Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe y fiscales del Ministerio Público de la Acusación supervisaron este jueves un nuevo derribo de un búnker de venta de drogas en la ciudad. El procedimiento comenzó a las 8 en Falucho 597, en el marco de la Ley de Microtráfico.

Se trató de la inactivación número 115 en toda la provincia y la número 11 en el departamento Castellanos desde que la normativa fue sancionada por la Legislatura en diciembre de 2023 y promulgada durante la actual gestión provincial.

Estos derribos se desarrollaron desde principios de 2024, en el marco de un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía santafesina, con colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.

Desde entonces, se contempló la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles vinculados a situaciones de violencia altamente lesiva en distintos puntos del territorio provincial.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y en coordinación con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este miércoles el derribo de un búnker de venta de estupefacientes en la ciudad de Las Parejas, el primero en el departamento Belgrano.Se trata de la inactivación número 114 en todo el territorio provincial desde la implementación de la Ley de Microtráfico, promulgada a fines de 2023 en el marco de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Los procedimientos se desarrollan desde comienzos de 2024 mediante un trabajo articulado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía y, en algunos casos, fuerzas federales y gobiernos locales. 

La normativa contempla la clausura y demolición de puntos de venta de drogas y de inmuebles asociados a dinámicas de violencia altamente lesiva. Según fuentes oficiales, el objetivo es desarticular estructuras de narcomenudeo y reducir su impacto en barrios y zonas urbanas.El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó la relevancia del operativo al señalar que “este primer derribo en el departamento Belgrano muestra que se consolida el trabajo de investigación del Ministerio Público de la Acusación junto con el Ministerio de Justicia y Seguridad”. En esa línea, subrayó que la Ley de Microtráfico “resultó ser una herramienta clave para combatir el narcomenudeo, porque apunta a espacios donde se genera violencia”.Pereira advirtió que “la venta de estupefacientes es, en sí misma, una actividad violenta, especialmente cuando se instala en zonas residenciales cercanas a escuelas y clubes”. Además, indicó que tras la demolición se mantienen controles sobre el lugar para evitar nuevas ocupaciones. 

Por su parte, la fiscal Mercedes Banchio precisó que la investigación se inició a partir de denuncias vecinales y permitió documentar al menos siete maniobras vinculadas a la comercialización de drogas. 

Con esa evidencia se autorizó un allanamiento, en el que se secuestraron elementos para fraccionamiento, balanzas de precisión, más de 60 gramos de cocaína y más de 130 gramos de marihuana. 

La funcionaria judicial confirmó que hay personas identificadas con pedido de captura vigente. También indicó que un adulto permanece detenido y es investigado por su presunta participación en los hechos, mientras que menores fueron puestos a disposición de la Justicia correspondiente. Otros sospechosos continúan prófugos y, según la causa, serían quienes administraban el punto de venta.En relación con el inmueble, Banchio explicó que pertenece a un vecino que lo había alquilado de buena fe. “Con el tiempo detectó irregularidades en el pago y comenzó a sospechar de la actividad que se desarrollaba en el lugar, por lo que se puso a disposición de la Justicia y aportó información relevante para la investigación”, concluyó.

La causa que desarticuló un punto de venta de estupefacientes que operaba en el barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe terminó con dos hombres condenados.

En una audiencia de procedimiento abreviado celebrada en los tribunales locales, el juez penal Pablo Busaniche resolvió condenar a Santos Gabriel Ponce, de 52 años, y a su hijo Nicolás Juan Manuel Ponce, de 22, como coautores responsables del delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización".

El fallo fue el resultado de un acuerdo alcanzado entre el fiscal de la Unidad de Microtráfico, Arturo Haidar, y el abogado defensor Héctor Acuña. Ambos imputados, domiciliados en la Manzana 10 del mencionado barrio, admitieron su culpabilidad y aceptaron cumplir una pena de 4 años de prisión de ejecución efectiva, además del pago de una multa económica.

La resolución también dispuso el decomiso del dinero en efectivo y los elementos de fraccionamiento secuestrados, así como la destrucción de la droga incautada durante el allanamiento al búnker que comandaban.

La investigación permitió acreditar que los Ponce utilizaban su vivienda para el fraccionamiento y venta de cocaína y marihuana a consumidores directos. La fiscalía presentó evidencias que incluyeron filmaciones, actas de allanamiento y, fundamentalmente, el resultado del peritaje de los teléfonos celulares, donde quedaron registradas conversaciones que daban cuenta de la actividad ilícita.

Pese a que Nicolás Ponce intentó desvincular a su progenitor asumiendo toda la responsabilidad, las pruebas digitales confirmaron que ambos coordinaban las ventas.

La investigación comenzó a gestarse en agosto de 2025, cuando personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó tareas de observación en un pasillo ubicado en la intersección de las calles Estrada y Lisandro de la Torre.

Los agentes documentaron que diversas personas ingresaban allí y se dirigían a una vivienda de fachada amarilla, donde realizaban transacciones rápidas a través de una ventana antes de retirarse manipulando pequeños envoltorios.

El golpe definitivo se dio el 20 de septiembre de 2025, a la 1.15 de la madrugada, cuando se ejecutó una orden de allanamiento autorizada por el juez Sergio Carraro. En el interior de la finca, los investigadores hallaron un verdadero centro de fraccionamiento.

En la habitación de los padres, dentro de una campera negra sobre la cama, se incautó un paquete con 96 envoltorios de cocaína listos para la venta, que arrojaron un pesaje de 21,6 gramos. También secuestraron otros envoltorios esparcidos por el ambiente principal y el patio, además de una balanza de precisión y recortes de papel satinado utilizados para el embalaje.

Una de las pruebas clave fue el análisis de un teléfono Samsung A23 perteneciente a Ponce padre. Del peritaje digital surgieron diálogos directos con su hijo Nicolás bajo el usuario "Nicolasp", donde intercambiaban información logística sobre el stock de material y las ventas realizadas.

Esta evidencia fue crucial para sostener la coautoría, desestimando la versión inicial del hijo que pretendía exculpar a su padre, quien trabajaba como empleado en un organismo nacional.

El juez Busaniche impuso las condenas y ordenó que ambos permanezcan bajo custodia del Servicio Penitenciario hasta que la sentencia quede firme. La resolución no sólo cierra un foco de conflicto en Santa Rosa de Lima, sino que también ordena que el dinero decomisado sea destinado a la prevención y asistencia de adicciones, conforme lo establece la ley provincial.

La Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, derribó este jueves en Rosario el búnker N° 110 desde la sanción de la Ley de Microtráfico y que contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes en Santa Fe.El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, supervisó el derribo del búnker ubicado en calle Rodríguez 3827. El funcionario remarcó que “a poco más de dos años de la sanción de la Ley de Microtráfico, hoy estamos haciendo el derribo número 74 en la ciudad de Rosario y el 110 a nivel provincial, en una política que seguiremos llevando adelante”. 

Cococcioni contó que era un lugar que fue allanado en reiteradas ocasiones y que seguía siendo habitado por otras personas que perjudicaban la vida del barrio. “Las políticas de microtráfico las vamos a sostener y las estamos ampliando para que a través de la Fiscalía podamos tomar más investigaciones de estas bandas criminales que tanto mal le hacen a los santafesinos, para devolver tranquilidad”, afirmó.

Allanamientos previos

En tanto, el fiscal César Cabrera, de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), brindó más detalles al señalar que “era un reclamo sostenido por parte de los vecinos y era parte de investigación de la Unidad Especializada de Microtráfico que tiene la Fiscalía General en la zona, lo que hace a este lugar con una historia previa ya que un grupo criminal había tomado posesión del lugar y había sido apresado por hechos violentos”. “Luego de cuatro allanamientos y con las principales personas detenidas, la venta continuaba, por lo cual, mediante una audiencia donde se explicaron los motivos de derribo, se procedió a la inactivación que es la herramienta procesal que tenemos para poder cerrar un punto de violencia que afectaba a todo el barrio”, relató Cabrera.

Ley de Microtráfico

Con la intervención de este jueves en Rosario, se procedió al derribo número 110 en toda la provincia de Santa Fe, desde que la Ley de Microtráfico fue sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Estos derribos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia Provincial, la Policía de Santa Fe y la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.La Ley de Microtráfico permite combatir el crimen organizado y brindar mayor seguridad a los habitantes de todo el territorio santafesino. Desde entonces se contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, en todo el territorio de la provincia de Santa Fe.

El Gobierno de Santa Fe llevó adelante este martes un nuevo derribo de un búnker narco en Rosario, en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico. El procedimiento se concretó en calle Garibaldi al 200, en la zona sur de la ciudad.

Con esta intervención, ya son 109 los puntos de venta de estupefacientes inactivados en la provincia desde la implementación de la normativa, sancionada a fines de 2023 y promulgada en 2024.

El operativo fue supervisado por el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, junto a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Brenda Debiasi.

Según informaron fuentes oficiales, la causa permitió detener a 15 personas vinculadas a una organización dedicada al narcomenudeo.

La fiscal Debiasi explicó que la investigación comenzó en septiembre del año pasado y se centró en distintos sectores del barrio Tablada, donde se detectó el funcionamiento de una estructura criminal organizada.

“Se identificó una organización integrada por al menos 15 personas que operaban de manera coordinada en la venta de estupefacientes y en hechos de violencia vinculados al control territorial”, detalló.

Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad secuestraron:

Además, se estableció que la organización estaría involucrada en al menos cuatro balaceras, una de ellas con personas heridas.

La investigación también permitió identificar a la principal referente de la banda, una mujer conocida como “La Picota”, quien ya se encuentra imputada.

Según indicaron, la estructura contaba con vínculos familiares entre sus integrantes y conexiones con otros puntos de venta de drogas, incluyendo un búnker cercano que también fue derribado.

El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó que el procedimiento “consolida el trabajo conjunto con el MPA para combatir la violencia que generan estos espacios ilegales” y subrayó que estas acciones permiten “recuperar la tranquilidad en los barrios”.

Los operativos de inactivación de búnkeres se desarrollan desde principios de 2024 mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el MPA, la Justicia, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales.

El objetivo central es desarticular el narcomenudeo y reducir los focos de violencia en el territorio.

Con la cuenta regresiva ya en marcha rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina comenzó a definir los detalles logísticos que acompañarán su participación en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. En ese marco, quedó confirmado que el equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá su campamento base en Kansas City, ciudad estadounidense que albergará buena parte de la actividad albiceleste en la fase de grupos.

El torneo se pondrá en marcha el 11 de junio, y Argentina llegará como campeona vigente con el objetivo de ir en busca de la cuarta estrella. Antes de eso, el conjunto nacional afrontará en marzo sus últimos compromisos preparatorios, con la Finalissima ante España como uno de los principales desafíos.

La decisión de instalarse en Kansas City responde principalmente a la cercanía con los escenarios donde la Selección disputará sus partidos del Grupo J. El debut será el 16 de junio en el Arrowhead Stadium, frente a Argelia. Luego, el equipo viajará a Dallas para enfrentar a Austria el 22, y cerrará la fase inicial nuevamente en Kansas City el 27 de junio, ante Jordania.

Esta logística permitió reducir traslados y optimizar tiempos de descanso y preparación, un aspecto clave en torneos de alta exigencia.

Centro de entrenamiento de clase mundial

Durante su estadía, los campeones del mundo entrenarán en el Compass Minerals National Performance Center, el centro de alto rendimiento del Sporting Kansas City, inaugurado en 2017. El complejo cuenta con tres canchas de césped natural y dos de césped sintético, todas de dimensiones reglamentarias e iluminación LED.

Además, dispone de un moderno pabellón de entrenadores, salas de análisis, aulas, plataformas de observación y un completo laboratorio de rendimiento deportivo, con áreas de neuropsicología, crioterapia, cámaras hiperbáricas, gimnasio de alto rendimiento y espacios de recuperación.

El predio es considerado uno de los más avanzados de Estados Unidos y funciona en conjunto con la U.S. Soccer y el Children’s Mercy Sports Medicine Center, referencia en medicina deportiva.

Alojamiento confirmado

En cuanto al hospedaje, la delegación argentina se alojará en el Hotel Origin, ubicado en el centro de Kansas City. La FIFA lo seleccionó como una de las mejores opciones para selecciones nacionales durante la Copa del Mundo. El hotel se encuentra a unos 30 kilómetros del centro de entrenamiento, a menos de 10 kilómetros de la Universidad del Sistema de Salud de Kansas City y a poco más de 29 kilómetros del aeropuerto internacional.

Según trascendió, el establecimiento está completamente reservado entre junio y julio de 2026, período que coincide con el desarrollo del Mundial, y se presenta como una opción boutique con valor histórico para la ciudad.

Argentina no será la única selección que eligió esta región como base. Inglaterra, Países Bajos y Argelia también concentrarán en el área metropolitana de Kansas City, utilizando distintos complejos deportivos.

En el marco de la Ley de Microtráfico, funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe y fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) supervisaron este miércoles el derribo de búnker de venta de estupefacientes número 102 en toda la provincia. La intervención se llevó a cabo en Pasaje 528 al 6467, barrio Las Flores, de la ciudad de Rosario.  

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, indicó que “este es el segundo derribo de búnker en el año. Esta herramienta que nos permite avanzar en el combate contra el delito tiene que ver con un trabajo de investigación, de inteligencia y de análisis, junto con la presentación del caso por parte de la Fiscalía y que finaliza con la inactivación del punto de venta, en la modalidad de derribo”, explicó. 

En ese sentido, el funcionario remarcó “la importancia de la inactivación de estos puntos de venta que tienen que ver con los inicios de la economía del delito, el narcomenudeo, etapa donde comienza el movimiento de esa venta”. 

Por su parte, el fiscal Cesar Pierantoni señaló que “este derribo es muy importante porque está directamente vinculado a Dylan Cantero, a Mariana Cantero y a su grupo criminal” -en referencia a la banda narco Los Monos- que utilizaban este lugar para guardar drogas, cartuchos de armas de fuego y vehículos como una camioneta Hilux y motos, además de documentación de interés para la causa. Es decir, el domicilio no estaba habitado pero era utilizado para actividades delictivas”. 

Asimismo, recordó que “durante el primer allanamiento que hicimos en este domicilio -en marzo de 2025- secuestramos 2 kilogramos de cocaína, 700 gramos de marihuana, elementos que estaban destinados al fraccionamiento de la droga”, y destacó el éxito de operación gracias a “la intervención conjunta del Comando Radioeléctrico -en procedimientos en flagrancia-, de la PDI (Policía de Investigaciones de la Provincia) y de la Policía Federal, con la coordinación de la Unidad de Microtráfico de la Fiscalía General”. 

En ese aspecto, Pereira añadió que “estamos trabajando permanentemente con las fuerzas federales; avanzando junto con Fiscalía en lo referente a investigaciones y allanamientos para aplicar medidas concretas que les demuestren a los delincuentes que el Estado está presente para combatir al delito”. 

Los derribos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia Provincial, la Policía de Santa Fe y la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales, a partir de la sanción de esta norma por parte de la Legislatura Provincial -a fines de 2023- y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

De esta manera la Ley de Microtráfico permite combatir el crimen organizado y brindar mayor seguridad a los habitantes de todo el territorio santafesino. Desde entonces se contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, en todo el territorio de la provincia.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, derribó este viernes en Rosario el búnker N° 101 desde la sanción de la Ley de Microtráfico (aprobada hace 2 años), que sirvió como herramienta para desactivar en casi dos años un centenar de puntos de venta de estupefacientes en todo el territorio santafesino.La propiedad se ubicaba en Hipólito Yrigoyen 1303 de esa ciudad, y sobre este nuevo derribo el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, valoró que “cada vez que se inactiva un búnker se nota rápidamente el descenso de la violencia”, y mencionó al respecto la importancia de la Ley de Microtráfico, no solo por los números (101 búnkeres derribados), sino porque “en el seguimiento posterior al derribo vamos notando cómo incide en la reducción de la violencia en la zona, que es el espíritu de la ley. En definitiva, el atacar estos puntos no solamente tiene que ver con la venta de droga al menudeo, sino con la violencia que genera en el entorno: muertes, tiroteos, balaceras, y el riesgo para la población que vive en el barrio, y creo que ese es el resultado más importante, que esta herramienta ha permitido pacificar los sectores aledaños de estos puntos que generan una violencia muy importante”.

Por su parte, Mercedes Banchio, fiscal de la Unidad de Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), explicó que “a este punto de venta lo pudimos identificar porque una de las personas que teníamos investigada fue aprehendida aquí con material estupefaciente en dosis dispuestas para la venta”, y agregó que la propiedad “no tenía formato de vivienda: en este lugar no había luz, ni agua, ni gas, no hay baño, no había ningún tipo de instalación que permitiera pasar más de unas horas, lo que nos permitió concluir que esto no era más que un lugar destinado a la venta, y era un lugar donde también había varios hechos vinculados a violencia altamente lesiva”.

La funcionaria judicial indicó también que "hoy hay nueve personas imputadas y una persona prófuga, incluso alguno de los imputados estaba en prisión en Piñero. A través de una investigación que llevó varios meses, se derivó en 20 allanamientos simultáneos, incluso requisas en los lugares de detención. El caso fue por comercio de estupefacientes organizado y hay una vinculación con alguna fracción de lo que conocemos hoy como la banda de Los Menores", concluyó.

La de este viernes en Rosario fue la inactivación número 101 en toda la provincia de Santa Fe, desde que la Ley de Microtráfico fue sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Estos derribos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia Provincial, la Policía de Santa Fe y la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.La Ley de Microtráfico permite combatir el crimen organizado y brindar mayor seguridad a los habitantes de todo el territorio santafesino. Desde entonces se contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, en todo el territorio de la provincia de Santa Fe.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, efectivizó este lunes el derribo del búnker N°100 desde que se implementó, hace dos años, la Ley de Microtráfico. Este punto de venta de estupefacientes se encontraba en calle Pavón 568 de la ciudad de Venado Tuerto (departamento General López). “Ayer se cumplieron 2 años de vigencia de la Ley de Microtráfico, una herramienta que nos ha dado una respuesta frente a una situación que asolaba a muchísimas localidades”, recordó Cococcioni, quien aseguró que esta norma “nos está permitiendo dar una respuesta inmediata, efectiva, y trabajar en coordinación con la fiscalía”.

Sobre la problemática, el funcionario provincial insistió en que esta ley es “fundamental en la política de seguridad, porque donde hay venta barrial de estupefacientes, hay uso de armas, hay personas con antecedentes, hay comisión de otros delitos, hay robos, hay robo para comprar estupefacientes, hay promoción de la prostitución. Alrededor de cada punto de venta de droga se potencia la probabilidad de comisión de otros delitos y empeora la calidad de vida de la gente”, y por eso “cada búnker derribado es un poco más de tranquilidad que devolvemos a los santafesinos, y es un pedazo de nuestro territorio que vuelve a controlar nuestra policía y no está en manos de los delincuentes”.

En ese sentido, el ministro aseveró que “nosotros hemos enfocado como prioridad el microtráfico, porque acá no estamos hablando solamente del tráfico de droga, sino de los otros delitos que genera y que en algunos lugares generaba muchísima violencia”; y recordó al respecto que “la semana pasada se presentó la nueva Unidad Fiscal Especial de Microtráfico a nivel provincial, que va a tomar el tema y coordinarlo en toda la provincia con cada una de las fiscalías regionales”, concluyó.

Las intervenciones vinculadas a la Ley de Microtráfico se desarrollan de manera sostenida desde comienzos de 2024. El abordaje contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, con el objetivo de desarticular estructuras del narcotráfico a escala barrial. El trabajo coordinado entre el Gobierno, el MPA y los municipios y comunas constituye una herramienta clave para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad en todo el territorio santafesino.

Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, junto con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisaron este jueves un nuevo derribo de un búnker de venta de drogas en el marco de la Ley de Microtráfico. 

El operativo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en Juan de Garay 498, casi esquina Güemes, en la localidad de Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo.Se trata de la inactivación número 98 concretada en todo el territorio provincial y la número 13 en el departamento San Lorenzo, desde que la Ley de Microtráfico fue sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por el gobierno de Maximiliano Pullaro.

Durante el procedimiento, el coordinador técnico de la Secretaría de Seguridad Pública, Toribio Aranda, señaló que se trata del “primer búnker de venta de estupefacientes derribado en la localidad de Capitán Bermúdez”, y remarcó que “ya son 13 los inactivados en el departamento San Lorenzo”. Además, explicó que el inmueble demolido “no estaba habitado y presentaba un marcado deterioro estructural, con sectores dañados que lo convertían en un riesgo tanto para las viviendas linderas como para quienes transitaban por la zona, ante la posibilidad de derrumbes”.

La  fiscal Brenda Debiasi, integrante del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, precisó que la investigación se inició a partir de denuncias realizadas por vecinos, quienes advirtieron sobre la presunta comercialización de estupefacientes en el lugar. “A partir de esas denuncias se realizaron tareas de campo en conjunto con la Policía de Investigaciones, que permitieron detectar movimientos compatibles con la venta de drogas”, indicó.

En función de esas evidencias, se solicitó una orden de allanamiento. “Durante el procedimiento se constató que el inmueble no reunía condiciones de habitabilidad y se hallaron elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes, que fueron secuestrados, al igual que teléfonos celulares. No hubo personas detenidas en la causa”, detalló la fiscal.

A su turno, la fiscal coordinadora Marianela Luna recordó que las denuncias pueden realizarse “en las dependencias del Ministerio Público de la Acusación, en comisarías, a través del 911, en los Centros de Denuncias o mediante los buzones de la vida disponibles en distintas localidades”.

Las intervenciones vinculadas a la Ley de Microtráfico se desarrollan de manera sostenida desde comienzos de 2024, en el marco de un trabajo articulado entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía de la Provincia, fuerzas federales y los gobiernos locales.El abordaje contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, con el objetivo de desarticular estructuras del narcotráfico a escala barrial.Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el trabajo coordinado entre el Gobierno, el MPA y los municipios y comunas constituye una herramienta clave para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad en todo el territorio santafesino.

Este lunes fue derribado un nuevo búnker en el que se comercializaban estupefacientes en la ciudad de Rosario, ante la atenta mirada de autoridades del gobierno de la provincia.

La intervención se realizó en un inmueble de calle Magaldi al 8700, en el barrio Gráfico. Es la número 58 en la gran ciudad del sur provincial y la 97 en todo el territorio santafesino desde la promulgación de la Ley de Microtráfico.

“El operativo fue coordinado por el Ministerio de Justicia y Seguridad, junto con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y se enmarca en la estrategia integral para desarticular puntos de venta de droga al menudeo y reducir la violencia asociada a estas organizaciones criminales”, se explicó en un parte de prensa.

Durante la supervisión del procedimiento, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, subrayó los resultados del trabajo sostenido contra el microtráfico.

“Es una política que está dando resultados concretos en la reducción de la violencia altamente lesiva que se vivía en las calles, en un contexto marcado por la sensación de impunidad”, afirmó.

En ese sentido, Santantino recordó que Rosario atravesó “los dos años más violentos de su historia reciente, en 2022 y 2023”, con una tasa de homicidios fuertemente asociada, por un lado, a deficiencias en el control del sistema penitenciario y, por otro, a la libertad de acción de organizaciones criminales en los barrios.

“Esa situación se ha revertido de manera clara a partir del trabajo articulado entre el Ministerio Público de la Acusación y el Poder Ejecutivo provincial”, remarcó.

Por su parte, la fiscal Alejandra Raigal brindó precisiones sobre la investigación judicial que derivó en el derribo del inmueble. Explicó que el búnker pertenecía a varias personas que estaban siendo investigadas, dos de las cuales se encuentran actualmente detenidas con prisión preventiva.

“La causa se inició a partir de numerosos llamados al 911 y de informes policiales. Tras los allanamientos, se secuestraron estupefacientes y se corroboró la existencia de un punto fijo de venta”, detalló.

La fiscal indicó además que el lugar funcionaba como puesto de venta desde marzo de este año y que estaba vinculado a distintos episodios de violencia armada. Entre ellos, mencionó un homicidio ocurrido tiempo atrás y otras situaciones de violencia altamente lesiva relacionadas con el uso de armas de fuego.

Las personas detenidas están imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y presentan antecedentes por amenazas, tenencia de armas de guerra y, en uno de los casos, por un hecho de robo.

Desde el inicio de la actual gestión provincial, ya se concretaron 97 inactivaciones de puntos de venta de estupefacientes en distintas localidades de Santa Fe.

Estas intervenciones forman parte de la aplicación de la Ley de Microtráfico, aprobada por la Legislatura provincial a fines de 2023, que transfirió a los fiscales del MPA la competencia para investigar los delitos de narcomenudeo, anteriormente a cargo de la Justicia Federal.

“La normativa permitió acelerar investigaciones, intervenir de manera más directa en los territorios y avanzar en el desmantelamiento de estructuras criminales que operaban a escala barrial, con impacto directo en los niveles de violencia urbana”, concluyó el comunicado

El Litoral

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe concretó este jueves la demolición de un búnker de venta de estupefacientes en calle Fournier 1276, en la ciudad de San Lorenzo, en el marco de las acciones impulsadas por la Ley de Microtráfico. Con esta intervención ya son 96 los puntos de venta de drogas inactivados en todo el territorio santafesino, desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

 En el departamento San Lorenzo se contabilizan 11 derribos, consolidando una línea sostenida de trabajo contra el narcomenudeo y la violencia asociada.El operativo estuvo supervisado por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En el lugar, el secretario de Seguridad, Omar Pereira, remarcó que “continuamos el trabajo iniciado el año pasado con la promulgación de la Ley de Microtráfico. Esta acción reafirma la coordinación con el MPA en la investigación y con el Ministerio en la tarea técnica que permite estos derribos”.

Detalló que el inmueble presentaba dos sectores operativos: una estructura frontal y una segunda habitación ubicada al fondo del lote.El fiscal Maximiliano Nicosia explicó que “la investigación se inició en septiembre, con el apoyo de la Policía de Santa Fe. Identificamos esta vivienda como un punto fijo de venta, con rotación de actores, secuestramos estupefacientes y hubo detenidos. Primero se dispuso el cerramiento preventivo, pero luego avanzamos hacia el cese del estado antijurídico para habilitar el derribo”.

Indicó también que se trataba de “un foco de violencia altamente lesiva para el barrio”, y confirmó que hay dos personas detenidas y 150 dosis de estupefacientes secuestradas.

A su vez, la fiscal Natalia Benvenuto subrayó la relevancia de seguir desarticulando espacios de expendio y pidió sostener la participación ciudadana: “La manera más inmediata y anónima de denunciar es el 911. También pueden utilizarse los Centros de Denuncias, la fiscalía o los canales web del MPA para aportar información que permita actuar con rapidez y eficacia”.

La Ley de Microtráfico -sancionada a fines de 2023 y promulgada al comienzo de la actual gestión provincial- autoriza la inactivación y derribo de inmuebles vinculados al narcomenudeo y a hechos de violencia grave. La implementación se desarrolla desde principios de 2024 con un esquema integrado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía, fuerzas federales y gobiernos locales.El objetivo central es reducir la actividad criminal, desarticular nodos territoriales y mejorar la seguridad en los barrios de toda la provincia.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, realizó este martes y miércoles un total de 14 allanamientos en la ciudad de Rafaela, en el marco de una causa que investiga una tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y balaceras en el barrio 2 de Abril. Además fueron derribados cuatro búnkeres de venta de droga en Frontera, también en departamento Castellanos. Con esta cifra llegan a 86 los búnkeres inactivados o derribados en territorio santafesino. 

Respecto a lo primero, los allanamiento en barrio 2 de Abril de Rafaela, como resultado de las tareas investigativas y de los operativos realizados en distintos domicilios “se logró apresar al principal sospechoso del hecho ocurrido el domingo (por el cual un hombre recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza y se encuentra internado en el Hospital Cullen de Santa Fe), además de otras tres personas que también resultaron detenidas por portación de arma de fuego y balaceras”.

En el lugar los efectivos secuestraron cartuchos de diversos calibres, cocaína fraccionada en envoltorios para comercializar, marihuana, 3 cartuchos calibre 9 mm, réplica de pistola de aire comprimido, escopetas, aires comprimidos, un chaleco y elementos policiales, plantas de marihuana y $ 126.000 en efectivo y “elementos de interés para la causa que se investiga”, explicó el subsecretario de Investigación Criminal, Marcelo Albornoz.

Por otra parte, en el marco de la Ley de Microtráfico, cuatro búnkeres vinculados a violencias altamente lesivas y a la comercialización de drogas fueron derribados este miércoles por la mañana en Frontera, más precisamente en el barrio Colegiales, en un sector conocido como El Eucaliptal. 

Los procedimientos se llevaron adelante, “a partir de una investigación llevada a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) en un trabajo coordinado por la fiscal Analía Elizabeth Abreu tras haber realizado allanamientos en estos cuatro lugares donde se procedió a la detención de varias personas y el secuestro de estupefacientes, por lo que en audiencia la semana pasada se solicitó la demolición de estos puntos de venta de drogas”, explicó en el lugar el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte. 

El fiscal Franco Carbone, en tanto, destacó que “en la provincia llevamos más de 80 en estos casi dos años de implementación de la Ley de Microtráfico” y en Frontera concretamente “llevamos 9 derribados”, por lo cual valoró “el trabajo coordinado desde la Fiscalía General, la Fiscalía Regional de Rafaela y el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe en una lucha incesante contra el crimen y la venta de drogas en todo el territorio”.

El Gobierno de Santa Fe, en el marco de la Ley de Microtráfico, inactivó otro búnker de venta de droga en Rosario, donde ya son 52 los intervenidos y ascienden a 82 en la provincia. El trabajo conjunto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) permite combatir el crimen organizado y brindar mayor seguridad a los habitantes de todo el territorio santafesino.

La intervención se realizó este viernes a la mañana en un inmueble ubicado en Solís 3127 y estuvo supervisada por el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, y la fiscal Juliana González, representante MPA. 

En la ocasión, Santantino remarcó el trabajo conjunto con el MPA en el marco de la Ley de Microtráfico, y señaló que esta herramienta “es clara muestra de que es un eje central de la política de seguridad en cuanto a la incidencia en la baja de los indicadores de violencia altamente lesiva”.

Respecto al búnker inactivado, destacó que “este punto de venta no es algo de una banda del pasado, de algo que ya deja de ser una realidad en la ciudad, sino que es parte del presente, de personas que hoy son prófugas de alto perfil en la provincia de Santa Fe, que seguimos buscando, porque si hay algo que nos va a permitir sostener estos indicadores de violencia contenidos como hasta el día de hoy es esta política de trabajo conjunto con el MPA, una persecución penal estratégica inteligente para abordar la narcocriminalidad, y uno de sus efectos más nocivos, que es la circulación de violencia altamente lesiva”.

La fiscal Juliana González explicó que “la medida fue ordenada a pedido de la Fiscalía por el Colegio de Jueces Penales, en el marco de una causa en donde se investigan los delitos de extorsión, comercialización de estupefacientes y mercado ilegal de armas de fuego”.

En la actualidad, “se encuentran detenidas varias personas, oportunamente imputadas, y están cumpliendo prisión preventiva. Hay dos de ellas que se encuentran con pedido de captura”, agregó. Y detalló: “en el marco de la investigación y tras múltiples allanamientos que hemos realizado y otras medidas, en este domicilio se secuestró gran cantidad de estupefacientes: 400 dosis de cocaína que se encontraron fraccionadas y que estaban destinadas directa a la venta al menudeo”.

La Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva.

A través de la Ley de Microtráfico, estas intervenciones se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía provincial y la colaboración de los gobiernos locales.

La Municipalidad de Esperanza clausuró en las últimas horas una obra ilegal en el mismo terreno donde había sido demolido un búnker de drogas, ubicado en Providencia y Simón de Iriondo, en el barrio La Orilla de la mencionada ciudad.

El inmueble había sido derribado hace cinco meses en un operativo conjunto entre el municipio y el Gobierno de la provincia, en el marco de la política de Estado contra el narcomenudeo que impulsa la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Según informaron fuentes oficiales, la Policía de Investigaciones (PDI) había realizado en ese lugar diversos allanamientos en los últimos años, con personas detenidas por orden del fiscal Alejandro Benítez, acusadas de venta de estupefacientes.

Entre ellas se encontraba “La Sole” Morel, quien había sido arrestada junto a familiares y posteriormente obtuvo prisión domiciliaria. En los últimos días, inspectores municipales detectaron que en el mismo terreno se estaba levantando nuevamente una construcción, sin habilitación ni planos aprobados.

De inmediato, agentes municipales de Obras Públicas se hicieron presentes en el lugar, verificaron la irregularidad y procedieron a clausurar la obra y detener todos los trabajos. Fuentes comunales confirmaron que la construcción no contaba con autorización, y que la intervención se realizó en coordinación con la Policía local para evitar incidentes.

Durante la mañana, el Jefe de Policía, Director General Lic. Luis Maldonado, junto al Subjefe de la fuerza, Director General Lic. Daniel Filchel, participaron de varias actividades desarrolladas en conjunto con la Secretaria de Gestión Institucional, Lic. María Virginia Coudannes, y otras autoridades provinciales, locales y ministeriales.

El inicio de la jornada incluyó la supervisión del derribo de un búnker ubicado en calle 102 al 500, en la localidad de Frontera. La actividad contó con la presencia del Subjefe de Policía y del Jefe de la Unidad Regional V, Director General Lic. Carlos Pagano, quienes acompañaron a la Secretaria de Gestión Institucional y demás autoridades federales, provinciales y judiciales.

Posteriormente, en la sede de la Unidad Regional V, los jefes policiales recibieron del Gobierno de Santa Fe nuevas computadoras destinadas a optimizar las tareas administrativas del personal policial. Esta entrega se enmarca en las políticas de fortalecimiento institucional promovidas por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia.

Finalmente, las autoridades participaron de una Reunión de Operatividad del Programa de Policiamiento Urbano M3, centrada en mapeo, métricas y monitoreo de indicadores básicos de Rafaela. Durante el encuentro, los jefes policiales analizaron los datos presentados y expusieron sobre el trabajo operativo de la Unidad Regional V y del personal subalterno, generando un diálogo con los presentes para evaluar estrategias de seguridad urbana.

La ciudad de Frontera fue escenario del quinto derribo de un punto de venta de drogas en el marco de la Ley de Microtráfico, norma impulsada por el gobierno de Santa Fe. La medida se concretó este miércoles desde las 8 en calle 102 al 500, con la coordinación del Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial y la Policía de Santa Fe.

Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, participó del operativo. En los estudios de Radio Rafaela, remarcó el alcance del plan: “Sabemos que las políticas de seguridad son prioridad del gobierno de la provincia de Santa Fe, y esta es una herramienta más. Desde enero de 2024 tenemos la posibilidad de ir detrás de los delitos de comercialización de estupefacientes y de inactivar los puntos de venta”.

Coudannes explicó que las acciones forman parte de un trabajo conjunto entre el Ministerio, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI). “Venimos con muchísimos allanamientos, con un trabajo encomiable desde el Ministerio de Justicia y Seguridad. En particular, esta Circunscripción Judicial viene muy movida, con intervenciones en Rafaela y Ceres. Es una agenda en movimiento constante que representa una parte esencial del plan de seguridad”, afirmó.

La funcionaria subrayó que la estrategia provincial combina investigación, prevención y presencia territorial. “La parte investigativa es esencial, pero no la única. También trabajamos en prevención, planificación y en cómo ordenamos la operatividad en calle, que es el núcleo más fuerte del Ministerio”, agregó.

En ese sentido, Coudannes hizo hincapié en el rol de la ciudadanía para aportar información sobre los puntos de venta. “Es muy importante el uso del 911 de manera anónima. Necesitamos esa información para poder trabajar con la Fiscalía y generar la priorización de los puntos a allanar. En junio estuvimos en Rafaela presentando esta posibilidad y los vecinos pueden pedir identidad de reserva al denunciar”, recordó.

La funcionaria provincial destacó el modelo de seguridad impulsado por la gestión Pullaro. “En estos casos, nosotros vamos a lo micro, al narcomenudeo. Claro que esto genera incomodidades y conflictos en los barrios, pero apuntamos a esos focos para generar herramientas concretas”, señaló.

Coudannes informó además sobre la evolución de los operativos en la región: “En Rafaela, tenemos más de 24 mil identificaciones de personas en lo que va del año y más de seis mil vehículos identificados. Esto demuestra la proactividad en la calle, gracias a una conducción firme, inversión en recursos, patrulleros, motos, camionetas, pistolas taser y capacitación”.

Finalmente, definió el espíritu de trabajo del gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia. “El modelo de proceder es con información, sin improvisación y con trabajo en territorio. El mensaje es claro: el que delinque, las paga; y a la víctima se la contiene, se la resguarda y se la protege”.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto a la fiscal Mercedes Banchio en representación del Ministerio Público de la Acusación, supervisó este jueves el derribo de otro búnker de venta de estupefacientes. 

El procedimiento tuvo lugar en calle Príncipe de Gales 2849, de la ciudad de Rosario.Cabe señalar que en la provincia de Santa Fe se llevan inactivados, con el de hoy, 75 puestos de comercialización de drogas, mientras que los operativos de estas características en la ciudad de Rosario ascienden a 48.

“Este inmueble fue escenario de múltiples hechos de violencia y venta de estupefacientes”, aseguró Cococcioni durante el derribo, y reconoció que el lugar había sido “intrusado, siendo un factor de criminalidad para los vecinos del barrio ya que por el mismo desfilaban permanentemente delincuentes compradores y vendedores de estupefacientes, dejando también rastros muy claros de enfrentamiento de bandas narcocriminales que provocaban una disputa en el medio del barrio para ver quién se quedaba con este lugar”. 

“Este inmueble fue escenario de múltiples hechos de violencia y venta de estupefacientes”, aseguró Cococcioni durante el derribo. 

El ministro resaltó que el inmueble “no tenía posibilidad de una utilización lícita sin ser permanentemente amenazado y acechado por delincuentes que querían recuperar el lugar para seguir vendiendo estupefacientes o para continuar en sus habituales disputas territoriales para su actividad ilegal”.La fiscal Banchio, por su parte, recordó que al momento de realizar los allanamientos, posteriores a informes realizados por la División de Microtráfico de la Policía de Investigaciones, “había elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes, incluidos cuadernos con anotaciones”, y reconoció que se identificó “puede pertenecer a la banda de Los Monos por lo surgido de las investigaciones”.

La fiscal Banchio, por su parte, recordó que al momento de realizar los allanamientos, posteriores a informes realizados por la División de Microtráfico de la Policía de Investigaciones, “había elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes, incluidos cuadernos con anotaciones”, y reconoció que se identificó “puede pertenecer a la banda de Los Monos por lo surgido de las investigaciones”. 

Además, la fiscal aseguró que en el lugar “no pernoctaba nadie porque no es un lugar habitable aún teniendo la estructura de una casa” y destacó que las personas imputadas por los hechos, “declararon que no habitaba ni vivía nadie, sino que solo se dedicaba a las actividades delictivas”.

Ahora, el terreno será restituido “a tres hermanas que eran hijas de quien alguna vez fue dueño del inmueble y vivió en este lugar”. Y agradeció la información que los vecinos aportaron para que las mujeres “se acercaran a la fiscalía para ser puestas en conocimiento de lo sucedido”, comentó Banchio, quien sumó que si bien “no hacía tanto que no venían, no reconocían el inmueble, lo que dejó demostrado de cómo se erosionó el lugar, por lo cual coincidieron en derribarlo”.

La Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro, contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva.

A partir de dicha ley, estas intervenciones se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y la colaboración de los gobiernos locales.

Este jueves, la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, junto al ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisaron el derribo de un inmueble que funcionaba como búnker de venta de drogas en la intersección de Rueda y Príncipe de Gales, en Rosario. El lugar estaba vinculado a una facción de la organización criminal de “Los Cantero”.En el operativo, Scaglia destacó tanto la vigencia de la Ley de Microtráfico como “la política de seguridad de este Gobierno que, sin miedo y con mucha valentía, trabaja junto a la Justicia y al MPA para poner lo necesario”.

La vicegobernadora señaló que el objetivo es que “los delincuentes estén en la cárcel y los lugares donde ellos transitaban no existan más ni sigan perturbando la vida del barrio”, de modo que se pueda “empezar a llevar tranquilidad a los vecinos y vecinas, para que sepan que no van a ser espacios que ocuparán otros”, subrayó.

El ministro Cococcioni, por su parte, precisó que con la aplicación de la Ley de Microtráfico “hoy estamos llegando a 70 búnkers derribados en la provincia, la mayoría en Rosario”. Explicó que el inmueble destruido “no solo se utilizaba para vender drogas, sino que también presentaba otros indicadores de criminalidad, como disparos de armas de fuego con heridos, personas armadas y actividades sospechosas”.

En relación con la construcción, indicó que “en su origen no era precaria, pero hoy prácticamente era inutilizable para otro fin que no fuese la actividad ilícita a la que estaba destinada”. En este sentido, sostuvo que “la mejor forma de cortar la actividad y asegurar que no se reinstalen es desmantelarlo y derrumbarlo para que no vuelva a ser utilizado”. Y concluyó que desde el Gobierno provincial “vamos a seguir hasta que los delincuentes no tengan un lugar donde esconderse y continuar con actividades criminales”.

El fiscal del MPA, Franco Carbone, valoró la Ley de Microtráfico como “una medida muy efectiva no solo por el impacto simbólico en el barrio y en la organización criminal, sino por el efecto real”. Recordó que en la zona del derribo “los allanamientos comenzaron en 2023; en un radio de 300 metros tenemos incidencias que reportan violencias de todo tipo, vinculadas a una de las bandas más importantes que operó en la ciudad, a la que venimos encarcelando distintos eslabones de la cadena y cortándoles los lazos”.

La provincia de Santa Fe cuenta desde finales de 2023 con la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro. La norma habilita la inactivación de puestos de venta de drogas y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva.Desde su puesta en marcha, el Ministerio de Justicia y Seguridad ha intervenido cerca de 70 espacios en todo el territorio provincial. Estos operativos se llevan a cabo desde principios de 2024 en un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia, la Policía santafesina y los gobiernos locales.

Minutos antes de las 7am de este martes, una mujer se comunicó con la GUR para denunciar que dos masculinos habían robado la cartera a una joven en calle Arenales al 600. Vecinos intervinieron en el hecho y lograron retener a uno de ellos, mientras el otro escapaba.

De inmediato, móviles de la Guardia Urbana verificaron la situación y mantuvieron retenido al sospechoso hasta la llegada de la Policía. El hombre, de 26 años, tiene domicilio en avenida Mitre al 500 y entre sus pertenencias le encontraron las llaves y el candado de bicicleta que habían sido sustraídos a la víctima, lo que permitió recuperarlos.

El segundo sospechoso fue localizado gracias al seguimiento del Centro de Monitoreo municipal y aprehendido en la intersección de Mitre y General Paz por efectivos de la URV.

El domicilio del primer detenido, en avenida Mitre al 500, no es un dato menor. Se trata de una propiedad señalada reiteradamente por los vecinos como un “búnker delictivo” y “aguantadero”.

Desde hace más de una década, el domicilio acumula denuncias por usurpación, conflictos y hechos vinculados a la inseguridad. Vecinos de la zona manifestaron en varias oportunidades sentirse amenazados por la actividad delictiva que allí se concentra.

La foto corresponde al mencionado domicilio visto desde las alturas. Un oyente del medio compartió la imagen acompañada de un claro reclamo: “este es el búnker de Av. Mitre donde hace 10 años los vecinos son rehenes de esta gente que usurpó ese lugar”.

“Esto es cada vez más imposible. La denuncia tiene 10 años y todo en ese lugar es cada vez peor. Es hora de actuar, sacarlos y demoler ese búnker. Basta de esto, por favor”, cerró el mensaje.