Los usuarios que circulen por las rutas provinciales 6 y 70 deberán afrontar desde este miércoles un nuevo incremento en el valor de los peajes administrados por el Corredor Vial 9.

La actualización fue autorizada por Vialidad Provincial y representa una suba promedio del 14% en todo el cuadro tarifario, alcanzando a las diferentes categorías vehiculares.

Para los automóviles incluidos en la Categoría 1, el valor del pase pasará de $1.400 a $1.600 en cada una de las estaciones de cobro del corredor.

El aumento comenzará a regir desde el primer minuto del miércoles 26 de agosto y comprenderá a las tres cabinas administradas por el Corredor Vial 9.

Los puestos están ubicados en Esperanza, sobre la ruta provincial 70; Nuevo Torino, también sobre la ruta 70; y Franck, sobre la ruta provincial 6.

La actualización había sido solicitada por el organismo que administra el sistema de mantenimiento vial como parte del ajuste correspondiente al primer semestre del año.

El incremento anterior había comenzado a aplicarse el 1° de marzo, cuando el valor para automóviles pasó de $1.100 a $1.400.

Con la nueva modificación, esa misma categoría llegará ahora a $1.600, lo que implica una suba de $200 respecto del valor vigente hasta este martes.

Los fondos recaudados a través del sistema de peaje son destinados a las tareas de mantenimiento y conservación de las rutas provinciales 6 y 70, dos corredores de importancia para la conectividad del centro oeste santafesino.

Luego de una sesión marcada por fuertes cruces entre los distintos bloques, el concejal de La Libertad Avanza, Fabricio Dellasanta, defendió nuevamente su voto negativo a la actualización de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) y sostuvo que el Departamento Ejecutivo insiste en una herramienta equivocada para afrontar sus necesidades financieras.

“¿Por qué volvieron a tocar el sistema de los aumentos? Por insistir en el error. Nosotros mantuvimos nuestra postura”, expresó después de la votación.

El proyecto volvió a quedar sin los respaldos suficientes y Dellasanta consideró que el resultado refleja que tampoco existe una posición homogénea dentro de los sectores que acompañan habitualmente al Ejecutivo.

Uno de los principales argumentos del edil estuvo relacionado con el impacto que tendría la actualización sobre los contribuyentes.

Dellasanta afirmó que el esquema planteado representaría un incremento cercano al 40% y aseguró que La Libertad Avanza no acompañará una suba de esas características.

“Pretenden aumentar los impuestos un 40%. Eso definitivamente no lo vamos a acompañar”, enfatizó.

Para el concejal, antes de discutir una mayor presión tributaria es necesario revisar cómo se distribuye el presupuesto municipal y qué áreas pueden reducir sus gastos.

Durante su exposición, Dellasanta mostró un listado de dependencias que integran la estructura municipal y cuestionó particularmente la existencia de determinadas secretarías, subsecretarías y divisiones.

Entre sus ejemplos mencionó áreas vinculadas con desarrollo económico, innovación, empleo, economía social y emprendedores, sobre las cuales pidió evaluar resultados concretos.

“Hay que mirar qué función cumple cada área, qué resultados genera y cuánto cuesta mantenerla. No podemos sostener estructuras simplemente porque existen desde hace años”, planteó.

El edil aclaró que sus cuestionamientos no alcanzan a todos los trabajadores municipales.

“Hay muchísima gente dentro de la Municipalidad que trabaja mucho, trabaja bien y cobra muy poco. El problema no está ahí”, sostuvo.

Dellasanta puso como ejemplo a los empleados que realizan tareas operativas y aseguró que deberían ocupar un lugar prioritario al momento de distribuir los recursos.

Mencionó particularmente a quienes trabajan en la recolección de residuos, expuestos durante todo el año a condiciones climáticas adversas.

“El que corre detrás del camión de la basura, con frío, lluvia y haciendo un trabajo sacrificado, ese trabajador merece ganar mucho mejor”, afirmó.

Según su planteo, una reducción de cargos innecesarios permitiría utilizar esos recursos para mejorar las remuneraciones de quienes efectivamente prestan servicios esenciales.

“No hay que subirle los impuestos al vecino para mejorar los salarios. Hay que sacar recursos de donde no se están aprovechando y destinarlos al trabajador que sí cumple una función necesaria”, argumentó.

En otro tramo de la entrevista, el concejal señaló haber recibido planteos de empleados municipales sobre presuntos incumplimientos laborales dentro de algunas dependencias.

Dellasanta aseguró que trabajadores le manifestaron que existirían personas que registran su ingreso y posteriormente se retiran de sus lugares de trabajo.

Se trata de denuncias mencionadas por el edil durante la entrevista, sin que aportara en ese momento precisiones sobre casos individuales o actuaciones administrativas vinculadas a esas situaciones.

“Son los propios empleados los que vienen y cuentan estas cosas. El sindicato debería defender al trabajador que cumple y no proteger situaciones que no corresponden”, sostuvo.

El concejal reclamó mecanismos de control que permitan diferenciar a quienes cumplen sus funciones de aquellos casos en los que pudiera existir algún incumplimiento.

El referente de La Libertad Avanza también puso el foco en la cantidad de personal municipal.

Según sostuvo, existirían más de 1.300 empleados, a los que deben sumarse diferentes modalidades de contratación.

“Cuando uno mira todo lo que recauda la Municipalidad, más de la mitad termina destinado a salarios”, afirmó.

Para Dellasanta, el problema no radica únicamente en cuánto se paga a los trabajadores, sino en la dimensión general de la estructura.

“Rafaela tiene un presupuesto enorme, con el que podríamos tener una ciudad extraordinaria. El problema es que, desde nuestra mirada, hay recursos que se están utilizando en cosas que no deberían ser prioritarias”, expresó.

Dellasanta cuestionó además la manera en que el Ejecutivo presentó la necesidad de actualizar la UCM.

Según explicó, durante las reuniones pidió conocer en términos concretos cuánto dinero adicional requiere el municipio para afrontar la política salarial hasta diciembre.

“Yo pregunté cuánto dinero necesitan para pagar los aumentos salariales de acá a fin de año. No quiero que me hablen solamente de porcentajes o de la UCM: quiero saber cuánto representa en pesos”, indicó.

El concejal sostuvo que esa cifra debería ser el punto de partida para analizar alternativas de ahorro dentro del presupuesto.

En ese contexto, comparó las necesidades salariales con otros gastos previstos por la administración y mencionó partidas relacionadas con la organización de los Juegos Suramericanos como uno de los rubros que, desde su perspectiva, deberían revisarse antes de avanzar con un incremento tributario.

El edil incluyó además a las organizaciones sindicales en la discusión sobre la eficiencia del Estado municipal.

Aseguró que los gremios deben defender los derechos y los salarios de los trabajadores, aunque consideró que también deberían colaborar para detectar situaciones de incumplimiento.

“El sindicato tiene que defender a quien trabaja, y para que ese trabajador pueda cobrar mejor también hay que ordenar todo lo demás”, sostuvo.

Dellasanta insistió en que su propuesta no consiste en disminuir de manera generalizada los salarios municipales, sino en reorganizar recursos para mejorar los ingresos de quienes desempeñan funciones esenciales.

Para el concejal libertario, el rechazo a la UCM forma parte de una discusión más amplia sobre el modelo de administración municipal.

“Ya propusimos que hay que empezar a reducir gastos. No se puede seguir sosteniendo una estructura cada vez más grande y después pedirle al vecino que pague la diferencia”, manifestó.

Dellasanta consideró que el municipio debe revisar dependencias, cargos, programas y erogaciones antes de volver a presentar una actualización tributaria.

“Esto es aplicar lógica y sensatez: destinar los recursos donde realmente corresponden”, resumió.

Con el nuevo rechazo de la UCM consumado, el debate continuará ahora alrededor de cómo el Ejecutivo reorganizará sus cuentas y afrontará sus compromisos durante el segundo semestre, especialmente la negociación salarial con los trabajadores municipales.

El Gobierno de Santa Fe oficializó este lunes por decreto la política salarial para los docentes correspondiente al segundo semestre de 2026, en una jornada atravesada por el paro nacional y que en la provincia tuvo su correlato a cargo del gremio estatal, aunque el Ejecutivo aseguró que las escuelas “permanecieron abiertas”.

El Decreto 1599/2026 -con fecha de este 3 de agosto- incorpora una compensación para aquellos docentes cuyos salarios de bolsillo durante el primer semestre hayan aumentado menos que la inflación medida por el Ipec. En esos casos, se reconocerá una suma no remunerativa y no bonificable para equiparar el incremento al 17,1%, porcentaje correspondiente al Índice de Precios al Consumidor provincial acumulado hasta junio.

La norma dispone un incremento salarial del 10,1% para el segundo semestre, que se abonará en forma escalonada sobre los salarios de junio de 2026. El cronograma prevé un 2% en julio, 1,8% en agosto, 1,7% en septiembre, 1,6% en octubre y 1,5% tanto en noviembre como en diciembre.

Además, el decreto garantiza que el aumento no sea inferior a determinadas sumas de bolsillo por cargo. Establece un piso de 80.000 pesos desde julio, 100.000 pesos desde agosto, 130.000 pesos desde octubre y 180.000 pesos desde diciembre, mediante sumas fijas no remunerativas y no bonificables, que serán absorbidas por los incrementos posteriores.

Además, mantiene "las sumas no remunerativas excedentes otorgadas en acuerdos anteriores" y autoriza a la Caja de Jubilaciones provincial a trasladar proporcionalmente los incrementos al sector pasivo docente. Cabe destacar que los aumentos salariales derivados de la última negociación paritaria se pagarán por planilla complementaria a mediados del próximo mes, según ya lo había adelantado el Ejecutivo.

En conferencia de prensa, la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, afirmó este lunes al mediodía que la jornada se desarrolló con normalidad en el sistema educativo santafesino. “En Santa Fe, en el día de hoy, las escuelas están abiertas y las clases se están dictando con normalidad en todo el territorio provincial”, sostuvo, en referencia al paro nacional, al que adhirió Amsafe.

La funcionaria remarcó que el objetivo de la gestión provincial es que “los chicos estén en la escuela estudiando y aprendiendo” y destacó el compromiso de los docentes con el Plan Raíz.

Además, indicó que el Gobierno mantiene un sistema de monitoreo mediante declaraciones juradas para determinar el nivel de adhesión a la medida de fuerza y recordó que el plazo para presentarlas vence este miércoles. En ese sentido, a los docentes que no hayan dado clases se les descuenta el día, además de que incide en el cobro del premio a la Asistencia Perfecta.

Como dato preliminar, el Gobierno informó -mediante un parte complementario- que relevó 3.151 escuelas, equivalentes al 81% del total, y aseguró que solo cuatro establecimientos permanecieron cerrados, lo que representa el 0,13% del sistema educativo provincial.

Con respecto del rechazo sindical a la oferta salarial, Coudannes cuestionó los porcentajes difundidos por los gremios. “Es difícil poder pensar que el 90 % de los que votaron rechazando la medida de las paritarias sea un número real, porque en realidad todas las escuelas están abiertas y los docentes, directivos y asistentes escolares están ahí para acompañar a nuestros chicos”, expresó.

Consultada respecto de que algunos establecimientos públicos registraron poca presencia de chicos -dado que los padres no los habrían enviado-, respondió que todas las aulas estuvieron cubiertas para garantizar el dictado de clases y volvió a apelar al compromiso de las familias. “Es importante que desde el Estado abramos las puertas de las escuelas. También siempre apelamos al compromiso de la familia en el trayecto educativo de los niños y las niñas”, afirmó.

Durante la jornada, el sindicato Amsafe difundió imágenes de escuelas con escasa presencia de estudiantes y aseguró que la baja asistencia constituyó “una muestra del acompañamiento de muchas familias a los reclamos por mayor financiamiento para la educación pública”. El tema de la discusión sobre si enviar o no a los hijos a la escuela, se debatió incluso en grupos de whatsapp de padres la noche anterior, lo que suma un nuevo dato a la hora de evaluar las medidas.

La huelga fue convocada por Ctera bajo el argumento de que el Gobierno nacional mantiene paralizada la paritaria docente -que fija el piso de referencia- y continúa el desfinanciamiento del sistema educativo. También hubo una marcha en Buenos Aires, en la esquina de Santiago del Estero y Avenida de Mayo que se dirigió al Ministerio de Economía, en sintonía con los estatales ATE, que ya habían anunciado un paro y una movilización hacia allí.

Entre los principales reclamos docentes figuran la convocatoria urgente a la negociación salarial nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), una nueva ley de financiamiento educativo, mayores recursos para infraestructura escolar, comedores y becas, además del rechazo a la reforma jubilatoria y al proyecto de ley de libertad educativa impulsado por la Nación.

El Gobierno nacional decidió supervisar por primera vez el cumplimiento de la prestación mínima del servicio educativo durante un paro docente, al considerar que la educación es un servicio esencial según la Ley 27.802. La medida fue cuestionada por los gremios, que la interpretaron como un avance sobre el derecho de huelga.

El Ministerio de Capital Humano anunció que realizaría inspecciones muestrales en escuelas de todo el país para verificar que se garantizara al menos el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, con controles que estarían a cargo de inspectores de la Secretaría de Trabajo. En caso de detectarse incumplimientos, el Gobierno advirtió que evaluaría la aplicación de sanciones económicas a los sindicatos.

Para coordinar el operativo, el domingo previo al paro se reunió el Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación, encabezado por el Ministerio de Capital Humano. No obstante, desde el Gobierno santafesino, se dispuso que "el Ministerio de Educación no participará del procedimiento que se realizará desde Nación, ya que cuenta con el sistema de declaración jurada para verificar la asistencia o no de los docentes".

EL

Los precios internacionales del petróleo comenzaron la semana en alza y se acercan nuevamente a la zona de los US$80, en medio de la reactivación del conflicto en Medio Oriente y las tensiones por el estrecho de Ormuz.

El Brent, referencia para Europa, avanza 2,51% y cotiza a US$77,92 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, sube 2,73% y se ubica en US$73,36 por barril.

La suba se produce luego de nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán y del anuncio iraní sobre el cierre del estrecho de Ormuz, aunque desde Washington aseguran que el tránsito continúa abierto.

Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán, el 28 de febrero, el Brent cotizaba en torno a los US$73 por barril. Ese valor había vuelto a registrarse tras el acuerdo de paz alcanzado entre los países involucrados, pero en los últimos días el crudo retomó la tendencia alcista por nuevos desencuentros.

El repunte se da después de que el presidente estadounidense Donald Trump declarara el fin del alto el fuego con Irán.

Según el mandatario, “el alto el fuego ha terminado”, aunque aclaró que el canal de diálogo con Teherán continúa abierto.

La tensión se profundizó luego de una nueva ofensiva militar de Estados Unidos sobre Irán y las posteriores represalias del régimen iraní, que anunció el cierre del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, desde Washington sostienen que la vía marítima permanece operativa.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó que “Irán no controla el estrecho, el tráfico está fluyendo”, y aseguró que mantiene fuerzas posicionadas para garantizar esa situación.

Trump también sostuvo que el estrecho sigue abierto y defendió la ofensiva militar reciente.

El estrecho de Ormuz es una vía estratégica por la que transita cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Por eso, cualquier amenaza sobre la circulación marítima genera preocupación en los mercados energéticos.

La inestabilidad reaviva los temores por el abastecimiento global y por el posible impacto en la inflación internacional.

De acuerdo con estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2026 el precio promedio del petróleo podría ubicarse entre 20% y 25% por encima del registrado en 2025.

Además, el organismo calculó que el aumento de la energía podría sumar entre 0,3 y 4,6 puntos a la inflación anual de los países de la región. En el caso de Argentina, el impacto estimado fluctuaría entre 0,9 y 2,5 puntos.

El personal de casas particulares tendrá una nueva recomposición salarial durante los próximos meses. A través de la Resolución 4/2026, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció aumentos escalonados que se aplican entre abril y julio de 2026.

La medida alcanza a todas las categorías del sector en todo el país y fija los nuevos pisos salariales obligatorios para trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en tareas domésticas, asistencia y cuidado de personas.

La actualización también incorpora cambios en las sumas no remunerativas y en el adicional por zona desfavorable, que quedó fijado en el 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría.

El esquema oficial establece incrementos mensuales consecutivos y acumulativos. En abril se aplica una suba del 1,8% sobre los salarios mínimos de marzo; en mayo, un 1,6% sobre los valores de abril; en junio, un 1,5% sobre los salarios de mayo; y en julio, un 1,4% sobre los montos fijados para junio.

Además, la resolución dispuso que el 50% de la suma no remunerativa acordada para marzo se incorpore al salario básico de abril, mientras que el 50% restante se sumará al básico de julio.

Esto significa que los futuros aumentos se calcularán sobre una base más alta y que esos montos dejarán de funcionar como conceptos extraordinarios para integrarse de manera permanente a la remuneración.

Con los valores vigentes desde el 1° de junio, las remuneraciones mínimas quedan de la siguiente manera:

Supervisores:Hora con retiro: $4.297,33. Hora sin retiro: $4.683,64.Mensual con retiro: $536.080,78. Mensual sin retiro: $594.214,11.

Personal para tareas específicas:Hora con retiro: $4.083,26. Hora sin retiro: $4.453,26.Mensual con retiro: $499.868,28. Mensual sin retiro: $553.536,65.

Caseros:Hora sin retiro: $3.862,18.Mensual sin retiro: $488.326,19.

Asistencia y cuidado de personas:Hora con retiro: $3.862,18. Hora sin retiro: $4.295,26.Mensual con retiro: $488.326,19. Mensual sin retiro: $541.255,35.

Personal para tareas generales:Hora con retiro: $3.600,66. Hora sin retiro: $3.862,18.Mensual con retiro: $441.729,02. Mensual sin retiro: $488.326,19.

Desde el 1° de julio, con el último tramo de aumento y la incorporación total de la suma no remunerativa al básico, los salarios mínimos serán:

Supervisores:Hora con retiro: $4.438,77. Hora sin retiro: $4.829,13.Mensual con retiro: $553.725,91. Mensual sin retiro: $612.673,11.

Personal para tareas específicas:Hora con retiro: $4.223,25. Hora sin retiro: $4.597,18.Mensual con retiro: $517.006,43. Mensual sin retiro: $571.426,17.

Caseros:Hora sin retiro: $3.996,45.Mensual sin retiro: $505.302,76.

Asistencia y cuidado de personas:Hora con retiro: $3.996,45. Hora sin retiro: $4.435,86.Mensual con retiro: $505.302,76. Mensual sin retiro: $558.972,92.

Personal para tareas generales:Hora con retiro: $3.733,72. Hora sin retiro: $3.996,45.Mensual con retiro: $458.053,22. Mensual sin retiro: $505.302,76.

La resolución también actualizó el adicional por zona desfavorable, que desde abril quedó establecido en el 31% sobre los salarios mínimos correspondientes a cada categoría.

Este beneficio se aplica para el personal que trabaja en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido bonaerense de Patagones.

Los valores establecidos por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares son pisos salariales obligatorios. Sin embargo, empleadores y trabajadoras pueden acordar remuneraciones superiores, según las tareas, la jornada laboral y las condiciones particulares de cada vínculo.

Con estos cambios, el sector tendrá una recomposición gradual de ingresos durante el período abril-julio, combinando aumentos porcentuales, incorporación de sumas al básico y mejora del adicional regional.

El Concejo Municipal de Rafaela aprobó el congelamiento de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), una decisión que permitirá mantener sin modificaciones los tributos municipales durante el segundo semestre del año. Tras la votación, el concejal del PDP, Lisandro Mársico, explicó los fundamentos de su acompañamiento y sostuvo que la medida responde al reclamo de los vecinos.

“En lo que respecta a mi voto, decidí, como lo hice en diciembre del año pasado, mantener en este importe los tributos municipales”, señaló Mársico.

El edil afirmó que su postura se basó en lo que recibió durante el contacto cotidiano con la ciudadanía. “Tomé el reclamo del vecino, lo que nos fueron diciendo día a día cuando recorremos las calles, y entendí también que el Estado municipal debe hacer una reconfiguración de sus gastos para adaptarse a este congelamiento”, expresó.

Mársico explicó que, con la aprobación del proyecto, los contribuyentes rafaelinos continuarán abonando los mismos valores que venían pagando, al menos hasta diciembre.

“El vecino va a seguir pagando lo mismo entre julio de este año y diciembre”, indicó.

En la misma votación, según detalló, se incorporaron cláusulas destinadas a ordenar el funcionamiento interno del municipio, con el objetivo de que el congelamiento no afecte la prestación de servicios.

“En el mismo instrumento se incorporaron distintas cláusulas para plasmar esta reorganización y redistribución de los gastos, que entendemos que, llevándolas a cabo, no se van a resentir los servicios públicos esenciales”, sostuvo.

El concejal remarcó que la norma aprobada también obliga al Departamento Ejecutivo Municipal a revisar sus gastos y avanzar hacia una administración más eficiente.

“Esto va a obligar al Departamento Ejecutivo Municipal a generar un ahorro y una redistribución de los gastos, a los fines de hacer la administración municipal más eficiente”, afirmó.

Para Mársico, la decisión no debe interpretarse únicamente como una medida tributaria, sino como una instancia para repensar el uso de los recursos públicos. En ese sentido, aseguró que el municipio deberá adaptarse a la situación económica de los vecinos sin resentir los servicios.

“Estamos a disposición si algún servicio se llega a resentir, si hay algo para tratar y ver cómo podemos hacerlo eficiente para que ese servicio no esté en riesgo”, agregó.

Consultado sobre si la votación profundizó una diferencia política con el Ejecutivo municipal, Mársico aclaró que su decisión respondió a una convicción personal y política vinculada al reclamo ciudadano.

“Esto es una cuestión de convicción de mi parte, de acompañar y escuchar a la gente”, sostuvo.

El concejal reconoció que hubo diálogo con el Ejecutivo, aunque no se alcanzó un consenso pleno sobre la propuesta. Según explicó, desde el oficialismo se planteaba un congelamiento por tres meses y luego un pequeño incremento, mientras que su postura fue sostener el esquema hasta fin de año.

“Hubo diálogo, claro, pero en este caso creí que teníamos que acompañar este pedido como lo hicimos en diciembre y llegar a una instancia de reorganizar los gastos de la administración municipal”, señaló.

Aun así, Mársico destacó que las diferencias no impiden continuar trabajando en otros temas. “El diálogo es permanente. Uno puede tener hoy un contrapunto en este aspecto, pero mañana viene otro proyecto y hay que volver a dialogarlo. Es la única manera de llegar a acuerdos”, afirmó.

El edil también subrayó que, más allá de las diferencias en torno al congelamiento, el Concejo acompañó por unanimidad las cláusulas vinculadas a la reducción, reorganización y redistribución de gastos.

“El llamado a una reconfiguración y ahorro de gasto es unánime del Concejo Municipal”, remarcó.

Según explicó, esas disposiciones incluyen pedidos de reducción de gastos, llamados a licitación en determinadas contrataciones y una redistribución más eficiente de los recursos municipales.

“No es un planteo de Lisandro Mársico solamente. Eso hay que decirlo también”, concluyó.

El Concejo Municipal de Rafaela debatirá en la mañana de este jueves uno de los temas centrales de la agenda local: el posible aumento o congelamiento de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), el valor de referencia que impacta en distintos tributos y derechos municipales.

La discusión llega luego de que la UCM permaneciera congelada durante los últimos seis meses. En caso de aprobarse el proyecto que propone sostener ese esquema, el valor quedaría sin modificaciones durante aproximadamente un año, evitando una nueva actualización para el segundo semestre.

El debate forma parte de una discusión más amplia sobre el peso de las tasas municipales, la evolución de la recaudación y la necesidad de sostener los servicios públicos. Desde sectores de la oposición se plantea que no están dadas las condiciones para aplicar nuevos incrementos, mientras que desde el Ejecutivo se defendió la necesidad de una actualización para acompañar el aumento de los costos de funcionamiento del municipio.

La Unidad de Cuenta Municipal (UCM) en Rafaela es un valor de referencia que usa el Municipio para calcular distintos tributos, tasas, derechos, contribuciones y multas.

En vez de fijar cada concepto directamente en pesos, muchas obligaciones municipales se expresan en una cantidad de UCM. Después, para saber cuánto se paga, se multiplica esa cantidad por el valor vigente de la UCM. La Ordenanza Tributaria establece justamente que los importes fijos se expresan en UCM y que el monto final surge de multiplicar las unidades por su valor en pesos.

La actualización de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) vuelve a estar en debate en Rafaela. La secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino, explicó que el ajuste de la UCM no es un proyecto de aumento del Ejecutivo, sino un mecanismo automático que surge de la ordenanza tributaria y se calcula mediante indicadores económicos reales.

“La actualización de la UCM está dada por ordenanza y se hace de manera automática según indicadores de salarios municipales, combustible e índice de precios mayorista, con un retraso de dos meses para incorporar los datos más recientes”, señaló Bravino.

Bravino detalló que la actualización actual genera un incremento aproximado del 19%, que se aplicaría a tasas, derechos de cementerio y uso de espacios públicos. “Este ajuste asegura al municipio contar con ingresos acordes a la evolución de distintos indicadores económicos, y garantiza la sostenibilidad de los servicios”, indicó.

La funcionaria aclaró que los cálculos se basan en períodos previos y toman en cuenta el efecto de arrastre de la inflación. Según sus datos, la actualización histórica de la UCM se mantiene por debajo del índice de inflación acumulada.

El bloque justicialista propone mantener congelada la UCM durante el segundo semestre de 2026. Bravino señaló que esta postura genera incertidumbre sobre la financiación de los servicios y obras municipales.

“Si se congela la UCM, habrá que evaluar cómo se brindan los servicios y los proyectos de obra previstos, ya que el presupuesto aprobado en diciembre de 2025 incluía ajustes automáticos que no se ejecutaron aún”, explicó.

La secretaria enfatizó que la Municipalidad mantiene al día pagos a proveedores y personal, y que los ajustes son necesarios para garantizar la continuidad de obras y servicios esenciales.

“Hemos respondido a todas las solicitudes de información de los concejales y explicamos cómo se administran los recursos. No se trata de despilfarro, sino de asegurar la sostenibilidad de los servicios”, sostuvo.

Bravino concluyó que el objetivo de la actualización es preservar la calidad de los servicios públicos, evitar desequilibrios financieros y mantener la transparencia en la administración municipal, mientras se respeta la metodología establecida en la ordenanza tributaria.

La concejal Maria Paz Caruso, del bloque Partido Justicialista, se refirió al proyecto que mañana será debatido en el Concejo Municipal de Rafaela, que propone suspender el congelamiento de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM). La medida, explicó, impactaría directamente en los impuestos locales, incluyendo tasa general, estacionamiento y derechos de cementerio.

“Si no presentábamos este proyecto, a partir de julio los vecinos recibirían el 20% de recargo en todo lo que se calcula con la UCM”, indicó Carusso. La edil señaló que el valor final del aumento se calcula según los números del Ejecutivo municipal, aunque su bloque esperaba que fuera algo menor.

Carusso enfatizó que su bloque decidió presentar el proyecto tras un análisis detallado de la cuenta de inversión municipal, que incluye ingresos y egresos de 2025, comparados con 2024 y años anteriores. Según la concejal, la UCM ha crecido un 415% desde que comenzó la gestión actual, mientras que la inflación acumulada fue del 186%.

“Más allá de la UCM, los recursos propios del municipio han crecido significativamente, pero lo que observamos es un mal gasto y una mala administración de esos recursos”, afirmó Caruso. La edil destacó que la única obra municipal con mano propia ejecutada recientemente fue la Plaza 25 de Mayo, mientras que el plan de bacheo y otras obras dependen de la provincia.

La concejal señaló que, aunque la planta municipal creció con 35 nuevos empleados y aumentaron las horas extras un 50%, esto no justifica incrementos automáticos en los impuestos. Según Caruso, la cuenta de inversión evidencia un déficit de 700 millones de pesos en 2025, a pesar del aumento de recursos.

“El aumento de la UCM no pone en riesgo servicios ni paritarias, pero necesitamos garantizar que los recursos se administren correctamente”, afirmó. También criticó la gestión de alquiler de vehículos y maquinaria recién adquirida, lo que evidencia contradicciones en la optimización de recursos.

El bloque PJ propone que el congelamiento de la UCM se mantenga hasta diciembre, momento en el que se volverá a analizar la situación de los números municipales. La idea es proteger a los vecinos de un aumento abrupto y asegurar que los recursos se usen de manera eficiente.

“Hay que ponerse en el lugar del vecino: nadie recibe de un día para otro un aumento del 20% en la tasa. Necesitamos racionalidad, transparencia y un análisis detallado de los números”, concluyó Caruso.

Caruso recordó que, además de la UCM, todos los ingresos del municipio aumentaron un 335% en los últimos dos años, frente a una inflación del 186%. Esto incluye coparticipación, uso del espacio público y recaudación por multas, lo que demuestra que los recursos están disponibles para optimizar servicios sin necesidad de aumentar la carga tributaria.

A raíz de un proyecto presentado para suspender la actualización semestral de la Unidad de Cuenta Municipal, los concejales mantuvieron un encuentro con Silvina Bravino, secretaria de Hacienda y Finanzas del Municipio. Fue acompañada por Marcelo Barbero, asesor del área.

El tema fundamental fue obtener información sobre el posible aumento de la U.C.M. (instrumento de cálculo que fija el valor de tasas, impuestos y contribuciones municipales).

Asimismo, la funcionaria detalló y mostró gráficos vinculados al estado de situación financiera de la municipalidad de Rafaela.

De igual manera, los ediles realizaron diferentes consultas vinculadas a la optimización de recursos, el aumento de la recaudación, la actualidad en los sueldos de empleados, gastos e ingresos en las arcas municipales y los importes de las coparticipaciones de nación y provincia.

La venta de combustibles volvió a caer en Argentina y acumuló en abril su tercer mes consecutivo en baja, en un contexto marcado por el aumento de precios en los surtidores y la pérdida del poder adquisitivo.

En base a datos relevados por el portal Surtidores en base a información oficial de la Secretaría de Energía, durante abril se comercializaron 1.333.298 metros cúbicos de combustibles en todo el país.

La cifra representó una caída interanual del 2,38% frente a los 1.365.814 metros cúbicos despachados en el mismo mes de 2025. Además, respecto de marzo, el retroceso fue del 1,98%.

El sector observa con preocupación la continuidad de la baja en el consumo, ya que la tendencia negativa se mantiene desde comienzos de año.

Uno de los factores que más impactó en la demanda fue el fuerte incremento de los combustibles en Argentina, cuyos valores medidos en dólares ya se ubican entre los más altos de la región.

En ese escenario, muchos usuarios comenzaron a reducir la cantidad de litros cargados o directamente optaron por cargas fijas para controlar el gasto cotidiano.

El informe mostró además un comportamiento dispar entre los distintos segmentos de combustibles.

YPF fue la única petrolera que logró aumentar sus ventas el mes pasado. Foto: Agencia NA (YPF)

La nafta súper cayó 1,63% interanual, mientras que el diésel Grado 2 se desplomó 9,96%.

En contrapartida, los combustibles premium mantuvieron cifras positivas. La nafta premium avanzó 0,76% interanual y el gasoil Grado 3 creció 5,85%.

Especialistas del sector atribuyen esta situación a las promociones y descuentos que algunas petroleras aplican sobre los productos premium, reduciendo la diferencia de precios respecto de la súper.

La provincia de Buenos Aires volvió a concentrar el mayor volumen de ventas del país con 468.312 metros cúbicos comercializados durante abril.

Córdoba quedó en el segundo lugar con 141.750 metros cúbicos y registró una caída interanual del 5,74%, mientras que Santa Fe mostró una variación prácticamente estable.

Entre las provincias con mejores desempeños aparecieron San Juan (+4,12%), Neuquén (+3,08%) y Tucumán (+2,88%).

En cuanto a las empresas, YPF fue la única gran petrolera que consiguió aumentar sus ventas durante abril.

La compañía estatal comercializó 746.648 metros cúbicos y mostró un crecimiento interanual del 1,79%.

El resto de las firmas registró fuertes caídas. Shell retrocedió 8,58%; Puma Energy cayó 10,61%; Axion perdió 3,89%; y Dapsa mostró una baja del 10,4%.

Varias estaciones de servicio comenzaron además a ajustar horarios nocturnos para reducir costos operativos y reforzar medidas de seguridad.

En el sector advierten que, si no mejora el poder adquisitivo y continúan las subas en los surtidores, la retracción del consumo podría profundizarse durante los próximos meses.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación mayorista tuvo un aumento del 5,2% en abril, acumulando un alza del 30,8% interanual, 1,8 puntos porcentuales más que en marzo. El crecimiento mensual se debió principalmente al aumento de productos nacionales (5,3%) y productos importados (2,5%), y el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) subió 11,6% en lo que va del año.

El incremento mensual de abril duplicó al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se desaceleró al 2,6%. Dentro de los productos nacionales, los mayores aportes provinieron de petróleo crudo y gas (2,09%), productos refinados del petróleo (1,63%), sustancias y productos químicos (0,46%), alimentos y bebidas (0,26%) y productos de caucho y plástico (0,18%).

En el caso de los productos primarios, el petróleo crudo y gas volvió a impactar fuertemente, con un incremento mensual de 22,9%, impulsado por la suba de combustibles y el precio internacional del crudo. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, estos factores explican “casi un 85%” del aumento del IPIM.

El INDEC también destacó que el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) y el Índice de Precios del Productor (IPP) registraron incrementos del 4,8% en abril, influenciados por el aumento de productos primarios, manufacturados y energía eléctrica.

Economistas advierten que el eventual traslado de esta dinámica a la inflación minorista, especialmente en precios regulados y combustibles, puede dificultar el proceso desinflacionario. Santiago Casas, de EcoAnalytics, explicó: “Los combustibles generan efectos de segunda ronda sobre casi todos los sectores de la economía, y transporte fue el rubro con mayores aumentos, 4,4% mensual”.

Aerolíneas Argentinas anunció que aplicará de manera temporal un recargo por combustible en sus pasajes, en línea con decisiones similares adoptadas por otras aerolíneas del mundo frente al aumento del precio internacional del petróleo.

La compañía explicó que la medida responde al encarecimiento del jet fuel, el combustible utilizado por los aviones, cuyo valor se disparó en las últimas semanas.

“Ante los movimientos recientes en el precio del barril de petróleo y el consecuente aumento en el precio del combustible de aviación, Aerolíneas Argentinas implementará temporalmente un recargo por combustible en sus vuelos”, informó la empresa mediante un comunicado oficial.

El recargo será de 7.500 pesos por tramo en los vuelos de cabotaje, mientras que en los vuelos regionales e internacionales el cargo adicional oscilará entre 10 y 50 dólares por tramo, dependiendo del destino.

Desde la compañía señalaron que la medida será revisada de forma permanente, ya que su continuidad dependerá de la evolución del precio del petróleo y del combustible aeronáutico en el mercado internacional.

El combustible representa uno de los principales costos del sector aerocomercial. Según estimaciones del mercado, el jet fuel llega a representar cerca del 40% de los costos operativos de una aerolínea, por lo que cualquier variación en su precio impacta directamente en las tarifas.

De acuerdo con el índice de referencia Platts, el precio promedio del combustible para aviación pasó de unos 90 dólares por barril a ubicarse entre 150 y 200 dólares, prácticamente el doble de los valores registrados a comienzos de año.

El aumento del petróleo ya generó medidas similares en aerolíneas de Asia, Europa y Oceanía. Empresas como Qantas, Air India, Cathay Pacific, Air New Zealand y Vietnam Airlines anunciaron subas en los recargos o ajustes en sus tarifas para compensar el incremento del costo del combustible.

En el caso de Air India, la compañía informó que elevará el recargo para vuelos hacia Europa y Norteamérica, con aumentos que podrían llegar hasta los 200 dólares en rutas de larga distancia.

Especialistas del sector explican que el precio de los pasajes no depende únicamente del combustible. Las tarifas también están condicionadas por la oferta y demanda, la estacionalidad, la competencia entre aerolíneas, la ocupación de los vuelos y los costos aeroportuarios.

Sin embargo, cuando el precio del combustible sube de forma brusca, las aerolíneas suelen trasladar parte de ese incremento a los pasajeros mediante recargos específicos.

Además, muchas compañías dejaron de utilizar coberturas financieras que amortiguaban las variaciones del petróleo, lo que hace que los aumentos en el combustible se reflejen con mayor rapidez en el valor de los pasajes.

Para frenar la desinformación y versiones malintencionadas, el gobierno de la provincia debió salir públicamente a aclarar cómo será el calendario de cobro de las mejoras salariales para las fuerzas policiales y penitenciarias.

Cierta inquietud interna volvió a agitarse puertas adentro de la institución desde el fin de semana, en la medida en que los efectivos tomaban conocimiento de los recibos de sueldo correspondientes a febrero. De esa lectura surgía que no todos percibían el piso garantizado por el gobierno para desactivar el conflicto de 1.350.000 pesos.

Desde la sede de gobernación de Rosario, el ministro de Economía, Pablo Olivares; y la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, Giorgina Orciani, explicaron este miércoles cómo cobrarán los agentes las mejoras aludidas.

Con un fuerte mensaje político, la funcionaria arrancó su exposición advirtiendo acerca de "un gran nivel de desinformación y versiones malintencionadas que pretenden quebrar nuestro plan de seguridad pública que hoy – sentenció- está más firme que nunca. Por eso traemos la voz del gobierno provincial", sostuvo.

En primer lugar, Orciani aclaró que las mejoras salariales "alcanzan a todas las jerarquías tanto de la Policía como del Servicio Penitenciario. Ello – sostuvo- permite el crecimiento del salario desde la jerarquía más baja a la más alta".

En segundo término, aclaró que "la foto completa de cómo quedará constituido el haber de febrero la tendrán los efectivos el próximo 16 de marzo, cuando por planilla complementaria, perciban el resto de las mejoras".

"Allí – precisó-, encontrarán el retroactivo de la diferencia salarial de diciembre, también el retroactivo de la diferencia de la segunda cuota del aguinaldo 2025, además del retroactivo de enero y el aumento de sueldo correspondiente a febrero".

Finalmente, y tras ejemplificar con casos testigos cómo quedarán los ingresos de las determinadas jerarquías (ver aparte), reiteró que las mejoras se pagarán "en espejo" tanto para la policía como para el personal carcelario, y en el marco de "una política de bienestar que anunció el gobernador para recomponer una situación de demanda que consideramos legítima".

Por su parte, Olivares anunció que la provincia trabaja en un programa de desendeudamiento de los trabajadores, no sólo del sector policial sino de todo el ámbito público.

"Junto al agente financiero, implementaremos un plan orientado a que los trabajadores puedan cancelar viejas deudas que tuvieron con acreedores privados por motivos financieros, que hoy son descontados del recibo. Se trata de aliviar esa carga financiera tomada por los empleados públicos pero no a través de bancos, sino de otras entidades financieras y desde hace mucho tiempo", planteó.

Según adelantó, el gobierno trabaja en "líneas de financiamiento con plazos más extensos, con dos meses de gracia y con tasas promocionales".

Olivares reveló que "entre el 40 y 50% de los agentes públicos en general (tanto estatales como policías) tiene sus salarios afectados por los códigos de descuento por estas deudas financieras de las que hablamos".

Aclaró que la situación "es similar a la que se está dando en el resto del país, incluso en el sector privado", y enfatizó que la idea del gobierno provincial es "aliviar esa carga otorgando préstamos a tasas más bajas y con plazos más laxos".

Como cierre, Giorgina Orciani reivindicó "la política de escucha de la actual gestión", e insistió en remarcar "el gran nivel de desinformación" que predomina en las fuerzas y apuntó contra "quienes quieren desinformar y confundir . Nuestra idea es llevar claridad conceptual sobre los aumentos", concluyó.

El gobierno provincial decidió otorgar por decreto los aumentos propuestos en el ámbito de las paritarias a los sectores que rechazaron la oferta salarial, y de ese modo, dio por cerrada la negociación del primer semestre. Así fue anunciado este viernes en conferencia de prensa por funcionarios del Ministerio de Educación y Economía.

"Entendemos la necesidad que hay de (cobrar) estos aumentos. Por eso, a raíz de que otros gremios aceptaron (la oferta), se decidió otorgar esos incrementos por decreto y dar por terminada la paritaria. De es modo, se podrán aplicar todos los aumentos por planilla complementaria que se van a estar percibiendo a mediados de marzo", dijo Daiana Gallo, Secretaria Territorial ministerio de educación.

La decisión política de dar por finalizada la discusión con los gremios se sustenta, según explicó la funcionaria, en el aval que concedieron a la oferta del gobierno los sindicatos estatales ATE y UPCN, y de la salud a través de AMRA. Se hizo prevalecer ese posicionamiento, pese al rechazo de la oferta por parte del sector docente, que estableció planes de lucha tanto en el sector público como privado.

La disconformidad del sector docente fue canalizada en asambleas y plenarios que resolvieron medidas de fuerza para el próximo lunes, día previsto para el inicio el ciclo lectivo en Santa Fe.

Pese a ello, Daiana Gallo dijo que el gobierno garantizará la apertura de los establecimientos educativos. "El lunes van a comenzar las clases como está estipulado en el calendario escolar", aseveró. "Nosotros esperamos a las familias y a los alumnos para que asistan a clases. El estado provincial debe garantizar el derecho a la educación y por eso, el lunes va a comenzar el ciclo lectivo", insistió.

En el mismo sentido, recordó – como adelantara El Litoral- que desde el lunes estará habilitado el sistema de declaraciones juradas para que los docentes que no adhieran a la medida de fuerza, puedan evitar el descuento del día y la pérdida del premio a la Asistencia Perfecta.

En otro orden, Malena Azario, Secretaría de Función Pública, confirmó que a partir de la ley que sancionó este jueves la Legislatura, los pasivos cobrarán dentro de treinta días las mejoras otorgadas al sector activo. Ello deriva de lo expresado por el gobernador Maximiliano Pullaro el pasado 15 de febrero ante la Asamblea Legislativa, cuando anunció que se morigeraban los efectos de la emergencia previsional en la provincia.

En ese marco, anticipó la decisión de abreviar el plazo en el que los jubilados reciben los aumentos del personal en actividad. Por la emergencia, se eliminó la simultaneidad en la percepción, y se llevó el plazo a sesenta días. Desde entonces, el pasivo debía aguardar dos meses para poder cobrar la mejora del trabajador.

En la apertura de sesiones ordinarias, el gobernador anunció la decisión de acortar ese período a un mes, y la Legislatura convalidó tal modificación con la sanción de la ley correspondiente, este jueves.

Consultada al respecto, la secretaria de Hacienda de la provincia, Belén Etcheverría, dijo que al contar ya con la norma sancionada, será la Caja de Jubilaciones quien deba "disponer del procedimiento interno para aplicar el nuevo sistema de movilidad".

El Litoral

En un contexto de tensión entre la necesidad de ordenar las cuentas públicas y el objetivo de evitar nuevos impactos sobre el costo de vida, el Gobierno nacional volvió a intervenir sobre la estructura impositiva de los combustibles.

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se decidió postergar parcialmente la actualización total de los impuestos que gravan a la nafta y al gasoil, al tiempo que se definió un esquema de incrementos graduales para los próximos meses.

El Decreto 74/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, introduce modificaciones al Decreto 617/2025 y sus normas complementarias.

En términos concretos, la medida redefine el cronograma de aplicación de los aumentos pendientes de los impuestos sobre los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono, ambos regulados por la Ley N° 23.966.

Dicha ley establece montos fijos en pesos por unidad de medida que deben actualizarse trimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec.

Sin embargo, desde 2018 esas actualizaciones han sido aplicadas de manera discontinua, con sucesivas postergaciones decididas por distintos gobiernos para evitar un traslado directo a los precios en surtidor.

En este caso, el decreto reconoce que aún restaban aplicar incrementos correspondientes al año calendario 2024 y a los tres primeros trimestres de 2025. En lugar de avanzar con una actualización plena y automática, el Ejecutivo optó por un esquema de diferimiento parcial, con aumentos acotados y escalonados.

Uno de los puntos centrales del decreto es la incorporación de un nuevo inciso que fija los incrementos impositivos que regirán para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 28 de febrero de 2026, inclusive.

Según el detalle oficial, para las naftas sin plomo —tanto las de hasta 92 RON como las de mayor octanaje— y para la nafta virgen, el incremento del impuesto sobre los combustibles líquidos será de 16,773 pesos por unidad, mientras que el impuesto al dióxido de carbono se incrementará en 1,027 pesos.

En el caso del gasoil, el aumento será más segmentado. El impuesto sobre los combustibles líquidos se incrementará en 14,372 pesos, a lo que se suma un aumento de 7,782 pesos correspondiente al tratamiento diferencial previsto para determinadas regiones del país, y otros 1,638 pesos por el impuesto al dióxido de carbono.

Además, el decreto sustituye una disposición previa y establece que la aplicación de los incrementos restantes, que estaban previstos para el 1° de febrero, se postergan ahora hasta el 1° de marzo de 2026. De este modo, el Gobierno gana un mes adicional antes de avanzar con una actualización más amplia de la carga impositiva sobre los combustibles.

La normativa también ratifica la vigencia del tratamiento diferencial para el gasoil destinado al consumo en determinadas zonas del país. Este beneficio alcanza a las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, así como al Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, y al departamento mendocino de Malargüe.

El objetivo de este esquema diferencial es compensar los mayores costos logísticos y climáticos que enfrentan estas regiones, donde el uso del gasoil resulta clave tanto para el transporte como para actividades productivas estratégicas.

Si bien el decreto no define de manera directa el precio final de los combustibles en surtidor, los impuestos representan una porción significativa del valor que pagan los consumidores.

Por ese motivo, cada actualización impositiva suele trasladarse —total o parcialmente— a los precios finales, dependiendo de la estrategia de las empresas refinadoras y comercializadoras.

Desde el Gobierno sostienen que la decisión de diferir los aumentos responde a la necesidad de “estimular el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, tal como se expresa en los considerandos de la norma.

En otras palabras, se busca evitar un shock de precios que pueda impactar sobre la inflación y el consumo, sin resignar por completo los recursos tributarios que el Estado necesita recaudar.

Para los analistas, la medida confirma que los combustibles siguen siendo una variable sensible dentro de la política económica. En un escenario de ajuste fiscal y desregulación de precios, el Ejecutivo mantiene un rol activo en la administración de los tiempos y magnitudes de los aumentos impositivos.

EL

El inicio de 2026 llegará con ajustes parciales en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, luego de que el Gobierno nacional resolviera diferir nuevamente una parte de las actualizaciones previstas por ley.

La decisión quedó formalizada a través del Decreto 929/2025, publicado en el Boletín Oficial, y se inscribe en una política de postergaciones sucesivas que se viene aplicando desde hace varios años para morigerar el impacto de los tributos sobre el precio final de la nafta y el gasoil.

La norma modifica el Decreto 617/2025 y establece incrementos acotados para enero de 2026, al tiempo que traslada el resto de los aumentos pendientes al mes de febrero.

De esta manera, el Ejecutivo busca evitar un salto brusco en los valores de los combustibles en un contexto de desaceleración inflacionaria y con la actividad económica aún en proceso de recuperación.

Los impuestos alcanzados por la medida son el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), ambos regulados por la Ley 23.966.

Estos gravámenes se calculan a partir de montos fijos en pesos por unidad de medida y, según la normativa vigente, deben actualizarse de manera trimestral en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec.

Sin embargo, desde 2018 a la fecha, los sucesivos gobiernos han optado por diferir o aplicar parcialmente esas actualizaciones. El argumento central ha sido evitar que los aumentos impositivos se trasladen de manera directa al surtidor y presionen sobre la inflación general, el transporte y los costos logísticos.

En este caso, el Decreto 929/2025 reconoce que todavía quedaban incrementos pendientes correspondientes al año calendario 2024 y a los tres primeros trimestres de 2025. Frente a ese escenario, el Ejecutivo resolvió aplicar solo una parte de esas subas durante enero y postergar el resto para febrero de 2026.

Según se explica en los considerandos de la norma, la decisión apunta a “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, una de las consignas centrales de la actual política económica.

Para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de enero de 2026, el decreto fija incrementos específicos en los impuestos que gravan a los principales combustibles.

En el caso de la nafta sin plomo —tanto la de hasta 92 RON como la de mayor octanaje— y la nafta virgen, el aumento del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos será de 17,291 pesos por litro, mientras que el Impuesto al Dióxido de Carbono se incrementará en 1,059 pesos por litro.

Para el gasoil, el esquema es diferencial. El ICL tendrá un aumento general de 14,390 pesos por litro, al que se suma un incremento de 7,792 pesos en el tratamiento diferencial previsto para determinadas regiones del país. Además, el Impuesto al Dióxido de Carbono se ajustará en 1,640 pesos por litro.

Cabe recordar que el tratamiento diferencial para el gasoil alcanza a las provincias patagónicas, al Partido de Patagones en Buenos Aires y al Departamento de Malargüe en Mendoza, una política que busca compensar los mayores costos logísticos y climáticos de esas zonas.

Si bien estos incrementos no se trasladan automáticamente al precio final en los surtidores, sí forman parte de la estructura de costos que consideran las petroleras al momento de definir ajustes.

Otro punto clave del decreto es la modificación de la fecha a partir de la cual comenzarán a regir los incrementos restantes que todavía no fueron aplicados.

En ese sentido, el artículo 2° de la norma reemplaza el 1° de enero de 2026 por el 1° de febrero de 2026 como fecha de entrada en vigencia del resto de las actualizaciones impositivas.

Esto implica que durante enero solo se aplicarán los aumentos parciales detallados en la tabla oficial, mientras que el remanente de los ajustes acumulados se activará recién a partir de febrero, salvo que el Gobierno vuelva a disponer una nueva postergación.

EL

Enero de 2026 arrancará con una serie de aumentos confirmados. Los ajustes alcanzan a rubros sensibles como los alquileres, la medicina prepaga, los combustibles, los servicios de telecomunicaciones y las tarifas de gas y electricidad.

Se trata de subas que, en su mayoría, ya fueron comunicadas por las empresas o se desprenden de esquemas de actualización vigentes.

El escenario se da en un contexto en el que la inflación continúa marcando el ritmo de la economía, con incrementos mensuales más moderados que en años anteriores, pero aún con efectos acumulativos sobre el poder adquisitivo.

Uno de los aumentos más significativos de enero será el de los alquileres para aquellos contratos que todavía se rigen por la derogada Ley de Alquileres. En estos casos, la actualización se realiza de manera anual a través del Índice de Contratos de Locación (ICL), que combina inflación y evolución salarial.

Para enero de 2026, el ICL marca un incremento del 36,39%, lo que implica un ajuste considerable para los inquilinos que deban renovar el valor mensual de su contrato. Si bien el porcentaje representa una desaceleración respecto de los picos registrados en años anteriores, sigue siendo una suba de peso en el ingreso familiar, especialmente en un contexto de gastos crecientes en otros rubros.

En paralelo, los contratos firmados bajo el nuevo esquema, posterior a la derogación de la ley, se actualizan según lo pactado entre las partes, con ajustes trimestrales o cuatrimestrales, generalmente atados a la inflación. En estos casos, los incrementos suelen ser menores en términos porcentuales, pero más frecuentes.

Otro rubro clave es el de la medicina prepaga. Las principales empresas del sector ya notificaron a sus afiliados aumentos en las cuotas a partir de enero, con subas que en la mayoría de los casos se ubican por debajo del 3%, aunque con variaciones según el plan y la empresa.

Además del valor de la cuota mensual, algunas compañías aplicarán ajustes en copagos y coseguros. Si bien se trata de incrementos más moderados que los registrados en años anteriores, el gasto en salud privada sigue siendo uno de los más sensibles para las familias, en especial para jubilados y trabajadores independientes.

A los aumentos en alquileres y salud se suman los ajustes previstos en combustibles. Desde el 1° de enero está prevista la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), correspondientes a tramos que habían sido postergados durante 2024 y 2025.

La aplicación de estos impuestos impacta de manera directa en el precio final de la nafta y el gasoil en surtidor. Si bien el Gobierno nacional mantiene la facultad de postergar o escalonar estos aumentos, el esquema vigente contempla su entrada en vigencia durante enero, lo que agrega presión sobre los costos de movilidad y logística.

En cuanto a los servicios públicos, también se esperan ajustes en las tarifas de gas y electricidad. El Ejecutivo nacional oficializó aumentos en el precio mayorista del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), un componente central de la factura final que pagan los usuarios.

Estos incrementos se trasladarán a las boletas residenciales una vez que se publiquen los nuevos cuadros tarifarios, en el marco del esquema de segmentación de subsidios que continuará vigente durante 2026. En el caso de la electricidad, se prevé un proceso similar, con actualizaciones graduales que buscan reducir el peso de los subsidios en las cuentas públicas.

Otro rubro que tendrá aumentos en enero es el de telecomunicaciones. Las empresas de telefonía móvil, internet y televisión por cable comenzaron a informar a sus clientes subas que oscilan entre el 3% y el 4,5%, según el servicio contratado. Estos ajustes suelen aplicarse de manera mensual o bimestral y forman parte de la política de actualización permanente del sector.

El Litoral

La medida busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de los haberes previsionales tras la derogación de la anterior fórmula de actualización y la transición al nuevo esquema de movilidad mensual por inflación.

Mediante el Decreto 918/2025, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo oficializó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 que se cobrará en enero de 2026. La medida busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de los haberes previsionales tras la derogación de la anterior fórmula de actualización y la transición al nuevo esquema de movilidad mensual por inflación.

El bono será otorgado a:

El beneficio se aplica por titular y alcanza a quienes tengan su prestación vigente al momento de la liquidación. En pensiones con copartícipes, sólo se considera un único titular para el cobro. 

Según la Resolución 381/25, la jubilación mínima en enero será de $349.299,32, lo que implica un aumento respecto al mes anterior; sumado al bono, quienes reciben el haber mínimo podrían percibir ingresos previsionales de $419.299,32 en enero. 

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Rafaela (UOMRA), Roberto Oesquer, detalló el nuevo acuerdo salarial firmado por el gremio hasta marzo de 2026 y, al mismo tiempo, trazó un panorama crítico sobre la situación económica que atraviesa el sector. Subrayó que la negociación ocurrió “en un contexto muy complicado”, marcado por la presión del Gobierno nacional para limitar las subas salariales.

Oesquer explicó que desde Nación se insistió en que cualquier paritaria que superara el 1% mensual corría riesgo de no ser homologada. “Entonces hay que viabilizar alternativas en un contexto recesivo, cuando las empresas también manifiestan que no tienen nivel de actividad”, sostuvo. En ese escenario, el gremio acordó para el período octubre–marzo una suma no remunerativa de 160.000 pesos, distribuida a lo largo de esos seis meses.

En materia remunerativa, se definió un 4,2% de aumento en noviembre y otro 4,2% en enero, lo que —según explicó— equivale a una suba total cercana al 15% o 16% si se combinan cifras remunerativas y no remunerativas. “Si lo agregás a lo que se acordó de abril a septiembre, estás alrededor del 25% o 26%, un número que por ahí se asemeja a la inflación anual que mide el INDEC”, indicó.

Pese al acuerdo, Oesquer sostuvo que la pérdida salarial sigue siendo profunda. “El retroceso de los sueldos es recontraimportante”, afirmó. Señaló que el 85% de los trabajadores gana menos de un millón de pesos y que, con esos ingresos, “es imposible llegar a 15 días del mes”.

Para el dirigente, el deterioro del poder adquisitivo es “el principal motivo de la recesión” que atraviesa el país: “Es una rueda que va demostrando que cada vez habrá más recesión y más complejidad para la subsistencia de las familias”.

Oesquer también señaló que continúa la preocupación por la situación de la industria metalúrgica. Recordó que el año pasado hubo entre 450 y 500 despidos en la región y que, si bien este año el número fue menor, “sigue habiendo bajas y una caída marcada en el nivel de actividad”.

Indicó que algunas empresas se acogieron al artículo 223b, que permite reducir horas y cargas sociales para evitar cierres. Aclaró que el gremio acompaña estos procesos “siempre y cuando se resguarde la fuente de trabajo y no se reduzca el ingreso del trabajador”, porque “ya de por sí es muy bajo”.

El dirigente advirtió que muchos empresarios ven similitudes con el deterioro económico de los años 90 y, por esa razón, “se adelantaron” en sus decisiones ante el temor de un escenario aún más crítico.

Oesquer concluyó que la paritaria cerrada brinda algo de previsibilidad hasta marzo, pero no modifica de fondo la situación: “La preocupación es enorme: importaciones frenadas, empresas con problemas, despidos a lo largo y a lo ancho del país”.

En ese marco, llamó a “sostener el empleo como prioridad” en un contexto que —advirtió— podría profundizarse si no se aplican medidas que reactiven la actividad.