El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que provocó la muerte de sus 44 tripulantes, ingresa esta semana en su tramo decisivo. El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz está en condiciones de dictar veredicto luego de casi cuatro meses de debate.

El proceso comenzó el 3 de marzo en la ciudad de Río Gallegos y ya acumuló 30 audiencias, con testimonios de especialistas, excomandantes, submarinistas y autoridades navales, además de abundante documentación vinculada al estado del buque y al desarrollo de su última navegación.

Este lunes será el turno de los alegatos de las defensas. Una vez cumplida esa instancia, los imputados podrán pronunciar sus últimas palabras y el tribunal podría anticipar su decisión el miércoles. En caso de dictarse el veredicto, los fundamentos de la sentencia se conocerían aproximadamente un mes después.

Los cuatro acusados son Luis López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa, exoficiales de la Armada Argentina. Están imputados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de 44 personas.

El juicio busca determinar si existieron responsabilidades penales en relación con el estado, la operación y las decisiones vinculadas al submarino durante su última misión.

La fiscalía ya concluyó sus alegatos con pedidos de condena que van desde los cinco años hasta los tres años y seis meses de prisión. Además, en algunos casos solicitó inhabilitación especial perpetua.

Durante la etapa acusatoria, los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán solicitaron cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para López Mazzeo y Villamide.

También pidieron cuatro años de cárcel e inhabilitación perpetua para Alonso, y tres años y seis meses de prisión para Correa.

Los representantes del Ministerio Público sostuvieron que los imputados ocupaban una posición de garante respecto de la seguridad de los tripulantes y plantearon que no era indispensable identificar el mecanismo final del naufragio para acreditar la responsabilidad penal.

Las defensas cuestionan que no se haya determinado con certeza la secuencia final de la navegación ni el nexo causal entre las presuntas omisiones atribuidas a los acusados y el siniestro.

El abogado de Villamide, Juan Pablo Vigliero, pidió la nulidad de la acusación y, de manera subsidiaria, la absolución, al sostener que “no son conocidas las causas del estrago”.

Por su parte, las defensas de López Mazzeo, Alonso y Correa anticiparon que objetarán la falta de explicación sobre cómo los supuestos incumplimientos habrían incrementado el riesgo y se habrían vinculado con la última navegación del submarino.

El ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017. Llegó a Ushuaia el 4 de noviembre y partió cuatro días después para participar de un ejercicio antisubmarino y luego de una patrulla de control de pesca ilegal.

El 15 de noviembre de 2017, a las 10:52, el submarino implosionó a más de 900 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Su última comunicación se había registrado esa misma mañana, a las 7:19.

El tribunal está integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Giménez, quienes cerrarán el debate tras escuchar las últimas palabras de los acusados.

Por el siniestro del 15 de noviembre de 2017, murieron 44 personas y la Justicia tiene imputados a cuatro oficiales. Aún resta determinar si se avanza sobre el expresidente Macri y un peritaje sobre imágenes tomadas del buque en el lugar de los hechos.

Miles de fojas, cajas con documentación y cuatro oficiales de la Armada señalados como los responsables del siniestro del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 y por el cual 44 tripulantes perdieron la vida al hundirse, es el estado en que se encuentra la investigación que lleva adelante el juzgado federal de Caleta Olivia a cargo de Marta Yáñez.

Mientras tanto, tampoco se definió si se avanza en el proceso penal sobre le expresidente Mauricio Macri, quien era su ministro de Defensa Oscar Aguad y el entonces jefe de Armada Marcelo Srur. Eso le pidió la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia a la jueza que lo determine y aún está pendiente.

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En lo que hace al siniestro en sí, están procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado el marino Luis Enrique López Mazzeo (Comando de Adiestramiento y Alistamiento), Claudio Villamide (Comando de la Fuerza de Submarinos), Héctor Alonso (Jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y Oficial Evaluador del Alistamiento) y Hugo Correa (Jefe del Departamento de Operaciones).

En cambio, por decisión de la Cámara de Comodoro Rivadavia se dio marcha atrás con los procesamientos de otros oficiales.

La hipótesis principal es que el hundimiento fue consecuencia de falta de mantenimiento del submarino.[Ingrese autor (opcional)]

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En lo que hace al expresidente Macri y demás ex funcionarios de su gobierno, el reclamo de los familiares es que ellos debían estar al tanto del estado de funcionamiento del buque a raíz de una falta presupuestaria y el riesgo que implicaba en que navegara como lo hizo. Incluso, en la causa tanto Aguad como Srur declararon como testigos.

Otro punto a investigar es el supuesto ocultamiento de toda esa información posterior al accidente a los familiares de las víctimas.

En el extenso fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia también se ordenó una pericia técnica informática sobre imágenes tomadas del hallazgo del submarino ARA San Juan. El estudio está pendiente y busca determinar si hubo imágenes borradas o destruidas por la Armada de ese hallazgo.

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El 7 de noviembre pasado el perito oficial le exigió al Consejo de la Magistratura que le envíe los recursos para llevar adelante el estudio y por eso está pendiente.

La jueza Yáñez resta que determine si se avanza en las responsabilidades políticas y en ese sentido sobre Macri, y cumpliendo el ordenamiento de la Cámara Federal le estuvo tomando declaración a los ex funcionarios de máxima confianza del ex presidente como Pablo Clusellas o José Torello, entre otros.

Un capítulo aparte es también definir si Macri estaba al tanto u ordenó tareas de espionaje sobre familiares de víctimas del hundido submarino. El juez federal de Dolores Martín Bava lo había procesado al expresidente pero a mitad de este año la Cámara Federal porteña dio marcha atrás con esa medida.

Según los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens el acercamiento de personal de seguridad de Macri o averiguaciones sobre sus actividades no eran otra cosa que para asegurar la seguridad presidencial.

Pero aún está pendiente también porque los familiares de víctimas apelaron y será la Cámara Federal de Casación Penal la que determine el futuro de la causa de Macri, y la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (liderada en ese entonces por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani).