La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución de una serie de productos de limpieza en todo el país. La medida, publicada en el Boletín Oficial, responde a irregularidades detectadas durante tareas de fiscalización, principalmente vinculadas a la falta de registro sanitario.

La decisión del organismo sanitario nacional vuelve a poner en foco los controles sobre los productos de uso cotidiano que circulan en el mercado. En este caso, se trata de artículos de limpieza —como desinfectantes, limpiavidrios y productos para piscinas— que no contaban con la debida autorización para su comercialización.

Según se detalla en la disposición oficial, las irregularidades fueron detectadas a partir de inspecciones realizadas en establecimientos donde se elaboraban o distribuían estos productos. Como consecuencia, la ANMAT no solo ordenó su retiro inmediato del mercado, sino que además inició sumarios sanitarios contra las firmas responsables.

El eje de la medida radica en la falta de inscripción sanitaria de los productos involucrados. Esto implica que no habían sido evaluados por la autoridad competente en aspectos clave como su composición, seguridad o eficacia.

Entre los artículos alcanzados por la disposición 2406/2026, figuran: “Solución de hipoclorito de sodio 85 gr cl/l. Desinfectante de superficies y agua de piscinas. LOMIR”, “Líquido multiuso limpiavidrios. LOMIR” y “Desinfectante para superficies. Alcohol 70°. LOMIR. Listo para usar”.

De acuerdo con lo informado, estos productos eran elaborados y comercializados por Química El Regreso S.R.L., ubicada en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, donde se constató la existencia de mercadería sin registro durante un procedimiento de inspección.

El hecho de que un producto domisanitario no esté registrado implica que no cumple con las normativas vigentes, lo que representa un potencial riesgo para la salud pública. En este sentido, desde el organismo remarcan que la ausencia de control impide garantizar condiciones básicas de calidad y seguridad.

Además, la ANMAT dispuso comunicar la medida a autoridades sanitarias de todo el país y a organismos de defensa del consumidor, con el objetivo de reforzar los controles y evitar la comercialización de estos productos en distintos puntos del territorio.

La prohibición de estos productos de limpieza se inscribe en una serie de medidas recientes adoptadas por la ANMAT frente a irregularidades detectadas en distintos rubros, desde cosméticos hasta insumos médicos.

En los últimos meses, el organismo avanzó con múltiples disposiciones que ordenaron el retiro de productos sin registro o con fallas en su trazabilidad. En todos los casos, el denominador común fue la falta de cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes.

Este tipo de controles se intensificó especialmente en el comercio digital, donde muchas veces se detecta la venta de productos sin autorización. La ANMAT advierte que la comercialización en plataformas online sin verificación oficial amplifica el riesgo para los consumidores.

En ese contexto, la autoridad sanitaria insiste en la importancia de que los usuarios verifiquen que los productos cuenten con la correspondiente inscripción antes de adquirirlos. Esto se puede corroborar a través de etiquetas, rótulos y registros oficiales.

Por otra parte, las sanciones no solo alcanzan a los productos, sino también a las empresas responsables. Los sumarios sanitarios pueden derivar en multas, clausuras o inhabilitaciones, dependiendo de la gravedad de las irregularidades detectadas.

El Litoral

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 107/2026, mediante el cual señaló las 21 del 1° de marzo próximo como horario de apertura de las Sesiones Ordinarias del Honorable Congreso de la Nación correspondientes al año 2026, según se publicó hoy en el Boletín Oficial.

La norma, de acuerdo con los considerandos de la norma, fue dictada en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional, que establece que el Poder Ejecutivo preside la apertura de las sesiones del Congreso reunido en Asamblea y hace relación en esa ocasión del estado de la Nación.

La disposición fue suscripta por el presidente Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y publicada en el boletín oficial con fecha de entrada en vigencia el mismo 25 de febrero de 2026.

La apertura de sesiones ordinarias del Congreso es un acto de trascendencia institucional previsto en la Constitución Nacional y se produce anualmente durante el primer día del mes de marzo. En esa ocasión, el Presidente de la Nación dirige un mensaje a la Asamblea Legislativa informando sobre el estado general del país y presentando el programa de gobierno para el período legislativo en curso. NA

El Poder Ejecutivo resolvió trasladar el histórico Sable Corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional a la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, donde quedará bajo custodia permanente de la unidad militar creada por el propio Libertador.

La decisión fue oficializada a través del Decreto 81/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial. La medida establece que la pieza será trasladada a la sede ubicada en avenida Luis María Campos 554, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que el Regimiento asumirá la responsabilidad de su preservación, seguridad e integridad, conforme a los protocolos vigentes.

En los considerandos, el decreto remarca que el Sable Corvo integra el patrimonio histórico de la Nación y constituye uno de los símbolos más representativos de la soberanía nacional y del proceso de consolidación de la independencia. El bien fue donado al Estado nacional en 1897, con el objetivo de garantizar su custodia estatal.

El texto también recuerda que el sable fue objeto de dos robos, ocurridos en 1963 y 1965, cuando se encontraba bajo la guarda del Museo Histórico Nacional. Aunque fue recuperado en ambas ocasiones, esos episodios evidenciaron la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad.

Como consecuencia, en 1967 se dispuso su guarda definitiva en el Regimiento de Granaderos a Caballo, decisión que fue modificada en 2015, cuando se ordenó su traslado al Museo Histórico Nacional para su exhibición permanente. La nueva normativa deroga expresamente ese decreto y establece el regreso del sable a la sede militar.

El Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín tiene a su cargo, desde su creación, la custodia del presidente de la Nación y de los principales símbolos históricos del país, en una continuidad institucional que enlaza los orígenes de la República con el Estado actual.

Cabe recordar que el Cuartel de Palermo, donde funciona el Regimiento, fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1997, en reconocimiento a su valor histórico y a su estrecha vinculación con la figura del Libertador y la tradición republicana argentina.

El Gobierno nacional oficializó una profunda modificación en el sistema de calificación de películas cinematográficas que regía desde hace más de cuatro décadas. A través del Decreto 50/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, se derogó el Decreto 828/84 y se disolvió la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas.

La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro Manuel Adorni, reglamenta la Ley 23.052 y apunta a simplificar los procedimientos administrativos vinculados a la exhibición de películas, en línea con los cambios culturales y tecnológicos del sector audiovisual.

Con el nuevo esquema, la responsabilidad de clasificar los filmes —ATP, +13, +16 o +18— quedará exclusivamente en manos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que asumirá la competencia técnica sin intervención de órganos colegiados.

Desde el Ejecutivo sostienen que la comisión eliminada no resultaba eficiente y que su funcionamiento generaba demoras innecesarias. En ese sentido, el decreto remarca que el rol del Estado será orientativo y que la supervisión del consumo de contenidos por parte de menores corresponde principalmente a padres y tutores.

Otro de los cambios relevantes es la homologación automática de las calificaciones extranjeras. Dado que una mayoría de los estrenos proviene de Estados Unidos, se reconocerán las clasificaciones otorgadas en el país de origen, aunque el INCAA podrá modificarlas de oficio si existieran razones de orden público.

La nueva normativa entrará en vigencia dentro de 60 días corridos.

El inicio de 2026 llegará con ajustes parciales en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, luego de que el Gobierno nacional resolviera diferir nuevamente una parte de las actualizaciones previstas por ley.

La decisión quedó formalizada a través del Decreto 929/2025, publicado en el Boletín Oficial, y se inscribe en una política de postergaciones sucesivas que se viene aplicando desde hace varios años para morigerar el impacto de los tributos sobre el precio final de la nafta y el gasoil.

La norma modifica el Decreto 617/2025 y establece incrementos acotados para enero de 2026, al tiempo que traslada el resto de los aumentos pendientes al mes de febrero.

De esta manera, el Ejecutivo busca evitar un salto brusco en los valores de los combustibles en un contexto de desaceleración inflacionaria y con la actividad económica aún en proceso de recuperación.

Los impuestos alcanzados por la medida son el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), ambos regulados por la Ley 23.966.

Estos gravámenes se calculan a partir de montos fijos en pesos por unidad de medida y, según la normativa vigente, deben actualizarse de manera trimestral en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec.

Sin embargo, desde 2018 a la fecha, los sucesivos gobiernos han optado por diferir o aplicar parcialmente esas actualizaciones. El argumento central ha sido evitar que los aumentos impositivos se trasladen de manera directa al surtidor y presionen sobre la inflación general, el transporte y los costos logísticos.

En este caso, el Decreto 929/2025 reconoce que todavía quedaban incrementos pendientes correspondientes al año calendario 2024 y a los tres primeros trimestres de 2025. Frente a ese escenario, el Ejecutivo resolvió aplicar solo una parte de esas subas durante enero y postergar el resto para febrero de 2026.

Según se explica en los considerandos de la norma, la decisión apunta a “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, una de las consignas centrales de la actual política económica.

Para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de enero de 2026, el decreto fija incrementos específicos en los impuestos que gravan a los principales combustibles.

En el caso de la nafta sin plomo —tanto la de hasta 92 RON como la de mayor octanaje— y la nafta virgen, el aumento del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos será de 17,291 pesos por litro, mientras que el Impuesto al Dióxido de Carbono se incrementará en 1,059 pesos por litro.

Para el gasoil, el esquema es diferencial. El ICL tendrá un aumento general de 14,390 pesos por litro, al que se suma un incremento de 7,792 pesos en el tratamiento diferencial previsto para determinadas regiones del país. Además, el Impuesto al Dióxido de Carbono se ajustará en 1,640 pesos por litro.

Cabe recordar que el tratamiento diferencial para el gasoil alcanza a las provincias patagónicas, al Partido de Patagones en Buenos Aires y al Departamento de Malargüe en Mendoza, una política que busca compensar los mayores costos logísticos y climáticos de esas zonas.

Si bien estos incrementos no se trasladan automáticamente al precio final en los surtidores, sí forman parte de la estructura de costos que consideran las petroleras al momento de definir ajustes.

Otro punto clave del decreto es la modificación de la fecha a partir de la cual comenzarán a regir los incrementos restantes que todavía no fueron aplicados.

En ese sentido, el artículo 2° de la norma reemplaza el 1° de enero de 2026 por el 1° de febrero de 2026 como fecha de entrada en vigencia del resto de las actualizaciones impositivas.

Esto implica que durante enero solo se aplicarán los aumentos parciales detallados en la tabla oficial, mientras que el remanente de los ajustes acumulados se activará recién a partir de febrero, salvo que el Gobierno vuelva a disponer una nueva postergación.

EL

El Gobierno nacional demora la publicación en el Boletín Oficial de la baja de retenciones anunciadas, lo que impacta en la liquidación de exportaciones agrícolas.

La medida fue comunicada el martes y hasta este jueves no había sido plasmada en forma oficial por lo cual la reducción de las alícuotas no está vigente.

Esto provoca una demora en la liquidación de exportaciones, dados que las empresas aguardan el cambio del impuesto para obtener mayores ganancias.

El Gobierno comunicó una baja de retenciones que quedaron de la siguiente manera.

• Soja: de 26% a 24%

• Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

• Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

• Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

• Girasol: de 5,5% a 4,5%

El costo fiscal de la medida es de entre US$500 y US$ 700 millones, según cálculos del sector privado.

Esto implica entre un 0,08 y 0,1% del PIB que de alguna manera presiona sobre las cuentas públicas de 2026.

AgenciaNA

Antes de emitir la disposición, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) investigó el origen y las condiciones de elaboración de una serie de productos de limpieza de la marca Marclean.

La pesquisa comenzó a partir de un oficio judicial y pronto detectó un conjunto de irregularidades que derivaron en una prohibición total de uso, distribución y comercialización en todo el país. La decisión, publicada en el Boletín Oficial, se tomó para proteger a consumidores y usuarios ante la falta de garantías básicas de seguridad.

La Disposición 9018/2025 de ANMAT, firmada el 4 de diciembre, detalla que la intervención comenzó tras recibir una comunicación del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata.

Allí se alertaba sobre la presunta elaboración y venta de productos domisanitarios —como detergentes, limpiadores y desengrasantes— bajo la marca Marclean, perteneciente a Martín Félix Casali, que no cumplirían la normativa vigente.

El Servicio de Domisanitarios del organismo analizó la información disponible y determinó que los productos, entre ellos detergentes ultra concentrados y lavavajillas desengrasantes, contenían en su rotulado datos que no coincidían con registros oficiales.

En los envases aparecía, por ejemplo, que habían sido elaborados por la empresa Bathan Group S.A., en Lanús, para Marclean SRL, con domicilio en CABA.

Sin embargo, al cruzar esos datos con los registros del organismo, se verificó que Marclean SRL no figura como establecimiento habilitado ante ANMAT. Tampoco lo está Bathan Group S.A.: si bien la firma había iniciado el trámite de habilitación, nunca lo completó, por lo que no puede producir ni comercializar este tipo de productos.

A esto se sumó otro dato relevante: Bathan Group informó mediante una nota oficial que no elaboró productos de la marca Marclean ni mantiene vínculo comercial con esa firma. La contradicción entre lo que figura en los envases y lo declarado por la supuesta empresa elaboradora encendió aún más las alarmas.

Para ANMAT, la combinación de estos elementos ―productos circulando sin registración, establecimientos sin habilitación y un presunto elaborador que niega participación― revela un escenario de riesgo sanitario.

La normativa exige que todos los domisanitarios sean producidos en plantas autorizadas, con procesos controlados y bajo supervisión, justamente para evitar que lleguen al mercado artículos cuya composición, eficacia o inocuidad no puedan garantizarse.

En sus considerandos, la disposición recuerda que las normas vigentes obligan a que tanto los productos domisanitarios como los establecimientos donde se fabrican cuenten con habilitaciones específicas otorgadas por la ANMAT. Esto asegura que los procesos de manufactura sean adecuados y que las sustancias utilizadas no representen riesgos para la salud.

Al desconocerse la procedencia real de los artículos comercializados como Marclean, así como las condiciones en que fueron fabricados, el organismo concluyó que la presencia de estos productos en el mercado constituye un riesgo potencial.

Por eso, respondiendo a la recomendación de su propio Servicio de Domisanitarios y del Departamento de Evaluación y Gestión del Monitoreo de Productos para la Salud, decidió avanzar con una prohibición integral.

Prohibición del uso, comercialización y distribución de todos los lotes de los productos Marclean identificados como limpiadores, desengrasantes o domisanitarios de cualquier tipo.

Prohibición de toda publicidad vinculada a estos artículos, tanto en comercios físicos como en plataformas de venta electrónica.

Comunicación inmediata a las autoridades sanitarias de cada provincia, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Unidad Fiscal de Mar del Plata que inició la investigación.

El objetivo, según indica la disposición, es prevenir que consumidores o instituciones adquieran productos cuya calidad, seguridad y origen no están garantizados. La ANMAT remarca que solo los artículos registrados pueden circular en el país, dado que cuentan con análisis técnicos y supervisión apta para preservar la salud pública.

La prohibición tiene efecto inmediato en todo el territorio nacional. Esto significa que comercios, distribuidores y plataformas digitales deben retirar los productos Marclean de sus catálogos y evitar cualquier venta o difusión.

Para los consumidores, implica que no deben utilizar ni adquirir estos artículos hasta que exista un registro formal y habilitado que asegure sus condiciones de elaboración.

Si bien los productos más comunes detectados fueron detergentes y desengrasantes, la disposición alcanza a todos los artículos domisanitarios que lleven la marca Marclean, sin excepción.

La ANMAT recomienda que quienes hayan comprado alguno de estos productos dejen de usarlo y advierte que, ante la falta de controles sobre su composición, podrían provocar irritaciones, daños materiales o fallas en su desempeño como limpiadores.

La prohibición no es definitiva: si los responsables de la marca regularizan su situación, inscriben correctamente sus establecimientos y productos, y aportan la documentación técnica correspondiente, la ANMAT podría evaluar una habilitación futura. Sin embargo, hasta que eso ocurra, la circulación está totalmente restringida.

El Litoral

El Gobierno nacional oficializó los aumentos que regirán a partir de diciembre de 2025 para las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y para las asignaciones familiares.

A través de las resoluciones 359/2025 y 361/2025 de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), se dispuso una suba del 2,34%, según la movilidad derivada de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC correspondiente al mes de octubre, como establece el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/24.

La Resolución 359/2025 establece los valores actualizados de las prestaciones previsionales que comenzarán a pagarse con el calendario de diciembre. En primer lugar, el organismo fijó el haber mínimo garantizado en $340.879,59, mientras que el haber máximo quedó establecido en $2.293.796,92. Ambos montos se actualizan de acuerdo con el mecanismo mensual de movilidad basado en el IPC.

Además, ANSES definió los nuevos valores de la base imponible mínima y máxima, que sirven de referencia para los aportes previsionales. A partir del devengado diciembre, la base mínima será de $114.808,17, y la máxima alcanzará los $3.731.212,01.

Otro punto clave de la resolución es la actualización de los importes correspondientes a prestaciones esenciales del régimen, como la Prestación Básica Universal (PBU), que desde diciembre pasará a ser de $155.936,86, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), fijada en $272.703,67. Ambos valores también se ajustan utilizando el índice de movilidad mensual.

La normativa aclara, además, que las remuneraciones consideradas para los futuros cálculos de haberes también serán actualizadas mediante los índices fijados por la Subsecretaría de Seguridad Social, según la Disposición 29/2025. Esto impacta directamente en quienes cesen en la actividad a partir del 30 de noviembre de 2025 o soliciten su beneficio a partir del 1° de diciembre.

En paralelo, mediante la Resolución 361/2025, ANSES también oficializó la actualización de las asignaciones familiares, que alcanzan a trabajadores registrados, monotributistas, beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo, del seguro por desempleo, jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo.

La suba definida es también del 2,34% y se aplicará tanto a los importes de las asignaciones como a los límites y rangos de ingresos del grupo familiar, que determinan quiénes están habilitados a cobrarlas. La actualización toma como referencia los valores establecidos en la Resolución 339/2025 del propio organismo.

Entre los puntos centrales del nuevo esquema se destaca que:

Las asignaciones por Hijo, Hijo con Discapacidad y Prenatal no podrán ser inferiores al valor equivalente al 100% de la AUH, en el caso de los trabajadores temporarios o permanentes discontinuos, tal como establece el Decreto 514/21.

La Ayuda Escolar Anual, que se paga en marzo, mantiene su actualización solo una vez al año, según lo dispuesto por el Decreto 63/25.

Las nuevas escalas para monotributistas se definieron según las categorías ajustadas por movilidad, de acuerdo con el análisis realizado por la Dirección de Asignaciones Familiares.

Se mantiene el criterio de exclusión por ingresos individuales: si una persona del grupo familiar percibe más de $2.511.024, la familia queda automáticamente fuera del régimen de asignaciones, aunque el ingreso total no supere el tope conjunto.

La resolución también señala que, cuando los montos resulten con decimales tras la aplicación del índice de movilidad, ANSES aplicará redondeo hacia el número entero siguiente.

EL

El diputado nacional electo por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires en las recientes elecciones del 26 de octubre, Diego Santilli ,fue oficializado este martes como ministro del Interior en el Boletín Oficial.

El Decreto 794/2025 fue publicado este 11 de noviembre de 2025 y cuenta con las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y su flamante jefe de Gabinete y ex vocero presidencial, Manuel Adorni.

Santilli jurará, finalmente, como titular del Ministerio del Interior ante el presidente de la Nación, Javier Milei este martes. El acto que formalizará su nueva función dentro del Gabinete se llevará a cabo a las 15 horas en el Salón Blanco de Casa Rosada.

"El diputado nacional electo por La Libertad Avanza (LLA) Diego Santilli fue oficializado este martes como ministro del Interior en el Boletín Oficial", indica el texto oficial de Nación.

Desde el momento en que se dio a conocer su nueva función, por medio de las redes sociales de la Oficina de Presidencia, Santilli comenzó a mantener reuniones con alguno de los gobernadores, como fue el caso de Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca); quedaron pendientes para esta semana entrante los encuentros con Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) y Marcelo Orrego (San Juan).

“Me reuní con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, y con el ministro del Interior, Diego Santilli, para seguir avanzando en el compromiso de eliminar las retenciones al petróleo en Chubut. Además, dialogamos sobre el Presupuesto 2026 y la ejecución de obras de infraestructura prioritarias, objetivos centrales para lograr la previsibilidad y el desarrollo que nuestra provincia y el país necesitan”, sostuvo Torres luego del encuentro.

Asimismo, el chubutense manifestó que “están convencidos” de que, en esta nueva etapa, el país tiene la oportunidad de “consolidar acuerdos a mediano y largo plazo” y, finalmente, avanzar en las “reformas estructurales necesarias para generar trabajo, atraer inversiones y construir un futuro mejor” para los argentinos.

Por otra parte, y tal como lo adelantó el mismo Santilli, el diálogo con las provincias será lo que prepondere en su gestión, sin embargo, afirmó que no se reunirá con el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, que gobierna “contrariamente” a las políticas que lleva adelante la gestión de Milei y después le solicita, mediante una carta pública, que dialoguen.

"Me aturde el doble discurso de Kicillof, no votó Boleta Única, no fue al Pacto de Mayo, no adhirió a las leyes de Reincidencia y Reiterancia, no adhirió a Ley Antimafia. ¿Dónde está, por qué tiene ese doble discurso?", indicó, días atrás, en una entrevista televisiva.

Por el momento, en el acto de juramente como nuevo ministro del Interior, se sabe que estarán presentes funcionarios del Gobierno Nacional y familiares y amigos Santilli. Además, está confirmada la asistencia del jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo.

El gobierno de Javier Milei habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicional. La medida entró en vigor tras la publicación de una nueva resolución que reemplaza la prohibición previa sobre estos dispositivos. Según la Resolución 37/2025 publicada en el Boletín Oficial, la disposición implica un cambio en el régimen de autorización y control, bajo la órbita exclusiva del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

El Gobierno dispuso que, a partir de esta reforma, los legítimos usuarios y las entidades de tiro podrán adquirir y poseer armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, como fusiles o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares y de calibre superior al .22 LR. Para acceder a este permiso especial, se exige el cumplimiento de requisitos estrictos que buscan reemplazar la prohibición previa por un sistema de control más preciso y enfocado en la justificación deportiva y la trazabilidad.

Entre los puntos clave oficializados, el RENAR asume la fiscalización y aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 y se consolidan los procedimientos tras la derogación de normativas previas del viejo régimen. La nueva estructura exige identificaciones precisas del material, declaraciones juradas y documentación probatoria.

En junio de este año, el Gobierno había dado el primer paso para ejecutar esta medida. En otra resolución, se había derogado el decreto de la época de Menem que regulaba la compra o transferencia de este tipo de armas de fuego. En ese entonces se dispuso una prohibición a los usuarios civiles para adquirir fusiles semiautomáticos, salvo excepciones autorizadas por el Ministerio de Defensa, algo que difícilmente ocurría. Lo que sucedió hoy es que se estableció el mecanismo por el cual se va a poder adquirir.

La actual habilitación para adquirir y tener fusiles semiautomáticos conlleva, no obstante, una serie de requisitos:

Acreditar la identificación precisa del arma, mediante tipo, marca, modelo, calibre, CUIM y número de serie.

Contar con un Sector de Guarda registrado tipo G2, como sistema de almacenamiento seguro aprobado.

Presentar una declaración jurada que justifique la solicitud, acompañada de documentación probatoria y fotografías del arma.

Abonar la tasa correspondiente al trámite, equiparable al costo de la “Tenencia Exprés” y la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM) vigente.

Demostrar usos deportivos probados, mediante al menos una de las siguientes alternativas:

Certificación de entidad de tiro con instalaciones propias, avalando la condición de tirador asiduo.

Representación en certámenes nacionales o internacionales de tiro deportivo con ese material.

Solicitud de una entidad de tiro habilitada que permita el uso por parte de sus socios en disciplinas deportivas o con fines didácticos certificados.

No poseer antecedentes sancionatorios ni trámites administrativos pendientes ante el RENAR.

Contar con una antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario de armas de uso civil condicional.

Proveer elementos probatorios adicionales que permitan evaluar la pertinencia de la petición, bajo criterio del RENAR.

La resolución establece una transformación en la estructura administrativa encargada del control y la regulación de armamento en el país. La Agencia Nacional de Materiales Controlados pasa a denominarse Registro Nacional de Armas (RENAR), que queda bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. Desde este cambio, el RENAR asume la plena responsabilidad de la aplicación, el control y la fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 junto con sus normas complementarias. Asimismo, se dejan sin efecto varias disposiciones dictadas por el antiguo RENAR (81/02, 54/04, 155/04 y 239/09), de modo que todo el régimen legal vigente para armas y explosivos se consolida bajo la nueva autoridad central.

El nuevo régimen de autorización especial para la adquisición y tenencia de fusiles semiautomáticos redefine las condiciones para el acceso a este tipo de armamento. Se permite la adquisición y posesión de este tipo de armas que sean alimentadas mediante cargadores de quita y pon, como fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de modelos militares y con un calibre superior al .22 LR, exclusivamente para usuarios debidamente registrados o entidades de tiro, siempre que obtengan la autorización correspondiente por parte del RENAR.

El Litoral

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) oficializó este martes la reasignación de un inmueble propiedad del Estado Nacional a la UNIVERSIDAD NACIONAL MADRES DE PLAZA DE MAYO.

La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 67/2025, otorga en uso a la casa de altos estudios el primer piso del inmueble ubicado en la calle Tinogasta Nº 5.268/70, en la Comuna 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El sector reasignado, que se encontraba bajo la jurisdicción de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, tiene una superficie aproximada de 761,34 metros cuadrados. Según los informes técnicos, este primer piso se encuentra actualmente "desocupado y limpio", mientras que el resto del edificio está en proceso de desocupación.

La Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo había solicitado el espacio y detalló que el destino será el "almacenamiento y depósito de mobiliario". Además, allí se instalarán el Departamento de Mantenimiento, Producción y Servicios Generales y el Departamento de Patrimonio de la universidad.

La Secretaría de Educación, que tenía el inmueble en su órbita, fue notificada y "no formuló observaciones" sobre la reasignación.

La resolución también revela que la Universidad ya realizó un pedido para una "segunda etapa", solicitando la totalidad del inmueble. En caso de que el Gobierno apruebe esa ampliación, la casa de estudios se comprometió a poner a disposición de la AABE otro inmueble que le fuera otorgado previamente, ubicado en la Avenida Rivadavia Nº 4.615.

El Gobierno nacional publicó este viernes en el Boletín Oficial el Decreto 782/2025, mediante el cual volvió a modificar el esquema de aumentos de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.

La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el ministro del Interior Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, introduce un nuevo cronograma para aplicar los incrementos pendientes que estaban previstos para noviembre.

En la práctica, el decreto establece que entre el 1° y el 30 de noviembre se aplicará un aumento parcial en los impuestos que gravan a la nafta y al gasoil, mientras que el resto del incremento se trasladará al 1° de diciembre. Es decir, los precios en los surtidores volverán a subir, pero de manera escalonada.

De acuerdo con la norma, los montos fijos de los impuestos se actualizarán en $15,56 por litro para las naftas y en $12,64 por litro para el gasoil, con un adicional diferencial de $6,84 para determinadas zonas patagónicas. A su vez, se sumará el componente correspondiente al impuesto al dióxido de carbono, que agrega $0,95 en las naftas y $1,44 en el gasoil.

El texto oficial recuerda que los impuestos a los combustibles se actualizan de manera trimestral según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. Sin embargo, desde 2018 los distintos gobiernos fueron postergando la aplicación efectiva de esas actualizaciones para evitar saltos bruscos en los precios.

Durante 2025, ya se habían dispuesto varios diferimientos: el Decreto 617/2025, en agosto, y el Decreto 699/2025, en septiembre, habían pospuesto los aumentos correspondientes a las actualizaciones del año 2024 y del primer semestre de 2025. Ahora, el nuevo decreto extiende una vez más esa transición.

“El propósito es continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, señala el documento. En otras palabras, el Gobierno busca evitar un impacto inflacionario inmediato y al mismo tiempo mantener los ingresos tributarios que provienen de estos gravámenes.

El decreto dispone también que el aumento total —que contempla todas las actualizaciones acumuladas desde 2024— entrará plenamente en vigencia desde el 1° de diciembre de 2025. A partir de esa fecha, se aplicará la totalidad del remanente correspondiente a los impuestos sobre la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

Si bien la norma no fija precios finales, en el sector energético estiman que el ajuste dispuesto por el Decreto 782/2025 podría implicar una suba cercana al 4% promedio en las naftas y al 3% en el gasoil durante noviembre. Luego, con la aplicación completa del esquema en diciembre, se espera un nuevo incremento que podría elevar el costo de los combustibles entre 8% y 10% adicional, dependiendo de la región y del tipo de producto.

La decisión se inscribe en un contexto de ajuste gradual de precios regulados que el Gobierno viene implementando desde mediados del año. A lo largo de 2025, los combustibles acumularon varios aumentos derivados tanto de la liberación de precios como de la actualización de impuestos que habían sido congelados en años anteriores.

Para el Ejecutivo, los tributos sobre la energía constituyen una fuente clave de recaudación: el impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono se coparticipan parcialmente con las provincias y representan una vía importante de financiamiento para el Tesoro.

Según cálculos del Ministerio de Economía, cada actualización trimestral aporta más de 0,1 puntos del PBI en ingresos adicionales.

Sin embargo, el Gobierno intenta dosificar el impacto sobre la inflación, que en los últimos meses mostró una tendencia a la baja.

“Liberar de golpe todas las actualizaciones pendientes podría tener un efecto de arrastre en los precios generales”, advierten fuentes del Palacio de Hacienda. Por eso, el esquema de aumentos escalonados busca “equilibrar las cuentas fiscales sin afectar la estabilidad del programa”.

Con el nuevo cronograma, el Gobierno completará a fin de año el ciclo de ajustes acumulados correspondientes a 2024 y la primera mitad de 2025. A partir de enero de 2026, si no se dictan nuevos diferimientos, los impuestos volverán a actualizarse automáticamente cada trimestre, según la variación del IPC.

De esta manera, el esquema impositivo sobre los combustibles volvería a funcionar bajo el régimen original de actualización automática, tal como lo establece la Ley 23.966. No obstante, el impacto real dependerá del nivel de inflación de los próximos meses y de la política de precios que adopten las empresas del sector.

EL

El gobierno nacional realizó este viernes nuevas modificaciones en la estructura del Presupuesto 2025 con cambios directos en el Ministerio de Salud.

Fue mediante la Decisión Administrativa N° 29/2025 del Boletín Oficial, emitida por el Jefe de Gabinete de Ministros que modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2025.

El documento cuenta con las firmas del jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Esta norma responde a la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica en Argentina y establece la asignación prioritaria de recursos para la atención pediátrica y la recomposición salarial del personal de salud.

“Modifícase el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2025, de acuerdo con el detalle obrante en las PLANILLAS ANEXAS (IF-2025-116661052-APN-SH#MEC) al presente artículo, que forman parte integrante de esta medida”, indica el texto oficial.

La modificación incrementa el presupuesto del Ministerio de Salud, afectando hospitales como el Garrahan y el Hospital de Alta Complejidad en Red "El Cruce". Los ajustes se compensan con una reducción en los créditos asignados a Obligaciones a Cargo del Tesoro.

“es menester incrementar el presupuesto de la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, destinado a la atención de los residentes mencionados, como así también de erogaciones del HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. “PROFESOR DR. JUAN PEDRO GARRAHAN”, del HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD EN RED “EL CRUCE - DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER”, del HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD S.A.M.I.C. “EL CALAFATE”, del HOSPITAL DE CUENCA ALTA NÉSTOR KIRCHNER, del HOSPITAL DR. RENÉ FAVALORO y del HOSPITAL PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER”, expresa la decisión en un pasaje de los argumentos.

Decisión Administrativa 29/2025 by El Litoral

EL

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición en todo el territorio nacional de la elaboración, fraccionamiento y comercialización de una golosina tucumana por presentar irregularidades en su rotulado y carecer de los registros sanitarios correspondientes.

Se trata del producto “Golosina a base de oblea y azúcar marca Gallinita Orly”, elaborado y envasado por la firma PEPO S.R.L., con domicilio en Banda del Río Salí, Tucumán.

La medida, oficializada este jueves a través de la Disposición 7834/2025, fue tomada luego de una investigación iniciada por la Dirección General de Control de la Industria Alimentaria de la provincia de Córdoba, en el marco de un programa de monitoreo.

Según se detalla en el documento publicado en el Boletín Oficial, las autoridades cordobesas detectaron la comercialización del producto cuestionado en un establecimiento local y realizaron la correspondiente toma de muestras, conforme al artículo 14 de la Ley Nacional de Alimentos N° 18.284 y su decreto reglamentario N° 2126/71.

El análisis de laboratorio arrojó un resultado “no conforme”, ya que tanto el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) N° 04030478 como el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N° 04003785, que figuraban en el envase, no existen en los registros oficiales.

En consecuencia, la Dirección de Control de Córdoba resolvió prohibir la elaboración, publicidad, comercialización y distribución de la “Gallinita Orly” en todo el territorio provincial, por tratarse de un producto ilegal y falsamente rotulado.

El hallazgo fue comunicado a la ANMAT a través del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA), dependiente del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA), mecanismo que permite coordinar la acción de las autoridades sanitarias de las distintas jurisdicciones.

Tras evaluar la situación, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) concluyó que el producto infringía varias normas vigentes, entre ellas los artículos 3° de la Ley N° 18.284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto N° 2126/71 y los artículos 6 bis y 13 del Código Alimentario Argentino (CAA).

El incumplimiento se debe a la falta de registros sanitarios y a la falsificación de los datos impresos en el envase.

En su resolución, la ANMAT señaló que, al no poder identificarse de manera fehaciente el origen del producto ni el establecimiento que lo elaboró, no puede ser fabricado ni comercializado en ninguna parte del país, conforme a lo previsto por el artículo 9°, inciso II, de la Ley de Alimentos.

Por esta razón, el organismo resolvió prohibir la elaboración, fraccionamiento, distribución y venta —incluidas las plataformas de comercio electrónico— de la golosina en cuestión, en cualquier presentación, lote o fecha de vencimiento.

La disposición también alcanza a todos los productos que exhiban en sus rótulos los números de RNE 04003785 y/o RNPA 04030478, ya que se presume que también son productos apócrifos.

La medida fue firmada por la administradora nacional de ANMAT, Nélida Agustina Bisio, quien ordenó además comunicar la resolución a las autoridades sanitarias de todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a la Dirección de Prevención, Vigilancia y Coordinación Jurisdiccional del INAL para su seguimiento.

El Litoral

El Gobierno Nacional promulgó las leyes de Financiamiento Universitario (Ley 27795) y Emergencia Pediátrica (Ley 27796), pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso de la Nación delimite el financiamiento e incluya las partidas en el Presupuesto Nacional. 

A través de dos disposiciones 759/2025 y 760/2025, publicadas en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo pospuso la aplicación de ambas legislaciones, que fueron ratificadas por la Cámara de Diputados y la de Senadores pese al veto del presidente Javier Milei, al argumentar el impacto fiscal que generarían.

La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente apuesta a “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”. 

Asimismo, obliga a la actualización automática ajustada a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Noticia en desarrollo…

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional de los “Heladitos Secos Copito de Nieve”, un producto que se vendía con registros sanitarios inexistentes.

La decisión se tomó luego de que autoridades sanitarias de Córdoba detectaran irregularidades en la rotulación del producto y alertaran al Instituto Nacional de Alimentos (INAL).

El caso comenzó con una notificación emitida por la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de la Provincia de Córdoba, en el marco del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA).

Durante un operativo de rutina, el organismo provincial detectó la comercialización del producto rotulado como “Copito de Nieve, Heladitos Secos, R.N.E. N°: 04017294, R.N.P.A. N°: 04039186-04039187, Vencimiento: 21/07/2026”.

Al realizar las verificaciones correspondientes, los inspectores constataron que los números de registro que figuraban en el envase —tanto el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) como el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA)— no existían en el sistema oficial, lo que constituye una infracción a la normativa alimentaria vigente.

Ante esta irregularidad, la provincia emitió la Resolución N° 23/2025, que dispuso la prohibición inmediata de elaboración, publicidad, comercialización y distribución del producto en todo el territorio cordobés. Además, se alertó a todas las municipalidades y comunas de la provincia mediante un comunicado oficial.

La situación fue informada al Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dependiente de la ANMAT, que tomó intervención en el caso y elevó la recomendación de extender la medida a nivel nacional.

El análisis del INAL determinó que el producto se encontraba en infracción a varios artículos del Código Alimentario Argentino (CAA) y de la Ley Nacional de Alimentos N° 18.284, debido a la falsificación de los registros y la imposibilidad de identificar su origen.

Según la disposición publicada en el Boletín Oficial bajo el número DI-2025-7566-APN-ANMAT#MS, el helado “no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado”, lo que implica que no se puede garantizar su inocuidad ni su trazabilidad.

Por este motivo, el organismo nacional resolvió prohibir la elaboración, fraccionamiento, comercialización y venta en línea del producto “Copito de Nieve, Heladitos Secos” en cualquier presentación, lote o fecha de vencimiento. La medida también alcanza a todos aquellos productos que utilicen los números de RNE o RNPA mencionados, ya que se consideran falsamente rotulados.

La ANMAT explicó que se trata de un producto apócrifo, es decir, que se presenta como legal pero no cuenta con los registros exigidos por la autoridad sanitaria. En casos de este tipo, los consumidores quedan expuestos a posibles riesgos para la salud, ya que no existen controles sobre los ingredientes, procesos de elaboración o condiciones de almacenamiento.

EL

La decisión, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, busca resguardar la salud pública frente a irregularidades graves en la fabricación y control de calidad de un medicamento de uso extendido para patologías inflamatorias intestinales.

La disposición N° 7254/2025 de la ANMAT se originó a partir de una denuncia por presunta falta de efectividad en un lote del medicamento Exotran (Mesalazina 500 mg, comprimidos de liberación prolongada). Este fármaco es recetado habitualmente para tratar la fase aguda y prevenir recaídas en pacientes con colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, protosigmoiditis y otras inflamaciones intestinales crónicas.

Tras la notificación, el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) realizó una inspección en la planta de Laboratorios Beta S.A., ubicada en el Parque Industrial de La Rioja, y en otras instalaciones de la firma.

El operativo reveló múltiples deficiencias clasificadas como “críticas y mayores” en los procesos de producción, control de calidad y gestión del sistema farmacéutico de la empresa.

Entre las principales irregularidades se encontraron:

Falta de control adecuado sobre la calidad de la materia prima importada desde China.

Ausencia de documentación válida sobre estabilidad e impurezas genotóxicas.

Deficiencias en los ensayos analíticos, con resultados inconclusos en pruebas de disolución y valoración.

Problemas en el almacenamiento de sustancias activas y ausencia de parámetros claros para la aceptación de lotes.

Métodos de control de calidad no validados y discrepancias en la documentación.

Condiciones higiénicas inadecuadas en áreas clave del laboratorio.

La ANMAT concluyó que las muestras del lote cuestionado no cumplían con las especificaciones de calidad, en particular por no superar los ensayos de disolución, lo que podría explicar la falta de efectividad reportada por pacientes y profesionales.

En consecuencia, la autoridad sanitaria resolvió una serie de acciones inmediatas y preventivas:

Inhibición de la actividad productiva de Laboratorios Beta S.A., hasta tanto se implementen y validen las medidas correctivas exigidas.

Prohibición de uso, distribución y comercialización de diez lotes de Exotran (Mesalazina 500 mg), con vencimientos entre julio de 2025 y mayo de 2027.

Retiro obligatorio del mercado de esos lotes, debiendo la empresa presentar la documentación que acredite el recupero efectivo ante el INAME.

Suspensión preventiva del certificado de registro del medicamento, lo que impide su comercialización hasta nuevo aviso.

La disposición fue firmada por la administradora nacional de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, y se notificó a todas las autoridades sanitarias provinciales y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien la disposición no informó efectos adversos graves vinculados al consumo del producto, sí alertó sobre la posible ineficacia del medicamento en el tratamiento de enfermedades intestinales inflamatorias. Esto significa que los pacientes podrían no recibir el beneficio terapéutico esperado, con el riesgo de que su cuadro de salud se agrave.

En este sentido, la ANMAT subrayó que los laboratorios deben garantizar que cada lote de medicamentos cumpla con los estándares de seguridad, calidad y eficacia. “El incumplimiento en cualquiera de estos aspectos representa un riesgo inaceptable para la salud pública”, señala el texto de la disposición.

Por lo pronto, la firma Laboratorios Beta S.A. deberá presentar un plan de acciones correctivas que permita revalidar su sistema de calidad farmacéutica. Hasta tanto no se acrediten mejoras sustanciales, la empresa continuará inhibida de producir y comercializar este medicamento.

El Litoral

La decisión fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y afecta a los productos “Aceite de oliva extra virgen marca Morando Premium” y “Aceite de oliva virgen extra marca Estancia Olivares”, ambos denunciados por exhibir en sus envases números de registro apócrifos.

Según el organismo, estos aceites no cumplen con la normativa alimentaria vigente y representan un riesgo para la salud de los consumidores, además de constituir un fraude comercial.

La investigación se inició a partir de consultas realizadas por particulares al Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dependiente de la ANMAT. Los consumidores habían detectado irregularidades en las etiquetas de los productos, lo que motivó la intervención del organismo.

En el caso de Morando Premium, se trataba de un aceite rotulado como “extra virgen, primera prensada en frío, peso líquido 500 ml, con fecha de envasado 19/07/2024 y vencimiento 19/01/2026”.

Sin embargo, al verificar la información con la Dirección de Calidad Alimentaria de la Provincia de Catamarca, se constató que tanto el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) como el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) que figuraban en el envase eran inexistentes

Algo similar ocurrió con Estancia Olivares, presentado como un aceite de oliva virgen extra de primera presión en frío, en envases de 2 litros y con supuesta procedencia en Mendoza. Allí también se descubrió que los números de RNE y RNPA no estaban habilitados y que, por lo tanto, el producto era falsamente rotulado

Frente a estas pruebas, el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL emitió alertas en el Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA) y catalogó ambos casos como productos apócrifos.

Las disposiciones 7214/2025 y 7215/2025, firmadas por la administradora nacional de ANMAT, Nélida Agustina Bisio, establecen la prohibición total de la elaboración, fraccionamiento y comercialización de estos aceites en todo el país. La medida también se extiende a las plataformas de venta online, un canal que se volvió central en la distribución de alimentos en los últimos años.

Además, la resolución aclara que no solo quedan prohibidos los lotes específicos investigados, sino cualquier producto que exhiba los mismos números de registro falsos. En el caso de Morando Premium, los números cuestionados son RNPA 03001163-5 y RNE 03000150; mientras que para Estancia Olivares se trata de RNPA 13496730 y RNE 13310522.

Según la normativa, al no poder identificarse de manera fehaciente su origen ni su establecimiento de producción, estos aceites no pueden ser elaborados ni comercializados en ningún punto del país.

El hallazgo refuerza la importancia de que los consumidores verifiquen siempre que los alimentos cuenten con registros oficiales. Los números de RNE y RNPA garantizan que el producto haya pasado por controles de calidad y seguridad alimentaria.

En paralelo, ANMAT recomendó a los comercios y distribuidores cesar de inmediato la venta de estos aceites y retirarlos de góndolas y depósitos. La medida busca evitar que más personas los adquieran sin conocer su origen real.

Especialistas en control alimentario señalan que el consumo de productos falsamente rotulados puede implicar desde riesgos sanitarios —por no respetar procesos adecuados de elaboración, higiene y conservación— hasta un fraude económico, ya que los consumidores pagan por un producto que no cumple con las condiciones que promete.

El Litoral

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores de jubilaciones y pensiones que regirán a partir de octubre de 2025. La medida se enmarca en la aplicación de la movilidad mensual vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, establecida por el Decreto 274/24.

Según la Resolución 317/2025, publicada este jueves 25 de septiembre en el Boletín Oficial, el haber mínimo garantizado pasará a ser de $326.298,38. En tanto, el haber máximo vigente se ubicará en $2.195.679,22.

La actualización corresponde a la variación del IPC de agosto, que fue de 1,88%. Este índice es el que determina, mes a mes, la movilidad de los haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Además, se fijaron las nuevas bases imponibles para el cálculo de aportes: la mínima será de $109.897,23 y la máxima de $3.571.608,54, aplicables al período devengado en octubre.

El organismo también actualizó los valores de otras prestaciones clave del sistema previsional. La Prestación Básica Universal (PBU) pasará a $149.266,62, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la mínima, será de $261.038,70.

De esta manera, quienes perciban la PUAM —un beneficio destinado a las personas mayores de 65 años que no completaron los aportes necesarios para jubilarse— también recibirán un refuerzo en sus ingresos.

Por otra parte, la ANSES determinó que las remuneraciones de los trabajadores que se jubilen a partir del 1° de octubre, o de quienes continúen en actividad bajo el régimen de compatibilidad, se actualizarán de acuerdo con los índices fijados por la Subsecretaría de Seguridad Social en agosto.

El actual esquema de movilidad previsional comenzó a aplicarse en julio de 2024. Sustituyó al sistema trimestral y estableció que los haberes deben actualizarse mensualmente según la inflación.

De esta forma, los jubilados y pensionados cuentan con una actualización más frecuente de sus ingresos, aunque los incrementos dependen directamente de la evolución del costo de vida.

En esta oportunidad, el aumento fue de apenas 1,88%, en línea con la variación de precios de agosto, lo que refleja una suba moderada en comparación con meses anteriores.

Con la nueva resolución, los principales valores previsionales quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $326.298,38

Jubilación máxima: $2.195.679,22

Base imponible mínima: $109.897,23

Base imponible máxima: $3.571.608,54

Prestación Básica Universal (PBU): $149.266,62

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.038,70

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de comercializar en todo el país una serie de purificadores de agua y repuestos de la marca Pury Water, así como también varias cremas y sueros cosméticos que declaran contener ácido azelaico, por no estar inscriptos ni contar con la autorización correspondiente.

Las medidas fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial y buscan proteger la salud de los consumidores frente a productos de origen incierto y sin aval sanitario.

La Disposición 6982/2025 de Anmat se originó tras una denuncia que alertó sobre la venta, a través de plataformas digitales y de la página web de la firma, de purificadores de agua, cartuchos, filtros y dispensadores de la marca Pury Water que no contaban con registro oficial.

Según la investigación del organismo, los productos eran ofrecidos en páginas de e-commerce bajo distintas presentaciones, como equipos de filtración bajo mesada con canilla pulsador, filtros de carbón activado de diferentes orígenes, carcasas plásticas y aparatos de ósmosis inversa. Ninguno de ellos tenía la habilitación sanitaria obligatoria para ser comercializado en Argentina.

Las inspecciones realizadas en el comercio vinculado a la marca confirmaron la existencia de estos dispositivos. Además, se detectaron facturas y documentación de importación a nombre de Julio Gastón Kolsky, señalado como responsable de la empresa Pury 14 S.R.L., aunque los trámites de inscripción como importador habían caducado en 2023.

Ante la imposibilidad de trazar de manera segura la procedencia y calidad de los productos, Anmat resolvió prohibir la elaboración, importación, comercialización, distribución y publicidad de todos los lotes y modelos de purificadores y repuestos de Pury Water que no se encuentren debidamente registrados.

El organismo fundamentó su decisión en la necesidad de resguardar a los usuarios de artículos de los que se desconocen las condiciones de manufactura y la empresa responsable de su importación.

En paralelo, la Disposición 6991/2025 estableció la prohibición de venta y publicidad de diez cosméticos que declaran contener ácido azelaico, un ingrediente utilizado en tratamientos para el acné y la rosácea, pero que requiere control y autorización previa.

Los productos detectados eran de distintas marcas internacionales y nacionales, como The Ordinary, Paula’s Choice, Nine Less, Zealsea, Blenie Cosmética Natural y Cos de Baha, entre otras. Se ofrecían en plataformas como Mercado Libre y en la página regybeauty.com, con envíos a todo el país.

El área de Cosméticos de Anmat confirmó que ninguno de esos productos estaba inscripto en sus bases de datos. Esto implica que se trata de artículos ilegítimos, ya que no se puede garantizar su composición, seguridad ni eficacia.

El organismo recordó que la legislación vigente exige que todo cosmético elaborado o importado en Argentina cuente con un registro sanitario y sea producido en establecimientos habilitados con dirección técnica profesional.

Al desconocerse el origen y la formulación exacta de las cremas y sueros con ácido azelaico, se dispuso prohibir su uso, distribución y venta en todo el país, hasta que eventualmente se regularicen.

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