En el marco del proceso de quiebra con continuidad de la explotación de Sancor CUL, este jueves se realizó en la Casa Central de Sunchales la primera jornada formal de contacto con interesados en la compra de las unidades productivas que integran la empresa fallida, además de otros activos.

El encuentro se desarrolló dentro de la causa que tramita ante el Juzgado Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela. Según se informó, el objetivo central del proceso es avanzar en una salida que permita satisfacer el interés de los acreedores, sin dejar de considerar el impacto social, laboral y productivo que atraviesa la histórica cooperativa láctea.

La reunión estuvo bajo la supervisión directa del juez a cargo del expediente, Dr. Marcelo G. Gelcich, junto a la Sindicatura encabezada por el Dr. Pacheco Huber y la coadministradora Dra. Lucila Prono, quienes participaron con sus respectivos equipos técnicos.

Durante la jornada, las autoridades expusieron ante los posibles oferentes el estado actual de la compañía, las condiciones generales del proceso y el marco normativo bajo el cual se llevará adelante la eventual enajenación de los activos.

De acuerdo con el comunicado difundido por Atilra, se estima que el pliego licitatorio estará listo en los próximos días, lo que permitirá abrir una nueva etapa para la presentación formal de propuestas.

En la reunión participaron representantes de distintas empresas interesadas en el proceso, entre ellas Savencia, Adecoagro, Punta del Agua S.A., Elcor S.A. y La Tarantela.

Según se indicó, los asistentes se mostraron conformes con la información brindada, considerada necesaria para comenzar a diagramar sus respectivas propuestas de compra.

También se informó la ausencia con aviso del empresario Gustavo Scaglione, quien habría anticipado la posibilidad de presentar una propuesta integral, con respaldo de socios del exterior.

La jornada realizada en Sunchales representa un paso relevante dentro del proceso de quiebra de Sancor CUL, una firma emblemática para la industria láctea argentina y con fuerte incidencia en la región.

Con la elaboración del pliego licitatorio en marcha, el expediente ingresaría en los próximos días en una etapa decisiva para conocer el alcance de las ofertas y el futuro de las unidades productivas de la empresa.

El próximo domingo 24 de mayo, desde las 21, el Auditorio CET Atilra de Sunchales será escenario de una noche especial para celebrar la Patria con música en vivo, baile, gastronomía y un clima festivo pensado para disfrutar en familia y con amigos.

La propuesta se desarrollará en la víspera del Día de la Patria y contará con tres presentaciones en vivo. Desde Rosario, conocida como la Chicago Argentina, llegará Alejandro Céspedes y su banda, con un tributo al recordado Leo Mattioli, uno de los grandes referentes de la música santafesina.

También será parte de la velada el violinista Emi Billoud, quien desplegará su estilo sobre el escenario, mientras que el grupo folclórico La Viajera aportará una presentación dedicada a las raíces argentinas, en una noche marcada por el espíritu patrio.

Para completar la celebración, el público podrá disfrutar de distintas opciones gastronómicas. Habrá servicio de cantina con empanadas, hamburguesas, choripanes, bebidas y otras propuestas para acompañar la noche.

El evento tendrá lugar en el Auditorio CET Atilra, ubicado sobre Ruta Nacional 34, kilómetro 262, en la ciudad de Sunchales.

Las entradas ya se encuentran disponibles. La promoción especial, con entrada, platea, un choripán o hamburguesa y una lata de cerveza o gaseosa, tiene un valor de $15.000. También está disponible la opción show, que incluye entrada y platea, por $8.000.

Los tickets pueden adquirirse vía WhatsApp al +54 9 3493 455118 o de manera presencial en la Sede Sindical, ubicada en José Ingenieros 268, Sunchales.

El conflicto en la empresa Lácteos Verónica se profundiza en un contexto de paralización de la producción en sus plantas ubicadas en Suardi, Lehmann y Clason, generando preocupación tanto en el ámbito político como en el sector productivo.

La situación pone en riesgo más de 700 puestos de trabajo y afecta directamente a productores y familias que dependen de la actividad lechera en la región.

El secretario general de ATILRA, Domingo Possetto, expresó la gravedad del escenario en diálogo con Radio Rafaela.

“El drama lo tienen las familias que dependen de Verónica”, afirmó, al tiempo que remarcó que los trabajadores son quienes están sufriendo las consecuencias de la crisis.

En esa línea, sostuvo: “Vamos a exigirle a la empresa que cumpla con pagar los salarios que está debiendo y que ponga en marcha nuevamente la actividad”.

Desde el gremio plantean como prioridad que la firma retome la compra de materia prima y reactive la producción en sus plantas.

Además, Possetto cuestionó la falta de diálogo directo con la conducción empresaria: “Nunca hemos podido hablar con los dueños de la empresa, solamente con representantes”.

A pesar del conflicto, aseguró que el personal está en condiciones de retomar tareas: “Los trabajadores están en condiciones de trabajar si llega la materia prima”.

El conflicto sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando debía realizarse una audiencia urgente entre la empresa y el gremio ATILRA, convocada por la Secretaría de Trabajo y Capital Humano de la Nación.

Sin embargo, el encuentro no se llevó a cabo debido a la ausencia de la empresa.

Según informaron desde el sector sindical, minutos antes del inicio —previsto para las 14:00— la patronal presentó un escrito notificando que no iba a comparecer, argumentando que se encontraba abocada a la búsqueda de una solución y solicitando la reprogramación.

Desde el gremio calificaron la decisión como “una falta de respeto hacia los trabajadores” y solicitaron la aplicación de sanciones por parte de la autoridad laboral.

Ante este escenario, la Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para el jueves 19 de marzo a las 12:00, con el objetivo de avanzar en una posible salida al conflicto.

La crisis en Lácteos Verónica se extiende desde hace más de un año y está vinculada a problemas internos en la conducción de la empresa.

Durante este período, se intentó implementar un procedimiento preventivo de crisis que incluía el despido de unos 200 trabajadores, iniciativa que fue rechazada tanto por el Gobierno nacional como por la provincia, al considerar que la firma cuenta con una estructura productiva viable.

Domingo Possetto renovó su mandato como secretario general de ATILRA Seccional Rafaela y continuará al frente del gremio hasta enero de 2030. La asunción se realizó este martes en la sede sindical, en un contexto que el propio dirigente definió como complejo para la industria lechera y para el movimiento sindical en general.

“Hace años ya que estamos conduciendo la organización gremial y sabemos que este año tenemos un desafío muy grande”, expresó Possetto, al tiempo que advirtió sobre el escenario nacional. Según explicó, “tenemos lamentablemente un gobierno que no acompaña a las leyes laborales, está más bien en contra”, lo que impacta directamente en los trabajadores del sector.

El secretario general de ATILRA Rafaela señaló que existen varias empresas con serias dificultades económicas, tanto en la región como en otras partes del país. “En nuestra jurisdicción tenemos la empresa Verónica, y está SanCor también con problemas”, indicó, explicando que esta situación “nos pone en una situación de alerta” que obligará a redoblar esfuerzos gremiales.

En relación con la primera de ellas, Possetto fue contundente al describir el panorama. “La empresa Verónica no tiene leche, no puede funcionar, hay pocas medidas que se pueden tomar ahí”, afirmó. En ese marco, sostuvo que se evaluarán alternativas vinculadas a eventuales negociaciones. “Vamos a ver qué es lo que podemos hacer, si la empresa está dispuesta a hacer algún tipo de negociación con algún otro empresario que tenga interés en poner en ese lugar una fuente laboral y conservar lo que tenemos”, explicó.

El dirigente confirmó que este miércoles se llevará a cabo una reunión de emergencia en la ciudad de Sunchales. “Son temas que dependen del Consejo Directivo Nacional y mañana tenemos una reunión”, señaló, aunque reconoció las limitaciones para definir medidas concretas en empresas paralizadas.

“Podemos discutir una recomposición salarial en una empresa que esté produciendo, pero ¿qué vamos a discutir en una empresa donde no tiene más leche?”, planteó Possetto. En ese sentido, indicó que se analizarán posibles gestiones ante el Ministerio de Trabajo de la provincia, como ya ocurrió en agosto, para intentar destrabar alguna alternativa financiera o productiva. “Ver si hay alguna posibilidad de que se mueva alguna palanca social y política que le permita a la empresa avanzar con algún préstamo o buscar algún proveedor de leche”, detalló.

Además, recordó el impacto social del conflicto. “No es solamente en Lehmann, hay 480 trabajadores que dependen de la empresa Verónica en todo el país”, subrayó.

Consultado sobre cómo llega a este nuevo período de gestión, Possetto aseguró que lo hace con entusiasmo. “Llegamos bien, hace muchos años que estamos trabajando y venimos con mucho entusiasmo”, afirmó. En ese sentido, destacó las actividades recientes del gremio, como la inauguración de la temporada estival y las colonias de vacaciones para niños y adultos.

Sin embargo, advirtió que el contexto económico condiciona el accionar sindical. “Se han disparado los precios de los insumos, de las necesidades que tenemos para cubrir la salud de los trabajadores”, explicó, y puso el foco especialmente en el costo de los medicamentos.

Possetto también realizó un análisis político y laboral a nivel nacional. “Yo lo vine repitiendo durante todo el año 2023, necesitábamos un gobierno que no nos cortara la libertad de afiliación, que no nos cortara el Ministerio de Trabajo ni el Ministerio de Salud”, recordó. En ese sentido, señaló que hoy “perdimos el Ministerio de Trabajo, perdimos el Ministerio de Salud”.

Si bien destacó el desempeño de los jueces laborales de Rafaela, remarcó que el problema excede el ámbito local. “Cuando hablamos de los jueces laborales, hablamos de los jueces laborales de todo el país”, sostuvo.

Con la renovación de su mandato, Possetto afirmó que el objetivo será “levantar aún más la vara” para poder dar respuesta a los problemas de los trabajadores. “Estamos bien, estamos contentos, pero sabemos que tenemos que trabajar muchísimo más para poder solucionar los problemas de la gente”, concluyó.

La crisis de SanCor sumó un nuevo capítulo judicial tras la imputación de dos de sus expresidentes por una presunta evasión fiscal superior a los $1.644 millones. El Juzgado Federal de Rafaela citó a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez a declaración indagatoria para el próximo 12 de noviembre, en el marco de la causa “SanCor Cooperativas Unidas Limitada y otros s/ infracción Ley 27.430”.

De acuerdo con la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, los expresidentes habrían incurrido en el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, según lo estipulado en el artículo 7 del Régimen Penal Tributario.

La causa abarca 32 períodos fiscales y se originó a partir de denuncias de trabajadores y auditorías realizadas por la AFIP, a través del área ARCA, junto al INAES. Los peritajes detectaron retenciones salariales no depositadas en los sistemas previsionales ni en las cuentas de las obras sociales correspondientes.

Además, informes del Comité Provisorio de Control señalaron irregularidades en el destino de fondos de la mutual y el sindicato, situación que derivó en la notificación formal al Juzgado Federal por parte del juez del concurso preventivo que tramita SanCor ante el fuero civil y comercial de Rafaela.

La cooperativa atraviesa una de sus etapas más críticas. A las dificultades financieras se suman acusaciones por maniobras fraudulentas que habrían continuado bajo la actual conducción, presidida por Oscar Juan Sapino.

Más de 400 trabajadores aportaron recibos y constancias que probarían la falta de depósito de los aportes retenidos. En paralelo, la Justicia evalúa si existió un concurso fraudulento, mientras la cooperativa mantiene deudas con proveedores, organismos públicos y empleados.

El conflicto laboral también escala. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA) realizó una multitudinaria movilización en Rafaela, con más de 600 trabajadores frente a los tribunales para rechazar el “Plan de Crisis” presentado por la empresa.

El gremio denuncia una deuda salarial de cinco meses, la falta de aportes y el intento de despedir a 304 empleados adicionales, cifra que se sumaría a más de mil despidos desde 2019.

“Marchamos por nuestros derechos, nuestras familias y la justicia. Este plan es inaceptable”, expresó un vocero de ATILRA durante la protesta. La organización sindical impulsa más de 300 pedidos de quiebra con continuidad productiva, solicitando que la Justicia garantice el funcionamiento de la planta y el pago de las obligaciones laborales.

El 12 de noviembre, los ex directivos deberán declarar ante el Juzgado Federal de Rafaela, mientras continúa la investigación de la PDI y el Ministerio Público Fiscal. La audiencia se desarrollará en un contexto de máxima tensión gremial.

Cientos de trabajadores de todo el país afiliados a ATILRA se concentraron frente al Palacio de Tribunales de Rafaela para expresar su rechazo al plan de crisis presentado por SanCor Cooperativas Unidas Limitada ante la Justicia. La medida, impulsada en el marco del concurso preventivo de acreedores, contempla la desafectación de más de 300 empleados.

El reclamo se desarrolló frente al Juzgado en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación, a cargo del Dr. Guillermo Adrián Vales, donde se tramita la causa. La manifestación incluyó cánticos, banderas y un acampe frente al edificio judicial.

Alejandro Cabrera, delegado gremial de ATILRA, destacó la magnitud de la convocatoria y reafirmó la postura del sindicato frente a la propuesta empresarial. “Vinimos a escuchar personalmente a los directivos de SanCor con la propuesta que habían presentado anteriormente a través de un escrito, la cual rechazamos categóricamente”, afirmó.

El dirigente explicó que la movilización también llevó un mensaje claro al juez del concurso: “Traemos el pedido de quiebra con continuidad de explotación. Eso significa que queremos que la empresa siga trabajando, pero que no siga en manos de una administración fraudulenta”.

Cabrera remarcó que los trabajadores no son responsables de la crisis de la cooperativa y que el plan de SanCor “es inviable”, ya que implica la pérdida de más de 300 puestos de trabajo. “El plan contempla la desafectación de cientos de trabajadores. Nosotros lo rechazamos porque no tiene sustento. Si ellos mismos dicen que no tienen recursos para sacar adelante a la cooperativa, menos aún van a poder pagar indemnizaciones”, señaló.

Durante sus declaraciones, entre los cánticos de los manifestantes se escuchaba: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, dejando en evidencia el malestar de los empleados con la actual conducción de la empresa.

Por su parte, el abogado de los trabajadores, Alberto Coronel, sostuvo que la solicitud de quiebra con continuidad tiene sustento legal y es el camino más viable para mantener las fuentes de trabajo. “La ley prevé la continuidad de la explotación. No es algo excepcional. Lo que se busca es que, al llegar el momento de la liquidación, la empresa no se desguace, sino que se liquide por unidades productivas”, explicó.

Coronel precisó que actualmente hay “unos 880 puestos de trabajo sujetos a convenio” y advirtió que el plan de SanCor “no es viable” porque “no dice cómo ni cuándo va a pagar”. “La empresa reconoce que trabaja casi todo a fasón, con leche ajena, que les va muy bien respecto de mayo y aun así paga solo el 65% del sueldo. Decir eso y decir que están en quiebra es lo mismo”, enfatizó.

El letrado reveló que llegó a sugerirle al gerente general de SanCor que “pidan su propia quiebra”, ya que “no están en capacidad de afrontar las obligaciones mínimas necesarias para la explotación”. “Nosotros pedimos que esos activos no queden paralizados, sino que se convoque a las empresas interesadas a una inmediata continuación de la explotación”, concluyó.

Una masiva movilización tuvo lugar este martes frente al Palacio de Tribunales de Rafaela, encabezada por más de 500 trabajadores afiliados a ATILRA de distintas regiones del país. La protesta se realizó en rechazo al plan de crisis presentado por SanCor Cooperativas Unidas Limitada ante la Justicia, que implicaría el recorte de más de 300 puestos laborales.

El reclamo se concentró frente al Juzgado en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación, a cargo del Dr. Guillermo Adrián Vales, donde se tramita la causa vinculada al concurso preventivo de acreedores de la cooperativa láctea. Desde ATILRA advirtieron que la propuesta de la empresa representa “un golpe directo a las familias trabajadoras” y alertaron sobre las consecuencias sociales que traería una nueva reducción de personal.

Según trascendió, SanCor acumula deudas por cerca de 20 mil millones de pesos, principalmente por sueldos y aportes impagos. Actualmente, la firma sostiene su operatoria a partir de contratos a fasón con empresas como Elcor, Punta del Agua y La Tarantela.

El plan presentado ante la Justicia incluiría un recorte de 304 puestos de trabajo como parte de una estrategia para equilibrar sus cuentas, aunque los dirigentes gremiales remarcaron que, en los últimos dos años, la empresa ya ejecutó 370 despidos sin lograr revertir su crisis financiera.

La medida de fuerza incluyó cortes de calle y un acampe frente al edificio de calle Alvear, mientras los representantes de ATILRA esperaban respuestas judiciales.

Radio Rafaela en vivo en el lugar: 

Dos pedidos formales de quiebra podrían definir el destino final de SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL), la histórica láctea con sede en Sunchales que desde febrero de este año está en concurso de acreedores. Las presentaciones fueron realizadas por exempleados que pactaron retiros voluntarios y por los trabajadores actuales nucleados en Atilra, el gremio del sector.

Uno de los pedidos fue impulsado por el abogado Aldo Regali, patrocinante de un grupo de extrabajadores que integran el consorcio de acreedores. El letrado presentó la solicitud de quiebra en el Juzgado Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, argumentando que la empresa incumple los pagos de los llamados “prontopagos”, compromisos asumidos tras el retiro voluntario de muchos empleados.

“La empresa dice que pagó cuando en realidad no pagó. Para zafar de este pedido de quiebra, tendrá que hacerlo”, aseguró Regali.

El segundo frente lo constituyen los trabajadores activos, que el pasado sábado, en asamblea extraordinaria realizada por Atilra, resolvieron por unanimidad solicitar la quiebra de la cooperativa. La presentación se hará efectiva esta semana ante el mismo juzgado que lleva adelante el concurso.

El gremio argumentó que la empresa mantiene una deuda histórica laboral con más de 1.860 trabajadores reconocida en el expediente concursal por un monto de $69.000 millones. A ello se suma la falta de pago de sueldos de abril a agosto, aguinaldo 2025 y aportes a la obra social Ospil y mutuales. Según Atilra, esta deuda suma más de $14.000 millones adicionales en apenas cinco meses.

“Estamos ante obligaciones alimentarias esenciales e inexcusables de plazo vencido”, denunciaron desde el sindicato.

En paralelo a la crisis económica, SanCor redujo su planta de personal con un recorte de 370 trabajadores en las últimas semanas, mientras sigue acumulando deudas con proveedores y servicios públicos como la electricidad.

Pese a todo, la empresa logró quintuplicar su producción, pasando de procesar 60.000 litros diarios a más de 300.000, pero solo para terceros: produce quesos semiduros para La Tarantela y Punta del Agua, y manteca Tonadita para Elcor. Ya no se encuentran productos de marca SanCor en góndolas de supermercados ni cadenas comerciales.

“Sobrevive generando productos para terceros en las plantas de Devoto, Balnearia y La Carlota”, confirmaron fuentes del sector.

El drama humano detrás del colapso es tan crudo como real. Regali relató que los extrabajadores que representa son personas mayores, muchos enfermos, sin ingresos ni obra social, y que “están pidiendo dinero prestado para sobrevivir”. La situación también golpea a proveedores rurales, tambos y comunidades del interior que históricamente giraron en torno a la empresa.

SanCor, que pidió su concurso en febrero, quedó en una situación crítica: debe salarios, indemnizaciones, servicios, y carga sobre sí una deuda acumulada de más de 83.000 millones de pesos.

Mientras tanto, el expediente judicial en Rafaela podría tener un desenlace definitivo en las próximas semanas si el juez acepta los pedidos de quiebra.

La normalidad en la planta de Saputo, ubicada en Avenida Ernesto Salva de Rafaela, se vio interrumpida este lunes debido a un paro de trabajadores de ATILRA. La medida es en solidaridad con un compañero que fue despedido tras reincorporarse de un accidente laboral.

Si bien la empresa mantiene sus puertas abiertas y algunos empleados siguen trabajando, la producción está paralizada, ya que una gran parte del personal decidió cesar sus actividades en reclamo de la reincorporación del trabajador despedido.

El secretario general de ATILRA, Domingo Possetto, explicó a Radio Rafaela que la protesta surgió tras la falta de respuestas de la empresa.

"Estamos reclamando la reincorporación de un compañero que fue desvinculado hace un par de días. Él venía de un accidente laboral y volvió a trabajar después del incidente reconocido por la ART. A los pocos días, lo desvincularon", expresó Possetto.

En una reciente reunión con la empresa, el gremio pidió explicaciones por la decisión, pero Saputo respondió que no debía justificar el despido y que el trabajador sería indemnizado. "Ante esta respuesta, con la mayoría de los compañeros coincidimos en llevar adelante una medida de fuerza", explicó el dirigente sindical.

La protesta impactó en la operatividad de la planta, que actualmente no está produciendo ni descargando leche. Además, no hay comunicación entre la empresa y el gremio, lo que agrava la tensión en el conflicto.

"Nuestra intención es defender esta situación porque algunos compañeros mencionaron que hay más trabajadores en condiciones similares. No entendemos por qué no se dialoga con la organización gremial para encontrar otra solución", agregó Possetto.

Finalmente, el dirigente subrayó que ATILRA no busca perjudicar a la empresa, sino garantizar los derechos laborales de los trabajadores. "Nos interesa que la empresa produzca y que trabaje de la mejor manera posible, pero también queremos estar a la altura de las circunstancias con respecto a los derechos de los trabajadores", concluyó.

La medida de fuerza continuará hasta que haya una respuesta concreta, sin confirmaciones con respecto a la finalización del paro. 

En el día de hoy se conocieron las medidas que se adoptarán en el sector lechero de todo el país, debido a que habrá un paro general de 48 horas que afectará a todo el sector, al mismo tiempo que en SanCor la situación se encuentra más tensa y se interrumpirán sus actividades por un lapso de 72 hs.

El Consejo Directivo Nacional de Atilra determinó, mediante un comunicado oficial:

La realización de un paro total de 72 hs. en la empresa SanCor C.U.L.. Extendiéndose la medida desde las 0 horas del día martes 29 de noviembre del corriente año hasta las 24 horas del día jueves 1ro de diciembre.La realización de un paro total de 48 hs. en el resto de las empresas lácteas del país. Extendiéndose dicha medida de fuerza desde las 0 horas del día miércoles 30 de noviembre hasta las 24 horas del día jueves 1ro de diciembre.

A su vez, solicitan a los trabajadores del rubro que se mantengan alertas y movilizados, pendientes de los canales oficiales de comunicación de Atilra, quienes irán emitiendo información correspondiente a las medidas de fuerza adoptadas.

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A continuación, los flyers emitidos por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina:

El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, se refirió a los programas de inserción laboral, capacitación para el trabajo y control de trabajo no registrado.

La provincia de Santa Fe, a través del ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, presentó sus políticas de empleo y fiscalización en el 7mo Encuentro Internacional sobre Derecho Laboral organizado conjuntamente por la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral y ATILRA. La actividad reunió a abogados, autoridades sindicales, representantes políticos y empresarios y periodistas argentinos, uruguayos y brasileros.

En esta oportunidad, Pusineri expuso las principales líneas de acción que el gobierno santafesino ha implementado para activar el mercado laboral desde la salida de la pandemia. “En 2019 cuando en la provincia de Santa Fe, el gobernador Omar Perotti se hizo cargo de la administración, el contexto no era bueno. Veníamos de una Argentina fuertemente endeudada, con proceso creciente de desindustrialización y en marzo, la pandemia. Todo esto llevó a que el mes de junio de 2020 totalicemos más de 40.000 empleos perdidos en la provincia. Esto es una fotografía de lo que sucedió en el país, en general”, detalló el funcionario.

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“Hoy el último dato nos indica que superamos los 540.000 trabajadores en el sector privado formal. Esta situación sin duda no es la panacea y en gran parte se explica por el dinamismo propio del sector productivo santafesino, que tiene una combinación extraordinaria entre campo e industria que permite generación de divisas y de puestos de trabajo. Pero también tiene que ver con acciones que se encararon desde el gobierno: en primer lugar un programa de financiamiento en pesos para las empresas que se montó con el Banco Nación y el Ministerio de la Producción y que totalizó más de 26.000 millones a valores de 2020; obra pública que se la piensa destinada a la producción como los gasoductos, acueductos, rutas transversales, caminos de la ruralidad, conectividad, etc. y por supuesto los programas que tienen que ver con la capacitación y la inserción laboral”, detalló.

Dentro de estas iniciativas, Pusineri hizo hincapié en las acciones que se desarrollan de manera combinada con las empresas, cámaras, parques industriales y sindicatos, como por ejemplo los programas de capacitación para el empleo: “Una de las demandas del sector empresarial es contar con trabajadores que tengan un saber incorporado. Ese saber puede ser de mayor o menor complejidad. En la provincia de Santa Fe durante este año se destinaron 35.000 horas a capacitar 15.000 personas. Y esto no lo hizo solamente el estado sino con el sector privado, preguntando cuál era la demanda y pidiendo al sector privado que aporte los capacitadores, financiando dichas capacitaciones”.

Por otro lado, el ministro explicó los programas de inserción laboral, como es el caso de Primer Empleo, a través del cual la provincia financia durante 6 meses el 85% del salario mínimo vital y móvil por cada nuevo trabajador de entre 18 y 30 años que se incorpora, “porque las estadísticas oficiales siguen demostrando que son los jóvenes el grupo que mayores dificultades tienen de empleabilidad, y particularmente las mujeres jóvenes”.

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Al referirse a los desafíos pendientes en el área, el ministro hizo referencia a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de la participación de los trabajadores en el producto bruto global: “Sabemos que hay desafíos por delante, y deudas, especialmente con el sector trabajador. Es cierto que hay cuestiones macro que tienen que ver con bajar la inflación, pero también hay cosas que se pueden hacer desde lo local.” En este sentido, resaltó las acciones de fiscalización y control que reducen el trabajo no registrado, la formalización de las tareas de cuidado y la regulación de los trabajadores denominados “de plataformas”.

En este marco de medidas, Pusineri adelantó que “el viernes vamos a estar anunciando con el gobernador Omar Perotti un conjunto de acciones que tienen que ver con el sector industrial, que alcanzan a las empresas en su esquema impositivo y financia los aportes de los nuevos trabajadores que se incorporen”.

Un gran proyecto materializado tendrá su acto de inauguración, el día sábado 19 de noviembre y, para conocer más al respecto, RADIO RAFAELA dialogó con Gerardo Arnodo, responsable de la obra, quien dejó sus sensaciones acerca de esta infraestructura.

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"La verdad que ha sido un gran desafío, pero vale acotar que no es solo para nuestra localidad Sunchales, sino para toda la región. Es un beneplácito poder estar este sábado para inaugurarlo" comenzó Gerardo. También destacó que su funcionalidad y utilización no es exclusiva para miembros de Atilra, "no es solo para los afiliados sino para el público en general", sumó.

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Seguido a esto, se refirió acerca de los detalles arquitectónicos de la obra:

Se van a encontrar con un hotel muy moderno, con un hall magnífico, vamos a habilitar 48 habitaciones más a las 14 que ya tenemos, estamos hablando de una capacidad hotelera de 172 personas en su totalidad, con un patio de recreación entre medio de las alas del hotel, es bastante lineal y longitudinal

En cuanto al espacio deportivo y recreativo en particular, Arnodo explayó, "tendrá 3 canchas de fútbol 5 con césped sintético, 2 canchas de pádel con vidrio templado y una piscina de 600 m2, vestuarios y un bar caribeño cercano".

Para concluir acerca de los detalles de la obra, Gerardo indicó: "todo estará muy decorado, un lugar muy lindo para aprovechar y pasar un grato momento", concluyó.

Mirá la entrevista completa con Gerardo Arnodo, responsable de la obra:

La medida de fuerza tendrá lugar el próximo viernes 14. El sindicato denunció un “reiterado incumplimiento de las obligaciones contractuales” por parte de la cooperativa.

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) anunció un paro de actividades por 24 horas para el próximo viernes 14 de octubre en las plantas de la Cooperativa Láctea Sancor. El gremio considera que hay dificultades para avanzar con el intento de rescate de la empresa láctea. Durante la jornada del cese de actividades no se elaborarán ni comercializarán productos, así como tampoco se realizarán tareas administrativas. Por otro lado, el gremio dispuso que funcionarán las guardias mínimas correspondientes a calderas, sala de máquinas, recepción de materia prima y servicio de vigilancia.

“La retención de tareas se efectúa en el marco del reiterado incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales a cargo del empleador”, dijeron los organizadores de la protesta. “Los trabajadores lecheros de todo el país comenzamos en esta empresa una medida de fuerza no buscada ni deseada por nosotros, la que irá profundizándose y amplificándose a gran escala en salvaguarda de las fuentes de trabajo en juego”, agregaron.

En septiembre pasado, Atilra ya había advertido sobre la situación de Sancor, mientras desde el sector privado se busca aumentar en el corto plazo el volumen de procesamiento de leche para evitar nuevos sobresaltos en la empresa.