Personal de la Guardia Rural “Los Pumas” llevó adelante dos intervenciones en distintos puntos de la provincia, una vinculada a un hecho de abigeato y otra por tenencia indebida de armas de fuego.

El primero de los procedimientos fue realizado por efectivos de la Sección N° 01 de Constituyentes, en colaboración con la Seccional 8ª de la Unidad Regional I. Al arribar al lugar, tomaron conocimiento de que personal de Infantería había aprehendido a dos hombres que se trasladaban en un vehículo con cortes cárnicos vacunos de dudosa procedencia.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se procedió al secuestro de la carne para su correspondiente peritaje. Posteriormente, se determinó que los restos pertenecían a un productor de la zona de bañados de Arroyo Leyes, quien acreditó la propiedad mediante el boleto de marca.

En otro operativo, efectivos de la Sección N° 18 de San Jorge actuaron sobre la Ruta Provincial N° 13, a la altura de Los Cardos, donde identificaron a un hombre que circulaba en una camioneta.

Durante la inspección del vehículo, los agentes hallaron una escopeta calibre 14 sin marca visible, junto con cartuchos, y una pistola calibre 22 marca Bersa Thunder con cargador y municiones.

Ante esta situación, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación, que ordenó el secuestro preventivo de las armas y la notificación del involucrado por infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino.

El Ministerio Público Fiscal de la Nación requirió la elevación a juicio de la causa seguida contra Franco Augusto Poccia, un productor rural santafesino acusado de someter a trabajadores a condiciones de servidumbre en un campo de frutillas de Arroyo Leyes, y pidió una pena de 8 años de prisión.

La presentación —difundida el lunes 30 de marzo en el sitio oficial Fiscales.gob— fue formulada por los fiscales de la Unidad Santa Fe, Walter Rodríguez y Milagros Traverso, junto al titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo.

Los representantes del MPF dieron por concluida la investigación y sostuvieron la acusación por el delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, agravado.

Según la requisitoria, el imputado implementó un sistema de captación, traslado y acogimiento de personas, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad estructural para someterlas a condiciones de vida y trabajo inhumanas.

De acuerdo con la acusación, las víctimas —al menos 20 personas— fueron captadas en la provincia del Chaco, principalmente en las localidades de San Bernardo y La Clotilde, y trasladadas a un campo de cultivo de frutillas ubicado a la altura del kilómetro 17,5 de la Ruta Provincial N° 1, en jurisdicción de Arroyo Leyes.

El esquema incluía el financiamiento de los pasajes, que luego eran descontados de los salarios, generando un sistema de endeudamiento que condicionaba la permanencia de los trabajadores.

La fiscalía describió un cuadro de extrema precariedad: alojamiento en galpones o construcciones improvisadas, sin acceso adecuado a agua potable ni sanitarios, jornadas laborales que comenzaban alrededor de las 3 de la madrugada y se extendían por más de doce horas, de lunes a lunes, y remuneraciones por debajo de los mínimos legales.

Uno de los testimonios incorporados a la causa refleja esa dinámica: “De lunes a lunes trabajamos. Entramos a laburar a las 3 de la mañana... dormís una hora, dos nomás, y no das más”.

Para los fiscales, este conjunto de condiciones configura una situación de reducción a la servidumbre, en la que se verifica una “cosificación de la persona” y una supresión fáctica de su libertad y dignidad.

Además de la pena de prisión, el MPF solicitó medidas de reparación para las víctimas, el decomiso de bienes —entre ellos dinero en efectivo, armas y una camioneta— y la imposición de costas al acusado.

Tal como informara oportunamente El Litoral, la investigación se inició el 17 de septiembre de 2025 a partir de la denuncia de tres trabajadores que lograron escapar del predio y se presentaron en una comisaría.

A partir de esa presentación, el 1° de octubre se realizó un allanamiento en el campo, donde fueron identificadas 42 personas, que se sumaron a los denunciantes iniciales. En ese procedimiento intervino la Policía de Investigaciones (PDI), junto a organismos nacionales y provinciales vinculados a la trata y al trabajo rural.

Días después fue detenido Poccia, de 25 años, quien quedó imputado por trata de personas con fines de sometimiento a la servidumbre agravado.

En la audiencia de medidas cautelares, el juez federal de garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz dictó la prisión preventiva, al considerar acreditados los elementos iniciales de la acusación y los riesgos procesales.

El derrotero del caso incluyó luego una revisión de esa medida. A fines de octubre, la Cámara Federal de Rosario —con integración de Aníbal Pineda, Silvina María Andalaf Casiello y Fernando Lorenzo Barbará— dispuso morigerar la prisión preventiva y concederle la domiciliaria por un plazo de 45 días.

En esa resolución, el tribunal ponderó la gravedad de los hechos investigados, pero señaló que la causa se encontraba en una etapa inicial y que correspondía otorgar un plazo a la fiscalía para profundizar la producción de pruebas.

Durante todo el proceso, la defensa, a cargo del abogado Claudio Torres del Sel, sostuvo que no existió trata de personas sino, en todo caso, irregularidades laborales, y afirmó que los trabajadores ingresaban y salían libremente del predio. “Entran y salen cuando quieren, nadie está retenido en contra de su voluntad”, dijo el profesional en una entrevista realizada el año pasado.

Con la presentación del requerimiento de elevación, el caso ingresa ahora en una nueva etapa, en la que se definirá si la investigación reúne los elementos suficientes para ser debatida en juicio ante el Tribunal Oral Federal (TOF) local.

Para la fiscalía, la evidencia recolectada permite sostener la existencia de un sistema organizado orientado a “maximizar el rendimiento económico mediante el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas”.

La decisión quedará en manos del juez interviniente, que deberá resolver si hace lugar al planteo acusatorio y habilita la instancia de juicio, donde se pondrá a prueba la hipótesis de una de las formas más graves de explotación laboral investigadas en la región.

El Litoral

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, rescató este miércoles a 42 personas mayores de edad y a dos menores que se encontraban en situación de explotación laboral en la localidad de Arroyo Leyes.

En el marco del operativo, se detuvo a un hombre de 25 años, identificado como P. F. A., y se trasladó a otro de 64 años, R. A., ambos implicados en la causa por trata de personas con fines de reducción a la servidumbre y explotación laboral.

El procedimiento se realizó por disposición del fiscal Walter Rodríguez en inmuebles ubicados sobre la ruta provincial N.º 1, a la altura de la calle 110. Contó con la colaboración de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, Criminalística, UATRE, RENATRE y la Coordinación de Rescate Nacional.

Durante los allanamientos, la PDI secuestró armas de fuego, municiones, documentación contable, dinero en efectivo, teléfonos celulares, equipos informáticos y una camioneta, entre otros elementos de interés para la causa.

Según se indicó, el operativo se enmarca en una investigación por trata de personas agravada por la existencia de tres o más víctimas, la presencia de menores de edad y la tenencia de armas. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras que las personas rescatadas fueron asistidas y derivadas a organismos competentes para su resguardo.

La tranquilidad de Villa Juana, en jurisdicción de Arroyo Leyes, se quebró cerca de las 19.30 de este martes, cuando un pedido urgente al 911 movilizó a policías, médicos y peritos a una finca ubicada sobre calle Los Junqueros. Allí, la escena era desgarradora: Roberto Ojeda, de 37 años, yacía sobre el techo de su casa, donde momentos antes intentaba avanzar con la colocación de chapas en una galería.

Según el relato de los testigos, en medio de la tarea, una de las planchas metálicas tomó contacto accidental con un cable de tendido eléctrico. El violento chispazo atravesó el cuerpo de Ojeda, provocando que cayera desplomado de inmediato sobre la estructura.

Una vecina, enfermera de profesión, fue la primera en subir a auxiliarlo y le practicó maniobras de RCP en un intento desesperado por mantenerlo con vida. A los pocos minutos se sumó personal del 107, pero la complejidad del escenario —con la víctima inmovilizada en altura— complicó cualquier traslado de urgencia.

Finalmente, pese a los esfuerzos, el médico de emergencias informó que Ojeda había fallecido. La noticia dejó consternada a la pequeña comunidad, donde era ampliamente conocido.

En el lugar trabajaron agentes de la Subcomisaría 20ª, bajo la supervisión de la 6ta. Zona de Inspección; peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), médicos policiales y personal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), quienes realizaron las pericias correspondientes para esclarecer la mecánica del trágico accidente.

La fiscal de turno, Dra. Parodi, fue notificada de lo sucedido y ordenó las medidas de rigor. El hecho, caratulado como "Muerte por electrocución", sacudió a la población de Arroyo Leyes, que una vez más se enfrenta al dolor de una pérdida inesperada.

EL

Un caballo suelto sobre la cinta asfáltica fue el desencadenante de un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este miércoles en la ruta provincial N°1, a la altura del kilómetro 17,5, en jurisdicción de Arroyo Leyes.

El primer impacto lo protagonizó un camión que circulaba en sentido sur a norte. La violencia del choque dejó al animal muerto sobre la calzada. Pocos segundos después, una pareja que se desplazaba en un Volkswagen Gol, por la misma ruta y en igual dirección, no alcanzó a frenar a tiempo y terminó colisionando contra el cuerpo del equino.

El siniestro ocurrió cerca de las 3.40 y fue reportado a la Subcomisaría 20°, dependiente de la Sexta Zona de Inspección.

El vehículo particular era conducido por un hombre, de 47 años, quien viajaba acompañado por una mujer, de 43. Ambos son oriundos de la zona de Los Zapallos. A raíz del impacto, sufrieron distintas lesiones y debieron ser asistidos por personal del servicio de emergencias 107.

Una ambulancia los trasladó de urgencia al hospital José María Cullen, en la ciudad de Santa Fe. Desde el destacamento policial del nosocomio se informó que el hombre presentó un traumatismo de abdomen cerrado, mientras que la mujer sufrió lesiones en una de sus manos. Ambos permanecen en observación médica.

En tanto, a raíz de la presencia del animal muerto sobre la calzada, intervino personal de la Guardia Rural "Los Pumas". Un móvil de dicha fuerza se hizo cargo de las actuaciones correspondientes con respecto al equino.

Además, en el lugar quedó bajo resguardo el automóvil siniestrado, con custodia a cargo del hijo del conductor del VW Gol. Las actuaciones fueron caratuladas como "Accidente de tránsito" bajo acta de procedimiento.

EL

En un operativo realizado en la zona ribereña de Arroyo Leyes, personal del Destacamento Arroyo Leyes, perteneciente a la DGSR Los Pumas, esclareció un hecho de abigeato e infracción por tenencia indebida de arma de fuego. La intervención tuvo lugar luego de que un vecino alertara sobre una embarcación con actitud sospechosa en la zona de islas, cerca del límite con Los Zapallos.

Al llegar al sector denominado "El Toro", los efectivos policiales observaron una canoa de color verde con cuatro ocupantes. Al advertir la presencia de la policía, uno de los sujetos arrojó al agua un objeto con características similares a un arma de fuego larga. Posteriormente, los agentes interceptaron la embarcación y realizaron la identificación de los ocupantes.

En el interior de la canoa, encontraron restos de un animal vacuno faenado cubiertos con una manta, sin poder acreditar la procedencia, categoría, sexo, marca o señal del mismo. Además, hallaron un arma de fuego tipo escopeta calibre 16, en regular estado de conservación, con su chimaza sujeta al cañón mediante soga de nylon y cinta aisladora negra. También se encontraron seis cartuchos, cinco de ellos recargados de manera casera y uno percutado.

Los ocupantes no pudieron acreditar la propiedad o tenencia de los objetos encontrados, por lo que fueron aprehendidos. En total, se secuestraron la escopeta, la embarcación y un machete de aproximadamente 35 centímetros de hoja.

Tras el procedimiento, se dio aviso a la superioridad y se solicitó apoyo de otras dependencias policiales. Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 3ª de Santa Rosa de Calchines, mientras que la mujer que estaba con ellos recuperó la libertad. El producto carneo fue desnaturalizado por no estar apto para el consumo humano y el arma de fuego será sometida a pericia.

La Unidad Fiscal Nº 155 de Helvecia interviene en el caso, y los cuatro hombres quedaron detenidos, mientras que la investigación continúa.

Tres familias de peones rurales quedaron en la calle tras un incendio, que provocó un cortocircuito, que consumió tres ranchos por completo. Ocurrió en Arroyo Leyes.

Un voraz incendio destruyó tres viviendas precarias en la zona rural de Arroyo Leyes. A raíz de un cortocircuito, la paja de los techos tomó fuego, rápidamente se propagó y destruyó completamente las construcciones. Tres familias con seis adultos y siete menores de entre 4 y 12 años quedaron con lo puesto y necesitan ayuda.

Mónica, una de las mujeres que resultó víctima del siniestro, le contó a AIRE que el domingo cuando se desató el incendio, no estaba en la vivienda porque había acompañado a su hijo que juega al fútbol. Se enteró y rápidamente regresó pero su ranchito, ubicado en la calle 40, a la altura del kilómetro 12.5, estaba completamente consumido junto a los otros dos.

El empleador de las tres familias, que trabajan en la recolección de frutillas en las quintas de Arroyo Leyes, las ubicó momentáneamente en una de sus propiedades hasta que se puedan reconstruir los ranchos. Los vecinos de Arroyo Leyes se solidarizaron y les consiguieron algo de ropa, pero también necesitan muebles, camas y electromésticos básicos, como ventiladores y heladeras.

Quienes puedan colaborar, deben dirigirse a la Escuela N° 30 de Arroyo Leyes, o el Club Atlético Arroyo Leyes. También pueden comunicarse al 342 5 93-9816.

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