ilícita y eventuales conexiones con la estructura desarticulada en abril.

Armas y cocaína fueron halladas en el departamento donde vive Jésica Cirio con su pareja, según constancias judiciales a las que accedió La Nación. El operativo de Gendarmería se realizó en el edificio de Ortega y Gasset 1661, piso 18, y en el lugar secuestraron dos bolsas: una con polvo rosado de 0,83 gramos y otra con una sustancia granulada marrón de 1,57 gramos, y un test de orientación dio positivo para cocaína.

Además de las drogas, en el mismo departamento se encontró armamento: una escopeta a repetición marca Akkar, modelo Stopping Power calibre 12, y una pistola Glock modelo 19 calibre 9 mm, con cargadores y cajas de munición CBC tanto en 9 mm como en 12 mm. Las constancias del expediente detallan números de serie de las Armas y la presencia de municiones incautadas.

Cercanos a la pareja informaron que la escopeta pertenece a Nicolás Trombino y que estaría con la documentación al día, incluida la licencia de la Anmac, y que la cocaína sería para consumo personal y pertenecería a la pareja de Cirio. Los allanamientos alcanzaron además a otro domicilio vinculado y se secuestraron dispositivos electrónicos y 19.000 dólares.

El departamento donde se produjeron los hallazgos fue adquirido por Cirio en 2015 y figura en la investigación sobre posibles vínculos con dinero de Martín Insaurralde, motivo que motivó el operativo que terminó con el secuestro de la sustancia rosa y la sustancia marrón.

En el piso 18, los investigadores localizaron una bolsa con polvo rosado que pesó 0,83 gramos y otra bolsa con material granuloso marrón de 1,57 gramos; el test de orientación aplicado en el lugar dio positivo para cocaína. Los peritajes posteriores determinarán la composición definitiva de ambas sustancias.

En el mismo registro los agentes detallaron el hallazgo de una escopeta a repetición Akkar, modelo Stopping Power, calibre 12, con número de serie consignado en el acta, y una pistola Glock 19 calibre 9 mm con su número de serie y cargadores. También se secuestraron cajas de munición CBC para ambos calibres.

Fuentes judiciales informaron que el objetivo del operativo incluía el secuestro de celulares, notebooks y memorias, además de la incautación de dinero y material que ahora integra el expediente que instruye la causa en la justicia federal.

La causa principal que motivó los allanamientos tramita en Lomas de Zamora y tiene como uno de los investigados a Martín Insaurralde; ante el hallazgo de drogas y armamento, el juez federal Luis Armella y el fiscal Sergio Mola se declararon incompetentes y enviaron las actuaciones a la justicia federal de la Capital Federal.

Los registros incluyeron además un allanamiento en Banfield, ligado a otro domicilio mencionado en la investigación, y la documentación secuestrada ya integra el expediente que analizará la competencia y los pasos procesales a seguir.

Según los imputados y allegados, la pistola y la escopeta están bajo evaluación administrativa y judicial, mientras que la hipótesis de consumo personal sobre la cocaína será sometida a peritajes; la transferencia del expediente a la Capital Federal es la medida procesal inmediata.

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La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, realizó un allanamiento en la ciudad de Sunchales en el marco de una investigación por amenazas calificadas con uso de arma de fuego.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Juan Manuel Puig, mientras que la medida judicial fue autorizada por el juez Javier Carlos Bottero. El operativo contó con la colaboración del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional V.

El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada sobre calle A. Palacios al 800, donde los investigadores secuestraron dos vainas servidas calibre .22, un envoltorio con 0,5 gramos de cocaína, un trozo compacto de marihuana de 4 gramos y una prenda de vestir considerada de interés para la investigación.

Como resultado del allanamiento, la Fiscalía dispuso la detención comunicada de F.M.S., de 23 años. Además, el joven fue notificado por una causa por tenencia simple de material estupefaciente, a raíz de la droga incautada durante el procedimiento.

Tras ser examinado por personal médico, el detenido fue trasladado para su alojamiento en la Comisaría 6.ª de Pilar, dependiente de la Unidad Regional XI. 

Peritos y bomberos realizaron este miércoles un nuevo operativo en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba.

El procedimiento se concretó en la casa ubicada en Juan del Campillo al 800 y fue solicitado por la fiscalía que lleva adelante la investigación. También intervino una unidad de alto riesgo.

Según trascendió, los investigadores ingresaron al inmueble con el objetivo de buscar nuevas muestras de ADN en distintos sectores de la propiedad. En ese marco, también se le solicitó una muestra a Melisa Heredia, madre de Agostina, quien accedió voluntariamente al procedimiento.

La vivienda de Barrelier permanece bajo custodia policial desde temprano, luego de que se recibieran amenazas que encendieron las alertas de las autoridades. Además, la cuadra fue cerrada al tránsito mientras se desarrollaban las tareas, lo que generó la atención de los vecinos y una importante presencia policial en la zona.

El objetivo principal del operativo fue preservar la escena, evitar la posible eliminación de pruebas y resguardar tanto el inmueble como a quienes viven en el sector.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa bajo secreto de sumario y ya tiene tres personas detenidas.

Para la fiscalía, cada uno de los acusados habría cumplido un rol antes o después del crimen. En el centro de la causa se encuentra Claudio Barrelier, señalado como autor material del femicidio.

Tras recibir el alta médica, el acusado pidió volver a declarar ante el fiscal, una instancia que podría aportar nuevos elementos a la investigación.

Otra de las detenidas es Soledad Andreani, ex pareja de Barrelier. La Justicia la apunta por haberle prestado un Ford Ka negro, vehículo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta un descampado. Además, los investigadores sospechan que lavó el auto luego de que le fuera devuelto, una maniobra que podría haber buscado eliminar rastros relevantes para la causa.

El tercer detenido es Osvaldo Fassetta, quien conocía a Barrelier desde hacía pocos meses y vivía en la misma casa que él. Está acusado de haber ocultado pruebas consideradas clave para el expediente.

Las próximas horas serán decisivas para establecer si habrá nuevas medidas judiciales, posibles detenciones o novedades vinculadas a las indagatorias de los acusados.

Gendarmes del Centro de Operaciones Antidrogas realizaron tres allanamientos en la localidad santafesina de Roldán, en el marco de la investigación vinculada a la aeronave incautada en mayo en un campo de Villa Eloísa, donde se habían secuestrado 321 kilos 221 gramos de cocaína.

Los procedimientos fueron realizados durante la madrugada de este martes por efectivos de Gendarmería Nacional, con apoyo de la Unidad de Investigaciones Antidrogas Rosario, bajo la órbita de PROCUNAR.

La investigación permitió geolocalizar tres inmuebles relacionados con la causa, luego de establecer movimientos vinculados a uno de los involucrados en la organización investigada.

Uno de los allanamientos se realizó en un domicilio ubicado sobre calle Jujuy, en la localidad de Roldán. Al iniciar el registro, los funcionarios accedieron a un baldío abandonado, donde había escombros, vegetación y chapas.

En ese sector, los gendarmes advirtieron la presencia de una pala y observaron tierra removida debajo de unas láminas de metal. Al excavar, hallaron 58 kilos 823 gramos de cocaína enterrados en el patio.

La droga fue extraída y secuestrada como parte de las medidas ordenadas en la causa.

En los demás inmuebles allanados, los investigadores secuestraron 16.500 dólares, 335.000 pesos argentinos, 140 reales, 48 municiones de distintos calibres, 20 cartuchos calibre 12/70, un vehículo Ford Ecosport, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Además, un hombre mayor de edad quedó detenido por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Los allanamientos forman parte de la continuidad investigativa iniciada tras la intercepción de una aeronave en un campo de Villa Eloísa, donde en mayo se incautaron más de 321 kilos de cocaína y fueron detenidos cinco integrantes de una organización criminal.

Durante aquel procedimiento, un cabo de Gendarmería resultó seriamente lesionado al ser embestido cuando los involucrados intentaban escapar.

Las nuevas medidas fueron dispuestas por orden del fiscal Diego Iglesias, junto a Matías Scilabra, de PROCUNAR NEA; el auxiliar fiscal Santiago Martín Iglesias; la Oficina de Narcocriminalidad del área de investigaciones de casos complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo de Santiago Alberdi; y el juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz.

La investigación continúa con el objetivo de establecer el alcance de la organización, sus conexiones logísticas y eventuales responsabilidades de otras personas vinculadas al traslado, acopio y distribución de la droga.

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la División Microtráfico Distrito Rafaela, recuperó una motocicleta en el marco de una investigación por microtráfico y tenencia indebida de arma de fuego que se desarrolla en la ciudad y que ya tiene cuatro personas detenidas.

Según informó oficialmente la fuerza, las actuaciones forman parte de una causa que permitió desarticular un punto de comercialización de estupefacientes el pasado 6 de marzo en Rafaela.

En el marco de la continuidad de la investigación, efectivos de la PDI realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Luis Maggi al 1900, por disposición del juez penal Gustavo Bumaguin.

Durante el procedimiento no lograron localizar la motocicleta que era buscada. Sin embargo, posteriores tareas investigativas permitieron establecer que el vehículo se encontraba resguardado en el corralón municipal.

Una vez informada la novedad a la fiscal interviniente, Analía Abreu, se dispuso la inmediata restitución de la motocicleta a su propietario en carácter de depósito judicial.

La entrega del vehículo se concretó en presencia de un testigo hábil, conforme a las disposiciones judiciales vigentes.

Desde la PDI indicaron que la investigación continúa avanzando bajo las directivas de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, con el objetivo de profundizar las líneas de investigación abiertas en la causa.

La Fiscalía de Instrucción 13 de Córdoba dispuso este jueves el secreto de sumario por 10 días en la investigación por el femicidio de Agostina Vega. La decisión se adoptó tras un allanamiento en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier y en virtud de nuevas medidas ordenadas para el proceso judicial.

El miércoles, la vivienda de Barrelier, ubicada en Juan del Campillo al 2800, barrio Cofico, fue inspeccionada nuevamente por efectivos de la Policía de Córdoba y peritos de la Policía Científica, quienes analizaron la escena y buscaron manchas hemáticas. Durante el operativo se incautó ropa de los ocupantes y un colchón, que serán analizados.

Además, se realizó una planimetría forense para determinar la disposición de las habitaciones y reconstruir la mecánica de la muerte a partir de las proyecciones de la escena.

Paralelamente, se concretó un operativo en un lavadero de autos, donde dos hombres lavaron el Ford Ka negro utilizado por Barrelier para trasladar a Agostina hacia el descampado del barrio Ampliación Ferreyra. Allí se secuestraron dos esponjas y un trapo.

Tras concluir los procedimientos, la fiscalía decidió sorprender con el secreto de sumario por 10 días, argumentando que era necesario para la ejecución de nuevas medidas de investigación.

Asimismo, se informó que la causa de 2025 por privación ilegítima de la libertad contra Barrelier será acumulada a la investigación actual.

Sabrina Carpenter solicitó una orden judicial después de que William Applegate, de 31 años, intentara abrir por la fuerza la puerta de su casa el 23 de mayo de 2026. El incidente formó parte de una serie de actos de acoso y vigilancia, que según documentos judiciales y testimonios policiales, comenzaron al menos alrededor del 20 de abril de este año.

La artista, su hermana y la pareja de esta están actualmente protegidas por una orden judicial provisional que restringe el acercamiento del acusado.

El principal episodio ocurrió cuando Applegate se presentó en la residencia y trató de abrir la puerta. Según el documento judicial recogido por NBC News, el acusado fue confrontado por el personal de seguridad privada y en ese momento agredió a un guardia.

Applegate, además, se negó a retirarse y afirmó que conocía a la cantante y que ella lo esperaba. Las fuentes describieron esta afirmación como “totalmente falsa y delirante”.

El equipo de seguridad y la policía de Los Ángeles intervinieron rápidamente. Según The Guardian, Applegate únicamente abandonó el lugar tras la llegada de los agentes, quienes procedieron a su detención por allanamiento de morada. Sin embargo, la conducta no cesó.

En los días siguientes, el acusado volvió a aparecer en el vecindario y permaneció en su vehículo estacionado, reclinando el asiento para no ser identificado, como describió la propia Carpenter en su declaración judicial.

El patrón de acoso contra la artista se desarrollaba desde al menos el 20 de abril de 2026. De acuerdo con la información publicada en los medios locales, Applegate elegía lugares de estacionamiento cada vez más cercanos a la casa. Fue identificado por imágenes de cámaras de seguridad y reiteró intentos de acercamiento, incluso tras su primera detención.

La insistencia del acusado se reflejó no solo en los intentos de acceso, sino en su constante presencia alrededor de la vivienda. Esta situación generó hostigamiento permanente para la víctima y su entorno familiar, incluida su hermana Sarah Carpenter.

En los documentos presentados ante la justicia y reproducidos por ambos medios, Sabrina Carpenter expuso el grave impacto emocional experimentado por los hechos. “Su patrón de acoso, allanamiento y vigilancia me causó angustia emocional grave y continua, y temo lo que pueda hacer si no es restringido por el tribunal”, manifestó la artista en su declaración, según The Guardian.

Carpenter también advirtió sobre la peligrosidad de la fijación de Applegate. “Su insistencia delirante de que me conoce y que yo lo esperaba demuestra una fijación peligrosa, delirante e irracional”, subrayó en el escrito, reflejando la magnitud de la amenaza.

El detective Peter Doomanis, del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), afirmó que el comportamiento de Applegate “muestra las características de un individuo obsesivo y fijado, que representa un riesgo serio y creciente”.

El tribunal del condado de Los Ángeles emitió la orden de alejamiento provisional el 1° de junio de 2026, prohibiendo al acusado acercarse a menos de 91 metros de Sabrina Carpenter, su hermana y la pareja de esta, así como de la residencia, lugar de trabajo y vehículo de la artista.

Tras el arresto de Applegate por allanamiento de morada —delito calificado como falta en la jurisdicción local— las autoridades remitieron el caso a la oficina del fiscal de la ciudad de Los Ángeles, que determinará si procede la presentación formal de cargos, según NBC News.

Se programaron dos audiencias judiciales: una en el ámbito civil el 17 de junio de 2026, relativa a la extensión de la orden de alejamiento, y otra penal el 18 de junio de 2026 para abordar el proceso por allanamiento.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, llevó a cabo este lunes una serie de allanamientos en la ciudad de Frontera, en cumplimiento de un exhorto judicial solicitado por la Justicia de Córdoba en el marco de una causa por robo calificado.

El operativo fue coordinado por el Departamento Operativo de Investigaciones Región 5, Distrito Frontera, junto con efectivos de la Brigada de Investigaciones de San Francisco (Córdoba) y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional V.

En un domicilio de calle 58 al 700, los investigadores secuestraron un arma de fuego calibre .22, la cual fue remitida a las autoridades competentes de Córdoba. Además, se inició una causa por encubrimiento contra D.A.V., de 34 años.

En otro allanamiento, realizado en calle 9 al 400, se detuvo a W.I.T., de 29 años, quien era requerido por la Justicia cordobesa en la misma causa. Durante la intervención, se secuestraron prendas de vestir y un teléfono celular, considerados elementos de interés para la investigación.

El detenido fue puesto a disposición del personal policial de San Francisco, Córdoba, y las actuaciones continuaron bajo la supervisión de la autoridad judicial requirente.

La investigación por presuntas maniobras de corrupción en ARSAT quedó bajo secreto de sumario, mientras el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, debe resolver si avanza con la citación a declaración indagatoria de los exfuncionarios involucrados.

La causa tiene entre los principales apuntados a Facundo Leal, extitular de la empresa satelital estatal, y a Gerardo Boschin, exgerente de compras durante el gobierno de Alberto Fernández.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, pidió la citación de una decena de acusados, entre ellos Boschin. Sin embargo, el expediente tomó mayor impacto luego de la detención de Leal, a quien le encontraron drogas y una importante suma de dinero en efectivo durante distintos allanamientos.

Leal ya fue indagado, aunque por la causa vinculada a la tenencia de drogas halladas en su domicilio de Palermo. En esa instancia, declaró que las sustancias eran para consumo personal y se negó a responder preguntas.

En el inmueble se secuestraron 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis, cucharas presuntamente utilizadas para consumo y bolsas tipo ziploc.

Además, los investigadores hallaron una importante cantidad de dinero en efectivo: 803.754 dólares, más de 2,4 millones de pesos argentinos, pesos uruguayos, reales, pesos mexicanos, pesos colombianos, euros y chelines tanzanos.

En otro domicilio de Leal, ubicado en Mendoza, se secuestraron 1.787.600 dólares estadounidenses, documentación, un teléfono celular y un cuaderno con anotaciones.

El origen del dinero encontrado en las propiedades del exfuncionario todavía es materia de investigación.

En la causa principal se investigan presuntas maniobras de corrupción dentro de ARSAT, vinculadas con contrataciones, llamados a licitación y operaciones realizadas durante la gestión anterior.

Los delitos bajo análisis incluyen presunto cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y otras figuras asociadas a corrupción funcional.

La decisión de reimplantar el secreto de sumario fue adoptada para avanzar con nuevas medidas de prueba antes de definir los próximos pasos judiciales.

Ahora, el juez Mirabelli deberá resolver si hace lugar al dictamen del fiscal y ordena las declaraciones indagatorias solicitadas.

El expediente se inició a partir de una denuncia por el presunto robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT, presentada al comienzo de la gestión de Javier Milei.

Con el avance de la pesquisa, los investigadores comenzaron a analizar otras operaciones vinculadas al funcionamiento de la empresa estatal. Esas líneas derivaron en el examen de distintos contratos y movimientos que actualmente forman parte de la causa.

Leal estuvo al frente de ARSAT entre agosto de 2022 y febrero de 2024. Luego, continuó vinculado al Estado nacional y fue designado presidente ad honorem del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

Su salida del organismo se formalizó a fines de febrero de 2026, cuando presentó la renuncia. Según la información incorporada al expediente, al momento de los allanamientos continuaba vinculado a ARSAT como empleado de planta permanente.

La Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante un procedimiento antidrogas en la ciudad de Frontera, que terminó con la desarticulación de un presunto punto de comercialización de estupefacientes y la detención de dos personas mayores de edad.

El operativo fue realizado durante la tarde del sábado por personal de la División Antidrogas San Francisco, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

La medida consistió en un allanamiento efectuado en una vivienda ubicada sobre calle 102, entre calles 15 y 17, donde los investigadores habían detectado previamente movimientos compatibles con actividades de microtráfico de drogas.

Según se informó, la intervención fue ordenada por el Juzgado Penal de Primera Instancia de la Quinta Circunscripción Judicial de Rafaela, a cargo del juez Nicolás Stegmayer. La causa es impulsada por la Fiscalía Regional de Rafaela, encabezada por el fiscal Carlos Vottero.

La investigación fue desarrollada mediante tareas de inteligencia criminal, vigilancia y recolección de pruebas, que permitieron acreditar la existencia de un presunto punto de expendio de drogas destinado a abastecer a consumidores de la zona.

Durante el allanamiento, los efectivos federales secuestraron más de un centenar de dosis de clorhidrato de cocaína, que ya se encontraban listas para su comercialización.

También incautaron dinero en efectivo, presuntamente vinculado con la actividad investigada, y otros elementos considerados de interés para el avance de la causa.

Como resultado del procedimiento, dos personas mayores de edad fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar el alcance de la maniobra investigada.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de intervenciones forman parte de las acciones que lleva adelante el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) para combatir el narcotráfico y el narcomenudeo, en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia de Santa Fe.

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la División Capturas, realizó este miércoles un allanamiento en la ciudad de Recreo en el marco de una investigación por delitos contra la integridad sexual.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Mitre al 1400, donde los efectivos concretaron la detención del principal sospechoso, identificado por sus iniciales como P. G. R.

La medida fue autorizada por el juez Sebastián Szeifert y contó con la participación táctica del Grupo de Operaciones Especiales (GOE). Durante el procedimiento, además de la detención del investigado, los agentes secuestraron un teléfono celular considerado de interés para la causa.

La investigación es impulsada por la Unidad Fiscal Especial GEFAS del Ministerio Público de la Acusación, bajo la conducción de la fiscal Vivian Ester Galeano. 

Tostado, Santa Fe – La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre de 24 años en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes y tenencia indebida de armas de fuego. El operativo se realizó en la ciudad de Tostado, bajo la supervisión del fiscal Mauricio Spinosa, de la Fiscalía N° 515.

La investigación comenzó el pasado 12 de abril, a cargo de la División Especial Microtráfico, que tras reunir indicios y obtener las medidas judiciales correspondientes, allanó un domicilio ubicado en la intersección de calles Bartolomé Mitre y Saavedra.

Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron a N. A. V. y secuestraron varios elementos relacionados con la actividad ilícita: un envoltorio con tres gramos de cocaína, seis teléfonos celulares, aproximadamente $600.000 en efectivo, una balanza de precisión, una carabina, dos réplicas de pistola, dos aires comprimidos, cartuchos de distintos calibres y otros objetos vinculados a la investigación.

Por disposición del fiscal interviniente, el detenido quedó alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional XII, a disposición de la justicia en turno, mientras continúan las diligencias para determinar su participación en el microtráfico y la tenencia de armas.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Rafaela que derivó en la detención de una pareja vinculada a la venta de drogas, en el marco de una causa iniciada por un hecho de hurto ocurrido el pasado 12 de abril.

El operativo fue realizado por personal de la División Especial Robo y Hurto de la Región V, como parte de tareas investigativas orientadas al esclarecimiento del ilícito.

El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Luis Maggi al 1900, donde los agentes detuvieron a una mujer de 35 años y un hombre de 29.

Además, durante el allanamiento se procedió al secuestro de estupefacientes y otros elementos de interés para la causa.

Entre los elementos secuestrados, la PDI detalló:

Los investigadores señalaron que la droga se encontraba preparada para su venta, lo que permitió ampliar la causa hacia un posible caso de microtráfico.

El fiscal de turno, Dr. Adrián Soria, dispuso el secuestro de todos los elementos hallados y la detención de los implicados, identificados como Leila G. y Angelo D. O.

Ambos fueron trasladados a la Alcaidía de la Unidad Regional V, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.