El Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), destruyó este miércoles 200 caños de escape de motos adulterados en el predio de la agencia, ubicado en Alvear, departamento Rosario.

La destrucción de los elementos se produjo en el marco de las políticas que la actual gestión provincial desarrolla de manera continua con el fin de atacar el delito en su economía, para así debilitar uno de los eslabones más importantes de la cadena criminal.

Así, el Gobierno de la Provincia decomisa los bienes vinculados a actividades ilícitas y luego los devuelve a la comunidad a través de subastas públicas, la reutilización con fines sociales o el uso del Estado. De esta manera, se produce un ciclo virtuoso que permite que los bienes del delito vuelvan a la ciudadanía y a instituciones de bien público.

El secretario de Gestión de Registros, del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Matías Figueroa Escauriza, destacó la importancia de las acciones que viene realizando la provincia en este sentido. “Luego de un trabajo coordinado y de relevamiento de los vehículos secuestrados y que iban a ser eliminados del circuito, hemos separado 200 caños de escape, los cuales fueron adulterados y generaban disturbios a los vecinos de distintos barrios de la provincia”, explicó.

Los elementos adulterados se destruyen para que no retornen al mercado ilegal. “Como lo venimos haciendo desde el día uno de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, a cada elemento secuestrado al delito le buscamos otro destino: algunos son subastados, otros donados y, en otros casos, destruidos”, afirmó el funcionario.

La reutilización de bienes secuestrados a la delincuencia tiene como finalidad mostrar que el Estado puede ser efectivo para debilitar a estas organizaciones, y de esta manera darles a los bienes un destino adecuado.

En una nueva acción vinculada a la recuperación de bienes provenientes del delito, el Gobierno de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), tomó posesión de un inmueble decomisado en Rosario en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El operativo se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Lavalle, en la zona oeste de la ciudad de Rosario, y comprendió el desalojo inmediato de las personas que habitaban el lugar, además del relevamiento completo del inmueble. Se trata de la propiedad número 16 recuperada por la Provincia desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

La medida fue ejecutada por personal de la Aprad junto al Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, en el marco de una estrategia orientada a recuperar activos vinculados a organizaciones criminales y hechos de corrupción.

“Lo que estamos haciendo desde el primer día es tomar posesión inmediata de los bienes secuestrados o decomisados para que vuelvan al Estado y a las víctimas, y así debilitar a las organizaciones criminales en todos sus aspectos”, explicó el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza. 

El funcionario señaló que la política alcanza tanto a estructuras narcocriminales como a personas condenadas por delitos de corrupción. “Desde los narcotraficantes más importantes de la provincia hasta quienes cometieron hechos de corrupción, todos los bienes decomisados pasan nuevamente a manos del Estado”, sostuvo.

Durante el procedimiento se realizó un inventario detallado del mobiliario existente en los dos pisos de la propiedad. Las pertenencias personales fueron retiradas por quienes residían allí y, una vez finalizadas las actuaciones, se cambiaron las cerraduras para formalizar la posesión estatal del inmueble.

Además, durante la inspección se detectó un arma de fuego, cuya situación legal quedó sujeta a consultas judiciales y peritajes para determinar si correspondía su secuestro y si el portador contaba con autorización para tenerla.

Figueroa Escauriza adelantó que, por las características de la propiedad, el destino más probable será el remate. No obstante, aclaró que la Provincia evaluará previamente si puede ser reutilizada para algún organismo estatal, como ocurrió con otros inmuebles cedidos recientemente a áreas de Salud Mental y al Ministerio de Justicia y Seguridad.

La vivienda decomisada está vinculada al excomisario rosarino Osvaldo Raúl Bejarán, condenado por enriquecimiento ilícito en una causa considerada emblemática en la lucha contra la corrupción policial en Santa Fe.

Bejarán, que había estado a cargo de áreas vinculadas al combate del juego clandestino en Rosario, fue investigado tras detectarse un incremento patrimonial incompatible con sus ingresos. La pesquisa incluyó la adquisición de vehículos, propiedades y una licencia de taxi.En 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena y habilitó el decomiso definitivo de los bienes vinculados al caso.