El Congreso de Brasil aprobó este jueves una reducción de las penas por golpismo impuestas al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) y a cientos de sus seguidores, en un nuevo revés para el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Una mayoría aplastante tanto de senadores (49 frente a 24) como de diputados (318 frente a 144) rechazó el veto de Lula a una ley que ya había sido aprobada en diciembre pasado con el respaldo de la ultraderecha y parte del centro.

A cinco meses de las elecciones que deben enfrentar al actual mandatario y al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, los legisladores abrieron las puertas a una rebaja para el líder ultraderechista condenado a 27 años de cárcel por la Corte Suprema el año pasado.

La norma impide la acumulación de penas por crímenes de naturaleza parecida y acelera la progresión hacia el estatus semiabierto, por lo que según los expertos el expresidente podrá salir del régimen cerrado en un plazo de entre dos y cuatro años, antes de lo anteriormente previsto.

Durante el debate, el senador derechista Sérgio Moro afirmó que el veto del mandatario era «cruel» y que la reducción era una «cuestión de justicia», al considerar que el Supremo impuso condenas «absurdas» a personas «simples».

Del otro lado, Gleisi Hoffmann, diputada del Partido de los Trabajadores y persona de confianza de Lula, afirmó que la medida «atentaba» contra la Constitución y la democracia, «minimizaba» la intentona golpista y permitía que esto sucediera nuevamente en un futuro.

De acuerdo con la sentencia del Supremo, Bolsonaro lideró un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, para tratar de mantenerse en el poder.

Ese intento culminó el 8 de enero de 2023 en el ataque a las sedes del Congreso, el Supremo y la Presidencia en Brasilia por parte de miles de seguidores del expresidente, muchos de los cuales también fueron condenados.

Tras la sentencia, Bolsonaro cumplió unos 120 días de reclusión, pero desde el pasado 27 de marzo el juez le autorizó a pasar al régimen de prisión domiciliaria de forma temporal, mientras se trata de sus problemas de salud.

Es el segundo golpe político que el Congreso propina al Gobierno esta semana, después de que la víspera los senadores rechazaran al candidato de Lula al Supremo, la primera vez en más de un siglo que el nombramiento presidencial de un magistrado no es aprobado.

La debilidad del Gobierno progresista en un Parlamento dominado por la derecha se ha agravado recientemente, ante la proximidad de una campaña intensa y de resultado incierto, con dos candidatos que las últimas encuestas sitúan en empate técnico.

 El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este jueves de forma integral el proyecto de ley aprobado por el Congreso que busca aminorar las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión, y de otros participantes en la conspiración golpista ocurrida tras las elecciones de 2022.

La negativa del mandatario se firmó durante un acto conmemorativo celebrado en Brasilia, en el tercer aniversario del asalto a las sedes de los tres poderes perpetrado el 8 de enero de 2023 por simpatizantes de Bolsonaro.

En su discurso, Lula, que estuvo acompañado de algunos miembros del Ejecutivo, destacó la «firmeza» de las instituciones democráticas brasileñas, las cuales, según él, le dieron a los acusados por el intento de golpe de Estado «un juicio justo, con todos sus derechos preservados».

«Tal vez la prueba más contundente del vigor de la democracia brasileña sea el juicio de los golpistas por parte del STF (Supremo Tribunal Federal)», expresó el mandatario progresista.

«Todos ellos tuvieron amplio derecho a la defensa. Fueron juzgados con transparencia e imparcialidad«, manifestó Lula, quien a continuación felicitó a los jueces de la Corte Suprema a cargo del proceso, cuya conducta, según él, «será recordada en la historia».

La ceremonia, que inicialmente nació como un símbolo de consenso entre los tres poderes, no contó en esta oportunidad con la presencia de los presidentes del Senado, Davi Alcolumbre, ni de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, que justificaron su ausencia por asuntos personales.

Tampoco estuvieron presentes miembros de la Corte Suprema, quienes optaron por organizar sus actos institucionales independientes.

Con todo, el veto de Lula lo puede derrumbar el mismo Congreso Nacional, quien está en condiciones de aprobar el proyecto legislativo sin la firma del mandatario.

El proyecto de ley vetado contiene medidas que benefician directamente a la cúpula del movimiento golpista; entre ellas impide la acumulación de penas por los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y de golpe de Estado, al considerarlos tipos penales similares, aplicando la pena más grave, lo que reduce significativamente los años de condena.

Asimismo, la propuesta plantea reducir hasta en dos tercios las penas cuando los crímenes fueran practicados como parte de una «multitud», como sucedió en el asalto del 8 de enero de 2023, y permite una progresión más rápida al régimen semiabierto tras cumplir apenas una sexta parte de la condena.

Bajo estos criterios, Bolsonaro, altos cargos militares y antiguos ministros del gabinete conservador podrían abandonar el régimen cerrado en poco más de dos años, aunque aún estarían obligados a dormir en la cárcel y pasar los fines de semana recluidos durante un tiempo establecido por la Justicia.

Tres años después de los violentos actos a las sedes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, el Supremo ya condenó a más de 1.399 acusados, según datos divulgados hoy por esta misma institución.

De los 31 principales actores oficiales acusados de liderar, planificar o ejecutar de alguna manera la trama golpista, a 29 se les condenó a prisión, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro, señalado como el encargado de orquestar la operación, y otros aliados y miembros de su Gobierno.

Los dos restantes, un general del Ejército y un delegado de la Policía Federal y exdirector de Operaciones del Ministerio de Justicia, quedaron absueltos por falta de pruebas.

Las condenas se dictaron por los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, participación en una organización criminal armada, daños graves y deterioro de patrimonio protegido.

Hasta el momento, solamente los primeros siete juzgados del denominado “núcleo 1”, al que pertenece el líder ultraderechista, cumplen condena efectiva; los demás aún están en fase de apelaciones.

Agencia EFE

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el jueves el alta y poco después reingresó en la celda de la Policía Federal, en Brasilia, donde cumple una condena de 27 años por su participación en un golpe de Estado en perjuicio de Luiz Inacio Lula Da Silva, su sucesor y actual mandatario de la nación sudamericana.

Bolsonaro, de 70 años, dejó el hospital DF Star, de la capital brasileña, donde estuvo internado durante ocho dias, lapso en el cual fue intervenido en cuatro ocasiones para corregir una hernia inguinal y por un problema en el diafragma.

El retorno de Bolsonaro a la cárcel se concretó esta tarde, unas horas después de que el Supremo Tribunal rechazara una nueva petición de prisión domiciliaria para el líder de derecha por motivos humanitarios, 

Por su parte, el juez Alexander de Moraes advirtió que por ahora no se cumplen los requisitos legales para la concesión de la prisión domiciliaria, especialmente ante las reiteradas violaciones del recluso a las medidas cautelares que le fueron impuestas cuando cumplía provisionalmente la condena en su residencia.

A la vez, Moraes recordó que Bolsonaro destruyó recientemente la tobillera electrónica con la que se le controlaban sus movimientos en un supuesto intento de fuga.

AgenciaNA

 El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro explicó este domingo, en una audiencia de control de detención, que, debido a la ingesta de ciertos medicamentos, entró en un estado de «paranoia» y «alucinaciones» que lo llevó a quemar con un soldador su tobillera electrónica porque creía que había un sistema de escucha.

El líder ultraderechista se sometió por videoconferencia a las preguntas de una jueza auxiliar sobre las condiciones de su arresto, tras pasar su primera noche en prisión preventiva en la sede de la Policía Federal, en Brasilia.

La sesión de control de detención es un trámite crucial para verificar la integridad física del detenido y comprobar si se violaron sus derechos fundamentales.

La jueza auxiliar del magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, relator del proceso por el que Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por golpismo, condujo la sesión y constató la ausencia de «abusos o irregularidades», según el informe oficial.

Al líder del Partido Liberal (PL), quien cumplía prisión domiciliaria desde el pasado 4 de agosto en su residencia de Brasilia, lo arrestaron de manera preventiva la mañana del sábado, por «riesgo concreto de fuga» y «amenaza al orden público».

Una de las razones de la orden de prisión fue el hecho de que el ex jefe de Estado (2019-2022) confesó haber quemado con un soldador la tobillera electrónica impuesta por el alto tribunal para controlar sus movimientos.

En la audiencia de este domingo, el capitán retirado del Ejército declaró que entró en un estado de «cierta paranoia» entre el viernes y el sábado, como consecuencia de la ingesta de medicamentos recetados por distintos médicos, que provocaron reacciones adversas.

Los dos fármacos citados son pregabalina (antiepiléptico) y sertralina (antidepresivo).

Bolsonaro, de 70 años, alegó también que no duerme bien y que estaba «alucinado» porque creía que en el interior de la tobillera había un sistema de escucha.

En la tarde del domingo, Bolsonaro se dejó ver este domingo durante unos instantes en la entrada de la sede policial donde está detenido preventivamente, en Brasilia, tras recibir la visita de su esposa, Michelle Bolsonaro.

Agencia EFE

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro pasó su primera noche detenido en una habitación especial dentro de la sede de la Policía Federal en Brasilia, acondicionada exclusivamente para alojar a funcionarios de alto rango. La orden fue dispuesta este sábado por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien justificó la medida en riesgo de fuga y “amenaza al orden público”, luego de que el exmandatario fuera condenado en septiembre a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Bolsonaro fue ubicado en una habitación de aproximadamente 12 metros cuadrados, conocida como “Sala de Estado”, un espacio especialmente acondicionado que dista de las celdas comunes habituales en el sistema penitenciario brasileño.

La habitación cuenta con comodidades poco frecuentes en un régimen de detención preventiva. Entre los elementos disponibles se encuentran un baño privado, televisión, aire acondicionado, refrigerador pequeño, cama individual, mesa de trabajo y un pequeño armario. La Policía Federal reservó este espacio para garantizar estándares de seguridad y evitar contactos con otros detenidos.

Además, por orden del STF, Bolsonaro tendrá acceso a atención médica permanente. La medida se basa en sus antecedentes de salud, derivados de la puñalada que sufrió durante la campaña presidencial de 2018 y que le dejó secuelas gastrointestinales y respiratorias.

El fallo también estableció que cualquier visita deberá contar con autorización judicial previa, lo que incluye familiares, asesores o dirigentes políticos. El juez Moraes consideró que Bolsonaro aún mantiene capacidad de influencia y contactos capaces de entorpecer la investigación, motivo por el cual se dictó la prisión preventiva.

El Supremo Tribunal argumentó que existían indicios de que el exmandatario buscaba dejar el país. En paralelo, investigaciones periodísticas revelaron que habría intentado manipular su tobillera electrónica para escapar del control judicial, un elemento que reforzó la decisión del STF.

Bolsonaro enfrenta múltiples causas vinculadas al intento de desconocer el resultado electoral de 2022, la presión a las Fuerzas Armadas para intervenir el proceso democrático y la trama que derivó en el asalto a los edificios de los Tres Poderes en enero de 2023.

 El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este domingo al Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos de «buscar la impunidad» para el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, condenado a más de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, mediante sus aranceles y sanciones.

En un artículo de opinión en el diario estadounidense The New York Times, Lula denunció las «motivaciones políticas» de la Casa Blanca detrás de los aranceles del 50 % a Brasil y de las sanciones contra jueces como Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo brasileño, por el caso contra Bolsonaro, aliado del presidente estadounidense, Donald Trump.

«El Gobierno de Estados Unidos está usando los aranceles y la Ley Magnitsky (que permite a EE.UU. sancionar a individuos por corrupción o violaciones a derechos humanos) para buscar impunidad para el expresidente Jair Bolsonaro, quien orquestó un fallido golpe de Estado el 8 de enero de 2023», escribió Lula.

El gobernante brasileño se declaró «orgulloso de la histórica decisión» del Tribunal Supremo de Brasil, que el jueves condenó a Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota en las elecciones de 2022 frente a Lula.

También rechazó las acusaciones de que sea «una cacería de brujas», como han señalado funcionarios estadounidenses.

En reacción a la sentencia, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, advirtió de que Washington responderá a la condena contra Bolsonaro, lo que se sumaría al arancel del 50 % que impuso Trump en agosto a productos brasileños en represalia por el proceso.

Lula aseguró que su ensayo en el diario neoyorquino busca «establecer un diálogo abierto y franco con el presidente de Estados Unidos», pero enfatizó que «recurrir a las acciones unilaterales contra Estados individuales es prescribir el remedio equivocado».

«Presidente Trump, permanecemos abiertos a negociar cualquier cosa que pueda traer mutuos beneficios. Pero la democracia y la soberanía de Brasil no están sobre la mesa», manifestó.

El mandatario suramericano subrayó que «no hay racionalidad económica» detrás de los aranceles, al citar que Estados Unidos ha acumulado un superávit comercial de 410.000 millones de dólares en el comercio bilateral en los últimos 15 años, y que el 75 % de las importaciones estadounidenses en Brasil están libres de aranceles.

Y también aseveró que «son falsas» las acusaciones de la Administración Trump sobre que el sistema judicial de Brasil esté «censurando» a compañías tecnológicas estadounidenses.

«Cuando Estados Unidos da la espalda a una relación de más de 200 años, como la que mantiene con Brasil, todos pierden. No hay diferencias ideológicas que deberían impedir a dos gobiernos trabajar juntos en áreas donde tienen objetivos en común», opinó Lula.

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro (2019-2022), quien el jueves fue condenado por el Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado contra Luiz Lula da Silva, anunció hoy viernes a través de sus abogados que apelará el fallo ante cortes internacionales, al sostener que jamás participó de un plan golpista ni estuvo vinculado a la invasión y daños a las sedes de los Poderes el 8 de enero de 2023, en la ciudad de Brasilia.

“La defensa entiende que las penas fijadas son absurdamente excesivas y desproporcionadas. Después de analizar los términos del fallo, aplicaremos los recursos posibles, inclusive en el ámbito internacional”, señala un comunicado de los abogados de Bolsonaro, Celso Vilardi y Paulo Amador de Cunha Bueno, divulgado por la prensa brasileña.

La defensa argumenta que de todos modos recibió con “respeto” el fallo condenatorio del STF, aunque con “profunda discrepancia e indignación” por la sentencia de cuatro votos en su contra y uno a su favor.

“Seguiremos sosteniendo que el expresidente no atentó contra el Estado democrático, jamás participó en algún plan y mucho menos en los actos ocurridos el 8 de enero”, dice el texto.

Los abogados de Bolsonaro, quien desde agosto se encuentra en prisión domiciliaria y con una tobillera electrónica ante riesgo de fuga, sostuvieron que el juicio debió realizarse en primera instancia o por el pleno del STF y no por la Primera Sala de la institución.

“No podemos dejar de señalar, con todo respeto, que la falta de tiempo hábil para analizar la prueba impidió de forma definitiva el pleno ejercicio de la defensa”, dice el comunicado de los abogados, cuyos argumentos fueron rechazados por la mayoría de los miembros del alto tribunal al fundamentar el fallo.

Otros siete exfuncionarios también fueron condenados a prisión con penas que van desde los dos hasta los 26 años por su participación en el plan golpista encabezado por Bolsonaro, tras perder las elecciones en octubre de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.

Se trata del exjefe de gabinete y exministro de Defensa, general Walter Braga Netto (26 años); el exjefe de la Marina, almirante Almir Garnier (24 años); el exministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira (19 años); y el exministro de Justicia, Anderson Torres (24 años).

Recibieron también condena al exjefe de los servicios de Inteligencia, Alexandre Ramagem (16 años); el exministro del Gabinete de Seguridad Institucional, general Augusto Heleno (21 años); y el coronel Mauro Cid (2 años en régimen abierto), exsecretario privado de Bolsonaro y delator del caso.

La mayoría de los jueces del Supremo Tribunal de Brasil votó este jueves para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por intentar un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras su derrota electoral de 2022. El exmandatario fue declarado culpable de cinco cargos, y se espera que el panel de cinco jueces decida la sentencia, que podría equivaler a décadas de prisión.

El fallo profundiza la división política en Brasil y probablemente provocará una reacción del gobierno de Estados Unidos. Según supo Noticias Argentinas, el juicio a Bolsonaro cobró nueva relevancia después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, vinculara un arancel del 50% sobre productos brasileños a la situación legal de su aliado, calificándolo de "caza de brujas".

El juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso, declaró que Bolsonaro era el líder de un complot golpista y de una organización criminal, y votó a favor de condenarlo. La jueza Cármen Lúcia se sumó a esta decisión, consolidando la mayoría en el panel.

Bolsonaro, de 70 años, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario y no asistió al tribunal. Sus abogados han anunciado que apelarán el veredicto ante el pleno del Tribunal Supremo, compuesto por 11 jueces.

A pesar de sus problemas legales y de haber sido inhabilitado para postularse a cargos públicos hasta 2030, Bolsonaro sigue siendo una figura política poderosa en Brasil. Se espera que, tras este fallo, elija a un heredero político para competir en las próximas elecciones presidenciales contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Además, la condena podría motivar a los legisladores aliados de Bolsonaro a buscar una amnistía a través del Congreso. El debate sobre la sentencia se espera para el viernes, y podría intensificar la presión sobre el expresidente para definir su futuro político. NA

El Supremo Tribunal Federal (STF) determinó hoy la vigilancia policial en el área externa de la casa donde cumple prisión domiciliaria el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) por riesgo de fuga, unos días de que comience la parte final del juicio por intento de golpe de Estado que puede condenarlo hasta a 40 años de cárcel.

La decisión fue determinada por el juez instructor del proceso, Alexandre de Moraes, con base a un informe de la Fiscalía General y de la policía penitenciaria de la ciudad de Brasilia que señaló "puntos ciegos" en el perímetro de la residencia de Bolsonaro, quien vive en un condominio cerrado.

El magistrado también autorizó inspecciones a todos los vehículos que salgan del domicilio del exmandatario, quien además de estar en prisión domiciliaria se encuentra con tobillera electrónica.

En un documento, el fiscal general Paulo Gonet mencionó que las investigaciones recientes demostraron la cercanía del expresidente con "líderes extranjeros" debido a que en una redada se le encontró en el archivo de un teléfono móvil a Bolsonaro un documento pidiendo asilo en la vecina Argentina supuestamente para evitar se juzgado.

Bolsonaro fue ubicado este mes en prisión domiciliaria ya que Moraes consideró que había riesgo de fuga hacia una embajada extranjera, en el marco del cabildeo realizado por su hijo Eduardo Bolsonaro, diputado que se radicó en Estados Unidos para solicitar al Gobierno de Donald Trump sanciones económicas y políticas contra Brasil para defender a su padre.

En una carta, Trump dijo que aplicó un arancel del 50 por ciento a los productos brasileños en oposición al juicio que se le sigue por golpismo a Bolsonaro, argumento que Brasil consideró un "chantaje" y un "ataque a la soberanía" del país sudamericano para tomar sus decisiones en el sistema de justicia interno.

Además, aplicó sanciones financieras y el cese de la visa para ingresar a Estados Unidos a varios magistrados de la corte y funcionarios del gobierno.

Bolsonaro está acusado de planificar un golpe de Estado con parte de su gabinete en 2022, luego de haber perdido las elecciones generales ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, proceso en el cual es clave la función de un 'arrepentido' como su secretario privado, coronel Mauro Cid, además del testimonio de militares que citaron la existencia de la planificación.

En el plan se preveía, también, que fuerzas especiales del Ejército maten por envenenamiento a Lula y al vicepresidente Geraldo Alckmin y en una emboscada en la calle al juez Moraes.

A partir del próximo martes 2 de septiembre y hasta el día 12 serán juzgados los primeros ocho acusados de más de una treintena en esta megacausa.

Además de Bolsonaro, será juzgado Cid, el detenido exministro de Defensa y excandidato a vicepreisente en 2022 Walter Braga Netto, general retirado del Ejército; el policía, diputado y exjefe de los servicios de inteligencia Alexandre Ramagen; el exjefe de la Marina almirante Almir Garnier; y el exministro de Justicia Anderson Torres.

También dos figuras clave del círculo más cercano del gobierno de Bolsonaro como el general del Ejército y exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y el general retirado Augusto Heleno, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional.

NA

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó hoy que su homólogo estadounidense, Donald Trump, fue mal informado sobre la situación judicial del exmandatario Jair Bolsonaro, y advirtió que su Gobierno está dispuesto a responder con firmeza si Washington insiste en imponer sanciones comerciales unilaterales.

"No quiero pelear, quieren pelear conmigo y yo no quiero pelear, pero si insisten en pelear conmigo, la tendrán", dijo Lula da Silva durante un discurso en Osasco, municipio vecino a la ciudad de San Pablo, en el que criticó duramente la decisión de Trump de aplicar aranceles del 50 por ciento a productos brasileños, medida anunciada el pasado 9 de julio y que entraría en vigor el próximo 1 de agosto.

El mandatario brasileño señaló que uno de los argumentos esgrimidos por Trump para justificar los aranceles fue el proceso judicial que enfrenta Bolsonaro ante el Supremo Tribunal Federal (STF), por su implicación en un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

Según Lula da Silva, el presidente estadounidense fue inducido a creer que Bolsonaro está siendo perseguido políticamente, cuando en realidad enfrenta un juicio legítimo con todas las garantías del debido proceso judicial. "Si el presidente Trump me hubiera llamado, le habría explicado lo que está pasando con el expresidente (...) Le hicieron creer que Bolsonaro está siendo perseguido".

"Bolsonaro no está siendo perseguido. Está siendo juzgado con pleno derecho a la defensa", expresó. Lula da Silva recordó que Bolsonaro intentó dar un golpe de Estado para impedir que asumiera el poder e, incluso, "armó un equipo" para matarlo junto al hoy vicepresidente Geraldo Alckmin y al entonces presidente del Tribunal Electoral, Alexandre de Moraes.

Aclaró que si Bolsonaro es inocente, será libre, pero cree que "estaría en una situación precaria" y le pidió tener "algo de respeto". Además, apuntó contra Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del expresidente, quien actualmente reside en Estados Unidos y realiza gestiones para influir en el gobierno de Trump.

Según Lula da Silva, Eduardo busca presionar por una amnistía para su padre y otros acusados, a cambio de apoyo a sanciones comerciales contra Brasil. "¿Qué clase de patriota es este?", se cuestionó Lula, al señalar que prefirió "vender" a Brasil para liberar a su padre.

El líder brasileño también rechazó una de las exigencias de Trump vinculada a las grandes empresas de tecnología y redes sociales estadounidenses, señalando que su Gobierno avanzará con la regulación de esas plataformas: "Las regularemos. Porque deben respetar la ley brasileña. No pueden promover el odio entre los adolescentes, mentir e intentar destruir la democracia y el Estado democrático", subrayó.

El Tribunal Supremo de Brasil dispuso que el ex presidente Jair Bolsonaro cumpla arresto domiciliario y deberá estar con tobillera, al igual que la ex mandataria de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, según informaron medios internacionales.

Además, se informó que a Bolsonaro se le prohíbe salir de su domicilio durante la noche y los fines de semana, utilizar redes sociales, comunicarse con su hijo Eduardo y acercarse a embajadas.

El Supremo Tribunal de Justicia (STF) de Brasil dictó este viernes nuevas medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro, en una causa en la que está procesado por un supuesto entramado golpista, de acuerdo con la información del sitio France 24.

El exmandatario de extrema derecha y 7 de sus antiguos colaboradores están siendo investigados por el máximo tribunal por un presunto intento de golpe de Estado en 2022 contra su sucesor, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva.

Esta etapa del proceso ha estado marcada por las críticas de Donald Trump, quien considera que Bolsonaro es víctima de una “caza de brujas” y amenazó al gobierno brasileño de imponer aranceles del 50% a las importaciones que Estados Unidos realiza desde el país sudamericano.

Desde entonces, la familia Bolsonaro insistió que en que la única alternativa para que Trump no avance con esa política arancelaria sería que el Congreso de Brasil determine una amnistía contra el expresidente, que ya fue inhabilitado a ejercer cargos públicos en otra causa a cargo de la justicia electoral.

“Solo existe ese camino” [el de la amnistía], señaló el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario que está desde marzo pasado en Estados Unidos abogando ante el Gobierno de Trump por “justicia” para su padre y se atribuye haber influido en la amenaza del líder republicano en torno a los aranceles para presionar a Lula da Silva.

Tendrá que estar bajo arresto domiciliario desde la noche hasta la mañana (desde las 19hs a las 7hs), y también los fines de semana, precisa el sitio del canal francés.

Bolsonaro fue llevado a la PF para que le colocaran el dispositivo en el tobillo, informaron medios locales.

El máximo tribunal de Brasil aún no definió una sentencia, pero según fuentes del STF citadas por el diario O Globo, la misma podría conocerse entre septiembre y octubre.

La Policía Federal se encontraba en la mañana de este viernes realizando un operativo en la casa de Bolsonaro en Brasilia, coincidían distintos medios de Brasil e internacionales como France 24 y Reuters.com.

 La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil solicitó la noche del lunes al Supremo Tribunal Federal (STF) la condena del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y de otros siete acusados de tentativa de golpe de Estado.

La solicitud fue enviada al ministro del STF, Alexandre de Moraes, poco antes de la medianoche y forma parte de las alegaciones finales, la última fase antes del juicio de los acusados.

En el documento de 517 páginas, el fiscal general, Paulo Gonet, pide que Bolsonaro y los demás acusados sean condenados por los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado por la violencia y grave amenaza, y deterioro de patrimonio catalogado.

Las penas máximas para estos delitos superan los 30 años de prisión. Se espera que el juicio sea realizado en el STF en septiembre próximo.

La acusación se refiere a la operación organizada para intentar revertir el resultado de los comicios de 2022, en los que Bolsonaro fue vencido en la segunda vuelta electoral por el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Además del exmandatario, la PGR pidió la condena del general Walter Braga Netto, exministro de Defensa y compañero de fórmula de Bolsonaro en las elecciones de 2022; Augusto Heleno, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional; y Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia.

También fueron acusados Anderson Torres, exministro de Justicia; Almir Garnier, excomandante de la Marina; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; y Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro.

En la solicitud, Gonet describió el papel de Bolsonaro en la trama golpista como líder de la organización y "principal articulador y mayor beneficiario" de las acciones para intentar implantar un golpe de Estado en el país en 2022.

A su decir, el exmandatario instrumentalizó el aparato estatal y operó en un "esquema persistente" de ataque a las instituciones públicas y al proceso sucesorio tras el resultado de las elecciones presidenciales. 

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue acusado este miércoles por la Policía Federal de comandar una organización delictiva que realizó espionaje ilegal utilizando estructuras de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), informó el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil.

También aparece como uno de los coordinadores del sistema de espionaje ilegal Carlos Bolsonaro, hijo del exmandatario, quien es concejal en la ciudad de Río de Janeiro.

La conclusión se encuentra en el informe final de las investigaciones del caso llamado "Abin Paralela", cuyo contenido fue hecho público por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, quien además lleva adelante el juicio contra Bolsonaro y una treintena de funcionarios por haber orquestado un golpe de Estado a fines de 2022 para evitar la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El informe, de 1.200 páginas, fue remitido por la Policía Federal a la corte suprema, que deberá trasladarlo al fiscal general, Paulo Gonet, encargado de decidir si presenta o no cargos formales contra los acusados.

La estructura paralela de los servicios de inteligencia, dice el informe, vigiló ilegalmente al juez Moraes, al exgobernador de Sao Paulo Joao Doria y al expresidente de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia, entre otras personalidades.

"Bolsonaro aparece como el principal destinatario de la información de las acciones clandestinas y de la instrumentalización de la Abin", afirma el informe.

Según la investigación, las acciones clandestinas fueron implementadas durante la gestión del exdirector de Abin, Alexandre Ramagem, quien es imputado en la acción criminal del intento de golpe de Estado.

Noticias Argentinas / Xinhua

El exmandatario Jair Bolsonaro, de 70 años, fue hospitalizado este viernes tras sufrir una descompensación en medio de una actividad política en Santa Cruz, en el noreste de Brasil. La información fue confirmada por medios internacionales.

En un primer momento, Bolsonaro fue atendido en un centro médico local. Minutos después, debió ser trasladado en helicóptero a un hospital en la ciudad de Natal, capital del estado de Rio Grande do Norte, informó la agencia AFP, citada por RFI.

El exjefe de Estado se encontraba en la región para iniciar una gira política, en el marco de sus actividades proselitistas de cara a las elecciones presidenciales de 2026, aunque se encuentra inhabilitado para competir.

Durante el evento, Bolsonaro acompañaba a Rogério Marinho, exministro de Desarrollo Regional durante su mandato (2019-2022). La agencia china Xinhua precisó que la actividad formaba parte de la estrategia política del bolsonarismo.

La prensa internacional recordó que Bolsonaro no podrá presentarse a elecciones hasta 2030. La justicia lo inhabilitó por haber atacado sin pruebas la credibilidad del sistema electoral brasileño.

Además, el expresidente enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en un intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión.

Su hijo, el concejal Carlos Bolsonaro, explicó que su padre debió ser revisado por molestias abdominales. La dolencia está relacionada con la puñalada que recibió en septiembre de 2018, cuando era candidato presidencial.

A raíz de ese ataque, Bolsonaro se sometió a múltiples cirugías. Las dos últimas fueron realizadas en septiembre de 2023, según detalló su entorno en redes sociales y en conferencias de prensa.

En mayo de 2023, también fue internado de urgencia por complicaciones similares. En ese momento se encontraba en Manaos, desde donde fue derivado a un centro de mayor complejidad en São Paulo, donde permaneció casi dos semanas.

Desde 2018, el expresidente brasileño fue sometido a más de media docena de intervenciones quirúrgicas por esa lesión. La zona abdominal sigue siendo un punto crítico de su estado de salud.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, de 70 años, fue hospitalizado de urgencia este viernes 11 de abril en Natal, capital del estado de Río Grande do Norte, tras experimentar intensos dolores abdominales.

Bolsonaro se encontraba en Santa Cruz, en el noreste brasileño, participando en actividades proselitistas cuando comenzó a sentir fuertes dolores abdominales. Fue inicialmente atendido en un hospital local y posteriormente trasladado en helicóptero al Hospital Rio Grande en Natal, para recibir atención especializada. 

Según su médico personal, Antonio Macedo, Bolsonaro presenta una obstrucción intestinal y está siendo tratado con medicación para aliviar el dolor. Se le realizarán estudios de imagen para determinar si es necesaria una intervención quirúrgica. En caso de requerir cirugía, podría ser trasladado a São Paulo, donde ha sido operado anteriormente por complicaciones derivadas del atentado de 2018. 

El equipo médico informó que Bolsonaro se encuentra estable, lúcido y sin dolor tras recibir analgesia. Está siendo hidratado por vía intravenosa y sometido a exámenes complementarios para evaluar su condición. Por el momento, no se ha indicado la necesidad de una cirugía.

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió este miércoles, de forma unánime, que existen indicios suficientes para iniciar una acción penal contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), así como contra otros siete exfuncionarios de su entorno, por su implicación en una tentativa de golpe de Estado en 2022.

Los votos fueron emitidos por los magistrados Alexandre de Moraes (ponente), Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin.

De acuerdo con la resolución del STF, los acusados enfrentarán ahora cargos penales que podrían derivar en penas de prisión.

El magistrado Moraes, relator del caso, sostuvo que la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) contiene pruebas suficientes para dar curso al proceso penal. Señaló que:

Los acusados deberán responder por los siguientes delitos:

Además del expresidente, también fueron incluidos en esta etapa del proceso:

El STF deberá ahora:

La Policía Federal de Brasil allanó este miércoles la casa del ex presidente Jair Bolsonaro en Brasilia como parte de una investigación sobre un grupo sospechoso de agregar datos falsos de vacunas a la base de datos Covid-19 del Gobierno, dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto. .

Uno de los colaboradores más cercanos de Bolsonaro, Mauro Cid, fue arrestado en la misma operación, agregaron las fuentes.

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La Policía Federal dijo más temprano ese día en un comunicado que estaban cumpliendo 16 órdenes de allanamiento e incautación y seis órdenes de arresto preventivo en Brasilia y Río de Janeiro como parte de la operación, pero no reveló los nombres de los objetivos.

(Con información de Reuters / Noticias Argentinas)

La Policía Federal de Brasil encontró este jueves en la casa de Anderson Torres, quien fuera ministro de Justicia del ex presidente Jair Bolsonaro, un borrador de un decreto para desconocer el resultado de las elecciones que consagraron al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Según la prensa local, el documento es una minuta de un decreto para que el entonces presidente Bolsonaro pudiera instaurar el estado de defensa en la sede del Tribunal Superior Electoral (TSE), en busca de revertir el resultado de las elecciones, en las que se impuso Da Silva por escaso margen, en segunda vuelta.

El propio Torres admitió la existencia del documento que iba a ser triturado oportunamente en el ministerio, y que fue publicado por el diario Folha de San Pablo.

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El borrador tiene tres páginas y fue encontrado en el armario de la casa de Torres, quien estaba a cargo de la Secretaría de Seguridad de Brasilia, la capital brasileña, durante la revuelta que se produjo allí el domingo último.

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Tras ese episodio, fue removido de su cargo y se solicitó su detención por la policía, sospechado de haber tenido algún vínculo con el ataque a distintas sedes gubernamentales.

Sin embargo, Torres se encuentra en Estados Unidos, aunque ya anticipó que a su regreso se pondrá a disposición de la Justicia, porque tiene "la conciencia tranquila", según señaló en su cuenta de la red social Twitter.

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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022), quien viajó el pasado 30 de diciembre a Estados Unidos, antes de la asunción de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que anticipará su regreso a Brasil.

En declaraciones al canal de noticias CNN Brasil publicadas hoy martes, Bolsonaro dijo que debe anticipar su regreso al país por problemas de salud, luego de que fuera internado en un hospital de Florida por dolores abdominales.

"Vine (a Estados Unidos) para quedarme hasta fin de mes (enero), pero tengo la intención de anticipar mi regreso. Porque, en Brasil, los médicos ya conocen mi problema de obstrucción intestinal a causa de la puñalada", señaló.

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El dirigente del Partido Liberal calificó de "lamentable" la invasión de sus seguidores al Congreso, al Palacio Presidencial y a la Corte Suprema registrada el domingo en protesta por los resultados de las elecciones donde ganó Lula.

"Estoy pasando mi tercera hospitalización por obstrucción intestinal grave. Vine a pasar un tiempo en el exterior con mi familia pero no tuve días con calma. Primero hubo este lamentable episodio (del domingo) y después este ingreso al hospital", dijo Bolsonaro.

Agregó que está hospitalizado por las consecuencias del ataque con un cuchillo del que fue víctima en setiembre de 2018, durante su victoriosa campaña electoral

Fuente: Xinhua para Noticias Argentinas

La diputada brasileña Erika Hilton envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, en la que le pide la extradición a Brasil del ex presidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra en los Estados Unidos. Además, exigió lo mismo para el ex ministro de Justicia y ex secretario Anderson Torres.

Este último fue destituido de su cargo por el gobernador Ibaneis Rocha luego del intento de golpe de Estado que se llevó a cabo este domingo por militantes bolsonaristas en el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto.

Bolsonaro, que debió ser internado este lunes por un “fuerte dolor abdominal” y horas más tarde fue dado de alta, se encuentra en suelo norteamericano desde diciembre.

Hilton sostiene que tanto el ex mandatario como Torres deben ser extraditados, porque deberían dar explicaciones ante la Justicia por los destrozos ocasionados en las últimas horas en Brasilia, algo de lo que el propio Bolsonaro negó su responsabilidad el domingo por la noche.

En el texto presentado, la legisladora catalogó el accionar de Torres como “irresponsable”, ya que no dio “órdenes concretas a las fuerzas de seguridad para contener al grupo”.

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“Del mismo modo, Jair Messias Bolsonaro, como líder político de los extremistas que atentan contra el orden democrático, aunque actualmente reside en Estados Unidos, puede estar dando órdenes, emitiendo señales o mensajes estratégicos para que los crímenes en curso en Brasil se siguen practicando”, agregó la diputada.

“Se abre la posibilidad de que el señor Jair Messias Bolsonaro esté fuera del país para eludir los procesos e investigaciones en curso promovidos por la Justicia brasileña, exigiendo su extradición como medida para garantizar el orden público y democrático”, siguió.

“Es claro que los hechos delictivos se dieron por razones eminentemente políticas y con liderazgo, en un principio oculto, a partir de un desacuerdo antidemocrático en relación a los resultados de las urnas y la propia diplomacia”, añadió Hilton.

Al respecto, Torres se defendió de las acusaciones en su contra: “Estoy de vacaciones con mi familia. No hubo complot para que esto sucediera”.

Qué dice Estados Unidos sobre la extradición de Bolsonaro a Brasil

El vocero del Departamento de Estados Unidos, Ned Price, indicó que Bolsonaro no puede quedarse en Estados Unidos con la visa de jefe de Estado, que utilizó para ingresar al país, a menos que solicite al gobierno local dentro de los siguientes 30 días para cambiar la categoría de su visa.

De los contrario, se encontrará en una situación irregular, además de tener posibilidades concretas de ser deportado a su país.

“En términos generales, si alguien ingresa a los EEUU con una visa A, que es esencialmente una visa diplomática para diplomáticos o jefes de estado extranjeros, si el titular de una visa A ya no está involucrado en asuntos oficiales relacionados con sus distritos, queda a criterio del titular visar para salir de EEUU o solicitar un cambio a otro tipo de autorización migratoria en un plazo de 30 días”, explicó.

“Si no tiene motivos para estar en los Estados Unidos, cualquier persona está sujeta a expulsión por parte del Departamento de Seguridad Nacional”, finalizó.

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