A instancias de la justicialista y ex ministra de Salud, Sonia Martorano, la Cámara de Diputados de Santa Fe declaró “su preocupación ante la reducción y reformulación del programa Remediar por parte del Gobierno Nacional”.

Afirma que dicho programa “constituye una política sanitaria esencial para garantizar el acceso a medicamentos en el primer nivel de atención”. El texto advierte que “el debilitamiento implica un grave retroceso en el acceso efectivo a tratamientos básicos para amplios sectores de la población argentina”.

Enseguida, Claudia Balagué pidió sumar su firma y la del bloque Frente Amplio por la Soberanía al igual que la radical Silvana Distefano y la socialista Varinia Drisun, las tres con fuertes discursos sobre el abandono de Nación de políticas históricas en materia sanitaria, de las mayores responsabilidades que recaen sobre las provincias y los efectos presupuestarios.

También sumó su voto positivo Juan Domingo Argañaraz (Inspirar) mientras que tres sectores pidieron la abstención a la hora de votar: Amalia Granata (Somos Vida), Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) y Beatriz Brouwer (Unite).

En cambio, tanto Ximena Sola como Fernanda Castellani (ambas del Pro) votaron en contra del texto de Martorano. Ambas dirigentes integran el interbloque de Unidos.

El programa Remediar nació en plena crisis del 2002. Es una política de salud pública diseñada para garantizar el acceso a medicamentos esenciales en el primer nivel de atención que son los centros de salud.

Su propósito principal es asegurar que las personas que no cuentan con cobertura de seguridad social (obra social o prepaga) y que se atienden en el sistema público, puedan retirar de forma gratuita los medicamentos que el médico les receta durante la consulta.

“El programa constituye una herramienta central para la atención primaria de la salud, al proveer medicamentos de uso frecuente para el abordaje de patologías crónicas y agudas de alta prevalencia, tales como hipertensión, diabetes, afecciones respiratorias, infecciones y otras dolencias habituales de la consulta cotidiana”, marcó la ex ministra.

Recordó que la puesta en práctica permitió sostener tratamientos, prevenir complicaciones, evitar derivaciones innecesarias a niveles de mayor complejidad y fortaleció la capacidad resolutiva de los equipos de salud en el territorio.

Para la legisladora “la eventual reducción drástica de su vademécum, que según lo difundido pasaría de 79 medicamentos a un esquema de 3 configura un cambio estructural en la política sanitaria nacional”.

Para Martorano “lejos de tratarse de una mera readecuación administrativa, implica abandonar una lógica de cobertura amplia, orientada a garantizar el acceso efectivo a medicamentos básicos, para sustituirla por un criterio selectivo e insuficiente frente a las necesidades reales de la población usuaria del sistema público”.

Advirtió que la falta de medicamentos esenciales en los centros de salud interrumpe tratamientos, compromete la adherencia terapéutica, incrementa la demanda insatisfecha y desplaza consultas hacia hospitales y guardias, con la consecuente sobrecarga de los niveles de mayor complejidad. En lugar de prevenir y resolver tempranamente, el sistema se ve forzado a intervenir de manera tardía, más costosa y menos eficiente.

Pero la legisladora también habló del impacto en la provincia de Santa Fe donde hubo una reducción del 55% de envíos. “En el año 2024 se recibieron 10.711 botiquines, equivalentes a 2.061.426 tratamientos, durante 2025 dicha cifra descendió a 5.701 botiquines, alcanzando 922.426 tratamientos”.

El otro dato esgrimido tanto por la autora como por Distefano y Drisun es que el Laboratorio Industrial Farmaceútico (LIF) fue proveedor de varios productos para esos botiquines.

Balagué cuestionó la política de salud del gobierno nacional, reconoció los esfuerzos de la provincia para mantener el sistema y pidió a sus pares ser màs exigentes hacia Nación.

Di Stefano hizo mención a lo expuesto por la ministra santafesina, Silvia Ciancio, en los sucesivos encuentros de titulares del área nucleados en Cofesa. “Tenemos dos caminos, hacernos cargo o mirar hacia otro lado y decidimos hacernos cargo” marcó la presidenta del bloque de la UCR para dar detalles de los costos de la polìtica provincial en medicamentos.

Para Drisun, Remediar soluciona el 80% de los problemas de salud de los ciudadanos y alivia la atención en hospitales. “No es una política de ahorro, es una clara intención de transformar el derecho a la salud en una mercancía”, marcó la socialista.

El Litoral

La Cámara Argentina de  la Mediana Empresaria (CAME) alertó hoy en la Cámara de Diputados sobre la caída del consumo y reclamaron que los legisladores un nuevo convenio fiscal ya que los impuestos provinciales “son muy regresivos para la actividad económica”.

Dirigentes de CAME de todo el país formularon sus demandas en un plenario de las comisiones de Pymes y Comercio, que conducen los diputados de Provincias Unidas, Pablo Farias, y Juan Brugge.

X CAME

A lo largo de la reunión, los dirigentes empresarios plantearon que las PYMES tienen graves problemas y mencionaron la caída del consumo, el contrabando, y los impuestos provinciales como Impuesto Brutos y las tasas municipales, y la informalidad.

El presidente de CAME, Ricardo Diab, planteó la necesidad de trabajar en conjunto y dijo que "“ustedes para nosotros son muy importantes, no importa como piensen, sino la posibilidad que tenemos de dialogar, de expresar lo que nosotros necesitamos y sentimos”.

“Esperamos reciprocidad: nosotros los vamos a valorar a ustedes por lo que significan como legisladores y espero que ustedes valoren CAME como lo que significamos en representación de las pequeñas y medianas empresas”, ponderó

Gerardo Díaz Beltrán, de la Confederación Económica de Misiones, planteó que "el 95% de las PyMEs viven del consumo interno. Podemos tener la mejor normativa, las mejores leyes, pero si no tenemos consumo no podemos transformar absolutamente nada”

Por su parte,  el presidente de la comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo,  dijo que la entidad "esta necesitando una reforma fiscal, tributaria y previsional”.

"Hay situaciones que realmente nos están afectando mucho que es el capital de trabajo que hoy queda en manos de las provincias y de los municipios, porque hoy el impuesto que estamos padeciendo fuertemente es el de ingresos brutos y las tasas municipales, que es muy regresivo y perjudicial para la actividad económica”, agregó

En ese contexto, el empresario dijo “estamos proponiendo un nuevo consenso fiscal para que replantee todo este sistema de pagos, que se hace a través del convenio multilateral, y que lo que más perjudica a las pymes es el régimen de retención y percepciones en la fuente, lo que nos sacan antes de que se devengue el impuesto, mediante las tarjetas de créditos, plataformas digitales.”

En ese sentido, el titular de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, Fabían Castillo, le pidió a los legisladores se conviertan "en nuestra voz en las provincias y puedan transmitir, también, a los gobernadores e intendentes qué es lo que nos está pasando para elaborar el país que necesitamos y los planes específicos de acá hacia adelante”. Y, en esa misma línea, instó a “estar dispuestos a trabajar en conjunto y cambiar de una vez por todas a la Argentina”.

El secretario de Hacienda de CAME, Juan Blas Taladrid, dijo que iba a “describir un problema real y concreto que tenemos en las empresas, que tiene que ver con el empleo y la formalidad, y lo que termina siendo el consumo”.

Agregó que  “queremos hacer foco en ver cómo construimos un puente de la informalidad a la formalidad, porque si mejoramos los poderes adquisitivos tenemos mayor consumo; y, si tenemos mayor consumo tenemos mayores ventas; y si tenemos mayores ventas tenemos progreso”, subrayó.

El interbloque Juntos Avancemos de la Cámara de Diputados solicitó que el cuerpo invite a funcionarios del Poder Ejecutivo para conocer la letra chica del convenio firmado el 7 de abril último entre el Gobierno Nacional y la Provincia de Santa Fe, referido al pago de la deuda previsional con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.

La petición está encabezada por la firma de Celia Arena y tiene en el sello de Mesa de Entradas la hora 17.30 del último jueves, casi la hora en que el Senado aprobaba por unanimidad la validación de ese acuerdo.

El proyecto está firmado además por Omar Perotti, Marcos Corach, Walter Agosto, Sonia Martorano y Alejandra Rodenas -todos con cargos vitales en la última administración provincial- más Lucila De Ponti, Miguel Rabbia y Verónica Baró Graf.

La iniciativa fue girada a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y el encabezamiento pide la invitación al ministro de Economía, Pablo Olivares, "y a los funcionarios que designe el gobernador Pullaro" para detallar varios puntos que tiene el pedido.

Los puntos que propone el PJ analizar con los funcionarios están, entre otros:

Monto estimado por los organismos técnicos competentes de la deuda previsional reclamada por la Provincia de Santa Fe al Estado Nacional, los períodos que comprende y cuál es el porcentaje o monto que representaría el anticipo de $120.000 millones respecto del total reclamado.

El estado actual de las acciones judiciales iniciadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación incluyendo si existen plazos procesales en curso, medidas cautelares o resoluciones pendiente.;

El alcance jurídico de la suspensión de plazos procesales, y si dicha suspensión implica compromiso de desistimiento o transacción futura por parte de la provincia.

Cronograma y plazos previstos para la realización de auditoría.;

Los criterios de valuación que se aplicarán a los eventuales bienes, activos o inmuebles del Estado Nacional que pudieran utilizarse para compensar la deuda en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

Las garantías reales que tiene la Provincia en caso de que el Resultado Definitivo de la auditoría del Ejercicio 2026 sea inferior al anticipo de $120.000 millones ya comprometido, y el mecanismo concreto de recupero de los eventuales saldos a favor del Estado Nacional.

Si se prevé algún mecanismo de ajuste por inflación o indexación de las cuotas mensuales de $10.000 millones.

Las causales para la eventual resolución o caducidad del convenio por parte del Estado Nacional y las consecuencias para la Provincia en cada caso.

"La convocatoria propuesta no constituye un formalismo: es una instancia necesaria de transparencia, rendición de cuentas y control legislativo que permitirá a los legisladores la posibilidad de evacuar consultas específicas sobre un acuerdo que impacta de manera directa en la sostenibilidad del sistema previsional provincial, en un tema de singular relevancia para los santafesinos" le dijo Arena a El Litoral a la hora de fundamentar la iniciativa.

El texto aprobado por el Senado debe ser convalidado por la Cámara de Diputados para entrar en vigencia y que la Nación comience los desembolsos comprometidos a partir del mes próximo.

El martes, tras la firma del acuerdo entre el gobernador Pullaro y la ministra Sandra Petovello, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, se puso en contacto con los bloques de senadores (oficialismo y oposición) para adelantarles aspectos del convenio y solicitarles un rápido tratamiento como ocurrió.

Ahora, en Diputados, el oficialismo apurará el trámite aunque la próxima sesión está anunciada para el 22 del corriente y el tema no tiene pedido de tratamiento preferencial. En el justicialismo están las dudas expuestas en la minuta y donde no se dejó de recordar que el convenio que oportunamente firmada el entonces gobernador Omar Perotti en 2021 estuvo once meses a análisis en la Cámara de Diputados entonces con mayoría de Unidos.

El mensaje del Ejecutivo aprobado por el Senado fue derivado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

La Cámara de Diputados aceptó la renuncia del subsecretario del cuerpo, Leonardo Stangaferro, quien pasó al Senado para ocupar el cargo de secretario Administrativo en reemplazo de Diego Maciel.

El jefe del interbloque peronista del Senado, José Mayans. El presidente del Bloque Justicialista del Senado, José Mayans, cargó con dureza contra el Gobierno Nacional, pidió a la Cámara de Diputados que active el proceso de juicio político contra el Presidente Javier Milei, de quien dijo que “no entiende un carajo de nada y está pirado”.

Mayans utilizo la herramienta de la cuestión de privilegio en la sesión ordinaria que se efectuó hoy, para disparar sus criticas al oficialismo como hizo en otras ocasiones, y en esta oportunidad no solo apuntó contra Milei sino contra el ministro de Desregulación y Transparencia del Estado, Federico Sturzenegger.

Sobre el funcionario que ayer concurrió ayer a exponer sobre el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, Mayans disparó: "si hay alguien que representa la antipatria y el cipayaje es Sturzenegger. Es lo que nosotros conocemos con el título de flor de hijo de puta".

En ese sentido, dijo que “viene acá disfrazado de monja a hablar de un proyecto que ‘va a liberar el país, pero en realidad, es el ideólogo de todo esto”, ya que el presidente Javier Milei "no entiende un carajo de nada y está pirado".

En ese contexto, Mayans dijo que la Cámara de Diputados tiene que estar "acusando al presidente, a la hermana del presidente y al jefe de Gabinete ante el Senado para que nosotros examinemos el juicio político por la irresponsabilidad que tienen en el Gobierno".

También cuestionó que el Gabinete haya salido a “apoyar al corrupto del jefe de Gabinete” y dijo que mientras esto sucedía "aparece esto de los créditos del Banco Nación,  donde le dieron crédito preferencial a 50 funcionarios del Ejecutivo, un robo realmente". NA

Se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que tiene por objetivo definir el marco legal para el desarrollo y el uso de la Inteligencia Artificial en el país con el fin de "preservar la protección de los derechos humanos, la privacidad y la seguridad de los ciudadanos y asegurar la democracia y el estado de derecho" y evitar sus peores consecuencias como la discriminación, la cancelación y la invasión de la privacidad de las personas.

Se trata de una iniciativa del santafesino Diego Giuliano, que se suma a otras presentadas en la Cámara Baja que abordan el tema desde distintas perspectivas. En este caso, está inspirada en la legislación que la Unión Europa tiene vigente sobre el tema, establece un Registro Nacional de Sistemas de Inteligencia Artificial, define a los actores y los distintos niveles de riesgo del sistema en bajo, medio y alto en función del uso, la transparencia frente al usuarios, la gestión de los datos personales y la protección de los Derechos Humanos y garantías individuales.

La iniciativa, por otro lado, establece que, sin excepciones, las evaluaciones de impacto, los manuales de uso las fuentes de información y datos utilizados para su entrenamiento y la revisión de la autoridad de aplicación se consideran información pública y de libre acceso a cualquier ciudadano; y prohíbe sistemas que, entre otras cosas, desplieguen técnicas subliminales, manipuladoras o engañosas: exploten vulnerabilidades; incluyan sistemas de categorización biométricas; realicen puntuación social basándose en comportamientos sociales o rasgos personales y evalúen el riesgo de un individuo únicamente en perfiles o rasgos de personalidad, entre otras causas.

"El proyecto está más cerca de la legislación europea que del dejar hacer, dejar pasar. Lo que hice fue un profundo análisis respecto de cuáles son las hipótesis problemáticas, donde podemos incluir lo que pasó en la escuela de San Cristóbal, ahí tenemos una lección que debemos aprender", dice el legislador santafesino.

Y, lejos de pensar que se trata de un tema difícil de regular pone como ejemplo de que si se puede las asistencias de Mark Zuckerberg al senado de los Estados Unidos, que tienen una visión más liberal del tema, "donde le piden explicaciones a una de las personas más ricas del mundo hasta hacerlo transpirar, lo hacen pedir disculpas. El Estado tiene que estar presente, no es un tema que podemos dejar en manos de la libertad del mercado pura porque también existe la deep internet, la maldad humana funciona por ese lado".

"No hay que detener la evolución de la Inteligencia Artificial y además va a suceder independientemente de lo que quieran los estados. El tema es cómo se categorizan los sectores de riesgo. Entonces, creo que lo que hay que hacer es detectar las situaciones de sensibilidad, de conflictividad o de daño que hay. Creo que hoy uno de los desafíos más grandes hoy de los Estados es resguardar la igualdad y la privacidad que son los valores, los derechos más vulnerables de este tiempo. El derecho no puede contra esto. Invadieron la privacidad de una manera increíble y también invadieron otros sectores", dice el legislador santafesino.

"Hay situaciones de daño social mucho más grande que los que se pretenden resolver. En la matanza de Myanmar, que fue una limpieza étnica, según relata Yuval Harari, el algoritmo de facebook tuvo una participación decisiva porque trabaja con la implicación del usuario, como las redes son gratuitas, lo que busca el sistema es que vos estés implicado, que estés más tiempo allí porque eso les aumenta sus posibilidades de publicidad, sus ganancias. El odio racial, los discursos de odio en general, la violencia, se está probando que ha dado más implicación del usuario que otros temas. Por lo tanto necesitamos regularlo".

"La inteligencia artificial y en general todo lo que está conectado con ella, utilizada de manera negativa, atenta contra los valores de la libertad y la privacidad. Nuestra Constitución desde 1853 habla de las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden público, ni la moral, ni perjudican a un tercero están sólo reservadas a Dios y exentas de los magistrados.

"Y si no crees en Dios, ni Dios se mete ahí. Hoy, cuando tus datos están robotizados, hay un entrecruzamiento que terminan en perfilamientos exactos de las personas, modos de consumo, te conocen más que tu madre. Y eso es un avance sobre la privacidad", dice Giuliano.

El Litoral

Con un discurso cargado de críticas y fuertes metáforas, el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois apuntó contra el oficialismo durante el debate por la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados.

X Juan Grabois

El líder de Patria Grande cuestionó con dureza el proyecto impulsado por el Gobierno y respaldado por provincias mineras, al que calificó como “terraplanista y oscurantista”. En ese marco, también lanzó ironías al señalar que algunos legisladores “tienen fundamentos más truchos que las hipotecas de Adorni y que las criptomonedas de Milei”.

Durante su intervención, el dirigente opositor advirtió: “Ustedes están hipotecando el futuro de la patria”, y redobló la apuesta con una de las frases más resonantes del debate: “Esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de agua de tu casa. Les van a poner cianuro a los pibes y a las pibas”.

Al evocar a la conocida “envenenadora de Monserrat”, Grabois buscó graficar, según su mirada, los riesgos de la iniciativa. En ese sentido, sostuvo que se intenta reemplazar “una política de Estado gestionada por los mejores científicos del mundo” por una normativa que podría derivar en prácticas corruptas a nivel provincial.

“Lo que están haciendo es facilitar la corrupción, va a haber un festival Karina, un festival del 3%”, agregó en tono irónico, y cerró con otra crítica: “¿De verdad creen que con el terraplanismo berreta de La Libertad Avanza van a hacer algo mejor que los mejores científicos del mundo?”.

Antes de su discurso, Grabois también había protagonizado otro momento llamativo en el recinto, al colaborar con la diputada Adriana Serquis para sostener una maqueta que representaba los ecosistemas glaciares y periglaciares.

La previa de la votación por la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados dejó una escena cargada de tensión política y chicanas cruzadas.

Minutos antes de la definición, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, apareció en uno de los balcones del recinto. Su presencia no pasó desapercibida: la bancada opositora, con predominio kirchnerista, aprovechó para remarcar con ironía la ausencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“¿Adorni dónde está, Adorni dónde está?”, corearon los legisladores opositores a modo de provocación, en un cántico que rápidamente ganó volumen en el recinto.

La escena se produjo luego de que Karina Milei se ubicara en el palco junto al ministro del Interior, Diego Santilli. Desde sus bancas, los diputados oficialistas se dieron vuelta para saludarla con aplausos, en un gesto de respaldo.

El cierre del oficialismo estuvo a cargo de Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza, quien le dio la bienvenida: “Gracias por venir, secretaria general de la Presidencia, Karina Milei”.

El clima se tensó aún más por la ausencia de Adorni, quien no acompañó a la funcionaria en medio del escándalo judicial que lo involucra, lo que alimentó las burlas opositoras.

Ante los cánticos, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, intentó sin éxito imponer orden. Incluso solicitó la colaboración del titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien siguió la escena con una sonrisa.

Con el correr de los minutos, la provocación fue perdiendo intensidad y el recinto volvió a encauzarse para dar paso al discurso final de Bornoroni, en la antesala de la votación.

En una sesión especial, la Cámara de Diputados de la Nación dio sanción definitiva a la norma que modifica la Ley 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Fue respaldada con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones.

La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, fue aprobada en las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales. También fue arduamente debatida en Audiencias Públicas

Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila).

El oficialismo también captó votos de dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.

Oscar Zago y Eduardo Falcone, y Karina Maureira de La Neuquinidad, optaron por la abstención.

En contra de la reforma se pronunció la enorme mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas (11 de sus integrantes), los dos diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).

 Al inicio de la sesión especial en la Cámara de Diputados, la oposición sometió a votación una moción de apartamiento de reglamento para incorporar al tratamiento los tres proyectos de ley vinculados al caso Libra, dos de los cuales apuntaban a citar al Congreso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero no alcanzó una mayoría suficiente.

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro fue quien planteó la moción para poner en tratamiento las iniciativas orientadas a que los dos altos funcionarios del Gobierno de Javier Milei comparezcan a la Cámara baja a rendir cuentas sobre su presunta participación en la trama de la cripto estafa.

El tercer expediente que se puso en consideración para incluirlo en la sesión, y que salió rechazado, busca que Javier Milei de respuesta sobre los llamados telefónicos y/o mensajería con el intermediario cripto Mauricio Novelli, y también sobre posibles pagos recibidos por el presidente de parte de este empresario.

La votación arrojó 125 votos positivos y 116 negativos, pero como los expedientes no tenían dictamen se hubiera requerido una mayoría agravada de las tres cuartas partes de los diputados presentes

Luego de la votación Ferraro expresó: “Hubo 125 votos afirmativos, sumando algunas ausencias del día y otros diputados ya comprometidos, en las próximas semanas tendremos el número para emplazar las comisiones y aprobar los pedidos de informes e interpelación”.

“A Comodoro Py muchas veces le cuesta investigar al poder cuando está en el poder, y es más que evidente el encubrimiento del fiscal Taiano en relación a lo sucedido con la estafa Libra, en donde se ha malversado la investidura presidencial. Hay pruebas más que evidentes, ha transcurrido un año y más de 3 meses, y no se ha hecho una sola citación a prestar declaración, ni siquiera testimonial, ni siquiera a indagatoria a personajes como Novelli, Morales o Terrones Godoy (.. .) y que hasta el momento, si el presidente no tuvo nada que ver, no hizo una sola denuncia con respecto a estos personajes”, sostuvo Ferraro durante la sesión. NA

La Cámara de Diputados inició este miércoles la sesión especial para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, luego de que La Libertad Avanza y bloques aliados lograran reunir el quórum necesario con 129 legisladores presentes.

El debate comenzó a las 15.14 con el respaldo de diputados del oficialismo, el PRO, la UCR y distintos espacios provinciales, entre ellos Producción y Trabajo, Innovación Federal, Adelante Buenos Aires, Elijo Catamarca e Independencia, además de representantes de Provincias Unidas.

Entre estos últimos se destacaron las presencias de Alejandra Torres, Jorge Rizzotti, Ignacio García Aresca, Gabriela Scaglia, José Núñez y Sergio Cappozzi, quienes contribuyeron a habilitar el inicio de la sesión. 

Cruces y votaciones fallidas

En el arranque, legisladoras de la izquierda y de Unión por la Patria intentaron sin éxito incorporar al temario proyectos para repudiar la decisión del Gobierno de retirar acreditaciones a medios de prensa, iniciativa que no logró el aval necesario.

Más tarde, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés propuso que Argentina adopte una posición de neutralidad frente al conflicto internacional entre Estados Unidos, Israel e Irán, pero tampoco consiguió los dos tercios requeridos para su tratamiento.

De este modo, la Cámara avanzó finalmente con el tratamiento del proyecto impulsado por el oficialismo, en una sesión que se anticipa atravesada por fuertes debates.

 Los diputados nacionales de Unión por la Patria que integran la comisión de Libertad de Expresión presentaron hoy un proyecto de resolución en el cual repudiaron la decisión del Poder Ejecutivo de retirar la acreditación a periodistas acreditados en la Casa Rosada, luego de que se denunciara una supuesta “red de desinformación” financiada por Rusia para desacreditar a miembros del Gobierno y las políticas públicas, y por sembrar noticias falsas.

Bajo el título “La Censura Avanza”, los integrantes del principal bloque de oposición expresaron un “enérgico repudio” y solicitaron "la inmediata revocación de la medida y el libre acceso" de los periodistas en las instalaciones de la Casa de Gobierno.

X Diputados UP

“Frente a este avasallamiento a la libertad de expresión, diputados y diputadas de Unión por la Patria que integramos la Comisión de Libertad de Expresión, presentamos un proyecto repudiando al gobierno que no bastándole con agredir periodistas, ahora decide silenciar voces en plena democracia”, señaló Sabrina Selva en su cuenta de la red social X.

La diputada cercana a Sergio Massa remarcó que “en una democracia constitucional, el disenso, la crítica y la pluralidad de voces no sólo deben ser tolerados, sino activamente garantizados”.

“La existencia de un periodismo independiente, diverso y con acceso efectivo a las fuentes oficiales es condición necesaria para evitar la concentración del discurso público y para impedir que el poder político derive en prácticas autorreferenciales o propagandísticas”, concluyó.__IP__

El proyecto de resolución  lleva la firma de Selva, Nicolás Trotta, Germán Martínez, Raúl Hadad, Santiago Roberto, Hugo Yasky, Lorena Pokoik, Juan Marino y Diego Giuliano.

La diputada libertaria Virginia Gallardo quedó en el centro de la polémica tras presentar un proyecto para declarar de interés general a los premios Martín Fierro. Las periodistas Yanina Latorre y Laura Ubfal la cuestionaron con dureza y reavivaron el debate sobre las prioridades legislativas.

La iniciativa impulsada por Gallardo en la Cámara de Diputados propone declarar de interés general a los premios Martín Fierro, con el objetivo de reconocer su trayectoria y aporte cultural dentro de la industria audiovisual, radial y digital del país.

Sin embargo, lejos de pasar desapercibida, la propuesta desató una fuerte reacción en el mundo mediático, donde varias figuras cuestionaron la pertinencia del proyecto frente al contexto social y económico.

Una de las voces más críticas fue la de Yanina Latorre, quien lanzó una frase que rápidamente se viralizó:“¿Quién verga votó a Gallardo?”, expresó al aire, en un descargo cargado de indignación.

La panelista apuntó contra la legisladora por el contenido del proyecto y cuestionó el rol de los dirigentes políticos, al sostener que iniciativas de este tipo no contribuyen a resolver los problemas estructurales del país.

En la misma línea, Laura Ubfal fue tajante al referirse al tema durante su programa.“Mirá de qué se ocupa… ¿Para esto te votamos? Una diputada está para cosas más importantes”, disparó la periodista.

Si bien reconoció su vínculo con la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), organizadora de los premios, remarcó que la agenda parlamentaria debería enfocarse en cuestiones “fundamentales” para la sociedad.

La controversia expuso nuevamente el cruce entre política y espectáculo, y abrió un debate sobre cuáles deben ser las prioridades en la labor legislativa.

Mientras el proyecto busca jerarquizar uno de los galardones más emblemáticos del país, las críticas reflejan el malestar de ciertos sectores ante iniciativas consideradas alejadas de las urgencias sociales.

El episodio volvió a poner a Gallardo en el centro de la escena pública, en un contexto donde su desembarco en la política ya venía generando cuestionamientos. Esta vez, el foco no estuvo en su trayectoria mediática, sino en el contenido y la oportunidad de su agenda parlamentaria.

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, presentó un proyecto de resolución para declarar de interés, de la Cámara de Diputados, a los Premios Martín Fierro, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), liderado por Luis Ventura, por en reconocimiento a más de seis décadas de continuidad y a su influencia en el desarrollo de los medios de comunicación argentinos.

En los fundamentos de la iniciativa, Gallardo destaca que se trata de “uno de los acontecimientos más relevantes vinculados a la industria del periodismo, la televisión, la radio, el espectáculo y las nuevas plataformas digitales”, con una trayectoria ininterrumpida que supera los 65 años y que acompaña las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas del país.

El proyecto subraya el rol de los Premios Martín Fierro en la construcción de una identidad cultural compartida, al reflejar la evolución de la radio, la televisión abierta y, más recientemente, los contenidos digitales, que cumplen un papel central en la formación de la opinión pública y en la difusión de producciones nacionales.

Además, la diputada libertaria remarca el impacto del galardón en el fortalecimiento de la industria cultural y creativa, al incentivar la calidad, la diversidad y la profesionalización del sector; en ese marco, se lo encuadra, también, como un aporte a la economía del conocimiento, considerada estratégica para el crecimiento y la generación de valor en la Argentina.

Otro de los ejes del proyecto es el enfoque federal que fue incorporando la premiación en los últimos años, con el reconocimiento a producciones y profesionales de distintas regiones del país; según señala el texto, esa ampliación permitió visibilizar el trabajo de medios y comunicadores del interior y contribuir a una representación más equilibrada de la diversidad cultural argentina.

Con esta iniciativa, Gallardo solicitó el acompañamiento de sus pares para destacar el valor cultural, histórico y federal de los Premios Martín Fierro, en un contexto de debate sobre el rol de las industrias culturales y su vínculo con el desarrollo económico y la identidad nacional

En una sesión extensa con ribetes escandalosos, en medio de movilizaciones en todo el país y un paro general de la CGT, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados la reforma laboral y ahora el proyecto será remitido al Senado para analizar las modificaciones aplicadas en la redacción.

La iniciativa recogió 135 votos a favor y 115 rechazos en la votación en general, y ahora para ser convertida en ley deberá ser ratificada por el Senado, ya que se eliminó el artículo 44 que establecía una rebaja de los salarios para los trabajadores que tengan un accidente o enfermedad, fuera del ámbito laboral.

El proyecto fue aprobado con el voto favorable de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID, y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia, y algunos diputados sueltos monobloquistas.

En cambio votaron en contra la totalidad de los diputados de Unión por la Patria, la gran mayoría de los diputados de Provincias Unidas, los cuatro integrantes del Frente de Izquierda, y los monobloques de Marcela Pagano, Natalia de la Sota y el puntano peronista Jorge Fernández.

En la votación en particular, el oficialismo logró blindar cada uno de los 26 títulos y 218 artículos del proyecto de reforma laboral.

Ese incluye artículos polémicas como los que regulan las indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales, y el desfinanciamiento del INCAA.

El trámite continuará en el Senado y por ese motivo, el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto para este viernes a las 10, con el objetivo de emitir dictamen y así poder llevarlo al recinto el viernes 27 de febrero, en la antesala a la Asamblea Legislativa en la que el presidente Javier Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso.

La sesión comenzó con la presencia de 130 diputados que fueron aportados por la Libertad Avanza, el PRO, Innovación Federal, la UCR, el MID, Independencia, Elijo Catamarca, y Producción y Trabajo.

Los gobernadores peronistas que colaboraron para que el oficialismo tenga quórum fueron Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Saénz (Salta) y los provinciales Hugo Passalacqua, y Marcelo Orrego (San Juan) y los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdes (Corrientes).

La deliberación comenzó en medio de un escándalo cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sometió a votación a mano alzada el plan de labor.

El método de votación generó la indignación de Unión por la Patria, y varios de sus integrantes salieron disparados de sus bancas y se precipitaron sobre el estrado de la Presidencia para exigirle a Martín Menem que rectificara la decisión.

El primero en levantarse raudamente de su banca para encarar al riojano para pedirle explicaciones por su supuesto accionar irregular fue el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y lo siguieron otros legisladores como Paula Penacca, Eduardo Valdés, Lorena Pokoik, Horacio Pietragalla y Nicolás del Caño.

Además, Florencia Carignano (UxP) se dejó llevar por los ánimos acalorados en el recinto y en una acción insólita que le puede traer consecuencias a futuro apagó el micrófono mientras hablaba su par oficialista Carlos Zapata.

Pero no fue el único escándalo que sucedió en la sesión ya que se desató otra controversia cuando el peronismo quiso suspender la sesión en un momento determinado al advertir que la sesión había perdido el quorum.

Con la ayuda de Silvana Giudici y Luis Petri, Menem logró salir del apuro y evitar que se suspendiera la sesión.

El presidente de la comisión del Trabajo, Lisandro Almirón, defendió la reforma laboral y destacó “el marco regulatorio actual no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad”.

Almirón, el único libertario que expuso a lo largo del debate y que fue abucheado por los opositores por leer su discurso, dijo que "hace décadas que nuestro país tiene un problema de fondo grave que es la incapacidad de crear empleo genuino".

“No podemos ignorar la realidad de la que partimos y la realidad es que hoy el 55% de las personas están en la informalidad. Millones de argentinos trabajan por afuera del encuadre de las leyes vigentes sin aportes, sin obra social”, graficó.

El diputado nacional de Unión por la Patria Sergio Palazzo aseguró que si se aprueba la reforma laboral va a haber “una catarata de pedidos de inconstitucionalidad”.

Para el líder de La Bancaria, en el oficialismo “han contrabandeado detrás de la palabra modernización un brutal retroceso histórico en los derechos de los trabajadores”.

Según alertó, entre otras consecuencias la reforma laboral “liquida el derecho de huelga”, y además va a consumar “el vaciamiento más grande que puedan hacer del sistema previsional argentino que es el Fondo de Asistencia Laboral".

La diputada nacional de Unión por la Patria Vanesa Siley sostuvo que “los chorros” son los diputados de extracción peronista, como los tucumanos de Independencia y los de Elijo Catamarca, que dieron quórum a la sesión para que el oficialismo pueda votar la reforma laboral.

Mientras daba su discurso, la legisladora kirchnerista aseguró que “los chorros son los que se sentaron en el medio y dieron quórum, esos son los que ustedes compran”.

“A esta ley también la está atravesando una Banelco. Pero lo lamentable de esta nueva Banelco es que se hace a la luz del día, que son las cajas de las provincias”, siguió.

El diputado nacional de Encuentro Federal Miguel Pichetto consideró que el sistema de convenios por empresa que impulsa el proyecto de reforma laboral del oficialismo “es un error” y que es “mejor negociar" con la representación sindical donde existen "marcos de mucha más racionalidad".

“Va a ser peor el sistema de los convenios por empresa. Eso es un grave error. La historia demuestra que los convenios por empresa terminan siendo negativos”, alertó.

Desde la izquierda, el diputado Néstor Pitrola desmintió que existan “problemas de costos laborales” en el país, como afirma el Gobierno.

“No hay en el país problemas de costos laborales en un país donde la canasta de pobreza es 1.300.000 pesos y la mayoría de los trabajadores están por debajo de la línea de pobreza”, graficó.

“El problema son las tasas de interés, la desinversión, la fuga de capitales, la especulación financiera, el vaciamiento de empresas, los impuestos que van al pago de una deuda ilegítima y usuraria. Esos son los problemas, no el costo laboral. Es una burrada y por eso van a fracasar”, vaticinó.

El diputado radical mendocino Lisandro Nieri defendió el proyecto al asegurar que la actual ley "es vetusta y no les sirve a los trabajadores ni a los empresarios porque el costo laboral es muy alto".

“El marco laboral actual, lo único que ha logrado en los últimos años, es aumentar la litigiosidad, la informalidad y los costos laborales”, subrayó.

El diputado nacional de Provincias Unidas Martín Lousteau sostuvo que “Argentina necesita una reforma laboral pero no es ésta”, y lamentó que mientras se dice que "no hay plata" para mejorar las jubilaciones, sí haya plata para subsidiar despidos".

La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade advirtió que con la implementación de la reforma judicial que impulsa el Gobierno “va a haber un nivel de litigiosidad muy grande”, y se van a “plantear muchas inconstitucionalidades”, con “muchas medidas cautelares”.

Por su parte, Juan Grabois (Unión por la Patria) consideró que esta ley “es de obsolescencia y regresión", y deja afuera cuestiones muy actuales como "la inteligencia artificial, el teletrabajo, la telemedicina”.

La diputada nacional de Coherencia Marcela Pagano aseguró que ella estaba a favor de impulsar una reforma laboral, “pero no así”, recordando que ella misma presentó un proyecto que no fue tenido en cuenta por el oficialismo.

Sobre los riesgos que supone la reforma del Gobierno, la ex periodista dijo que está en juego la libertad de expresión a partir de la derogación del Estatuto del Periodista Profesional.

Myriam Bregman (Frente de Izquierda) alertó que la reforma laboral del Gobierno “perjudica especialmente a las mujeres trabajadoras”.

Mencionó en ese sentido la política del banco de horas, que pone en riesgo la jornada laboral con horarios establecidos e impide que los trabajadores puedan organizar sus vidas.

El diputado nacional de Unión por la Patria Máximo Kirchner sostuvo que se opone a la ley de reforma laboral “porque va a fracasar”

El líder de La Cámpora aclaró que no se opone al proyecto “por capricho” o porque “pertenece a otro espacio político”.

“Me opongo a esta ley porque va a fracasar y porque va a someter a los argentinos y a los más pibes a la patronal o al dueño de turno”, consideró.

Según alertó, la reforma laboral le va a otorgar a los empleadores “mucho más poder sobre sus empleados para poder despedirlos o destrozar su salario y el poder adquisitivo del mismo”.

En el cierre de Unión por la Patria, el jefe de bloque, Germán Martínez, avisó que cuando el peronismo asuma nuevamente el poder "esta ley va a ser derogada inmediatamente”.

“Es llamativo tener una normativa tan absolutamente anti obrera y tan absolutamente tan anti trabajador”, consideró el santafesino.

Según señaló, la ley laboral del oficialismo “no solamente no moderniza nada” sino que “es pre peronista” y “pre yrigoyenista”.

NA

La tensión política de este jueves mantendrá candente el foco político y mediático en el Congreso y sus adyacencias. Dentro del recinto de Diputados se debatirá el proyecto que llegó con la media sanción del Senado de Reforma Laboral. Fuera, se lleva a cabo el cuarto paro general contra el gobierno de Javier Milei.

La CGT lo anunció días atrás y lo confirmó ni bien se supo que este mismo jueves el proyecto entra en discusión en el recinto. Si bien no llamaron a movilizar, los aparatos sindicales (con la novedad del acompañamiento del sector del transporte de pasajeros) dejarán a la vista el rechazo a la gestión libertaria.

En materia de movilidad, no habrá trenes, subtes, colectivos ni vuelos durante la medida de fuerza. La paralización total del transporte público y aéreo condicionará el funcionamiento de múltiples actividades, tanto en grandes centros urbanos como en el interior del país.

En el ámbito deportivo, los cuatro partidos previstos por el Torneo Apertura de fútbol serán reprogramados. La suspensión responde a la imposibilidad de garantizar traslados, operativos de seguridad y logística en el marco del paro.

El sistema bancario permanecerá cerrado, tanto en entidades públicas como privadas. Solo estarán disponibles las operaciones a través de homebanking y cajeros automáticos, por lo que no habrá atención al público en sucursales.

El sector comercial adhiere a la medida, aunque la apertura de locales dependerá en gran medida de la disponibilidad de transporte para empleados y clientes. En consecuencia, podría registrarse un funcionamiento dispar según la zona y la actividad.

También se sumarán el turismo, el sector hotelero y la gastronomía, lo que afectará reservas, excursiones y servicios vinculados a la actividad turística. En ciudades con alta circulación de visitantes, se prevé una merma significativa en el movimiento.

El sindicato de Camioneros confirmó su adhesión, por lo que no habrá recolección de residuos, distribución de correspondencia ni transporte de cargas. Esta situación podría generar demoras en la logística y el abastecimiento.

En tanto, los puertos permanecerán cerrados durante 48 horas, con impacto directo en la operatoria de exportaciones e importaciones.

En el área de salud, la adhesión implicará que solo funcionarán guardias mínimas y servicios de urgencia, garantizando la atención ante situaciones críticas pero con suspensión de turnos programados.

En la administración pública, se anunció movilización con adhesión de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Desde el Gobierno se informó que se descontará el día a los empleados estatales que no concurran a sus puestos de trabajo.

El alcance de la medida anticipa una jornada con actividad reducida en buena parte del país y con efectos que podrían extenderse más allá del día del paro, especialmente en sectores logísticos y portuarios.

El presidente viajó este miércoles a Estados Unidos para participar del primer encuentro de la “Junta de la Paz” impulsada por Donald Trump.

La delegación que acompañó al presidente está integrada por su hermana Karina y el canciller Pablo Quirno. La agenda se ciñe a la presencia en el lanzamiento del organismo que fue creado por la administración republicana bajo el argumento de la necesidad de mediar en conflictos bélicos y, en particular, para abordar la reconstrucción de Gaza.

En ese contexto, Milei dejó entrever su postura frente al paro sindical. Replicó mensajes sobre el cierre de Fate y sobre la medida gremial publicó: “¿Conspiranoico yo? Fin.”

EL

Este jueves 19 de febrero de 2026, la Cámara de Diputados de la Nación llevará adelante una sesión especial para aprobar con modificaciones el proyecto de reforma laboral propuesto por el gobierno de Javier Milei. La medida fue solicitada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad e Innovación Federal, lo que garantiza que el oficialismo contará con el quórum necesario para abrir la deliberación.

La reforma laboral es un tema de gran trascendencia, ya que tiene implicaciones directas sobre las condiciones de trabajo, la rebaja de aportes patronales, y la modificación de indemnizaciones. Sin embargo, uno de los puntos más discutidos fue la inclusión del artículo 44, que establecía que las licencias por enfermedad o accidente fuera del ámbito laboral serían remuneradas solo al 50% o 75% dependiendo de la situación familiar del trabajador. Este artículo será eliminado tras las negociaciones, como lo anunció el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, durante la sesión del plenario de comisiones.

El debate en Diputados se enfocará en la modernización de las leyes laborales, mientras los bloques políticos se preparan para defender sus posiciones. La sesión está marcada por tensiones internas, ya que algunos sectores rechazan la reforma, mientras que otros, como los de la UCR y el PRO, la apoyan con algunos cambios en los detalles.

La jornada parlamentaria coincide con el paro general convocado por la CGT en rechazo de la reforma, lo que agrega un contexto de alta tensión política y social. Si el proyecto recibe la media sanción en Diputados, deberá regresar al Senado para su sanción definitiva.

El Gobierno aceptaría las modificaciones de la Cámara de Diputados en el proyecto de reforma laboral para aprobarlo este jueves 19 de febrero y devolverlo a la Cámara alta un día después.  En ese sentido, el objetivo final sería convertirlo en ley el viernes 27 de febrero, explicaron fuentes oficiales.

Desde el riñón de la mesa política oficialista piensan que, luego de sesionar el próximo jueves, como estará estipulado en el cronograma libertario, el texto sería remitido al Senado rápidamente para que la senadora y jefa de bloque LLA, Patricia Bullrich, consiga dictaminarlo el viernes 20 en comisión.  

Si bien el lunes por la mañana los libertarios habían barajado la posibilidad modificar el polémico artículo de reducción del pago de las licencias a través de una reglamentación o de una ley complementaria, esta posibilidad no tendría el visto bueno de un sector de los dialoguistas.  

La modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, luego de los tres meses cobrará un 50% del salario, sin detallar qué pasa en los casos de enfermedad grave y del 75% si tiene personas a cargo. 

Bullrich dijo que la idea es mantener para el pago de enfermedades graves el 100% del pago de los salarios, pero que se exigirá certificado “fehaciente” o una junta médica. 

El artículo, que pasó por debajo del radar en el Senado, fue puesto bajo la lupa tras las declaraciones del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger. 

NA

La jefa del bloque de senadores de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció que fue “un error” no haber diferencias las enfermedades graves y leves en el proyecto de reforma laboral, donde se rebajaron el pago de las licencias por enfermedad o accidentes y reiteró que se modificará ese artículo en la discusión en diputados.

Bullrich dijo que tuvieron “un error porque la ley original no distingue entre enfermedades” al no haber realizado una división al disponer que en caso de accidente o enfermedad ajenas al trabajo se iban a pagar entre el 50 y el 75% del sueldo que cobra cada trabajador.

La modificación de ese artículo obligará a que el proyecto vuelva de nuevo al Senado ya que los bloques dialoguistas no aceptaron que se pueda hacer por una ley complementaria o la reglamentación como aspiraba el oficialismo, según señalaron fuentes parlamentarias.

En declaraciones a TN, Bullrich dijo que “el error no fue haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables. Nos faltó eso y lo vamos a arreglar”.

Señaló que “eso puede pasar cuando tenés más de 200 artículos” y agregó que el problema surgió porque la actual ley que “no distingue entre un esguince y un cáncer”.

El artículo 44 establece que se pagará el 50% del sueldo en caso de las licencias por enfermedades o accidentes ajenas al ámbito laboral y del 75% cuando se trate de personas con familiares a cargo.

NA

Con 149 a favor, 100 en contra y cero abstenciones quedó aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto que baja la edad de imputabilidad a los 14 años y lo giró al Senado para su sanción definitiva.

Tras unas diez ocho horas de debate, la Cámara baja dio media sanción en la tarde de este jueves al nuevo Régimen Penal Juvenil que reduce la punibilidad de 16 a 14 años y establece un nuevo esquema de sanciones, medidas socioeducativas y reglas de detención diferenciada para adolescentes en conflicto con la ley penal.

El oficialismo de La Libertad Avanza, con el acompañamiento de bloques dialoguistas, consiguió con holgura los votos necesarios para aprobar la iniciativa que el Ejecutivo introdujo en el temario de extraordinarias tras el crimen de Jeremías Monzón ocurrido en la ciudad de Santa Fe a manos de tres menores.

El tratamiento se dio en una sesión extraordinaria que arrancó a las 11.18, con una jornada larga y cargada de tensión, donde se colaron cuestiones de privilegio entre tandas de oradores, y con el telón de fondo de un caso que el Ejecutivo.

Luego de la votación en general, el diputado Pablo Farías pidió modificar el artículo 1 del primer capítulo de la Ley para que se reduzca a la mitad la escala de la pena cuando el imputado sea un menor de catorce años y a dos tercios cuando sea un menor de 15. Sin embargo, la propuesta de Provincias Unidas no fue aceptada. Luego, fueron aprobados a mano alzada y sin modificaciones los capítulos 1, 2 y 3 del proyecto.

El quórum de 129 presentes se alcanzó con una combinación quirúrgica de bancas: 95 diputados de La Libertad Avanza; 20 del interbloque Fuerza del Cambio (PRO, UCR, MID y aliados); 7 de Innovación Federal; 3 del bloque Independencia; 3 de Elijo Catamarca; y la exlibertaria Lourdes Arrieta.

En el arranque del debate, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado sostuvo que el nuevo Régimen Penal Juvenil será “un gran paso para Argentina” y defendió que el sistema vigente es “ineficiente”, no resocializa y tampoco repara a las víctimas. Su línea fue clara: aún con pocos casos, el Estado “tiene que actuar”, y el argumento de que la incidencia juvenil es baja le pareció “cruel”.

Enfrente, Victoria Tolosa Paz (UxP) lo calificó como “mamarracho jurídico” y acusó al oficialismo de sostener una consigna marketinera —“delito de adulto, pena de adulto”— para un tema que, dijo, exige proporcionalidad y dispositivos especializados “no durlock en cárcel de adultos”. Insistió en que el problema “no se soluciona con marketing” ni “cambiando la edad como si fuera un juego de póker”.

El jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó a un “vacío de política pública” sobre los niños y adolescentes no punibles, y cuestionó que aportes de la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría “no fueron tenidos en cuenta”. También remarcó que el abordaje presupuestario es “ínfimo” y que no incluye con claridad el impacto provincial.

Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman endureció el rechazo: “el que le vote que sienta vergüenza”, dijo, y advirtió que bajar la edad no resuelve y que la criminalización recae sobre los sectores populares. Romina del Plá sumó otra alerta: que las bandas narco “vayan a buscar como soldaditos” a chicos aún más chicos, de 10, 11 y 12, si el sistema cambia el umbral.

Del lado oficialista, el libertario Santiago Santurio defendió que se están debatiendo “delitos graves” y que el Estado debe dar respuesta. “No es la solución definitiva, pero es una respuesta fundamental”, planteó.

Entre los respaldos, Miguel Pichetto se mostró a favor de bajar a 14 años, pero dejó una advertencia que atravesó a varios dialoguistas: descree que el Gobierno “ponga el presupuesto” real para infraestructura y ejecución del régimen. Incluso puso un número gráfico en la discusión: el metro cuadrado de construcción para encierro “cerca de 7.000 dólares”, y reclamó una cláusula que contemple las condiciones efectivas de implementación en provincias.

Cristian Ritondo (PRO) defendió que se trata de un debate “necesario” y “postergado”, con una ley de casi 50 años frente a una “violencia desbordada”. Y marcó una línea que sintetizó el consenso: “es prudente” dejar la edad en 14 porque no hay “consenso científico” para ir más abajo y por la “capacidad real del Estado”.

En clave santafesina, la diputada Gisela Scaglia apoyó el régimen y puso el foco en una preocupación que atraviesa el territorio: el narcotráfico como red de captura. Dijo que Santa Fe “reclama” un régimen penal juvenil y planteó que la punibilidad puede funcionar como resguardo para evitar que los narcos “agarren” a los chicos. Pero sumó un límite: la inversión social “tiene que darse en conjunto” y no puede recaer solo en las provincias.

La iniciativa, ya con media sanción, pasó al Senado. Allí el oficialismo buscará repetir la fórmula: aliados, poroteo fino y un debate que, aunque tenga décadas, en año electoral siempre se siente como si fuera la primera vez.

EL

La Cámara de Diputadas y Diputados realizó la Sesión Preparatoria en el marco de la cual Clara García (Bloque Socialista - Frente Unidos) fue reelegida como presidenta del cuerpo de cara al inicio del 143º Período Ordinario que, tras la reforma constitucional de 2025, comenzará el próximo domingo 15 de febrero.

También fueron reelectas las demás autoridades del cuerpo. Así la vicepresidencia 1º del cuerpo seguirá siendo ejercida por José Corral (Bloque UCR - Frente Unidos) y la vicepresidencia 2º por Sonia Martorano (Bloque Hacemos Santa Fe - Juntos Avancemos).

A propuesta del diputado provincial Joaquín Blanco, la Sesión Preparatoria fue presidida por su par y exgobernador Antonio Bonfatti por ser el decano del cuerpo. Luego el presidente del Bloque Socialista fue el encargado de proponer los nombres para conducir la Cámara baja durante el nuevo período de sesiones.

Tras jurar y asumir nuevamente en el cargo, García hizo lo propio con Corral y Martorano, y convocó al conjunto de legisladores a trabajar en conjunto durante “otro año de intensa labor legislativa. En 2024 nos tocó tratar leyes de importancia estructural para la gestión de provincial y en 2025, nuestra provincia llevó adelante una reforma constitucional y varios integrantes de este cuerpo fueron parte de ese proceso histórico” repasó. “Este año tenemos el desafío de darle cuerpo a esa nueva Constitución con el tratamiento de leyes que deben ser innovadoras y cercanas a la gente”, sostuvo.

La legisladora puso especial énfasis en “el respeto, la tolerancia y la convivencia” que prevalecen en la Cámara baja santafesina. “Es un orgullo que este abanico tan amplio de orígenes y trayectorias políticos que tiene este cuerpo legislativo pueda mostrar la gran capacidad de trabajo y de consenso que viene teniendo en estos años”, remarcó.

Para terminar, García resaltó el hecho de que por primera vez el período ordinario de sesiones se inicie en febrero. “Si bien, como legisladores, desarrollamos nuestro trabajo tanto en el recinto como en el territorio, es un cambio de funcionamiento que nos augura un año altamente productivo para lograr el cometido de defender a nuestra querida provincia de Santa Fe y mejorar con cada proyecto que impulsamos la vida de los santafesinos y santafesinas”.