Un episodio de extrema violencia a la hora de salida de una escuela derivó en un procedimiento policial con una mujer aprehendida y el secuestro de un arma de fuego. El hecho se registró el lunes alrededor del mediodía frente al Colegio Nuestra Señora de Lourdes, sobre calle Agustín Delgado.

De acuerdo a fuentes policiales, la denuncia fue radicada por una mujer, quien señaló haber sido amenazada por otra mujer tras un conflicto previo.

Según se supo, el incidente se produjo cerca de las 12.15 cuando la denunciante se encontraba retirando a su hijo del establecimiento educativo. En ese momento fue interceptada por una mujer, con quien había mantenido un desacuerdo horas antes a través de mensajes de WhatsApp.

Siempre según el testimonio, la situación escaló rápidamente: la acusada habría incitado a una pelea física en plena calle. Ante la negativa de la víctima —quien le advirtió la presencia de menores en el lugar— la mujer comenzó a proferir amenazas de muerte a viva voz.

“¿Querés tiro? Te voy a dar tiro, mañana traigo el fierro y te voy a dar tiro”, habría expresado, generando preocupación entre quienes se encontraban en la zona.

Tras la denuncia, tomó intervención el fiscal en turno, Dr. De Pedro, quien dispuso una serie de medidas. Personal policial de la Seccional 6ta. con colaboración de efectivos de la Seccional 3ra. y personal policial femenino, llevó adelante una requisa en un domicilio de calle Grandoli al 10200, en barrio Cabaña Leiva.

Como resultado del procedimiento, los uniformados aprehendieron a la mujer sindicada y secuestraron un arma de fuego, elemento clave para la investigación en curso.

Las actuaciones se iniciaron en la Seccional 6ª y continúan bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, mientras se aguardan nuevas disposiciones judiciales en el marco de la causa por amenazas.

El Litoral

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó detalles sobre la primera notificación enviada a personas identificadas como responsables de amenazas a escuelas de la provincia, en el marco de una acción patrimonial y administrativa orientada a recuperar los gastos ocasionados por los operativos. El procedimiento contempla la identificación de los adultos responsables y la posterior intimación de pago por los costos de cada intervención.Al respecto, el funcionario explicó que “hoy se despachó la primera comisión policial para notificar la primera intimación, en el marco de la resolución dictada para el recupero de los costos de los operativos que se despliegan a partir de llamadas por amenazas en establecimientos educativos”.

 En el procedimiento realizado por la Policía, la agente policial informó al padre sobre el detalle de la notificación. En ese momento, el padre reaccionó con la expresión: “Cara la jodita”.El ministro, en la conferencia de la tarde, detalló, además, que la notificación se realizó en la ciudad de Santa Fe “a ambos padres de una persona menor de edad identificada como autora de una de estas amenazas”, por un monto total de 6.024.944 pesos, que deberán abonar en calidad de responsables solidarios. “Durante el día se estarán despachando nuevas intimaciones”, añadió.Las notificaciones detallan el monto de la deuda y los medios de pago, con la expectativa de que los responsables asuman voluntariamente las consecuencias del hecho cometido por sus hijos, en la mayoría de los casos. El plazo para abonar es de cinco días; vencido ese término, los antecedentes se giran a la Fiscalía de Estado.Cococcioni indicó que ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica “más de 70 personas involucradas”, dado que en algunos casos hay más de un autor o más de un adulto responsable. “A medida que la Fiscalía valida las identidades -sean mayores o menores, punibles o no- se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones”, explicó.

Según estimaciones oficiales, con la identificación de los autores de estos 58 hechos y de los adultos responsables, el monto total reclamado superaría los 250 millones de pesos. “Es una cifra inicial que se irá incrementando, ya que cada nueva validación de la Fiscalía activa el mismo procedimiento”, señaló el ministro.En este sentido, aclaró que se trata de “una indemnización civil por el resarcimiento del daño”, desvinculada de cualquier sanción penal. “No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes”, precisó.Por último, el ministro explicó que el monto se calcula en función de los recursos policiales afectados en cada operativo: combustible, vehículos, brigadas especializadas -como las de explosivos- y horas de servicio. “No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos. Hay que ser muy conscientes y cuidar los recursos”, concluyó.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, ya envió 39 notificaciones por personas identificadas como autores de las amenazas realizadas en establecimientos educativos del centro-norte santafesino, para cubrir los costos originados por los operativos policiales de aproximadamente 200 millones de pesos.

Al respecto, la subsecretaria de Legal y Técnica del Ministerio de Justicia y Seguridad, Blanca Diakaki, detalló que “llevamos adelante una serie de intimaciones a los fines de perseguir el cobro y recupero de los costos de cada uno de  los operativos llevados a cabo ante las amenazas y conductas de riesgo en establecimientos escolares”.

El informe elevado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el día de hoy, identificó a 73 personas como responsables de amenazas. De ese número, el Ministerio de Justicia y Seguridad, ya envió 39 notificaciones a “personas identificadas en el marco de 32 casos en el centro-norte. Aún no tenemos información de la Fiscalía Regional 2, que nos va a ir llegando desde el MPA a lo largo de los días”, indicó Diakaki.

A continuación, explicó que el procedimiento consiste en identificar “a los padres responsables, indistintamente de la edad de quienes cometieron estos actos. El ministerio va a hacer un trabajo independiente del MPA, porque es una acción patrimonial, que arranca como una acción administrativa relativa al cobro de los gastos ocasionados por los operativos”; y sobre estos costos precisó que “van variando en cada caso concreto. Parten de una base estimativa de entre 5 y 6 millones de pesos, pero por la extensión geográfica o la cantidad de recursos pueden llegar a más de 11 millones de pesos”. 

En este sentido, la funcionaria resaltó que “el Gobierno Provincial está haciendo todo lo posible por recuperar cada uno de los centavos que se han invertido en seguridad” ante las amenazas a escuelas: 

“Como Estado no sólo debemos garantizar la seguridad, sino proteger los recursos públicos de los santafesinos y santafesinas”.

Por último, Diakaki señaló que el trabajo con el MPA fue “muy articulado, de manera conjunta desde el primer día, con la idea de esclarecer los hechos, que es la labor del MPA, y también recuperar el dinero de los santafesinos”.

Las identificaciones son el resultado de las investigaciones conjuntas que se llevaron a cabo con el MPA, el alcance de las medidas adoptadas, el encuadre legal de los hechos y el trabajo integral entre los organismos provinciales.

En el marco de las amenazas a escuelas, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, avanza en el proceso de recuperación de costos operativos conforme al protocolo vigente, el cual prevé el reclamo contra los adultos responsables. Según información difundida por el Ministerio Público de la Acusación, ya hay 73 personas identificadas como responsables de amenazas, de las cuales el 95 % son menores.

En ese sentido, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, explicó que “el gobernador Pullaro tomó la decisión, a través de una resolución emitida por el Ministerio de Justicia y Seguridad, de efectivizar el cobro de los operativos antes las amenazas que se están realizando en las escuelas. No es broma, es un delito. Por eso se cobran los recursos dispuestos ante cada uno de los operativos de diferente magnitud, con base en 5 o 6 millones de pesos”. 

“Esto se sigue investigando y monitoreando. Al momento las personas identificadas son menores, consecuentemente los padres tendrán que responder. Vamos a sostener todas las políticas educativas, de salud mental y de seguridad para que la escuela vuelva a ser un espacio de contención y aprendizaje”, finalizó Coudannes.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que se están individualizando e identificando a los autores de las amenazas en establecimientos educativos. Al 21 de abril se realizaron aproximadamente 404 denuncias en toda la Provincia, correspondiendo 75 a la Fiscalía Regional Nº 1; 238 Fiscalía Regional Nº 2; 33 Fiscalía Regional Nº 3; 23 Fiscalía Regional Nº 4; y 35 Regional Nº 5.

Hasta entonces, en toda la Provincia se han realizado 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, donde se secuestraron 51 efectos entre celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de gas comprimido con balines, cartuchos de escopetas percutidos y proyectiles calibre 22. 

Asimismo, se han identificado al menos 73 personas responsables, de las cuales 15 corresponden a la Fiscalía Regional Nº 1; 23 Fiscalía Regional Nº 2; 17 Fiscalía Regional Nº 3; 4 Fiscalía Regional Nº 4; y 14 Fiscalía Regional Nº 5. De todas las personas identificadas, aproximadamente el 95 % son personas menores de edad.

[

Los alumnos de la Escuela Normal Superior Nº 40 "Mariano Moreno". De San Cristóbal decidieron alzar la voz. A través de un video compartido en redes sociales, los estudiantes participaron de una campaña que busca generar conciencia sobre la gravedad de las amenazas de tiroteo y promover una convivencia escolar basada en el respeto y el cuidado colectivo.

La acción se enmarca bajo las consignas #NoTodoEstaPerdido, #MiCiudad y #MiLugar, y apunta a interpelar no solo a la comunidad educativa, sino también a toda la sociedad. El mensaje pone el foco en la prevención y en la necesidad de no naturalizar episodios que generan temor dentro de las aulas.

La iniciativa adquiere una dimensión aún más sensible por el antecedente reciente del 30 de marzo, cuando un alumno de 15 años abrió fuego dentro de un establecimiento educativo, provocando la muerte de un adolescente de 13 años y heridas en otros estudiantes. Aquel hecho conmocionó profundamente a la comunidad.

Desde entonces, el debate sobre la seguridad escolar, la salud mental y la prevención de la violencia juvenil volvió a instalarse con fuerza. En ese contexto, la campaña impulsada por los alumnos busca transformar el dolor y la preocupación en un mensaje colectivo de reflexión y compromiso.

El Litoral

La Justicia santafesina logró identificar en las últimas horas a un grupo de jóvenes que estaría vinculado a las amenazas de tiroteos en escuelas del sur provincial, una situación que generó fuerte preocupación en la comunidad educativa.

Según trascendidos del Ministerio Público de la Acusación, los episodios se registraron en Venado Tuerto, Elortondo, Murphy, Firmat y Rufino, donde se activaron protocolos de seguridad ante la circulación de mensajes intimidatorios.

De acuerdo a fuentes vinculadas a la investigación, los implicados tienen entre 16 y 18 años, por lo que serán imputados bajo el sistema de responsabilidad penal juvenil. En paralelo, también fueron detectados menores de 16 años, considerados inimputables, que serán abordados mediante otras instancias judiciales.

Audiencias y medidas en curso

Los adolescentes punibles serán llevados a audiencias imputativas, donde podrían definirse medidas cautelares. En tanto, los menores no punibles deberán comparecer ante el juez de menores, quien dispondrá medidas socioeducativas.

Además, la Justicia ordenó el seguimiento de los jóvenes a través de distintas áreas del Estado, incluyendo intervenciones sobre el entorno familiar, con el objetivo de lograr un abordaje integral de la problemática.

En el marco de la causa, también se realizaron allanamientos y requisas en domicilios vinculados a los sospechosos, con el secuestro de elementos considerados de interés para la investigación.

Delitos y posibles penas

Las actuaciones se encuadran en figuras como intimidación pública y amenazas agravadas. Según el Código Penal, estos delitos contemplan penas que van de 2 a 6 años de prisión, pudiendo elevarse en casos agravados.

Incluso, dependiendo de la calificación final y la acumulación de conductas, las condenas podrían alcanzar los 12 años.

Fuerte impacto social

Los hechos generaron una profunda conmoción en las comunidades afectadas, especialmente entre familias, docentes y estudiantes. Las amenazas obligaron a reforzar medidas de seguridad y alteraron el normal desarrollo de las actividades escolares.

Desde distintos sectores remarcan la necesidad de fortalecer tanto la prevención como las políticas de contención para jóvenes, en un contexto donde el uso de redes sociales aparece como un factor determinante en la difusión de este tipo de conductas.

La Fiscalía de Morteros informó que en las últimas horas fueron identificados seis menores como presuntos autores de amenazas calificadas contra distintos establecimientos educativos de la región.

Los hechos fueron denunciados en instituciones de Morteros, Altos de Chipión, Balnearia y Marull, dentro de la 5ª Circunscripción Judicial. Entre los establecimientos afectados se encuentran el Ipemyt 286, el Colegio Cristo Rey y el Instituto 9 de Julio de Morteros, además de dos escuelas en Balnearia, una en Altos de Chipión y otra en Marull.

El fiscal Francisco Payges se refirió a la gravedad de los hechos y remarcó que este tipo de conductas no deben ser minimizadas. “No es un chiste, no es divertido. No alcanza con decir ‘no pensé que se lo iban a tomar así’. Es una conducta intimidatoria y tendrá tratamiento delictivo”, afirmó.

Asimismo, hizo hincapié en la responsabilidad de la comunidad educativa y las familias. “Tienen el deber de informar que toda conducta reñida con la ley tiene sus consecuencias”, señaló.

De acuerdo a la información brindada, los menores identificados se distribuyen en distintas localidades: dos en Morteros, uno en Altos de Chipión, dos en Balnearia y uno en Marull.

La investigación continúa en curso mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.

La ciudad de San Cristóbal volvió a quedar en alerta tras la aparición de nuevas amenazas en establecimientos educativos. En esta oportunidad, los mensajes fueron hallados en los sanitarios de dos escuelas.

Según se informó, personal de la División Científico Forense de la Policía de Investigaciones (PDI) intervino primero en la escuela primaria del barrio San José y luego en la Escuela Mariano Moreno, donde se detectaron escritos que advertirían sobre posibles hechos de violencia.

Los procedimientos se realizaron con el objetivo de relevar pruebas y avanzar en la investigación de los mensajes.

El hecho se produjo el mismo día en que se concretó el regreso progresivo de los alumnos de nivel secundario de la Escuela Normal Superior Nº 40 “Mariano Moreno”, tras los recientes episodios que generaron conmoción en la ciudad.

La vuelta a clases se desarrolló con horarios reducidos y en un clima de fuerte emoción, con presencia de familias y un seguimiento cercano de las autoridades educativas.

En ese contexto, la aparición de nuevos mensajes reavivó la preocupación en la comunidad educativa, que permanece atenta a las medidas de seguridad y al avance de las investigaciones.

El Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe difundió un comunicado dirigido a la comunidad educativa, en el que alerta sobre la aparición de carteles y pintadas con amenazas de tiroteos en establecimientos escolares.

El documento, fechado el 19 de abril, señala que estos hechos no constituyen una broma ni una falta menor, sino un delito grave que afecta el derecho a la educación y altera la convivencia social.

Desde la cartera educativa indicaron que este tipo de acciones encuadra en el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal, que contempla penas de prisión.

Además, remarcaron que los autores serán identificados y sometidos a procesos en el marco del régimen penal juvenil, en coordinación con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación.

El comunicado también advierte que las investigaciones se realizan con herramientas tecnológicas como análisis de redes sociales y rastreo de direcciones IP, lo que puede derivar en allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y detenciones.

Incluso, se señala que la intervención estatal puede alcanzar a adolescentes por debajo de la edad de responsabilidad penal en casos donde se presuma la existencia de armas de fuego.

Otro de los puntos destacados es el costo que generan estos hechos, ya que cada amenaza activa operativos de seguridad con participación de fuerzas policiales, servicios médicos y agentes de tránsito.

En ese sentido, el Estado provincial podrá reclamar judicialmente a padres o tutores el pago de los gastos y daños ocasionados, en base a lo establecido por el Código Civil y Comercial.

Finalmente, el Ministerio instó a docentes, directivos y centros de estudiantes a abordar la problemática en las aulas, y a las familias a dialogar con los jóvenes sobre las consecuencias de este tipo de conductas.

Advirtieron además sobre el rol de las redes sociales en la difusión de estos mensajes, que pueden generar un efecto contagio y derivar en situaciones de gravedad.

Sólo el viernes último, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe recibió 65 denuncias o incidencias asociadas a amenazas en diferentes escuelas de la provincia. Así lo reveló en conferencia de prensa este lunes el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.

Junto a su par de Educación, José Goity; y a la Subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguin, los funcionarios ratificaron la posición adoptada por el gobierno frente a al problemática: las leyendas planteando situaciones amenazantes surgidas de retos a través de redes sociales "son hechos intimidatorios y constituyen delitos; no son broma, implican consecuencias".

"Desde Educación estamos en contacto permanente con todas las regionales y supervisores dando pautas respecto de cómo abordar esta problemática y las consecuencias que esto genera. Este tipo de amenazas no son una broma; implican un delito tipificado en el Código Penal de la Nación y trae consecuencias, no sólo para los estudiantes sino para la propia familia – dijo Goity-. Porque esto – advirtió- es una responsabilidad colectiva. Es un fenómeno global, nacional, pero es una responsabilidad social y colectiva. Hacemos, entonces, un llamado a las familias en el acompañamiento y seguimiento. Todos tenemos que involucrarnos. Esto parece una broma – reiteró- pero está muy lejos de serlo".

En la misma línea, Cococcioni sostuvo que el Estado toma estas amenazas "con la mayor seriedad". En ese marco, reveló que el pasado viernes se recibieron "65 incidencias de amenazas en todo el territorio y ello genera una doble intervención", planteó. "Cuando estamos en presencia de un hecho con apariencia delictiva se trabaja con el MPA y se hacen todos los procedimientos pertinentes, ya sea con eventuales detenciones o secuestro de materiales. Muchas veces se resguarda la información porque estamos en presencia de menores de edad. Pero aún así, estamos ante la presencia de hechos delictivos; acá hay delito y aun cuando sean personas no punibles, una investigación o causa penal en el marco del Código Procesal Penal Juvenil deja huellas para la persona que no son agradables. Muchas veces – ejemplificó-, lo que se plantea como broma después genera problemas a la hora de obtener un certificado de buena conducta o para viajar al exterior. Entonces – insistió-, hay consecuencias que tal vez no son advertidas al inicio (de la broma) pero son sufridas después por la familia a cargo y por los propios menores. Por eso suele aparecer después del hecho, un fuerte arrepentimiento. Esa actitud reflexiva debiera tener lugar de manera colectiva más allá de la actuación que deriva de la ley penal juvenil".

El ministro insistió en la necesidad de prevenir este tipo de situaciones porque al estado, además, le demandan una erogación importante de recursos. "Esto implica recursos en un doble sentido: primero, porque cuesta recursos económicos; y segundo, porque indirectamente se afecta a la seguridad ya que se resta patrullaje de lugares que lo necesitan".

Sobre esa base, dijo que por orden del gobernador, se ha instruido al área Legal y Técnica para que, en coordinación con Fiscalía de Estado, interponga acciones para el resarcimiento de los daños, en aquellos casos en los casos haya personas identificadas sean punibles o no.

"Para que tengamos idea, un operativo básico y elemental por despliegue policial teniendo en cuenta combustible, movilidad y horas del personal cuesta entre 5 y 6 millones de pesos – ejemplificó-. Y no podemos permitir que esto lo paguen todos los santafesinos; vamos a perseguir el cobro a quienes sean responsables en cada uno de esos casos", sentenció.

A propósito de lo sucedido en la ciudad de San Cristóbal y consultado sobre la posibilidad de que se realicen "ciberpatrullajes" en Santa Fe, Cococcioni sostuvo que "en principio, acá no se da ese debate porque ya hay actividades de inteligencia reguladas en tres leyes distintas. Estos dispositivos se tienen que ir adaptando a los nuevos desafíos de la realidad. Seguramente habrá que refinar algunas herramientas para llegar a estos desafíos que hace algunos meses no estaban en la agenda de un plan de gobierno", concluyó.

La investigación se inició el 6 de abril a partir de dos denuncias radicadas en la Comisaría 3ª de la Unidad Regional XI, con intervención de la fiscal Dra. Natalia Giordano, de la Unidad Fiscal N° Las Colonias.

Uno de los hechos refiere a un robo ocurrido en una vivienda de calle Moreno al 200 de la ciudad de Esperanza, donde autores ignorados ingresaron tras violentar un candado y sustrajeron un rollo de alambre liso de aproximadamente 1.000 metros y otro de alambre de púas de unos 600 metros. En paralelo, una segunda denuncia da cuenta de una situación de amenazas, en la que un masculino realizó gestos intimidatorios hacia una mujer, generándole temor por su integridad y la de su familia.

De acuerdo a un informe policial, los elementos sustraídos fueron hallados a pocos metros del domicilio del sindicado y restituidos a su propietario.

En este marco, y por disposición de la fiscal interviniente, personal de PDI realizó una requisa domiciliaria en una vivienda de calle Moreno al 300 de San Jerónimo Norte, donde se procedió al secuestro de un teléfono celular.

Finalmente, la fiscal Giordano dispuso la detención de E.V.V., de 30 años, quien quedó a disposición de la Justicia. 

Este martes al mediodía se llevó a cabo una audiencia penal juvenil en la Sala Nº 1 de los Tribunales de Rafaela, en el marco de una causa por amenazas intimidantes que generó fuerte preocupación en la comunidad.

La audiencia fue presidida por la jueza Laura Lencina, con la participación de la fiscal Carina Gerbaldo y la defensora Victoria Romano.

En relación al imputado, identificado por sus iniciales S.M.J., se resolvió otorgarle la libertad, sin que hasta el momento se hayan brindado mayores precisiones sobre las condiciones de la medida.

El menor había sido detenido días atrás tras la difusión de mensajes en redes sociales en los que advertía sobre la posibilidad de realizar ataques armados en instituciones educativas de Rafaela y la región.

La situación provocó una rápida reacción de las autoridades y un clima de preocupación en el ámbito escolar, ante el riesgo potencial que implicaban las amenazas.

El caso se da en un contexto de hechos recientes en establecimientos educativos de la ciudad que incrementaron la inquietud social.

Por un lado, un estudiante ingresó con una réplica de aire comprimido a la Escuela Nº 476 “Juan Bautista Alberdi”, lo que derivó en un operativo policial.

Por otro, en la escuela Malvinas Argentinas, un joven de 19 años fue detenido tras presentarse con una picana eléctrica dentro del establecimiento.

Ambos episodios reforzaron la preocupación en la comunidad educativa y llevaron a extremar medidas preventivas.

La causa continúa bajo investigación, en el marco del sistema penal juvenil, mientras se aguardan nuevas definiciones por parte de la Justicia sobre el avance del caso y las medidas a adoptar.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, llevó adelante un allanamiento en el marco de una causa por amenazas en redes sociales, con intervención de la Fiscalía Nº 1 a cargo de Raúl Marcelo Nessier.

La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer, quien manifestó haber recibido mensajes intimidatorios a través de Facebook. Según indicó, un usuario le exigía retirar una denuncia previa y acompañaba sus mensajes con amenazas contra su vida.

A partir de tareas investigativas que incluyeron el análisis de la cuenta involucrada y la recolección de testimonios, los efectivos lograron identificar al presunto autor de los mensajes. En ese contexto, se solicitó y concretó un allanamiento en un domicilio de la ciudad de Santa Fe.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos una CPU, una notebook y varios teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritajes.

Además, por disposición del fiscal interviniente, se comisionó personal a un establecimiento bancario donde se desempeña el imputado, con el objetivo de secuestrar su teléfono personal y notificarlo de la causa.

En el marco de la investigación por amenazas virales a instituciones educativas en Rafaela, Sunchales y localidades de la zona, la Policía de Investigaciones realizó un allanamiento en las últimas horas que derivó en la detención de un menor de 16 años.

La causa es llevada adelante por la fiscal de Menores, Carina Gerbaldo, bajo la órbita de la Fiscalía Regional 5, a cargo del Dr. Carlos M. Vottero.

El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada sobre avenida Hipólito Yrigoyen al 2000, en la ciudad de Sunchales, donde los investigadores identificaron al presunto autor de las publicaciones que generaron alarma en la comunidad educativa.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron un revólver cargado —propiedad del abuelo del menor— y una importante cantidad de dispositivos informáticos que serán peritados en el marco de la causa.

El adolescente fue detenido y trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional V, quedando a disposición de la Justicia.

Según se informó, el joven está sindicado como el autor de los mensajes que circularon masivamente en redes sociales y que advertían sobre posibles ataques en establecimientos escolares, situación que generó preocupación en distintas localidades.

Desde la fuerza indicaron que las tareas investigativas siguen en curso y no se descarta la realización de nuevos allanamientos o detenciones en relación al caso.

El episodio se da en un contexto de alta sensibilidad social, por lo que las autoridades reiteraron la importancia de actuar con responsabilidad frente a la difusión de este tipo de contenidos.

La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó el sobreseimiento de Santiago Caputo por inexistencia de delito en la causa por presuntas amenazas que le había iniciado el diputado nacional Facundo Manes tras un cruce en el Congreso.

La denuncia había sido presentada por el legislador radical luego del episodio ocurrido el 1° de marzo de 2025, durante la apertura de las sesiones ordinarias encabezada por el presidente Javier Milei. En primera instancia, el juez Ariel Lijo había dispuesto el archivo de las actuaciones por presuntas amenazas coactivas, decisión que fue apelada por Manes.

Finalmente, el tribunal de alzada confirmó el criterio del magistrado y dictó el sobreseimiento por “inexistencia de delito”, en los términos de los artículos 213 inciso d y 195, segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación. La causa fue remitida nuevamente al juzgado de origen.

Según el relato del diputado del bloque “Democracia para Siempre”, Caputo lo habría intimidado dentro del edificio del Congreso luego de que interrumpiera en varias oportunidades el discurso presidencial. Manes aseguró que el asesor se le acercó de manera “muy intimidante”, apoyó su mano sobre su rostro y le dijo frases como: “Vos, para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio” y “ya me vas a conocer a mí”. También sostuvo que desde un balcón le habría gritado: “¿No me escuchás? ¡Ya me vas a escuchar!”.__IP__

En su presentación judicial, el referente de la UCR pidió ser tenido como querellante y reclamó que la Justicia federal investigara de manera urgente lo sucedido. Sin embargo, la Cámara concluyó que los hechos denunciados no configuraron un delito penal, cerrando así el expediente. 

El tenista argentino Román Burruchaga (118° del ranking ATP) confirmó su buen presente y se clasificó a los cuartos de final del Challenger 125 de Rosario, tras imponerse con claridad a su compatriota Genaro Olivieri (239°) por 6-3 y 6-1, en un encuentro disputado en la cancha central del Jockey Club rosarino.

El partido se desarrolló bajo condiciones climáticas adversas. Una persistente garúa acompañó el inicio del juego y, sumada a las intensas lluvias registradas durante el mediodía, dejó la cancha pesada y lenta. Además, una alerta por tormenta eléctrica obligó a interrumpir el encuentro en pleno primer set y a evacuar al público presente, lo que provocó una extensa pausa.

Burruchaga, que en su debut había vencido con contundencia a Guido Justo por 6-1 y 6-0, enfrentará en cuartos al ganador del cruce entre Francisco Comesaña (64°) y el brasileño Pedro Boscardin Dias (268°), en busca de un lugar en semifinales.

Una publicación compartida por Quini 6 Rosario Challenger (@rosariochallenger)

La actividad del jueves debió ser suspendida por las inclemencias climáticas. Dos encuentros quedaron inconclusos: el de Camilo Ugo Carabelli ante Facundo Díaz Acosta, y el de Hugo Dellien frente a Juan Manuel La Serna. Ambos partidos fueron interrumpidos por tormentas eléctricas luego de múltiples demoras a lo largo de la tarde y la noche.

Con estrictos protocolos que impiden la continuidad del juego ante actividad eléctrica, la organización ordenó evacuar en reiteradas oportunidades a los espectadores hacia sectores cubiertos del club. Las precipitaciones, que se intensificaron entrada la noche, impidieron retomar la programación y forzaron la reanudación de la jornada para el viernes.

El día en Rosario también quedó marcado por un grave episodio extradeportivo. El español Nikolas Sánchez Izquierdo (279°) denunció haber recibido amenazas para dejarse perder en su partido de segunda ronda frente al argentino Valerio Aboian. Según informó, un apostador lo intimidó y amenazó a su familia, lo que activó de inmediato el protocolo de seguridad.

El encuentro comenzó casi dos horas más tarde de lo previsto, se disputó a puertas cerradas y con fuerte presencia policial. Finalmente, Sánchez Izquierdo cayó por 7-5 y 6-4, tras lo cual decidió retirarse del torneo y también del cuadro de dobles, regresando de inmediato a España. La investigación  quedó en manos de la Justicia y de las autoridades del certamen.

“Querés que te rompa la cabeza, dejá de subir gilada”, fue uno de los primeros mensajes que Máximo U., de 18 años, le envió a un joven conocido que había realizado un posteo en Instagram pidiendo Justicia por el crimen de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe.

Esto fue expuesto por la fiscal Rosana Peresín este jueves por la mañana, cuando ante el juez penal Leandro Lazzarini atribuyó al recientemente mayor de edad la autoría de “amenazas coactivas”.

La audiencia se realizó en la sala 7 de los tribunales de la ciudad de Santa Fe, en las vísperas de una imputación sobre la que hay grandes expectativas. A las 11, el fiscal de Menores, Francisco Cecchini, endilgará un delito a la única adulta detenida en el marco de la investigación del homicidio triplemente calificado.

La fiscalía sostuvo que Máximo U., hermano mayor de uno de los adolescentes imputados por el homicidio que no será juzgado por tener menos de 16 años, profirió una serie de amenazas a otro joven a través de su perfil de Instagram, luego de haber visto que la víctima había pedido Justicia por Jeremías.

Los primeros mensajes datan del 22 de enero, pasadas las 17: “Ey guacho; queres que te rompa la cabeza; dejá de subir gilada; porque ya te busco; mi hermano va a pagar lo que hizo; pero por giles como vos casi la ligan mis hermanitos me entendiste”. Le dijo que le dispararía y luego comenzó a llamarlo.

Horas más tarde, por la noche, retomó la seguidilla de mensajes intimidatorios: “¿y, no contestás? Arrugaste cagón”. También lo llamó.

Al día siguiente, Máximo U. continuó con el amedrentamiento, todo con el objetivo de obligar a la víctima a bajar los posteos y reposteos que había realizado el 22 de enero.

La fiscal Peresín pidió que se fije audiencia de medidas cautelares para este viernes, cuando solicitará la prisión preventiva y discutirá con el defensor particular Martín Durando el futuro procesal del imputado.

Jeremías Monzón fue visto con vida por última vez el jueves 18 de diciembre del año pasado, cuando salió de su casa en bicicleta rumbo a Santa Fe. Pasado el día y tras no tener noticias de él, su familia denunció la desaparición, dando lugar a la activación del Alerta Sofía, un protocolo de emergencia para la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos en situaciones de alto riesgo.

Cuatro días después, el 22 de diciembre, la policía recibió un llamado al 911 que alertó sobre un cuerpo sin vida en un galpón abandonado en el barrio Chalet, frente al estadio del Club Atlético Colón. La identificación fue positiva. El cuerpo de Jeremías estaba en avanzado estado de descomposición y presentaba más de 20 puñaladas y heridas de arma blanca.

Tras la confirmación del homicidio, se realizaron una serie de allanamientos en los que se detuvo a la adolescente que luego fue imputada como coautora del crimen. También imputaron a dos chicos de 14 años, quienes debido a su corta edad no pueden ser juzgados.

El Litoral

La Policía de Santa Fe detuvo este lunes al hermano de uno de los adolescentes imputados por el homicidio de Jeremías Monzón. El joven está acusado de haber amenazado de muerte a un chico de 21 años que había publicado mensajes pidiendo justicia por el crimen.

La denuncia fue radicada el viernes en la Comisaría 14 de San José del Rincón. Según relató la víctima, luego de subir una historia en Instagram en reclamo de justicia por Jeremías, comenzó a recibir una serie de mensajes intimidatorios a través de redes sociales.

Entre las amenazas denunciadas se encuentran frases como: “¿Querés que te rompa la cabeza?”, “dejá de subir giladas porque ya te busco”, “te re c… a balazos”, “quiero hablar una cosita con vos” y “nos vemos en un ratito”. El joven aseguró que los mensajes provenían del hermano del adolescente de 14 años imputado por el homicidio.

El fiscal Eric Fernández había solicitado la detención del acusado días atrás. Al no ser hallado en su domicilio, se libró un pedido de captura. Finalmente, este lunes el sospechoso se presentó de manera voluntaria junto a un abogado particular y quedó a disposición de la fiscal de turno, Rosana Peresín, del Ministerio Público de la Acusación.

Por el momento, no trascendieron datos personales del detenido, quien fue imputado por el delito de amenazas.

El asesinato de Jeremías Monzón provocó una fuerte conmoción en la provincia de Santa Fe. El adolescente había desaparecido el 18 de diciembre en Santo Tomé y su cuerpo fue hallado cuatro días después en un galpón abandonado frente a la cancha de Colón, en el barrio Chalet.

En un inicio, la investigación se orientó a una posible desaparición voluntaria, pero el avance de las pericias permitió determinar que el joven fue citado mediante engaños y atacado de manera brutal.

La autopsia confirmó que recibió más de 20 puñaladas y que fue asesinado con dos armas blancas: un cuchillo y un objeto metálico similar a un destornillador.

Por el homicidio hay tres menores identificados. Una adolescente de 16 años permanece detenida y, en los últimos días, también fue arrestada su madre, investigada por una presunta participación necesaria en el hecho. La Justicia analiza si la mujer instigó, incentivó o avaló la conducta de su hija.

Efectivos del Comando Radioeléctrico de Esperanza, dependiente de la Unidad Regional XI, aprehendieron durante la siesta de este lunes a una mujer de 26 años. Esta persona estaba siendo buscada legalmente en el marco de una causa judicial por amenazas y lesiones leves dolosas.

El procedimiento se originó a partir de un llamado por un presunto desorden público registrado en inmediaciones de calle Chaco, en el sector del asentamiento Barrio Las Lonas de Esperanza. Con los datos recabados, el personal policial fue convocado hasta el lugar y logró localizar a la presunta involucrada a la altura del 1700 de dicha arteria.

Al proceder a su identificación y realizar la consulta a través del sistema informático policial, se constató que la mujer registraba un pedido de captura vigente desde el 9 de enero, solicitado por la Comisaría 1ª con intervención del Juzgado de Las Colonias, en el marco de una causa por amenazas y lesiones leves dolosas.

Ante esta situación, los efectivos dieron inmediato conocimiento a la Unidad Fiscal correspondiente, que dispuso el traslado de la detenida a sede policial para continuar con las actuaciones procesales de rigor. 

Este lunes, personal del Cuerpo Guardia Infantería fue convocado a calle España tras escucharse detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, una ciudadana informó que otra mujer la había amedrentado efectuando disparos al aire antes de retirarse.

Con la descripción aportada, los efectivos realizaron una saturación por las inmediaciones y, al circular por la intersección de España y Ramón y Cajal, localizaron a una joven con características coincidentes.

La adolescente fue identificada y se constató que se trataba de una menor de edad. En su poder tenía un arma de fuego, un cuchillo y una manopla de acero de color negro. Personal de Policía Científica intervino en el lugar para realizar el levantamiento y secuestro del arma.

Se dio conocimiento al fiscal interviniente, se inició la causa correspondiente y la menor fue posteriormente entregada a su progenitor.