Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, quedó imputado en una causa por presuntas amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y violación de domicilio.

En diálogo con TN Show, su abogado, Luciano Locatelli, cuestionó el pedido de detención que habría realizado el fiscal y sostuvo que no existen pruebas suficientes para justificar esa medida.

“Es imposible, no hay prueba alguna para eso”, afirmó el letrado al referirse a la posibilidad de que el cantante sea detenido

Locatelli explicó que la investigación se inició a partir de una denuncia por amenazas y que, en ese marco, se realizaron allanamientos en propiedades vinculadas al artista.

Según el abogado, durante los procedimientos no se encontraron armas ni drogas. “Eso no ocurrió, y además en el allanamiento salió que no tiene armas, no tiene drogas, está impecable”, aseguró.

Respecto del estado del cantante, el abogado señaló que se encuentra tranquilo, aunque manifestó su malestar por la situación.

“Está tranquilo, lo que sí, le molesta que traten de buscarle roña y lío para molestarlo”, expresó Locatelli.

La causa derivó en tres allanamientos realizados en General Rodríguez por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con el parte policial citado en la información, durante uno de los procedimientos fueron secuestrados tres teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes tecnológicos.

También estaba previsto secuestrar una camioneta BMW X5, señalada en la investigación como el vehículo que habría sido utilizado durante el presunto ataque. Sin embargo, el vehículo finalmente permaneció en poder del cantante por disposición de la fiscalía.

La causa se inició a partir de la denuncia presentada por una mujer de 23 años, quien afirmó haber sido intimidada para abandonar una vivienda.

Según su presentación, inicialmente habría recibido amenazas de un hombre apodado “El Oso”, señalado como tío de L-Gante.

Días después, de acuerdo con la denuncia, L-Gante habría llegado al domicilio junto a unas diez personas a bordo de una camioneta negra. La presentación sostiene que el grupo habría ingresado al patio de la propiedad y que algunos de los presentes habrían exhibido armas de fuego.

La investigación avanzó mediante el análisis de cámaras de seguridad y tareas de campo, procedimientos con los que los investigadores habrían identificado vehículos, personas involucradas y tres inmuebles relacionados con el expediente.

La causa continúa bajo investigación y, según la información difundida, la imputación no implica una condena: resta determinar qué elementos de prueba serán incorporados al expediente y cuál será la situación procesal del cantante.

Un joven de 18 años, identificado por sus iniciales ASV, quedó en prisión preventiva mientras es investigado por una tentativa de homicidio ocurrida en Ceres, departamento San Cristóbal. La medida fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Juan Gabriel Peralta, durante una audiencia realizada en los tribunales de San Cristóbal.

El pedido había sido realizado por el fiscal Emiliano Odriozola, quien lleva adelante la investigación. Según la acusación, el joven habría intentado matar a un hombre utilizando un machete y habría actuado junto con su hermano adolescente.

El hecho principal ocurrió el viernes 28 de agosto, alrededor de las 23, en inmediaciones de la esquina de San Juan y Altamirano, en Ceres.

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal, el joven investigado interceptó a un hombre que circulaba en motocicleta y lo golpeó con un machete en la cabeza. Odriozola sostuvo que el ataque habría sido previamente acordado con el hermano adolescente del acusado.

La víctima logró sobrevivir debido a la intervención policial y a la inmediata atención médica recibida, según informó el Ministerio Público de la Acusación.

Además de la tentativa de homicidio, al joven se le atribuyen otros episodios violentos ocurridos durante el mismo día. Según la Fiscalía, durante la siesta habría atacado a otro hombre utilizando tuercas como proyectiles de una gomera, provocándole heridas en distintas partes del rostro.

Más tarde, alrededor de las 22:30, habría vuelto a agredir físicamente a la misma persona en la vía pública. En esa oportunidad, siempre de acuerdo con la acusación, estuvo acompañado por su hermano adolescente y ambos habrían utilizado un palo, provocándole lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Por último, el fiscal señaló que el joven y su hermano también habrían amenazado a un tercer hombre, a quien le mostraron un machete y una gomera y le advirtieron que podían hacerle daño.

Durante la audiencia, el fiscal Odriozola sostuvo que los hechos atribuidos al joven se encuentran debidamente acreditados en esta etapa de la investigación a partir de las evidencias incorporadas.

También señaló que la pena en expectativa sería de cumplimiento efectivo y que permanecían vigentes riesgos procesales, principalmente de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Entre los elementos que todavía deben ser analizados se encuentran teléfonos celulares secuestrados y registros de cámaras de seguridad que podrían aportar más información sobre los hechos.

La Fiscalía consideró además que, en caso de recuperar la libertad, el imputado podría intentar contactar a víctimas o testigos para influir en sus declaraciones.

Por estos motivos, el juez rechazó las medidas alternativas propuestas por la defensa y ordenó la prisión preventiva por el plazo de ley.

Al joven de 18 años se lo investiga como presunto autor de tentativa de homicidio, lesiones leves y amenazas calificadas por el uso de arma, delitos que, según la Fiscalía, fueron agravados por la participación de un menor de edad.

Además, se le atribuye otro hecho en carácter de autor por lesiones dolosas leves. La investigación continuará ahora con el análisis de los elementos secuestrados, entre ellos los teléfonos celulares y las imágenes de cámaras de seguridad.

Un joven de 24 años fue detenido en San Cristóbal en el marco de una investigación por lesiones leves y amenazas calificadas en un contexto de violencia de género.

El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección General de Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe.

La intervención se inició a partir de un episodio ocurrido en el ámbito de una pareja, que motivó la presencia de personal del Comando Radioeléctrico.

De acuerdo con las actuaciones, luego de una discusión, el hombre identificado por sus iniciales A.A.T. habría agredido físicamente a su pareja, quien solicitó la presencia policial.

La mujer fue trasladada al SAMCo de San Cristóbal, donde recibió asistencia médica y se constataron lesiones de carácter leve. Posteriormente, fue derivada al Área de Violencia de Género para continuar con las diligencias correspondientes en el marco de la causa.

En paralelo, efectivos del Comando Radioeléctrico lograron aprehender al sospechoso en la vía pública. El joven fue trasladado inicialmente al SAMCo local y luego al Área de Violencia de Género, donde continuaron las actuaciones.

Finalmente, el fiscal interviniente, Dr. Spinoza, dispuso que el hombre quedara formalmente detenido y a disposición de la Justicia.

El futbolista argentino Jonatan Gómez atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera y su vida personal. El mediocampista, con pasado en varios equipos importantes del fútbol argentino, contó públicamente su lucha contra la ludopatía y aseguró que las apuestas tuvieron consecuencias devastadoras en su entorno familiar y económico.

“Perdí todo”, expresó el jugador durante una entrevista con Marga TV de Rosario, donde relató el impacto que tuvo su adicción al juego y el proceso que atraviesa para intentar recuperarse. Gómez contó que lleva cuatro meses alejado de la actividad profesional y que actualmente recibe acompañamiento médico y psicológico.

El futbolista reconoció que la situación afectó profundamente su vínculo familiar. “Perdí a mi familia”, afirmó entre lágrimas, al explicar que atraviesa una etapa compleja mientras intenta reconstruir la relación con sus seres queridos.

“Estoy en un proceso con mi familia, que está casi destrozada. Cuando voy a ver a mis nenes me preguntan por qué papá se va, por qué no estoy en casa”, relató Gómez, quien aseguró que está decidido a cambiar su situación.

A pesar del difícil presente, el mediocampista sostuvo que mantiene la esperanza de recuperarse. “Lo voy a revertir como sea, estoy en camino y lo quiero hacer”, manifestó.

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Una deuda de apuestas y una denuncia por extorsiones

Además de su problema con el juego, Gómez denunció haber sido víctima de extorsiones vinculadas a una plataforma ilegal de apuestas. Según su presentación judicial, la situación comenzó con una deuda de aproximadamente 50 mil dólares en el sitio clandestino denominado Lexus.

De acuerdo con el relato del futbolista, en octubre del año pasado recibió amenazas contra él y su familia, y fue obligado a firmar documentos por un monto total de 505 mil dólares en una escribanía de Junín.

Su abogado, Paul Kurpnik, explicó que inicialmente la escribana se negó a firmar los pagarés porque estaban incompletos, aunque posteriormente esos documentos fueron utilizados en una demanda civil para reclamar el pago de la suma millonaria.

Como consecuencia de esa presentación judicial, la Justicia ordenó un embargo preventivo sobre bienes del jugador, entre ellos una vivienda ubicada en el barrio privado Aguadas de Funes, un departamento en Rosario, un vehículo y cuentas bancarias.

Investigación judicial y amenazas denunciadas

La denuncia presentada por Gómez sostiene que los presuntos extorsionadores realizaron intimidaciones tanto en el predio donde entrenaba como en el domicilio de un familiar en Capitán Bermúdez.

En los primeros momentos de la investigación trascendió que los involucrados habrían mencionado vínculos con la banda narco Los Monos para generar temor, aunque esa versión fue negada por la defensa del futbolista.

El abogado del jugador aseguró que existen elementos que respaldan la denuncia por amenazas y coerción, mientras la Justicia continúa investigando las responsabilidades en torno al caso.

Un presente incierto en el fútbol

Gómez, de extensa trayectoria en Primera División, admitió que todavía no sabe cuándo podrá volver a competir profesionalmente. “No sé si voy a poder volver a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta”, expresó.

Mientras tanto, el mediocampista continúa con su tratamiento y busca dejar atrás una etapa marcada por la adicción, las pérdidas económicas y el conflicto judicial que impactó en su carrera y su vida personal.

Un grave episodio de violencia en el fútbol de inferiores se registró durante la mañana del domingo en Rosario, donde un árbitro de 17 años denunció haber sido golpeado y amenazado de muerte mientras dirigía un encuentro correspondiente a la octava división.

La víctima fue identificada como Bautista Pereyra, árbitro de la Asociación Rosarina de Fútbol. El partido enfrentaba al Club Atlético Fisherton y Defensores de Funes, en categoría 2011, y se disputaba en el predio ubicado en Muiño al 9155, en la zona de Fisherton.

De acuerdo con la denuncia presentada posteriormente, los incidentes se originaron luego de que Pereyra expulsara a dos futbolistas del equipo visitante.

A partir de esa decisión, jugadores y familiares habrían ingresado al terreno de juego y se produjo una situación de extrema tensión que derivó en agresiones contra el joven árbitro.

En medio del tumulto, el adolescente consiguió alejarse del lugar y correr hacia uno de los vestuarios para buscar protección.

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La situación continuó incluso después de que Pereyra lograra encerrarse en el vestuario. Según consta en la denuncia, dos jugadores permanecieron en inmediaciones del ingreso y continuaron intimidándolo.

“Te vamos a esperar a la salida y te vamos a matar”, habría sido una de las amenazas que recibió el árbitro mientras permanecía resguardado.

Ante el escenario, el coordinador de divisiones inferiores de Fisherton intervino y ofreció solicitar presencia policial para garantizar que el adolescente pudiera abandonar el predio sin nuevos incidentes.

Una vez que la delegación visitante y sus acompañantes se retiraron, otro árbitro trasladó a Pereyra hasta su domicilio. Posteriormente, su familia decidió llevarlo a un hospital público para que recibiera asistencia por las lesiones sufridas.

Durante la tarde, el joven concurrió junto a su padre para formalizar la presentación correspondiente. El episodio quedó bajo intervención de la Fiscalía de turno y la Secretaría de la Niñez, ya que varios de los presuntos involucrados también serían menores de edad.

Según la denuncia, Pereyra podría aportar datos que permitan identificar a cuatro jugadores y a un adulto que habrían participado en los hechos.

La investigación deberá ahora establecer las responsabilidades individuales y reconstruir con precisión cómo se desencadenó la agresión.

La causa continuará bajo investigación judicial mientras se buscan determinar las responsabilidades por lo sucedido durante el encuentro juvenil.

El descargo del club

A través de una nota dirigida a las autoridades de la Liga Nicoleña de Fútbol, al Colegio de Árbitros, al Tribunal de Disciplina y a la comunidad de San Nicolás, Argentino Oeste manifestó su “repudio a cualquier agresión que haya recibido el árbitro Dylan Suárez” durante la jornada del domingo.

 Desde la institución remarcaron que están “lejos de avalar estas formas de resolver diferencias” y señalaron que este tipo de situaciones tampoco representa el espíritu del club ni de su grupo de trabajo.

Además, la Comisión Directiva hizo extensivas sus disculpas al cuerpo arbitral, a las dos parcialidades, al personal de seguridad y a la comunidad en general.

El episodio volvió a poner en discusión la violencia alrededor del fútbol formativo , en este caso con la particularidad de que tanto la víctima como varios de los presuntos protagonistas son menores de edad.

Un hombre identificado por sus iniciales como E.A.M. fue detenido en Quilmes acusado de haber amenazado al presidente Javier Milei mediante un video publicado en TikTok.

El procedimiento fue realizado por agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, que avanzaron sobre el sospechoso luego de detectar las intimidaciones difundidas en redes sociales.

Según la información incorporada a la causa, el detenido posee antecedentes por robo a mano armada, resistencia a la autoridad, disparos de arma de fuego y lesiones, y anteriormente había recibido una condena de tres años de prisión.

Durante el procedimiento, los investigadores incautaron un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, réplicas de fusiles de aire comprimido y municiones utilizadas para esas armas.

También fueron secuestrados un teléfono celular, un gabinete de computadora, auriculares y otros elementos que serán sometidos a peritajes para determinar su posible vinculación con la investigación.

Parte de la investigación se concentra además en el comportamiento que E.A.M. exhibía públicamente en internet.

El hombre mantenía diferentes perfiles en Instagram y Facebook, además de su actividad en TikTok, donde publicaba videos y mensajes dirigidos a distintas personalidades.

Entre ellos aparece reiteradamente Vicky Xipolitakis. El acusado posee incluso tatuajes con el nombre y la fecha de nacimiento de la mediática y había realizado publicaciones en las que se refería directamente a ella. También mencionaba en otros contenidos a figuras como Wanda Nara, Rocío Oliva y Aníbal Fernández.

Además, utilizaba el apodo “General Mafia” y se presentaba en las redes como supuesto doble del cantante Nicky Jam.

Los investigadores de la DUIA también realizaron un análisis de los numerosos tatuajes del detenido, entre los que aparecen representaciones de armas de fuego, coronas, símbolos religiosos y referencias vinculadas al dinero.

Algunos de esos dibujos fueron interpretados por los investigadores como parte de una estética presente en determinados ambientes criminales. Sin embargo, esas asociaciones forman parte del análisis realizado sobre el perfil del sospechoso y no implican por sí mismas la pertenencia a una organización delictiva.

Fuentes citadas por el medio que difundió el caso señalaron además que encontraron ciertas similitudes de perfil con Fernando Sabag Montiel, condenado por el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de una valoración atribuida a fuentes de la investigación y no de una conclusión judicial.

La causa continuará ahora con las pericias sobre los dispositivos y elementos secuestrados, mientras la Justicia busca establecer el alcance de las amenazas difundidas contra el Presidente y determinar si existieron otros hechos vinculados con su actividad en redes.

La vocera del Gobierno Provincial, Virginia Coudannes, se refirió este viernes a un nuevo hecho de violencia que fue resuelto de manera segura por personal de la Policía de la Provincia mediante el uso de la pistola Taser, que permitió reducir a un hombre que había sido denunciado por su propio padre y que agredió a los uniformados.

El hecho se produjo este jueves en las primeras horas de la mañana en la ciudad de Santa Fe, cuando un llamado al sistema 911 alertó que un hombre era amenazado por su hijo con un arma blanca en una vivienda ubicada a la altura del KM 17 de la Ruta Nacional N°168.

Al lugar llegó personal policial que advirtió que el denunciado estaba alterado y había roto una de las ventanas de la casa donde viven familiares. El sujeto increpó a los policías blandiendo un arma blanca y estos, ante la negativa del hombre de deponer su actitud, la construcción de una barricada y el incremento de la violencia, solicitaron la intervención del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) que, con escudos balísticos, realizaron disparos persuasivos con escopeta (se utilizaron cartuchos de goma, anti tumulto).

Finalmente, con la utilización del dispositivo electrónico de inmovilización (Taser), lograron reducirlo de forma segura. En ese sentido, durante la conferencia de prensa en la que también se mostró el video captado con una bodycam de la Policía, Coudannes recordó que “Santa Fe es pionera en materia de seguridad, siempre está a la vanguardia”, y destacó que el gobernador Maximiliano Pullaro “ha puesto mucho énfasis y coraje al Plan de Seguridad, sobre todo con inversiones y acciones”.

El detenido, de 43 años y domiciliado en la ciudad de Paraná, fue trasladado al Hospital Cullen con traumatismo leve y dado de alta en el momento. Todo el operativo quedó registrado a través de una bodycam, constatándose daños e impactos contundentes en un escudo balístico.

En el lugar se secuestraron un hacha de mano (cabo de hierro de 40 cm, hoja de 18 cm), un pico de mano (mango de 20 cm, hoja de metal de 24 cm), un martillo (26 cm de mango) y un corta hierro (26 cm de largo).

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, detuvo a una mujer de 23 años en la ciudad de Esperanza, en el marco de una causa por amenazas simples.

La investigación fue llevada adelante por el Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar y se inició a partir de la denuncia presentada por un hombre de 25 años.

Según informó la PDI, el denunciante manifestó haber recibido mensajes intimidatorios enviados por su expareja, en los que presuntamente amenazaba con atentar contra la integridad de la hija que ambos tienen en común, una bebé de 11 meses.

A partir de la denuncia, se realizaron las medidas investigativas correspondientes y, por disposición del fiscal de turno, Alejandro Benítez, personal de la PDI concretó la detención de la mujer investigada.

La causa continúa bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Esperanza, mientras la acusada permanece a disposición de la Justicia. 

Personal del Comando Radioeléctrico de Ceres aprehendió a un hombre mayor de edad que protagonizaba un episodio de desorden en la vía pública y amenazaba con un arma blanca al personal del sistema de monitoreo local.

Según informó la Policía, los efectivos intervinieron tras tomar conocimiento de la situación y lograron reducir al individuo, evitando que el hecho pasara a mayores.

Una vez controlada la situación, los uniformados procedieron al secuestro del arma blanca que portaba el sospechoso.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a la Comisaría Segunda de Ceres, donde quedó alojado mientras se iniciaban las actuaciones judiciales correspondientes por el episodio. 

La investigación se inició a partir de un informe elevado al Ministerio Público de la Acusación, que permitió advertir una situación de violencia de género y motivó la adopción de medidas urgentes de protección, así como el avance de las diligencias investigativas.

El imputado, identificado por sus iniciales J.R.S., de 38 años, fue detenido el 30 de junio por personal de la Comisaría 4.ª de El Trébol. Posteriormente, personal de la Policía de Investigaciones procedió a su notificación e identificación por la presente causa, quedando alojado en dicha dependencia a disposición de la Justicia.

La Justicia santafesina condenó a tres años de prisión efectiva a un corredor de cereales de 51 años, identificado como Rodolfo Eduardo Liendo, por su participación en una extorsión organizada contra un empresario de la ciudad de Santa Fe. El caso forma parte de una investigación más amplia que tiene como presunto líder a un empresario uruguayo extraditado desde ese país.

La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado, tras el reconocimiento de responsabilidad del acusado como coautor del delito de extorsión en grado de tentativa.

Según la investigación fiscal, la maniobra se desarrolló entre el 1 y el 10 de octubre de 2025 y consistió en un esquema de presión extorsiva que exigía el pago de 100.000 dólares a la víctima. El plan habría sido ideado desde Uruguay por el empresario Walter Antonio Roel de Armas, con la participación de distintos ejecutores en Argentina.

En ese entramado, Liendo cumplió el rol de intermediario o “mensajero”, aportando información sensible del empresario y su entorno familiar, lo que permitió sostener un sistema de amenazas progresivas.

Las intimidaciones, de acuerdo con la acusación, fueron escalando durante diez días: comenzaron con reclamos genéricos de supuestas deudas y evolucionaron hacia amenazas directas contra la familia del empresario, incluyendo advertencias sobre su hijo y su pareja.

Incluso, la investigación detalla que los extorsionadores realizaron seguimientos y verificaciones en locales vinculados a la víctima, con el objetivo de reforzar la presión y demostrar control sobre sus movimientos.

Antes de conocerse la sentencia, el imputado pidió disculpas a la víctima y admitió haber actuado como intermediario dentro del esquema delictivo. Su defensa solicitó que pudiera acceder a la libertad bajo reglas de conducta, planteo que fue aceptado parcialmente en la etapa de ejecución de la pena.

El juez interviniente homologó el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa, lo que derivó en la condena a tres años de prisión efectiva. La causa ya cuenta con otro condenado previo y continúa con imputados en proceso, entre ellos el presunto organizador radicado en Uruguay.

Personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional V aprehendió a un joven de 18 años y secuestró un arma blanca durante un procedimiento realizado en la ciudad de Rafaela.

El hecho ocurrió el viernes, cuando los efectivos identificaron al joven en inmediaciones de Francisco Ramírez y Marozzi. Tras realizar los chequeos correspondientes, constataron que llevaba consigo un cuchillo.

Ante esa situación, el sujeto fue aprehendido y trasladado al Destacamento N.º 9, por razones de jurisdicción.

Finalmente, se dio conocimiento al fiscal en turno, quien impartió las directivas correspondientes para continuar con las actuaciones de rigor.

La Policía Federal Argentina, a través del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), detuvo a un joven de 24 años en la ciudad de Rosario tras recibir alertas por amenazas de atentado dirigidas a la Sinagoga Kehila, ubicada en la calle Paraguay al 1100. La investigación fue coordinada por la Unidad Fiscal de Rosario, bajo la supervisión de la fiscal Dra. Federica Tiscornia Noel.

El acusado había enviado un correo electrónico a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), indicando que había colocado una bomba en la sinagoga y que transmitiría la explosión en vivo a través de redes sociales como Facebook y Discord, amenazando con rematar “a tiros” a los sobrevivientes.

El trabajo de investigación incluyó rastreo digital mediante OSINT (Open Source Intelligence), que permitió identificar al sospechoso como miembro de la organización internacional “764”, descrita como un grupo neonazi, satánico y nihilista, que opera principalmente en plataformas como Discord, Roblox y Telegram. El grupo tiene antecedentes de manipulación de menores para cometer actos violentos y ha emitido amenazas a instituciones educativas en Argentina.

El análisis permitió determinar un inmueble en Rosario desde donde se envió el correo amenazante. La Unidad Fiscal solicitó un allanamiento domiciliario, que fue ejecutado por la PFA.

Durante el operativo, se incautaron:

El joven fue notificado bajo la causa “intimidación pública” y quedó a disposición del magistrado interventor.

“La acción inmediata de las fuerzas y la coordinación con la fiscalía permitieron neutralizar la amenaza y avanzar en la investigación sobre una organización extremista con actividad en territorio internacional”, destacaron las autoridades.

La Justicia confirmó en segunda instancia la prisión preventiva impuesta a un hombre de 54 años, identificado con las iniciales HAG, investigado como instigador del homicidio de Carlos Miguel Cabrera, cometido en la ciudad de Frontera, departamento Castellanos.

La resolución fue dispuesta por el camarista Sergio Alvira, luego de una audiencia de apelación desarrollada en los tribunales de Rafaela. En la instancia, el Ministerio Público de la Acusación estuvo representado por el fiscal Martín Castellano, de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5.

El funcionario judicial valoró que, pese a la oposición de la Defensa, la medida cautelar quedó ahora con doble conforme. “Más allá de la oposición de la Defensa, la privación cautelar de la libertad ahora tiene doble conforme”, señaló Castellano.

El fiscal explicó que el camarista coincidió con el juez de primera instancia en que la atribución delictiva está acreditada con el grado de probabilidad que exige esta etapa del proceso. También se tuvo en cuenta que la pena en expectativa sería de cumplimiento efectivo y que permanecen vigentes los riesgos de fuga y de entorpecimiento probatorio.

En ese sentido, Castellano remarcó que cualquier medida alternativa a la prisión preventiva resultaba insuficiente para mitigar esos riesgos.

El representante del MPA recordó además que el imputado integró, hasta diciembre del año pasado, el listado de prófugos más buscados de la provincia. Actualmente se encuentra alojado en un establecimiento penitenciario bajo el régimen de alto perfil.

De acuerdo con la investigación fiscal, el homicidio de Cabrera estuvo precedido por amenazas de muerte que el imputado le habría realizado entre 2021 y principios de 2022, tanto de forma directa como a través de otras personas.

Según precisó Castellano, esas intimidaciones tenían como objetivo que la víctima le pagara al imputado una supuesta deuda y que abandonara su lugar de residencia en Frontera. Sin embargo, Cabrera nunca se mudó.

“El homicidio de Cabrera fue precedido por amenazas de muerte que el hombre investigado le había hecho entre 2021 y principios de 2022, tanto de forma directa como por intermedio de otras personas”, afirmó el fiscal.

El hecho ocurrió el sábado 23 de abril de 2022. Según la acusación, dos personas que aún no fueron identificadas habrían actuado por orden del hombre de iniciales HAG, quien les habría dado instrucciones precisas para cometer el ataque.

Entre las 21:45 y las 22:00, los autores materiales llegaron en moto hasta un complejo de departamentos ubicado en calle 74 al 300 de Frontera, donde vivía Cabrera.

Una de esas personas ingresó al domicilio de la víctima y le disparó con un arma de fuego en el rostro. Como consecuencia de la agresión, Cabrera fue trasladado al hospital de San Francisco, en la vecina provincia de Córdoba, donde falleció momentos después.

El imputado es investigado como instigador de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y como autor de amenazas coactivas calificadas, por haber tenido como propósito compeler a una persona a abandonar su lugar de residencia habitual.

La investigación continúa a cargo de la Fiscalía Regional 5, mientras el acusado permanecerá detenido preventivamente.

El Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley para establecer un nuevo marco normativo que permita intervenir en los ámbitos escolares cuando se generen situaciones de amenazas o intimidaciones. El punto de partida fue lo sucedido en San Cristóbal y sus derivaciones; cientos de mensajes escritos en las paredes de establecimientos escolares de todo el territorio provincial advirtiendo sobres supuestas "matanzas" o hechos violentos.

El miércoles, los ministros de Seguridad, Pablo Coccocioni; y de Gobierno, Fabián Bastía, se reunieron con un grupo de diputados y senadores oficialistas para interiorizarlos acerca de un anteproyecto de ley que establece protocolos y pautas a seguir en casos como los planteados. En términos generales y según el borrador al que accedió El Litoral, la iniciativa confiere más potestades a la Policía, prevé el monitoreo de redes sociales y establece que los padres deberán pagar los costos de los operativos generados por conductas de sus hijos.

En su primer artículo, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a declarar "Alerta de Riesgo Crítico Emergente, cuando exista un riesgo grave, actual o inminente, susceptible de afectar la vida, la integridad física o psíquica, o la seguridad de personas en ámbitos escolares o en entornos de socialización juvenil vinculados". Ello será detectable a partir de "fenómenos de propagación o contagio social consistentes en conductas, prácticas o consignas que, por su modalidad de difusión, reiteración o replicabilidad, evidencien capacidad de expansión rápida entre personas o grupos, con aptitud para generar daños relevantes. También, a partir de "dinámicas de captación, inducción o influencia en entornos digitales o híbridos, que presenten patrones de validación, refuerzo o promoción de conductas riesgosas, especialmente cuando involucren a niñas, niños o adolescentes". O cuando se detecten "amenazas, manifestaciones o comunicaciones con potencial de escalamiento, que, aun sin configurar delito consumado, resulten objetivamente idóneas para generar temor fundado o anticipar la posible concreción de hechos de violencia". Del igual modo serán consideradas la "circulación, difusión o amplificación de contenidos digitales riesgosos, que por su naturaleza, contexto o modalidad resulten aptos para promover, facilitar, legitimar o replicar conductas lesivas", entre otros puntos.

En el marco de la Alerta de Riesgo Crítico Emergente, el Ministerio de Justicia y Seguridad tendrá las facultades de "requerir informes a las demás áreas del Poder Ejecutivo y convocar a dispositivos interministeriales, asumir la gestión integral de la declaración de alerta, instruir a los organismos policiales y de inteligencia para elaborar perfiles y patrones de riesgo, llevar registros de actividades sospechosas y personas de interés, monitorear redes y entornos digitales, e implementar acciones de ciberpatrullaje e infiltración de agentes digitales encubiertos". También podrá "requerir a los gestores de redes o plataformas digitales la preservación de materiales, el bloqueo de cuentas o usuarios y la limitación de contenidos riesgosos".

A la policía se le confieren facultades especiales como "ingresar, recorrer e inspeccionar los establecimientos o ámbitos abarcados por la declaración, pudiendo asegurar los accesos, establecer perímetros o limitar la circulación de personas en horarios o lugares crítico". También, "disponer evacuaciones o confinamientos preventivos ante situaciones de emergencia, practicar requisas de personas y de pertenencias, pudiendo proceder al registro integral de los lugares afectados; proceder a la identificación y resguardo de personas hasta por doce horas, dándose intervención en su caso a los organismos competentes en materia de Niñez; secuestrar dispositivos electrónicos y acceder a su contenido en forma inmediata, pudiendo procederse al desbloqueo biométrico aplicando la fuerza mínima e indispensable, con noticia y remisión posterior a la Fiscalía a sus efectos".

La Fiscalía, de oficio o a requerimiento del Ministerio de Justicia, podrá ordenar preventivamente el bloqueo o la limitación de contenidos digitales riesgosos, pudiendo aplicar en forma directa sanciones a la entidad renuente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que pudieran tener lugar".

El proyecto también prevé que "el personal de los establecimientos educativos y de otros ámbitos de socialización juvenil, ya sean públicos o privados, tiene el deber de reportar a la autoridad policial o a los sistemas de emergencia cualquier situación que pudiera resultar sospechosa tales como amenazas, presencia de armas, desafíos virales u otros contenidos peligrosos que llegaran a su conocimiento, independientemente de que dichos fenómenos pudieran o no constituir delito y del grado de avance o de consumación de las posibles conductas implicadas".

Finalmente, se pretende establecer una "responsabilidad parental". En tal sentido, "cuando los hechos que dieran lugar a la Alerta de Riesgo Crítico Emergente fueran ocasionados por niñas, niños o adolescentes, el Estado demandará a los responsables legales el resarcimiento de todos los costos operativos a los que hubiera dado lugar". Asimismo, "cuando se verifique incumplimiento grave o reiterado de los deberes de cuidado, supervisión o acompañamiento de niñas, niños o adolescentes, la autoridad competente podrá disponer medidas administrativas de carácter conminatorio", que van desde apercibimientos o multas, hasta la prohibición de acceso a espectáculos deportivos y otros eventos masivos.

El Litoral

Un episodio de extrema violencia a la hora de salida de una escuela derivó en un procedimiento policial con una mujer aprehendida y el secuestro de un arma de fuego. El hecho se registró el lunes alrededor del mediodía frente al Colegio Nuestra Señora de Lourdes, sobre calle Agustín Delgado.

De acuerdo a fuentes policiales, la denuncia fue radicada por una mujer, quien señaló haber sido amenazada por otra mujer tras un conflicto previo.

Según se supo, el incidente se produjo cerca de las 12.15 cuando la denunciante se encontraba retirando a su hijo del establecimiento educativo. En ese momento fue interceptada por una mujer, con quien había mantenido un desacuerdo horas antes a través de mensajes de WhatsApp.

Siempre según el testimonio, la situación escaló rápidamente: la acusada habría incitado a una pelea física en plena calle. Ante la negativa de la víctima —quien le advirtió la presencia de menores en el lugar— la mujer comenzó a proferir amenazas de muerte a viva voz.

“¿Querés tiro? Te voy a dar tiro, mañana traigo el fierro y te voy a dar tiro”, habría expresado, generando preocupación entre quienes se encontraban en la zona.

Tras la denuncia, tomó intervención el fiscal en turno, Dr. De Pedro, quien dispuso una serie de medidas. Personal policial de la Seccional 6ta. con colaboración de efectivos de la Seccional 3ra. y personal policial femenino, llevó adelante una requisa en un domicilio de calle Grandoli al 10200, en barrio Cabaña Leiva.

Como resultado del procedimiento, los uniformados aprehendieron a la mujer sindicada y secuestraron un arma de fuego, elemento clave para la investigación en curso.

Las actuaciones se iniciaron en la Seccional 6ª y continúan bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, mientras se aguardan nuevas disposiciones judiciales en el marco de la causa por amenazas.

El Litoral

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó detalles sobre la primera notificación enviada a personas identificadas como responsables de amenazas a escuelas de la provincia, en el marco de una acción patrimonial y administrativa orientada a recuperar los gastos ocasionados por los operativos. El procedimiento contempla la identificación de los adultos responsables y la posterior intimación de pago por los costos de cada intervención.Al respecto, el funcionario explicó que “hoy se despachó la primera comisión policial para notificar la primera intimación, en el marco de la resolución dictada para el recupero de los costos de los operativos que se despliegan a partir de llamadas por amenazas en establecimientos educativos”.

 En el procedimiento realizado por la Policía, la agente policial informó al padre sobre el detalle de la notificación. En ese momento, el padre reaccionó con la expresión: “Cara la jodita”.El ministro, en la conferencia de la tarde, detalló, además, que la notificación se realizó en la ciudad de Santa Fe “a ambos padres de una persona menor de edad identificada como autora de una de estas amenazas”, por un monto total de 6.024.944 pesos, que deberán abonar en calidad de responsables solidarios. “Durante el día se estarán despachando nuevas intimaciones”, añadió.Las notificaciones detallan el monto de la deuda y los medios de pago, con la expectativa de que los responsables asuman voluntariamente las consecuencias del hecho cometido por sus hijos, en la mayoría de los casos. El plazo para abonar es de cinco días; vencido ese término, los antecedentes se giran a la Fiscalía de Estado.Cococcioni indicó que ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica “más de 70 personas involucradas”, dado que en algunos casos hay más de un autor o más de un adulto responsable. “A medida que la Fiscalía valida las identidades -sean mayores o menores, punibles o no- se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones”, explicó.

Según estimaciones oficiales, con la identificación de los autores de estos 58 hechos y de los adultos responsables, el monto total reclamado superaría los 250 millones de pesos. “Es una cifra inicial que se irá incrementando, ya que cada nueva validación de la Fiscalía activa el mismo procedimiento”, señaló el ministro.En este sentido, aclaró que se trata de “una indemnización civil por el resarcimiento del daño”, desvinculada de cualquier sanción penal. “No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes”, precisó.Por último, el ministro explicó que el monto se calcula en función de los recursos policiales afectados en cada operativo: combustible, vehículos, brigadas especializadas -como las de explosivos- y horas de servicio. “No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos. Hay que ser muy conscientes y cuidar los recursos”, concluyó.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, ya envió 39 notificaciones por personas identificadas como autores de las amenazas realizadas en establecimientos educativos del centro-norte santafesino, para cubrir los costos originados por los operativos policiales de aproximadamente 200 millones de pesos.

Al respecto, la subsecretaria de Legal y Técnica del Ministerio de Justicia y Seguridad, Blanca Diakaki, detalló que “llevamos adelante una serie de intimaciones a los fines de perseguir el cobro y recupero de los costos de cada uno de  los operativos llevados a cabo ante las amenazas y conductas de riesgo en establecimientos escolares”.

El informe elevado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el día de hoy, identificó a 73 personas como responsables de amenazas. De ese número, el Ministerio de Justicia y Seguridad, ya envió 39 notificaciones a “personas identificadas en el marco de 32 casos en el centro-norte. Aún no tenemos información de la Fiscalía Regional 2, que nos va a ir llegando desde el MPA a lo largo de los días”, indicó Diakaki.

A continuación, explicó que el procedimiento consiste en identificar “a los padres responsables, indistintamente de la edad de quienes cometieron estos actos. El ministerio va a hacer un trabajo independiente del MPA, porque es una acción patrimonial, que arranca como una acción administrativa relativa al cobro de los gastos ocasionados por los operativos”; y sobre estos costos precisó que “van variando en cada caso concreto. Parten de una base estimativa de entre 5 y 6 millones de pesos, pero por la extensión geográfica o la cantidad de recursos pueden llegar a más de 11 millones de pesos”. 

En este sentido, la funcionaria resaltó que “el Gobierno Provincial está haciendo todo lo posible por recuperar cada uno de los centavos que se han invertido en seguridad” ante las amenazas a escuelas: 

“Como Estado no sólo debemos garantizar la seguridad, sino proteger los recursos públicos de los santafesinos y santafesinas”.

Por último, Diakaki señaló que el trabajo con el MPA fue “muy articulado, de manera conjunta desde el primer día, con la idea de esclarecer los hechos, que es la labor del MPA, y también recuperar el dinero de los santafesinos”.

Las identificaciones son el resultado de las investigaciones conjuntas que se llevaron a cabo con el MPA, el alcance de las medidas adoptadas, el encuadre legal de los hechos y el trabajo integral entre los organismos provinciales.

En el marco de las amenazas a escuelas, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, avanza en el proceso de recuperación de costos operativos conforme al protocolo vigente, el cual prevé el reclamo contra los adultos responsables. Según información difundida por el Ministerio Público de la Acusación, ya hay 73 personas identificadas como responsables de amenazas, de las cuales el 95 % son menores.

En ese sentido, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, explicó que “el gobernador Pullaro tomó la decisión, a través de una resolución emitida por el Ministerio de Justicia y Seguridad, de efectivizar el cobro de los operativos antes las amenazas que se están realizando en las escuelas. No es broma, es un delito. Por eso se cobran los recursos dispuestos ante cada uno de los operativos de diferente magnitud, con base en 5 o 6 millones de pesos”. 

“Esto se sigue investigando y monitoreando. Al momento las personas identificadas son menores, consecuentemente los padres tendrán que responder. Vamos a sostener todas las políticas educativas, de salud mental y de seguridad para que la escuela vuelva a ser un espacio de contención y aprendizaje”, finalizó Coudannes.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que se están individualizando e identificando a los autores de las amenazas en establecimientos educativos. Al 21 de abril se realizaron aproximadamente 404 denuncias en toda la Provincia, correspondiendo 75 a la Fiscalía Regional Nº 1; 238 Fiscalía Regional Nº 2; 33 Fiscalía Regional Nº 3; 23 Fiscalía Regional Nº 4; y 35 Regional Nº 5.

Hasta entonces, en toda la Provincia se han realizado 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, donde se secuestraron 51 efectos entre celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de gas comprimido con balines, cartuchos de escopetas percutidos y proyectiles calibre 22. 

Asimismo, se han identificado al menos 73 personas responsables, de las cuales 15 corresponden a la Fiscalía Regional Nº 1; 23 Fiscalía Regional Nº 2; 17 Fiscalía Regional Nº 3; 4 Fiscalía Regional Nº 4; y 14 Fiscalía Regional Nº 5. De todas las personas identificadas, aproximadamente el 95 % son personas menores de edad.

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Los alumnos de la Escuela Normal Superior Nº 40 "Mariano Moreno". De San Cristóbal decidieron alzar la voz. A través de un video compartido en redes sociales, los estudiantes participaron de una campaña que busca generar conciencia sobre la gravedad de las amenazas de tiroteo y promover una convivencia escolar basada en el respeto y el cuidado colectivo.

La acción se enmarca bajo las consignas #NoTodoEstaPerdido, #MiCiudad y #MiLugar, y apunta a interpelar no solo a la comunidad educativa, sino también a toda la sociedad. El mensaje pone el foco en la prevención y en la necesidad de no naturalizar episodios que generan temor dentro de las aulas.

La iniciativa adquiere una dimensión aún más sensible por el antecedente reciente del 30 de marzo, cuando un alumno de 15 años abrió fuego dentro de un establecimiento educativo, provocando la muerte de un adolescente de 13 años y heridas en otros estudiantes. Aquel hecho conmocionó profundamente a la comunidad.

Desde entonces, el debate sobre la seguridad escolar, la salud mental y la prevención de la violencia juvenil volvió a instalarse con fuerza. En ese contexto, la campaña impulsada por los alumnos busca transformar el dolor y la preocupación en un mensaje colectivo de reflexión y compromiso.

El Litoral