Sólo el viernes último, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe recibió 65 denuncias o incidencias asociadas a amenazas en diferentes escuelas de la provincia. Así lo reveló en conferencia de prensa este lunes el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.

Junto a su par de Educación, José Goity; y a la Subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguin, los funcionarios ratificaron la posición adoptada por el gobierno frente a al problemática: las leyendas planteando situaciones amenazantes surgidas de retos a través de redes sociales "son hechos intimidatorios y constituyen delitos; no son broma, implican consecuencias".

"Desde Educación estamos en contacto permanente con todas las regionales y supervisores dando pautas respecto de cómo abordar esta problemática y las consecuencias que esto genera. Este tipo de amenazas no son una broma; implican un delito tipificado en el Código Penal de la Nación y trae consecuencias, no sólo para los estudiantes sino para la propia familia – dijo Goity-. Porque esto – advirtió- es una responsabilidad colectiva. Es un fenómeno global, nacional, pero es una responsabilidad social y colectiva. Hacemos, entonces, un llamado a las familias en el acompañamiento y seguimiento. Todos tenemos que involucrarnos. Esto parece una broma – reiteró- pero está muy lejos de serlo".

En la misma línea, Cococcioni sostuvo que el Estado toma estas amenazas "con la mayor seriedad". En ese marco, reveló que el pasado viernes se recibieron "65 incidencias de amenazas en todo el territorio y ello genera una doble intervención", planteó. "Cuando estamos en presencia de un hecho con apariencia delictiva se trabaja con el MPA y se hacen todos los procedimientos pertinentes, ya sea con eventuales detenciones o secuestro de materiales. Muchas veces se resguarda la información porque estamos en presencia de menores de edad. Pero aún así, estamos ante la presencia de hechos delictivos; acá hay delito y aun cuando sean personas no punibles, una investigación o causa penal en el marco del Código Procesal Penal Juvenil deja huellas para la persona que no son agradables. Muchas veces – ejemplificó-, lo que se plantea como broma después genera problemas a la hora de obtener un certificado de buena conducta o para viajar al exterior. Entonces – insistió-, hay consecuencias que tal vez no son advertidas al inicio (de la broma) pero son sufridas después por la familia a cargo y por los propios menores. Por eso suele aparecer después del hecho, un fuerte arrepentimiento. Esa actitud reflexiva debiera tener lugar de manera colectiva más allá de la actuación que deriva de la ley penal juvenil".

El ministro insistió en la necesidad de prevenir este tipo de situaciones porque al estado, además, le demandan una erogación importante de recursos. "Esto implica recursos en un doble sentido: primero, porque cuesta recursos económicos; y segundo, porque indirectamente se afecta a la seguridad ya que se resta patrullaje de lugares que lo necesitan".

Sobre esa base, dijo que por orden del gobernador, se ha instruido al área Legal y Técnica para que, en coordinación con Fiscalía de Estado, interponga acciones para el resarcimiento de los daños, en aquellos casos en los casos haya personas identificadas sean punibles o no.

"Para que tengamos idea, un operativo básico y elemental por despliegue policial teniendo en cuenta combustible, movilidad y horas del personal cuesta entre 5 y 6 millones de pesos – ejemplificó-. Y no podemos permitir que esto lo paguen todos los santafesinos; vamos a perseguir el cobro a quienes sean responsables en cada uno de esos casos", sentenció.

A propósito de lo sucedido en la ciudad de San Cristóbal y consultado sobre la posibilidad de que se realicen "ciberpatrullajes" en Santa Fe, Cococcioni sostuvo que "en principio, acá no se da ese debate porque ya hay actividades de inteligencia reguladas en tres leyes distintas. Estos dispositivos se tienen que ir adaptando a los nuevos desafíos de la realidad. Seguramente habrá que refinar algunas herramientas para llegar a estos desafíos que hace algunos meses no estaban en la agenda de un plan de gobierno", concluyó.

La vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, confirmó que al menos una decena de escuelas tanto de la ciudad de Santa Fe como de Rosario recibieron amenazas sobre supuestos tiroteos este viernes. Frente a ello, aclaró quese activaron los protocolos pertinentes al tiempo que advirtió que se trata de una conducta delictiva y no de una humorada.

“Venimos trabajando con un protocolo y estamos garantizando una respuesta rápida desde el 911 con un tiempo de entre cinco y seis minutos para la llegada de los móviles a las escuelas. Peroesto es un delito -alertó-. Esto no es una broma; tiene consecuencias”. Sobre esa base, reveló que las investigaciones que llevó adelante la PDI en la ciudad de Rosario, esencialmente, tuvieron su fruto y permitieron detener a un menor de 16 años, además del secuestro de material útil para el caso", contó.

Coudannes insistió en plantear la necesidad de "promover conversaciones en el seno familiar" sobre la problemática, al tiempo que garantizó un "estado presente y articulando acciones desde las áreas de Seguridad y Educación". "Desde ese punto de vista, queremos llevar tranquilidad a todos los vecinos", sostuvo.

La funcionaria confirmó que fueron "más de diez las provincias" en las que se generaron amenazas a través de pintadas en distintos establecimientos públicos y privados. "Ayer – contó-, en la reunión del Consejo Federal de Educación, los ministros de todo el país manifestaron una preocupación generalizada por la situación. El tema está en agenda", aseveró.

En otro orden, Coudannes – ofreció una conferencia de prensa este viernes en la ciudad de Rosario- se refirió a la subasta de bienes secuestrados al delito, realizada este jueves en el sur provincial y que arrojó una recaudación de "más de 1.500 millones de pesos". "Somos la única provincia en el país que subasta bienes decomisados al delito. Le cortamos las alas al delito", dijo irónicamente a propósito de la subasta por primera vez de una avioneta. "Esto no es un hecho aislado", afirmó.

Por último, cuestionó al gobierno nacional por la falta de envío de fondos para sostener el sistema de transporte público de pasajeros.

"La Nación nos envía cero peso de lo que se recauda en materia de impuesto al combustible", sostuvo. Y contrapuso la decisión del gobierno provincial de aportar recursos para solventar, por ejemplo, el Boleto Estudiantil Gratuito. "La provincia aportó en los últimos meses más de 190 mil millones de pesos. Lo invertimos en Boleto Educativo Gratuito y rural. El Educativo tuvo 277 mil usuarios en marzo y el rural, más de 39 mil entre alumnos, docentes y no docentes. El gobierno llega así a muchos santafesinos. Acá hay un estado que no tiene una motosierra en la mano, sino inversión y acompañamiento a estudiantes, inversores y productores", concluyó.

Un episodio que generó preocupación en la comunidad educativa se registró en la localidad de Bella Italia, donde un niño de 10 años llevó un arma de juguete a la escuela y obligó a activar el protocolo preventivo.

El hecho ocurrió el martes alrededor de las 13:20 en la Escuela Primaria N° 1382 “Armando Williner”, tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un alumno con un objeto que aparentaba ser un arma.

Ante la situación, la directora del establecimiento actuó de forma inmediata. El menor fue localizado y trasladado a la dirección, donde se constató que el objeto en cuestión era una pistola de plástico que se encontraba dentro de su mochila.

Se dio aviso a la Policía y posteriormente al padre del niño, quien aseguró que no sabía que su hijo había llevado el juguete al establecimiento.

Desde la institución explicaron que el hecho estaría vinculado a una actividad prevista para el 1° de mayo, en la que los alumnos representarán distintas profesiones, entre ellas la de policía.

No obstante, las autoridades escolares habían indicado previamente que no debían llevar elementos que simularan armas, por lo que se procedió al secuestro preventivo del objeto.

La fiscal adjunta de Responsabilidad Penal Juvenil en Rafaela, Carina Gerbaldo, determinó que no existió delito, aunque dispuso la apertura de un legajo y la intervención de organismos vinculados a la niñez, en línea con los protocolos vigentes.

El episodio se da en un clima de especial sensibilidad en las escuelas de la región, donde en los últimos días se registraron situaciones similares con amenazas, bromas y la presencia de objetos peligrosos o réplicas.

Este escenario se intensificó tras el reciente hecho ocurrido en San Cristóbal, donde un adolescente asesinó a otro dentro de un establecimiento educativo, lo que elevó los niveles de alerta en toda la comunidad.

Si bien en este caso no hubo personas heridas ni situaciones de violencia, la rápida intervención permitió encauzar el hecho dentro de los canales institucionales, reforzando la importancia de actuar con prevención ante cualquier señal de riesgo.

Un menor que cursa el séptimo grado de una escuela de la localidad santacruceña de Pico Truncado ingresó al establecimiento educativo con un arma de aire comprimido, la cual habría utilizado para amedrentar a sus compañeros.

El episodio ocurrió el pasado jueves, pero trascendió en las últimas horas y el mismo se registró durante una clase de Educación Física en la Escuela Primaria Nº 40 de la citada localidad

Esta situación generó temor entre las familias teniendo en cuenta lo que sucedió recientemente en Santa Fe generando preocupación por la violencia en los ámbitos escolares y, de acuerdo a los testimonios de padres, el menor, quien tendría entre 11 y 12 años, exhibió una pistola de CO2.

Según se indicó, uno de los adultos indicó que su esposa presenció la situación, aseguró que el estudiante llegó a apuntarle a otros niños dentro del predio escolar y dijo: “Es una pistola de aire potente que puede lastimar muy feo; un balín de esos puede incluso hacer perder la vista. No se puede decir que es una simple travesura”.

Tras conocerse lo ocurrido, los familiares les exigieron a las autoridades que se tomen medidas concretas y algunos padres solicitaron la expulsión del alumno involucrado, mientras que otros pidieron explicaciones claras sobre los protocolos de seguridad vigentes y las acciones preventivas dentro de la institución educativa.

Por otro lado, los expertos advierten que, aunque no se trate de un arma de fuego convencional, la pistola de CO2 dispara proyectiles a velocidades considerables y un impacto de la misma en zonas sensibles como los ojos o el rostro, puede causar lesiones permanentes o desprendimientos de retina, lo que agrava la situación que sucedió en la citada escuela.

Este episodio cobró más relevancia luego de la tragedia ocurrida en una escuela de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, donde un alumno de 15 años ingresó armado y asesinó a un compañero de 13, además de herir a otros estudiantes.

Los medios locales señalaron que, hasta el momento, no había circulado una comunicación oficial por parte de la dirección de la Escuela 40 o del Consejo Provincial de Educación para conocer qué medidas se tomaron o tomarían con respecto al alumno.

Un operativo de las Tropas de Operaciones Especiales de la Policía de Santa Fe en una zona rural cercana al límite con Córdoba permitió incautar una ametralladora FMK3, pistolas calibre .45, armas largas, revólveres, miras telescópicas y municiones. La investigación fue iniciada por la Fiscalía Regional 5 y llevada adelante por la Policía de Investigaciones.

Un operativo conjunto de la Policía de Investigaciones (PDI) y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de Santa Fe permitió el secuestro de un importante arsenal en una zona rural de la ciudad de Frontera, en el oeste santafesino.

La intervención se realizó en el marco de una causa impulsada por la fiscal Fabiana Bertone, con intervención del juez Javier Bottero. Durante el procedimiento, los efectivos hallaron una ametralladora FMK3 semiautomática, dos pistolas calibre .45, dos escopetas, una carabina, tres revólveres, un rifle de aire comprimido, un dron, un chaleco balístico, dos miras telescópicas y municiones de distintos calibres.Como resultado del operativo, fueron detenidas tres personas -una mujer y dos hombres-, uno de los cuales tenía pedido de captura vigente en la provincia de Córdoba por una causa de homicidio.El principal sospechoso tenía una pistola sobre la mesa de luz y la ametralladora debajo de la almohada, presuntamente lista para su uso.

La investigación apunta ahora a establecer si las personas detenidas, y su arsenal, formaban parte de un grupo que disputaría territorio con el clan que encabezaba Héctor “El Patrón” Gallardo, detenido el año pasado en el sur del país, tras un trabajo de inteligencia de los equipos de la Policía de Investigaciones de Santa Fe y del Ministerio Público de la Acusación. Gallardo controló durante años el negocio del narcotráfico en la región y fue uno de los delincuentes más buscados en la provincia, hasta su caída.

Un hecho inusual se registró este miércoles en el Congreso de la Nación, cuando un paquete que contenía un rifle de aire comprimido activó un operativo de seguridad.

El destinatario era el diputado del PRO, Javier Sánchez Wrba, quien había realizado la compra a través de una plataforma online con fines recreativos.

Según explicó el propio legislador, el incidente se originó por un error al cargar la dirección de envío. En lugar de consignar su domicilio particular, el pedido fue enviado al Anexo de la Cámara de Diputados.

Al momento de ser escaneado por el sistema de seguridad del edificio, el contenido del paquete generó sospechas, lo que derivó en la activación de un protocolo preventivo ante la posibilidad de que se tratara de un arma real.

Tras lo ocurrido, Sánchez Wrba envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la que explicó la situación.

“Compré por Mercado Libre un aire comprimido de venta libre y de uso recreativo, el cual por error me fue enviado a mi despacho y no a mi domicilio”, señaló el diputado en el escrito.

Además, adjuntó la factura correspondiente para dejar constancia de que se trataba de un producto legal.

El episodio no pasó a mayores, aunque generó momentos de tensión dentro del edificio legislativo.

Desde el entorno parlamentario remarcaron que se trató de un hecho aislado, derivado de un error administrativo, que activó los mecanismos de seguridad previstos para este tipo de situaciones.

En la mañana de este martes, personal de la Unidad Operativa Regional 1 (Base Reconquista) de la Guardia Provincial realizó un operativo de control vehicular sobre la Ruta Provincial N° 3, a la altura del kilómetro 406, en jurisdicción de Los Amores.

Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil e identificaron a su conductor, un hombre de 54 años oriundo de Vera.

En el marco de la inspección, los agentes realizaron una requisa del vehículo, donde encontraron una escopeta calibre 16 sin documentación legal, junto a tres cartuchos intactos del mismo calibre.

Ante la irregularidad, el hombre fue aprehendido en el lugar por la tenencia del arma sin la correspondiente habilitación.

Tras el procedimiento, las actuaciones fueron derivadas a la Subcomisaría 1ª de la Unidad Regional XIX, que continuará con las diligencias judiciales correspondientes.

El caso quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar la situación legal del involucrado.

Tres allanamientos realizados en Rosario, Ibarlucea y Roldán permitieron la detención de tres personas y el secuestro de un importante arsenal que se encontraba oculto bajo tierra en barriles, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares. Los operativos fueron llevados adelante por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) junto con las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), en el marco de una investigación del Ministerio Público de la Acusación.

Los detalles del procedimiento fueron brindados este miércoles durante una conferencia de prensa realizada en la base de las TOE. Participaron la subsecretaria de Inteligencia Criminal del Gobierno de Santa Fe, Virginia Villar; el fiscal regional, Matías Merlo; el fiscal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, Patricio Saldutti; y el jefe de la Ciope, Maximiliano Bertolotti.

Bertolotti explicó que el primer allanamiento se realizó el lunes alrededor de las 17 en el barrio 7 de Septiembre, en la ciudad de Rosario. Allí se requisó un departamento donde se secuestraron numerosos teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo.

“Se incautaron más de 10 millones de pesos argentinos y 550 dólares”, precisó el jefe de la Ciope, quien agregó que los tres procedimientos están vinculados entre sí y forman parte de una investigación que se venía desarrollando desde hace varios meses.

Los otros dos allanamientos se realizaron el martes por la mañana en las localidades de Ibarlucea y Roldán, donde se logró el hallazgo de armamento de gran calibre oculto bajo tierra.Según explicó Bertolotti, los investigadores tenían indicios de que uno de los lugares allanados en Roldán podría ser utilizado por organizaciones criminales como depósito o lugar de resguardo de armas. “Venimos realizando tareas de inteligencia desde hace varios meses, y eso permitió dar con este secuestro”, indicó.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron barriles enterrados que contenían distintas armas de fuego. El funcionario señaló que esta modalidad ya fue detectada en otros operativos vinculados a organizaciones criminales.“Hemos encontrado en distintos allanamientos tachos enterrados. Evidentemente, las organizaciones criminales están utilizando esta metodología para ocultar armas, droga o dinero”, explicó.

Armas de alto poder de fuego

Entre el armamento secuestrado se encontraron pistolas calibre 9 milímetros y calibre .40, además de armas de marcas como Glock, CZ y Tanfoglio, consideradas de última generación. También fueron incautados dos fusiles calibre 5.56 y .223, de fabricación china y norteamericana, escopetas y otras armas largas. Bertolotti remarcó que se trata de armamento de alto poder de fuego y poco habitual en este tipo de procedimientos. Por su parte, la subsecretaria de Inteligencia Criminal, Virginia Villar, sostuvo que el resultado de los operativos es producto de un trabajo sostenido en materia de análisis e inteligencia criminal.

“Esta investigación es el resultado de un trabajo de inteligencia que forma parte de la priorización de la política de seguridad del Gobierno de la Provincia”, afirmó.La funcionaria explicó que la Ciope, junto con analistas de inteligencia y la Dirección de Información Patrimonial, integra el sistema provincial de inteligencia criminal que trabaja en la detección de situaciones que puedan representar riesgos para la seguridad pública.

El fiscal regional Matías Merlo también destacó el trabajo coordinado entre las distintas áreas del Estado. Según explicó, la investigación fue posible gracias a la articulación entre el Ministerio Público de la Acusación, la Secretaría de Inteligencia del Ministerio de Seguridad y las fuerzas especializadas de la policía provincial.“Se pudo obtener información sobre la existencia de material balístico en distintos puntos del Gran Rosario y avanzar en los procedimientos que permitieron hallarlo”, indicó.

Merlo agregó que el armamento secuestrado estaría vinculado a diferentes organizaciones criminales que actualmente son investigadas por la Justicia provincial. “Es importante porque logramos sacar de circulación material con un altísimo poder ofensivo”, subrayó.

Finalmente, el fiscal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, Patricio Saldutti, confirmó que hay tres personas detenidas y que se secuestraron teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.El funcionario explicó que una de las líneas de investigación apunta ahora a determinar el origen del armamento. “Todas las armas tienen número de serie. Vamos a avanzar en la investigación para establecer su procedencia y también analizar los lugares donde fueron halladas”, concluyó.

Un insólito y preocupante episodio ocurrió en barrio Ciudadela, en la ciudad de Santa Fe, donde un gallo que desde hace meses se había convertido en parte del paisaje cotidiano fue atacado a tiros por un vecino. El hecho derivó en una denuncia, la intervención policial y el secuestro de un arma de aire comprimido.

El animal se había instalado en un árbol ubicado en la intersección de San Lorenzo y Quintana y era cuidado de manera informal por varios frentistas. Según relataron los vecinos, el gallo —al que llaman “Cocó”— dormía allí y por las mañanas bajaba a alimentarse con agua y maíz que le acercaban quienes viven en la cuadra.

El conflicto se desató el sábado por la tarde, alrededor de las 15.30, cuando un hombre, molesto por el canto del ave, decidió dispararle con un rifle de aire comprimido. El episodio quedó registrado en un video que comenzó a circular entre los vecinos y generó una rápida reacción.

Marisa, una de las principales cuidadoras del gallo, relató que fue alertada por teléfono y salió de inmediato a la calle. Allí increpó al agresor, quien le manifestó que el canto del animal lo tenía “cansado” y que no lo quería más en el barrio.

Los vecinos señalaron que lo más alarmante fue la premeditación del hecho, ya que el arma habría sido adquirida recientemente. Si bien se trata de un rifle de aire comprimido, advirtieron que puede causar lesiones graves tanto a animales como a personas.

Tras lo ocurrido, se radicó la denuncia correspondiente. Personal policial se hizo presente en el lugar y procedió al secuestro del arma de aire comprimido, junto con balines y su caja original. De acuerdo a lo indicado por los frentistas, el hombre también habría mencionado poseer una escopeta, dato que incrementó la preocupación en la cuadra.

El gallo, visiblemente asustado tras el ataque, buscó refugio en una vivienda cercana. “Voló y cayó en el portón de mi casa, como buscando protección”, relató Marisa.

El episodio reavivó el debate sobre la convivencia entre vecinos y animales en entornos urbanos. Ante el temor de que se repita una situación similar, los vecinos evalúan una solución definitiva: adoptar formalmente al gallo y alojarlo dentro de una vivienda, en un espacio cerrado.

“Nos dijeron que si está dentro de una casa no habría problemas. Nosotros lo queremos y queremos cuidarlo”, señalaron. Por el momento, el gallo continúa en la zona, bajo la atenta mirada de quienes buscan evitar que la violencia vuelva a tenerlo como blanco.

Una investigación silenciosa, tejida durante meses en los pasillos del Ministerio Público de la Acusación, derivó en una ráfaga de allanamientos simultáneos que sacudieron a Santa Fe, Esperanza y Recreo. En total, doce personas terminaron esposadas y a disposición de la Justicia en el marco de un expediente que apunta a desarmar un circuito clandestino de armas de fuego.

Desde temprano, agentes de la Policía Federal Argentina irrumpieron en distintos domicilios señalados por la fiscal Juliana González, integrante del Equipo de Abordaje Estratégico sobre Armas de Fuego. Lo que buscaban no era poca cosa: 150 armas que, según los registros oficiales, debían estar almacenadas en 11 sitios precisos… pero que no aparecían en ninguno.

La maniobra encendió todas las alertas. Para la fiscalía, ese vacío físico —sumado a otros indicios— deja entrever algo más grave: que esas armas podrían haber sido volcadas al mercado ilegal.

Según fuentes de la investigación, los procedimientos se organizaron en estricta reserva para impedir que la información se filtrara con antelación, algo fundamental en causas vinculadas al desvío de armas.

Por eso, los allanamientos se ejecutaron de manera simultánea y en diversos puntos del departamento La Capital, una estrategia que permitió sorprender a los sospechosos y evitar la fuga de material probatorio.

La investigación nació del cruce de información entre el MPA, el Renar y la Subsecretaría de Intervención Federal, en el marco de un convenio firmado por la Fiscal General María Cecilia Vranicich.

El trabajo detectó un patrón inquietante: solicitudes de tenencia de armas realizadas entre 2016 y 2025 por personas cuyo perfil económico no coincide, ni de lejos, con la compra de pistolas de alto poder ofensivo.

“Hay gente que adquirió la misma pistola varias veces, en muy poco tiempo, y sin fondos que lo justifiquen”, explicó González, aludiendo a calibres 9, 40 y 380 milímetros, los preferidos en hechos de violencia grave.

El rompecabezas se volvió más oscuro cuando la fiscalía pudo comprobar que algunas armas que debían estar bajo legítima posesión terminaron siendo secuestradas en hechos delictivos, en manos de personas que no figuraban ni como dueños ni como usuarios autorizados. Un golpe directo a la línea de investigación que sostiene que parte de ese arsenal terminó en circuitos clandestinos.

Los doce detenidos quedaron a disposición del MPA y serán imputados en las próximas horas. Mientras tanto, los investigadores siguen rastreando documentación, números de serie, movimientos financieros y vínculos entre los compradores.

Lo que está claro, según fuentes del caso, es que el faltante de esas 150 armas no es un error administrativo: es una señal de que un mercado paralelo lleva años alimentándose desde la legalidad para terminar abasteciendo la ilegalidad.

El Litoral

Un procedimiento policial realizado en la noche del domingo 6 de octubre de 2025, en el barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Santa Fe, culminó con la detención de dos hombres y el secuestro de armas de fuego tras la recepción de un alerta por detonaciones en la vía pública.

Cerca de las 22 horas, la Central de Emergencias 911 recibió llamados de vecinos que alertaron sobre un automóvil blanco que circulaba efectuando disparos. El móvil 9463 de la Comisaría 25ª se dirigió al lugar y, al llegar, una vecina indicó dónde estaba estacionado el vehículo.

Los efectivos localizaron un hombre junto a una Chevrolet Captiva blanca. Durante un chequeo palpario, le encontraron un arma de fuego calibre .22.

Al profundizar la requisa del rodado, la policía secuestró dos pistolas calibre .22, 18 municiones, cuatro cargadores y un carné de legítimo usuario. Los dos ocupantes del vehículo, identificados como S. F. (41) y N. I. (23), fueron trasladados y aprehendidos por disposición de la fiscal de turno.

La fiscal Dra. María Laura Martí, en comunicación con el Dr. Rostagno, ordenó dermotests, la toma de fotos de frente y perfil y el envío de las armas al área pericial. También se secuestró el carné de legítimo usuario y se remitirá el legajo al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en 1° de Mayo 2820.

La causa fue caratulada como “Portación atenuada de arma de fuego de uso civil condicional y Tenencia indebida de arma de fuego de uso civil condicional”. Las diligencias continúan a cargo de la Comisaría 25ª, bajo la supervisión de la Sexta Zona de Inspección de la Unidad Regional I.

En la madrugada y mañana de este lunes 29 de septiembre, se realizaron 110 allanamientos simultáneos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y en tres unidades penitenciarias —Piñero (Santa Fe), Ezeiza y Marcos Paz (Buenos Aires)— en el marco de una investigación contra tres organizaciones narco-criminales que operaban en el sur santafesino.

El despliegue fue encabezado por el Foco Investigativo del Ministerio Público de la Acusación, impulsado por el fiscal regional Matías Merlo, y llevado adelante por los fiscales Pablo Socca, de la unidad fiscal de violencia altamente lesiva, y Brenda Debiasi, del equipo de microtráfico de la fiscalía general.

Entre los 33 detenidos, figuran nombres de alto perfil vinculados al crimen organizado y a las barras bravas del fútbol local. Fueron arrestados Daniel "Zapa" V., identificado como jefe de una facción de la barra brava de Newell’s Old Boys, y José "Yiyo" M., líder de la barra de Coronel Aguirre.

Además, se desarticularon células vinculadas a tres reconocidos cabecillas del hampa regional: Nicolás "Pupito" Avalle, Carlos "Toro" Escobar y Gerónimo "Jeringa" Bogado, todos ellos ya detenidos y operando desde el interior de las cárceles. Parte del operativo incluyó el registro de sus celdas, donde también se secuestraron elementos clave para la causa.

Durante los procedimientos, coordinados por la Policía de Investigaciones (PDI), la División Judiciales de la URII y la Policía Federal Argentina, se incautaron estupefacientes listos para la venta, armas de fuego, dinero en efectivo y documentación relevante. Voceros de la investigación indicaron que todavía más de una docena de personas permanecen prófugas.

Estos procedimientos son resultado de más de tres meses de trabajo investigativo y buscan desarticular completamente a tres estructuras que habrían sostenido redes de distribución de droga, extorsión y violencia en distintos barrios del Gran Rosario.

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 397/2025 publicado en el Boletín Oficial, flexibilizó la regulación de armas semiautomáticas y de este modo habrá un régimen especial para que los usuarios las utilicen en actividades deportivas.

El documento firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, abarca a las armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR.

La nueva normativa de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) genera un cambio en el Decreto establecido hace 30 años en el que se prohibía a los usuarios civiles la adquisición y tenencia de estas armas, salvo excepciones autorizadas.

Ahora, con esta modificación, el organismo “podrá autorizar a legítimos usuarios de armas de Uso Civil Condicional la adquisición y tenencia de armas”.

“A tal efecto, los referidos legítimos usuarios deberán acreditar probados usos deportivos y las demás condiciones objetivas que al efecto establezca la ANMAC”, explica el documento.

El Decreto entró en vigencia desde este miércoles, día de su publicación, en el que se destaca que “resulta necesario reevaluar los mecanismos dispuestos para controlar las armas semiautomáticas”.

“Los referidos mecanismos de control deben reflejar un particular equilibrio entre la posibilidad de la adquisición o transferencia de tales armas de fuego, con los recaudos derivados de la seguridad pública o común”, suma el escrito.

La ANMAC será el organismo descentralizado que tendrá a su cargo la aplicación del régimen de control especial.

NA

Un nuevo episodio vinculado al ingreso de armas en establecimientos escolares volvió a sacudir este viernes por la mañana a la comunidad educativa de Santa Fe. Esta vez, el hecho tuvo lugar en la Escuela Técnica Nicolás Avellaneda, ubicada en calle Calcena 955, donde dos alumnos de 16 años fueron descubiertos portando armas dentro del edificio escolar.

Según fuentes policiales, los jóvenes habrían concurrido con dos armas de aire comprimido, las cuales estarían desprovistas de balines, aunque eso no redujo el nivel de preocupación que generó la situación.

El hallazgo fue realizado por personal del propio colegio, que trasladó a los adolescentes a la dirección y dio inmediato aviso al 911.

Cerca del mediodía, efectivos de la Policía de Santa Fe llegaron al lugar para verificar el caso. Al mismo tiempo, las autoridades escolares convocaron a los padres de los menores, quienes fueron citados para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Este episodio se suma a otro hecho similar registrado días atrás en la escuela Ceferino Namuncurá, de barrio Yapeyú, donde un chico de 14 años exhibió un arma frente a un compañero dentro del aula.

Aquella situación derivó en un allanamiento en el domicilio del menor, en barrio La Tablada, donde se incautaron una pistola 9 mm y una escopeta de fabricación casera (tumbera), situación que terminó con la madre del joven dando explicaciones ante un fiscal del Ministerio Público de la Acusación.

La reiteración de casos en tan corto plazo ha encendido las alarmas en los distintos ámbitos de seguridad y educación, que ya analizan medidas preventivas más severas para evitar nuevos episodios que puedan derivar en tragedias.

Se trata de la primera investigación estratégica sobre mercado ilegal de armas en la provincia.

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El Ministerio Público de la Acusación (MPA) mediante el Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego a cargo del Fiscal Gastón Ávila realizó 29 allanamientos en diversos puntos de la ciudad de Rosario y dispuso la detención de 7 personas.

Los procedimientos están vinculados con la primera investigación estratégica sobre mercado ilegal de armas de fuego dentro del Plan de Persecución Penal por objetivos priorizados de la Fiscalía General y en el marco del convenio de colaboración firmado por la Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en abril de 2024.

La investigación se inició a partir de un informe de la Subsecretaría de Intervención Federal, que identificó a un grupo de usuarios con múltiples solicitudes de tenencia de armas entre 2020 y 2024. La misma se desarrolló desde el Equipo de Trabajo para el abordaje estratégico de Armas de Fuego del MPA, el ANMAC y la Policía Federal. Se identificaron personas cuyos perfiles económicos no se condicen con las adquisiciones realizadas.

Con estos procedimientos, el MPA se encuentra en camino de acreditar mecanismos de desvío de armas de fuego obtenidas legalmente hacia el mercado ilegal en razón de no ser halladas en poder de sus propietarios formales. En los próximos días se llevarán a cabo las correspondientes audiencias imputativas.

Perseguidos por la GUR, tiraron una bolsa con una garrafa y escaparon

El convenio entre el MPA, el Ministerio de Seguridad de la Nación, el ANMAC y SAIB tiene como objetivo reducir la circulación ilegal de armas de fuego y prevenir la violencia armada. Uno de los lineamientos de persecución penal priorizados por el Ministerio Público de la Acusación es el abordaje de los mercados ilegales de armas de fuego relacionado directamente con las violencias altamente lesivas como ser homicidios, heridos de armas de fuego, balaceras, etc.

Todo ocurrió en el marco del operativo que se encuentra dispuesto sobre RP70.

El lunes por la noche, en los últimos minutos del día, detuvieron la marcha de una pickup Ford Ranger en el operativo realizado por agentes de Policía de Seguridad Vial en RP 70. Fue detectado en la localidad de Bella Italia, con dirección a la ciudad de Rafaela.

En ese momento, se solicitó la documentación al conductor y se le consultó si transportaba un arma de fuego. El conductor informó que sí, exhibiendo dos armas dos armas de fuego calibre 9mm, dos pistolas Bersa. Ambas estaban con cargador vacío, los cuales se encontraban dentro de una mochila.

Los efectivos controlaron la documentación constatando que la credencial de legítimo usuario se encontraba vencida en fecha 01/05/2022. Enseguida, se procedió a entablar comunicación con el fiscal en turno quien ordena se proceda al secuestro preventivo de las armas. Se trasladó dicho procedimiento a la Comisaría Sub 27 U.R.V. de Bella Italia.

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La Agencia de Investigación Criminal (A.I.C) realizó un allanamiento en calle Paraguay al 5800 "B", zona sur de la ciudad de Rosario, donde residiría el principal investigado por una causa de amenazas y violencia de género.

El allanamiento era requerido dado la peligrosidad de las armas que podría poseer el investigado.

Ya que este hombre podría tener explosivos en su poder, los agentes de AIC fueron acompañados por el Grupo G.I.R.I de Irrupción de Infantería y por personal de la Brigada de Explosivos. En el lugar se hallaba una mujer y un joven que serían familiares, pero no estaba el requerido.

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Armas halladas

Los agentes hallaron un arma de fuego calibre 9 mm, 3 cajas de municiones con la totalidad de 137 cartuchos, 2 rifles de aire comprimido.

En el arco estructural del techo de la vivienda en un hueco revestido con pared falsa se halló escondido un arma de fuego calibre 9 mm con cargador municionado con 9 cartuchos intactos y un revolver calibre 38 con numeración suprimida con alveolos vacíos. A su vez fueron incautados dos CPU para las pericias informáticas.

Interviene la Fiscalía del Dr. Marcelo Maximino.

El procedimiento se concretó en Ruta Provincial N°2, y terminó con elementos secuestrados.

Un importante procedimiento policial se concretó el lunes. El mismo estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Vial, Unidad Operativa Regional 6 (San Cristóbal), en Ruta Provincial N°2 jurisdicción Huanqueros.

A las 15:40 aproximadamente, detuvieron la marcha de una Pick Up Chevrolet S10 blanca. En ese momento, procedieron a identificar a su conductor, un hombre de 44 alos de edad de zona rural de San Bernardi.

Al realizarle una requisa al vehículo, esta arrojó resultado positivo. Encontraron en el interior una escopeta calibre 12 Pietro Beretta y una pistola Glock calibre 9 mm, ambas en buen estado.

El conductor indicó que no posee credencial sobre las armas, por lo que se formó una causa de Tenencia Indebida de Arma de Fuego. El fiscal en turno ordenó el secuestro de las armas y el traslado del individuo a dependencia policial.

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