El Gobierno nacional respondió a la polémica generada por el ingreso del buque petrolero VS Promise al puerto de Ushuaia y aseguró que la operación no implica una pérdida de soberanía para la Argentina.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó este martes que la embarcación, de bandera británica y dedicada al transporte de crudo, había sido autorizada por las autoridades correspondientes y que no existe una violación a la normativa vigente.

Según explicó, el buque había cargado petróleo en la cuenca del puerto de Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, y luego llegó a Ushuaia para realizar tareas de aprovisionamiento.

Durante una conferencia de prensa, Ravier sostuvo que la operación contó con la autorización del Gobierno fueguino debido a que la monoboya utilizada para la actividad petrolera pertenece a jurisdicción provincial.

“El barco no solo venía de trabajar en Argentina, sino que venía de la propia provincia de Tierra del Fuego”, afirmó el funcionario, quien agregó que la provincia había avalado el ingreso inicial de la embarcación.

Además, señaló que posteriormente las autoridades nacionales permitieron el aprovisionamiento del buque en el puerto de Ushuaia.

El vocero presidencial también se refirió a los cuestionamientos vinculados con la denominada Ley Gaucho Rivero, norma provincial que restringe la permanencia de embarcaciones asociadas al Reino Unido en determinadas circunstancias.

Ravier aseguró que esa legislación no resulta aplicable en este caso porque, según su interpretación, alcanza a barcos vinculados con actividades de exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca Malvinas.

“El accionar del buque no viola ninguna ley”, afirmó el portavoz, quien sostuvo que la embarcación no estaba realizando tareas relacionadas con esa zona.

La polémica surgió luego de que autoridades fueguinas cuestionaran el amarre del petrolero británico en Ushuaia y reclamaran explicaciones sobre la autorización de la operación.

Desde la provincia habían señalado que el ingreso de un buque con bandera del Reino Unido debía analizarse en el marco del histórico reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

El Gobierno nacional, en tanto, ratificó su postura de que la operación se ajustó a la normativa vigente y descartó que el episodio represente una afectación de la soberanía argentina.