En un fallo que sacude a las fuerzas de seguridad provinciales, la jueza Cecilia Álamo condenó este jueves a diez años de prisión a la exjefa de la Comisaría de Frontera, María Silvina Asís (41 años).

La sentencia se dictó al término de un juicio oral celebrado en los tribunales de Rafaela, donde se la encontró coautora de los delitos de asociación ilícita agravada, privación ilegítima de la libertad por abuso funcional, falsedad ideológica y encubrimiento agravado.

Además de la pena de reclusión, la magistrada le impuso una inhabilitación absoluta de 20 años para ejercer funciones dentro de la fuerza policial.

La fiscal Fabiana Bertero, al frente de la Sección Violencia y Corrupción Institucional de la Fiscalía Regional 5, representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y se mostró conforme: "La jueza resolvió condenar a la acusada tal como lo habíamos solicitado".

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Asís formó parte de una organización criminal que operó de manera continua entre septiembre de 2020 y febrero de 2022 en las localidades de Frontera y Josefina (departamento Castellanos).

Lejos de combatir el delito, la funcionaria utilizó su jerarquía para liderar la red junto con el entonces jefe de Zona de Inspección, Gastón Ezequiel Eletti, quien ya cuenta con condena por esta misma causa.

"Tenían como misión la organización y dirección de recursos materiales y humanos para montar la empresa delictiva aprovechando las facultades y poderes que ostentaban desde sus cargos jerárquicos", argumentó la fiscal Bertero durante el debate.

Entre las maniobras descubiertas, se pudo comprobar que la banda adulteraba y falsificaba actas de procedimientos; ocultaba y omitía información clave para los fiscales del MPA de turno y así garantizaba la impunidad de ciertos delincuentes.

Además, ofrecía custodias policiales ilegales por fuera de la normativa, defraudando fondos del Estado provincial; y exigía y recaudaba sobornos para obtener beneficios económicos que luego repartían de forma piramidal entre los miembros de la red.

La condena también sacó a la luz graves hechos de violencia institucional y abuso de autoridad firmados por la propia Asís.

El 21 de septiembre de 2020, en medio de disturbios frente a la Alcaidía, la entonces jefa policial insultó, amenazó y detuvo ilegalmente a un periodista que cubría la noticia, confeccionando posteriormente un acta con datos falsos para justificar el arresto.

La impunidad con la que se manejaba la cúpula policial llegó al ámbito familiar.

El 15 de noviembre de 2021, Asís obligó a un oficial de guardia subalterno a asentar declaraciones falsas en el libro de la comisaría para beneficiar a su propio hijo, quien había estado involucrado en un hecho ilícito.

Ese mismo día, en un acto de extrema gravedad, la jefa policial privó ilegítimamente de la libertad a un adolescente.

El menor fue encerrado en un calabozo durante varias horas bajo condiciones de hostigamiento, con el único objetivo de obligarlo a confesar un delito que supuestamente había cometido.

El presidente Javier Milei volvió a elegir sus redes sociales como campo de batalla para lanzar un durísimo ataque contra el sector periodístico, al que calificó esta mañana como una "asociación ilícita".

A través de un posteo estructurado en cinco "actos", el mandatario denunció una supuesta maniobra coordinada para desprestigiar su gestión mediante la difusión de datos erróneos sobre créditos, vinculando el accionar de cronistas individuales con la línea editorial de los grandes medios de comunicación.

"Está claro que el problema no es sólo las basuras inmundas que la van de periodistas. El tema alcanza a los editores y a los dueños del medio", sentenció Milei, elevando el tono de una confrontación que ya es marca registrada de su administración.

X de Javier Milei

Bajo el irónico título de "¿Cómo se llama la obra?", el titular del Ejecutivo describió una secuencia que comienza con lo que denominó un "periodista mezcla de operador e imbécil" publicando datos financieros, seguido por un "periodista corrupto" que expande la información con gráficos para "esparcir mentiras".

Según el relato oficial, a pesar de que los involucrados habrían aceptado el error una vez caída la supuesta falsedad, los medios decidieron sostener la noticia incluso otorgándole lugar en sus portadas principales. Para Milei, esta persistencia no es un error profesional, sino una estrategia deliberada de “estafa” al lector.

Este nuevo embate se produce en un contexto de extrema sensibilidad, luego de que desde el entorno presidencial se deslizara la existencia de una presunta campaña de espionaje y desinformación de origen ruso destinada a esmerilar la imagen del Gobierno

Si bien el posteo de hoy se centró en la dinámica interna de los medios locales, el concepto de "opereta" y "asociación ilícita" refuerza la narrativa oficial de un asedio externo e interno. El Presidente insistió en que la responsabilidad no termina en quien firma la nota: "Es una asociación ilícita", reafirmó, apuntando directamente contra la estructura jerárquica de las empresas de medios.

La relación entre la Casa Rosada y la prensa atraviesa uno de sus momentos más críticos. Mientras que desde los organismos de libertad de expresión se advierte sobre el efecto disciplinador de estos ataques personalizados, el mandatario redobla la apuesta amparado en su comunicación directa con la ciudadanía. 

En este “Acto 5” de su narrativa, Milei dejó claro que no distingue entre el error técnico y la intención política, consolidando una postura donde cualquier crítica o dato cuestionable es interpretado como un ataque coordinado por sectores que, según sus palabras, “la van de periodistas” pero actúan como operadores.

Según la acusación, entre 2007 y 2012 los hermanos Santiago –Oscar Lucas, Lucas y Sebastián– habrían diseñado una estructura para evadir impuestos a gran escala. Bajo el modus operandi conocido como "operaciones W", crearon franquicias a nombre de figuras de confianza y facturaban sólo el 10 % del valor real, eludiendo el pago del IVA 

En agosto de 2023, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba había decidido el sobreseimiento, argumentando que la Ley de Blanqueo (27.743) y su decreto reglamentario 608/2024 –bajo la filosofía de la "ley penal más benigna"– cubrían incluso delitos de asociación ilícita fiscal . Pero ese criterio fue revertido: los jueces Hornos y Carbajo consideraron que esa ley no prevé la extinción de esa figura penal, ya que su daño es "indeterminado" y no puede cancelarse con un pago económico .

El voto en contra (del juez Barroetaveña) sostenía que el blanqueo debe interpretarse amplias e integralmente, buscando la "paz social" y la recaudación fiscal.

Como consecuencia, la causa vuelve al Tribunal Oral para iniciar el juicio oral contra los dueños de Grido. Podrán, como último recurso, llevar el caso a la Corte Suprema

La investigación es dirigida por el fiscal Guillermo Loyola. La audiencia de medidas cautelares se llevaría a cabo el sábado.

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La investigación iniciada a un grupo inmobiliario de la ciudad de Rafaela por asociación ilícita y estafas reiteradas es dirigida por el fiscal Guillermo Loyola, quien está a cargo de la Sección Delitos Económicos y Complejos de la Fiscalía Regional 5.

Ocho personas fueron imputadas el miércoles en una audiencia llevada a cabo en los tribunales rafaelinos ante el juez Gustavo Bumaguin. Estas ocho personas fueron detenidas el lunes de esta semana en el marco de allanamientos realizados en Rafaela y alrededores.

De las ocho personas imputadas, tres son mujeres y cinco hombres. Las iniciales de las mujeres son MOC (71 años); CRS (22 años) y MMB (54 años). Por su parte, los hombres son MGS (45 años); FLS (48 años); GDG (49 años); CEC (39 años) y GLU (56 años).

A los hombres de iniciales MGS y FLS se les atribuyó la asociación ilícita en carácter de jefes, mientras que a las otras seis personas se les endilgó el mismo delito como miembros. Además, a las 8 personas se les atribuyó la autoría de estafas reiteradas.

Según lo acordado, la audiencia de medidas cautelares se llevaría a cabo el sábado en horario a confirmar.

Imputaron a los detenidos de Grupo Spaggiari: “El hecho es complejo, imputan una asociación ilícita con un concurso real”