El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), llevará adelante este viernes la sexta subasta de bienes incautados al delito. El evento tendrá lugar en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, marcando un hito en la gestión de activos decomisados.

Como anticipo, este miércoles se exhibieron 15 vehículos y dos lanchas en la cabecera oeste del Puente Colgante. Los interesados podrán visitar los 224 lotes el jueves 15 de octubre, de 10 a 18, y el viernes 16, de 8.30 a 13, en la sede del remate.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó que esta es la subasta más grande de la provincia y de la República Argentina. "Esta política de Estado que impulsamos en Santa Fe, que parece de sentido común: quitarles los bienes a los delincuentes y venderlos, y que no se lleva adelante en otras provincias, cada mes y cada año toma más impulso", afirmó el funcionario.

La oferta es sumamente variada e incluye 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble en la ciudad de Rosario y diez máquinas arcade retro para restaurar. Según explicó Matías Figueroa Escauriza, los precios base se fijaron entre el 30 % y el 50 % del valor de mercado para facilitar la participación ciudadana.

El funcionario subrayó que la diversidad de los bienes refleja la economía delictiva, abarcando desde activos de alto valor hasta motocicletas utilizadas por motochorros para cometer robos en la vía pública. El objetivo es que la sociedad recupere lo que el delito le arrebató mediante mecanismos transparentes y eficientes.

El director provincial de la Aprad, Martín Domene, explicó que el proceso de inscripción ya cerró y se realiza un "cruce de datos minucioso" para evitar que integrantes de bandas criminales participen. "Siempre hay personas excluidas; por ejemplo, personas con pedido de captura", indicó, precisando que se suele descartar a entre 80 y 100 inscriptos.

Respecto a las formas de pago, Martín Domene informó que se aceptarán transferencias bancarias y efectivo. Los compradores deberán abonar el 10 % del monto como seña, completando el 90 % restante tras la aprobación del lote, sumado al 10 % de comisión del martillero. Lo recaudado se destinará a reparar a víctimas de delitos y al mantenimiento operativo de la Agencia.

La convocatoria ha sido masiva, con 8.796 personas anotadas de todas las provincias del país. La mayoría de los inscriptos proviene de Santa Fe (7.139), seguidos por Entre Ríos (565), Buenos Aires (519) y Córdoba (214). También hay participantes de Chaco, Corrientes, Misiones, Neuquén, La Pampa, Santiago del Estero, Mendoza, San Luis, Catamarca, Salta, Tucumán, Formosa, Jujuy, San Juan, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, Río Negro y La Rioja.

El Gobierno provincial proyecta una recaudación de entre 700 y 800 millones de pesos. Estos fondos serán volcados a la asistencia de víctimas y al financiamiento de programas sociales enfocados en escuelas, salud mental y adicciones. Las acreditaciones para el remate comenzarán este viernes a las 14.30, estando previsto el inicio de la subasta para las 16.20.

La Provincia de Santa Fe se prepara para realizar la subasta más grande de bienes incautados al delito de la actual gestión, una convocatoria que ya registra 4.239 personas inscriptas provenientes de todas las provincias del país.

El remate se desarrollará el viernes 16 de octubre en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe y estará organizado por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

Será la sexta subasta realizada durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y tendrá un total de 224 lotes.

La inscripción es obligatoria y permanecerá habilitada hasta el 8 de octubre. Los interesados deberán ser mayores de edad y completar previamente el procedimiento establecido por la Provincia.

Como referencia de la convocatoria que generan estos remates, en la subasta anterior se registraron 5.411 participantes de distintos puntos de Argentina.

Uno de los principales atractivos de esta edición será la cantidad y variedad de bienes disponibles.

Los 224 lotes estarán conformados por:

Además de la inscripción, los interesados pueden consultar previamente las características de los bienes que serán puestos a remate.

La Provincia informó que, sumando las cinco subastas anteriores, la recaudación obtenida superó los 5.000 millones de pesos.

Antes de comenzar la puja, los lotes estarán disponibles para su exhibición en la propia Estación Belgrano. La primera jornada será el jueves 15 de octubre, de 9 a 16, mientras que el viernes 16 podrán observarse nuevamente de 8.30 a 13.

Finalmente, la subasta comenzará ese mismo viernes a partir de las 16. Cada participante podrá adquirir un máximo de cinco lotes. La inscripción obligatoria puede realizarse hasta el 8 de octubre a través del sitio oficial de subastas de la Provincia de Santa Fe.

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, explicó que el registro previo permite realizar controles sobre quienes pretenden participar.

“Cruzamos los datos de las personas que se inscriben para que no tengan vinculación con los delincuentes a los que quitamos los bienes”, señaló.

Según explicó el funcionario, el objetivo es evitar vínculos entre los compradores y las personas a las que originalmente se les incautaron los bienes, además de brindar seguridad a quienes participan de las subastas.

“Queremos que cada ciudadano que participe lo haga con la tranquilidad con la que lo vienen haciendo y que no tenga miedo ni ningún tipo de riesgo”, agregó.

Figueroa Escauriza también explicó el procedimiento que se aplica sobre los automotores antes de entregarlos a sus nuevos propietarios.

Según detalló, los vehículos reciben una nueva chapa patente y se elimina la vinculación registral con sus anteriores propietarios.

“En el Registro de la Propiedad del Automotor se hace un bloqueo de dominio y el vehículo sale como un 0 kilómetro”, explicó el funcionario al describir el procedimiento registral.

Con 224 lotes y más de 4.200 personas ya registradas, la Provincia encara así su sexta subasta de bienes incautados al delito, mientras continúa abierta la inscripción hasta el próximo 8 de octubre.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó que la próxima etapa de la estrategia contra el crimen organizado debe enfocarse en los recursos económicos de las bandas y en los profesionales que colaboran con sus estructuras.

“El desafío que tenemos hoy es ir por los abogados y los contadores que son parte de estas organizaciones criminales”, sostuvo durante la apertura de la jornada “Crimen organizado y flujos financieros ilícitos: desafíos y estrategias para su desarticulación”, realizada en el Complejo Cultural El Túnel, en el Parque España de Rosario.

El encuentro reunió a autoridades provinciales, municipales y judiciales para analizar herramientas vinculadas con la inteligencia financiera, el lavado de activos y la coordinación entre organismos.

Durante su exposición, Pullaro destacó la reducción de los homicidios registrada en los últimos años. Según indicó, en Rosario la cantidad de homicidios acumulados hasta esta fecha pasó de 222 a 63, mientras que en toda la provincia bajó de 315 a alrededor de 112.

El mandatario atribuyó esos resultados a una política que combinó el trabajo conjunto entre los distintos poderes del Estado, las fuerzas de seguridad y los gobiernos locales.

Sin embargo, remarcó que la disminución de la violencia no significa que el problema esté terminado.

“La violencia y el delito no están terminados; las organizaciones criminales no están desarticuladas, simplemente están contenidas por el accionar permanente del Estado”, afirmó.

Pullaro sostuvo que, si las políticas de seguridad se relajan, la situación puede retroceder. “Si cada uno de los elementos que intervienen en las políticas públicas del Estado un día o una semana levantan o distraen la mirada, la situación vuelve atrás con la misma fuerza y con la misma violencia”, señaló.

El gobernador planteó que la nueva etapa debe centrarse en seguir la ruta del dinero y avanzar sobre el patrimonio obtenido mediante actividades ilegales.

En ese sentido, destacó el trabajo de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y del Comité de Bloqueo Económico provincial, organismos destinados a detectar y afectar recursos vinculados con delitos.

“La plata que ganás a través del delito la vas a perder”, expresó Pullaro.

Además, señaló que el foco debe estar puesto en quienes colaboran con las organizaciones desde roles técnicos, como aquellos que diseñan maniobras financieras, administran recursos o intervienen en circuitos de lavado.

Durante la jornada, el gobernador también hizo referencia a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y destacó que durante los 15 días de competencia participaron alrededor de 3,5 millones de personas en actividades deportivas y culturales.

Según indicó, durante ese período no se registraron denuncias por robos de celulares ni hechos de violencia altamente lesiva vinculados al evento.

No obstante, insistió en que esos resultados no deben generar una relajación de las políticas de seguridad.

Pullaro remarcó la importancia de la articulación entre la Justicia provincial, la Justicia federal, las fuerzas de seguridad y los gobiernos locales para modificar el escenario de violencia que atravesó Rosario durante más de una década.

“La mejor experiencia es la que se puede construir desde el ámbito local”, sostuvo, al defender las estrategias desarrolladas desde Santa Fe.

Finalmente, afirmó que el objetivo es consolidar políticas públicas que puedan mostrar resultados en la provincia y servir como referencia para otros lugares del país.

El Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), destruyó este miércoles 200 caños de escape de motos adulterados en el predio de la agencia, ubicado en Alvear, departamento Rosario.

La destrucción de los elementos se produjo en el marco de las políticas que la actual gestión provincial desarrolla de manera continua con el fin de atacar el delito en su economía, para así debilitar uno de los eslabones más importantes de la cadena criminal.

Así, el Gobierno de la Provincia decomisa los bienes vinculados a actividades ilícitas y luego los devuelve a la comunidad a través de subastas públicas, la reutilización con fines sociales o el uso del Estado. De esta manera, se produce un ciclo virtuoso que permite que los bienes del delito vuelvan a la ciudadanía y a instituciones de bien público.

El secretario de Gestión de Registros, del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Matías Figueroa Escauriza, destacó la importancia de las acciones que viene realizando la provincia en este sentido. “Luego de un trabajo coordinado y de relevamiento de los vehículos secuestrados y que iban a ser eliminados del circuito, hemos separado 200 caños de escape, los cuales fueron adulterados y generaban disturbios a los vecinos de distintos barrios de la provincia”, explicó.

Los elementos adulterados se destruyen para que no retornen al mercado ilegal. “Como lo venimos haciendo desde el día uno de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, a cada elemento secuestrado al delito le buscamos otro destino: algunos son subastados, otros donados y, en otros casos, destruidos”, afirmó el funcionario.

La reutilización de bienes secuestrados a la delincuencia tiene como finalidad mostrar que el Estado puede ser efectivo para debilitar a estas organizaciones, y de esta manera darles a los bienes un destino adecuado.

En una nueva acción vinculada a la recuperación de bienes provenientes del delito, el Gobierno de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), tomó posesión de un inmueble decomisado en Rosario en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El operativo se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Lavalle, en la zona oeste de la ciudad de Rosario, y comprendió el desalojo inmediato de las personas que habitaban el lugar, además del relevamiento completo del inmueble. Se trata de la propiedad número 16 recuperada por la Provincia desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

La medida fue ejecutada por personal de la Aprad junto al Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, en el marco de una estrategia orientada a recuperar activos vinculados a organizaciones criminales y hechos de corrupción.

“Lo que estamos haciendo desde el primer día es tomar posesión inmediata de los bienes secuestrados o decomisados para que vuelvan al Estado y a las víctimas, y así debilitar a las organizaciones criminales en todos sus aspectos”, explicó el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza. 

El funcionario señaló que la política alcanza tanto a estructuras narcocriminales como a personas condenadas por delitos de corrupción. “Desde los narcotraficantes más importantes de la provincia hasta quienes cometieron hechos de corrupción, todos los bienes decomisados pasan nuevamente a manos del Estado”, sostuvo.

Durante el procedimiento se realizó un inventario detallado del mobiliario existente en los dos pisos de la propiedad. Las pertenencias personales fueron retiradas por quienes residían allí y, una vez finalizadas las actuaciones, se cambiaron las cerraduras para formalizar la posesión estatal del inmueble.

Además, durante la inspección se detectó un arma de fuego, cuya situación legal quedó sujeta a consultas judiciales y peritajes para determinar si correspondía su secuestro y si el portador contaba con autorización para tenerla.

Figueroa Escauriza adelantó que, por las características de la propiedad, el destino más probable será el remate. No obstante, aclaró que la Provincia evaluará previamente si puede ser reutilizada para algún organismo estatal, como ocurrió con otros inmuebles cedidos recientemente a áreas de Salud Mental y al Ministerio de Justicia y Seguridad.

La vivienda decomisada está vinculada al excomisario rosarino Osvaldo Raúl Bejarán, condenado por enriquecimiento ilícito en una causa considerada emblemática en la lucha contra la corrupción policial en Santa Fe.

Bejarán, que había estado a cargo de áreas vinculadas al combate del juego clandestino en Rosario, fue investigado tras detectarse un incremento patrimonial incompatible con sus ingresos. La pesquisa incluyó la adquisición de vehículos, propiedades y una licencia de taxi.En 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena y habilitó el decomiso definitivo de los bienes vinculados al caso.