La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó que el Gobierno va a “apelar” el fallo judicial que declaró nulo el denominado “protocolo antipiquetes” que impulsó su antecesora, Patricia Bullrich.

“Sin protocolo no hay orden, hay caos. Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”, lamentó la funcionaria en su cuenta de X.

Y agregó: “No vamos a dar un paso atrás, la vamos a apelar. Este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos”. 

“Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, finalizó Monteoliva.´

X Alejandra Monteoliva

También se refirió al tema Bullrich: “El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos. ¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización”, se quejó la impulsora de la medida.

La actual senadora además sostuvo en sus redes que “los perjudicados, siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz”, y cerró: “El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás”.

Este lunes se conoció el fallo de juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, que frenó la vigencia del protocolo para contener las movilizaciones sociales y cortes de calle, a partir de un reclamo del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).

AgenciaNA

El conflicto entre Juan Sebastián Verón y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un capítulo clave. El presidente de Estudiantes de La Plata decidió recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para intentar dejar sin efecto la sanción de seis meses que le aplicó el Tribunal de Disciplina por el episodio del “pasillo de espaldas” realizado frente a Rosario Central, tras la proclamación del Canalla como campeón de Liga 2025.

La sanción, oficializada el 27 de noviembre por boletín de AFA, responsabiliza directamente a Verón por haber dado la orden del gesto que desató la polémica. El dirigente considera el castigo “arbitrario” y argumenta un “exceso” en las penas deportivas que afectan tanto a él como al plantel.

Además de la suspensión a la Bruja:

Estas medidas detonaron el enojo en Estudiantes y tensaron aún más la relación con AFA, que ya venía desgastada.

El clima se caldeó aún más tras mensajes de Pablo Toviggino, tesorero de AFA y dirigente cercano a Claudio Tapia, quien lanzó críticas veladas y calificó a Verón como “enemigo”.Días después, el presidente albirrojo respondió de manera pública:

“La bajeza para amenazar a una institución como Estudiantes de que el año que viene la va a pasar mal, me llama la atención. Vamos a tener que estar atentos”.

Mientras la pelea escala al plano internacional, el plantel de Eduardo Domínguez se prepara para la final del Torneo Clausura ante Racing, este sábado en Santiago del Estero.En el Pincha admiten preocupación por el contexto institucional, aunque la prioridad deportiva obliga a sostener el enfoque en el duelo decisivo.

El caso Verón seguirá su curso en el TAS, donde buscará recuperar su lugar en la presidencia antes de que comience la temporada 2026.

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro (2019-2022), quien el jueves fue condenado por el Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado contra Luiz Lula da Silva, anunció hoy viernes a través de sus abogados que apelará el fallo ante cortes internacionales, al sostener que jamás participó de un plan golpista ni estuvo vinculado a la invasión y daños a las sedes de los Poderes el 8 de enero de 2023, en la ciudad de Brasilia.

“La defensa entiende que las penas fijadas son absurdamente excesivas y desproporcionadas. Después de analizar los términos del fallo, aplicaremos los recursos posibles, inclusive en el ámbito internacional”, señala un comunicado de los abogados de Bolsonaro, Celso Vilardi y Paulo Amador de Cunha Bueno, divulgado por la prensa brasileña.

La defensa argumenta que de todos modos recibió con “respeto” el fallo condenatorio del STF, aunque con “profunda discrepancia e indignación” por la sentencia de cuatro votos en su contra y uno a su favor.

“Seguiremos sosteniendo que el expresidente no atentó contra el Estado democrático, jamás participó en algún plan y mucho menos en los actos ocurridos el 8 de enero”, dice el texto.

Los abogados de Bolsonaro, quien desde agosto se encuentra en prisión domiciliaria y con una tobillera electrónica ante riesgo de fuga, sostuvieron que el juicio debió realizarse en primera instancia o por el pleno del STF y no por la Primera Sala de la institución.

“No podemos dejar de señalar, con todo respeto, que la falta de tiempo hábil para analizar la prueba impidió de forma definitiva el pleno ejercicio de la defensa”, dice el comunicado de los abogados, cuyos argumentos fueron rechazados por la mayoría de los miembros del alto tribunal al fundamentar el fallo.

Otros siete exfuncionarios también fueron condenados a prisión con penas que van desde los dos hasta los 26 años por su participación en el plan golpista encabezado por Bolsonaro, tras perder las elecciones en octubre de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.

Se trata del exjefe de gabinete y exministro de Defensa, general Walter Braga Netto (26 años); el exjefe de la Marina, almirante Almir Garnier (24 años); el exministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira (19 años); y el exministro de Justicia, Anderson Torres (24 años).

Recibieron también condena al exjefe de los servicios de Inteligencia, Alexandre Ramagem (16 años); el exministro del Gabinete de Seguridad Institucional, general Augusto Heleno (21 años); y el coronel Mauro Cid (2 años en régimen abierto), exsecretario privado de Bolsonaro y delator del caso.

La jueza de Nueva York Loretta Preska decide hoy lunes si otorga a la República Argentina el beneficio de suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos que hicieron la demanda por la expropiación de la petrolera.

El jueves por la mañana, el Gobierno nacional apeló el fallo ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, según informó Sebastián Maril, el experto que sigue el litigio que se ventila en Nueva York.

En la presentación, la Argentina adelanta que podría recurrirse a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.

Entre otros argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.

Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump.

La presentación también advierten sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.

La jueza de Nueva York Loretta Preska decidirá el lunes 14 de julio próximo si otorga a la República Argentina el beneficio de suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos que hicieron la demanda por la expropiación de la petrolera.

Así lo informó esta noche Sebastián Maril, el experto que sigue el litigio que se ventila en Nueva York.

Este jueves por la mañana, el Gobierno nacional apeló el fallo ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.

En la presentación, la Argentina adelanta que podría recurrirse a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.

Entre otros argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.

Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump.

La presentación también advierten sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.

El caso Rubiales aún no ha llegado a su fin. Luego de que la Audiencia Nacional condenara al ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a una multa de 10.800 euros por el "beso no consentido" a Jenni Hermoso, pero lo absolviera del delito de coacciones, la futbolista y su equipo legal anunciaron que apelarán la decisión.Hermoso y su defensa habían solicitado una condena de dos años y seis meses de prisión para Rubiales: un año por agresión sexual y un año y medio por coacciones. Ante el fallo del tribunal, consideran que la sanción impuesta no es suficiente y presentarán un recurso en los próximos días.

Apoyo de la AFE y nuevas apelaciones

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) manifestó su respaldo a la jugadora y también apelará la sentencia, sumándose al pedido de una resolución más severa. Según los plazos legales, la apelación deberá presentarse dentro de los diez días posteriores a la notificación del fallo.Por su parte, la Fiscalía, que había solicitado una condena de un año y medio de prisión para Rubiales y otros acusados por coacciones, también recurrirá la decisión con el objetivo de endurecer la sentencia.Mientras tanto, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) rechazó el recurso que Luis Rubiales presentó contra la FIFA, lo que ratifica las sanciones impuestas previamente por el organismo rector del fútbol mundial.

Los fundamentos del falloEl juez José Manuel Fernández-Prieto determinó que Rubiales era culpable de agresión sexual y le impuso una multa de 10.800 euros, además de prohibirle acercarse a Hermoso a menos de 200 metros o comunicarse con ella durante un año. También deberá pagar 3.000 euros por daños morales.Sin embargo, lo absolvió del delito de coacciones, al considerar que no quedó demostrada la existencia de violencia o intimidación contra la jugadora y su entorno.En la sentencia de 36 páginas, el magistrado argumentó que el beso “fue un acto esporádico” que no requirió de una rehabilitación específica y que la multa representaba una sanción de menor gravedad en comparación con la prisión. Asimismo, sostuvo que Rubiales no se aprovechó de su posición de poder sobre la futbolista y que la acción se dio en un contexto de "euforia" tras la conquista del Mundial Femenino, aunque reconoció que el acto fue "reprochable".Con las apelaciones en marcha, el caso sigue abierto y podría derivar en un nuevo fallo con consecuencias más severas para el ex presidente de la RFEF. 

La sudafricana lleva años luchando contra la federación internacional de atletismo, que no le permite competir por sus niveles altos de testosterona.

Diez meses después de que el Tribunal en primera instancia de Estrasburgo le diera la razón, la atleta intersexual sudafricana Caster Semenya regresó este miércoles a la Gran Sala de esa misma corte para la vista de revisión de su caso.

Es que Suiza, respaldada por el federación internacional de atletismo (World Athletics), apeló aquella sentencia dictada el 11 de julio de 2023, que pasó así a la Gran Sala. Ahora, en unos meses, habrá una sentencia definitiva, que no tendrá ninguna instancia más de apelación.

Semenya acudió a la audiencia, pero no tomó la palabra, ya que dejó esa labor a sus abogados, que pusieron de manifiesto el "impacto personal y profesional" sufrido por la atleta por la prohibición de participar en competiciones internacionales a causa de su elevado nivel de testosterona. Los letrados indicaron que pese a ese veto, la deportista no se plegó a la imposición de inyectarse "un tratamiento nocivo, inútil y pretendidamente correctivo" para bajar su nivel de testosterona y poder competir.

*Lee tambien: Campazzo fue elegido el jugador más valioso de la temporada en España

Semenya saltó a la luz en los Mundiales de 2009 de Berlín, cuando con 18 años se alzó con el oro de los 800 metros, su distancia favorita, levantando una oleada de sospechas basadas en su aspecto físico y su voz varonil. Fue apartada de la competición once meses, durante los cuales fue sometida a diversos exámenes médicos, antes de que en julio de 2010 fuera autorizada de nuevo a correr.

A partir de 2018, la federación internacional endureció las condiciones de participación en lo relativo a los niveles de testosterona, un reglamento validado al año siguiente por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), con sede en Suiza. El recurso ante la justicia helvética fue rechazado en nombre de la equidad de la competición, lo que motivó que Semenya acudiera al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.

Esta instancia condenó a Suiza por haberse lavado las manos ante la decisión del TAS y consideró que la mediofondista sudafricana no tuvo las garantías institucionales y de procedimiento suficientes para hacer valer sus argumentos de discriminación, que los jueces consideraron "creíbles" y "bien fundamentados".

Aquella sentencia ponía en cuestión la doctrina de muchas federaciones sobre los atletas intersexuales, que se basa en los niveles de testosterona para permitirles participar en pruebas femeninas.

La objeción tiene que ver con que la obligación solo se aplica a las atletas con un sistema genético XY, correspondiente a las mujeres, y no a los que tienen XX, el de los hombres.(EFE)

El periodista de The Wall Street Journal Evan Gershkovich apelará el martes su detención y encarcelamiento en la antigua prisión de la KGB más famosa de Moscú, acusado de espionaje, según documentos judiciales.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) comunicó el 30 de marzo la detención de Gershkovich en la ciudad de Ekaterimburgo, en los Urales, y la apertura de un caso de espionaje en su contra por recopilar lo que consideraba secretos de Estado sobre el complejo militar industrial.

Gershkovich, el primer periodista norteamericano detenido en Rusia acusado de espionaje desde el final de la Guerra Fría, y el Journal han negado que estuviera implicado en espionaje, al igual que Estados Unidos.

LEE: La justicia de Putin condenó al periodista ruso Vladimir Kara-Murzá a 25 años de cárcel por oponerse a la invasión a Ucrania

Según un documento judicial público ruso, el Tribunal de Distrito de Lefortovo verá el martes una queja presentada por Gershkovich contra la decisión de mantenerle detenido en la prisión mientras se investiga el caso.

Los documentos no daban más que detalles básicos sobre el caso. El tribunal dijo que está prohibido publicar algunos de los

documentos del caso. Un abogado ruso de Gershkovich no respondió a una solicitud de comentarios.

La vista es esencialmente procesal, sobre cómo debe permanecer detenido Gershkovich a la espera de juicio, no sobre el fondo de los cargos, ya que los investigadores siguen trabajando en los detalles.

Gershkovich, hijo estadounidense de judíos nacidos en la Unión Soviética que huyeron a Occidente en 1979, fue detenido por el FSB ruso el 29 de marzo en Ekaterimburgo durante su segundo viaje a los Urales en un mes.

El cronista fue trasladado a la prisión de Lefortovo, que en la época soviética dirigía la KGB, pero que ahora gestiona el Servicio Penitenciario Federal. Tradicionalmente se ha utilizado ese establecimiento para recluir a sospechosos de espionaje y

otros delitos graves.

(Reporte de Guy Faulconbridge, Reuters / Noticias Argentinas)