El gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, presentó al canciller de la República Argentina, Pablo Quirno, un documento para sustentar ante la Unión Europea la revisión del estatus del biodiésel, una clasificación que actualmente limita la exportación hacia ese mercado desde el Mercosur.Durante la reunión, realizada en la sede de la Cancillería en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también estuvieron presentes la secretaria de Comercio Exterior de la Provincia, Georgina Losada, y el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz.

Tras el encuentro, Puccini detalló que el gobernador “entregó al canciller un dossier que reúne datos científicos, técnicos, económicos y productivos sobre lo que implica para la provincia de Santa Fe la producción y exportación de biodiésel a la Unión Europea”; y precisó que estos datos “refutan la posición de la UE de considerar a la soja un insumo de alto riesgo”, motivo por el cual se restringieron las importaciones.

“La Cancillería estará en Bruselas la semana próxima realizando aportes técnicos, y este dossier será incorporado a esa exposición”, indicó el ministro santafesino, quien además destacó el “trabajo conjunto del Gobierno nacional y provincial, la Región Centro y los actores privados vinculados a la producción de biodiésel y al sector agropecuario”.“Para Santa Fe, principal productora de biodiésel del país, es fundamental sostener estos mercados, no solo para este producto, sino también para la soja y sus derivados”, indicó el ministro.

En la misma línea, Losada calificó la reunión como “positiva” y sostuvo que el objetivo del documento es “demostrar que la medida adoptada por la UE no tiene base científica ni técnica y constituye un obstáculo al comercio”; además de señalar que “no se condice con la realidad productiva de la provincia de Santa Fe”. Según precisó, el impacto económico podría implicar una pérdida de 390 millones de dólares.El documento expone la realidad productiva de la provincia, que se vería severamente afectada en sus exportaciones de biodiésel, e incorpora datos sobre el impacto económico y en el empleo en Santa Fe.Vale señalar que el tema fue planteado recientemente en una reunión del Gabinete Productivo de la Región Centro, y en esta semana, en una agenda de trabajo junto al embajador alemán Dieter Lamlé, y expertos de Sociedad Alemana de Cooperación Internacional.

La Comisión Europea emitió a comienzos de febrero un informe técnico que revisa la evidencia científica sobre la expansión de cultivos destinados a biocombustibles y la aplicación de los criterios del Reglamento 2019/807. Desde la Provincia se advierte que la normativa europea sobre “alto riesgo ILUC” (cambio indirecto del uso del suelo) excede la coyuntura específica del biodiésel y constituye una amenaza para toda la cadena de valor de la soja. Al estigmatizar la materia prima desde su origen, esta regulación podría sentar un precedente que, en el corto plazo, condicione el ingreso al mercado europeo de productos como harina, aceite y poroto.A partir de ese informe se abrió un período de comentarios, con fecha límite en febrero, en el que el Gobierno provincial participó junto a cámaras empresariales para cuestionar la metodología, los resultados y otros aspectos. Allí se indica que los resultados planteados por la UE no reflejan la realidad de la producción de soja en Argentina.

En el marco de la agenda de integración regional, el Gobierno de Santa Fe participó del Gabinete Productivo de la Región Centro, realizado en la ciudad de San Francisco (Córdoba), con la presencia de autoridades provinciales, entidades empresarias y referentes del entramado productivo.

El encuentro tuvo como eje central la defensa del biodiésel como sector estratégico para la economía regional. 

“Santa Fe va a defender con firmeza al biodiésel porque es trabajo, inversión y agregado de valor en origen. No podemos permitir que barreras injustificadas nos dejen afuera de los mercados. Vamos a dar esta discusión en todos los ámbitos, con una agenda clara”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien encabezó la delegación santafesina.

Durante la jornada, los funcionarios advirtieron que la normativa europea sobre “alto riesgo ILUC” (cambio indirecto del uso del suelo) excede la coyuntura específica del biodiésel y constituye una amenaza para toda la cadena de valor de la soja. Al estigmatizar la materia prima desde su origen, esta regulación podría sentar un precedente que, en el corto plazo, condicione el ingreso al mercado europeo de productos como harina, aceite y poroto.

En este contexto, la defensa del biocombustible fue planteada como una estrategia clave para resguardar el principal complejo agroexportador de la Región Centro y proteger a los distintos eslabones productivos que lo integran. Asimismo, se remarcó la necesidad de que la Cancillería nacional incorpore este tema como prioridad en la política exterior, de cara a la próxima reunión de gobernadores de la Región Centro, prevista para el 23 de abril en Córdoba.

En paralelo, se destacó la importancia de avanzar en una nueva Ley de Biocombustibles que eleve los cortes obligatorios y otorgue previsibilidad al sector, fortaleciendo el mercado interno en un escenario internacional en el que el encarecimiento del petróleo mejora la competitividad relativa de los biocombustibles.

Ante la inminente puesta en marcha del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur -cuya aplicación provisional se prevé para el 1 de mayo-, las provincias plantearon la necesidad de garantizar condiciones equitativas para la producción regional.

“Las proyecciones indican un crecimiento de las exportaciones, pero también la necesidad de evitar asimetrías que afecten a las pymes y a sectores estratégicos”, señaló Puccini.

En la misma línea, se analizó el impacto del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, que contempla la eliminación de aranceles y una ampliación significativa de cuotas de exportación agroindustriales. En particular, se destacó la expansión de la cuota de carne bovina, que pasaría de 20.000 a 100.000 toneladas anuales.

No obstante, se advirtió que para aprovechar este nuevo escenario será necesario un acompañamiento activo del Gobierno nacional, a través del Senasa y de líneas de financiamiento, que permitan acelerar la adecuación tecnológica de las plantas frigoríficas a los estándares exigidos por el mercado estadounidense.

Otro de los ejes abordados fue la logística, donde se resaltó el rol del Gran Rosario como nodo estratégico de exportación. En ese marco, Santa Fe presentó avances en infraestructura, como la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, el traspaso de la ruta nacional A012 y la implementación del sistema STOP 5.0, orientado a ordenar el flujo de camiones hacia los puertos.

También se analizó el futuro del sistema ferroviario y la concesión de la Hidrovía, con el objetivo de garantizar inversiones, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la participación de las provincias en su gestión.

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía oficializó un nuevo precio para el biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil.

La resolución 377/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, fija en $1.436.861 por tonelada el valor mínimo de adquisición del biocombustible. El monto regirá para todas las operaciones que se realicen durante septiembre y se mantendrá vigente hasta que se disponga un nuevo ajuste.

La decisión se enmarca en lo dispuesto por la Ley 27.640 de Marco Regulatorio de Biocombustibles, que regula la elaboración, comercialización y mezcla de biodiesel y bioetanol en Argentina.

Dicha norma otorgó a la Secretaría de Energía la potestad de fijar los precios mínimos de adquisición para garantizar el equilibrio entre productores y compradores, en un contexto donde el biodiesel se mezcla obligatoriamente con el gasoil.

En la práctica, esto significa que las petroleras deben adquirir un porcentaje de biodiesel a empresas productoras para luego incorporarlo al gasoil que llega a las estaciones de servicio. El precio fijado por el Estado es clave porque asegura rentabilidad a los fabricantes y al mismo tiempo evita distorsiones en la cadena de comercialización.

Cabe recordar que, a través de la Resolución 963/2023, se había aprobado un procedimiento específico para la determinación de estos precios, que se actualizan periódicamente en función de las condiciones del mercado. Sin embargo, en el último tiempo las autoridades detectaron variaciones que hicieron necesaria una nueva corrección.

Un informe técnico elaborado por la Subsecretaría de Combustibles Líquidos concluyó que la estructura de costos y la situación del mercado ameritaban fijar un nuevo valor de referencia. Por eso, la Secretaría de Energía avanzó en la determinación de este precio, que entra en vigencia de manera inmediata.

La medida no puede entenderse fuera del actual marco económico. A fines de 2023, el Gobierno nacional declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, tarifaria y social hasta diciembre de 2025.

Además, la llamada Ley Bases (27.742) amplió la emergencia en áreas estratégicas como la energética, lo que otorga a la Secretaría de Energía un margen de acción más amplio para revisar precios y corregir posibles desequilibrios.

En este contexto, el precio del biodiesel actúa como una referencia fundamental. De un lado, brinda previsibilidad a las empresas productoras, muchas de ellas radicadas en provincias como Santa Fe y Córdoba, que son clave en el desarrollo del sector.

Del otro, busca asegurar el abastecimiento de gasoil en todo el país, especialmente en momentos donde el consumo aumenta por las campañas agrícolas o por la demanda del transporte de cargas.

La resolución establece además que el plazo de pago no podrá superar los siete días corridos a partir de la emisión de la factura. Este detalle apunta a agilizar la cadena de pagos y a evitar retrasos que puedan complicar el funcionamiento de las plantas productoras de biodiesel.

El biodiesel no solo es un componente de la matriz energética, sino también una fuente de empleo y desarrollo regional. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, se concentra más del 80% de la producción nacional, con decenas de pymes que dependen directamente de la política de precios definida por el Estado.

Cada actualización impacta en la capacidad de estas empresas para sostener puestos de trabajo, invertir en tecnología y competir en el mercado interno. Por eso, el nuevo valor fijado es seguido de cerca por cámaras empresarias, productores agroindustriales y autoridades provinciales, que suelen reclamar estabilidad y reglas claras para el sector.

Además, el biodiesel juega un rol central en la transición hacia energías más limpias. Su utilización en mezclas obligatorias con combustibles fósiles contribuye a reducir las emisiones contaminantes y a diversificar la matriz energética, un objetivo que Argentina mantiene desde hace más de una década.

El precio de $1.436.861 por tonelada se mantendrá hasta que la Secretaría de Energía disponga una nueva actualización. Dado el carácter dinámico del mercado de biocombustibles y el contexto inflacionario, es probable que se produzcan más ajustes en los próximos meses.

El desafío del Gobierno será encontrar un equilibrio: sostener la producción nacional de biodiesel, evitar distorsiones en los precios de los combustibles y garantizar el abastecimiento de gasoil en todo el país.

Redacción El Litoral

La medida fija una suba retroactiva del 10% al 15 de noviembre y, luego, aumentos escalonados entre diciembre y marzo próximo para la adquisición del combustible, que incrementará de los $220.000 la tonelada fijados en septiembre último a $242.000.

La Secretaría de Energía dispuso actualizar el precio de adquisición del biodesel en un 4% mensual entre diciembre y marzo, en línea con el tope del mismo porcentaje que tendrán los combustibles.

La medida, dispuesta a través de la Resolución 791/2022 publicada este miércoles y en el Boletín Oficial, fija una suba retroactiva del 10% al 15 de noviembre y, luego, aumentos escalonados del 4% mensual entre diciembre y marzo próximo para la adquisición del biodiesel destinado a su mezcla obligatoria de gasoil.

De esta forma, el valor se incrementará de los $220.000 la tonelada fijados en septiembre último a $242.000.

Luego, desde diciembre, el precio aumentará, a razón de un 4% mensual, hasta alcanzar los $283.107 en marzo próximo.

LEE: Massa acordó con petroleras el ingreso de los combustibles al programa "Precios Justos"

"El tema combustibles es un tema central en la vida económica argentina. No solamente para lo que es el día a día de la gente sino para los sectores de la producción y del agro"Sergio Massa

El tope del aumento del biodiesel era uno de los reclamos de las petroleras para acceder al programa Precios Justos, que dispone un techo de aumento del 4% mensual para los combustibles en diciembre, enero y febrero, y del 3,8% en marzo.

"El tema combustibles es un tema central en la vida económica argentina. No solamente para lo que es el día a día de la gente sino para los sectores de la producción y del agro", remarcó el ministro de Economía, Sergio Massa, al anunciar la medida el pasado lunes.

[Sergio Massa]

Además del incremento del biodiesel que no será superior al tope de los combustibles, las empresas obtuvieron, como contrapartida, la postergación de enero a después de marzo del pago del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), como también garantías en cuanto a las importaciones de productos vinculados con el sector y el acceso a divisas, especialmente para el abastecimiento de lubricantes.

el valor se incrementará de los 0.000 la tonelada fijados en septiembre último a 2.000. Foto: Nacho Corbalán

Asimismo, se prevé una reducción temporal de impuestos en la importación de combustibles, a los efectos de "garantizar abastecimiento para los sectores del agro, sobre todo durante los meses de enero y febrero, los más importantes", señaló Massa.

LEE: Multas de hasta un millón de pesos a las empresas que incumplan el programa Precios Justos

Además de los combustibles, el programa Precios Justos fija por un plazo hasta fines de febrero los valores de más de 1.800 bienes de primera necesidad, mediante acuerdos voluntarios con más de 100 empresas de consumo masivo, las cuales asimismo se comprometieron a no aumentar más del 4% mensual el resto de su cartera de productos.

El objetivo de estos acuerdos realizados por el Palacio de Hacienda es atacar la inercia inflacionaria, la cual actualmente se sitúa en alrededor del 6% y el 7% mensual.