La Universidad de Buenos Aires será la primera entidad auditada por el volumen de presupuesto que maneja. Sus fondos no son examinados desde el 2013 por la SIGEN.

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) notificó hoy a la Universidad de Buenos Aires (UBA) que iniciará los trabajos de auditoría en esa casa de estudios.

Según expresó el ente descentralizado de control interno en un comunicado, las autoridades de la UBA no respondieron a las notificaciones enviadas por el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y el aviso al correo electrónico oficial del rectorado.

Por esa razón, “se decidió entregar la notificación en un documento físico, para evitar más dilaciones”.

“Así, el equipo de la Sindicatura General de la Nación remitió en mano en la mesa de entradas de la Rectoría de la UBA, la nota que indica que comenzarán los trabajos de auditoría en esa casa de estudios”, señalaron.

La UBA había sido auditada regularmente hasta 2013 por la SIGEN, pero a partir de entonces se modificó el criterio porque se consideró que avasallaba la autonomía universitaria.

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“En 2022, un dictamen del entonces Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, de noviembre 2022, durante la presencia de Alberto Fernández, había impedido a la Sindicatura auditar las universidades nacionales, situación que se revirtió el 15 de octubre último, con un dictamen firmado por el actual Procurador, Rodolfo Barra, que vuelve a otorgar la Sindicatura General de la Nación la capacidad de auditar las universidades”, reflejó el organismo que encabeza Miguel Bianco.

La UBA será, según reveló el titular de la SIGEN, la primera universidad auditada por el volumen de presupuesto que maneja.

El procedimiento iniciará con un relevamiento de los procesos internos de cada repartición, luego se realizará una identificación de los controles, relativo a los movimientos de fondos, y en tercer lugar se pondrán a prueba para evaluar su funcionamiento.

“Revisamos el destino, la aplicación, la documentación sustentadora, si están de acuerdo los objetivos, y si se han subcontratado a terceros. Generamos un informe que se discute con las autoridades, y luego se eleva a Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete y Secretaria General de la Presidencia. También al rector”, detalló Bianco en una entrevista reciente.

El funcionario aclaró que ante el hallazgo de irregularidades se cotejará la información con las autoridades auditadas, para evitar conflictos de interpretación, y de confirmarse se derivará el informe a la Oficina Anticorrupción y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

El Poder Ejecutivo decidió definir qué organismo llevará a cabo el control de gastos de las casas de altos estudios.

El procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó este martes el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) funcione como órgano auditor de las universidades nacionales, en medio del conflicto por la toma de las sedes de las casas de altos estudios en distintos puntos del país.

Barra informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y de aplicación a las universidades nacionales, detallaron fuentes oficiales.

La resolución fue informada a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, en respuesta a la solicitud que los legisladores del PRO y el MID elevaron al Gobierno nacional en el marco de las mesas conjuntas que funcionan en Casa Rosada.

Hasta hoy, solo la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que depende del Congreso, podía llevar adelante las auditorias. Dicho cuerpo está encabezado por Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete durante el gobierno de Alberto Fernández.

La conclusión del dictamen firmado por Barra establece: "En síntesis, a la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales, en tanto el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521″.

Esta decisión anula la resolución del ex procurador del Tesoro Carlos Zannini, quien en noviembre de 2022 determinó que las universidades quedaban exentas de la aplicación del artículo 100 de la ley de Administración Financiera.

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En 2023, el aquel entonces ministro de Educación, Jaime Perzyck, firmó un convenio con la SIGEN habilitando la posibilidad de solicitar auditorías por parte del organismo.

Al respecto, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, destacó la modificación: "Celebramos este dictamen ejemplar de la Procuración que permite a la SIGEN auditar a las universidades nacionales".

"De esta manera, el Ejecutivo tendrá participación en la revisión financiera y operativa que está actualmente cargo de la oposición a través de la Auditoría General de la Nación (AGN). Logramos revertir la norma que impulsó Carlos Zannini en 2022 para evitar que el Gobierno Nacional pueda auditar los gastos de las universidades nacionales", sintetizó a través de sus redes sociales.

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La decisión de la administración libertaria va en sintonía con los permanentes cuestionamientos del presidente Javier Milei al sector, luego de denunciar falta de transparencia en las cuentas de las altas casas de estudio.

"¿Por qué no quieren ser auditados sin no están en discusión la universidad pública, si no está en discusión que es no arancelada? ¿Tanto problema porque los queremos auditar?", planteó hoy en una entrevista para La Nación +, y concluyó: "No quieren ser auditados los que están sucios. Todo este revuelo es tomar una causa noble y ocultar los curros de los delincuentes".

El Gobierno descubrió una actividad fraudulenta por casi 3.400 millones de dólares en el otorgamiento de pensiones

En una auditoría realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sobre pensiones por invalidez otorgadas durante gestiones anteriores se detectó “una actividad fraudulenta a gran escala” con desvío de fondos estimados en 3.400 millones de dólares solamente durante el último año.

Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, mientras que el trabajo de auditoría fue encabezada por el Director Ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo y reveló que durante los gobiernos kirchneristas sucedidos entre los años 2003 y 2015, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.000.045.

En tanto, a diciembre de 2023 la cifra se ubicó en 1.222.000 beneficiarios, un número “estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales”, indicó Adorni y, entre las irregularidades e incompatibilidades en el otorgamiento de pensiones, mencionó que “la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez”, de las cuales “el 65%, es decir, prácticamente dos de cada tres, fueron otorgadas en menos de 30 días”.

También hizo público el caso de la provincia de Chaco, donde una misma radiografía de hombro fue presentada como prueba en 150 pensiones por invalidez, mientras que en 2022 “un médico correntino de dudosa ética profesional adjuntó al certificado que presentó para la obtención de una pensión la radiografía de un perro”, material cuya copia el vocero compartió entre los periodistas presentes en la conferencia ya que en la imagen se puede ver la cola del perro.

Por otra parte, Adorni puso de relieve el dato publicado por el INDEC que da cuenta de la recuperación de la actividad económica en mayo con un crecimiento interanual de 2,3% respecto del mismo mes del año anterior, y de 1,3% respecto de abril último. Asimismo, destacó la cancelación de los contratos por opciones de liquidez, también llamados PUTs, por 13.17 billones de pesos, “otra de las grandes bombas que había dejado la administración del profesor Fernández y del abogado Sergio Massa”.

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Las declaraciones de Adorni

“Este relevamiento descubrió una actividad fraudulenta a gran escala, donde se estima que solo en el último año se desviaron fondos por el equivalente a 3.400 millones de dólares, algo más de medio punto del producto. Del total de pensiones otorgadas hay 25.000 personas pensionadas que actualmente están trabajando”, indicó.

Además, dijo: “Hay 60.000 personas dentro de este universo que presentan incompatibilidad de requisitos, por ejemplo, tienen varios autos, varias propiedades, tienen propiedades fuera del país, embarcaciones y hasta se detectaron algunos con aviones privados. A cada persona que se le otorgó indebidamente una pensión por invalidez también se le otorgó el servicio de obra social Incluir Salud, que representó una transferencia promedio desde el gobierno nacional de 1.5 millón de pesos por afiliado”.

“Las pensiones por discapacidad deberían tener como destino solamente a aquel que tenga una discapacidad para trabajar y que requiera esta prestación, y no que se transforme en parte en un gran negocio o en una gran caja”, indicó y agregó: “Cada pensión que fue otorgada de manera fraudulenta va a ser denunciada penalmente. La Argentina de la avivada, que es corrupción con el dinero de los contribuyentes, se terminó bajo la administración del presidente Milei”.

Lo informó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Iniciarán una auditoría, ya que aseguran haber detectado irregularidades y analizan reclamar la devolución de dinero cobrado.

El Gobierno Nacional informó este lunes que dejará de pagar las indemnizaciones reclamadas por personas que aseguran haber sido víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar en el país, luego de haber detectado irregularidades en los trámites, según informó el Ministerio de Justicia.

“Dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado”, escribió el ministro Mariano Cúneo Libarona, dando cuenta del comunicado.

De acuerdo al texto, difundido a través de la cuenta oficial de X del organismo nacional, la medida se debe a la detección de “distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”, del beneficio para las personas que fueron sometidas a crímenes de lesa humanidad.

Desde @jusgobar dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado. pic.twitter.com/pvHKVx1kdV

Los hechos tuvieron lugar durante el gobierno de facto, entre los años 1976 y 1983, en los que integrantes de las Fuerzas Armadas desaparecieron y torturaron personas. Hasta hoy, el Estado había compensado el daño sufrido por las víctimas. Con la disposición adoptada por la gestión actual, eso será sometido a revisión.

El ministro, integrante del gabinete del presidente Javier Milei, avanzó en la decisión a través de la resolución ministerial N RS - 2024 - 40979055 - APN - MJ, mediante la cual se impone una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado.

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Los motivos

Entre los fundamentos, Justicia señala que la medida surge a partir de la causa “”Martínez Moreira, Adrián y otros sobre defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita”, y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelación en los Criminal y Correccional Federal. Ese expediente fueron procesadas personas a quienes se acusa de haber falseado datos para percibir el beneficio que otorga el Estado. El organismo nacional asegura que no es el único caso.

“El Ministerio articulará las medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo perseguirá la devolución de las sumas pagadas por fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”, finaliza el texto que compartió Cúneo Libarona.

Las compensaciones económicas y pensiones que otorgó hasta hoy el Estado a las víctimas de la últimas dictadura militar están previstas por seis leyes nacionales promulgadas entre 1991 y 2013. Se aplican cuando un denunciante inicia un juicio contra el Estado y prueba el daño en una causa judicial. Sin embargo, el Gobierno sostiene que muchos de los fallos pueden haber sido obtenidos a través de documentación falsa.

El organismo encargado de su ejecución fue la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, que coordina con el Poder Judicial para obtener las pruebas necesarias para la acreditación de cada pedido de reparación, y que depende del Ministerio de Justicia

Luego de la resolución, el ministro informó que la presunta estafa anida en alrededor de 100 casos, con trámites iniciados en la Justicia, en las que se reclamaron pagos por 150 mil dólares en cada presentación, lo que hace una cifra de 15 millones de dólares. El Gobierno sostiene que todos esos presentan sospechas, por parte de quienes iniciaron el trámite, de haber falseado datos. “Esto no puedo haber ocurrido sin la colaboración de funcionarios”, denunció Cúneo Libarona en declaraciones a LN+.

El funcionario indicó que el Estado ya pagó 7.996 indemnizaciones a victimas del terrorismo en Argentina. También afrontó la compensación de 14.400 casos de exiliados.

La resolución emitida este lunes por la cartera conducida por el ministro Cúneo Libarona tiene como antecedente en el oficialismo una iniciativa que había defendido Victoria Villarruel incluso antes de ser electa Vicepresidenta.

En 2021, incluso antes de convertirse en Diputada Nacional, la compañera de fórmula de Javier Milei había manifestado: “El curro de los derechos humanos sigue vigente. Consiste en una cantidad impresionante de indemnizaciones a personas detenidas, desaparecidas, que se exiliaron y a niños apropiados. Hubo víctimas de estas supuestas desapariciones que fueron indemnizadas, porque hay una ley que así lo dispone”, planteó en forma crítica Villarruel en aquella oportunidad.

Infobae

El ex candidato a presidente se mostró como el encargado de coordinar la transición en las áreas económicas.Massa y su equipo

La Universidad de Buenos Aires auditará la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, que se inició en julio de 2022 y finalizará el próximo 10 de diciembre.

Así lo informó la oficina de prensa del Palacio de Hacienda en un comunicado difundido este martes.

En las últimas horas, Massa encabezó una reunión para coordinar la transición en las áreas que están a su cargo.

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Los secretarios informaron los avances realizados con los enlaces de transición de cinco áreas (Minería, Industria, Agricultura, Economía del Conocimiento y Energía). Las mismas ya iniciaron la transición con los equipos del Presidente electo Javier Milei.

Para iniciar el traspaso en el resto de las áreas económicas se espera la definición de los enlaces de transición del próximo gobierno.

Estuvieron en la reunión de gabinete presentes el Jefe de Gabinete de Asesores, Leonardo Madcur; la secretaria de Minería, Fernanda Ávila; y los secretarios de Política Económica, Gabriel Rubinstein; de Hacienda, Raúl Rigo; de Legal y Administrativa, Ricardo Casal; de Finanzas, Eduardo Setti; de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; de Planificación del Desarrollo y Competitividad Federal, Jorge Neme; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo; de Comercio, Matías Tombolini; y de Economía del Conocimiento, Juan Manuel Cheppi.

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Además estuvieron presentes el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y secretario de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, Marco Lavagna; el director general de Aduanas, Guillermo Michel; el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto; el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri; el presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Otero; el presidente de Enarsa, Agustín Gerez; el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, y el vicepresidente de la institución, Lisandro Cleri, y el subsecretario de Análisis y Planificación Productiva, Gabriel Vienni.

“Recibimos el informe final de la auditoría externa con mucha satisfacción porque la misma no tuvo observaciones. Esto corrobora el trabajo diario que hacemos desde la Secretaría, como también el compromiso que manifiesta el Intendente con la transparencia en su gestión”, destacó la secretaria Cecilia Gallardo, sobre el análisis de los recursos administrados por el Ejecutivo durante la pandemia.

El intendente, Luis Castellano, junto con la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, y el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, recibieron el informe de auditoría externa realizada por el CPN Leandro Chavarini. La misma contempló el análisis de distintos temas vinculados a la emergencia sanitaria, social y alimentaria derivada de la pandemia de COVID-19, comprendiendo desde marzo del 2020 a junio del 2021.

El informe fue presentado también al Concejo Municipal para su lectura y análisis por parte de las y los concejales y por la Comisión creada al efecto.

Luego del encuentro llevado a cabo en la Intendencia Municipal, y a fin de informar a la ciudadanía los resultados de la auditoría externa solicitada y votada por el Concejo, se convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa.

En primer lugar, Luis Castellano comentó: “Esta mañana recibimos al auditor, quien al mismo tiempo que se presentó al Ejecutivo, el informe estaba ingresando a mesa de entrada del Concejo. Nos pareció muy relevante que lo recibamos con las y los cuatro concejales de nuestro bloque, y junto al jefe de Gabinete y la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia”.

“Es importante, en la auditoría de las cuentas públicas, tener un auditor externo, como así también contar con un equipo como el que maneja el área de Cecilia Gallardo, donde permanentemente se están haciendo auditorías dentro de todo el departamento Ejecutivo. La transparencia, el control de la gestión, la eficiencia, son valores fundamentales que nosotros llevamos adelante”. [Luis Castellano]

Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, coincidió con que “hay valores que para nuestra gestión son innegociables. En esta ocasión, en el informe del auditor externo, llevado a cabo a partir de la ordenanza propuesta por el Concejo, se presentó el análisis de todo lo que fue la gestión durante la pandemia, que generó un ámbito totalmente inusual, el cual implicó cambios en el funcionamiento, modificaciones permanentes, tener que ajustarnos a decisiones de los niveles de Estado provincial y nacional. En ese contexto, lo que uno quiere destacar es la predisposición que encontramos por parte de todos los que componemos el Ejecutivo municipal, para adaptarnos, para llevar adelante acciones que muchas veces no son propias, y hacerlo en un marca de orden y transparencia”.

Participación activa del Concejo

Por parte del Legislativo local, la concejala Brenda Vimo expresó: “Quiero destacar la importancia de un poder Legislativo que acompañe al poder Ejecutivo en situaciones tan críticas socio y sanitariamente como lo que nos tocó vivir, y poder ver a través de un análisis tan pormenorizado, cuánto se ha donado, quién lo ha hecho, cada una de las licitaciones, el entrecruzamiento de datos tan claves como por ejemplo, la cantidad de personas que llamaron al 107, coincide con el número de personas que han sido sostenidas y acompañadas por parte de Desarrollo Humano, en este caso”.

“Quiero destacar la importancia de un poder Legislativo que acompañe al poder Ejecutivo en situaciones tan críticas socio y sanitariamente como lo que nos tocó vivir, y poder ver a través de un análisis tan pormenorizado, cuánto se ha donado, quién lo ha hecho, cada una de las licitaciones, el entrecruzamiento de datos tan claves como por ejemplo, la cantidad de personas que llamaron al 107, coincide con el número de personas que han sido sostenidas y acompañadas por parte de Desarrollo Humano, en este caso”.[Brenda Vimo]

“La participación activa por permitir que las y los concejales acompañemos todo este proceso es un hecho que también marca una transparencia y la lealtad hacia el trabajo”; remarcó Brenda Vimo.

Los datos del control y la rendición de cuentas

Al respecto, Cecilia Gallardo, expresó: “Recibimos el informe final de la auditoría externa con mucha satisfacción porque la misma no tuvo observaciones. Esto corrobora el trabajo diario que hacemos desde la Secretaría, como también el compromiso que manifiesta el Intendente con la transparencia en su gestión”.

“Un dato importante es el de los recursos que el municipio recibió por parte de Nación y Provincia, que fueron ocho aportes no reintegrables por un total de $34.000.000, dinero que fue rendido en tiempo y forma y aprobado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Se trata de fondos que fueron destinados a la compra de mercadería y contratación de servicios para tratar la emergencia”.

“Un dato importante es el de los recursos que el municipio recibió por parte de Nación y Provincia, que fueron ocho aportes no reintegrables por un total de $34.000.000, dinero que fue rendido en tiempo y forma y aprobado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Se trata de fondos que fueron destinados a la compra de mercadería y contratación de servicios para tratar la emergencia”.[Cecilia Gallardo]

“También se gestionaron las donaciones que el municipio recibió. Hay un inventario que presentó la Secretaría de Desarrollo Humano, que da cuenta que el municipio recibió 156 donaciones, las cuales fueron destinadas a más de 10 comedores, merenderos comunitarios. Hay 1.691 personas y grupos familiares beneficiados, y que a través del número 147 Rafaela Responde, se les brindó asistencia, en un contexto en el cual no se podía salir”; detalló.

“Otro dato importante es el de la estructura de gastos. En ese período, el municipio realizó compras de bienes y contratación de servicios por un monto de $132.000.000, aproximadamente. Se analizaron 1.452 órdenes de compra, con 270 proveedores agrupados por gastos según orden de importancia; todo auditado y aprobado”.

“Fueron entregados 35.327 bolsones de mercadería, 1.693 kits de limpieza, 266.400 viandas”.

“Se capacitó a 298 personas en materia de seguridad, higiene, producción, empleo e innovación. Se realizaron 38.447 controles vehiculares, y 763 multas por incumplimiento de las disposiciones destinadas a proteger la vida de las personas”.

En otro orden, la secretaria dijo que “respecto de algunos programas, por ejemplo, tenemos a la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, que en ese entonces no tenía presupuesto para programas como el de apoyo para emprendedores y pymes, fortalecimiento del turismo, del comercio, de servicios, infraestructura para el desarrollo, innovación productiva y social, y economía social y solidaria, que sí se presupuestó para el año 2021 para sostener a actividades tan afectadas por la pandemia”.

“En otra instancia fue auditado el gasto en recursos humanos y materiales. Acá, el auditor resalta la suspensión del deber de asistencia en primer lugar, la habilitación del trabajo remoto, las medidas especiales de organización interna, y sobre todo, la libre disponibilidad de los más de 1.400 empleadas y empleados municipales para la atención de la emergencia sanitaria, con el sostenimiento de la prestación de los servicios esenciales, con un costo laboral (sueldos, cargas sociales y demás) del período auditado de aproximadamente dos mil millones de pesos”.

“En último lugar, me quiero referir a los subsidios, aportes y fondos que fueron destinados por el Gobierno local al sostenimiento de algunas de las actividades, de $4.850.000, que beneficiaron a 68 instituciones, más otras instituciones que nos corresponde por ordenanza, también indicadas con los montos correspondientes”.

Vale aclarar que la auditoría en esta oportunidad fue para el análisis de: Recursos ingresados por aportes de la Nación y/o Provincia que el Municipio haya recibido; Recursos ingresados por donaciones; Programas y/o acciones presupuestadas que dejaron de ejecutarse o se subejecutaron; Estructura de gastos afectados a solventar y atender la emergencia; Gastos de recursos humanos y materiales afectados a solventar y atender la emergencia; Subsidios, fondos y/o aportes destinados a diferentes instituciones por la emergencia sanitaria de Covid-19.

Vale aclarar que la auditoría en esta oportunidad fue para el análisis de: Recursos ingresados por aportes de la Nación y/o Provincia que el Municipio haya recibido; Recursos ingresados por donaciones; Programas y/o acciones presupuestadas que dejaron de ejecutarse o se subejecutaron; Estructura de gastos afectados a solventar y atender la emergencia; Gastos de recursos humanos y materiales afectados a solventar y atender la emergencia; Subsidios, fondos y/o aportes destinados a diferentes instituciones por la emergencia sanitaria de Covid-19.[Ingrese autor (opcional)]

Por último, en el mes de septiembre, se habían presentado los avances del proceso remarcando como positivo que todas las oficinas respondieron los pedidos de informes en tiempo y forma. En este informe final, se agrega a ello el análisis de la información y el cruzamiento de datos con los sistemas informáticos municipales.

Sobre la Auditoría Externa

Este proceso se enmarca en la Ordenanza N° 5.097 y sus modificatorias. Esa primera normativa faculta al Departamento Ejecutivo a “contratar este servicio que estará a cargo de profesionales independientes” como también a la imputación presupuestaria que demande su ejecución. A su vez, el Cuerpo legislativo se reserva la selección de la mejor propuesta “teniendo en cuenta no sólo el costo del servicio sino también los antecedentes de los auditores”. La primera auditoría externa fue en el año 2020.

Así lo indicó la Secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo, sobre el proceso de Auditoría Externa del municipio. Además, resaltó que “uno de los ejes de gestión del intendente Luis Castellano es la transparencia”.

La Secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo mantuvo una reunión con el CPN Leandro Chavarini, con el objetivo de conocer la información vinculada al proceso de Auditoría Externa.

En el encuentro, el auditor externo presentó los avances del proceso remarcando como positivo que, a la fecha, todas las oficinas respondieron los pedidos de informes en tiempo y forma. Resta ahora el análisis de la información y el cruzamiento de datos con los sistemas informáticos municipales.

“Se prevé la entrega del informe final en el mes de noviembre como también una reunión con la Comisión de Seguimiento conformada específicamente para este fin con concejales de la ciudad”, resaltó Gallardo. [Ingrese autor (opcional)]

“Uno de los ejes de gestión del intendente Luis Castellano es la transparencia. En ese sentido, desde esta área buscamos implementar distintas acciones que permitan abrir la gestión porque entendemos la importancia del control externo para la rendición de cuentas a la ciudadanía”, agregó.

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Vale aclarar que este proceso se enmarca en la Ordenanza N° 5.097 y sus modificatorias. La primera auditoría externa fue en el año 2020.