Con el paso del tiempo, las toallas blancas tienden a perder su brillo, adquirir tonos amarillentos o grises y endurecerse debido al uso frecuente, la humedad y los residuos de jabón. Sin embargo, un método casero que se volvió viral en redes sociales promete devolverles su blancura original y suavidad, utilizando solo bicarbonato, vinagre blanco y agua caliente.

Para potenciar el resultado, agregá una cucharada de agua oxigenada (10 volúmenes) al lavado. Es ideal para eliminar manchas persistentes sin debilitar las fibras ni afectar la suavidad.

Con este sencillo método, las toallas blancas recuperan su textura original y lucen como nuevas, sin recurrir a productos químicos agresivos ni blanqueadores industriales.

A través de la Administración Provincial de Impuestos, el Gobierno santafesino prorrogó el plazo para adherirse al Régimen de Regularización de Activos, conocido comúnmente como “blanqueo”. La decisión de extender el plazo hasta el 31 de julio responde a un pedido formalizado por la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas y los Colegios de Profesionales ante la API, en el marco del régimen previsto en la Ley 14.386 y la disposición Ley Nacional N.º 27.743.

La adhesión, cuyo vencimiento original estaba previsto para el 6 de junio, fue prorrogada mediante resolución N.º 029/25 de API, en consideración del creciente número de interesados. En este sentido, se destaca el notable incremento de adhesiones en Santa Fe: de alrededor de 100 inscriptos en marzo, a 4.898 al inicio de junio.

Cabe recordar que, en diciembre de 2024, la Legislatura santafesina sancionó la Ley Tributaria N.º 14.386, que establece los lineamientos para la adhesión al Régimen de Regularización de Activos en el ámbito de la provincia. La normativa fija cuatro principios rectores:* Compatibilidad con la política de seguridad: toda medida en materia tributaria debe ser coherente con las políticas de seguridad vigentes, evitando impactos negativos sobre las mismas.* Carácter excepcional: la oportunidad de regularización se considera excepcional para quienes no cumplieron oportunamente sus deberes fiscales.* Cumplimiento integral: quienes adhieran al régimen deberán estar al día con el resto de sus obligaciones tributarias.* Ecuanimidad: El régimen debe garantizar un trato equitativo respecto de quienes han sido contribuyentes cumplidores.

En el marco de las acciones que el Gobierno de la Provincia lleva adelante en la lucha contra el narcotráfico y las economías del delito, el Ejecutivo santafesino reforzará acciones para evitar lavado de dinero proveniente del delito, tras el blanqueo de dólares anunciado por Nación. Desde la Provincia se apoya la medida y a su vez se enfoca en bloquear a las mafias que atentan contra la seguridad públicaAsí lo informaron los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, este viernes al dar a conocer medidas concretas que se tomarán en la Provincia.

“La lucha contra las mafias en Santa Fe es un mandato indeclinable por lo que tenemos que centrarnos en controlar que los flujos patrimoniales y financieros no terminen siendo aprovechados para solventar la actividad de las organizaciones delictivas que han traído violencia y homicidios a la provincia” consideró Cococcioni, por lo cual aseguró que las medidas “tienen como blanco poblacional gente ligada directamente a la actividad criminal en la provincia y apuntan a resguardar la seguridad pública”.

Es por eso que el funcionario anunció la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de poner en marcha “un comité compuesto por representantes de todos los ministerios y con convocatoria a otros organismos y poderes del Estado para diseñar un programa de disrupción patrimonial y financiera (es decir, detectar un crecimiento patrimonial inusual) que se centrará en las personas y organizaciones vinculadas judicialmente y por los órganos de Inteligencia a actividades del crimen organizado en la provincia”. Para eso, se llevará adelante “un cruce de información para desarrollar una estrategia de bloqueo tendiente a contrarrestar la circulación económica ligada a estas actividades criminales”, subrayó Cococcioni. El comité funcionará “en el ámbito de la Subsecretaría de Inteligencia, en la órbita de la Dirección Provincial de Información Patrimonial”, agregó el titular de Justicia y Seguridad con el objetivo de “reunir información y vincularlos a los movimientos de las organizaciones criminales y a partir de ahí diseñar medidas tendientes a limitar y bloquear accesos a servicios del propio Estado”. Vale recordar que ya en el blanqueo anterior el Gobierno santafesino investigó quiénes eran las personas que habían adherido, con una mirada puesta en verificar que no haya ningún fondo que sea directamente ilegal o que provenga de las economías criminales, o que organizaciones delictivas pretendan blanquear. 

“Estas no son medidas de investigación penal ni investigación judicial sino que son medidas administrativas para dificultar el financiamiento de la actividad del crimen organizado, mediante un mecanismo que reunirá información de distintos ámbitos del Estado, vinculándola al sistema de Inteligencia e Investigación Criminal, priorizando grupos criminales con capacidad de realizar actos violentos”, sumó Cococcioni.

Por su parte Olivares consideró que el blanqueo anunciado por la Nación “genera determinadas ventajas para la circulación económica y que dichas ventajas son favorables para el 99% de la población que es gente de bien pero al mismo tiempo genera ventajas para el otro 1%” donde están las organizaciones criminales, por lo que reconoció que “tratando de compatibilizar la recuperación económica pero evitando que pueda significar poner en riesgo la seguridad, es donde focalizamos en este 1%”. Además recordó que el Gobierno nacional ya había dispuesto que quienes “quería sacar los ‘dólares del colchón’ tuvieran un blanqueo generoso para hacerlo; lo pudieron hacer e incorporaron esos dólares al circuito formal” por lo cual consideró que “estas medidas apuntan a un nuevo blanqueo pero a expensas de quitar determinados controles, lo que nos genera interrogantes y por eso desde la Provincia tenemos que estar más atentos que nunca”.

El Gobierno provincial a través de la Administración Provincial de Impuestos (API), habilitó el pasado 26 de febrero la posibilidad de adherir en Santa Fe al Régimen de Regularización de activos, contemplado en la Ley 27.743 y reglamentado por la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), actualmente Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En solo diez días hábiles se registraron en la provincia 97 adhesiones al denominado blanqueo.“Santa Fe brindó, según lo establecido en su ley tributaria, la posibilidad de adhesión al blanqueo en nuestra provincia, para que aquellas personas que habiendo adherido a la Ley Nacional, puedan también obtener el denominado tapón fiscal para los tributos provinciales. Lo normado en la ley provincial, nos permite brindar una seguridad jurídica, sin dejar de ser justos con los contribuyentes cumplidores”, expresó el ministro de Economía Pablo Olivares.La posibilidad de adhesión en la provincia estará disponible hasta el 30 de abril y puede realizarse de manera online a través de https://www.santafe.gov.ar/index.php/tramites/modul1/index?m=descripcion&id=279850 .

En diciembre del 2024 la Legislatura santafesina sancionó la Ley Tributaria (14.386) que estableció para la adhesión en nuestra provincia al Régimen de Regularización de activos, cuatro principios prioritarios:

1) Que toda medida debe subordinarse a la política de seguridad, entendiéndose que tal medida resulte compatible con la política de seguridad y no genere externalidades negativas a la misma.2) Que la oportunidad brindada a un sujeto que incumpliera oportunamente deberes fiscales, debe considerarse de carácter excepcional.3) Que quien acceda a dicha posibilidad debe cumplir con todos los demás deberes tributarios.

4) Ecuanimidad con quienes fueron cumplidores. 

o en Rosario, Santa Fe 1950.

El Ministerio de Economía enviará en las próximas horas al Congreso Nacional el proyecto ley para la exteriorización de capitales, al que podrán adherirse personas humanas y empresas con una alícuota inicial de 2,5% hasta el 31 de marzo.

La iniciativa tiene como objetivo ofrecer la posibilidad a los contribuyentes de sincerar sus activos no declarados en el exterior antes que entre en vigencia el acuerdo de intercambio de información tributaria con los Estados Unidos.

No obstante, su entrada en vigencia y los plazos incluidos en la norma dependen de los tiempos legislativos y su posible tratamiento en sesiones extraordinarias.

Según el proyecto que trascendió estarían en condiciones de acceder personas humanas, sucesiones indivisas y empresas, que podrían declarar tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y/o en el exterior (incluyendo créditos).

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Si bien depende del momento en que se sancione la ley, la iniciativa oficial prevé una alícuota inicial de 2,5% desde la entrada en vigencia hasta el 31 de marzo. Desde el 1° abril al 30 de junio sería de 5% y desde el 1° de julio al 30 de septiembre de 2023 de 7,5%. Estas alícuotas se duplicarán cuando los bienes no sean repatriados.

Cabe apuntar que tanto el ingreso como el pago de las alícuotas se realizan al tipo de cambio oficial.

Por otra parte, se propone un régimen simplificado con una alícuota especial del 1,5% aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera y el monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 períodos fiscales y con un tope de hasta US$ 50 mil.

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Asimismo, quedan excluidos únicamente del Régimen Simplificado aquellos contribuyentes alcanzados por el Aporte Solidario.

El proyecto de ley establece que a quienes ingresen al blanqueo se los exime de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiario, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados.

A su vez, quedan liberados de los siguientes impuestos que hubieran omitido declarar: Ganancias, Internos y al Valor Agregado, sobre los Bienes Personales y de la contribución especial de cooperativas.

Quienes hayan sido funcionarios públicos desde el 1° de enero de 2010 y la vigencia de la ley no podrán ingresar. Tampoco podrán hacerlos cónyuges, convivientes, padres e hijos.

El texto suma además la figura del “Colaborador” que será cualquier persona que le permita a la AFIP la detección y/o localización tanto de bienes no declarados, en el país y en el exterior, como de maniobras que tengan como objetivo algunos de los delitos tipificados en el presente Régimen Penal Tributario.

Este colaborador podrá recibir una recompensa de hasta el 20% del total de lo efectivamente recaudado y gozará de la protección y reserva de identidad de él y de su entorno familiar o societario.

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