La investigación judicial por el funcionamiento de un geriátrico clandestino en el barrio Nuevo Horizonte dio este viernes un nuevo paso con la imputación de la mujer sindicada como responsable del establecimiento y la excarcelación, bajo medidas alternativas, del cuidador que permanecía detenido desde el incendio que permitió descubrir las condiciones en las que vivían siete adultos mayores.

Ambas audiencias fueron presididas por la jueza Rosana Carrara. La acusación estuvo a cargo del fiscal Manuel Cecchini, mientras que en la primera intervención la defensa de María Laura M., de 51 años, fue ejercida por los abogados Claudio Torres del Sel y Francisco García Rossi. En la segunda audiencia, Ricardo H. fue asistido por el abogado particular Héctor Tallarico.

Durante la audiencia imputativa, el fiscal atribuyó a María Laura M. el delito de abandono de personas, en calidad de autora y en perjuicio de los siete residentes del establecimiento ubicado en José Gollán al 10.100.

Al fundamentar la acusación, Cecchini sostuvo que la mujer "puso en peligro la salud de siete personas", quienes fueron "dejadas a su suerte", pese a que ella se presentaba como titular del lugar y percibía un canon por brindar alojamiento, alimentación, atención sanitaria y cuidado.

Según la Fiscalía, la residencia funcionaba sin habilitación municipal ni provincial y carecía de las condiciones mínimas de higiene, salubridad e infraestructura necesarias para albergar personas con distintos grados de dependencia.

Entre las irregularidades mencionadas, el fiscal señaló que algunos residentes ni siquiera contaban con ropa de cama y que el establecimiento era atendido por personal sin capacitación específica para esa tarea.

Durante la exposición, el representante del MPA repasó la situación particular de cada una de las siete víctimas, quienes presentan diferentes patologías que requieren asistencia permanente.

Además, indicó que la acusada no sólo cobraba a familiares por el supuesto servicio prestado, sino que en algunos casos administraba la documentación personal de los residentes y retenía tarjetas mediante las cuales se percibían sus pensiones.

Al finalizar la atribución delictiva, la defensa cuestionó tanto la calificación legal como la reconstrucción de los hechos realizada por la Fiscalía. No obstante, las partes acordaron postergar hasta el próximo martes 11 de agosto el tratamiento de las medidas cautelares que eventualmente podrían imponerse a la imputada.

Tras un breve cuarto intermedio, la jueza Carrara encabezó la audiencia de medidas cautelares correspondiente a Ricardo H., el cuidador que había sido imputado días atrás por el delito de privación ilegítima de la libertad, acusado de haber dejado encerrados bajo llave a los residentes la mañana en que se produjo el incendio.

En esta oportunidad, el fiscal informó que se alcanzó un acuerdo con la defensa para sustituir la prisión preventiva por medidas alternativas.

Entre las condiciones impuestas se dispuso que el imputado deberá fijar domicilio en la vivienda de su madre, en el barrio Barranquitas; tendrá prohibido acercarse a menos de 300 metros de las víctimas y de sus familiares; y tampoco podrá aproximarse al inmueble de Diez de Andino al 5800, donde funciona otra residencia geriátrica vinculada a la misma titular investigada.

Cecchini informó además que el jueves mantuvo una reunión con cinco de los siete adultos mayores, actualmente alojados en el hogar Beata Clara, y que ninguno manifestó oposición a la recuperación de la libertad del imputado.

Luego de escuchar el acuerdo alcanzado entre las partes, el defensor Tallarico solicitó la inmediata libertad de su asistido. La jueza Carrara hizo lugar al planteo y ordenó su excarcelación bajo las condiciones establecidas.

El Litoral

La investigación por las condiciones en las que permanecían alojados varios adultos mayores en un establecimiento clandestino de barrio Nuevo Horizonte, en la ciudad de Santa Fe, tendrá este miércoles su primer avance judicial formal.

A las 12:15 se realizará la audiencia imputativa contra Ricardo Andrés H., de 45 años, señalado como cuidador o encargado de la vivienda ubicada en José Gollán al 10.100.

La audiencia estará encabezada por la jueza Rosana Carrara. La atribución delictiva será formulada por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación Manuel Cecchini, mientras que la defensa estará a cargo del defensor público Nicolás Mosconi.

En principio, la imputación estará vinculada con el delito de maltrato de persona, aunque será durante la audiencia cuando la Fiscalía precise los hechos atribuidos y exponga los elementos reunidos hasta el momento.

La investigación comenzó después del incendio registrado el 29 de julio en el interior de la vivienda donde funcionaba el hogar.

De acuerdo con los primeros datos incorporados a la causa, uno de los residentes habría iniciado el fuego sobre un colchón como una forma de protesta por las condiciones en las que se encontraba y por la presunta falta de alimentación, higiene y atención sanitaria.

El siniestro motivó la intervención de Bomberos Zapadores, personal policial y servicios de emergencia. Durante el operativo fueron evacuados varios adultos mayores, algunos con movilidad reducida y en sillas de ruedas.

Uno de los residentes debió ser trasladado al Hospital Iturraspe por una intoxicación con humo.

El informe de Bomberos determinó que el foco se originó sobre un colchón dentro de una habitación. Las llamas provocaron daños limitados en el mobiliario y ennegrecimiento por hollín.

En el lugar, Ricardo Andrés H. se presentó ante los efectivos como encargado y manifestó que en la vivienda funcionaba un hogar para adultos mayores.

Tras el procedimiento, los residentes fueron asistidos por personal municipal y trasladados al Parador Municipal Beata Clara, donde quedaron bajo protección estatal.

La investigación también alcanzó a María Laura M. G., de 51 años, quien fue detenida este martes luego de presentarse voluntariamente en la sede de la Policía de Investigaciones.

La mujer concurrió acompañada por su abogado, Claudio Torres del Sel, y su audiencia imputativa fue programada para este viernes.

La Fiscalía todavía no informó públicamente la calificación legal que le atribuirá, aunque la defensa estimó que podría estar relacionada con un posible abandono de personas.

Torres del Sel sostuvo que su representada niega ser responsable del establecimiento de barrio Nuevo Horizonte y afirma que únicamente administra un hogar ubicado en Cabaña Leiva.

El abogado reconoció además que la mujer registra antecedentes judiciales, entre ellos una investigación iniciada en 2025 por la presunta retención de tarjetas bancarias y documentación perteneciente a adultos mayores alojados en otros establecimientos irregulares.

La audiencia de este miércoles permitirá conocer la reconstrucción elaborada por la Fiscalía y las posibles responsabilidades penales derivadas del funcionamiento del lugar y de las condiciones en las que se encontraban sus residentes.