Tras cinco meses de investigación, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desmanteló una organización criminal dedicada a ingresar drogas y elementos prohibidos al complejo penitenciario de Bouwer mediante el uso de drones.

El operativo incluyó 14 allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad de Córdoba —General Mosconi, Liceo Segunda Sección, Ampliación Pueyrredón, San Jorge y Nuestro Hogar III— y culminó con la detención de diez personas, entre ellas cuatro hombres, cinco mujeres y una menor de edad.

La causa se inició a partir de informes del Servicio Penitenciario de Córdoba, que alertaron sobre el ingreso irregular de drogas y dispositivos electrónicos al penal.

Con la intervención de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, se logró identificar a los principales integrantes de la red, quienes actuaban desde distintos puntos de la capital provincial.

Durante los allanamientos, la FPA secuestró:

El valor total de lo incautado asciende a $243.367.680.

Cuatro de los investigados fueron detenidos en un peaje de la Ruta Nacional 36, cuando se dirigían al penal con uno de los drones y paquetes preparados con estupefacientes, teléfonos celulares y cables USB para ser lanzados dentro del complejo.

El modus operandi consistía en armar los paquetes previamente, cargarlos en los drones y dirigir los dispositivos hasta zonas del penal previamente coordinadas, evitando así los controles regulares.

A raíz del operativo, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, a cargo del Dr. Carlos Cornejo, ordenó 123 allanamientos internos en la cárcel de Bouwer para determinar si existían cómplices entre el personal penitenciario o los internos.

Las tareas fueron ejecutadas por el Servicio Penitenciario de Córdoba en cinco pabellones, bajo la supervisión de la Secretaría de Investigación y Juicio para causas vinculadas a Organizaciones Criminales, encabezada por el Dr. Federico Kosciuk.

Todos los sospechosos fueron trasladados junto con los elementos secuestrados a sede judicial, imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (N° 23.737)

Eran apenas las primeras horas de este jueves 26 de junio cuando los agentes del Establecimiento Penitenciario N°5 notaron movimientos sospechosos en las inmediaciones del perímetro. Dos sujetos en moto se aproximaron con actitud sigilosa. En cuestión de segundos, uno de ellos lanzó un paquete por encima del muro del penal. La reacción de los efectivos fue inmediata: dieron aviso a la FPA, que ya patrullaba la zona en un operativo conjunto.

Los sospechosos no contaban con que estaban siendo observados. Tras el lanzamiento, intentaron huir, pero fueron interceptados a pocos metros. En su poder, se secuestró una motocicleta y el misterioso paquete, que contenía nada menos que 625 dosis de marihuana y cinco de cocaína, preparadas y listas para su comercialización en el interior de la cárcel.

La acción rápida y coordinada entre el Servicio Penitenciario y la Fuerza Policial Antinarcotráfico fue clave para evitar que la droga llegara a los internos. Según fuentes oficiales, este tipo de operativos se ha intensificado en los últimos meses como parte de una estrategia de control más rigurosa en los alrededores del penal.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa María, que ya inició las actuaciones judiciales correspondientes. Se investiga si los involucrados actuaron por cuenta propia o si forman parte de una red mayor que intenta mantener contacto con internos desde el exterior.

Una mujer fue sorprendida cuando pretendía ingresar marihuana a la cárcel de Las Flores escondida en sus zapatillas. Horas antes, otra intentó pasar un cargador de celular oculto en unas facturas en la subcomisaría de La Guardia.

Ambos episodios, ocurridos con pocas horas de diferencia, volvieron a poner en escena la constante lucha de las fuerzas de seguridad para evitar el ingreso de estupefacientes y elementos prohibidos a instituciones carcelarias y policiales.

El primero de los hechos se registró alrededor de las 15.30 del miércoles, en la Unidad Penal N° 2 de Las Flores, ubicada sobre avenida Blas Parera al 8800. Allí, una mujer de 67 años que se disponía a visitar a un interno fue requisada por personal penitenciario, como es habitual.

Durante el procedimiento, y al revisar las zapatillas que llevaba colocadas, los agentes hallaron una sustancia vegetal escondida entre las suelas. Ante la sospecha de que se tratara de marihuana, se dio aviso a la División de Microtráfico de la Agencia de Investigación Criminal, que realizó la prueba de campo correspondiente, la cual arrojó resultado positivo para cannabis, con un peso total de 9 gramos.

La mujer fue trasladada a Medicina Legal, donde no se constataron lesiones, y más tarde quedó identificada en estado de libertad por infracción a la ley 23.737 (Tenencia de estupefacientes), por disposición del fiscal en turno, Dr. De Pedro. También se dispuso el secuestro de su teléfono celular como parte de la investigación.

Horas antes, durante la mañana del mismo miércoles, se registró otro hecho llamativo en el distrito costero de La Guardia. Ocurrió en la Subcomisaría 6ta., dependiente de la 6ta Zona de Inspección.

A las 9 de la mañana, con motivo del inicio del horario de visitas femeninas para los alojados en esa dependencia, se presentó una mujer, de 47 años, domiciliada en barrio Santa Rosa de Lima.

Durante la requisa previa, los efectivos descubrieron que la mencionada llevaba un cargador de celular negro oculto en el interior de unas facturas.

El objeto fue secuestrado de inmediato, aunque los agentes no pudieron verificar si también transportaba un teléfono celular oculto en su cuerpo, dado que para preservar su pudor no se efectuó una revisión más invasiva.

La involucrada es madre de un detenido, alojado en esa dependencia.

Ambos casos quedaron documentados y ya se remitieron las actuaciones a las autoridades judiciales correspondientes. Los procedimientos pusieron en evidencia los persistentes intentos de burlar los controles, que muchas veces se valen de métodos insólitos o arriesgados.

Celeste, exreclusa, decidió registrar su visita a Brisa —una amiga que conoció en la cárcel— a través de un video publicado en su cuenta de TikTok @srtaaacandy. “Yo ya salí y me acomodé”, explicó, mientras invitaba a sus seguidores a acompañarla en el proceso de preparación para reencontrarse con su excompañera de celda.

El clip, titulado “Acompáñenme a visitar a mi amiga que está presa”, superó los 5 millones de reproducciones. En él, Celeste muestra su outfit, los regalos que preparó y los productos que compró especialmente para llevarle a Brisa.

Entre los artículos seleccionados por Celeste se incluían un jean, una remera, un suéter abrigado, snacks, alfajores, productos de maquillaje y artículos de higiene personal. “Todavía me falta comprar gaseosas y cigarrillos”, anticipó mientras mostraba su bolso repleto.

La publicación, aunque no reciente, fue reflotada y se volvió tendencia en plataformas como X (ex Twitter), generando una ola de comentarios tanto críticos como solidarios.

El video desató una fuerte controversia. Mientras algunos usuarios cuestionaron la actitud de Celeste, señalando que “le lleva todas las drogas legales” o criticando el supuesto “romanticismo del delito”, otros defendieron su gesto: “Ojalá todas tengamos una amiga que esté en las malas como ella”, escribió una usuaria, destacando la importancia de la lealtad.

El fenómeno evidencia cómo ciertos contenidos, más allá de su intención original, pueden reactivar debates sociales sobre la marginalidad, la reinserción y los vínculos afectivos en contextos adversos.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, visitó esta semana las obras carcelarias en marcha en Piñero y Rosario, donde la provincia lleva adelante una inversión de  148 mil millones de pesos. para reforzar el sistema penitenciario y la seguridad pública. Durante la recorrida, afirmó que el objetivo es duplicar la cantidad de celdas penitenciarias en solo cuatro años, alcanzando casi 7.000 plazas en toda la provincia.

En el predio de la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero se construye “El Infierno”, la primera cárcel de Alto Perfil de Santa Fe, destinada a alojar a los narcotraficantes y sicarios más peligrosos. Con una inversión superior a los $140.000 millones, este establecimiento tendrá capacidad para más de 1.100 reclusos y contará con estrictas medidas de seguridad.

Durante la recorrida, el gobernador remarcó que “estamos llevando adelante obra pública de gran magnitud, como nunca tuvo la provincia de Santa Fe. En el caso de la obra carcelaria que estamos recorriendo, forma parte de un plan en el que vamos a construir en 4 años la misma cantidad de celdas que se hicieron en 100 años en la provincia. Vamos a duplicar la cantidad de celdas penitenciarias”. 

“El Infierno, como la denominan en el Servicio Penitenciario, será para los presos que no sólo están pagando una condena, sino que ordenaron actos violentos desde la cárcel. Tendrá un sistema de seguridad mejor, con mayor control de cada uno de ellos, y se va a reducir al mínimo la posibilidad de cometer delitos, fundamentalmente tener contacto con el exterior”, detalló Pullaro y agregó: “Será única en Argentina y una de las más seguras de América Latina, con capacidad para más de 1.100 reclusos”. Y destacó que el programa que tiene en marcha la Provincia de Santa Fe en su totalidad, contempla unidades penales para albergar a casi 7.000 privados de la libertad. 

El infierno, “será única en Argentina y una de las más seguras de América Latina, con capacidad para más de 1.100 reclusos”.

Maximiliano Pullaro

En paralelo, avanza la Subunidad 4 del Complejo Penitenciario Rosario, compuesta por cuatro pabellones con 320 nuevas plazas, con una inversión superior a los $7.700 millones. Esta obra tiene como objetivo descomprimir las comisarías, donde actualmente se alojan personas privadas de libertad en condiciones inadecuadas.

“Ya estamos próximos a terminar estas celdas y, con eso, prácticamente terminaremos con los presos en comisarías en la ciudad. Así la Policía podrá dejar de custodiar detenidos y volver a las calles para prevenir el delito”, destacó Pullaro.

“Ya estamos próximos a terminar estas celdas y, con eso, prácticamente terminaremos con los presos en comisarías en la ciudad. Así la Policía podrá dejar de custodiar detenidos y volver a las calles para prevenir el delito”

Maximiliano Pullaro

Durante la recorrida, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, anunció que en dos semanas se inaugurará el módulo en Rosario y se vaciarán todas las comisarías del Departamento Rosario. “Estamos viendo el avance de la primera cárcel de alto perfil que tendrá la provincia. Ya no habrá más presos en comisarías y quienes estén detenidos no podrán seguir cometiendo delitos desde adentro”, aseguró.

A su turno, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, indicó que estas obras permitirán recuperar plenamente la operatividad de la Policía en las calles, y el secretario de la Unidad Ejecutora en Infraestructura, Diego Leone, anticipó que la Subunidad 4 será entregada en las próximas semanas con todo el equipamiento necesario para su puesta en funcionamiento.

El gobierno de El Salvador trasladó la madrugada de este viernes a 2.000 supuestos pandilleros a una nueva prisión que tiene capacidad para unas 40.000 personas, según informó el presidente Nayib Bukele.

"Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)", publicó el mandatario en sus redes sociales.

Agregó: "Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población".

A pesar de que el Gobierno no avisó sobre los traslados, decenas de familiares se movilizaron a la prisión La Esperanza, conocida como Mariona, en San Salvador. Según constató la agencia EFE, en este lugar se concentraron unas 150 personas y la salida de varios autobuses del recinto.

Bukele inauguró el CECOT a finales de enero y el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo al mandatario que esta "se constituiría en la cárcel más grande de toda América" y que "sería imposible que salga un reo" del recinto, que tiene 23 hectáreas de construcción.

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La construcción de esta prisión se dio entre críticas de la oposición que ha señalado falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.

A inicios de febrero, Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por esta nueva cárcel en El Salvador, y expresó su "profunda preocupación", dado que "la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos".

De acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción, aprobado en marzo pasado tras una escalada de asesinatos, se ha detenido a más de 64.000 personas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3.300.

Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que en 2021.