La crisis internacional que atraviesa la principal región petrolera del mundo volvió a ponernos frente a un espejo incómodo pero revelador: Argentina no tiene una estrategia energética de largo plazo y continúa reaccionando ante los acontecimientos en lugar de anticiparse a ellos.

Un ejemplo reciente fue la decisión de elevar al 15% el corte de naftas con bioetanol, una medida largamente reclamada por el sector que recién se adoptó luego de la escalada del precio internacional del petróleo provocada por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Más allá de esta situación coyuntural, la pregunta de fondo es: ¿por qué debemos sufrir las consecuencias de un conflicto en Medio Oriente cuando vivimos en un país que produce petróleo, gas, biodiésel y bioetanol? La respuesta es tan simple como desafiante: Argentina necesita una política energética integral que articule toda la cadena de combustibles, incorporando de manera inteligente tanto los recursos fósiles como los biocombustibles derivados de materia orgánica de origen vegetal y animal.

Los biocombustibles no son solo una alternativa ambientalmente sostenible. Son también una herramienta económica y estratégica para reducir costos de abastecimiento, diversificar la matriz energética incorporando fuentes renovables, agregar valor a la producción nacional y amortiguar el impacto que las crisis internacionales tienen sobre los precios que pagan los argentinos.

Una ventaja competitiva únicaArgentina cuenta con dos activos estratégicos que pocos países poseen de manera simultánea. Por un lado, Vaca Muerta en la provincia de Neuquén, una de las mayores reservas de petróleo y gas no convencionales del mundo, cuyo desarrollo permitió que el país se posicionara dentro del selecto grupo de exportadora de energía.

Por otro, una de las plataformas agroindustriales más importantes del planeta. Solo la región núcleo, integrada por Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, produjo en la última campaña más de 51 millones de toneladas de soja y cerca de 15 millones de toneladas de maíz, dos de los principales insumos para la elaboración de biocombustibles. Es decir que tenemos una ventaja que muy pocas naciones tienen: la posibilidad de producir combustibles fósiles y bios.

Sin embargo, durante décadas se impuso una mirada fragmentada del sector que impidió potenciar la posición única en la que se encuentra nuestro país. Se trata de una discusión mezquina que beneficia a quienes quieren conservar posiciones de poder dentro de una matriz energética diseñada para pocos. La verdadera discusión no debe ser petróleo versus biocombustibles, sino cómo construir una política energética inteligente que aproveche todo el potencial que ya tenemos.

Las principales economías y socios estratégicos de la región avanzan en la misma dirección. Brasil elevó en 2025 sus mezclas obligatorias de bioetanol en naftas (E30) y de biodiésel en gasoil (B15). EEUU, continúa ampliando la incorporación de biocombustibles con incentivos a la innovación tecnológica y Europa impulsa el uso de biocombustibles para descarbonizar el transporte y reducir la dependencia de combustibles fósiles. Lejos de considerar a los biocombustibles un complemento marginal, las principales economías los integran como una pieza central de su estrategia energética y productiva.

Todos los actores sentados a la mesaPara que esta visión integral de la política energética se convierta en una realidad, es necesario que todos los sectores que forman parte de la cadena de valor energética tengan representación allí donde se toman las decisiones estratégicas. Por eso cobra cada vez más fuerza la propuesta de incorporar al sector  bioenergético al directorio de YPF.

Estamos convencidos de que esta empresa petrolera con participación estatal mayoritaria debe transformarse en la guía y el motor de la integración de ambas cadenas de combustibles. El proyecto Santa Fe Bio, que busca convertir a la Refinería San Lorenzo en un complejo industrial orientado a la producción de biocombustibles es una evidencia del interés de YPF en este sector.Santa Fe tiene mucho para aportar en esta discusión. Nuestra provincia concentra cerca del 80% de la capacidad instalada de producción de biodiésel del país, aquí hay plantas, tecnología, conocimiento, inversión, trabajo y una cadena productiva con potencial para seguir creciendo. Es una provincia que tiene la autoridad y la responsabilidad de liderar esta discusión a nivel nacional. Es también un actor fundamental de la Liga Bioenergética de la Provincias y uno de los principales impulsores de una nueva ley de Biocombustibles. Hace unos días, durante el tratamiento del último proyecto de ley en el Senado nacional, la provincia reclamó modificaciones clave para potenciar la industria y atraer inversiones, en particular pidió incorporar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) proyectos vinculados con Diésel Renovable (HVO), Combustible Sustentable para Aviación (SAF) e Hidrógeno Verde (H2V).El desafío que tenemos por delante es mucho más grande que la letra de una ley. Estamos definiendo qué tipo de país queremos ser. Un país que extrae recursos y exporta materias primas o uno que transforma sus recursos en desarrollo, genera valor agregado, fortalece sus regiones y construye soberanía. Integrar el sector bio al directorio de YPF es también una señal política de apostar por una estrategia energética federal que aproveche todo el potencial de la Argentina.La verdadera riqueza de nuestro país no está en elegir entre sus recursos, sino en la capacidad de integrarlos para decidir con mayor autonomía su propio destino.

La expansión de la en Argentina ya no responde únicamente a una búsqueda de diversificación agrícola. Detrás del crecimiento de estas oleaginosas invernales aparece un fenómeno mucho más amplio: la transición energética global y la creciente demanda de materias primas sostenibles para la elaboración de biocombustibles avanzados.

Un informe elaborado por especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario analiza cómo funcionan actualmente estas cadenas productivas, qué esquemas comerciales utilizan y cuáles son las perspectivas económicas e industriales que abren para el país.

A diferencia de cultivos tradicionales como la soja o el girasol, estas cadenas funcionan bajo un esquema altamente integrado. Empresas semilleras y desarrolladoras genéticas no sólo proveen la semilla, sino que además ofrecen asistencia técnica, financiamiento, certificaciones y garantizan la compra de la producción.

El modelo responde principalmente a las exigencias de trazabilidad y sustentabilidad que imponen los mercados energéticos internacionales, especialmente Europa y el sector aeronáutico.

Uno de los aspectos distintivos de estos cultivos es la modalidad contractual utilizada para organizar toda la cadena.

En la mayoría de los casos, el productor firma acuerdos antes de sembrar y conoce de antemano el esquema de comercialización y la referencia de precios que tendrá el cultivo una vez cosechado.

El objetivo es reducir la incertidumbre comercial en un mercado todavía emergente y altamente especializado.

En el caso de la colza y la carinata, los contratos toman como referencia el precio futuro de colza negociado en el mercado francés MATIF, aplicando descuentos previamente establecidos.

Para la camelina, la referencia utilizada surge del precio futuro de la soja en Chicago, al que actualmente se adiciona una prima cercana a los 75 dólares por tonelada.

Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, los márgenes proyectados para la campaña 2025/26 muestran resultados positivos para los tres cultivos.

La colza aparece como la alternativa más rentable, con márgenes brutos estimados en 261,8 dólares por hectárea y rindes proyectados de 1,8 toneladas por hectárea en Buenos Aires y Entre Ríos.

La camelina muestra márgenes estimados de 143,6 dólares por hectárea, mientras que la carinata alcanza 103,7 dólares.

Sin embargo, referentes del sector aseguran que en condiciones favorables los rindes reales pueden superar ampliamente los valores utilizados en las estimaciones oficiales.

Entre las tres oleaginosas, la carinata aparece hoy como uno de los cultivos con mayor nivel de integración internacional.

Actualmente, una sola empresa concentra el desarrollo genético de esta especie en Argentina y canaliza la producción hacia una multinacional energética vinculada a la elaboración de combustible sostenible para aviación (SAF), bajo contratos de abastecimiento vigentes hasta 2050. 

Argentina ya es considerada el principal exportador mundial de carinata y gran parte de la producción se envía a Europa para su procesamiento industrial.

La camelina, por su parte, muestra un esquema más diversificado. Existen varios cultivares registrados y parte de la producción ya comienza a industrializarse en el país, generando aceite certificado para biocombustibles y harinas proteicas destinadas a alimentación animal.

En paralelo, la colza mantiene un esquema mixto, donde algunas empresas integran toda la cadena mediante contratos y otras permiten al productor comercializar libremente su cosecha.

El avance de estas oleaginosas también comienza a movilizar inversiones industriales en Argentina.

Hasta ahora, gran parte de la producción se exportaba como grano sin procesar. Sin embargo, la instalación de nuevas plantas de crushing y refinación abre la posibilidad de avanzar hacia una mayor integración local de la cadena.

En enero de este año, una empresa del complejo agroexportador del Gran Rosario inauguró en Timbúes una línea industrial con capacidad para procesar hasta 3.000 toneladas diarias de camelina, carinata y canola.

El aceite obtenido podrá utilizarse tanto para exportación como para refinación en territorio argentino.

Además del aceite destinado a biocombustibles, estos cultivos generan subproductos de alto valor comercial. Las harinas proteicas obtenidas durante la molienda poseen altos niveles de proteína y pueden utilizarse en alimentación animal.

El acceso a los mercados internacionales depende en gran medida de las certificaciones de sustentabilidad.

La Unión Europea exige que los biocombustibles utilizados para cumplir sus metas de reducción de emisiones provengan de materias primas certificadas y trazables.

Por ello, las cadenas de carinata, camelina y colza operan bajo estrictos protocolos ambientales que verifican origen, manejo productivo y reducción efectiva de emisiones de gases de efecto invernadero.

En carinata, por ejemplo, la certificación RSB es obligatoria y contempla auditorías permanentes y controles sobre el uso del suelo.

En camelina y colza predominan sistemas como 2BSvs e ISCC, requeridos especialmente para abastecer al mercado europeo.

Estos cultivos poseen además una ventaja estratégica adicional: están incluidos dentro del Anexo IX Parte A de la Directiva Europea de Energías Renovables, categoría que otorga la mayor prioridad regulatoria a los biocombustibles avanzados.

El crecimiento de la aviación sostenible aparece como uno de los principales motores de expansión para estas cadenas.

Organismos internacionales como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) impulsan objetivos de neutralidad de carbono y programas de compensación de emisiones que incrementan la demanda de combustibles sostenibles para aviación.

Ese escenario genera una demanda estructural creciente de aceites certificados y abre oportunidades para países productores como Argentina.

Especialistas del sector estiman que el país dispone de más de 10 millones de hectáreas aptas para el desarrollo de estas oleaginosas invernales.

Con infraestructura industrial en expansión, contratos ya operativos y demanda internacional insatisfecha, carinata, camelina y colza comienzan a perfilarse como una nueva oportunidad para diversificar la producción agrícola argentina y participar activamente de la transición energética global.

El diputado provincial del socialismo, Joaquín Blanco, se expresó a favor del debate por una nueva norma que permita elevar el corte obligatorio de gasoil y bioetanol. “El sector atraviesa un momento crítico produciendo a pérdida desde hace más de un año y es necesario avanzar hacia un esquema superador”, destacó. Hay habría una reunión clave en el Congreso Nacional.

El Senado de la Nación tendrá una jornada clave respecto al tratamiento de una nueva Ley de Biocombustibles que permita elevar el corte actual con gasoil del 7,5% al 15% en un plazo de tres años y del bioetanol del 12% al 15%. “La situación del sector es crítica y por eso nuestro país debe avanzar hacia un esquema superador, con consensos entre las provincias y que aliente nuevas inversiones. Argentina fue pionera en biocombustibles durante la primera década de este siglo pero perdió dinamismo y competitividad en los últimos años”, destacó el diputado provincial, Joaquín Blanco.

“La reunión de esta tarde en el Senado será crucial para definir qué nuevo horizonte productivo queremos para Argentina. Si no se avanza en una nueva ley, será un impacto negativo para una industria que viene muy golpeada en el último año y eso repercutirá fuertemente en Santa Fe que abarca el 80% de la producción de biodiésel a nivel nacional”, expresó el socialista. “El nuevo proyecto está impulsado por la Liga Bioenergética que está conformada por nueve provincias, entre ellas la nuestra, y tiene el aval de la Unión Industrial Argentina, el Centro Azucarero Argentino y la Cámara de Bioetanol de Maíz”, agregó.

El sector viene en caída: la producción de biodiésel a nivel nacional lleva acumulada una caída del 8,7% entre agosto 2024 y agosto 2025, y las exportaciones cayeron un 39,7% comparando con el mismo período del año anterior, acorde al informe realizado por el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi. Mientras que la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba) alertaron que las empresas productoras llevan 16 meses consecutivos de pérdidas porque la Secretaría de Energía de Nación no hace cumplir con los precios establecidos en la Ley 27.640.

Blanco también hizo referencia a que el desarrollo de los biocombustibles también posicionan al país en el mercado internacional de la producción de alimentos. “No sólo son parte de la agenda energética y climática, también son importantísimos en la estrategia geopolítica de Argentina y su posicionamiento en el mercado internacional de los alimentos, donde Brasil, Estados Unidos e India, competidores de nuestro país en los commodities, ganan terreno desde hace años incrementando el uso de los bios”, dijo.

“Por eso la reunión de esta tarde es crucial porque ya no hay tiempo que perder: necesitamos nuevos horizontes productivos. No se trata de beneficiar un sector en detrimento de otro, es una apuesta fuerte por una Argentina desarrollada desde el interior, impulsando el trabajo, la agroindustria y la soberanía energética y alimentaria”, finalizó.

Em el marco del régimen de biocombustibles establecido por la Ley 27.640, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, oficializó una nueva actualización de precios para el bioetanol utilizado en la mezcla con naftas. La Resolución 386/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, establece los valores mínimos de adquisición que regirán durante todo el mes de octubre.

De acuerdo con la medida firmada por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, el precio del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar fue fijado en $891,286 por litro, mientras que el correspondiente al bioetanol elaborado a base de maíz será de $816,887 por litro. Estos montos permanecerán vigentes hasta que se publique una nueva actualización.

La resolución se dicta en un contexto de revisión general de precios regulados y de emergencia económica. En sus fundamentos, la Secretaría recordó que el Decreto 70/2023 declaró la emergencia pública en múltiples áreas —entre ellas la económica, financiera y tarifaria—, mientras que la Ley de Bases N° 27.742 amplió ese marco a los sectores energético y administrativo por un año.

Según explicó el documento oficial, el objetivo de la actualización es evitar desfasajes entre los costos reales de elaboración del bioetanol y los precios vigentes, así como prevenir distorsiones en los valores de los combustibles en surtidor. De esta manera, el Gobierno busca sostener la rentabilidad del sector productor de biocombustibles sin que eso implique un aumento desmedido para los consumidores finales.

“Resulta necesario atender el contexto actual tanto para el caso del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar como el de maíz, fijando excepcionalmente precios que se ajusten a dicha necesidad”, sostiene la resolución.

El texto también hace referencia a los antecedentes normativos. Desde 2023, los precios se determinan conforme a los procedimientos aprobados por la Resolución 373/2023, modificada por la 709/2023, que establecen los criterios técnicos y económicos para calcular los valores de referencia del bioetanol.

El bioetanol se utiliza en la mezcla obligatoria con naftas que se comercializan en el país, una política que tiene como finalidad reducir la dependencia de los combustibles fósiles y promover la producción nacional de energías renovables. Las provincias productoras de caña de azúcar, como Tucumán, Salta y Jujuy, y las de maíz, como Córdoba y Santa Fe, dependen en parte de esta actividad para sostener el empleo y las economías regionales.

Por eso, cada actualización de precios tiene un impacto directo sobre la competitividad de las destilerías y las plantas elaboradoras que abastecen a las petroleras. Desde el sector, venían reclamando una actualización que reflejara los incrementos de costos de los últimos meses, particularmente en materia de energía, transporte y materias primas.

La resolución aclara que el plazo máximo de pago del bioetanol no podrá superar los 30 días corridos desde la emisión de la factura correspondiente, una condición que apunta a mejorar el flujo financiero de las empresas productoras.

Los nuevos valores estarán vigentes a partir del 6 de octubre de 2025 y hasta la publicación de una nueva resolución que los reemplace. Como es habitual, los precios serán difundidos también en la página web oficial de la Secretaría de Energía.

La medida se enmarca dentro de la política de revisión mensual de precios de biocombustibles, que permite realizar ajustes periódicos según la evolución de los costos y del mercado.

Redacción El Litoral

El Gobierno nacional actualizó el precio de los biocombustibles, cuyo valor puede implicar un nuevo ajuste en el precio de las naftas.

Lo hizo a través de dos resoluciones de la Secretaría de Energía publicadas hoy en el Boletín Oficial donde se establecieron los precios mínimos de adquisición para el bioetanol y el biodiesel destinados a su mezcla obligatoria con combustibles fósiles en el mercado interno.

Para las operaciones a realizarse durante el mes de agosto de 2025, y hasta la publicación de un nuevo precio que los reemplace, se fijaron los siguientes valores mínimos de adquisición:

El bioetanol elaborado a base de caña de azúcar destinado a la mezcla obligatoria con nafta tendrá un precio mínimo de $ 824,044 por litro.

El bioetanol elaborado a base de maíz destinado a la mezcla obligatoria con nafta tendrá un precio mínimo de $ 755,258 por litro.

El biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil tendrá un precio mínimo de $1.354.507 por tonelada.

Estas disposiciones se enmarcan en la facultad de la Secretaría de Energía para modificar los procedimientos de determinación de precios cuando se detecten desfasajes con los costos reales de elaboración o distorsiones en los precios del combustible fósil en el surtidor.

En cuanto a los plazos de pago, el bioetanol no podrá exceder los días corridos desde la fecha de factura, mientras que para el biodiesel, el plazo máximo será siete días corridos desde la fecha de factura. NA