El Senado abrirá este miércoles el debate del proyecto de reforma de la ley de Salud Mental, que tiene como punto central permitir las internaciones “no voluntarias”  y establece que se incorpora a las adicciones a la drogas como una enfermedad de salud mental.

El proyecto girado por el Gobierno Nacional se discutirá en un plenario este miércoles a las 16.30 de las comisiones de Salud —que se constituirá ese mismo día y designara la senadora de LLA Ivanna Marcela Arrascaeta  — y de Legislación General —que preside la libertaria neuquina Nadia Márquez.

La sanción de esta iniciativa es reclamada por familiares de enfermos por adicciones que señalan que la actual ley no ayuda a estos enfermos, pero es rechazada por el kirchnerismo y organizaciones de derechos humanos.

Además fija el proyecto promovido por el Gobierno que “las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental”

“El uso, abuso o adicción al consumo de sustancias o drogas -legales o ilegales- relacionado con afecciones o trastornos del comportamiento deben ser abordados teniendo en cuenta la singularidad de cada persona y el momento o la etapa del consumo, y debe asegurarse el respeto de todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud”, agrega

Uno de los puntos centrales del proyecto es que se flexibilizan los criterios de internación, permitiendo que se pueda hacer de forma obligatoria sin el aval del paciente, una situación que hoy está prohibida en la ley aprobada en 2010.

En lugar del concepto de “riesgo cierto e inminente”, se incorporó la noción de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.

“ La internación es considerada como un recurso terapéutico excepcional y solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social”, señala

Fija que "debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente”.

Otro punto clave es que se deberá comunicar a un juez en un plazo de 24 horas la “ internación involuntaria debidamente fundada” y a las 48 horas enviarle toda la documentación  respectiva.

Rol Médico: El proyecto da un rol central a la mirada técnico-médica (psiquiatras) sobre el enfoque interdisciplinario actual.

Dispone que la atención deberá estar a cargo de equipos interdisciplinarios, y pone como requisito la presencia obligatoria del médico psiquiatra

Tendrá mayor peso la evaluación médica en decisiones clave como diagnósticos, tratamientos e internaciones, lo que no sucedía en la legislación vigente.

Mantiene que la internación como recursos excepcional, pero permite la internaciones no voluntarias, que en la anterior ley era una situación que se contemplaba en casos extremos.

Las internaciones no voluntarias solo permitirán en "situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.

El consumo problemático de sustancias se integra formalmente a las políticas de salud mental y la autoridad de aplicación podrá definir dispositivos específicos, ambulatorios o de internación. NA

En el recinto de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, se desarrolló una audiencia pública encabezada por el Presidente Provisional, Felipe Michlig, los Senadores por el PJ, Alcides Calvo, Esteban Mota, Leonardo Diana, Armando Traferri, Ciro Seisas, Germán Giacomino, Hugo Rasetto y la Diputada Nacional, Gisela Scaglia, contando con la presencia de Diputados Provinciales, Intendentes, Concejales y Presidentes Comunales de localidades aledañas a la traza de la Ruta Nacional N°34 en su extensión en la Provincia de Santa Fe, con el objetivo de visibilizar su estado de peligrosidad, por su desgaste y deterioro a pesar de ser un corredor vial vital por donde transita la producción nacional hacia los puertos y una vía que es utilizada por la población de otras provincias del sector norte de Argentina.

Durante la reunión se pudo escuchar la palabra de los oradores presentes quienes visibilizar las problemáticas y dificultades presentadas en cada jurisdicción como así también la contabilización de los hechos trágicos y accidentes de tránsito causados por el estado actual, destacando las acciones realizadas ante la justicia que derivaron en movimientos menores sin encontrar una respuesta definitiva por el Estado Nacional.

En consecuencia y destacando que la problemática excede cualquier postura política, los presentes acordaron realizar un reclamo por la vía judicial en conjunto demostrando que en esta oportunidad la problemática excede a cualquier cuestión y que es necesario pensar en las graves consecuencias ocurridas hasta el momento para evitar que se sigan repitiendo.

El Departamento Castellanos estuvo representado por el Senador Provincial Alcides Calvo, y además los Intendentes de Sunchales, Pablo Pinotti, de San Vicente, Gonzalo Aira, los Concejales de la ciudad de Rafaela, Mabel Fossati y Lisandro Marcico, y los Presidentes Comunales de Tacural, Adrián Sola, de Angelica, Marcos Andrés, de Lehmann, Marcelo Bett y de Ataliva, José Alvarez.

En el inicio de la reunión, el Senador por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo, expuso “Ver hoy aquí el recinto colmado de Legisladores, Diputados Presidentes Comunales, Intendentes y Concejales no hace más que poner en valor el reclamo sobre el estado de la Ruta Nacional N°34, todos coincidimos en que se necesita una solución o por lo menos una respuesta, para quienes transitan día a día por esta traza vial ya sea para transportar la producción, para trabajar o para asistir al colegio, es importante que podamos elevar un reclamo conjunto, y a su vez realizar gestiones legislativas provinciales y nacionales, aunque ya se ha judicializado institucionalmente la situación de emergencia”.

El bloque de senadores del Partido Justicialista de Santa Fe, presentó un proyecto de Código Electoral que busca consolidar en un único cuerpo legal las normas que regulan el sistema de votación en la provincia.

La propuesta introduce definiciones sobre calendario, modalidades de sufragio, organización de campañas y mecanismos de participación, con el objetivo de establecer un esquema más previsible y comprensible.

El proyecto sostiene la vigencia de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como instancia para la definición de candidaturas, y establece la boleta única de papel para todas las categorías de cargos electivos, lo que implica que cada opción se elija de manera individual.

A la vez, fija como fecha para las elecciones generales el cuarto domingo de junio y reduce los plazos de campaña, con impacto directo en la organización del proceso electoral.

La iniciativa incorpora además disposiciones vinculadas a la ampliación de derechos políticos, incluyendo el voto de jóvenes de 16 a 18 años y de ciudadanos extranjeros, conforme a la Constitución provincial reformada en 2025. En paralelo, introduce herramientas de gestión como el expediente digital electoral y simplifica procedimientos administrativos para la presentación de candidaturas.

Otro de los ejes del proyecto es la regulación detallada de las campañas electorales. Se establecen criterios sobre publicidad, difusión de encuestas y circulación de información en entornos digitales, junto con normas de conducta para precandidatos y candidatos.

El texto también contempla medidas específicas orientadas a garantizar condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad en el ejercicio del voto

“El objetivo es contar con reglas claras y estables que ordenen el sistema electoral y permitan que cada instancia del proceso sea más comprensible para los ciudadanos”, señalaron desde el bloque impulsor al presentar la iniciativa.

La propuesta se inscribe en el contexto institucional abierto tras la reforma constitucional de 2025, que introdujo cambios en la organización política de la provincia y habilitó la actualización de su legislación electoral. En ese marco, el nuevo Código busca articular las disposiciones existentes y adecuarlas a los criterios establecidos por la nueva normativa.

El texto completo del proyecto se encuentra disponible para su consulta y descarga en los canales oficiales, con la intención de facilitar el acceso público y promover el seguimiento de su tratamiento legislativo.

Entre otros expedientes con tratamiento preferencial, para este jueves 9 de abril se encuentra en la Cámara de Senadores de Santa Fe un proyecto de ley que crea un programa cuyo eje son los alumnos de las escuelas secundarias y sus emociones. Nada más actual.

La iniciativa se apoya en la experiencia de una medida dispuesta en 2017 por el entonces gobernador Miguel Lifschitz, y procura crear un "Espacio de Escucha y Acompañamiento emocional para estudiantes de las escuelas secundarias y técnicas, de gestión oficial y de gestión privada de la Provincia de Santa Fe.

El texto no es una mera declamación de buenas intenciones. Propone sumar y poner en el escalafón del Ministerio de Educación a "psicólogos, psicopedagogos, counselors (1), licenciados en trabajo social y aquellos profesionales y docentes que tengan títulos profesionales y capacitación pedagógica, de conformidad a la competencia que otorgue la Unidad de Incumbencias y Competencia de Títulos".

La propuesta que coincide con la próxima sesión de los senadores ingresó en noviembre de 2025 y su tratamiento se ha postergado en varias oportunidades desde entonces. El día 19 de marzo se le brindó una nueva promesa de tratamiento con preferencia, casi dos semanas antes de los trágicos sucesos de la ciudad de San Cristóbal.

Su autor es un senador que, además, es médico. En sus fundamentos, el representante por San Jerónimo, Leonardo Diana, subraya el impacto que la pandemia (con sus angustias y restricciones) seguramente dejó en los chicos que hoy son alumnos de ese nivel educativo. El objetivo es mejorar la convivencia en esas instituciones, con la ayuda de profesionales, de manera sistemática.

La norma en discusión sostiene que se debe avanzar en "la formación de facilitadores de convivencias", de acuerdo con lo dispuesto por una resolución de Educación de 2009, que ya ponía el tema sobre el tapete.Años después, el decreto 0174 de 2017, creaba como espacio curricular las "Ruedas de Convivencia" para todos los establecimientos de educación secundaria y de educación técnica, de gestión oficial y de gestión privada. Como ahora la ley en discusión planteaba afectar el presupuesto y darle un lugar en el escalafón de Educación a expertos en salud emocional.

Además, una vez dictado ese decreto hubo más intentos de replicarlo pero por ley en el Senado. En junio de 2025 el senador Alcides Calvo (PJ-Castellanos) presentó una iniciativa en igual sentido, que procuraba la capacitación de los docentes en materia de convivencia. El representante del peronismo tomó en aquel caso una iniciativa de estudiantes del 6to año de la Escuela de Educación Técnica N.º 495 "Malvinas Argentinas" de Rafaela, en el marco del programa Ciudadanos en el Senado en el año 2024.

El programa que propone Diana "tendrá el carácter de actividad grupal como así también individual en las situaciones que el alumno así lo solicite" y obviamente faculta a las autoridades educativas a "resolver cuestiones no previstas en la presente" y a "dictar las normas que resulten necesarias para la implementación del presente programa".

"Este tipo de proyectos, apunta a correrse de viejos paradigmas, educativos y de salud, fomentando espacios donde los jóvenes puedan abrirse y construir junto a su consejero un vínculo adecuado, donde la información, escucha y contención, le permitan pensarse y construirse como sujeto y ciudadano, reflexionando sobre sí mismos", dice en los considerandos el proyecto del senador radical.

"Estoy convencido que desde la educación formamos académicamente, pero también debemos apuntar a construir una sociedad con seres individuales, que puedan armas su proyecto de vida, y que puedan sumar todo su potencial al desarrollo de nuestra provincia, de nuestro país. Este programa tiene como antecedente el historial de experiencias favorables y beneficiosas para los jóvenes de nuestra provincia del Programa de Ruedas de Convivencia impulsado por el gobierno del Ing. Miguel Lifschitz; en tanto que nuestra propuesta retoma las virtudes de dicho programa y tiene por objetivo fortalecerlo, expandirlo y aggionarlo a la coyuntura post pandémica que presentan los adolescentes", agrega.

El principal aporte de la ley en comisiones del Senado es que "establece que los profesionales a cargo de brindar dicho espacio, sean profesionales idóneos en la temática, como así también, se propone expandir el servicio a todos los niveles secundarios y habilitar un espacio de atención y escucha individual cuando el joven así lo requiera".

(1) Un counselor o consultor psicológico es un profesional de la salud, formado en un enfoque humanista, que brinda orientación y apoyo en crisis vitales, duelos, conflictos familiares o desarrollo personal. A diferencia de un psicólogo, no trata psicopatologías ni medica; se enfoca en personas sanas que buscan superar estancamientos, promoviendo el autoconocimiento y la toma de decisiones.

Luis Rodrigo - El Litoral

La Cámara de Senadores aprobó un nuevo pedido de informes sobre los trabajos que una empresa realiza sobre la Ruta Provincial 10, en el departamento Las Colonias.Un texto impulsado por Rubén Pirola, el presidente de la bancada del justicialismo, sostiene que en plena ejecución de los trabajos de repavimentación ya se advierten problemas en tramos recién estrenados.

La minuta requiere que el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Provincial de Vialidad informen sobre varios puntos referidos a las labores en el nexo entre Pilar y Nuevo Torino. Se piden precisiones sobre el estado de avance general de ejecución de la obra y sobre todo “si se han efectuado análisis de calidad de los materiales constructivos y/o de los trabajos realizadas para su ejecución en atención a que, no habiéndose terminado la obra, ya se vislumbran baches en la cinta asfáltica”, dice la comunicación.

Se piden más detalles sobre “medidas que se tomarán respecto de los desperfectos que ya se constatan en la traza de la ruta; información referida a la licitación correspondiente, fechas de inicio y fin de la obra, empresa que resultó adjudicataria y si se han llevado adelante actuaciones administrativas tendientes a requerir la correcta conservación de la obra de conformidad a las previsiones de la Ley N° 5188”.

El pedido de informes en un momento dispone “Reiterar a las autoridades con competencia en la materia sobre la gestión impulsada por esta Honorable Cámara de Senadores que cursara bajo Expediente N.º 52456 - JI referida una inciativa de idénticas características al presente y la necesidad de una pronta respuesta”, es decir el requerimiento de información anterior.

La comunicación expresa que será bienvenido “todo otro dato de interés relacionado con la obra en cuestión que asegure la calidad de los trabajos realizados y por realizarse sobre la arteria en atención a lo preocupante de la situación planteada”, dice el líder de la bancada opositora.

En los considerandos se advierte que la ruta “no solo conecta dos centros urbanos de gran importancia que se encuentran en pleno auge productivo, sino que también sirve como una vía clave para la producción agropecuaria e industrial, facilitando el transporte de bienes y personas”. “La importancia de la Ruta Provincial N.º 10 es harto conocida y su realidad se encuentra caracterizada por el alto tránsito tanto de vehículos particulares como de transportes de carga, lo que hace imperioso su mantenimiento”, sigue.

Recuerda que las obras anunciadas y ejecutadas recientemente por el gobierno provincial “muestran una realidad altamente alarmante por la cantidad de baches que ya pueden verse a simple vista en la carpeta asfáltica pese a que el gobierno provincial en su pagina oficial (https://www.santafe.gov.ar/noticias/noticia/283813/) anuncia lo siguiente: ‘se están realizando distintas intervenciones por tramo en una extensión de 9.300 metros. Estos trabajos incluyen tres tipos de tratamiento estructural, según las condiciones de la calzada: en primer lugar, una reconstrucción del Km. 0 al Km 0,4 - Nuevo Torino, con tareas de fresado, reciclado y carpeta asfáltica de rodamiento. Por otra parte, se desarrolla bacheo у repavimentación desde el Km. 0,4 al Km 6,5 con texturizado del gálibo, reciclado profundo y repavimentación’ ”.

“La necesidad de este pedido surge, además, de la creciente preocupación manifestada por los ciudadanos, transportistas y autoridades locales, quienes han alertado sobre serias deficiencias en la ejecución de los trabajos”, dice en los fundamentos.

Subraya que los “baches y fisuras en la nueva cinta asfáltica” además de provocar dudas sobre “la calidad de los materiales y la ejecución de los trabajos”, sino que también “compromete la seguridad de quienes transitan por la ruta, poniendo en riesgo la inversión pública realizada”.

La situación del estado de la carpeta asfáltica de la Ruta Provincial N.º 10 “ha sido objeto de gran cantidad de gestiones que he realizado en mi carácter de senador por el Departamento Las Colonias, por lo que en un principio la noticia de su repavimentación fue recibida por los ciudadanos de la región con muy buenos ojos, pero los evidentes desperfectos que se constatan en la cinta asfáltica empañan los resultados de las gestiones realizadas”, destaca el autor del pedido de informes.

Luis Rodrigo - El Litoral

El Senado debatirá este viernes desde las 11 los proyectos de reforma laboral y Ley Penal Juvenil, y el oficialismo buscará obtener su última victoria legislativa del período de sesiones extraordinarias en la antesala del discurso del domingo del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.

Según el orden de labor parlamentario se debatirá primero la reforma laboral y luego la Ley Penal Juvenil.

La reforma de la ley Penal Juvenil, aprobada el jueves último, por la Cámara de Diputados, reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y propone para los menores desde sanciones breves hasta 15 años de cárcel para los delitos graves.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, mientras para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, tendrá un fuerte impacto en las relaciones del trabajo porque contempla profundas reformas en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y derecho de huelga en servicios esenciales.

El Senado convocó la sesión para aprobar el único cambio introducido por la Cámara de Diputados, donde se eliminó el polémico artículo 44 que rebajaba los salarios para las licencias por enfermedades o accidentes fuera del ámbito laboral.

La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, llegará a la sesión luego un día después de haber tratado los proyectos de Régimen Penal Juvenil y la reforma de la ley de Glaciares, y tras haber sancionado en diciembre las leyes de Presupuesto e Inocencia Fiscal.

La Cámara de Senadores primero y la de Diputados después aprobaron un mensaje de ley que había ingresado apenas unas horas antes. No fue sorpresa y cambiar la norma con la que se actualizan las jubilaciones en la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Santa Fe, tal como lo había anunciado el gobernador Maximiliano Pullaro el 15 de este mes.

La norma fue tratada sobre tablas en ambos casos, y modifica la Ley de Emergencia Previsional y así cumplir lo que había anunciado el titular del Poder Ejecutivo Provincial, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, que tuvo lugar por primera vez en pleno verano tras la reforma de la Constitución de Santa Fe (ya no el 1ro de mayo).

En lugar de los 60 días actuales, las actualizaciones de los haberes de los pasivos se harán en 30, lo que requiere cambiar el artículo 10 de la Ley N° 14.283.

El otro beneficio a los pasivos provinciales de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe está, en cambio, en manos de la Casa Gris. Como se sabe, Pullaro aseguró diez días atrás que no usará las facultades que le da esa norma para ampliar por un año más los “aportes solidarios” que afectan a los jubilados mejor remunerados. Y así, será en septiembre cuando se terminen esos descuentos.

Ambos compromisos fueron parte de las definiciones de Pullaro para 2026, a partir de mostrar que están mejor los números de la entidad previsional estatal.

En la Cámara de Senadores, el presidente de la banca radical, Rodrigo Borla expuso en números cómo es que el preocupante rojo de la Caja se ha puesto menos estridente: bajó en 14 puntos su desequilibrio entre ingresos y egresos. Del déficit de 28% en 2024, lo que aporta el tesoro santafesino se redujo al 14%.

Obviamente, el radical explicó que Santa Fe insiste ante la justicia nacional para el pago de la deuda que la Nación tiene en materia previsional con Santa Fe “que hoy llega a dos billones de pesos”.

La norma recibió el apoyo del peronismo en la Cámara alta pero antes, Rubén Pirola pasó su factura por lo que consideró una norma demasiado dura en sus ajustes. Como es habitual en el líder de la bancada justicialista sus críticas fueron “por la positiva”. Celebró en definitiva que el gobierno haya dado “marcha atrás” o que hubiera podido “tomar la curva” acaso “demasiado fuerte” con los descuentos obligatorios a los jubilados.

Tras la media sanción del Senado el expediente pasó a Diputados que también con la mayoría oficialista logró su aprobación.

Pasado el mediodía de este jueves 26, senadores y diputados provinciales mantuvieron una reunión de trabajo con funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial para analizar el proyecto en cuestión.

En el recinto de la Cámara de Senadores se llevó adelante una reunión de trabajo con legisladores de distintos bloques políticos, “con el objetivo de analizar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificar el plazo de actualización de los haberes del sector pasivo provincial”, indica un parte de prensa oficial.

“El encuentro -sigue- fue encabezado por el presidente provisional del Senado y senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, quien estuvo acompañado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia. También participaron el secretario de Seguridad Social de la Provincia, Jorge Boasso; Directora provincial de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, Alicia Berzero; y Julia Tonero, integrante de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública”.

Durante la reunión “se abordaron los alcances del proyecto que establece la reducción de 60 a 30 días del plazo para el traslado de los incrementos salariales otorgados a los trabajadores activos hacia los haberes jubilatorios y pensionarios provinciales. La iniciativa tiene como objetivo acortar los tiempos de actualización de los ingresos del sector pasivo, manteniendo el funcionamiento financiero del sistema previsional”.

Los legisladores presentes “intercambiaron opiniones junto a las autoridades del Poder Ejecutivo y de la Caja de Jubilaciones, analizando aspectos técnicos y administrativos vinculados a la implementación de la medida, en un marco de diálogo institucional orientado a avanzar en el tratamiento legislativo de la iniciativa”.

Luis Rodrigo - El Litoral

El Senado de la Nación dio este jueves media sanción a la reforma de la ley de Glaciares, una de las apuestas más sensibles del cierre de las sesiones extraordinarias, con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención.

El oficialismo consiguió de esta manera avanzar con un proyecto que modifica el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial, en un debate donde se colaron discusiones sobre la minería, el federalismo, el ambiente, la seguridad jurídica. Afuera del recinto, detuvieron a doce activistas de Greenpeace, quienes saltaron las rejas e irrumpieron en las escalinatas del Congreso en protesta contra la norma.

La Libertad Avanza contó con el apoyo de los aliados radicales, del Pro, provinciales y también integrantes del peronismo en provincias mineras como el sanjuanino Sergio Uñac y la catamarqueña Lucía Corpacci. En tanto, aportaron a los votos negativos Andrea Cristina y Victoria Huala del Pro; Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger de la UCR; Natalia Gadano y José María Carambia de Moveré por Santa Cruz; la chubutense Edith Terenzi; la cordobesa Alejandra Vigo; 19 integrantes del bloque Justicialista; los dos santiagueños del Frente Cívico; y los de Justicia Social Federal. La única abstención fue de la neuquina Julieta Corroza.

La sesión había comenzado a las 11.11 con quorum de 40 senadores. Antes del tema más resistido del día, la Cámara alta aprobó la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea y ratificó el Acuerdo Comercial Mercosur–Unión Europea. Recién cerca de las 16 empezó el tratamiento de la reforma glaciar, el expediente que ya venía marcado como el más áspero, incluso entre aliados habituales de La Libertad Avanza.

El resultado en general le dio al Gobierno la media sanción que fue a buscar, bajo la presencia de la secretaria general de la presidencia Karina Milei, el titular de Diputados Martín Menem y el ministro de Interior Diego Santilli. Luego llegó la votación en particular, con modificaciones informadas en plena sesión y con una oposición que hizo de ese punto uno de sus principales ejes de reclamo por el modo en que se discutió una de las leyes ambientales más importantes del país.

El proyecto ahora seguirá su recorrido legislativo en Diputados, pero en como parte del temario en el período ordinario de sesiones que dejará inaugurado este domingo 1 de marzo el presidente Javier Milei al dar su discurso desde las 21 ante la Asamblea Legislativa.

La reforma apunta a modificar la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. En concreto, cambia el artículo 1 y agrega un segundo párrafo para establecer que la protección de glaciares y ambiente periglacial debe interpretarse de un modo compatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional y con el 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales.

Ese encuadre forma el corazón político del proyecto, luego de que el Gobierno nacional asumiera el compromiso con gobernadores de provincias cordilleranas que reclaman una norma “más dinámica y menos rígida” para destrabar inversiones en minería e hidrocarburos. Y esa fue la lógica que defendió el oficialismo: mantener la protección de los glaciares, pero abrir la posibilidad de desarrollar actividades económicas en áreas periglaciares que no tengan una función hídrica comprobable.

La ley vigente, sancionada en 2010, protege tanto glaciares visibles como formaciones periglaciares compuestas por suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos, como ecosistemas de alta montaña que cumplen un rol en la regulación hídrica y geomorfológica. El proyecto aprobado en el Senado introduce una distinción: separa las formas periglaciares que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente lo hacen y que, por lo tanto, podrían quedar habilitadas para un aprovechamiento económico.

Además, crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección y funcionamiento quedará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con coordinación de la Secretaría de Energía. Ese inventario deberá individualizar glaciares y formas periglaciares y, sobre estas últimas, distinguir cuáles cumplen función hídrica y cuáles no.

Entre las actividades prohibidas seguirán estando la liberación de sustancias contaminantes, residuos o productos químicos; obras de infraestructura; exploración o explotación minera e hidrocarburífera; y actividades industriales que alteren de modo relevante la condición natural o el valor hídrico de los glaciares. Las actividades permitidas continúan siendo investigaciones científicas, rescates de emergencia y deportes no motorizados como andinismo y escalada.

La miembro informante fue la senadora chubutense Edith Terenzi, presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En el arranque hizo un repaso del tratamiento legislativo y defendió el procedimiento seguido en diciembre, cuando el proyecto ingresó ya iniciado el período de extraordinarias. “En forma conjunta con el senador Flavio Fama nos sentamos con todos los equipos de trabajo para cumplir con una convocatoria lo más amplia posible”, explicó, al enumerar que escucharon a funcionarios del Ejecutivo, ambientalistas, organizaciones, gobernadores, abogados y cámaras mineras. También detalló que el dictamen reunió 19 firmas, dos en disidencia.

Pero el tono del debate cambió rápido. Una parte de la oposición puso el foco en las modificaciones de último momento incorporadas al texto. Daniel Bensusán, del PJ pampeano, fue de los más duros: “Esto es un papel impreso que nos trajeron hace 5 minutos”, lanzó. Y remató: “Estamos cambiando una de las leyes más importantes que cuida al medio ambiente en Argentina, entre cuatro paredes, entre gallo y medianoche. Así no se legisla, así no se discute”. Según su mirada, la reforma se estaba haciendo “para favorecer la actividad económica de unos pocos en algunas provincias, en detrimento de defender el medio ambiente en la Argentina”.

Carlos Linares se sumó al reproche en la misma frecuencia. “No se puede cambiar una ley a la 1 y 35”, se quejó. Y fue más allá: “Nos están utilizando a todos acá”. Alicia Kirchner también machacó sobre ese punto y llevó la crítica hacia un terreno más institucional. Dijo que el dictamen parecía “un adorno” y se preguntó: “¿Pretenderán lavar estas torpezas con el agua de los glaciares?”. Para la senadora santacruceña, la reforma “producirá muchos litigios” y “no tiene seguridad jurídica”.

En la misma línea, Maximiliano Abad advirtió que, aunque consideraba que la ley debía modificarse por una “laguna jurídica” alrededor del inventario nacional, su voto sería “no positivo” porque el proyecto terminaba debilitando al IANIGLA y dejando en manos de las provincias la decisión de eliminar glaciares del inventario. “Si este proyecto se convierte en ley, va a ser pasible de muchos recursos de inconstitucionalidad”, señaló.

Adán Bahl también se plantó en esa línea. Reconoció que la ley vigente tuvo interpretaciones divergentes, pero sostuvo que la reforma “no resuelve ninguna de esas situaciones”. Por el contrario, dijo, “genera mayores grises que seguramente van a ser cuestionados desde su inconstitucionalidad”. Su razonamiento fue más político que retórico: una norma que se judicializa no protege ni el ambiente ni las inversiones. O sea, no cierra por ningún lado.

José María Carambia, desde Santa Cruz, se detuvo especialmente en el artículo 6. Dijo que ofrece “mucha libre interpretación” y dejó una imagen deliberadamente extrema para mostrar su preocupación: “El día de mañana en Santa Cruz, que somos de una provincia que hay pingüinos, se les ocurre y ponen minería en el glaciar Perito Moreno”. Para él, el espíritu del proyecto es “una autorización tácita encubierta para hacer lo que quieran donde sea”.

Del otro lado, el oficialismo y sus aliados defendieron la iniciativa con argumentos de federalismo, producción y corrección técnica. Agustín Coto fue quizá el más provocador. Apuntó contra la ley impulsada por Miguel Bonasso y la recordó como una norma redactada “dentro del frasco de empanadas en el barrio de Palermo por dos chetos”. También se burló del viejo lema “Planten un pino en el Senado” y añadió: “Pero no crece nada debajo de los pinos”. Ya sobre el proyecto en discusión, retrucó: “Si acá hay una concesión es a la ciencia, no a una industria en particular”.

Flavio Fama, radical catamarqueño, defendió la reforma desde la necesidad de darle salida productiva a provincias con menos alternativas. “En provincias pobres como la mía, la minería puede ser una solución, tal vez no una solución ideal pero es una solución”, dijo. Y agregó que la ley actual “genera incertidumbre y eso trae como consecuencia la paralización de las inversiones”. Para él, el problema es que la norma se volvió “rígida”, con “zonas grises” y “tensiones federales”.

Sonia Rojas Decut, desde Misiones, encuadró el debate en el “federalismo ambiental”. “Nadie está diciendo que el agua no se va a cuidar. Nación no tiene competencia para cuidarla, pero las provincias sí”, sostuvo. Flavia Royón, por su parte, salió al cruce de lo que definió como “terrorismo ambiental”. “Quiero dejar claro que acá no se está entregando el agua; al contrario, se refuerza la protección del recurso”, afirmó. Y remató con una fórmula que condensa la defensa oficialista y aliada: “La minería sí, dentro del cuidado sustentable”.

A medida que avanzó el debate, la discusión cobró un tinte más político. Martín Soria habló de una reforma “ideológica” y “servil”, diseñada “para un grupo de empresas privilegiadas, seguramente amigos de Milei, Toto Caputo y Sturzenegger”. Ana Marks cargó contra lo que describió como un Gobierno “flexibilizador”, “entreguista” y orientado al “saqueo” en beneficio de corporaciones. Anabel Fernández Sagasti, a cargo del cierre del bloque Justicialista, dijo que la modificación “no es una cuestión técnica” sino un retroceso ambiental, y denunció que la ley se está “rifando” por las urgencias de un Gobierno endeudado.

Luis Juez, ya incorporado a La Libertad Avanza, optó por explicar su cambio respecto a la votación de 2010, cuando él era diputado y votó por esa norma. Para ello, subrayó que el kirchnerismo entonces votó en contra de la ley que ahora defendía con vehemencia. “Hoy parecería que viven en un iglú en el medio de un glaciar, rodeado de pingüinos”, ironizó.

Terenzi, que había presentado el proyecto como miembro informante, cerró por Despierta Chubut pronunciándose por preservar íntegramente la ley vigente, enumerando objeciones constitucionales y fue terminante: impulsar “una reforma regresiva con visos de inconstitucionalidad no va a generar seguridad jurídica, sino más incertidumbre”.

El cierre del oficialismo estuvo a cargo de Patricia Bullrich. Para la presidenta del bloque libertario, la reforma “es profundamente política” porque enfrenta dos modelos de país: uno que busca crecer y construir riqueza, y otro que, según su mirada, “solo sabe crear Estado y, en consecuencia, la pobreza de los argentinos”. “No queremos más discutir esta lógica retrógrada entre ambiente y economía porque esa dicotomía hace pobre a los argentinos”, recalcó.

EL

En medio de una fuerte expectativa del Gobierno, el Senado convirtió este jueves en ley el proyecto que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea por 69 votos afirmativos y 3 negativos.

El consenso fue casi total ya que hasta el bloque Justicialista había anticipado su apoyo a la iniciativa, que ya había tenido un amplio respaldo en la Cámara de Diputados.

El oficialismo cantó victoria pero la alegría no fue total porque, en la previa a la sesión, en Casa Rosada y en Cancillería se aferraban a la ilusión de que el Senado convalidaa el acuerdo antes que el Parlamento uruguayo, algo que al final no sucedió porque hacia el mediodía el Congreso del vecino país ganó esa carrera.

De todos modos, hubo expresiones de satisfacción y altos funcionarios del Gobierno como el canciller Pablo Quirno, y el ministro de Interior, Diego Santilli, monitorearon in situ el desarrollo de la sesión y el resultado final. 

El acuerdo bilateral entre el Mercosur y la Unión Europea fue firmado el 17 de enero pasado en Asunción, en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el mandatario de Brasil, Lula da Silva. 

El tratado comercial, uno de los mayores acuerdos birregionales del planeta, aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Según sus promotores, la implementación del acuerdo comercial entre los dos bloques económicos regionales permitirá bajar aranceles al 92% de las exportaciones del Mercosur, otorgará acceso preferencial al restante 7,5% y recortará las barreras de acceso para bienes industriales provenientes del Viejo Continente.

Entre otras implicancias, se suprimen los aranceles de productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, ropa y bebidas.

El acuerdo supone la creación de una zona de libre comercio con un mercado de más de 800 millones de consumidores, que representa el 25% del PBI mundial.

La Unión Europea es el segundo mayor socio comercial del Mercosur después de China y por delante de Estados Unidos.

Además, la Unión Europea es una de las principales fuentes de Inversión Extranjera Directa, y es el segundo mayor importador global de bienes.

El miembro informante del oficialismo, el formoseño Francisco Paoltroni, celebró la firma del acuerdo comercial y señaló que va a permitir potenciar el perfil exportador de minerales, hidrocarburos y de la producción de las economías regionales.

"Ha llegado el día de tan ansiado momento para nuestro país. Después de 25 años de tratamiento, hoy se convertirá en ley este acuerdo UE-Mercosur. Esto significa el camino al desarrollo de nuestra república y del interior profundo eternamente postergado", señaló.

Y añadió: “Poner en marcha al sector energético, de los hidrocarburos, y el sector minero van a ayudar al tan castigado campo argentino a traer las divisas que siempre fueron escasas en nuestro país”.

"Sacarle el pie a la cabeza del campo va a significar incrementar la producción a lo largo y ancho del país generando empleo en el primer eslabón de la cadena”, afirmó.

Por su parte, Jorge Capitanich (Justicialista) anunció que su bloque “acompañará la votación” con “observaciones” de algunos de sus miembros “debido a la heterogeneidad del impacto de estas cuestiones”.

“Queremos expresar que todo acuerdo de carácter comercial requiere acompañamiento de medidas de carácter complementario, por ejemplo un sistema de negociación que esté enmarcado en un sistema de consultas previas con evaluación de impacto ambiental y de los mecanismos que implican medidas compensatorias para resolver los problemas y asimetrías de productividad que esto produce”, planteó.

El también ex jefe de Gabinete reclamó que a partir del inicio del período ordinario de sesiones se pueda trabajar en un proyecto para crear una comisión bicameral de seguimiento de acuerdos comerciales.

“Efectivamente Argentina puede tener oportunidades muy importantes. Hay sectores que pueden verse perjudicados. Es muy importante generar las condiciones para ensanchar e incrementar estos acuerdos”, analizó Capitanich.

El senador opositor recordó que el acuerdo fue remitido por la Comisión Europea a un tribunal de Justicia que podrá tomarse hasta 18 meses para revisarlo, y además existen objeciones de países de la euro región, especialmente de Francia.

Por la UCR, Gabriela Valenzuela pidió “tomar dimensión de lo que significa para Corrientes y también para Argentina la trascendencia de apoyar el acuerdo UE-Mercosur, ya que profundiza la inserción internacional, dinamiza la economía y genera más oportunidades de empleo y desarrollo”.

Por La Libertad Avanza, Pablo Cervi remarcó que “es un gran desafío ser el primer país que pueda aprobar este tratado que nos permitiría llegar a un acuerdo de libre comercio con el 30% del PBI mundial".

"Estamos ante la gran oportunidad de tener una Argentina prospera nuevamente”, añadió el senador de la provincia de Neuquén.

El pampeano Daniel Pablo Bensusan (Justicialista) opinó que “el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur presenta una gran oportunidad para la Argentina, por eso creo con estos acuerdos vamos a fortalecer la capacidad de negociación”. 

Marcelo Lewandowski (Justicialista) destacó que "el proyecto es transversal a distintos gobiernos y que es una política de Estado de todo el Mercosur".

"Este acuerdo solo tendrá sentido si sirve para exportar trabajo argentino, industrializar nuestra producción y no primarizarla. Sin industria no hay nación, sin trabajo no hay justicia y sin justicia social no hay una patria en donde la gente tenga dignidad", resaltó el santafesino.

A su turno, el radical bonaerense Maximiliano Abad también respaldó el proyecto de ley al señalar que “esta asociación estratégica” birregional “es una ventana de oportunidad” para el país.

“Este acuerdo nos garantiza competir. Lo que no va a garantizar a la Argentina es ganar, por eso debemos profundizar esta senda”, aseveró.

En el discurso de cierre del oficialismo, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó que el propósito del Gobierno es “ dialogar de igual a igual con las economías grandes del mundo”.

La ex ministra de Seguridad recordó que el proceso de discusiones de este convenio bilateral lleva 26 años.

“Hemos avanzado muchísimo con grandes dificultades pero estamos cambiando la Argentina. Estamos en un momento en que el país decidió cambiar el retraso por la prosperidad”, resaltó.

Según dijo, “durante mucho tiempo Argentina giró bajo una lógica proteccionista donde prácticamente se miraba al mundo como un enemigo”. Bullrich reafirmó que la mirada filosófica del Gobierno de La Libertad Avanza es que “el comercio aumenta la libertad”. 

"Las barreras comerciales generan un modelo corporativo, donde los precios son mas altos y el poder adquisitivo se destruye”, apuntó.

“Para nosotros el comercio es la manera más importante en la que crecen los pueblos”, consideró. En ese sentido, indicó que lo que se propone el Gobierno “es recuperar un lugar trascendente de la Argentina en el mundo, un país que vuelve a ser mirado, escuchado, tenido en cuenta”. 

“Volver a ser mirados implica volver a entrar en una comunidad internacional que nos relegaba porque Argentina estaba en la insignificancia”, opinó. 

En otro pasaje de su discurso, Bullrich aclaró que desde el oficialismo “reivindican el Mercosur”, y admitió que “al principio” eso no se decía.__IP__

Agregó que también reivindican la posibilidad de “tener otros amigos comerciales” como pone de manifiesto el tratado con Estados Unidos. 

Por último, la senadora de La Libertad Avanza aseguró que la firma de este tratado comercial “va a traer confianza y eso va a bajar el riesgo país” y en consecuencia va a reducir el costo del crédito.NA

En la antesala del tratamiento en el Senado de una iniciativa impulsada por el Gobierno para allanar el camino a la explotación minera e hidrocarburífera en zonas de glaciares, el diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, presentó, como de réplica, un proyecto de ley para reforzar el actual Régimen de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial.

La iniciativa de la Casa Rosada, respaldada con vehemencia por gobernadores de provincias cordilleranas exportadoras de minerales y rechazada enérgicamente por organizaciones ambientalistas, busca descentralizar en las provincias el control y la regulación de las explotaciones de recursos mineros e hidrocarburíferos en zonas periglaciares, con el objetivo de derribar barreras para la inversión en el sector.

El oficialismo buscará el viernes próximo en el recinto de la Cámara alta aprobar el proyecto que elimina prohibiciones de explotación en zonas periglaciales. 

En esencia, con esta reforma el Gobierno propone reconocer el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, un derecho que está consagrado en el artículo 124 de la Constitución tras la reforma de 1994.

Con la reforma, se les transfieren a las provincias la facultad de definir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo al mínimo la injerencia de la administración central.

La ley 26.639, que está vigente desde su sanción a finales de 2010, además de prohibir la exploración y explotación económica en glaciares, limita la instalación de proyectos en zonas periglaciares, que son ecosistemas muy fríos de alta montaña, reservorios de agua dulce habitualmente cercanos a glaciares, que se caracterizan por tener suelos congelados o saturados de agua y juegan un rol importante en la regulación del equilibrio hídrico y geomorfológico.

El proyecto de Valdés recupera esta impronta de protección y la refuerza, con criterios bien restrictivos para el desarrollo de actividades económicas en zonas periglaciares, manteniendo la prohibición absoluta en glaciares.

El objetivo de esta ley de presupuestos mínimos es consolidar un estándar de protección ambiental mínimo en todo el país y preservar a los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce, esenciales para el consumo humano, la producción agrícola, la recarga de cuencas hidrográficas, la generación de energía, la biodiversidad, la investigación científica y el desarrollo turístico.

En la iniciativa del diputado peronista quedan expresamente prohibidas “las actividades de exploración, prospección y explotación minera, tanto metalífera como no metalífera, incluidas las realizadas mediante métodos subterráneos o a cielo abierto”; como así también “la explotación hidrocarburífera convencional y no convencional”; y “la construcción de obras de infraestructura que alteren el equilibrio hídrico o geomorfológico de glaciares y ambiente periglacial”. 

En tanto, las actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial que no se encuentran prohibidas “deberán someterse obligatoriamente a una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) previa, pública y vinculante”.

Solamente estarán exceptuadas de esta obligación las tareas de rescate por emergencias aéreas o terrestres, las actividades científicas que no dejen desechos en los ambientes, y las actividades deportivas, “incluyendo andinismo, escalada y deportes no motorizados que no perturben el ambiente”.

En el artículo referido a las sanciones, se listan los castigos ante infracciones a la ley, que van desde el mero apercibimiento, pasando por multas económicas de 100 a 100 mil salarios mínimos, la suspensión de 30 días a un año, hasta el cese definitivo de la actividad.

“El acceso al agua es un derecho y una condición para el desarrollo. Cualquier retroceso en la protección de los glaciares compromete el futuro de nuestras comunidades”, argumentó Valdés. 

En la Argentina existen cerca de 17.000 glaciares inventariados en 12 provincias, que alimentan 36 cuencas hídricas y garantizan agua para millones de personas.

"En un Estado federal, la protección de estos ecosistemas requiere la coordinación entre Nación y provincias, en línea con la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2019 remarcó el carácter estratégico del recurso hídrico y la necesidad de considerar de manera sistémica la preservación ambiental cuando está en juego el acceso al agua de grandes poblaciones", apuntó Valdés en los fundamentos del proyecto.

La iniciativa se embebe también en los compromisos internacionales asumidos por el país en el marco del Acuerdo de París y retoma advertencias de organizaciones ambientales que vienen señalando los riesgos de flexibilizar la normativa vigente en plena crisis de cambio climático, como Greenpeace, FARN, Aves Argentinas, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Jóvenes por el Clima.

Valdés indicó que la iniciativa pone especial énfasis en la defensa de las poblaciones cordilleranas y de las localidades ubicadas aguas abajo de los sistemas glaciares, que podrían ver afectadas tanto la disponibilidad como la calidad del recurso hídrico ante la expansión de actividades extractivas sin controles adecuados.__IP__

“El acceso al agua y la protección de los glaciares no son solo una cuestión ambiental, sino un tema de soberanía, desarrollo y justicia social”, concluyó el legislador de Unión por la Patria, que busca consolidar un marco normativo robusto frente a cualquier intento de retroceso en la protección de uno de los bienes estratégicos más importantes del país.

#AgenciaNA 

La mesa política del Gobierno se reunió este lunes en la Casa Rosada, en la previa de las sesiones del Senado que tendrán lugar esta semana: el martes para designar autoridades, el jueves para tratar Ley Penal Juvenil y ley de Glaciares y el viernes próximo para sancionar la reforma laboral.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, citó al reducido círculo a cargo de las negociaciones legislativas a reeditar sus encuentros semanales para afinar la estrategia en el tramo final de la prórroga veraniega.__IP__

Se dieron cita desde las 14 los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional Eduardo “Lule” Menem.

También el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el aseso presidencial Santiago Caputo. NA

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció este jueves que el oficialismo logró el dictamen del nuevo Régimen Penal Juvenil, que será tratado en el recinto la semana próxima.

“La semana que viene lo vamos a convertir en ley. En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada”, expresó desde sus redes sociales.

La legisladora planteó que “a las víctimas y a sus familias nadie les devuelve lo que perdieron ni justicia para los responsables. Pero se terminó se terminó mirar para otro lado”.

La firma del dictamen del proyecto fue celebrada por el propio presidente Javier Milei desde Estados Unidos: "TMAP. VLLC!". El "TMAP" significa "todo marcha de acuerdo al plan" y se le suma el ya tradicional "viva la libertad carajo".

La Cámara de Diputados sancionó el jueves último por una amplia mayoría el proyecto de Régimen Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La iniciativa fue sancionada por 149 a favor contra 100 votos en contra del peronismo y la izquierda, Elijo Catamarca, y Defendamos Córdoba, y había sido respaldada por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, e Independencia.

La propuesta plantea una reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos graves delitos.

Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión, es un lugar especial, pero separado, alejado de los adultos criminales.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

EL

El Gobierno aceptaría las modificaciones de la Cámara de Diputados en el proyecto de reforma laboral para aprobarlo este jueves 19 de febrero y devolverlo a la Cámara alta un día después.  En ese sentido, el objetivo final sería convertirlo en ley el viernes 27 de febrero, explicaron fuentes oficiales.

Desde el riñón de la mesa política oficialista piensan que, luego de sesionar el próximo jueves, como estará estipulado en el cronograma libertario, el texto sería remitido al Senado rápidamente para que la senadora y jefa de bloque LLA, Patricia Bullrich, consiga dictaminarlo el viernes 20 en comisión.  

Si bien el lunes por la mañana los libertarios habían barajado la posibilidad modificar el polémico artículo de reducción del pago de las licencias a través de una reglamentación o de una ley complementaria, esta posibilidad no tendría el visto bueno de un sector de los dialoguistas.  

La modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, luego de los tres meses cobrará un 50% del salario, sin detallar qué pasa en los casos de enfermedad grave y del 75% si tiene personas a cargo. 

Bullrich dijo que la idea es mantener para el pago de enfermedades graves el 100% del pago de los salarios, pero que se exigirá certificado “fehaciente” o una junta médica. 

El artículo, que pasó por debajo del radar en el Senado, fue puesto bajo la lupa tras las declaraciones del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger. 

NA

La jefa del bloque de senadores de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció que fue “un error” no haber diferencias las enfermedades graves y leves en el proyecto de reforma laboral, donde se rebajaron el pago de las licencias por enfermedad o accidentes y reiteró que se modificará ese artículo en la discusión en diputados.

Bullrich dijo que tuvieron “un error porque la ley original no distingue entre enfermedades” al no haber realizado una división al disponer que en caso de accidente o enfermedad ajenas al trabajo se iban a pagar entre el 50 y el 75% del sueldo que cobra cada trabajador.

La modificación de ese artículo obligará a que el proyecto vuelva de nuevo al Senado ya que los bloques dialoguistas no aceptaron que se pueda hacer por una ley complementaria o la reglamentación como aspiraba el oficialismo, según señalaron fuentes parlamentarias.

En declaraciones a TN, Bullrich dijo que “el error no fue haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables. Nos faltó eso y lo vamos a arreglar”.

Señaló que “eso puede pasar cuando tenés más de 200 artículos” y agregó que el problema surgió porque la actual ley que “no distingue entre un esguince y un cáncer”.

El artículo 44 establece que se pagará el 50% del sueldo en caso de las licencias por enfermedades o accidentes ajenas al ámbito laboral y del 75% cuando se trate de personas con familiares a cargo.

NA

 A una semana del inicio de la sesiones extraordinarias, el oficialismo busca terminar de cerrar los acuerdos con bloques dialoguistas y gobernadores para aprobar el 11 de febrero en el Senado el proyecto de reforma laboral, con el cual el Gobierno busca fomentar la creación de empleo registrado.

Las negociaciones son encaradas en el Senado por la jefe del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, con los bloques de la UCR, PRO y bloques provinciales, y por el ministro del Interior, Diego Santilli, que realiza tratativas con los gobernadores y ya consiguió el respaldo de siete mandatarios. 

Uno de los puntos que genera mayor rispidez entre el Gobierno y los mandatarios provinciales es la reducción de alícuotas de ganancias para las empresas, ya que impacta en las arcas provinciales. Por ese motivo el oficialismo analiza variantes para compensar a las provincias.

El Gobierno ya consiguió el respaldo de los gobernadores aliados de la LLA de:

Entre Ríos, Rogelio Frigerio

Mendoza, Alfredo Cornejo

Chaco, Leandro Zdero

También  sumó el espaldarazo de los mandatarios dialoguistas de Salta, Gustavo Sáenz, y de Neuquén, Rolando Figueroa.

Los gobernadores aliados quieren compensar la disminución que tendrán sus arcas por la rebaja de ganancias a las sociedades (del 35% al 31,5%), ya que con esa disminución las provincias perderán 1,2 billones de pesos.

La Libertad Avanza tiene 21 legisladores propios y sumará a los tres del PRO y 7 de los 10 radicales, y con el apoyo de Sáenz y Figueroa, tendría dos votos mas, con lo cual ya tiene garantizados 33 legisladores, pero aún le faltan cuatro senadores que podrían provenir de Misiones, Chubut y Corrientes.

Los radicales que se resisten a acompañar el proyecto son el bonaerense Maximiliano Abad, el catamarqueño Flavio Fama, y de La Pampa, Daniel Kroneberger. 

El oficialismo consiguió dictamen el 11 de diciembre y allí incorporó algunos cambios que requieren de mayores apoyos para garantizar la sanción de la ley en general y en particular. 

Si bien el despacho introdujo algunos cambios solicitados por las pymes y los bancos, los gobernadores no quieren los cambios en ganancias y la mayoría de los bloques siguen pidiendo reformas en el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral, para que no se solvente con los aportes que deben ser derivados a Anses.

Entre los cambios incluidos figuran la posibilidad de pagar las indemnizaciones en las pymes en 18 cuotas y se estableció que los sueldos solo se pagarán con dinero en moneda nacional o extranjera.

Otro punto está vinculado con los convenios de ultraactividad y ahí se decidió que se mantendrán las cláusulas normativas por un año -condiciones laborales- pero no las obligaciones, que son los aportes solidarios que muchas empresas realizan a las cámaras empresariales y gremios.

AgenciaNA 

 La Libertad Avanza impuso este viernes su criterio junto a aliados para la votación del Presupuesto en el Senado, donde se estableció que los artículos se tratarán en la discusión en particular y no durante la sesión por el proyecto en general, para evitar abrir así el debate sobre el financiamiento docente y temas universitarios.

La decisión de cómo se votará el Presupuesto figura en el acta de labor parlamentaria que fue aprobada por 39 a 33 votos, ya que tres radicales y dos santacruceños rechazaron ese criterio porque se oponen al artículo 30 referido a los pisos de financiamiento de la educación.

Los radicales que votaron contra el oficialismo son Flavia Fama, Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, y los santacrueños José Carambia y Natalia Gadano.

Si bien el oficialismo impuso su postura, el peronismo rechazó este criterio al sostener que es inválido porque no obtuvieron los dos tercios de los votos.

En ese sentido, el jefe del interbloque peronista Popular, José Mayans, criticó con dureza a la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, al afirmar que la votación solo es "valida si tienen dos tercios para tratar hoy el presupuesto; están violentando la casa de las leyes".

Señaló que Bullrich “se olvida o no conoce el reglamento, es inoperante como ministra de Seguridad y como jefa del bloque y ahora viene acá a embarrar la cancha”.

Sin responder a Mayans, Bullrich pidió votar las dos actas de labor parlamentaria: la del 16 de diciembre sobre la composición de las comisiones y la realizada este viernes donde se estableció la votación por capítulos.

La ex ministra de Seguridad vino con su objetivo de llevarse el trofeo de tener la ley de Presupuesto 2026 para que el Gobierno cumpla con los organismos internacionales, y no responderá los ataques del peronismo.

Para el oficialismo era clave no votar por capítulo para no abrir una discusión sobre el artículo 30 que deroga la normativa que establece un piso del 6% del PBI para el financiamiento de la educación y un aumento gradual para la ciencia y técnica.

El artículo 30 dispone la derogación del punto de la ley de Educación donde se establece que deberá destinarse un 6% del PBI a ese rubro, del financiamiento de la ley de Ciencia y Técnica que establece un aumento progresivo hasta llegar al 1%del PBI en el 2032, y del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los colegios técnicos.

Ese capítulo también contiene el artículo 12, donde se fija que las universidades nacionales tendrán recursos en el orden del 4,8 billones de pesos pero también requisitos para que las casas de estudio puedan acceder a los recursos._

Al respecto, fija que las "universidades nacionales deberán presentar ante la Subsecretaría dePolíticas Universitarias de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto".

Además el extenso capítulo 2 también incluye los fondos para los Bosques Nativos y una compensación para las provincias que no necesitaron reprogramar deudas en el 2002 y que la Nación adeuda desde esa fecha, entre otros temas.

AgenciaNA

El Senado ya sesiona tras haber conseguido quórum reglamentario la Libertad Avanza (LLA) junto a sus aliados de la UCR, PRO y bloques provinciales para debatir el Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal.

La sesión se realizará sin poder haber alcanzado un acuerdo entre los bloques peronistas y el oficialismo y sus aliados, ya que la LLA quiere votar por capítulos y no por artículos como quiere el kirchnerismo,

Los artículos más cuestionados por los aliados del Gobierno son el 12 referidos a los requisitos de las Universidades Nacionales para obtener los recursos que gira el PEN y sobre la derogación de artículos de las leyes de financiamientos de la educación

Será la primera sesión extraordinaria con la nueva composición donde el oficialismo será la segunda fuerza con 21 miembros, detrás del peronismo que tiene 28 integrantes.

El oficialismo buscará sancionar en el Senado este viernes desde las 12 el proyecto de Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, aunque la única duda reside en si logrará los votos para blindar el artículo 30 sobre el financiamiento docente y de la ciencia.

El Gobierno tiene como prioridad sancionar el Presupuesto dado que los necesita para tomar deuda y como señal a los organismos internacionales.

El bloque de La Libertad Avanza (LLA), que preside Patricia Bullrich, tenía asegurado con más de 45 votos para su aprobación en general, pero hay incertidumbre respecto de qué puede pasar con el artículo 30 que empezó a recibir objeciones desde la UCR y otros aliados, según reconocieron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

Cuatro peronistas de Convicción Federal que respaldarán el Presupuesto del oficialismo rechazan ese artículo que deroga artículos relativos al financiamiento docente y de la ciencia.

Los radicales que no quieren votar ese punto del Presupuesto son Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger, señalaron fuentes legislativas.

La votación de ese artículo dependerá también de cuántos ausentes habrá de los senadores que no aceptan convalidar esa polémica medida del Poder Ejecutivo, porque sobre ese punto bajará la cantidad de votos que necesite el oficialismo.

En caso de tener modificaciones, debe volver a la Cámara de Diputados, que ya tiene agenda una sesión para esa eventualidad el 29 y 30 de diciembre y, si no, para el 5 de enero, según señalaron voceros parlamentarios esta agencia.

Una de las opciones que tiene el oficialismo es tratar por capítulos, como se hizo en Diputados, pero corre el riesgo de que se le caigan todos los artículos en los que se incluyen los recursos para las universidades nacionales y todo el sistema educativo.

El artículo 30 dispone la derogación del punto de la ley de Educación donde se establece que deberá destinarse un 6% del PBI a ese rubro, del financiamiento de la ley de Ciencia y Técnica que establece un aumento progresivo hasta llegar al 1%del PBI en el año 2032, y del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los colegios técnicos.

En cambio, el oficialismo no tiene problemas para aprobar el resto de los artículos del Presupuesto, que contempla un crecimiento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1 anual y del 14% interanual, aunque ya se sabe que será más alto así como el dólar previsto para 2026 de 1.423 pesos a diciembre de 2026.

La Libertad Avanza tiene 21 legisladores (entre propios y Luis Juez) y cuenta con el respaldo de una decena de radicales, tres del PRO, dos del Frente de la Concordia de Misiones, uno de Independencia (Tucumán), uno por los salteños, uno de La Neuquinidad, otro de Chubut y uno de Provincias Unidas.

Convicción Federal tiene cinco legisladores, de los cuales cuatro ya tienen decidido votar en general el proyecto, mientras que un representante de La Rioja, Fernando Rejal, aún no decidió, ya que el gobernador de esa provincia, Ricardo Quintela, rechaza la iniciativa.

De esta manera, se producirá el primero de los quiebre relevantes en el Senado entre los gobernadores del Partido Justicialista y el ala que responde todavía a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien recala en la Cámara alta a través de la bancada que preside José Mayans.

Los senadores que votarían en general a favor son Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.__IP__

Tanto Andrada como Mendoza, responden a sus gobernadores: Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, respectivamente.

En tanto, la incógnita que aún persiste es como votará el Frente Cívico de Santiago del Estero que integran el ex gobernador de esa provincia Gerardo Zamora y Elia del Carmen Moreno. 

AgenciaNA

La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei se tratará en el Senado el 10 de febrero, como parte de sesiones extraordinarias.

El cambio de calendario en el tratamiento de la norma, que este jueves motivó una marcha multitudinaria de la CGT, responde a la necesidad de reunir mayores consensos sobre la propuesta oficial, según aclaró la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

Bullrich aclaró además que el despacho está abierto a nuevos cambios, durante el último tramo del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Trabajo y Previsión Social.

A las 16 de este jueves se reanudó la reunión tras un cuarto intermedio para escuchar a los últimos expositores, y luego Bullrich hizo el anuncio de la postergación del tratamiento de la reforma laboral.

Para tener garantizado el dictamen de mayoría, la jefa de la bancada de la LLA mantendrá en este mes y medio negociaciones con los bloques de la UCR, el PRO, y bloques provinciales de Misiones, Salta, Tucumán, Santa Cruz y Chubut, Neuquén, y Cambio Federal.

AgenciaNA

 La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue designada hoy como titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, hecho que fue cuestionado por José Mayans, líder de la bancada peronista del Senado. 

Mayans protagonizó una escena poco usual para los modos de la Cámara alta cuando se sentó en el mesa de la Presidencia de la comisión, al lado de Bullrich, y, a los gritos, se expresó: “Hacen lo que se les canta las pelotas”. 

También Mayans se quejó de una supuesta falta de interpretación del reglamento por parte de Bullrich. A la embestida se sumó el senador Martín Soria, de Río Negro, que afirmó que las comisiones se conformaron de manera “arbitraria”. 

Lo cierto es que, más allá de los reproches de los peronistas, Bullrich fue votada en el cargo y desde las 11 presidirá la primera jornada de debate por la reforma laboral que envió el gobierno del presidente Javier Milei. Bullrich aspira conseguir dictamen el próximo viernes. 

Se trata de Trabajo y Previsión Social, Presupuesto y Hacienda, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Minería, Energía y Combustibles

El Senado de la Nación llevó adelante esta mañana, en el Salón Arturo Illia, reuniones de cuatro comisiones permanentes con el objetivo de designar a sus autoridades, de acuerdo con lo establecido en el artículo Nº 92 del Reglamento de la Cámara alta. En todos los casos se designaron los presidentes, mientras que las vicepresidencias y secretarías quedaron vacantes.A las 9 h se reunió la Comisión de Trabajo y Previsión Social, oportunidad en la que fue designada como presidente la senadora Patricia Bullrich (La Libertad Avanza). Durante el encuentro, Bullrich invitó a los miembros a participar, a las 11 h, de la reunión plenaria de comisiones convocada para tratar la reforma laboral.

Posteriormente, se desarrolló la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde el senador Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) renovó su mandato como presidente.

A las 10 h tuvo lugar la reunión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en la que fue reelegida como presidente la senadora Edith Terenzi (Chubut). Al asumir, la senadora agradeció la posibilidad de continuar al frente de la comisión y expresó: "Ojalá que este año podamos trabajar distinto. Hay un gran equipo para ello. Hay que reconocer que hemos tenido un informe de gestión de este año muy pobre porque no hemos alcanzado los objetivos que nos habíamos planteado, ya que no había quórum para poder tratarlos".

Finalmente, a las 10:30 h se reunió la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, donde fue designado para un nuevo mandato como presidente el senador Flavio Fama (Catamarca - UCR). El senador agradeció la confianza depositada en su nombramiento e invitó a todos los miembros a participar del plenario convocado para las 11 h.