La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y la Selección Argentina dio un paso fundamental en su preparación: la delegación encabezada por Lionel Scaloni ya se instaló en Kansas City, la ciudad que funcionará como centro de operaciones durante la primera etapa de la Copa del Mundo.

Ubicada en el corazón de Estados Unidos, Kansas City fue elegida por la Asociación del Fútbol Argentino por su estratégica ubicación geográfica, que permitirá facilitar los traslados hacia las distintas sedes mundialistas. Allí, los campeones del mundo se hospedan en el Hotel Origin y realizarán sus entrenamientos en el moderno Compass Minerals National Performance Center, el complejo que habitualmente utiliza Sporting Kansas City, una de las franquicias más importantes de la MLS.

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Kansas City, una ciudad preparada para vivir el Mundial

Considerada por muchos como la capital del fútbol en Estados Unidos, Kansas City cuenta con más de 500 mil habitantes y será una de las ciudades protagonistas de la Copa del Mundo.

En el centro urbano se levanta el Monumento Nacional a la Primera Guerra Mundial, una estructura de 20 metros de altura que se convertirá en el epicentro del Fan Fest oficial durante el torneo. El espacio estará abierto al público y reunirá a miles de aficionados de distintas nacionalidades.

Además, la ciudad albergará seis encuentros mundialistas, incluido el debut de Argentina. Todos se disputarán en el Kansas City Stadium, un escenario inaugurado en 1972 con capacidad para 73 mil espectadores.

El estadio posee un récord Guinness muy particular: es considerado el recinto deportivo al aire libre más ruidoso del mundo. En 2014 registró un nivel de sonido de 142,2 decibeles durante un partido de los Kansas City Chiefs de la NFL.

Los partidos programados en ese estadio serán:

Argentina vs. Argelia (16 de junio)

Ecuador vs. Curazao (20 de junio)

Turquía vs. Países Bajos (25 de junio)

Argelia vs. Austria (27 de junio)

Un encuentro de 32avos de final (3 de julio)

Un partido de cuartos de final (11 de julio)

Un centro de entrenamiento de nivel internacional

La gran joya de la concentración argentina es el Compass Minerals National Performance Center, un complejo inaugurado en 2018 y ubicado a orillas del río Missouri, en la zona de Berkley Riverfront.

El predio ocupa unas 21 hectáreas y cuenta con instalaciones de primer nivel diseñadas para el alto rendimiento deportivo.

Entre sus principales características se destacan:

Cinco pisos y 118 habitaciones.

Tres canchas reglamentarias de césped natural.

Dos campos de césped sintético.

Sistema de iluminación LED en todos los terrenos de juego.

Gimnasio de alta complejidad.

Salas de hidroterapia y recuperación física.

Áreas de videoanálisis.

Espacios educativos y de reuniones.

Plataforma elevada para observación de entrenamientos.

Salones multifuncionales para eventos y actividades internas.

Además, el complejo dispone de piscinas de recuperación con tecnología de última generación, revestimientos de mármol, iluminación profesional y pantallas integradas para seguimiento de trabajos físicos y tácticos.

La transformación argentina: celeste y blanco en cada rincón

Sin embargo, el complejo no luce exactamente igual a como fue inaugurado. Durante las últimas semanas, la AFA realizó una profunda intervención para personalizar cada espacio y convertirlo en un auténtico hogar para la Scaloneta.

El presidente de la entidad, Claudio Tapia, mostró imágenes de los cambios realizados, que incluyeron una decoración integral inspirada en la identidad argentina.

Los vestuarios fueron completamente ploteados con los colores celeste y blanco, fotografías de los futbolistas y mensajes motivacionales. Los pasillos fueron decorados con gigantografías, cuadros, frases emblemáticas y detalles vinculados a la historia reciente de la Selección.

La intención fue generar un ambiente familiar y reforzar el sentido de pertenencia que caracteriza al grupo desde el ciclo de Scaloni.

Un gimnasio exclusivo para potenciar la preparación

Entre las modificaciones más importantes sobresale la construcción de un gimnasio adicional instalado especialmente para la delegación argentina.

La estructura fue montada en un sector del estacionamiento y equipada con elementos específicos solicitados por el cuerpo técnico y los preparadores físicos. El objetivo es ampliar los espacios de trabajo y optimizar la preparación durante toda la estadía en Estados Unidos.

Con instalaciones de primer nivel, una ciudad preparada para recibir el Mundial y una base diseñada a medida de sus necesidades, la Selección Argentina ya tiene lista su nueva casa. Desde Kansas City comenzará el camino de defensa del título y el sueño de volver a conquistar el mundo

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, y junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y representantes de Policía Federal Argentina (PFA), supervisó este jueves el derribo de otros dos búnkeres de venta de estupefacientes en Villa Gobernador Gálvez, en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico.

Los procedimientos se realizaron en dos inmuebles ubicados en Santiago del Estero al 200 y en la intersección de Pueyrredón y Camino Monteflores. Con estas nuevas intervenciones, Villa Gobernador Gálvez suma seis puestos de venta de drogas derribados, mientras que el departamento Rosario alcanza los 80. A nivel provincial, el total asciende a 122 inactivaciones desde la sanción de la Ley de Microtráfico, aprobada por la Legislatura santafesina en diciembre de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Los derribos se desarrollan desde comienzos de 2024 mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia santafesina, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales. La estrategia contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles vinculados a hechos de violencia altamente lesiva en distintos puntos del territorio provincial.

Durante la actividad, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, sostuvo que el Gobierno Provincial “avanza en la implementación de la Ley de Microtráfico” y destacó que “se llega a este segundo punto gracias a la modalidad de trabajo de investigación”, desarrollada de manera conjunta con el MPA y las fuerzas de seguridad. “Es una metodología que facilita llegar a estos puntos de venta”, afirmó.

Por su parte, la fiscal Brenda Debiasi brindó detalles de la investigación y explicó que “hace aproximadamente 45 días” se iniciaron tareas investigativas en la zona de Monteflores y Pueyrredón, a partir de denuncias vecinales vinculadas al comercio de estupefacientes.“Se pudieron constatar múltiples maniobras, identificar a las personas involucradas y, a partir del seguimiento de esas personas, localizar este segundo punto en calle Santiago del Estero, donde también verificamos que era utilizado para la venta de drogas”, explicó la fiscal.

Debiasi indicó además que se realizaron “aproximadamente diez allanamientos simultáneos” en Villa Gobernador Gálvez, durante los cuales se secuestró material estupefaciente fraccionado y se detuvo a “una persona mayor de edad y a un menor que cumplía funciones de ‘soldadito’”.

En relación con el inmueble derribado, la fiscal precisó que el titular registral “era una persona de avanzada edad que entendemos ya falleció” y señaló que no existían denuncias de usurpación ni personas que reclamaran la propiedad. “Pudimos constatar que no había camas ni elementos que indicaran que el lugar era utilizado como vivienda efectiva”, señaló.

Finalmente, Debiasi remarcó que el derribo fue solicitado porque “el inmueble estaba siendo utilizado exclusivamente como punto de venta de estupefacientes. No deja de ser una medida cautelar y eventualmente terceros podrían presentarse a reclamar el lote, pero entendemos que era la medida más efectiva para lograr el cese del delito y del estado antijurídico en ese lugar”, concluyó.

Las imágenes y descripciones incorporadas al expediente judicial que ordenó la demolición de “La Casona”, el inmueble usurpado de barrio Sur señalado como soporte funcional para la venta de drogas, exponen un cuadro extremo de abandono, riesgo edilicio y degradación urbana en pleno sur de la ciudad de Santa Fe.

El informe técnico fue elaborado el 11 de mayo por Claudio Ponce de León, asesor técnico de Logística del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, quien durante la audiencia judicial se presentó como “el encargado de la demolición de búnkers en la provincia de Santa Fe”.

El documento, incorporado por la Unidad Especial de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), describe con precisión el estado del inmueble ubicado en la esquina de Dr. Zavalla y Monseñor Zaspe, frente a la estación Mitre, cuya demolición controlada fue ordenada por el juez penal Sergio Carraro.

Según el informe oficial, el edificio tiene unos 90 años de antigüedad y una superficie aproximada de 188 metros cuadrados. En su interior posee un salón principal y varias habitaciones distribuidas alrededor de un patio interno, además de un reducido espacio sanitario sin servicios básicos.

“El estado general de este inmueble es de un deterioro profundo, agravado por la rotura de su techo en casi todas las habitaciones”, señala el texto firmado por Ponce de León.

La descripción avanza luego sobre las condiciones de habitabilidad detectadas durante la inspección. “El ingreso de corriente eléctrica es totalmente precario y fuera de toda norma, lo que constituye un peligro para posibles habitantes o moradores golondrina de este lugar”, advierte el informe.

Los técnicos también detectaron signos de incendios previos dentro de la estructura. “Hay signos evidentes de que este lugar sufrió las consecuencias de un fenómeno ígneo, que provocó la caída de techos y revoques de estas habitaciones, teniendo por ello un gran debilitamiento tanto techo como paredes”, añade el documento.

A ello se suma una situación sanitaria alarmante. El patio del inmueble fue descripto como “un gran mini basural”, con acumulación de residuos, restos de alimentos, ropa, muebles y desperdicios de distinta naturaleza.

Según el documento, ese panorama “sugiere que era usado como espacio de clasificación de residuos domiciliarios de casuales moradores”, circunstancia que derivó en “la existencia de nidos de roedores en toda la superficie de la casa”.

La conclusión de los especialistas fue terminante: “La inestabilidad y vetustez marcada de toda esta construcción constituye un grave riesgo para posibles habitantes por lo que se recomienda la demolición controlada y un futuro saneamiento del espacio”.

El informe fue uno de los elementos centrales valorados durante la audiencia de “cese de estado antijurídico” realizada el pasado viernes en tribunales de Santa Fe, donde la Fiscalía solicitó la inactivación física del inmueble bajo la modalidad de derribo.

La investigación es encabezada por la Unidad Especial de Microtráfico del MPA, cuyo responsable en la ciudad de Santa Fe es el fiscal Diego Vigo, subdirector del área creada tras la entrada en vigencia de la Ley de Microtráfico.

Durante la audiencia, el fiscal Arturo Haidar repasó distintas evidencias reunidas en la pesquisa y vinculó el inmueble con actividades de comercialización de estupefacientes, además de describir un contexto persistente de violencia y conflictividad urbana en la zona.

El funcionario sostuvo que en un radio de 200 metros alrededor de “La Casona” se registraron 485 intervenciones policiales entre agosto de 2025 y mayo de 2026, entre ellas disturbios, amenazas, robos y hechos violentos.

Ponce de León ratificó en tribunales el contenido de su informe y advirtió que el lugar “es peligroso tanto para futuros moradores como para transeúntes”, debido al desprendimiento de mampostería observado en distintos sectores del inmueble.

Además, sostuvo que “el costo de reconstrucción o remodelación resultaría elevadísimo” por el nivel de deterioro acumulado y reiteró la recomendación de avanzar con una demolición controlada.

La propietaria del inmueble también prestó conformidad con la medida. “Es una cosa incontrolable, es preocupante sobre todo para el barrio”, expresó ante el juez.

El caso de “La Casona” se inscribe dentro de la política de inactivación de puntos de venta de drogas impulsada por el gobierno provincial desde la sanción de la Ley de Microtráfico.

Según informó esta semana el Ministerio de Justicia y Seguridad, ya fueron derribados 118 búnkers narco en distintas localidades santafesinas desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro.

La estrategia se desarrolla de manera coordinada entre el Ejecutivo provincial, el MPA, la Justicia y las fuerzas de seguridad, con especial foco en inmuebles utilizados para el narcomenudeo y otras economías delictivas.

Al presentar recientes demoliciones en Rosario, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, sostuvo que estos sitios suelen convertirse en núcleos de “violencia, homicidios, balaceras y degradación de barrios de trabajadores que durante mucho tiempo no tuvieron respuesta del Estado”.

En el caso de barrio Sur, la Justicia entendió que el derribo no sólo resultaba necesario para impedir nuevas ocupaciones y actividades ilícitas, sino también para neutralizar el riesgo estructural que representaba el edificio para vecinos y transeúntes.

Aunque no fue informado oficialmente, el derribo se realizará en el transcurso de esta semana y contará con la presencia de las distintas agencias del Estado provincial y municipal y de funcionarios de primera línea que estarán a cargo de la supervisión de la inactivación.

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El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, y junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este jueves el derribo de otros dos búnkeres de venta de drogas en barrio Gráfico, en la ciudad de Rosario.

La primera inactivación se realizó en Benteveo al 700 y la segunda, una hora más tarde, en Jacobacci al 9000. Con estos procedimientos, ya son 118 los búnkeres derribados en toda la provincia durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico impulsada por el mandatario santafesino y vigente desde fines de 2023. 

Los operativos de derribo se sostienen de manera ininterrumpida desde comienzos de 2024 y constituyen uno de los ejes centrales de la política de seguridad provincial para recuperar territorios tomados por el narcotráfico y desarticular economías delictivas vinculadas al narcomenudeo. Las acciones se desarrollan de manera coordinada entre el Gobierno Provincial, el MPA, la Justicia santafesina, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales.

Durante la actividad, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, sostuvo que estos casos “representan un compendio de todas las cuestiones delictivas que rodean al microtráfico, como la usurpación y la venta ilegal de terrenos”. Y agregó: “Se genera un entramado de irregularidades vinculado a la violencia, los homicidios, las balaceras y la degradación de barrios de trabajadores que durante mucho tiempo no tuvieron respuesta del Estado”.

El funcionario remarcó además que “antes no contábamos con una herramienta legal”, y destacó que “desde la promulgación de la Ley de Microtráfico estamos avanzando junto al MPA no solo en Rosario, sino en toda la provincia”.

Por su parte, el fiscal Franco Carbone brindó detalles sobre la investigación y explicó que, además de los dos inmuebles que serán demolidos, se restituyó formalmente una tercera propiedad a sus legítimos ocupantes.

“Hay una familia que tiene atemorizado a todo barrio Gráfico. Algunos de sus integrantes están detenidos y otros tienen pedido de captura. Se dedican a la venta de estupefacientes al menudeo y también a las extorsiones”, indicó el fiscal.}

Carbone explicó además que la organización operaba sobre inmuebles usurpados que luego eran revendidos a personas de buena fe para posteriormente recuperarlos mediante amenazas y violencia. “También consumían y comercializaban drogas en estos lugares, en un contexto atravesado por delitos conexos”, afirmó.

El fiscal señaló además que uno de los homicidios registrados en abril ocurrió a pocos metros de los inmuebles intervenidos y remarcó que las inactivaciones son “fundamentales para desarticular estructuras criminales que condicionan la vida cotidiana de los vecinos”.

La Selección Argentina ya empezó a preparar todos los detalles para defender el título en el Copa Mundial de la FIFA 2026. En las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó el inicio de una obra especial en el hotel donde se alojará el plantel durante la competencia que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Se trata de la construcción de un gimnasio exclusivo para el equipo dirigido por Lionel Scaloni en la ciudad de Kansas City, elegida como base operativa de la Albiceleste durante la fase de grupos.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, compartió imágenes de los trabajos y celebró el avance de las obras a través de sus redes sociales.

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Cómo será el búnker argentino en Kansas City

La delegación argentina se instalará en el Origin Hotel Kansas City, un moderno complejo inaugurado en 2024 y que cuenta con 118 habitaciones.

Además, los familiares de los futbolistas se hospedarán en otro establecimiento cercano, el Sheraton Overland Park, mientras que las prácticas se desarrollarán en el Compass Minerals National Performance Center, predio perteneciente al Sporting Kansas City de la MLS.

La nueva estructura que se construye en el hotel permitirá que los jugadores tengan un espacio exclusivo para entrenamiento físico, recuperación muscular y trabajos específicos sin necesidad de trasladarse fuera del lugar de concentración.

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Un centro de entrenamiento de primer nivel

Desde la AFA destacaron que el predio elegido en Kansas City fue uno de los más completos evaluados durante las inspecciones previas al Mundial.

El complejo cuenta con vestuarios personalizados, salas de análisis táctico con tecnología audiovisual, áreas de hidroterapia con piletas de recuperación y un gimnasio equipado con máquinas de última generación y plataformas de fuerza.

La inspección de las instalaciones estuvo encabezada por integrantes del cuerpo técnico, el área médica y el preparador físico Luis Martín, quienes realizaron un informe detallado antes de aprobar la sede definitiva.

Según explicaron desde la AFA, la elección de Kansas City respondió principalmente a cuestiones logísticas y de comodidad para la delegación.

El calendario de Argentina en el Mundial 2026

La Selección integrará el Grupo J y tendrá su debut mundialista ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Luego, el equipo argentino deberá trasladarse a Dallas para enfrentar a Austria y Jordania en el AT&T Stadium los días 22 y 27 de junio respectivamente.

La planificación busca reducir al máximo el desgaste físico y optimizar los tiempos de recuperación en un torneo que tendrá grandes distancias entre sedes.

Además, Kansas City fue considerada una opción favorable por factores como menor congestión urbana, menos problemas de tránsito y temperaturas más moderadas en comparación con otras ciudades estadounidenses.

Mientras avanzan las obras y la organización logística, Scaloni ya trabaja sobre la prelista de 55 futbolistas con vistas a una nueva ilusión mundialista tras la consagración en Qatar 2022.

Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe y fiscales del Ministerio Público de la Acusación supervisaron este jueves un nuevo derribo de un búnker de venta de drogas en la ciudad. El procedimiento comenzó a las 8 en Falucho 597, en el marco de la Ley de Microtráfico.

Se trató de la inactivación número 115 en toda la provincia y la número 11 en el departamento Castellanos desde que la normativa fue sancionada por la Legislatura en diciembre de 2023 y promulgada durante la actual gestión provincial.

Estos derribos se desarrollaron desde principios de 2024, en el marco de un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía santafesina, con colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.

Desde entonces, se contempló la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles vinculados a situaciones de violencia altamente lesiva en distintos puntos del territorio provincial.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y en coordinación con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este miércoles el derribo de un búnker de venta de estupefacientes en la ciudad de Las Parejas, el primero en el departamento Belgrano.Se trata de la inactivación número 114 en todo el territorio provincial desde la implementación de la Ley de Microtráfico, promulgada a fines de 2023 en el marco de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Los procedimientos se desarrollan desde comienzos de 2024 mediante un trabajo articulado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía y, en algunos casos, fuerzas federales y gobiernos locales. 

La normativa contempla la clausura y demolición de puntos de venta de drogas y de inmuebles asociados a dinámicas de violencia altamente lesiva. Según fuentes oficiales, el objetivo es desarticular estructuras de narcomenudeo y reducir su impacto en barrios y zonas urbanas.El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó la relevancia del operativo al señalar que “este primer derribo en el departamento Belgrano muestra que se consolida el trabajo de investigación del Ministerio Público de la Acusación junto con el Ministerio de Justicia y Seguridad”. En esa línea, subrayó que la Ley de Microtráfico “resultó ser una herramienta clave para combatir el narcomenudeo, porque apunta a espacios donde se genera violencia”.Pereira advirtió que “la venta de estupefacientes es, en sí misma, una actividad violenta, especialmente cuando se instala en zonas residenciales cercanas a escuelas y clubes”. Además, indicó que tras la demolición se mantienen controles sobre el lugar para evitar nuevas ocupaciones. 

Por su parte, la fiscal Mercedes Banchio precisó que la investigación se inició a partir de denuncias vecinales y permitió documentar al menos siete maniobras vinculadas a la comercialización de drogas. 

Con esa evidencia se autorizó un allanamiento, en el que se secuestraron elementos para fraccionamiento, balanzas de precisión, más de 60 gramos de cocaína y más de 130 gramos de marihuana. 

La funcionaria judicial confirmó que hay personas identificadas con pedido de captura vigente. También indicó que un adulto permanece detenido y es investigado por su presunta participación en los hechos, mientras que menores fueron puestos a disposición de la Justicia correspondiente. Otros sospechosos continúan prófugos y, según la causa, serían quienes administraban el punto de venta.En relación con el inmueble, Banchio explicó que pertenece a un vecino que lo había alquilado de buena fe. “Con el tiempo detectó irregularidades en el pago y comenzó a sospechar de la actividad que se desarrollaba en el lugar, por lo que se puso a disposición de la Justicia y aportó información relevante para la investigación”, concluyó.

La causa que desarticuló un punto de venta de estupefacientes que operaba en el barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe terminó con dos hombres condenados.

En una audiencia de procedimiento abreviado celebrada en los tribunales locales, el juez penal Pablo Busaniche resolvió condenar a Santos Gabriel Ponce, de 52 años, y a su hijo Nicolás Juan Manuel Ponce, de 22, como coautores responsables del delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización".

El fallo fue el resultado de un acuerdo alcanzado entre el fiscal de la Unidad de Microtráfico, Arturo Haidar, y el abogado defensor Héctor Acuña. Ambos imputados, domiciliados en la Manzana 10 del mencionado barrio, admitieron su culpabilidad y aceptaron cumplir una pena de 4 años de prisión de ejecución efectiva, además del pago de una multa económica.

La resolución también dispuso el decomiso del dinero en efectivo y los elementos de fraccionamiento secuestrados, así como la destrucción de la droga incautada durante el allanamiento al búnker que comandaban.

La investigación permitió acreditar que los Ponce utilizaban su vivienda para el fraccionamiento y venta de cocaína y marihuana a consumidores directos. La fiscalía presentó evidencias que incluyeron filmaciones, actas de allanamiento y, fundamentalmente, el resultado del peritaje de los teléfonos celulares, donde quedaron registradas conversaciones que daban cuenta de la actividad ilícita.

Pese a que Nicolás Ponce intentó desvincular a su progenitor asumiendo toda la responsabilidad, las pruebas digitales confirmaron que ambos coordinaban las ventas.

La investigación comenzó a gestarse en agosto de 2025, cuando personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó tareas de observación en un pasillo ubicado en la intersección de las calles Estrada y Lisandro de la Torre.

Los agentes documentaron que diversas personas ingresaban allí y se dirigían a una vivienda de fachada amarilla, donde realizaban transacciones rápidas a través de una ventana antes de retirarse manipulando pequeños envoltorios.

El golpe definitivo se dio el 20 de septiembre de 2025, a la 1.15 de la madrugada, cuando se ejecutó una orden de allanamiento autorizada por el juez Sergio Carraro. En el interior de la finca, los investigadores hallaron un verdadero centro de fraccionamiento.

En la habitación de los padres, dentro de una campera negra sobre la cama, se incautó un paquete con 96 envoltorios de cocaína listos para la venta, que arrojaron un pesaje de 21,6 gramos. También secuestraron otros envoltorios esparcidos por el ambiente principal y el patio, además de una balanza de precisión y recortes de papel satinado utilizados para el embalaje.

Una de las pruebas clave fue el análisis de un teléfono Samsung A23 perteneciente a Ponce padre. Del peritaje digital surgieron diálogos directos con su hijo Nicolás bajo el usuario "Nicolasp", donde intercambiaban información logística sobre el stock de material y las ventas realizadas.

Esta evidencia fue crucial para sostener la coautoría, desestimando la versión inicial del hijo que pretendía exculpar a su padre, quien trabajaba como empleado en un organismo nacional.

El juez Busaniche impuso las condenas y ordenó que ambos permanezcan bajo custodia del Servicio Penitenciario hasta que la sentencia quede firme. La resolución no sólo cierra un foco de conflicto en Santa Rosa de Lima, sino que también ordena que el dinero decomisado sea destinado a la prevención y asistencia de adicciones, conforme lo establece la ley provincial.

La Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, derribó este jueves en Rosario el búnker N° 110 desde la sanción de la Ley de Microtráfico y que contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes en Santa Fe.El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, supervisó el derribo del búnker ubicado en calle Rodríguez 3827. El funcionario remarcó que “a poco más de dos años de la sanción de la Ley de Microtráfico, hoy estamos haciendo el derribo número 74 en la ciudad de Rosario y el 110 a nivel provincial, en una política que seguiremos llevando adelante”. 

Cococcioni contó que era un lugar que fue allanado en reiteradas ocasiones y que seguía siendo habitado por otras personas que perjudicaban la vida del barrio. “Las políticas de microtráfico las vamos a sostener y las estamos ampliando para que a través de la Fiscalía podamos tomar más investigaciones de estas bandas criminales que tanto mal le hacen a los santafesinos, para devolver tranquilidad”, afirmó.

Allanamientos previos

En tanto, el fiscal César Cabrera, de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), brindó más detalles al señalar que “era un reclamo sostenido por parte de los vecinos y era parte de investigación de la Unidad Especializada de Microtráfico que tiene la Fiscalía General en la zona, lo que hace a este lugar con una historia previa ya que un grupo criminal había tomado posesión del lugar y había sido apresado por hechos violentos”. “Luego de cuatro allanamientos y con las principales personas detenidas, la venta continuaba, por lo cual, mediante una audiencia donde se explicaron los motivos de derribo, se procedió a la inactivación que es la herramienta procesal que tenemos para poder cerrar un punto de violencia que afectaba a todo el barrio”, relató Cabrera.

Ley de Microtráfico

Con la intervención de este jueves en Rosario, se procedió al derribo número 110 en toda la provincia de Santa Fe, desde que la Ley de Microtráfico fue sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Estos derribos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia Provincial, la Policía de Santa Fe y la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.La Ley de Microtráfico permite combatir el crimen organizado y brindar mayor seguridad a los habitantes de todo el territorio santafesino. Desde entonces se contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, en todo el territorio de la provincia de Santa Fe.

El Gobierno de Santa Fe llevó adelante este martes un nuevo derribo de un búnker narco en Rosario, en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico. El procedimiento se concretó en calle Garibaldi al 200, en la zona sur de la ciudad.

Con esta intervención, ya son 109 los puntos de venta de estupefacientes inactivados en la provincia desde la implementación de la normativa, sancionada a fines de 2023 y promulgada en 2024.

El operativo fue supervisado por el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, junto a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Brenda Debiasi.

Según informaron fuentes oficiales, la causa permitió detener a 15 personas vinculadas a una organización dedicada al narcomenudeo.

La fiscal Debiasi explicó que la investigación comenzó en septiembre del año pasado y se centró en distintos sectores del barrio Tablada, donde se detectó el funcionamiento de una estructura criminal organizada.

“Se identificó una organización integrada por al menos 15 personas que operaban de manera coordinada en la venta de estupefacientes y en hechos de violencia vinculados al control territorial”, detalló.

Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad secuestraron:

Además, se estableció que la organización estaría involucrada en al menos cuatro balaceras, una de ellas con personas heridas.

La investigación también permitió identificar a la principal referente de la banda, una mujer conocida como “La Picota”, quien ya se encuentra imputada.

Según indicaron, la estructura contaba con vínculos familiares entre sus integrantes y conexiones con otros puntos de venta de drogas, incluyendo un búnker cercano que también fue derribado.

El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó que el procedimiento “consolida el trabajo conjunto con el MPA para combatir la violencia que generan estos espacios ilegales” y subrayó que estas acciones permiten “recuperar la tranquilidad en los barrios”.

Los operativos de inactivación de búnkeres se desarrollan desde principios de 2024 mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales.

El objetivo central es desarticular el narcomenudeo y reducir los focos de violencia en el territorio.

Con la cuenta regresiva ya en marcha rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina comenzó a definir los detalles logísticos que acompañarán su participación en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. En ese marco, quedó confirmado que el equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá su campamento base en Kansas City, ciudad estadounidense que albergará buena parte de la actividad albiceleste en la fase de grupos.

El torneo se pondrá en marcha el 11 de junio, y Argentina llegará como campeona vigente con el objetivo de ir en busca de la cuarta estrella. Antes de eso, el conjunto nacional afrontará en marzo sus últimos compromisos preparatorios, con la Finalissima ante España como uno de los principales desafíos.

La decisión de instalarse en Kansas City responde principalmente a la cercanía con los escenarios donde la Selección disputará sus partidos del Grupo J. El debut será el 16 de junio en el Arrowhead Stadium, frente a Argelia. Luego, el equipo viajará a Dallas para enfrentar a Austria el 22, y cerrará la fase inicial nuevamente en Kansas City el 27 de junio, ante Jordania.

Esta logística permitió reducir traslados y optimizar tiempos de descanso y preparación, un aspecto clave en torneos de alta exigencia.

Centro de entrenamiento de clase mundial

Durante su estadía, los campeones del mundo entrenarán en el Compass Minerals National Performance Center, el centro de alto rendimiento del Sporting Kansas City, inaugurado en 2017. El complejo cuenta con tres canchas de césped natural y dos de césped sintético, todas de dimensiones reglamentarias e iluminación LED.

Además, dispone de un moderno pabellón de entrenadores, salas de análisis, aulas, plataformas de observación y un completo laboratorio de rendimiento deportivo, con áreas de neuropsicología, crioterapia, cámaras hiperbáricas, gimnasio de alto rendimiento y espacios de recuperación.

El predio es considerado uno de los más avanzados de Estados Unidos y funciona en conjunto con la U.S. Soccer y el Children’s Mercy Sports Medicine Center, referencia en medicina deportiva.

Alojamiento confirmado

En cuanto al hospedaje, la delegación argentina se alojará en el Hotel Origin, ubicado en el centro de Kansas City. La FIFA lo seleccionó como una de las mejores opciones para selecciones nacionales durante la Copa del Mundo. El hotel se encuentra a unos 30 kilómetros del centro de entrenamiento, a menos de 10 kilómetros de la Universidad del Sistema de Salud de Kansas City y a poco más de 29 kilómetros del aeropuerto internacional.

Según trascendió, el establecimiento está completamente reservado entre junio y julio de 2026, período que coincide con el desarrollo del Mundial, y se presenta como una opción boutique con valor histórico para la ciudad.

Argentina no será la única selección que eligió esta región como base. Inglaterra, Países Bajos y Argelia también concentrarán en el área metropolitana de Kansas City, utilizando distintos complejos deportivos.

En el marco de la Ley de Microtráfico, funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) supervisaron este miércoles el derribo de búnker de venta de estupefacientes número 102 en toda la provincia. La intervención se llevó a cabo en Pasaje 528 al 6467, barrio Las Flores, de la ciudad de Rosario.  

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, indicó que “este es el segundo derribo de búnker en el año. Esta herramienta que nos permite avanzar en el combate contra el delito tiene que ver con un trabajo de investigación, de inteligencia y de análisis, junto con la presentación del caso por parte de la Fiscalía y que finaliza con la inactivación del punto de venta, en la modalidad de derribo”, explicó. 

En ese sentido, el funcionario remarcó “la importancia de la inactivación de estos puntos de venta que tienen que ver con los inicios de la economía del delito, el narcomenudeo, etapa donde comienza el movimiento de esa venta”. 

Por su parte, el fiscal Cesar Pierantoni señaló que “este derribo es muy importante porque está directamente vinculado a Dylan Cantero, a Mariana Cantero y a su grupo criminal” -en referencia a la banda narco Los Monos- que utilizaban este lugar para guardar drogas, cartuchos de armas de fuego y vehículos como una camioneta Hilux y motos, además de documentación de interés para la causa. Es decir, el domicilio no estaba habitado pero era utilizado para actividades delictivas”. 

Asimismo, recordó que “durante el primer allanamiento que hicimos en este domicilio -en marzo de 2025- secuestramos 2 kilogramos de cocaína, 700 gramos de marihuana, elementos que estaban destinados al fraccionamiento de la droga”, y destacó el éxito de operación gracias a “la intervención conjunta del Comando Radioeléctrico -en procedimientos en flagrancia-, de la PDI (Policía de Investigaciones de la Provincia) y de la Policía Federal, con la coordinación de la Unidad de Microtráfico de la Fiscalía General”. 

En ese aspecto, Pereira añadió que “estamos trabajando permanentemente con las fuerzas federales; avanzando junto con Fiscalía en lo referente a investigaciones y allanamientos para aplicar medidas concretas que les demuestren a los delincuentes que el Estado está presente para combatir al delito”. 

Los derribos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia Provincial, la Policía de Santa Fe y la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales, a partir de la sanción de esta norma por parte de la Legislatura Provincial -a fines de 2023- y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

De esta manera la Ley de Microtráfico permite combatir el crimen organizado y brindar mayor seguridad a los habitantes de todo el territorio santafesino. Desde entonces se contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, en todo el territorio de la provincia.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, derribó este viernes en Rosario el búnker N° 101 desde la sanción de la Ley de Microtráfico (aprobada hace 2 años), que sirvió como herramienta para desactivar en casi dos años un centenar de puntos de venta de estupefacientes en todo el territorio santafesino.La propiedad se ubicaba en Hipólito Yrigoyen 1303 de esa ciudad, y sobre este nuevo derribo el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, valoró que “cada vez que se inactiva un búnker se nota rápidamente el descenso de la violencia”, y mencionó al respecto la importancia de la Ley de Microtráfico, no solo por los números (101 búnkeres derribados), sino porque “en el seguimiento posterior al derribo vamos notando cómo incide en la reducción de la violencia en la zona, que es el espíritu de la ley. En definitiva, el atacar estos puntos no solamente tiene que ver con la venta de droga al menudeo, sino con la violencia que genera en el entorno: muertes, tiroteos, balaceras, y el riesgo para la población que vive en el barrio, y creo que ese es el resultado más importante, que esta herramienta ha permitido pacificar los sectores aledaños de estos puntos que generan una violencia muy importante”.

Por su parte, Mercedes Banchio, fiscal de la Unidad de Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), explicó que “a este punto de venta lo pudimos identificar porque una de las personas que teníamos investigada fue aprehendida aquí con material estupefaciente en dosis dispuestas para la venta”, y agregó que la propiedad “no tenía formato de vivienda: en este lugar no había luz, ni agua, ni gas, no hay baño, no había ningún tipo de instalación que permitiera pasar más de unas horas, lo que nos permitió concluir que esto no era más que un lugar destinado a la venta, y era un lugar donde también había varios hechos vinculados a violencia altamente lesiva”.

La funcionaria judicial indicó también que "hoy hay nueve personas imputadas y una persona prófuga, incluso alguno de los imputados estaba en prisión en Piñero. A través de una investigación que llevó varios meses, se derivó en 20 allanamientos simultáneos, incluso requisas en los lugares de detención. El caso fue por comercio de estupefacientes organizado y hay una vinculación con alguna fracción de lo que conocemos hoy como la banda de Los Menores", concluyó.

La de este viernes en Rosario fue la inactivación número 101 en toda la provincia de Santa Fe, desde que la Ley de Microtráfico fue sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Estos derribos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia Provincial, la Policía de Santa Fe y la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.La Ley de Microtráfico permite combatir el crimen organizado y brindar mayor seguridad a los habitantes de todo el territorio santafesino. Desde entonces se contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, en todo el territorio de la provincia de Santa Fe.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, efectivizó este lunes el derribo del búnker N°100 desde que se implementó, hace dos años, la Ley de Microtráfico. Este punto de venta de estupefacientes se encontraba en calle Pavón 568 de la ciudad de Venado Tuerto (departamento General López). “Ayer se cumplieron 2 años de vigencia de la Ley de Microtráfico, una herramienta que nos ha dado una respuesta frente a una situación que asolaba a muchísimas localidades”, recordó Cococcioni, quien aseguró que esta norma “nos está permitiendo dar una respuesta inmediata, efectiva, y trabajar en coordinación con la fiscalía”.

Sobre la problemática, el funcionario provincial insistió en que esta ley es “fundamental en la política de seguridad, porque donde hay venta barrial de estupefacientes, hay uso de armas, hay personas con antecedentes, hay comisión de otros delitos, hay robos, hay robo para comprar estupefacientes, hay promoción de la prostitución. Alrededor de cada punto de venta de droga se potencia la probabilidad de comisión de otros delitos y empeora la calidad de vida de la gente”, y por eso “cada búnker derribado es un poco más de tranquilidad que devolvemos a los santafesinos, y es un pedazo de nuestro territorio que vuelve a controlar nuestra policía y no está en manos de los delincuentes”.

En ese sentido, el ministro aseveró que “nosotros hemos enfocado como prioridad el microtráfico, porque acá no estamos hablando solamente del tráfico de droga, sino de los otros delitos que genera y que en algunos lugares generaba muchísima violencia”; y recordó al respecto que “la semana pasada se presentó la nueva Unidad Fiscal Especial de Microtráfico a nivel provincial, que va a tomar el tema y coordinarlo en toda la provincia con cada una de las fiscalías regionales”, concluyó.

Las intervenciones vinculadas a la Ley de Microtráfico se desarrollan de manera sostenida desde comienzos de 2024. El abordaje contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, con el objetivo de desarticular estructuras del narcotráfico a escala barrial. El trabajo coordinado entre el Gobierno, el MPA y los municipios y comunas constituye una herramienta clave para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad en todo el territorio santafesino.

Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, junto con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisaron este jueves un nuevo derribo de un búnker de venta de drogas en el marco de la Ley de Microtráfico. 

El operativo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en Juan de Garay 498, casi esquina Güemes, en la localidad de Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo.Se trata de la inactivación número 98 concretada en todo el territorio provincial y la número 13 en el departamento San Lorenzo, desde que la Ley de Microtráfico fue sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por el gobierno de Maximiliano Pullaro.

Durante el procedimiento, el coordinador técnico de la Secretaría de Seguridad Pública, Toribio Aranda, señaló que se trata del “primer búnker de venta de estupefacientes derribado en la localidad de Capitán Bermúdez”, y remarcó que “ya son 13 los inactivados en el departamento San Lorenzo”. Además, explicó que el inmueble demolido “no estaba habitado y presentaba un marcado deterioro estructural, con sectores dañados que lo convertían en un riesgo tanto para las viviendas linderas como para quienes transitaban por la zona, ante la posibilidad de derrumbes”.

La  fiscal Brenda Debiasi, integrante del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, precisó que la investigación se inició a partir de denuncias realizadas por vecinos, quienes advirtieron sobre la presunta comercialización de estupefacientes en el lugar. “A partir de esas denuncias se realizaron tareas de campo en conjunto con la Policía de Investigaciones, que permitieron detectar movimientos compatibles con la venta de drogas”, indicó.

En función de esas evidencias, se solicitó una orden de allanamiento. “Durante el procedimiento se constató que el inmueble no reunía condiciones de habitabilidad y se hallaron elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes, que fueron secuestrados, al igual que teléfonos celulares. No hubo personas detenidas en la causa”, detalló la fiscal.

A su turno, la fiscal coordinadora Marianela Luna recordó que las denuncias pueden realizarse “en las dependencias del Ministerio Público de la Acusación, en comisarías, a través del 911, en los Centros de Denuncias o mediante los buzones de la vida disponibles en distintas localidades”.

Las intervenciones vinculadas a la Ley de Microtráfico se desarrollan de manera sostenida desde comienzos de 2024, en el marco de un trabajo articulado entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía de la Provincia, fuerzas federales y los gobiernos locales.El abordaje contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, con el objetivo de desarticular estructuras del narcotráfico a escala barrial.Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el trabajo coordinado entre el Gobierno, el MPA y los municipios y comunas constituye una herramienta clave para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad en todo el territorio santafesino.

Este lunes fue derribado un nuevo búnker en el que se comercializaban estupefacientes en la ciudad de Rosario, ante la atenta mirada de autoridades del gobierno de la provincia.

La intervención se realizó en un inmueble de calle Magaldi al 8700, en el barrio Gráfico. Es la número 58 en la gran ciudad del sur provincial y la 97 en todo el territorio santafesino desde la promulgación de la Ley de Microtráfico.

“El operativo fue coordinado por el Ministerio de Justicia y Seguridad, junto con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y se enmarca en la estrategia integral para desarticular puntos de venta de droga al menudeo y reducir la violencia asociada a estas organizaciones criminales”, se explicó en un parte de prensa.

Durante la supervisión del procedimiento, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, subrayó los resultados del trabajo sostenido contra el microtráfico.

“Es una política que está dando resultados concretos en la reducción de la violencia altamente lesiva que se vivía en las calles, en un contexto marcado por la sensación de impunidad”, afirmó.

En ese sentido, Santantino recordó que Rosario atravesó “los dos años más violentos de su historia reciente, en 2022 y 2023”, con una tasa de homicidios fuertemente asociada, por un lado, a deficiencias en el control del sistema penitenciario y, por otro, a la libertad de acción de organizaciones criminales en los barrios.

“Esa situación se ha revertido de manera clara a partir del trabajo articulado entre el Ministerio Público de la Acusación y el Poder Ejecutivo provincial”, remarcó.

Por su parte, la fiscal Alejandra Raigal brindó precisiones sobre la investigación judicial que derivó en el derribo del inmueble. Explicó que el búnker pertenecía a varias personas que estaban siendo investigadas, dos de las cuales se encuentran actualmente detenidas con prisión preventiva.

“La causa se inició a partir de numerosos llamados al 911 y de informes policiales. Tras los allanamientos, se secuestraron estupefacientes y se corroboró la existencia de un punto fijo de venta”, detalló.

La fiscal indicó además que el lugar funcionaba como puesto de venta desde marzo de este año y que estaba vinculado a distintos episodios de violencia armada. Entre ellos, mencionó un homicidio ocurrido tiempo atrás y otras situaciones de violencia altamente lesiva relacionadas con el uso de armas de fuego.

Las personas detenidas están imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y presentan antecedentes por amenazas, tenencia de armas de guerra y, en uno de los casos, por un hecho de robo.

Desde el inicio de la actual gestión provincial, ya se concretaron 97 inactivaciones de puntos de venta de estupefacientes en distintas localidades de Santa Fe.

Estas intervenciones forman parte de la aplicación de la Ley de Microtráfico, aprobada por la Legislatura provincial a fines de 2023, que transfirió a los fiscales del MPA la competencia para investigar los delitos de narcomenudeo, anteriormente a cargo de la Justicia Federal.

“La normativa permitió acelerar investigaciones, intervenir de manera más directa en los territorios y avanzar en el desmantelamiento de estructuras criminales que operaban a escala barrial, con impacto directo en los niveles de violencia urbana”, concluyó el comunicado

El Litoral

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe concretó este jueves la demolición de un búnker de venta de estupefacientes en calle Fournier 1276, en la ciudad de San Lorenzo, en el marco de las acciones impulsadas por la Ley de Microtráfico. Con esta intervención ya son 96 los puntos de venta de drogas inactivados en todo el territorio santafesino, desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

 En el departamento San Lorenzo se contabilizan 11 derribos, consolidando una línea sostenida de trabajo contra el narcomenudeo y la violencia asociada.El operativo estuvo supervisado por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En el lugar, el secretario de Seguridad, Omar Pereira, remarcó que “continuamos el trabajo iniciado el año pasado con la promulgación de la Ley de Microtráfico. Esta acción reafirma la coordinación con el MPA en la investigación y con el Ministerio en la tarea técnica que permite estos derribos”.

Detalló que el inmueble presentaba dos sectores operativos: una estructura frontal y una segunda habitación ubicada al fondo del lote.El fiscal Maximiliano Nicosia explicó que “la investigación se inició en septiembre, con el apoyo de la Policía de Santa Fe. Identificamos esta vivienda como un punto fijo de venta, con rotación de actores, secuestramos estupefacientes y hubo detenidos. Primero se dispuso el cerramiento preventivo, pero luego avanzamos hacia el cese del estado antijurídico para habilitar el derribo”.

Indicó también que se trataba de “un foco de violencia altamente lesiva para el barrio”, y confirmó que hay dos personas detenidas y 150 dosis de estupefacientes secuestradas.

A su vez, la fiscal Natalia Benvenuto subrayó la relevancia de seguir desarticulando espacios de expendio y pidió sostener la participación ciudadana: “La manera más inmediata y anónima de denunciar es el 911. También pueden utilizarse los Centros de Denuncias, la fiscalía o los canales web del MPA para aportar información que permita actuar con rapidez y eficacia”.

La Ley de Microtráfico -sancionada a fines de 2023 y promulgada al comienzo de la actual gestión provincial- autoriza la inactivación y derribo de inmuebles vinculados al narcomenudeo y a hechos de violencia grave. La implementación se desarrolla desde principios de 2024 con un esquema integrado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía, fuerzas federales y gobiernos locales.El objetivo central es reducir la actividad criminal, desarticular nodos territoriales y mejorar la seguridad en los barrios de toda la provincia.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, realizó este martes y miércoles un total de 14 allanamientos en la ciudad de Rafaela, en el marco de una causa que investiga una tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y balaceras en el barrio 2 de Abril. Además fueron derribados cuatro búnkeres de venta de droga en Frontera, también en departamento Castellanos. Con esta cifra llegan a 86 los búnkeres inactivados o derribados en territorio santafesino. 

Respecto a lo primero, los allanamiento en barrio 2 de Abril de Rafaela, como resultado de las tareas investigativas y de los operativos realizados en distintos domicilios “se logró apresar al principal sospechoso del hecho ocurrido el domingo (por el cual un hombre recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza y se encuentra internado en el Hospital Cullen de Santa Fe), además de otras tres personas que también resultaron detenidas por portación de arma de fuego y balaceras”.

En el lugar los efectivos secuestraron cartuchos de diversos calibres, cocaína fraccionada en envoltorios para comercializar, marihuana, 3 cartuchos calibre 9 mm, réplica de pistola de aire comprimido, escopetas, aires comprimidos, un chaleco y elementos policiales, plantas de marihuana y $ 126.000 en efectivo y “elementos de interés para la causa que se investiga”, explicó el subsecretario de Investigación Criminal, Marcelo Albornoz.

Por otra parte, en el marco de la Ley de Microtráfico, cuatro búnkeres vinculados a violencias altamente lesivas y a la comercialización de drogas fueron derribados este miércoles por la mañana en Frontera, más precisamente en el barrio Colegiales, en un sector conocido como El Eucaliptal. 

Los procedimientos se llevaron adelante, “a partir de una investigación llevada a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) en un trabajo coordinado por la fiscal Analía Elizabeth Abreu tras haber realizado allanamientos en estos cuatro lugares donde se procedió a la detención de varias personas y el secuestro de estupefacientes, por lo que en audiencia la semana pasada se solicitó la demolición de estos puntos de venta de drogas”, explicó en el lugar el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte. 

El fiscal Franco Carbone, en tanto, destacó que “en la provincia llevamos más de 80 en estos casi dos años de implementación de la Ley de Microtráfico” y en Frontera concretamente “llevamos 9 derribados”, por lo cual valoró “el trabajo coordinado desde la Fiscalía General, la Fiscalía Regional de Rafaela y el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe en una lucha incesante contra el crimen y la venta de drogas en todo el territorio”.

El Gobierno de Santa Fe, en el marco de la Ley de Microtráfico, inactivó otro búnker de venta de droga en Rosario, donde ya son 52 los intervenidos y ascienden a 82 en la provincia. El trabajo conjunto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) permite combatir el crimen organizado y brindar mayor seguridad a los habitantes de todo el territorio santafesino.

La intervención se realizó este viernes a la mañana en un inmueble ubicado en Solís 3127 y estuvo supervisada por el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, y la fiscal Juliana González, representante MPA. 

En la ocasión, Santantino remarcó el trabajo conjunto con el MPA en el marco de la Ley de Microtráfico, y señaló que esta herramienta “es clara muestra de que es un eje central de la política de seguridad en cuanto a la incidencia en la baja de los indicadores de violencia altamente lesiva”.

Respecto al búnker inactivado, destacó que “este punto de venta no es algo de una banda del pasado, de algo que ya deja de ser una realidad en la ciudad, sino que es parte del presente, de personas que hoy son prófugas de alto perfil en la provincia de Santa Fe, que seguimos buscando, porque si hay algo que nos va a permitir sostener estos indicadores de violencia contenidos como hasta el día de hoy es esta política de trabajo conjunto con el MPA, una persecución penal estratégica inteligente para abordar la narcocriminalidad, y uno de sus efectos más nocivos, que es la circulación de violencia altamente lesiva”.

La fiscal Juliana González explicó que “la medida fue ordenada a pedido de la Fiscalía por el Colegio de Jueces Penales, en el marco de una causa en donde se investigan los delitos de extorsión, comercialización de estupefacientes y mercado ilegal de armas de fuego”.

En la actualidad, “se encuentran detenidas varias personas, oportunamente imputadas, y están cumpliendo prisión preventiva. Hay dos de ellas que se encuentran con pedido de captura”, agregó. Y detalló: “en el marco de la investigación y tras múltiples allanamientos que hemos realizado y otras medidas, en este domicilio se secuestró gran cantidad de estupefacientes: 400 dosis de cocaína que se encontraron fraccionadas y que estaban destinadas directa a la venta al menudeo”.

La Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva.

A través de la Ley de Microtráfico, estas intervenciones se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía provincial y la colaboración de los gobiernos locales.

La Municipalidad de Esperanza clausuró en las últimas horas una obra ilegal en el mismo terreno donde había sido demolido un búnker de drogas, ubicado en Providencia y Simón de Iriondo, en el barrio La Orilla de la mencionada ciudad.

El inmueble había sido derribado hace cinco meses en un operativo conjunto entre el municipio y el Gobierno de la provincia, en el marco de la política de Estado contra el narcomenudeo que impulsa la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Según informaron fuentes oficiales, la Policía de Investigaciones (PDI) había realizado en ese lugar diversos allanamientos en los últimos años, con personas detenidas por orden del fiscal Alejandro Benítez, acusadas de venta de estupefacientes.

Entre ellas se encontraba “La Sole” Morel, quien había sido arrestada junto a familiares y posteriormente obtuvo prisión domiciliaria. En los últimos días, inspectores municipales detectaron que en el mismo terreno se estaba levantando nuevamente una construcción, sin habilitación ni planos aprobados.

De inmediato, agentes municipales de Obras Públicas se hicieron presentes en el lugar, verificaron la irregularidad y procedieron a clausurar la obra y detener todos los trabajos. Fuentes comunales confirmaron que la construcción no contaba con autorización, y que la intervención se realizó en coordinación con la Policía local para evitar incidentes.