La expansión de la en Argentina ya no responde únicamente a una búsqueda de diversificación agrícola. Detrás del crecimiento de estas oleaginosas invernales aparece un fenómeno mucho más amplio: la transición energética global y la creciente demanda de materias primas sostenibles para la elaboración de biocombustibles avanzados.

Un informe elaborado por especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario analiza cómo funcionan actualmente estas cadenas productivas, qué esquemas comerciales utilizan y cuáles son las perspectivas económicas e industriales que abren para el país.

A diferencia de cultivos tradicionales como la soja o el girasol, estas cadenas funcionan bajo un esquema altamente integrado. Empresas semilleras y desarrolladoras genéticas no sólo proveen la semilla, sino que además ofrecen asistencia técnica, financiamiento, certificaciones y garantizan la compra de la producción.

El modelo responde principalmente a las exigencias de trazabilidad y sustentabilidad que imponen los mercados energéticos internacionales, especialmente Europa y el sector aeronáutico.

Uno de los aspectos distintivos de estos cultivos es la modalidad contractual utilizada para organizar toda la cadena.

En la mayoría de los casos, el productor firma acuerdos antes de sembrar y conoce de antemano el esquema de comercialización y la referencia de precios que tendrá el cultivo una vez cosechado.

El objetivo es reducir la incertidumbre comercial en un mercado todavía emergente y altamente especializado.

En el caso de la colza y la carinata, los contratos toman como referencia el precio futuro de colza negociado en el mercado francés MATIF, aplicando descuentos previamente establecidos.

Para la camelina, la referencia utilizada surge del precio futuro de la soja en Chicago, al que actualmente se adiciona una prima cercana a los 75 dólares por tonelada.

Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, los márgenes proyectados para la campaña 2025/26 muestran resultados positivos para los tres cultivos.

La colza aparece como la alternativa más rentable, con márgenes brutos estimados en 261,8 dólares por hectárea y rindes proyectados de 1,8 toneladas por hectárea en Buenos Aires y Entre Ríos.

La camelina muestra márgenes estimados de 143,6 dólares por hectárea, mientras que la carinata alcanza 103,7 dólares.

Sin embargo, referentes del sector aseguran que en condiciones favorables los rindes reales pueden superar ampliamente los valores utilizados en las estimaciones oficiales.

Entre las tres oleaginosas, la carinata aparece hoy como uno de los cultivos con mayor nivel de integración internacional.

Actualmente, una sola empresa concentra el desarrollo genético de esta especie en Argentina y canaliza la producción hacia una multinacional energética vinculada a la elaboración de combustible sostenible para aviación (SAF), bajo contratos de abastecimiento vigentes hasta 2050. 

Argentina ya es considerada el principal exportador mundial de carinata y gran parte de la producción se envía a Europa para su procesamiento industrial.

La camelina, por su parte, muestra un esquema más diversificado. Existen varios cultivares registrados y parte de la producción ya comienza a industrializarse en el país, generando aceite certificado para biocombustibles y harinas proteicas destinadas a alimentación animal.

En paralelo, la colza mantiene un esquema mixto, donde algunas empresas integran toda la cadena mediante contratos y otras permiten al productor comercializar libremente su cosecha.

El avance de estas oleaginosas también comienza a movilizar inversiones industriales en Argentina.

Hasta ahora, gran parte de la producción se exportaba como grano sin procesar. Sin embargo, la instalación de nuevas plantas de crushing y refinación abre la posibilidad de avanzar hacia una mayor integración local de la cadena.

En enero de este año, una empresa del complejo agroexportador del Gran Rosario inauguró en Timbúes una línea industrial con capacidad para procesar hasta 3.000 toneladas diarias de camelina, carinata y canola.

El aceite obtenido podrá utilizarse tanto para exportación como para refinación en territorio argentino.

Además del aceite destinado a biocombustibles, estos cultivos generan subproductos de alto valor comercial. Las harinas proteicas obtenidas durante la molienda poseen altos niveles de proteína y pueden utilizarse en alimentación animal.

El acceso a los mercados internacionales depende en gran medida de las certificaciones de sustentabilidad.

La Unión Europea exige que los biocombustibles utilizados para cumplir sus metas de reducción de emisiones provengan de materias primas certificadas y trazables.

Por ello, las cadenas de carinata, camelina y colza operan bajo estrictos protocolos ambientales que verifican origen, manejo productivo y reducción efectiva de emisiones de gases de efecto invernadero.

En carinata, por ejemplo, la certificación RSB es obligatoria y contempla auditorías permanentes y controles sobre el uso del suelo.

En camelina y colza predominan sistemas como 2BSvs e ISCC, requeridos especialmente para abastecer al mercado europeo.

Estos cultivos poseen además una ventaja estratégica adicional: están incluidos dentro del Anexo IX Parte A de la Directiva Europea de Energías Renovables, categoría que otorga la mayor prioridad regulatoria a los biocombustibles avanzados.

El crecimiento de la aviación sostenible aparece como uno de los principales motores de expansión para estas cadenas.

Organismos internacionales como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) impulsan objetivos de neutralidad de carbono y programas de compensación de emisiones que incrementan la demanda de combustibles sostenibles para aviación.

Ese escenario genera una demanda estructural creciente de aceites certificados y abre oportunidades para países productores como Argentina.

Especialistas del sector estiman que el país dispone de más de 10 millones de hectáreas aptas para el desarrollo de estas oleaginosas invernales.

Con infraestructura industrial en expansión, contratos ya operativos y demanda internacional insatisfecha, carinata, camelina y colza comienzan a perfilarse como una nueva oportunidad para diversificar la producción agrícola argentina y participar activamente de la transición energética global.

El gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, presentó al canciller de la República Argentina, Pablo Quirno, un documento para sustentar ante la Unión Europea la revisión del estatus del biodiésel, una clasificación que actualmente limita la exportación hacia ese mercado desde el Mercosur.Durante la reunión, realizada en la sede de la Cancillería en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también estuvieron presentes la secretaria de Comercio Exterior de la Provincia, Georgina Losada, y el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz.

Tras el encuentro, Puccini detalló que el gobernador “entregó al canciller un dossier que reúne datos científicos, técnicos, económicos y productivos sobre lo que implica para la provincia de Santa Fe la producción y exportación de biodiésel a la Unión Europea”; y precisó que estos datos “refutan la posición de la UE de considerar a la soja un insumo de alto riesgo”, motivo por el cual se restringieron las importaciones.

“La Cancillería estará en Bruselas la semana próxima realizando aportes técnicos, y este dossier será incorporado a esa exposición”, indicó el ministro santafesino, quien además destacó el “trabajo conjunto del Gobierno nacional y provincial, la Región Centro y los actores privados vinculados a la producción de biodiésel y al sector agropecuario”.“Para Santa Fe, principal productora de biodiésel del país, es fundamental sostener estos mercados, no solo para este producto, sino también para la soja y sus derivados”, indicó el ministro.

En la misma línea, Losada calificó la reunión como “positiva” y sostuvo que el objetivo del documento es “demostrar que la medida adoptada por la UE no tiene base científica ni técnica y constituye un obstáculo al comercio”; además de señalar que “no se condice con la realidad productiva de la provincia de Santa Fe”. Según precisó, el impacto económico podría implicar una pérdida de 390 millones de dólares.El documento expone la realidad productiva de la provincia, que se vería severamente afectada en sus exportaciones de biodiésel, e incorpora datos sobre el impacto económico y en el empleo en Santa Fe.Vale señalar que el tema fue planteado recientemente en una reunión del Gabinete Productivo de la Región Centro, y en esta semana, en una agenda de trabajo junto al embajador alemán Dieter Lamlé, y expertos de Sociedad Alemana de Cooperación Internacional.

La Comisión Europea emitió a comienzos de febrero un informe técnico que revisa la evidencia científica sobre la expansión de cultivos destinados a biocombustibles y la aplicación de los criterios del Reglamento 2019/807. Desde la Provincia se advierte que la normativa europea sobre “alto riesgo ILUC” (cambio indirecto del uso del suelo) excede la coyuntura específica del biodiésel y constituye una amenaza para toda la cadena de valor de la soja. Al estigmatizar la materia prima desde su origen, esta regulación podría sentar un precedente que, en el corto plazo, condicione el ingreso al mercado europeo de productos como harina, aceite y poroto.A partir de ese informe se abrió un período de comentarios, con fecha límite en febrero, en el que el Gobierno provincial participó junto a cámaras empresariales para cuestionar la metodología, los resultados y otros aspectos. Allí se indica que los resultados planteados por la UE no reflejan la realidad de la producción de soja en Argentina.

En el marco de la agenda de integración regional, el Gobierno de Santa Fe participó del Gabinete Productivo de la Región Centro, realizado en la ciudad de San Francisco (Córdoba), con la presencia de autoridades provinciales, entidades empresarias y referentes del entramado productivo.

El encuentro tuvo como eje central la defensa del biodiésel como sector estratégico para la economía regional. 

“Santa Fe va a defender con firmeza al biodiésel porque es trabajo, inversión y agregado de valor en origen. No podemos permitir que barreras injustificadas nos dejen afuera de los mercados. Vamos a dar esta discusión en todos los ámbitos, con una agenda clara”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien encabezó la delegación santafesina.

Durante la jornada, los funcionarios advirtieron que la normativa europea sobre “alto riesgo ILUC” (cambio indirecto del uso del suelo) excede la coyuntura específica del biodiésel y constituye una amenaza para toda la cadena de valor de la soja. Al estigmatizar la materia prima desde su origen, esta regulación podría sentar un precedente que, en el corto plazo, condicione el ingreso al mercado europeo de productos como harina, aceite y poroto.

En este contexto, la defensa del biocombustible fue planteada como una estrategia clave para resguardar el principal complejo agroexportador de la Región Centro y proteger a los distintos eslabones productivos que lo integran. Asimismo, se remarcó la necesidad de que la Cancillería nacional incorpore este tema como prioridad en la política exterior, de cara a la próxima reunión de gobernadores de la Región Centro, prevista para el 23 de abril en Córdoba.

En paralelo, se destacó la importancia de avanzar en una nueva Ley de Biocombustibles que eleve los cortes obligatorios y otorgue previsibilidad al sector, fortaleciendo el mercado interno en un escenario internacional en el que el encarecimiento del petróleo mejora la competitividad relativa de los biocombustibles.

Ante la inminente puesta en marcha del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur -cuya aplicación provisional se prevé para el 1 de mayo-, las provincias plantearon la necesidad de garantizar condiciones equitativas para la producción regional.

“Las proyecciones indican un crecimiento de las exportaciones, pero también la necesidad de evitar asimetrías que afecten a las pymes y a sectores estratégicos”, señaló Puccini.

En la misma línea, se analizó el impacto del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, que contempla la eliminación de aranceles y una ampliación significativa de cuotas de exportación agroindustriales. En particular, se destacó la expansión de la cuota de carne bovina, que pasaría de 20.000 a 100.000 toneladas anuales.

No obstante, se advirtió que para aprovechar este nuevo escenario será necesario un acompañamiento activo del Gobierno nacional, a través del Senasa y de líneas de financiamiento, que permitan acelerar la adecuación tecnológica de las plantas frigoríficas a los estándares exigidos por el mercado estadounidense.

Otro de los ejes abordados fue la logística, donde se resaltó el rol del Gran Rosario como nodo estratégico de exportación. En ese marco, Santa Fe presentó avances en infraestructura, como la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, el traspaso de la ruta nacional A012 y la implementación del sistema STOP 5.0, orientado a ordenar el flujo de camiones hacia los puertos.

También se analizó el futuro del sistema ferroviario y la concesión de la Hidrovía, con el objetivo de garantizar inversiones, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la participación de las provincias en su gestión.

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía oficializó un nuevo precio para el biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil.

La resolución 377/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, fija en $1.436.861 por tonelada el valor mínimo de adquisición del biocombustible. El monto regirá para todas las operaciones que se realicen durante septiembre y se mantendrá vigente hasta que se disponga un nuevo ajuste.

La decisión se enmarca en lo dispuesto por la Ley 27.640 de Marco Regulatorio de Biocombustibles, que regula la elaboración, comercialización y mezcla de biodiesel y bioetanol en Argentina.

Dicha norma otorgó a la Secretaría de Energía la potestad de fijar los precios mínimos de adquisición para garantizar el equilibrio entre productores y compradores, en un contexto donde el biodiesel se mezcla obligatoriamente con el gasoil.

En la práctica, esto significa que las petroleras deben adquirir un porcentaje de biodiesel a empresas productoras para luego incorporarlo al gasoil que llega a las estaciones de servicio. El precio fijado por el Estado es clave porque asegura rentabilidad a los fabricantes y al mismo tiempo evita distorsiones en la cadena de comercialización.

Cabe recordar que, a través de la Resolución 963/2023, se había aprobado un procedimiento específico para la determinación de estos precios, que se actualizan periódicamente en función de las condiciones del mercado. Sin embargo, en el último tiempo las autoridades detectaron variaciones que hicieron necesaria una nueva corrección.

Un informe técnico elaborado por la Subsecretaría de Combustibles Líquidos concluyó que la estructura de costos y la situación del mercado ameritaban fijar un nuevo valor de referencia. Por eso, la Secretaría de Energía avanzó en la determinación de este precio, que entra en vigencia de manera inmediata.

La medida no puede entenderse fuera del actual marco económico. A fines de 2023, el Gobierno nacional declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, tarifaria y social hasta diciembre de 2025.

Además, la llamada Ley Bases (27.742) amplió la emergencia en áreas estratégicas como la energética, lo que otorga a la Secretaría de Energía un margen de acción más amplio para revisar precios y corregir posibles desequilibrios.

En este contexto, el precio del biodiesel actúa como una referencia fundamental. De un lado, brinda previsibilidad a las empresas productoras, muchas de ellas radicadas en provincias como Santa Fe y Córdoba, que son clave en el desarrollo del sector.

Del otro, busca asegurar el abastecimiento de gasoil en todo el país, especialmente en momentos donde el consumo aumenta por las campañas agrícolas o por la demanda del transporte de cargas.

La resolución establece además que el plazo de pago no podrá superar los siete días corridos a partir de la emisión de la factura. Este detalle apunta a agilizar la cadena de pagos y a evitar retrasos que puedan complicar el funcionamiento de las plantas productoras de biodiesel.

El biodiesel no solo es un componente de la matriz energética, sino también una fuente de empleo y desarrollo regional. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, se concentra más del 80% de la producción nacional, con decenas de pymes que dependen directamente de la política de precios definida por el Estado.

Cada actualización impacta en la capacidad de estas empresas para sostener puestos de trabajo, invertir en tecnología y competir en el mercado interno. Por eso, el nuevo valor fijado es seguido de cerca por cámaras empresarias, productores agroindustriales y autoridades provinciales, que suelen reclamar estabilidad y reglas claras para el sector.

Además, el biodiesel juega un rol central en la transición hacia energías más limpias. Su utilización en mezclas obligatorias con combustibles fósiles contribuye a reducir las emisiones contaminantes y a diversificar la matriz energética, un objetivo que Argentina mantiene desde hace más de una década.

El precio de $1.436.861 por tonelada se mantendrá hasta que la Secretaría de Energía disponga una nueva actualización. Dado el carácter dinámico del mercado de biocombustibles y el contexto inflacionario, es probable que se produzcan más ajustes en los próximos meses.

El desafío del Gobierno será encontrar un equilibrio: sostener la producción nacional de biodiesel, evitar distorsiones en los precios de los combustibles y garantizar el abastecimiento de gasoil en todo el país.

Redacción El Litoral

La medida fija una suba retroactiva del 10% al 15 de noviembre y, luego, aumentos escalonados entre diciembre y marzo próximo para la adquisición del combustible, que incrementará de los $220.000 la tonelada fijados en septiembre último a $242.000.

La Secretaría de Energía dispuso actualizar el precio de adquisición del biodesel en un 4% mensual entre diciembre y marzo, en línea con el tope del mismo porcentaje que tendrán los combustibles.

La medida, dispuesta a través de la Resolución 791/2022 publicada este miércoles y en el Boletín Oficial, fija una suba retroactiva del 10% al 15 de noviembre y, luego, aumentos escalonados del 4% mensual entre diciembre y marzo próximo para la adquisición del biodiesel destinado a su mezcla obligatoria de gasoil.

De esta forma, el valor se incrementará de los $220.000 la tonelada fijados en septiembre último a $242.000.

Luego, desde diciembre, el precio aumentará, a razón de un 4% mensual, hasta alcanzar los $283.107 en marzo próximo.

LEE: Massa acordó con petroleras el ingreso de los combustibles al programa "Precios Justos"

"El tema combustibles es un tema central en la vida económica argentina. No solamente para lo que es el día a día de la gente sino para los sectores de la producción y del agro"Sergio Massa

El tope del aumento del biodiesel era uno de los reclamos de las petroleras para acceder al programa Precios Justos, que dispone un techo de aumento del 4% mensual para los combustibles en diciembre, enero y febrero, y del 3,8% en marzo.

"El tema combustibles es un tema central en la vida económica argentina. No solamente para lo que es el día a día de la gente sino para los sectores de la producción y del agro", remarcó el ministro de Economía, Sergio Massa, al anunciar la medida el pasado lunes.

[Sergio Massa]

Además del incremento del biodiesel que no será superior al tope de los combustibles, las empresas obtuvieron, como contrapartida, la postergación de enero a después de marzo del pago del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), como también garantías en cuanto a las importaciones de productos vinculados con el sector y el acceso a divisas, especialmente para el abastecimiento de lubricantes.

el valor se incrementará de los 0.000 la tonelada fijados en septiembre último a 2.000. Foto: Nacho Corbalán

Asimismo, se prevé una reducción temporal de impuestos en la importación de combustibles, a los efectos de "garantizar abastecimiento para los sectores del agro, sobre todo durante los meses de enero y febrero, los más importantes", señaló Massa.

LEE: Multas de hasta un millón de pesos a las empresas que incumplan el programa Precios Justos

Además de los combustibles, el programa Precios Justos fija por un plazo hasta fines de febrero los valores de más de 1.800 bienes de primera necesidad, mediante acuerdos voluntarios con más de 100 empresas de consumo masivo, las cuales asimismo se comprometieron a no aumentar más del 4% mensual el resto de su cartera de productos.

El objetivo de estos acuerdos realizados por el Palacio de Hacienda es atacar la inercia inflacionaria, la cual actualmente se sitúa en alrededor del 6% y el 7% mensual.