Un grupo de diputados nacionales presentaron esta miércoles una impugnación formal contra la audiencia pública convocada en la Cámara de Diputados para tratar la modificación de la Ley de Glaciares.

La presentación sostiene que la audiencia resulta inválida por las “graves irregularidades en la metodología adoptada para su desarrollo”, las cuales restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).

El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien encabezó la iniciativa, señaló que “el esquema implementado limita la intervención oral directa, introduce criterios discrecionales para seleccionar participantes y excluye a la gran mayoría de las personas inscriptas”. Asimismo, advirtió que se modificaron las condiciones de participación una vez iniciado el proceso, alterando las reglas originalmente establecidas.

Otra de los firmantes, la diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria), dijo: “Se cercenó la participación de manera arbitraria, sin transparentar el proceso de selección de los participantes”.

“Se obligó a miles de personas que querían expresarse oralmente a reformular sus intervenciones, restringiendo su derecho a manifestarse a viva voz. Se ampararon en un fallo de la Ciudad de Buenos Aires para limitar la participación de ciudadanos de todo el país. De esta manera, lo que se pretende es simular una audiencia pública, no cumplir con una instancia real de participación”, sentenció.

En su presentación, los diputados también remarcaron que el formato adoptado vulnera estándares básicos de participación pública, como la transparencia, la igualdad en el acceso a la palabra y la necesidad de garantizar instancias sustantivas de debate previo a la toma de decisiones.

Por estos motivos, solicitaron la invalidez de la audiencia pública, la nulidad de los actos realizados en su marco y la convocatoria a una nueva instancia que garantice condiciones reales, abiertas e inclusivas de participación.

Finalmente, se dejó planteada la reserva de acudir a la vía judicial en caso de persistir la afectación del derecho a la participación ciudadana en materia ambiental.

Además de Ferraro y Selva, acompañaron la acción: María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías. NA

 La Cámara de Diputados abrirá hoy a las 10 la primera audiencia sobre la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado, que tendrá en su primera jornada, que será presencial, 200 oradores, y mañana otros 200 en una reunión pública que se hará en forma remota.

Con más de 100 mil inscriptos, a Libertad Avanza (LLA) diseñó un esquema mixto de participación presencial y virtual, donde pondrán exponer unos 400 oradores, de los cuales 200 lo harán este miércoles desde las 10 en forma presencial, otros 200 podrán exponer el jueves en el sistema remoto y el resto tendrá que hacerlo a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video.

Si bien la Justicia rechazó una de las cautelares presentadas por particulares para suspender esas reuniones públicas, quedaba otra presentada por organizaciones ambientalistas sin resolución hasta hoy, miércoles.

La limitación de los oradores, así como la cantidad de asesores por bloque, será un tema de polémica en la primera etapa de la reunión, ya que tanto Provincias Unidas como Unión por la Patria y la izquierda reclamarán la extensión de esas audiencias.

Los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, ratificaron anoche que las exposiciones presenciales estarán a cargo de quienes fueron notificados por correo electrónico, y que el ingreso a la HCDN se habilitará a las 9:00 h y se realizará por la intersección de las calles Mitre y Riobamba.

En una publicación de la red social X, se recordó que “solo podrán ingresar a la sala de la audiencia las personas que han sido fehacientemente notificadas”.

Además, señalaron que “la actividad será transmitida por los medios oficiales de la Cámara y contará con la cobertura de la prensa acreditada”.

“De igual forma, tal como establece el reglamento, todos los diputados tendrán acceso a la sala. Para garantizar la comodidad de expositores y diputados, y atento a las características del lugar, se solicita a los bloques políticos limitar el ingreso de asesores al número que les ha sido comunicado oportunamente”, agregaron.

Los expositores no podrán extenderse más de cinco minutos y, para eso, tanto Peluc como Mayoraz tendrán que ser estrictos con los tiempos en los que podrán hablar los oradores debido a que, en caso contrario, será difícil que este miércoles puedan exponer casi 200 personas de las 24 jurisdicciones.

Pese a los pedidos de la oposición de ampliar la cantidad de días de las reuniones públicas que se efectuarán el 25 y 26 de marzo, el oficialismo mantuvo las fechas que se definieron en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.

Desde la mañana de este miércoles, se implementarán cortes de tránsito en la zona del Congreso que estarán a cargo de las fuerzas federales y afectarán distintos accesos y cruces clave en las inmediaciones del Palacio Legislativo, por lo que se recomienda evitar la zona o circular con demoras.

Entre los puntos donde se realizarán los cortes figuran Avenida Entre Ríos y Adolfo Alsina, Combate de los Pozos y Adolfo Alsina, Hipólito Yrigoyen y Sarandí, Avenida Rivadavia y Sarandí, Riobamba y Mitre, y Avenida Callao y Mitre, con obturación sobre la primera arteria mencionada en cada caso.

Además, por la tarde habrá una marcha de organizaciones ambientalistas que reclamaban una extensión de las audiencias sobre glaciares.

Un grupo de particulares presentó una demanda que cayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, a cargo del juez Enrique Regeuira, quien rechazó la medida solicitada para suspender las audiencias públicas presentada por el abogado Jonatan Baldiviezo, junto con la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y la ingeniera María Eva Koutsovitis.

También pidieron una medida cautelar las organizaciones ambientalistas, en una presentación que recayó en el Juzgado Contencioso N° 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, quien aún no se ha expedido sobre ese pedido.__IP__

Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climática y Greenpeace solicitaron que se ordene “al Congreso garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones” sobre la reforma de la ley de Glaciares aprobada por el Senado.

En el marco del desarrollo de la Red Federal de Concesiones (RFC), Vialidad Nacional lanzó la Etapa II, de la cual ya se encuentran disponibles en el sitio web de Vialidad Nacional los pliegos preliminares particulares y generales, de este nuevo sistema para la operación y mantenimiento de la Red Vial Nacional. 

Además, se convoca a personas físicas y jurídicas a los espacios de participación ciudadana donde podrán compartir las distintas opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre estos importantes proyectos viales.

En este espacio se tratarán los tramos que conforman la segunda fase de la RFC, constituida por más de 4.400 kilómetros de rutas nacionales, divididos en 8 tramos ubicados en el sector centro del país, abarcando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa.Cabe señalar que la Etapa II fue reconfigurada en base al análisis de las necesidades y potencialidades de los futuros concesionarios. De esta manera, se amplían las posibilidades de adjudicación a distintas empresas y se mantiene la transparencia y competencias en pos del beneficio general.

En este sentido, y en el marco de la Resolución 827/2025, se invita a participar de las tres audiencias públicas que se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma:

● Tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur: miércoles 11 de junio de 2025, a las 10 a.m., en el Centro Cultural Municipal Poeta Enrique Uzal, ubicado calle Petracchi 646, San Miguel del Monte, Provincia de Buenos Aires.● Tramos Pampa, Mediterráneo y Puntano: jueves 12 de junio de 2025, a las 10 a.m., en el Complejo Deportivo Municipal General San Martín, ubicado en RN7, Junín, Provincia de Buenos Aires.● Tramos Portuario Sur y Portuario Norte: viernes 13 de junio de 2025, a las 10 a.m., en el Auditorio Municipal Rafael de Aguiar calle Maipú 22, ,San Nicolás de Los Arroyos, Provincia de Buenos Aires.

Las instancias de participación pública tienen el objetivo de promover una mayor competencia, generar mayor transparencia y confianza y lograr mejores resultados para los usuarios. 

Quienes tengan interés, deberán inscribirse a partir de las 00:00 horas del día lunes 19 de mayo de 2025 y hasta las 23:59 horas del día lunes 09 de junio de 2025, en la página web de la Dirección Nacional de Vialidad en las secciones de la Red Federal de Concesiones o Espacios Participativos. La inscripción será libre y gratuita, y se realizará a través del formulario disponible en dicha Web.

Cabe destacar que el desarrollo de la Red Federal de Concesiones es posible gracias a que se generaron las condiciones para que los capitales privados puedan invertir en la operación y mantenimiento de estas trazas nacionales y de esta manera, reducir los gastos que esto genera al Tesoro nacional.

Se recuerda que el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios.

Asimismo, Vialidad Nacional, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte, será la autoridad encargada de supervisar y controlar los contratos de concesión actuales y futuros, asegurando su cumplimiento en beneficio de los usuarios y el desarrollo de la infraestructura vial.

Toda la información relativa al proceso de concesiones está disponible y actualizada en el sitio web de Vialidad Nacional, con el objetivo de que toda la ciudadanía y las empresas interesadas puedan acceder con facilidad.

Por último, el organismo vial ya finalizó todos los procedimientos de participación ciudadana de la Etapa I, conformada por los Tramos Oriental y Conexión integrados por las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174 que eran parte del exCorredor Vial 18. 

En esta instancia, se dio lugar a las consultas, propuestas e inquietudes de usuarios, vecinos y agrupaciones del sector. Sumado a ello, se realizó un Data Room donde los oferentes interesados participaron para expresar sus opiniones y proyectos. En base a esto, se analizó la documentación propuesta y se confeccionó la Versión 2 de los documentos preliminares.

El Concejal Lisandro Mársico, expondrá como único representante de la Ciudad, en la Audiencia Pública, que convocó al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), ante el pedido de aumento de las tarifas solicitado por la prestataria del servicio Aguas Santafesinas SA. El Concejal Ceferino Mondino, participará de la misma en carácter de oyente.

En primer lugar se realizó una audiencia el lunes 6 de marzo a partir de las 10:00 hs, en la ciudad de Rosario, en el Salón Rodolfo Walsh de la sede de Gobierno de la Provincia de Santa Fe ubicada en calle Santa Fe 1950 y la segunda será el 7 de marzo de 2023, a partir de las 10:00 hs, en la ciudad de Santa Fe, en el auditorio del ENRESS, sito en 25 de mayo 1951.

Los Concejales Mársico y Mondino, estarán presentes en la Ciudad de Santa Fe, se espera un encendido discurso del edil demoprogresista en contra de la suba que pretende otorgarle la Empresa de un 80%, debido a que Rafaela está lejos de tener un servicio acorde con la tarifa que se pretende percibir por parte de ASSA.

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Entre oyentes y expositores se inscribieron para la Audiencia en la Ciudad Capital 19 participantes.

Recordemos que Aguas Santafesinas SA brinda el servicio de agua potable y desagües cloacales a 15 ciudades santafesinas, entre ellas Rafaela y esta solicitud de aumento de la tarifa lo formula la misma Empresa al Ministerio de Infraestructura de la Provincia, que está a cargo de Silvina Frana, que en definitiva será quien termine decidiendo porque como se dijo la audiencia no tiene carácter vinculante, pero se constituye en un espacio de participación importante para la defensa de los usuarios y consumidores.

“Estamos convencidos de que la mayoría de los actores tienen buena fe y no quieren seguir contaminando”, afirmó el Dr. Enrique Marchiaro.

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El Dr. Marchiaro, representante de las organizaciones ambientalistas ADAPA y Amigos de la Vida, dialogó con Radio Rafaela tras la audiencia pública sobre fitosanitarios. El profesional sostuvo que fue muy buena, y aclaró que “no son audiencias fáciles, son atípicas, son nuevas. Todos los actores del sistema institucional nos vamos adaptando a esta nueva modalidad oral y pública”.

Cabe recordar que este martes, en el Juzgado Nº2, se llevó a cabo la Audiencia Pública en el marco de la causa en la que se discute la vigencia de la Ordenanza Nº5.331 relativa a aplicaciones fitosanitarias, que fuera sancionada en el mes de diciembre del año 2021 por el Concejo Municipal.

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Objetivo

Consultado acerca del objetivo de la instancia judicial, el profesional explicó que "era la información que necesitaba el Juez para ampliar algunos puntos". En esa línea, aclaró que “esa es la razón de la mayoría de las exposiciones. Un 80% fueron de la parte demandada y los organismos nacionales como INTA o SENASA, que sostienen que este tipo de producto no tienen peligrosidad alguna, por ello se extendió notablemente ese tipo de exposición”.

“No así lo de la parte actora, o sea, los que impugnamos la Ordenanza. Porque precisamente en el expediente judicial hay tres pruebas de informe de universidad que consideran que hay peligrosidad respecto de estos productos”, detalló.

El debate que hay es porque SENASA e INTA consideran que este tipo de productos tienen escasos riesgos y que no hay peligrosidad, ya que no analizan directamente la peligrosidad en cuanto a lo que se consideran criterios de contaminacion crónica o silenciosa.[Dr. Enrique Marchiaro]

Marchiaro comentó que "algunos sectores científicos -no digo todos- plantean en el mundo y en la Argentina que no solamente los agroquímicos tradicionales como el glifosato son altamente peligrosos, sino también estos nuevos con los que hay que tener precaución respecto del comienzo de su uso".

El representante de las organizaciones ambientalistas resaltó la importancia del debate: “es la primera causa en el país que hay sobre este debate de productos biológicos y orgánicos tan cerca de las viviendas. Y no tendrá ni la primera ni la última palabra en la sentencia próxima a salir, será importante pero seguramente tendrá otras instancias y va a sentar un precedente importante para la Argentina”.

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Sobre la Ordenanza aprobadaAcerca de la Ordenanza aprobada, Marchiaro sostuvo que es difícil conformar a todo el mundo, aunque "lo ideal sería ir acercando la mayor cantidad de posiciones posibles".

Y agregó: "ha quedado muy claro tanto de parte del SENASA como del INTA que hay una tendencia mundial de un paso progresivo de los productos químicos a los biológicos y orgánicos. Eso está bien, pero lo que está mal es que no cambia el paradigma de base entendido que hay hoy a otro tipo de producción más general y un paso transicional a la agroecología”.

"Esto no es una cuestión utópica, ya hay una Dirección Nacional en el Estado Nacional que está acreditando que el paso a lo agroecológico incluso es rentable si se realiza bien", sostuvo Marchiaro.

En este caso, en cuanto a los metros de límite de aplicación de productos, hoy el Concejo podría tomar el concepto del SENASA que sostiene que los productos biológicos son menos nocivos y no tienen ninguna peligrosidad. Se podrían utilizar desde los 200 metros y no de los 1000, “y para ello no habría ningún obstáculo. Sería lo ideal que del metro 200 en adelante no se use más glifosato y se usen productos biológicos. Nadie dijo eso todavía, y es un tema que abre el debate”.

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Lo importante de la Audiencia de ayer “es que se debatió con respeto, de una manera racional y se van aclarando una serie de cuestiones. Lo que también se aclara es que INTA y SENASA no tienen una visión que incorpore el principio precautorio, tienen una visión productiva pura y el estado en sus organismos reguladores está obligado a aplicar el principio precautorio. Esto significa que, cuando hay controversia científica sobre la posibilidad o no de un daño irreversible al ambiente, se deben adoptar medidas provisorias hasta tanto se constate que no va a haber ese peligro".

Marchiaro subrayó: “nadie plantea terminar con la producción tradicional de un día para otro, sería una utopía en relación al mundo. Se está planteando un paso transicional y que el debate incorpore el principio precautorio de alguna manera, ya que SENASA e INTA no lo hacen ni lo quieren hacer. Lo digo con conocimiento de causa, se les preguntó a funcionarios de INTA y SENASA si aplicaban o no el principio precautorio y dijeron que no”.

En la causa se les preguntó a funcionarios de INTA y SENASA si aplicaban o no el principio precautorio y dijeron que no. Son criterios y, ante una diferencia de criterios en un Estado democrático, es la decisión de un juez la que ponga punto final al tema.[Dr. Enrique Marchiaro]

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Fundamentalismo"Un ambientalismo fundamentalista rechazaría toda la ciencia y, en este caso, las organizaciones actoras (ADAPA y Amigos de la Vida) partimos de un informe del ingeniero Beldoménico, una persona con una trayectoria de toda la vida que acredita este punto de vista", respondió ante la pregunta sobre la militancia fundamentalista que se percibe en los dos sectores antagónicos.

"Partimos de opiniones científicas para sostener la posición, por eso no hay fundamentalismo. Tampoco lo hay porque hemos ido al Concejo Municipal a exponer, creemos en el diálogo y esperamos que el debate ayude a comprender este tema. Estamos convencidos de que la mayoría de los actores tienen buena fe y no quieren seguir contaminando", afirmó.

Esperamos que el debate ayude a comprender este tema porque estamos convencidos de que la mayoría de los actores tienen buena fe y no quieren seguir contaminando[Dr. Enrique Marchiaro]

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El fallo

“Sea cual fuera la resolución, las partes generalmente apelan. Estamos en una cuestión ambiental donde no todo es blanco y negro, son temas que tienen sus matices. Hay que tener prudencia, esperar el resultado, analizarlo, habrá instancias revisoras, son temas largos”, explicó el Dr. Marchiaro.

“Más allá del debate judicial, lo importante es que los actores vayamos hablando un lenguaje que nos acerque cada vez más a entender el tema”, dijo. Consultado a cuál es el límite agronómico del cual es partidario, señaló que su posición cambió a partir de los estudios que se han hecho.

Años atrás no creía que el límite de 800 o 1000 metros fueran necesarios. Desde hace unos cinco años a esta parte, se acumularon estudios en el mundo y en la Argentina que acreditan la peligrosidad de los compuestos químicos, por lo cual creo que la línea de 1000 metros es necesaria. [Dr. Marchiaro]

Para finalizar, sostuvo que el tema de la línea recién se está empezando a debatir. “La decisión que tomó el Concejo Municipal de Rafaela fue de una manera un poco improvisada, por eso el Ejecutivo la vetó en gran parte para tratar de tener mayor información. Es un tema lleno de matices, de pequeños detalles y esperamos que todo salga de la mejor manera”, dijo.

En la mañana de este martes se realizó en los Tribunales rafaelinos la Audiencia Pública en el marco del juicio por el lìmite a las fumigaciones en la ciudad de Rafaela en el que organizaciones ambientalistas y vecinos piden que se anule el artículo 4º de la nueva ordenanza de fumigaciones (Nº 5331) que reduce de 200 a 50 metros la distancia desde el perímetro urbano a partir de la cual se permite aplicar plaguicidas en los campos. A raíz de la demanda, ese artículo se encuentra suspendido por una medida cautelar.

La misma estuvo presidida por el Juez Subrogante Matías Colon y participaron representantes de la Municipalidad de Rafaela, concejales, funcionarios provinciales, el SENASA, el INTA, la fiscal extrapenal, la asesora de menores y un representante de las organizaciones ambientalistas y vecinos demandantes. Se podrá ver por Zoom con inscripción previa.

A lo largo del encuentro el juez que interviene en el juicio por el límite a las fumigaciones en Rafaela realizó preguntas a los principales actores involucrados en el caso.

La audiencia se realizó desde las 8, en el edificio de Tribunales y se extendió por poco más de 2 horas en las que expusieron el Presindete del Concejo Municipal, Germàn Bottero, la concejal Brenda Vimo, y los concejales Lisandro Mársico y Leo Viotti, autor de la polémica ordenanza que reduce el lìmite agronómico de 200 metros a 50.

También hicieron uso de la palabra el Fiscal Municipal, Dr Daniel Fruttero, la Secretaria de ; la secretaria de Ambiente municipal, María Paz Caruso; el abogado representante de organizaciones ambientalistas, Enrique Marchiaro, la fiscal extrapenal Carolina Castellano, la Defensora de Menores, Mónica Fiorillo, representantes de la Asociación Civil "Productores Unidos de Rafaela" , Guillermo Dalmazzo, representante de ADAPA, una de las organizaciones denunciantes como así también de Amigos de la Vida.

La Presidenta de la Sociedad Rural de Rafaela, Norma Bessone estuvo presente en el segundo piso del edificio de Tribunales y siguió con atención el desarrollo de la Audiencia.

Jorge Villar y Luis Carrancio, representantes del INTA luego de finalizada la Audiencia dialogaron con Radio Rafaela y destacaron la importancia de la Audiencia, "fue una oportunidad importante para escuchar a todas las partes, todos los enfoques y visiones escuchándose, porque muchas veces en las reuniones la gente habla, se interrumpe y no se termina de entender" dijo Villar al tiempo y subrayó "fue una Audiencia Pública ordenada en la que las preguntas fueron concretas y cada uno pudo expresar lo que piensa y la opinion que maneja"

Coincidió con Villar Luis Carrancio del INTA Oliveros, "hay que felicitar este tipo de proceso porque dan la oportunidad de participar, si bien no es vinculante ayuda a la formación de la opinión del Juez y pueden aclararse cuestiones técnicas, y siempre viene bien"

Antes de finalizar la entrevista, Villar sostuvo; "lo que tenemos que hacer es trabajar profesionalmente, garantizar y exigir que se hagan los controles y destacó el trabajo que se realiza en la Municipalidad de Rafaela en tal sentido, "se trabaja muy bien, con mucha conciencia, la municipalidad tiene una buena organización, se trabaja con receta agronómica tanto de compra como de aplicación y controles en todo el distrito"

Un poco de historia

La ordenanza 5331 impulsada por el concejal Leo Viotti y aprobada por el Concejo Municipal en diciembre de 2021, dispuso que entre el metro 50 y el 200 se puedan aplicar “productos de origen orgánico y/o biológicos”. En base a estudios científicos e informes técnicos, las organizaciones y vecinos denunciaron que esos productos no son necesariamente inocuos sino que, en algunos casos, pueden suponer riesgos para la salud y el ambiente. Incluso varios de ellos son fabricados por las mismas empresas que venden agrotóxicos como el glifosato.

Amparados en la la Ley Provincial 10.000, que permite a la ciudadanía recurrir a la Justicia ante decisiones de las autoridades que afecten derechos colectivos, en agosto pasado, las organizaciones y vecinos denunciaron que el artículo 4º es regresivo porque implica un retroceso en la protección de la salud y el ambiente.

Lo afirmó Guillermo Dalmazzo, integrante de ADAPA, en la previa a la audiencia pública que se desarrollará la próxima semana.

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El martes 28 de febrero tendrá lugar la Audiencia Pública de la que pueden participar todos los ciudadanos y a la que fueron citados concejales y representantes del Ejecutivo. La misma es en el marco de la causa "ADAPA y otros, contra municipalidad de Rafaela sobre recurso contencioso administrativo de la Ley 10.000".

Cabe recordar que fue votada la "Ordenanza Viotti" que regula el uso de agroquímicos y fitosanitarios disminuyendo el límite agronómico. Redujo de 200 a 50 metros la distancia desde el perímetro urbano a partir de la cual se permite aplicar fertilizantes y plaguicidas en los campos. Entre el metro 50 y el 200 habilita la fumigación con “productos de origen orgánico y/o biológicos”.

En respuesta, organizaciones y vecinos que integran el colectivo “Rafaela sin venenos, por la agroecología” presentaron una acción judicial en los tribunales locales. La misma pide que se anule el nuevo límite a las fumigaciones impuesto por la ordenanza 5331.

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Guillermo Dalmazzo, integrante de ADAPA, charló con RADIO RAFAELA antes de la convocatoria de este martes. En primer lugar, explicó que la audiencia pública es una herramienta que tiene el Juez para definir su criterio. “Si bien no es vinculante, citó a las partes involucradas para escuchar las respuestas que emitan de las preguntas que haga”, contó.

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Más de 10 años

Dalmazzo destacó que hace más de 10 años se viene solicitando desde distintas asociaciones que se extienda la línea de 200 metros. “Hoy en día ya se están pidiendo 1500 metros de línea agronómica” destacó.

“El punto en este caso es que se corrió el eje de la discusión. De discutir sobre si extendíamos la línea de 200 metros, nos encontramos debatiendo si queremos o no que se apliquen a partir de los 50 metros y hasta los 200 productos denominados de origen biológico u orgánico”, explicó.

En ese marco, aclaró que en realidad “el debate de fondo es la modificación del modelo y patrón de producción de la periferia de pueblos y ciudades, en nuestro caso en la ciudad de Rafaela. Que se migre a un modelo productivo en el cual prime la integración de la naturaleza en ese modelo de producción y no que se borre definitivamente a la naturaleza y se apliquen monocultivos a los cuales se le tiran productos con la denominación que se les quiera poner (biológicos, sintéticos y orgánicos)”.

En ese punto de la reducción del límite para la aplicación de productos, no están “para nada de acuerdo con la Ordenanza aprobada, porque se van a seguir haciendo soja o maíz con la aplicación de productos que tengan otra denominación”.

“Lo que queremos traducir es la palabra de diversos profesionales de muchas áreas que nos están diciendo que tenemos que empezar a cambiar la forma de ver la periferia de pueblos y ciudades. Tenemos que empezar a integrar el modelo productivo a la naturaleza y no borrar la naturaleza para luego poner una alfombra de un solo cultivo y rotarlo cada 3 o 4 meses”, sostuvo.

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Intereses económicosLo que se cuestiona en este juicio es el artículo 4to, en el cual se determina en esa reducción de límite. “Se protege menos a la naturaleza porque, más allá de la denominación que tengan, se van a seguir tirando productos diseñados por el ser humano para eliminar un vegetal o un animal. Lo que se está diciendo en los organismos internacionales en las reuniones que se hacen año tras año es que la biodiversidad está en peligro. Si no entendemos esa parte, es que no entendemos hacia dónde tenemos que ir en los próximos 10, 20 o 50 años”, precisó Dalmazzo.

Sostuvo que, al mirar hacia adelante, tenemos que ir hacia espacios en los que se regenere la naturaleza, donde intervengamos como seres humanos dentro del ecosistema natural con toda su expresión. “Lo venimos planteando desde hace más de 10 años para que se haga gradualmente -y en ningún momento se planteó- es un programa integral de avance hacia una producción más amigable con el ambiente”.

“Hay que cambiar un paradigma de pensamiento, que luego tenga como consecuencia cambiar el paradigma de producción, entendiendo lo que es la cuestión económica. No vivimos dentro de un termo y entendemos cómo se manejan estas cuestiones, pero no podemos tolerar que la cuestión económica se lleve puesto todo el resto”, añadió.

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La Audiencia Publica Será el martes 28 de febrero a partir de las 8 horas en el edificio de Tribunales. Participarán la Municipalidad, concejales, funcionarios provinciales, el SENASA, el INTA, la fiscal extrapenal, la asesora de menores y un representante de las organizaciones ambientalistas, además de vecinos demandantes. Se podrá ver por Zoom con inscripción previa.

Debido a que el espacio físico es reducido, el Juzgado Civil de la 2º Nominación informó que habilitará una sala virtual a través de la plataforma Zoom. Quienes quieran acceder tienen que enviar un correo electrónico con nombre, apellido, DNI y lugar de residencia a civil2rafa@justiciasantafe.gov.ar, al menos dos días hábiles antes de la audiencia.

En el juicio, organizaciones ambientalistas y vecinos piden que se anule el artículo 4º de la nueva ordenanza de fumigaciones (Nº 5331) que reduce de 200 a 50 metros la distancia desde el perímetro urbano a partir de la cual se permite aplicar plaguicidas en los campos. A raíz de la demanda, ese artículo se encuentra suspendido por una medida cautelar.

El martes 28 de febrero tendrá lugar la Audiencia Pública de la que pueden participar todos los ciudadanos y a la que fueron citados concejales y representantes del Ejecutivo. La misma es en el marco de la causa "ADAPA y otros, contra municipalidad de Rafaela sobre recurso contencioso administrativo de la Ley 10.000".

Recordemos que, luego de ser votada la "Ordenanza Viotti" que regula el uso de agroquímicos y fitosanitarios disminuyendo el límite agronómico de 200 metros a 50, organizaciones y vecinos que integran el colectivo “Rafaela sin venenos, por la agroecología” presentaron una acción judicial en los tribunales locales. La misma pide que se anule el nuevo límite a las fumigaciones impuesto por la ordenanza 5331.

La conflictiva ordenanza redujo de 200 a 50 metros la distancia desde el perímetro urbano a partir de la cual se permite aplicar fertilizantes y plaguicidas en los campos. Entre el metro 50 y el 200 habilita la fumigación con “productos de origen orgánico y/o biológicos”, lo que implica un retroceso en la protección del ambiente y la salud de la población.

La demanda fue presentada el 1 de agosto en el Juzgado Civil y Comercial de Rafaela por las asociaciones Acción de Defensa Animal y Protección Ambiental (ADAPA) y Amigos de la Vida, junto a un grupo de vecinos.

Se ampararon en la Ley Provincial 10.000, que permite a la comunidad presentar recursos judiciales ante decisiones o actos de las autoridades que afecten la salud pública y el ambiente, entre otros derechos colectivos. En este caso, piden la nulidad del artículo 4º de la ordenanza 5331 (que fija el nuevo límite) y el mantenimiento de la franja originaria de 200 metros libre de toda fumigación.

Organizaciones y vecinos, denunciaron que los “productos orgánicos y/o biológicos” no son necesariamente inocuos, sino que en algunos casos pueden suponer riesgos para la salud y el ambiente. Además, si la verdadera intención del Concejo Municipal hubiera sido proteger a la población y promover agroecología, lo que correspondía era ampliar y no reducir el límite a las fumigaciones.

En este sentido, explican que, al proteger menos que la anterior, la ordenanza 5331 viola el principio de no regresión que está presente en el Derecho ambiental y en la Constitución Nacional. Asimismo, advierten que el Concejo Municipal tampoco respetó el principio precautorio dispuesto por la Ley General del Ambiente, que establece que ante peligro de daño grave o irreversible no deben demorarse las medidas tendientes a evitarlos con el argumento de falta de información o certeza científica.

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Retroceso

Cabe recordar que, a partir de una iniciativa de la concejal Brenda Vimo, se debatió largamente en el Concejo Municipal el uso de agrotóxicos. Se presentaron tres propuestas, la de la concejal Vimo, principal militante del tema que proponía extender a 1000 metros el límite agronómico; otra del concejal Lisandro Mársico del Partido Demócrata Progresista, que proponía dejar el límite existente; y una tercera de Leonardo Viotti de Juntos por el Cambio redactada en 72 horas que reduce el límite de 200 a 50 metros.