Este martes 9 de diciembre, a partir de las 20 horas, se desarrolla una sesión extraordinaria en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Rafaela (6° piso de Moreno Nº 8), donde asumen sus bancas los concejales electos en los comicios del pasado 29 de junio.

La ceremonia es encabezada por el presidente del cuerpo, Dr. Lisandro Mársico, quien le toma juramento por un período de cuatro años a los nuevos integrantes del órgano legislativo local.

Durante el acto, prestaron juramento:

Estos cinco ediles ocuparán su lugar en el recinto hasta 2029.

Con esta renovación parcial, concluyeron sus mandatos:

El resto del cuerpo mantiene su mandato hasta 2027:

Como ocurre cada año, la sesión extraordinaria incluyó también la elección de las autoridades del Concejo Municipal, designando nuevos cargos de presidencia, secretaría y prosecretaría. La definición completa de las autoridades será comunicada oficialmente tras la finalización de la sesión.

En sus últimos días como integrante del Concejo Municipal de Rafaela, Augusto Rolando dejó una reflexión extensa sobre su paso por el Legislativo local.

A pocos días de concluir su mandato, aseguró -ante Radio Rafaela- que su balance “no es el mismo hoy que será el martes, ni será igual al del primero de enero”, porque el análisis, admitió, también cambia con el tiempo. Sin embargo, eligió cerrar este ciclo con una certeza: “Me voy contento y conforme”.

Rolando recordó que ingresó al Concejo como reemplazo de Leonardo Viotti, un rótulo que, según dijo, acompañó sus primeras semanas. “Entré al consejo siendo el reemplazo de Leo Viotti, porque esa era la forma en la cual los medios me trataban. No lo digo mal, era algo descriptivo”, comentó.

Con el correr de los meses, sintió que pudo demostrar “acciones y capacidad” propias para aportar a la ciudad: “Creo que a lo largo de este tiempo pude mostrar algunas de las acciones que tengo capacidad de hacer para la ciudad, y eso lo plasmé en trabajo legislativo”.

Uno de los ejes más valorados por el concejal fue su tarea en los barrios. Según detalló, en estos dos años realizó 250 salidas territoriales. “Las tengo todas contadas en un mapa que voy a presentar en un informe de gestión. En esas 250 salidas hablé con aproximadamente 3500 familias”, señaló.

Ese contacto directo, aseguró, fue clave para comprender las realidades diversas de Rafaela. “No es lo mismo el barrio Antártida Argentina, una de sus últimas calles, que caminar el barrio Italia. Sus urgencias son distintas”, explicó. Para Rolando, estas visitas no solo le permitieron llevar gestiones o reclamos, sino también construir vínculos: “La gente me ve en la calle y me dice ‘¿vos viniste a mi casa en marzo del 2024?’ Y a veces me acuerdo de la cara. Ahí hay un puente abierto, una relación de afinidad”.

Además del trabajo legislativo, Rolando puso especial énfasis en lo que llamó “microgestiones”, trámites concretos que realizó a pedido de los vecinos. “Fueron más de trescientas microgestiones, también las tengo registradas. Soy muy metódico con lo que hago”, detalló.

Muchas de esas gestiones surgieron en sus recorridas: desde pedidos de información hasta reclamos cotidianos, como “mover un árbol o sacar un árbol”. Para el concejal, esos pequeños trámites también forman parte del deber público: “A mí me pagaron un sueldo y yo soy un funcionario que tiene que dar respuestas y justificar por qué ocupé este lugar”.

Rolando reconoció que el rol de concejal tiene límites: “Siempre expliqué que hay cosas que no podemos gestionar y hay cosas que podemos pedir, pero la respuesta no depende de nosotros”. Aun así, destacó la importancia de estar presente en el territorio y explicar esa dinámica a los vecinos: “Ese ida y vuelta, explicar, estar ahí, hace a la función de un concejal”.

En un clima de alta tensión, este jueves remiseros de Rafaela realizaron una contundente protesta frente al edificio municipal en rechazo al nuevo proyecto de ordenanza destinado a regular la actividad de la aplicación de transporte DIDI.

La manifestación se desarrolló con un corte total en la intersección de bulevar Lehmann y el inicio de calle Moreno, y derivó en momentos de violencia, fogatas y agresiones hacia trabajadores de prensa.

El conflicto entre remiseros y la plataforma DiDi en Rafaela comenzó cuando la aplicación anunció su llegada a la ciudad, a mediados de junio de 2025, sin haber presentado ante el Municipio una solicitud formal de habilitación.

Desde ese momento, se abrió un espacio de diálogo entre autoridades municipales y representantes de remises y agencias, ya que en la ciudad no existe hasta ahora un permiso oficial que contemple el funcionamiento de este tipo de plataformas.

Desde ese primer momento, las agencias de remises y los taxistas sostienen que la aplicación genera una situación de competencia desleal, dado que el servicio tradicional está sujeto a exigencias como habilitación municipal, seguros específicos, licencias profesionales y controles técnicos, mientras que los conductores que utilizan DiDi operarían bajo requisitos más flexibles. 

Además, advierten que esta situación pone en riesgo fuentes de empleo y la seguridad de los usuarios, ya que sin regulación local no hay un control claro sobre los vehículos ni garantías frente a incidentes.

Desde DiDi y quienes apoyan la llegada de la app argumentan que se trata de una herramienta tecnológica independiente y que, por esa razón, su funcionamiento no requiere de habilitación municipal.

Señalan que los requisitos exigidos a los conductores -seguro, documentación obligatoria y licencia común- son suficientes, y remarcan que muchos choferes que migraron a la plataforma lo hicieron en busca de mejores ingresos y mayor disponibilidad de viajes. También destacan que para los usuarios la aplicación representa una alternativa más económica y accesible frente al remis tradicional.

Sin embargo, el debate en Rafaela se inserta en una discusión más amplia que atraviesa a numerosas ciudades: la tensión entre el modelo de transporte regulado y la nueva economía digital. En este contexto, el rol del Estado local apareció en el centro de la escena, con el desafío de definir si debe crear un marco normativo que equipare condiciones entre los distintos sistemas de transporte o si permitirá que las aplicaciones continúen operando bajo un esquema diferenciado.

Semanas atrás, referentes de las empresas de remises de la ciudad de Rafaela cobraron notoriedad tras encabezar una serie de reclamos públicos, recurriendo a distintos medios para “hacerse escuchar”.

El 28 de noviembre, durante la inauguración del nuevo hospital de la ciudad, decenas de remiseros se movilizaron en caravana hasta el lugar, portando pancartas y haciendo sonar sus bocinas con el objetivo de intensificar la visibilidad de su demanda.

Este jueves 4 de diciembre, por la mañana, alrededor de 50 remiseros de Rafaela llevaron adelante una contundente protesta frente al edificio municipal, en rechazo al nuevo proyecto de ordenanza que busca regular la actividad de la aplicación de transporte DIDI.

Un dato particular de este jueves fue la presencia de un reducido grupo de remiseros -alrededor de diez, según pudo constatar Radio Rafaela- que intentó ingresar a la sesión del Concejo Municipal con la intención de dialogar con los ediles una vez finalizada la sesión del día.

Sin embargo, desde el interior del hall municipal se les negó el acceso y, además, arribaron al lugar varios agentes policiales que bloquearon la entrada. Finalmente, solo se autorizó el ingreso de dos representantes para que pudieran subir hasta el sexto piso del edificio, donde funciona actualmente la Municipalidad. La situación llamó la atención considerando que las sesiones del Concejo en Rafaela son, por norma, públicas y abiertas a toda la comunidad.

El titular de Remisería Stylo, Darío Solís, fue una de las voces más críticas. En medio de la manifestación pidió que los funcionarios se presentaran frente a los trabajadores. Además, Darío afirmó que la actividad está “entrando en una selva” y denunció la falta de respuestas oficiales durante casi cinco meses de gestiones infructuosas.

Aseguró que los trabajadores sienten que están “perdiendo una fuente de trabajo día a día” y exigió que los funcionarios den explicaciones frente a quienes, según dijo, representan “500 familias que pueden quedarse sin ingreso”.

Solís relató que en cuatro meses y medio intentaron “todos los medios” para dialogar, pero no obtuvieron respuestas del oficialismo. Cuestionó, además, el borrador de ordenanza que les acercaron en los últimos días, señalando que contiene puntos “descabellados”, como exigir domicilio en Santa Fe para poder trabajar.

Para el sector, cualquier regulación debe equiparar las condiciones entre remiseros y la aplicación: identificación visible, seguros, un lugar físico para reclamos y responsabilidad jurídica definida.

El concejal electo Fabricio Dellasanta, que asumirá en pocos días, también se presentó en la manifestación planteó un enfoque diametralmente opuesto. Consideró que el sistema actual está sobrerregulado y que la solución es “quemar la ordenanza” y permitir que remiseros y aplicaciones trabajen sin cargas burocráticas.

Afirmó que nadie debería “pedir permiso para trabajar” y que la ciudad necesita adaptarse a los nuevos tiempos: “No podemos seguir con leyes del 1900; la gente no anda más a caballo”. Anunció que presentará un proyecto propio apenas asuma.

Por su parte, el concejal Lisandro Marsico explicó que el proyecto previsto para tratarse este jueves finalmente no se votó. “Hubo distintas posiciones y no hubo consenso. El proyecto pasa a comisión”, resumió.

Señaló que, con la nueva conformación que asumirá el próximo 9 de diciembre, el Concejo retomará la discusión: “El miércoles se va a leer el nuevo proyecto y, a partir de ahí, se van a tomar las decisiones que se tengan que tomar”. Aclaró además que desde ahora existe “un único proyecto” que aborda tanto los remises como las aplicaciones.

Además, remarcó que van a estar abordando la cuestión principalmente con la ejecución de controles en diferentes puntos de la ciudad. “Ya hablamos con los encargados de control público para que ese proceso se active”, manifestió. Y añadió que “nosotros permanentemente insistimos al ejecutivo con los controles".

El concejal Augusto Rolando sostuvo que el proyecto buscaba “dar un marco para controlar a DiDi e impedir que funcione de manera irregular”, pero la falta de acuerdo político volvió a frenar el avance.

Aseguró que desde su bloque reclamaron en repetidas oportunidades que el Ejecutivo intensifique los controles y que ese pedido ya fue transmitido a las áreas correspondientes. Sin embargo, insistió en que avanzar con una norma definitiva es indispensable para cerrar el vacío actual. Y bajo ese concepto, el edil remarcó que el objetivo es legislar para toda la ciudad y no para unos pocos.

En medio de la tensión, llegó al lugar el secretario de Gobierno, Germán Bottero, a quien los remiseros le consultaron, sobre cómo se implementarán los controles en la calle. Su respuesta fue cauta: aseguró que los controles se profundizarán, pero evitó adelantar la estrategia operativa, argumentando que necesitará logística y planificación.

En paralelo, remarcó que la resolución del problema depende principalmente de la legislación, no de la ejecución desde su área. 

La protesta terminó sin un acuerdo y con el anuncio de que el proyecto volverá a comisión. Mientras tanto, los remiseros continúan reclamando definiciones y advirtieron que la situación “nos está llevando a una selva, donde cada uno hace lo que quiere”.

La nueva conformación del Concejo asumirá este martes 9 de diciembre y heredará un conflicto que ya acumula meses de tensión, falta de consenso y un visible deterioro en la paz social alrededor del municipio. 

El concejal Augusto Rolando presentó un proyecto en el Concejo Municipal de Rafaela con el fin de actualizar la ordenanza de remises vigente y crear un marco regulatorio para las aplicaciones de transporte, como DiDi, que ya operan en la ciudad sin una habilitación formal.

“Hoy DiDi está funcionando en Rafaela, pero no hay una normativa local que le permita hacerlo como una actividad económica habilitada. Funciona fuera del reglamento, aunque la realidad es que el fenómeno ya llegó”, explicó el edil.

Rolando explicó que el arribo de las plataformas digitales representa un desafío para los marcos legales tradicionales, pero también una oportunidad de actualización. “Llega un actor nuevo, innovador, que trae facilidades y modernidad. Frente a eso, hay dos caminos: prohibir o integrar. Yo elijo la integración, sentar a todos en la misma mesa”, señaló.

El concejal subrayó que la iniciativa no apunta a beneficiar a una empresa particular, sino a regular una actividad concreta, cualquiera sea la aplicación que preste el servicio. “Nosotros no legislamos para nombres propios, sino para una actividad. Puede ser DiDi, Uber u otra que venga después”, aclaró.

Según explicó Rolando, el trabajo legislativo se divide en dos proyectos paralelos. “El primero busca regular la actividad de las aplicaciones, darle un marco legal y permitir que operen de manera controlada. El segundo apunta a revisar y modificar la vieja ordenanza de remises, que data de los años ‘80”, precisó.

Uno de los principales reclamos del sector tradicional tiene que ver con los altos costos y exigencias que deben cumplir las agencias y choferes, lo que les impide competir en igualdad de condiciones con las aplicaciones digitales.“Los remiseros nos dijeron: nosotros tenemos muchas regulaciones que nos elevan los costos fijos. Por eso, decidimos desregular algunos puntos para equilibrar el sistema y permitir que ambos modelos puedan coexistir”, explicó.

En cuanto a las condiciones de control y seguridad, el edil detalló que el proyecto contempla requisitos equivalentes para las apps y los remises.“A los conductores que trabajen mediante aplicaciones también se les exigirá carnet profesional, como se les pide hoy a los remiseros y taxistas”, indicó.

El control operativo estará a cargo del área de Protección Vial y Comunitaria, dependiente de la Secretaría de Gobierno, que ya cuenta con una oficina destinada a supervisar el transporte privado de personas.

Rolando adelantó que el texto será tratado en comisión el próximo lunes. “Vamos a leerlo en comisión y luego convocaremos a una nueva reunión para poner sobre la mesa los dos proyectos. La idea es debatir las modificaciones de forma ordenada y metodológica”, adelantó.

Finalmente, el concejal remarcó el espíritu de su propuesta: “No se trata de frenar la innovación, sino de acompañarla con reglas claras que garanticen la seguridad y permitan que todos puedan trabajar en igualdad de condiciones”, concluyó.

El concejal rafaelino Augusto Rolando junto al bloque Unidos presentó un proyecto de modificación de la Ordenanza N.º 3338, que regula el servicio de remises en la ciudad. La propuesta surge como parte de una estrategia más amplia para actualizar y ordenar el ecosistema de transporte, en un contexto de creciente presencia de plataformas digitales que ofrecen servicios similares.

"La llegada de nuevas tecnologías nos obliga a revisar marcos normativos que fueron diseñados en otro momento histórico, con otras formas de movilidad. Este proyecto busca equilibrar las condiciones entre quienes prestan servicio mediante agencias tradicionales y quienes lo hacen a través de plataformas digitales”, señaló Rolando.

Entre los cambios propuestos, se destacan tres modificaciones centrales:

Descuento del 25% en tasas y sellados municipales para quienes no registren multas, como incentivo al cumplimiento normativo.

Las playas de estacionamiento dejarán de ser obligatorias para las agencias, pasando a ser optativas.

Las agencias podrán desarrollar sus propias aplicaciones digitales para la intermediación con los usuarios.

Este proyecto complementa un borrador de ordenanza que el propio Rolando presentó recientemente para establecer un marco regulatorio específico para las plataformas digitales de transporte, con el fin de garantizar condiciones mínimas de seguridad, registro y control.

“La idea no es impedir que nuevas formas de transporte lleguen a la ciudad, sino generar reglas claras, justas y equilibradas para todos los actores del sistema”, concluyó el edil.

La propuesta ya fue girada al Concejo Municipal y se espera que sea analizada en comisiones en las próximas semanas.

Prensa Rolando

La llegada de aplicaciones de transporte como Didi a la ciudad de Rafaela abre un nuevo escenario para la movilidad urbana.

 Frente a este fenómeno, el concejal Augusto Rolando trabaja junto a su bloque en una ordenanza que regule esta modalidad sin dejar de lado los subsistemas tradicionales, como los remises, taxis y el transporte público.

“Veíamos esto en otras ciudades, lo usábamos de vacaciones, y ahora lo tenemos en Rafaela. Es una nueva alternativa para moverse y tenemos que abrirnos a esa posibilidad”, expresó Rolando ante Radio Rafaela, al tiempo que destacó que se trata de un cambio que va mucho más allá de lo anecdótico: “La movilidad y el transporte van hacia la digitalización y hacia formas más flexibles”.

Rolando explicó que el objetivo de la ordenanza es establecer reglas claras para todos los actores del sistema de transporte urbano: “Queremos que trabajen, pero bajo un paraguas normativo que dé transparencia, que sepamos quién conduce, qué empresa opera, y que haya igualdad de condiciones para todos”, explicó.

La regulación no solo apunta a las aplicaciones globales como Didi, sino también a las agencias de remises locales que ya desarrollaron sus propias plataformas digitales: “Muchas agencias están funcionando como aplicaciones. Quizás no tengan un algoritmo tan complejo, pero ya están digitalizadas”, dijo.

Para diseñar el borrador del proyecto, Rolando se apoyó en experiencias de distintas ciudades del país: “Leí entre 10 y 12 ordenanzas de lugares como Paraná, Salta, Santa Fe, Rosario, Río Cuarto, San Francisco, Ciudad de Buenos Aires. En todas hubo debates similares y se buscó una fórmula de convivencia”.

La evolución del modelo de transporte, según explicó, fue de un enfoque inicial excluyente —apps o remises/taxis— hacia uno más integrador. “Hoy, en lugares como Villa Carlos Paz, pedís un Uber y viene un remis. El mismo vehículo puede trabajar bajo ambas modalidades, cumpliendo con las normativas correspondientes”, señaló.

El edil planteó que Rafaela debe dar este paso para actualizar su sistema de transporte urbano y acompañar los cambios sociales y tecnológicos: “Hay muchas formas de moverse en Rafaela: aplicaciones, remises, taxis, transporte público, bicicletas, motos, autos particulares… Todos compartimos el espacio y necesitamos reglas claras para convivir de manera amigable”, afirmó.

Además, remarcó que no se trata solo de responder a una tendencia, sino de garantizar derechos y obligaciones en igualdad de condiciones: “La competencia tiene que ser lo más equitativa posible. La idea no es prohibir, sino regular, integrar y dar garantías a los usuarios y a los trabajadores del sector”.

Rolando aseguró que el debate continuará en las comisiones del Concejo, donde el proyecto ya fue presentado. La expectativa es que se transforme en una ordenanza que contemple todas las realidades actuales del transporte rafaelino. “Vamos hacia la digitalización, hacia el transporte a través de aplicaciones, software y celulares. Es un camino que no se puede frenar, pero que sí podemos encauzar para que funcione bien y beneficie a todos”, concluyó.

El Bloque de concejales Unidos para Cambiar Santa Fe ingresó al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza que regula el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en Rafaela.

En los últimos meses se ha registrado la llegada de estas plataformas —como DIDI—, lo que hace necesario establecer reglas claras de habilitación, control y fiscalización, tanto para proteger a los usuarios como para ordenar la actividad frente a los subsistemas tradicionales de movilidad (taxis y remises).

“La ciudad necesita dar un paso hacia la modernización de su marco normativo, acompañando la innovación tecnológica pero también garantizando seguridad, igualdad y transparencia en la prestación del servicio”, señaló el edil Augusto Rolando, uno de los autores del proyecto.

La iniciativa busca evitar la competencia desleal y dar seguridad jurídica en un sector en rápida transformación. Al mismo tiempo, propone igualar condiciones tributarias y establecer sanciones claras para quienes operen fuera del marco legal.

De aprobarse, Rafaela se sumará a las ciudades que ya cuentan con un marco regulatorio propio, equilibrando innovación, seguridad y justicia en el sistema de transporte urbano.

El concejal Augusto Rolando explicó los fundamentos de la reforma: “El código actual está obsoleto por su antigüedad, sancionado en 1970, en un gobierno nacional de facto, y carece de legitimidad democrática”. Además, señaló que la normativa vigente “no contempla sanciones para numerosas situaciones actuales, lo que impide a los Jueces de Faltas aplicar multas o medidas adecuadas”.

Rolando añadió que algunas disposiciones generan conflictos constitucionales, como “la posibilidad de arresto por deber una multa o la negación de la libertad condicional para faltas”, y destacó la necesidad de adaptar la normativa al crecimiento de la ciudad: “Rafaela ha experimentado un crecimiento significativo en población, barrios, parque automotor y actividades comerciales y sociales, y requerimos un marco normativo que se adapte a estas nuevas realidades”.

El secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, remarcó la necesidad de que el nuevo código contemple los avances tecnológicos: “Es necesario que las normas se adapten a los cambios tecnológicos y a la digitalización, incorporando nuevas herramientas de control, fiscalización y comunicación con los ciudadanos”. Asimismo, aseguró que el proyecto está alineado con los principios del derecho administrativo sancionador moderno y respeta los derechos humanos.

Rolando detalló los cambios más importantes que se implementarán: “El código se aplicará a todas las faltas, infracciones o contravenciones en la ciudad, previstas en las Ordenanzas y Decretos Municipales. Se establece que el obrar culposo será suficiente para que una falta sea punible, y la tentativa no es punible”.

En caso de infracciones cometidas por menores, el Juez podrá dirigir el procedimiento contra los padres o tutores si la falta se produjo por negligencia de ellos. Además, se presume la responsabilidad del propietario de un vehículo si no se identifica al conductor infractor.

Entre las sanciones, se incluyen: “Multa, inhabilitación para conducir de 15 días a 2 años, clausura temporal o por tiempo indeterminado, decomiso de elementos prohibidos, amonestación, trabajos comunitarios y concurrencia a cursos de educación y capacitación”.

Se establece también un régimen de reincidencia: “Se considera reincidente a quien, habiendo sido condenado por una falta, incurra en otra de la misma especie dentro de un año para faltas leves y dos años para faltas graves. Las sanciones de multa e inhabilitación se incrementan en caso de reincidencia”.

Bottero explicó cómo se aplicarán las sanciones: “Un agente municipal que compruebe una infracción labrará un acta en papel o digital. La constatación puede realizarse con medios digitales o electrónicos, siempre que se cumplan ciertos requisitos. El presunto infractor tendrá un plazo de 10 días para presentar su descargo si la falta es de tránsito, o 3 días si es de otra naturaleza”.

El secretario también detalló que los Jueces de Faltas podrán disponer clausuras preventivas: “Si existe un peligro grave e inminente para la seguridad o la salubridad, se podrá clausurar locales no habilitados”.

En la sesión del Concejo Municipal de Rafaela, celebrada este jueves 7 de agosto, se aprobó la prórroga de la compra directa de alimentos para la asistencia social, extendiendo su vigencia por dos meses más.

Esta medida, que ya había sido implementada en años anteriores, busca asegurar la provisión de alimentos para los comedores y viandas que el municipio distribuye en diferentes barrios de la ciudad.

“Uno de los proyectos más relevantes que tratamos hoy fue la prórroga de la compra directa”, explicó el concejal oficialista Augusto Rolando, quien detalló que este acuerdo permitirá que la herramienta siga vigente mientras se concluye el proceso de licitación para la compra de alimentos.

Rolando destacó que, si bien la compra directa es una medida excepcional, se han implementado mecanismos para garantizar su transparencia. “La compra directa también tiene una diversidad de oferentes, se abren a sobres cerrados, y hay personas presentes para que sea lo más transparente posible”, afirmó.

Además, señaló que la licitación, aunque aún está en proceso, también sigue los procedimientos de control y contralor establecidos por las distintas secretarías municipales. “La compra directa es una herramienta que se puede utilizar, pero también tiene un grado de transparencia que permite que se utilice de manera responsable”, agregó el concejal.

Uno de los puntos también tratados durante la sesión fue la posibilidad de que la prórroga de la compra directa causara una demora en la entrega de viandas o alimentos a los beneficiarios (desde el comienzo de agosto hasta que se habilite el dinero para la compra) Rolando explicó que, aunque el proceso de licitación podría generar un vacío temporal, el municipio está tomando medidas para cubrir este lapso.

“Con el secretario de Desarrollo Humano, Gabriel Cáceres, hemos hablado y se va a organizar la entrega de viandas de manera general para cubrir el tiempo de la transición”, detalló Rolando. Aclaró que, aunque la entrega de alimentos podría verse alterada en cuanto a la cantidad de entregas por semana, el servicio no se detendrá. “No se cortará la entrega de alimentos, pero sí se ajustará temporalmente hasta que podamos retomar el ritmo normal”, agregó.

Al finalizar la reunión realizada este martes en el Concejo Municipal entre ediles, funcionarios del Ejecutivo y representantes del sector comercial, el concejal oficialista Augusto Rolando compartió su mirada positiva sobre el proyecto de remodelación de veredas del bulevar Santa Fe, en el casco histórico de Rafaela.

“Es una obra que tiene 10 años más o menos, desde la última vez que se debatió y que siempre estuvo en agenda y en conversación. Ahora hay una nueva oportunidad”, señaló Rolando. El edil sostuvo que la propuesta presentada por el Ejecutivo “está muy buena, es muy atractiva, está bien trabajada”.

El proyecto contempla la intervención de alrededor de 70 a 80 catastros y, según explicó, actualmente se lleva adelante un proceso de comunicación directa con los propietarios. “Se está haciendo un trabajo de comunicarse uno por uno, de contarles de la obra, del nuevo proyecto y también los detalles de tiempo, de plazos, de pagos”, detalló.

Respecto al inicio de la obra, Rolando indicó que podría comenzar en un plazo de entre un mes y medio a dos meses. “El objetivo es, en el plazo de un año, poder tener la obra concluida para lo que van a ser los Juegos Odesur de septiembre de 2026. Por eso también nosotros en el Concejo lo tratamos con rapidez”, explicó.

Además, Rolando hizo especial énfasis en la preocupación por el impacto comercial que puede generar la intervención. “Obviamente, la obra en parte puede afectar el comercio y el movimiento, por lo que se va a tener especial cuidado en las fechas más importantes, que es el fin de año y el Día de la Madre, donde hay un mayor caudal de ventas”.

Otro de los aspectos destacados fue la diferencia entre propietarios y locatarios. “Los dueños de los catastros no son muchas veces los propietarios de los comercios, sino que alquilan. Pero esperamos que no haya un problema en cuanto a que los comerciantes se opongan a un proyecto de esta envergadura que sin duda va a transformar el centro de la ciudad”, afirmó.

Para Rolando, se trata de una obra integral y largamente postergada. “Desde mi lugar personal y mi opinión, me parece que esto es una obra pendiente desde hace mucho tiempo para nuestra ciudad, que le va a cambiar la cara. Es una obra que tiene que ver con la seguridad del peatón, con la parte estética, con la refuncionalización del centro. Entendemos que el impacto es positivo por todos lados”, cerró. 

Este miércoles 23 de abril, a las 20:00 horas, vecinos del Barrio Álamos del AeroClub se dieron cita en la sede vecinal para exponer sus preocupaciones sobre una serie de problemas que afectan la calidad de vida en la zona. Los habitantes del barrio expresaron su descontento ante los ruidos molestos, las picadas de vehículos y el creciente descontrol en los espacios comunes.

El encuentro, impulsado por la propia comunidad, contó con la presencia de autoridades locales como Iván Viotti, Secretario Privado de Intendencia y Comunicación; Germán Bottero, Secretario de Gobierno y Modernización; y Marcia Tamagnini, Coordinadora de Participación Ciudadana y Vecinales de Rafaela. Además, participaron concejales como Mabel Fossati, Alejandra Sagardoy, Lisandro Mársico, Augusto Rolando, Carla Boidi, Valeria Soltermam, Juan Senn y María Paz Caruso, junto a agentes de la Comisaría 15°, de la Unidad Regional V (URV), representantes de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) y Protección Vial y Comunitaria. Por otra parte, también acudieron a la reunión Sebastian Rancaño y Eduardo Cosentino, representantes del Ministerio de justicia y seguridad de la provincia.

Uno de los puntos más preocupantes planteados por los vecinos fue el aumento de los ruidos nocturnos generados por las picadas ilegales de motos en la vieja Ruta Nacional 34, las cuales no solo alteran la convivencia, sino que también representan un grave riesgo para la seguridad vial y la integridad de los habitantes del barrio. Los residentes pidieron una intervención más efectiva por parte de las autoridades para garantizar la tranquilidad en el sector.

En respuesta a los reclamos, los concejales presentes se comprometieron a trabajar en una normativa más eficiente que permita el secuestro de motovehículos, especialmente aquellos que realizan maniobras peligrosas, y a implementar sanciones más severas con multas más altas.

Además, se abordó la problemática del consumo de alcohol en la vía pública, particularmente en la zona frente al campus de la UNRaf, donde los jóvenes suelen reunirse. Los concejales se comprometieron a gestionar acuerdos con los proveedores de bebidas para evitar que se comercialicen alcohol en estos puntos.

Este miércoles, en el Concejo Municipal de Rafaela, los ediles recibieron a un grupo de padres y madres de estudiantes de distintas escuelas de la ciudad que están organizando las fiestas de graduación 2025.

El objetivo del encuentro fue asesorarse sobre los tributos que exigen SADAIC y AADI CAPIF y solicitar gestiones para garantizar el cumplimiento del Decreto 765/2024, el cual exime del pago a eventos de carácter privado.

El concejal Augusto Rolando, quien trabaja en temas relacionados con la nocturnidad, explicó que el decreto en cuestión reinterpretó la Ley de Derecho de Autor y determinó que los eventos privados, como graduaciones, casamientos y fiestas de 15, no deben pagar derechos de autor, ya que la música se consume dentro de un círculo cerrado de invitados previamente determinados.

"Los padres buscan que se aplique este decreto, ya que hoy se les está cobrando un impuesto que no deberían pagar. La normativa está vigente y no ha sido declarada inconstitucional por ningún juez, por lo que es válida y debe cumplirse", señaló Rolando a Radio Rafaela, tras la reunión.

Los padres detallaron que, en función de la cantidad de egresados y asistentes a las fiestas, el costo total de estos tributos podría alcanzar los 9 millones de pesos, encareciendo aún más los eventos de fin de año.

Uno de los principales obstáculos que enfrentan las familias es que la Sociedad Rural, donde se realizan muchas de las graduaciones, exige el pago de SADAIC y AADI CAPIF como requisito previo para ceder el espacio, lo que deja a los organizadores sin margen de maniobra.

"SADAIC y AADI CAPIF presionan a los salones y a los padres para que paguen, incluso cuando la ley los exime. Los salones, por miedo a sanciones o clausuras, terminan exigiendo el pago a las familias", explicaron los asistentes.

Ante esta situación, los concejales se comprometieron a gestionar un encuentro con las autoridades de la Sociedad Rural para encontrar una solución que permita aplicar la normativa vigente sin riesgos para los eventos.

Desde el Concejo aclararon que la diferencia entre pagar o no pagar estos tributos depende del carácter del evento:

Además, recordaron que ninguna entidad privada tiene la potestad de interrumpir un evento, ya que para ello se requiere una orden judicial.