La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre en Rafaela en el marco de una causa por lesiones graves calificadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio.

El procedimiento se llevó adelante el miércoles mediante tres allanamientos realizados por personal de la Sección Homicidios y Abuso de Arma. Se concretaron en distintos domicilios de la ciudad, ubicados en la zona de calles Miguel Cetta y Brunelli, barrio 2 de Abril.

Como resultado de los operativos, en una vivienda de calle Miguel Cetta al 1000 se concretó la detención de un hombre identificado como O. A. V., quien era requerido por la investigación. Durante la intervención, los efectivos también secuestraron 220 gramos de marihuana que se encontraban en poder del detenido.

Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Martín Castellano, el sujeto fue notificado por los delitos de lesiones graves calificadas por el uso de arma de fuego, violación de domicilio y tenencia simple de estupefacientes para consumo personal.

Posteriormente, fue identificado dactiloscópicamente y trasladado a la Alcaidía local, quedando a disposición de la Justicia. 

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante una serie de allanamientos en la ciudad de San Cristóbal en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes, que derivaron en la detención de dos mujeres y un hombre.

Los operativos se realizaron el sábado 25 de abril en dos domicilios ubicados en calle 9 de Julio al 1600 y 1000, tras una investigación iniciada a partir de una denuncia y tareas de análisis criminal que permitieron detectar maniobras compatibles con el microtráfico.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas dos mujeres de 27 y 32 años, identificadas como M. E. B. y E. S. L., acusadas de venta de drogas y resistencia a la autoridad.

En tanto, un hombre de 29 años, identificado como J. E. L., fue detenido por resistencia a la autoridad y tenencia indebida de arma de fuego.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron 54 envoltorios con cocaína, que totalizaron 17 gramos, además de 452.950 pesos en efectivo, una escopeta calibre 16 con cartuchos, un arma de fabricación casera tipo “tumbera” calibre .22, teléfonos celulares y cámaras de vigilancia.

La investigación contó con la intervención de la fiscal Hemilce Fissore y la orden judicial de la jueza Cecilia Álamo. En los procedimientos también colaboró personal de la PDI de Tostado y Ceres, junto a grupos tácticos.

Por disposición de la fiscal interviniente, las mujeres fueron trasladadas a la Alcaidía, mientras que el hombre quedó alojado en dependencia local, a disposición de la Justicia.

En el marco de una investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó adelante dos allanamientos en la ciudad de Morteros, donde logró desarticular parte de una organización narco y detener a tres personas mayores de edad.

Los procedimientos se realizaron en domicilios ubicados sobre calle Laprida al 300 y Marconi al 900, donde fueron detenidas dos mujeres de 23 y 44 años y un hombre de 25. Durante el operativo, colaboró en el perímetro externo personal de la Policía de la provincia de Córdoba.

Durante las requisas, los investigadores secuestraron dos ladrillos de cocaína, con un peso total de 2.252 gramos, además de 14 dosis de marihuana, un vehículo Mercedes Benz y otros elementos de interés para la causa.

Uno de los datos más llamativos del procedimiento fue que la cocaína se encontraba oculta dentro de una butaca de bebé que estaba en el interior del automóvil.

Según se informó, este operativo guarda relación con un procedimiento anterior realizado por la misma fuerza el pasado 18 de marzo, cuando se concretó la detención de una pareja y el secuestro de más de un kilo de cocaína, dinero en efectivo y distintos elementos probatorios.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, tanto los detenidos como todos los elementos secuestrados fueron trasladados a sede judicial, en una causa por infracción a la Ley Nacional 23.737.

La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas vinculadas a esta organización.

 El juez federal Daniel Rafecas ordenó el allanamiento de una propiedad perteneciente al exrepresor Carlos Suárez Mason, actualmente habitada por la esposa y la hija del exmilitar fallecido en 2005.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de investigacionessobredelitos de lesa humanidadcometidos durante la última dictadura militar en nuestro país; en el operativo  intervienen fuerzas policiales y personal judicial ingresaron a la vivienda y recorrieron todo el inmueble, incluyendo el dormitorio de una de las mujeres.

Durante el allanamiento se produjo la búsqueda de documentación, como archivos, registros o pruebas relacionadas con el accionar del Primer Cuerpo de Ejército, del cual Suárez Mason no sólo fue parte, sino que comandó y ordenó secuestros de personas que terminaron detenidas en centros clandestinos.

Asimismo, otro de los motivos fue su involucramiento en el robo de bebés, ya que el exrepresor estuvo procesado y detenido por la sustracción de menores nacidos en cautiverio, una investigación que actualmente continúa activa para identificar a nietos desaparecidos._

Otro de los puntos importantes de este allanamiento fue la averiguación apuntada acerca de las finanzas del exmilitar y su entorno, ya que también fue acusado por presunta utilización de fondos públicos y empresariales para financiar actividades represivas ilegales y operativos de inteligencia durante la última dictadura.

Este procedimiento se ordenó a raíz de una nueva declaración, que indica la posible existencia de documentación relevante en el domicilio de Suárez Mason. Hasta el momento, la información que circula indica que el allanamiento generó cuestionamientos por parte de su familia y allegados, debido al tiempo que transcurrió del fallecimiento del exmilitar. NA

 La Justicia llevó adelante una serie de allanamientos en tres inmobiliarias involucradas en la compra del departamento que posee Manuel Adorni en el barrio porteño de Caballito.

La medida fue dispuesta en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete de la Nación y luego de que la escribana Adriana Nechevenko de Schuster declarara este miércoles ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca identificar a los intermediarios de la operación y verificar cuáles fueron los valores reales de la transacción.

La investigación se centra en el financiamiento que hubo en la adquisición del inmueble situado en la calle Miró al 500, por medio de préstamos privados otorgados por cuatro mujeres mayores con un ingreso económico que no coincide con la suma del crédito que le cedieron al funcionario, ya que serían jubiladas y empleadas públicas.

Por su parte, Nechevenko negó tener algún tipo de vinculación con el origen del dinero y señaló que dichas operaciones fueron "normales" desde su visión profesional como escribana y que, por ese motivo, validó las escrituras.

También se ordenó el levantamiento del secreto bancario para investigar el financiamiento de otros gastos de Adorni, como vuelos privados hacia el exterior, como ocurrió con sus visitas a Nueva York y Punta del Este.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, informó sobre una serie de operativos policiales realizados en las ciudades de Santa Fe, San Justo y Sunchales, que permitieron avanzar en la desarticulación de organizaciones vinculadas al microtráfico, robos violentos, extorsiones y otros delitos.Se trató de múltiples procedimientos simultáneos llevados adelante por la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de distintas causas judiciales. Como resultado, se concretaron detenciones y se secuestraron elementos clave para las investigaciones, entre ellos estupefacientes, armas de fuego, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros objetos de interés.

Durante una conferencia de prensa en la sede ministerial, el director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, precisó que en San Justo se realizaron diez allanamientos ordenados por la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a partir de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico. Según explicó, el operativo permitió desarticular una organización dedicada a la distribución de drogas, vinculada a estructuras delictivas del Gran Santa Fe.El funcionario destacó que “fue una investigación previa sólida que arrojó resultados positivos” y detalló que diez personas quedaron privadas de su libertad, a la espera de las audiencias imputativas. Además, remarcó que estos delitos “están directamente relacionados con la violencia altamente lesiva”, lo que se evidencia en el secuestro de cocaína, marihuana, armas de fuego y cartuchería.

Galfrascoli también explicó que el microtráfico en localidades medianas y pequeñas suele depender de estructuras de mayor escala, cuya investigación corresponde a la Justicia federal. En ese sentido, señaló que el análisis de la telefonía celular secuestrada permitirá profundizar las conexiones entre organizaciones.

Operativos en la ciudad de Santa Fe

En la capital provincial se realizaron allanamientos vinculados al microtráfico que permitieron secuestrar unas 100 dosis de cocaína listas para su comercialización, además de trozos compactos de la misma sustancia.Los procedimientos se llevaron a cabo en el barrio Santa Rosa de Lima, una zona que -según indicaron- es abordada de manera prioritaria por las políticas de seguridad. Allí también se incautaron armas de fuego y dinero en efectivo. “Se trataba de un punto de venta de drogas donde también se ejercía violencia”, indicaron las autoridades.

Asimismo, en otros operativos realizados en domicilios de Ayacucho al 9500 y Leiva al 9200, en la zona norte de la ciudad, los investigadores lograron desarticular una banda dedicada a robos bajo la modalidad de “motochorros”. Los detenidos operaban principalmente en las avenidas General Paz, Galicia y Aristóbulo del Valle, donde atacaban a víctimas en inmediaciones de bancos y comercios. Todos quedaron a disposición de la Justicia.

Detención en Sunchales

Por otra parte, en la ciudad de Sunchales, personal de la PDI realizó tres allanamientos en el marco de una causa por encubrimiento agravado, extorsión, robo y hurto en grado de tentativa, que culminaron con la detención de un hombre de 24 años.

La investigación se inició a partir de denuncias de vecinos que habían sufrido robos en el interior de sus vehículos y posteriores ingresos ilegales a sus domicilios. Según se estableció, el sospechoso sustraía llaves y documentación de los autos estacionados para luego ingresar a las viviendas y robar dispositivos electrónicos.

Posteriormente, exigía dinero a las víctimas a cambio de devolver los elementos sustraídos. En uno de los domicilios allanados se concretó su detención y se secuestraron una bicicleta, prendas de vestir y otros elementos vinculados a la causa. El detenido quedó a disposición de la Justicia.

La Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, derribó este jueves en Rosario el búnker N° 110 desde la sanción de la Ley de Microtráfico y que contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes en Santa Fe.El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, supervisó el derribo del búnker ubicado en calle Rodríguez 3827. El funcionario remarcó que “a poco más de dos años de la sanción de la Ley de Microtráfico, hoy estamos haciendo el derribo número 74 en la ciudad de Rosario y el 110 a nivel provincial, en una política que seguiremos llevando adelante”. 

Cococcioni contó que era un lugar que fue allanado en reiteradas ocasiones y que seguía siendo habitado por otras personas que perjudicaban la vida del barrio. “Las políticas de microtráfico las vamos a sostener y las estamos ampliando para que a través de la Fiscalía podamos tomar más investigaciones de estas bandas criminales que tanto mal le hacen a los santafesinos, para devolver tranquilidad”, afirmó.

Allanamientos previos

En tanto, el fiscal César Cabrera, de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), brindó más detalles al señalar que “era un reclamo sostenido por parte de los vecinos y era parte de investigación de la Unidad Especializada de Microtráfico que tiene la Fiscalía General en la zona, lo que hace a este lugar con una historia previa ya que un grupo criminal había tomado posesión del lugar y había sido apresado por hechos violentos”. “Luego de cuatro allanamientos y con las principales personas detenidas, la venta continuaba, por lo cual, mediante una audiencia donde se explicaron los motivos de derribo, se procedió a la inactivación que es la herramienta procesal que tenemos para poder cerrar un punto de violencia que afectaba a todo el barrio”, relató Cabrera.

Ley de Microtráfico

Con la intervención de este jueves en Rosario, se procedió al derribo número 110 en toda la provincia de Santa Fe, desde que la Ley de Microtráfico fue sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Estos derribos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia Provincial, la Policía de Santa Fe y la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.La Ley de Microtráfico permite combatir el crimen organizado y brindar mayor seguridad a los habitantes de todo el territorio santafesino. Desde entonces se contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, en todo el territorio de la provincia de Santa Fe.

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante dos allanamientos en la ciudad de Reconquista en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Los operativos fueron realizados por personal de la División Microtráfico Región IV, con colaboración de los Grupos de Irrupción GOT de las Unidades Regionales XIX y IX, en viviendas ubicadas en los barrios Virgen de Guadalupe y Don Carlos. Las medidas se concretaron por orden de la jueza Norma Noemí Senn.

Durante el procedimiento realizado en el asentamiento del barrio Virgen de Guadalupe, los investigadores secuestraron 153 envoltorios con estupefacientes, entre ellos 76 envoltorios de cocaína con un peso total de 16,2 gramos y 77 envoltorios de marihuana que alcanzaron 83,8 gramos, además de una planta de cannabis.

En el lugar también incautaron ocho teléfonos celulares, recortes de nylon y banditas elásticas utilizadas para el fraccionamiento de la droga, tres papeles con anotaciones de interés para la investigación y 941.400 pesos en efectivo.

En la vivienda se encontraban varias personas, entre ellas los principales investigados, identificados como E. M. G., de 48 años, y E. D. L., de 20 años.

Por disposición del fiscal Sebastián Galeano, ambos sospechosos quedaron detenidos y fueron trasladados a dependencias policiales.

En tanto, en el segundo allanamiento realizado en una vivienda del barrio Don Carlos se identificó a los moradores, aunque tras la consulta con el fiscal interviniente no se dispusieron medidas procesales.

La investigación continúa con el objetivo de profundizar las tareas para determinar el alcance de la comercialización de estupefacientes en la zona. 

Durante la jornada del martes agentes de la Policía Federal concretaron varios allanamientos en los barrios Alfonso y Santa Rosa de Lima, en el marco de una causa por microtráfico, los que dejaron como saldo cuatro detenidos y el secuestro de estupefacientes (dosis de marihuana), celulares y dinero.

Las diligencias se concretaron de manera simultánea en cuatro viviendas ubicadas en los barrios mencionados, dos sectores de la zona oeste de Santa Fe donde los investigadores habían detectado presuntas maniobras vinculadas a la venta de estupefacientes a pequeña escala.

El procedimiento fue ordenado por el fiscal Arturo Haidar en el marco de una causa penal orientada a desarticular puntos de comercialización de droga al menudeo.

La pesquisa fue asignada al Equipo de Trabajo de Microtráfico de la Fiscalía General y forma parte de los denominados Objetivos Priorizados del Ministerio Público de la Acusación, una estrategia que busca atacar focos activos de narcomenudeo en distintos barrios de la provincia.

Con las órdenes judiciales en mano, efectivos de la Policía Federal Argentina irrumpieron en los domicilios señalados por la investigación. En el despliegue participaron distintos grupos operativos que trabajaron de manera coordinada para asegurar los inmuebles y registrar cada una de las viviendas.

El saldo del operativo fue la detención de cuatro personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones judiciales.

Durante los registros, los uniformados secuestraron marihuana que se encontraba fraccionada y lista para su presunta comercialización al menudeo. También incautaron tres teléfonos celulares que ahora serán sometidos a peritajes y una suma de dinero en efectivo cuyo origen se intenta determinar.

Los dispositivos electrónicos podrían aportar información clave para reconstruir la red de contactos y la eventual modalidad de venta utilizada en la zona.

Fuentes del caso indicaron que la investigación continúa abierta y no se descarta que surjan nuevas medidas judiciales en función del material secuestrado y del análisis de las comunicaciones.

El Litoral

Dos hombres fueron detenidos en Freyre luego de un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) que permitió desarticular una modalidad de venta de estupefacientes mediante delivery.

La investigación se inició a partir de múltiples denuncias anónimas recibidas en el número habilitado por el Ministerio Público Fiscal (0800-888-8080) y se extendió durante aproximadamente cuatro meses.

Como resultado de las tareas investigativas, los efectivos realizaron allanamientos en dos domicilios: uno ubicado en calle Jerónimo Luis de Cabrera al 800, en barrio Circunvalación, y otro en una zona rural cercana a la Ruta Provincial 70.

Durante los procedimientos fueron detenidos dos hombres mayores de edad y se secuestraron varias dosis de cocaína, dos escopetas calibre 16, cuatro cartuchos, 4.756.700 pesos en efectivo, una motocicleta y distintos elementos vinculados a la causa.

Según informaron desde la fuerza, al momento de la irrupción policial el principal investigado intentó escapar por una ventana, aunque fue rápidamente aprehendido por los agentes.

Las autoridades señalaron además que la motocicleta secuestrada era utilizada habitualmente para realizar la distribución de droga mediante delivery en la zona, mientras que uno de los detenidos también estaría vinculado con el abastecimiento de distintos puntos de venta.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de San Francisco dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial y el secuestro de todos los elementos incautados, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

En el marco de una investigación conjunta entre la Fiscalía Federal de Venado Tuerto y la Gendarmería Nacional, se lleva a cabo este martes en la tarde un importante despliegue por la comercialización de piezas que forman parte del patrimonio cultural, histórico y arqueológico.

El principal investigado es una persona dedicada a la venta de antigüedades que opera en la ciudad.

El operativo, que inició el pasado martes por la tarde y aún continúa en desarrollo, incluyó el registro de dos domicilios particulares ubicados en las intersecciones de Edison e Iturraspe, y en la calle Colón, de la localidad del sur santafesino.

Asimismo, las fuerzas de seguridad inspeccionaron dos depósitos situados en calle Dean Funes y en 9 de Julio al 1100.

Según informaron las autoridades judiciales, aunque la medida aún no ha finalizado, ya se han secuestrado cerca de 80 objetos de gran valor histórico.

Las tareas de catalogación y aseguramiento de las piezas continúan para determinar el alcance total del material recuperado y su procedencia exacta.

EL

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a dos hombres en la ciudad de Reconquista en el marco de una causa por robos reiterados cometidos en distintos comercios de la localidad.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Departamento Operativo Complejo Región IV, Distrito Reconquista, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe. La investigación se inició tras una serie de hechos delictivos registrados entre el 28 de febrero y el 7 de marzo, cuando desconocidos ingresaron a varios locales comerciales tras romper vidrieras o puertas de vidrio.

A partir de tareas investigativas y del análisis de registros fílmicos, los efectivos lograron identificar a los presuntos autores, un hombre de 25 años identificado como A.E.R. y otro de 22 años con iniciales E.Y.F.

Con orden del juez Gonzalo Gonn se realizaron allanamientos en dos domicilios ubicados en barrio San Francisco de Asís y en Loteo Nardelli. Los procedimientos no arrojaron resultados positivos en cuanto al secuestro de elementos vinculados a la causa.

Posteriormente, durante una requisa domiciliaria en una vivienda del asentamiento oeste del barrio Guadalupe, los investigadores localizaron a uno de los sospechosos. En ese momento constataron que vestía prendas similares a las utilizadas al momento de cometer los hechos investigados, por lo que se procedió a su aprehensión y posterior detención.

Más tarde, en continuidad con las tareas investigativas, los efectivos lograron ubicar y detener al segundo implicado.

Las actuaciones se desarrollan con intervención del fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación, Nicolás Maglier, de la Unidad Fiscal Reconquista correspondiente a la 4ª Circunscripción Judicial.

Los detenidos fueron trasladados y alojados en una dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.

Tres allanamientos realizados en Rosario, Ibarlucea y Roldán permitieron la detención de tres personas y el secuestro de un importante arsenal que se encontraba oculto bajo tierra en barriles, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares. Los operativos fueron llevados adelante por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) junto con las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), en el marco de una investigación del Ministerio Público de la Acusación.

Los detalles del procedimiento fueron brindados este miércoles durante una conferencia de prensa realizada en la base de las TOE. Participaron la subsecretaria de Inteligencia Criminal del Gobierno de Santa Fe, Virginia Villar; el fiscal regional, Matías Merlo; el fiscal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, Patricio Saldutti; y el jefe de la Ciope, Maximiliano Bertolotti.

Bertolotti explicó que el primer allanamiento se realizó el lunes alrededor de las 17 en el barrio 7 de Septiembre, en la ciudad de Rosario. Allí se requisó un departamento donde se secuestraron numerosos teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo.

“Se incautaron más de 10 millones de pesos argentinos y 550 dólares”, precisó el jefe de la Ciope, quien agregó que los tres procedimientos están vinculados entre sí y forman parte de una investigación que se venía desarrollando desde hace varios meses.

Los otros dos allanamientos se realizaron el martes por la mañana en las localidades de Ibarlucea y Roldán, donde se logró el hallazgo de armamento de gran calibre oculto bajo tierra.Según explicó Bertolotti, los investigadores tenían indicios de que uno de los lugares allanados en Roldán podría ser utilizado por organizaciones criminales como depósito o lugar de resguardo de armas. “Venimos realizando tareas de inteligencia desde hace varios meses, y eso permitió dar con este secuestro”, indicó.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron barriles enterrados que contenían distintas armas de fuego. El funcionario señaló que esta modalidad ya fue detectada en otros operativos vinculados a organizaciones criminales.“Hemos encontrado en distintos allanamientos tachos enterrados. Evidentemente, las organizaciones criminales están utilizando esta metodología para ocultar armas, droga o dinero”, explicó.

Armas de alto poder de fuego

Entre el armamento secuestrado se encontraron pistolas calibre 9 milímetros y calibre .40, además de armas de marcas como Glock, CZ y Tanfoglio, consideradas de última generación. También fueron incautados dos fusiles calibre 5.56 y .223, de fabricación china y norteamericana, escopetas y otras armas largas. Bertolotti remarcó que se trata de armamento de alto poder de fuego y poco habitual en este tipo de procedimientos. Por su parte, la subsecretaria de Inteligencia Criminal, Virginia Villar, sostuvo que el resultado de los operativos es producto de un trabajo sostenido en materia de análisis e inteligencia criminal.

“Esta investigación es el resultado de un trabajo de inteligencia que forma parte de la priorización de la política de seguridad del Gobierno de la Provincia”, afirmó.La funcionaria explicó que la Ciope, junto con analistas de inteligencia y la Dirección de Información Patrimonial, integra el sistema provincial de inteligencia criminal que trabaja en la detección de situaciones que puedan representar riesgos para la seguridad pública.

El fiscal regional Matías Merlo también destacó el trabajo coordinado entre las distintas áreas del Estado. Según explicó, la investigación fue posible gracias a la articulación entre el Ministerio Público de la Acusación, la Secretaría de Inteligencia del Ministerio de Seguridad y las fuerzas especializadas de la policía provincial.“Se pudo obtener información sobre la existencia de material balístico en distintos puntos del Gran Rosario y avanzar en los procedimientos que permitieron hallarlo”, indicó.

Merlo agregó que el armamento secuestrado estaría vinculado a diferentes organizaciones criminales que actualmente son investigadas por la Justicia provincial. “Es importante porque logramos sacar de circulación material con un altísimo poder ofensivo”, subrayó.

Finalmente, el fiscal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, Patricio Saldutti, confirmó que hay tres personas detenidas y que se secuestraron teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.El funcionario explicó que una de las líneas de investigación apunta ahora a determinar el origen del armamento. “Todas las armas tienen número de serie. Vamos a avanzar en la investigación para establecer su procedencia y también analizar los lugares donde fueron halladas”, concluyó.

En el marco de una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes, la Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe, llevaron a cabo una serie de medidas judiciales que culminaron con la detención de dos hombres y el secuestro de material estupefaciente y elementos de interés para la causa.

Las actuaciones fueron impulsadas por la Unidad Fiscal de San Jorge, a cargo del fiscal Carlos Zoppegni. La investigación criminal de los agentes de la PDI incluyó tareas de campo, análisis de redes sociales, informes financieros y de telefonía, lo que permitió establecer la posible comercialización de estupefacientes en diversos domicilios de la región.

Con las órdenes de allanamiento expedidas por el juez Pablo Ruiz Staiger, el personal operativo de PDI y grupos tácticos de distintas Unidades Regionales irrumpieron de forma simultánea en cuatro domicilios: dos en la localidad de Carlos Pellegrini y otros dos en María Susana.

El procedimiento contó con el apoyo estratégico de la Brigada Operativa PDI San Jerónimo, la División de Capturas y Microtráfico Región Uno, y los grupos de irrupción de la PAT (UR I), GOT (UR XI, UR V y UR XIII).Como resultado de los procedimientos, se procedió a la detención de Julio César D. (45 años) en un domicilio de Carlos Pellegrini; y de Rafael Herminio M. (49 años), en la localidad de María Susana. Asimismo, una mujer de 33 años, identificada como Nadia Anabella G., fue notificada de la causa por tenencia simple en estado de libertad.

Elementos incautados

Entre los elementos incautados, se cuentan envoltorios con cocaína listos para la venta, picadura de marihuana y una planta de cannabis (con reactivos positivos en peritajes de campo); elementos de fraccionamiento como recortes de nailon, bolsas plásticas y tijeras; 4 teléfonos celulares que serán sometidos a peritaje; cartuchos de escopeta calibre 16 y cartuchos calibre 22.Por orden del fiscal Zoppegni, los dos hombres detenidos fueron trasladados y alojados en la Alcaidía de la UR XVIII, en la localidad de Sastre, en donde permanecen a disposición judicial.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, llevó adelante este jueves cuatro allanamientos en las ciudades de Esperanza y Helvecia en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley de Microtráfico. 

La investigación se inició en octubre de 2025 a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, en el marco de los lineamientos del Plan de Persecución Penal del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Las actuaciones estuvieron a cargo del personal del distrito Las Colonias de la PDI.

Los procedimientos se concretaron en un domicilio de calle Mitre al 2000, en la ciudad de Esperanza, y en una vivienda ubicada en calle Vélez Sarsfield sin número, en Helvecia.

Como resultado de los allanamientos, fue detenido un hombre identificado por sus iniciales F.H.R. Además, se secuestraron ocho teléfonos celulares, una balanza digital, seis envoltorios con vestigios de cocaína con un peso total de 2,5 gramos, nueve plantas de cannabis (con resultado positivo en prueba orientativa), un automóvil Volkswagen Voyage dominio LRI512 y una motocicleta Honda Twister.

Antecedente inmediatoDesde la fuerza indicaron que el miércoles pasado personal de la Unidad Regional XI interceptó a dos hombres identificados como B.A.B. y E.G.H., quienes se trasladaban en un Toyota Corolla. Durante el procedimiento se halló en su poder un cogollo de cannabis, 9,1 gramos de cocaína y 1,4 gramos adicionales de la misma sustancia.  

Ambos fueron alojados en la Comisaría 1ª de la Unidad Regional XI y el material incautado quedó a disposición de la PDI.

La causa es tramitada por el fiscal Diego Vigo, quien dispuso las medidas correspondientes en el marco de la investigación.

Personal del Departamento Operativo – Región 5 – Sunchales, informó que en el marco de una causa por Hurto Calificado por Escalamiento, con intervención del Ministerio Público de la Acusación – Región 5, a cargo del Fiscal Dr. Juan Manuel Puig, se logró el secuestro de diversos elementos sustraídos y la identificación de personas involucradas.

El hecho tuvo lugar en un domicilio  de la ciudad de Sunchales, dónde autores ignorados ingresaron a una vivienda tras escalar e irrumpir por una puerta ventana de la planta alta, sustrayendo notebooks, una consola de videojuegos, mochilas, documentación personal, tarjetas bancarias, una cámara fotográfica y otros efectos.

A partir de tareas investigativas y por disposición del fiscal interviniente, personal de esta dependencia realizó requisa domiciliaria dónde se procedió al secuestro tarjetas de crédito y débito, documentos Nacionales de Identidad, mochilas, un joystick y una máquina de cortar cabello, entre otros elementos denunciados como sustraídos.

En el marco de las actuaciones fueron identificados los hombres P. D. C y J. G. P por el delito de Encubrimiento.

Los allanamientos realizados este martes en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino permitieron a la Justicia hallar una prueba clave: el contrato original que vinculaba a la entidad con la empresa TourProdEnter LLC, ligada al productor teatral Javier Faroni. El documento establece la exclusividad de la firma para administrar los cobros y pagos en dólares en el exterior a cambio de una comisión del 30%.

El hallazgo se produjo en las oficinas de la calle Viamonte, en el marco de los procedimientos ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona y con la intervención de la PROCELAC. Según fuentes judiciales, el contrato se convirtió en la pieza central del expediente, ya que respalda la hipótesis de que la sociedad radicada en Miami —sin estructura operativa comprobable— fue designada como “agente exclusivo” para canalizar divisas de la AFA fuera del país, en un contexto de fuertes restricciones cambiarias.

Levantamiento del secreto y seguimiento del dinero

De manera paralela a los allanamientos realizados en Viamonte, en el predio de Ezeiza y en el domicilio de Faroni en el barrio Yacht de Nordelta, el magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil del empresario, de su esposa Erica Gillette y de todas las sociedades vinculadas. La medida busca reconstruir la ruta del dinero y determinar el destino final de los fondos transferidos al exterior.

La investigación, que inicialmente se había centrado en la financiera Sur Finanzas, se amplió para abarcar este esquema. Los investigadores sospechan que la AFA habría actuado como “deudor cedido” en operaciones vinculadas a derechos televisivos, lo que habría permitido desviar fondos hacia cuentas en Estados Unidos y luego distribuirlos entre sociedades radicadas en Florida, presuntamente administradas por prestanombres con escasa capacidad económica.

Restricción de salida del país

En este contexto, Faroni fue interceptado en el Aeroparque Jorge Newbery cuando intentaba abordar un vuelo privado con destino a Uruguay. El empresario se encontró con la prohibición de salida del país dispuesta por el juez Armella, medida adoptada para evitar riesgos de fuga mientras se analizan la documentación contable y los dispositivos electrónicos secuestrados durante los operativos.

Pese al avance de la causa y a la incorporación de nuevas pruebas, desde la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia la AFA difundió un comunicado en el que defendió la legalidad del vínculo con TourProdEnter LLC, al sostener que el acuerdo había sido previamente analizado por tribunales argentinos y estadounidenses sin observaciones formales.

La causa que investiga el manejo de fondos internacionales vinculados al fútbol argentino sumó este martes un nuevo y contundente avance judicial. Por orden del juez federal Luis Armella, se realizaron allanamientos simultáneos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ubicada en la calle Viamonte 1366, en el predio de entrenamiento que la entidad posee en Ezeiza y en el domicilio del empresario Javier Faroni, en el barrio Yacht de Nordelta.

Los procedimientos fueron ejecutados por agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, en el marco de una pesquisa que busca esclarecer un presunto circuito financiero paralelo relacionado con la recaudación y administración de ingresos en el exterior. La investigación apunta a la empresa TourProdEnter LLC, señalada como agente comercial exclusivo de la AFA fuera del país.

Según la causa, entre 2021 y 2025 la firma habría administrado más de 260 millones de dólares a través de cuentas bancarias en Estados Unidos —en entidades como Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan— provenientes de sponsors internacionales, derechos de transmisión, plataformas digitales como AFA Play y la organización de partidos amistosos de la Selección Argentina en Asia, Medio Oriente, África y Norteamérica.

Uno de los focos centrales de la investigación está puesto en el destino de esos fondos. Los investigadores detectaron que al menos USD 42 millones habrían sido transferidos a cuatro sociedades radicadas en Florida —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC— que no registran empleados, actividad comercial real ni infraestructura, y que presentan características típicas de “sociedades fantasma”. Además, se analizan operaciones por cerca de USD 110 millones canalizadas a través de Adcap Uruguay Agente de Valores, con triangulaciones financieras entre distintas jurisdicciones.

En paralelo a los allanamientos, la Justicia dispuso la prohibición de salida del país para Faroni. La medida se hizo efectiva en la madrugada del martes cuando el empresario intentó viajar a Uruguay desde el Aeroparque Jorge Newbery. Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria le impidió abordar el vuelo y secuestró un chip telefónico que quedó bajo control judicial para su análisis, luego de que el empresario asegurara no portar su celular.

Desde la AFA, presidida por Claudio Chiqui Tapia, emitieron un comunicado oficial en el que rechazaron las acusaciones y defendieron la legalidad del vínculo contractual con TourProdEnter. La entidad sostuvo que el acuerdo fue analizado tanto por tribunales argentinos como estadounidenses, sin que se hayan detectado irregularidades, y recordó que una denuncia presentada en Florida contra la empresa fue archivada recientemente.

No obstante, para los fiscales que intervienen en la causa —la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)— existen inconsistencias contables, falta de trazabilidad en parte de los fondos y una escasa visibilidad del rol de TourProdEnter en los balances oficiales de la AFA presentados ante la Inspección General de Justicia. Recién en 2024 la empresa aparece mencionada como deudora, sin detalles sobre su función clave en la estructura internacional de cobros y pagos.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en Estados Unidos en septiembre de 2024, que alertó sobre presuntas maniobras de lavado de activos y desvío de fondos vinculados a contratos de la Selección Argentina. Con los allanamientos en marcha y la prohibición de salida del país ya vigente, la causa entra ahora en una etapa decisiva, que podría escalar y poner bajo la lupa a la conducción del fútbol argentino en uno de los expedientes más sensibles de los últimos años.

La Justicia federal allanó este martes la vivienda de Javier Faroni, empresario con vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una investigación por el presunto desvío de millones de dólares al exterior a través de contratos comerciales vinculados al fútbol argentino.

El procedimiento se realizó en un domicilio ubicado en un barrio cerrado de Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre, por orden del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella. Durante el operativo, los investigadores buscaron documentación, contratos, computadoras y dispositivos electrónicos que podrían resultar clave para el avance de la causa.

De manera previa al allanamiento, la Justicia había dispuesto la prohibición de salida del país para Faroni, como parte de las medidas cautelares adoptadas en el expediente.

La causa se originó a partir de una investigación judicial en Estados Unidos que analiza el manejo de fondos relacionados con contratos internacionales de la AFA, presidida por Claudio Chiqui Tapia. En ese contexto, Faroni aparece vinculado a la empresa TourProdEnter, que habría administrado en el exterior cerca de 260 millones de dólares pertenecientes a la entidad.

Según la pesquisa, al menos 42 millones de dólares habrían sido desviados hacia un entramado de sociedades que, de acuerdo con los investigadores, serían presuntamente ficticias y utilizadas para canalizar los fondos fuera del control institucional.

TourProdEnter fue inscripta en la ciudad de Miami por Érica Gillette, esposa de Faroni. La firma habría tenido a su cargo la administración de contratos internacionales vinculados a la Selección argentina, un aspecto central que es analizado tanto por la Justicia estadounidense como por tribunales argentinos.

Faroni, ex empresario teatral y ex directivo de Aerolíneas Argentinas, mantiene además vínculos políticos con el Frente Renovador, espacio liderado por Sergio Massa.

En paralelo, tres jueces federales de Estados Unidos autorizaron el acceso a cuentas bancarias vinculadas a contratos millonarios de la AFA, lo que permitió reconstruir un sistema de recaudación paralela que habría concentrado cerca de 300 millones de dólares fuera del control formal de la entidad. La investigación incluso generó alertas en el sistema financiero norteamericano y podría derivar en la intervención del Departamento del Tesoro.

El empresario Guillermo Tofoni, denunciante original de las maniobras, anticipó que presentará una nueva denuncia ante la Justicia argentina para ampliar la investigación sobre la presunta sustracción y desvío de fondos provenientes de los contratos comerciales de la AFA y de la Selección Nacional.

Por el momento, la causa se encuentra en etapa investigativa y no se informaron imputaciones formales. Las medidas ordenadas buscan reunir elementos probatorios que permitan determinar responsabilidades y avanzar en el esclarecimiento del presunto desvío de fondos.

En la propia AFA rechazaron las acusaciones y negaron la existencia de desvíos millonarios, al sostener que la relación con su agente comercial en el exterior fue analizada por distintos tribunales “sin que se haya detectado irregularidad alguna”. No obstante, se esperan nuevas definiciones judiciales en los próximos días, tanto en Argentina como en Estados Unidos.

La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo el sábado 14 de diciembre a dos hombres en la localidad de Josefina, en el marco de una causa por microtráfico de estupefacientes. Los aprehendidos fueron identificados como L. I. G., de 28 años, y A. J. G., de 29.

La investigación estuvo a cargo del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General y se inició a partir de tareas de análisis criminal, en línea con los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación en su Plan de Persecución Penal. El avance de la causa se vio reforzado por un aporte anónimo que señalaba determinados domicilios como presuntos puntos de venta, ocultamiento y acopio de estupefacientes. Tras tareas de campo y vigilancia, se constató actividad compatible con la comercialización de drogas, lo que derivó en el pedido de órdenes de allanamiento.

Los procedimientos fueron realizados por personal de la Dirección General de PDI, Departamento Operativo Región 5, Distrito Frontera, junto a las Divisiones Microtráfico y Operativa. Los allanamientos se llevaron a cabo en Barrio Acapulco, en domicilios ubicados en calle 18 entre calles 1 y 3, y en calle 12 al 200.

Como resultado de las medidas, se secuestraron 420.300 pesos en efectivo, 384 envoltorios de cocaína con un peso total de 229 gramos, un plantín de marihuana, una balanza de precisión, elementos de corte, una pistola Bersa calibre 22 con cargador y 10 municiones, además de diversos utensilios, numerosos teléfonos celulares, una tablet, un DVR, dinero en efectivo y moneda extranjera. En el lugar también se concretó la detención de los dos hombres investigados.

Por disposición de la fiscal interviniente, la Dra. Analía Abreu, ambos imputados quedaron detenidos por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 y fueron trasladados a dependencias de la Policía de Investigaciones, donde quedaron a disposición de la justicia competente.