El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 2da. Nominación de Reconquista, a cargo del juez Fabián Lorenzini, autorizó a Algodonera Avellaneda S.A. a vender un inmueble ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 1.900.000 dólares, en el marco del concurso preventivo que atraviesa la empresa.

La propiedad, situada en calle Luis Sáenz Peña 1074, pertenecía a la administración de la compañía y también había sido utilizada por otras empresas del grupo Vicentin.

La autorización se da en un contexto de grave crisis financiera y paralización de la actividad productiva, que dejó a la empresa sin recursos para afrontar gastos básicos y el pago de salarios.

El pedido sobrevino luego de que se había paralizado casi por completo la actividad de la hilandería y tejeduría de la firma; a la vez que las desmotadoras de algodón situadas fuera de esta provincia, estaban inactivas por el receso propio de la temporada no productiva. Vale decir que la concursada no tenía dinero en su caja para afrontar los costos operativos básicos, y el pago de los sueldos y jornales de sus empleados.

Durante el proceso de venta se presentaron dos propuestas: Portland Administradora Fiduciaria SA: oferta final de USD 1.900.000; y Proyección Electroluz SRL: oferta final de USD 1.750.000. La empresa concursada decidió aceptar la oferta más alta, presentada por Portland.

Según la tasación realizada por el Banco Nación, el inmueble tiene un valor estimado de aproximadamente USD 3,05 millones, aunque su precio de venta compulsiva en remate judicial rondaría los USD 2,24 millones.

Fue así que mediante un escrito fechado el 4 de marzo, el representante legal de AA informó que la sociedad consideraba apropiado aceptar la oferta de Portland SA. La oferta aceptada representa cerca del 84,7 % del valor de remate judicial.

El juez estableció que el dinero obtenido deberá destinarse prioritariamente al pago de salarios atrasados de los trabajadores, gastos de funcionamiento de la empresa, reactivación de la actividad productiva. Además, la compañía deberá presentar un flujo de fondos detallado que explique cómo utilizará el dinero obtenido por la venta.

Lorenzini tuvo en cuenta 5 ítems para autorizar la venta del inmueble porteño. El valor proporcional, sobre lo cual refrendó que si bien el inmueble tiene un valor relevante (aproximadamente USD 3 millones), su “estado de desocupación y falta de uso industrial lo sitúan como un activo prescindible frente a la necesidad de reactivar el giro productivo y comercial de la empresa”.

El tiempo transcurrido, más 15 meses desde la presentación (diciembre de 2024), de la solicitud de venta. “La dilación ha exacerbado el conflicto laboral y la parálisis administrativa, habiéndose ponderado otras alternativas que no se concretaron hasta el momento (fasones que aporten capital de trabajo, mejoras de las condiciones actuales del mercado, nuevos mercados, reestructuración de la planta de hilados, etc.)”, consideró el funcionario judicial.

En cuanto a la probabilidad de acuerdo, graficó que con solo 6 votos favorables sobre 65 acreedores “la obtención de las mayorías para un acuerdo preventivo parece lejana, lo que justifica medidas de disposición para evitar la quiebra en forma inmediata (aunque no dejan de ser un ‘parche’ para una rueda que ya no puede seguir girando de esta forma)”.

Sobre los efectos sobre planes futuros, argumentó que “la venta no desintegra la empresa; al contrario, es la condición de posibilidad para un plan de reactivación y una futura propuesta concordataria viable.

Por último, se refirió a la tendencia del valor: “El activo es un cubo de hielo que se derrite. Al estar ocioso, genera pasivos post-concursales (impuestos, tasas, mantenimiento y créditos laborales), que se acumulan y reducen el neto para los acreedores”.

En la resolución judicial se advirtió que la empresa se encuentra prácticamente paralizada y sin capital de trabajo, lo que genera un fuerte impacto en los trabajadores y acreedores.

El juez concursal señaló que la venta del inmueble busca convertir un activo inmobiliario ocioso en liquidez, para evitar que la situación derive en una quiebra liquidativa.

En una audiencia celebrada el 12 de diciembre pasado, la empresa había puesto en evidencia de manera incontrastable la “acuciante y crítica situación” que atraviesa. De acuerdo a la resolución del juez, en aquella ocasión quedó patentizado el estado de parálisis de todas sus actividades y unidades de negocios, la falta de ocupación del personal y el incumplimiento del pago en sueldos y jornales.

Asimismo, se evidenció “la carencia de un plan de crisis que pudiera ofrecer alguna expectativa razonable de salida para la insolvencia de Algodonera Avellaneda que para ese entonces ya había cumplido un año bajo la protección del paraguas concursal sin mejorar por ello su estado patrimonial preconcursal; también quedó claro en aquella oportunidad que los trabajadores asalariados de la empresa enfrentaban una situación desgarradora (que aún persiste y se agrava a la fecha de esta sentencia)”, consignó Lorenzini.

No obstante, el panorama desolador, luego de que se concluyera el proceso de salvataje de la sociedad Vicentin SAIC, adjudicándose las acciones representativas del capital a Grassi SA, una audiencia de fecha 20 de febrero de este año contó con la presencia de integrantes del estudio jurídico Casanova, de Rosario, cuyos representantes expresaron (asumiendo el rol de coadyuvantes de la gestión de crisis de Algodonera Avellaneda), que se encontraban empeñados en propiciar un rescate de la empresa.

En esa dirección afirmaron que “resultaba crucial concretar la venta de este inmueble; sin perjuicio de que se mantenían negociaciones con la Nueva Vicentin Argentina para reactivar las plantas de desmote. Cabe recordar que Vicentin SAIC es dueña del 2,9959 % de las acciones de Algodonera”, agregó el magistrado.

En el fallo habilitó la venta del inmueble porteño remarcó que la continuidad de la empresa resulta clave para preservar más de 300 fuentes laborales (366 en exactitud), que hoy se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.

Dos pedidos formales de quiebra podrían definir el destino final de SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL), la histórica láctea con sede en Sunchales que desde febrero de este año está en concurso de acreedores. Las presentaciones fueron realizadas por exempleados que pactaron retiros voluntarios y por los trabajadores actuales nucleados en Atilra, el gremio del sector.

Uno de los pedidos fue impulsado por el abogado Aldo Regali, patrocinante de un grupo de extrabajadores que integran el consorcio de acreedores. El letrado presentó la solicitud de quiebra en el Juzgado Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, argumentando que la empresa incumple los pagos de los llamados “prontopagos”, compromisos asumidos tras el retiro voluntario de muchos empleados.

“La empresa dice que pagó cuando en realidad no pagó. Para zafar de este pedido de quiebra, tendrá que hacerlo”, aseguró Regali.

El segundo frente lo constituyen los trabajadores activos, que el pasado sábado, en asamblea extraordinaria realizada por Atilra, resolvieron por unanimidad solicitar la quiebra de la cooperativa. La presentación se hará efectiva esta semana ante el mismo juzgado que lleva adelante el concurso.

El gremio argumentó que la empresa mantiene una deuda histórica laboral con más de 1.860 trabajadores reconocida en el expediente concursal por un monto de $69.000 millones. A ello se suma la falta de pago de sueldos de abril a agosto, aguinaldo 2025 y aportes a la obra social Ospil y mutuales. Según Atilra, esta deuda suma más de $14.000 millones adicionales en apenas cinco meses.

“Estamos ante obligaciones alimentarias esenciales e inexcusables de plazo vencido”, denunciaron desde el sindicato.

En paralelo a la crisis económica, SanCor redujo su planta de personal con un recorte de 370 trabajadores en las últimas semanas, mientras sigue acumulando deudas con proveedores y servicios públicos como la electricidad.

Pese a todo, la empresa logró quintuplicar su producción, pasando de procesar 60.000 litros diarios a más de 300.000, pero solo para terceros: produce quesos semiduros para La Tarantela y Punta del Agua, y manteca Tonadita para Elcor. Ya no se encuentran productos de marca SanCor en góndolas de supermercados ni cadenas comerciales.

“Sobrevive generando productos para terceros en las plantas de Devoto, Balnearia y La Carlota”, confirmaron fuentes del sector.

El drama humano detrás del colapso es tan crudo como real. Regali relató que los extrabajadores que representa son personas mayores, muchos enfermos, sin ingresos ni obra social, y que “están pidiendo dinero prestado para sobrevivir”. La situación también golpea a proveedores rurales, tambos y comunidades del interior que históricamente giraron en torno a la empresa.

SanCor, que pidió su concurso en febrero, quedó en una situación crítica: debe salarios, indemnizaciones, servicios, y carga sobre sí una deuda acumulada de más de 83.000 millones de pesos.

Mientras tanto, el expediente judicial en Rafaela podría tener un desenlace definitivo en las próximas semanas si el juez acepta los pedidos de quiebra.

El lateral campeón del mundo tiene una deuda millonaria con el fisco de su país y se desprende de gran parte de su patrimonio para sustentar los gastos.

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El futbolista brasileño, conocido como Cafú, quien fue bicampeón de América y del mundo con su Selección, está en la bancarrota económica. Según la prensa de Brasil, el fisco brasileño lo está acosando para que pague los millones de dólares que adeuda.

El ex defensor de San Pablo, Palmeiras, Roma y Milán, atraviesa un complicado momento financiero, ya perdió cinco de sus propiedades y corre el riesgo de perder otras tantas.

Por deudas millonarias, Cafú subasta sus propiedades

El fisco brasileño congeló varios de sus activos a raíz de una millonaria deuda. Al enfrentar una creciente lista de deudas, Cafú se vio en la necesidad de subastar su mansión en la lujosa zona de Alphaville, en São Paulo. Esta propiedad, que cuenta con más de 2,000 metros cuadrados y lujosas comodidades como un cine, un gimnasio profesional y una cancha de fútbol, se vendió por solo 5 millones de dólares, un precio mucho menor que su valor real. La subasta resultó complicada, con disputas sobre el valor de tasación y fallidos intentos legales del exjugador para detener la venta.

Los problemas financieros de Cafú comenzaron cuando trató de ayudar a un empresario paulista, lo que llevó a un aumento en su deuda. Su empresa, Capi Penta International Player, también fracasó, acumulando deudas considerables debido a inversiones desafortunadas y préstamos impagos.

Qué dijo Cafú, bicampeón mundial con Brasil sobre sus deudas

A pesar de tener 32 propiedades a su nombre, el exfutbolista manifestó su disposición a liquidar sus deudas, incluso si eso implicaba deshacerse de todos sus bienes.

"Este es un problema particular mío. Puedo dar mis propiedades, mi coche, mi casa… Puedo dar todos mis bienes para pagar mis deudas", reconoció el propio Cafú en diálogo con el diario Folha de Sao Paulo.

En 1989, con la camiseta de San Pablo, Cafú hizo su debut como futbolista profesional. Dio el salto a Zaragoza, regresó a Brasil para jugar en Palmeiras, pero luego se instaló en Italia, donde brilló en Roma y Milan. En el medio, fue campeón de todo con Brasil -levantó la Copa del Mundo dos veces, en 1994 y 2002, fue segundo en 1998). Es uno de los mejores laterales derecho de la historia y totalizó casi 20 años como deportista profesional en la elite.

Fuente: Iprofesional