Sólo el viernes último, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe recibió 65 denuncias o incidencias asociadas a amenazas en diferentes escuelas de la provincia. Así lo reveló en conferencia de prensa este lunes el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.

Junto a su par de Educación, José Goity; y a la Subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguin, los funcionarios ratificaron la posición adoptada por el gobierno frente a al problemática: las leyendas planteando situaciones amenazantes surgidas de retos a través de redes sociales "son hechos intimidatorios y constituyen delitos; no son broma, implican consecuencias".

"Desde Educación estamos en contacto permanente con todas las regionales y supervisores dando pautas respecto de cómo abordar esta problemática y las consecuencias que esto genera. Este tipo de amenazas no son una broma; implican un delito tipificado en el Código Penal de la Nación y trae consecuencias, no sólo para los estudiantes sino para la propia familia – dijo Goity-. Porque esto – advirtió- es una responsabilidad colectiva. Es un fenómeno global, nacional, pero es una responsabilidad social y colectiva. Hacemos, entonces, un llamado a las familias en el acompañamiento y seguimiento. Todos tenemos que involucrarnos. Esto parece una broma – reiteró- pero está muy lejos de serlo".

En la misma línea, Cococcioni sostuvo que el Estado toma estas amenazas "con la mayor seriedad". En ese marco, reveló que el pasado viernes se recibieron "65 incidencias de amenazas en todo el territorio y ello genera una doble intervención", planteó. "Cuando estamos en presencia de un hecho con apariencia delictiva se trabaja con el MPA y se hacen todos los procedimientos pertinentes, ya sea con eventuales detenciones o secuestro de materiales. Muchas veces se resguarda la información porque estamos en presencia de menores de edad. Pero aún así, estamos ante la presencia de hechos delictivos; acá hay delito y aun cuando sean personas no punibles, una investigación o causa penal en el marco del Código Procesal Penal Juvenil deja huellas para la persona que no son agradables. Muchas veces – ejemplificó-, lo que se plantea como broma después genera problemas a la hora de obtener un certificado de buena conducta o para viajar al exterior. Entonces – insistió-, hay consecuencias que tal vez no son advertidas al inicio (de la broma) pero son sufridas después por la familia a cargo y por los propios menores. Por eso suele aparecer después del hecho, un fuerte arrepentimiento. Esa actitud reflexiva debiera tener lugar de manera colectiva más allá de la actuación que deriva de la ley penal juvenil".

El ministro insistió en la necesidad de prevenir este tipo de situaciones porque al estado, además, le demandan una erogación importante de recursos. "Esto implica recursos en un doble sentido: primero, porque cuesta recursos económicos; y segundo, porque indirectamente se afecta a la seguridad ya que se resta patrullaje de lugares que lo necesitan".

Sobre esa base, dijo que por orden del gobernador, se ha instruido al área Legal y Técnica para que, en coordinación con Fiscalía de Estado, interponga acciones para el resarcimiento de los daños, en aquellos casos en los casos haya personas identificadas sean punibles o no.

"Para que tengamos idea, un operativo básico y elemental por despliegue policial teniendo en cuenta combustible, movilidad y horas del personal cuesta entre 5 y 6 millones de pesos – ejemplificó-. Y no podemos permitir que esto lo paguen todos los santafesinos; vamos a perseguir el cobro a quienes sean responsables en cada uno de esos casos", sentenció.

A propósito de lo sucedido en la ciudad de San Cristóbal y consultado sobre la posibilidad de que se realicen "ciberpatrullajes" en Santa Fe, Cococcioni sostuvo que "en principio, acá no se da ese debate porque ya hay actividades de inteligencia reguladas en tres leyes distintas. Estos dispositivos se tienen que ir adaptando a los nuevos desafíos de la realidad. Seguramente habrá que refinar algunas herramientas para llegar a estos desafíos que hace algunos meses no estaban en la agenda de un plan de gobierno", concluyó.

Los incidentes ocurrieron en Virginia e Idaho, fuera de los campus. En ambos casos, los agresores están prófugos.

Dos universidades de Estados Unidos estaban de duelo este lunes tras registrar dos hechos de violencia -sin vínculos aparentes entre sí- que dejaron siete muertos y dos heridos. Ambos ataques ocurrieron fuera de los campus: en un micro escolar en Virginia y en una residencia cercana al centro de estudios de Idaho.

La policía buscaba activamente al sospechoso de un tiroteo que dejó tres muertos en la Universidad de Virginia (UVA), en Charlottesville, dijeron las autoridades.

El campus fue acordonado mientras la policía buscaba con ayuda de helicópteros a un hombre considerado "armado y peligroso".

LEE: Irán dispuso la primera condena a muerte por las protestas ante la muerte de Mahsa Amini

El presidente de la UVA, Jim Ryan, dijo en un comunicado que el sospechoso es Christopher Darnell Jones Jr., alumno de esa casa de estudios.

Los tres fallecidos eran estudiantes y pertenecían al equipo de fútbol escolar, indicó Ryan. Detalló que el tiroteo ocurrió el domingo por la noche en un micro escolar con alumnos que regresaban de un viaje fuera del campus.

El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, indicó que las autoridades locales coordinan con la policía estatal la seguridad de la universidad.

Una segunda tragedia afectó a la Universidad de Idaho, en el estado homónimo del oeste del país, donde la policía anunció que investiga la muerte de cuatro estudiantes hallados en una casa cercana al campus, aparentemente "víctimas de homicidio".

Los agentes respondieron a una llamada en la ciudad de Moscú, cerca de la Universidad, sobre un individuo que se hallaba inconsciente.

"Al llegar, los agentes descubrieron a cuatro fallecidos", dijo la policía en un comunicado.

"Con profunda tristeza comparto con ustedes que la universidad fue notificada hoy de la muerte de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho que vivían fuera del campus y que se cree que fueron víctimas de homicidio", dijo el presidente de ese centro, Scott Green, en un comunicado.

Los tiroteos en centros de estudio son habituales en Estados Unidos, y cada vez reviven el debate sobre una mejor supervisión de las armas de fuego.