El Tribunal rechazó los planteos de la defensa y dio inicio al juicio oral en Rafaela. Cuatro personas están acusadas de integrar una presunta asociación ilícita dedicada a captar ahorros mediante falsas inversiones.

Tras más de cuatro horas de demora, comenzó en los Tribunales de Rafaela el juicio oral y público por la causa Grupo Spaggiari, que tiene como principales acusados a los hermanos Fernando Luis y Matías Germán Spaggiari, junto a su madre, Mirta Ofelia Condotto, y la exempleada Carolina Rocío Schaberger.

El inicio del debate estuvo marcado por tres planteos de la defensa, encabezada por el abogado Gustavo Abraham, que solicitó suspender el proceso hasta que se resolviera un recurso presentado ante la Corte Suprema provincial y adquirieran firmeza las condenas de seis exempleados que aceptaron juicios abreviados.

Sin embargo, el Tribunal integrado por Nicolás Stegmayer, Juan Gabriel Peralta y Laura Lencina rechazó los tres pedidos, al considerar que no existían impedimentos legales para avanzar. Además, aclaró que las condenas de los exempleados no serán utilizadas como prueba contra los actuales imputados.

El fiscal Guillermo Nicolás Loyola sostuvo que los acusados integraron una organización dedicada a captar dinero de particulares mediante supuestas inversiones inmobiliarias y productivas entre noviembre de 2019 y diciembre de 2022.

Según la acusación, el grupo ofrecía rendimientos elevados en dólares, euros y pesos, utilizando empresas vinculadas a la construcción para generar confianza entre los ahorristas.

Para la Fiscalía, la operatoria respondía a un esquema Ponzi, mediante el cual los aportes de nuevos inversores eran utilizados para pagar intereses y devolver capital a quienes habían ingresado anteriormente. Los pagos comenzaron a interrumpirse en noviembre de 2022.

Loyola solicitó 25 años de prisión efectiva para cada uno de los hermanos Spaggiari, acusados de liderar una asociación ilícita y cometer nueve estafas reiteradas. Para Mirta Condotto pidió nueve años de prisión, mientras que para Schaberger planteó una pena proporcional a su participación, sin precisar una cifra en la información difundida.

Durante los alegatos, el abogado querellante Pablo Mosconi cuestionó las promesas de rentabilidad realizadas a los ahorristas y remarcó que muchas víctimas entregaron los ahorros de toda su vida.

También puso en duda la existencia de actividades económicas capaces de sostener los rendimientos prometidos y preguntó por qué se continuó recibiendo dinero cuando ya se habían interrumpido los pagos a otros inversores.

Con los alegatos de apertura, el juicio quedó formalmente iniciado y continuará con la producción de pruebas para determinar las responsabilidades penales de los cuatro acusados.

En una resolución judicial alcanzada mediante un juicio abreviado, fueron condenados seis empleados de la inmobiliaria Grupo Spaggiari SRL por su participación en una asociación ilícita dedicada a cometer estafas en la ciudad de Rafaela. La sentencia, dictada por el juez Gustavo Bumaguin, impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional para los involucrados.

Los condenados fueron identificados como Myriam Marcela Bravo, Carlos Andrés Ciancia, Cristian Ezequiel Clemenz, Cristian Marcelo Franzetti, Germán Darío Garetto y Gabriel Lorenzo Ulman, cuyas edades oscilan entre los 42 y 59 años. Todos ellos admitieron su responsabilidad penal como coautores de asociación ilícita en carácter de miembros y partícipes necesarios de las maniobras fraudulentas.

La investigación, liderada por el fiscal Guillermo Loyola, determinó que los hechos ilícitos se desarrollaron entre el 28 de noviembre de 2019 y el 13 de diciembre de 2022. Según el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el esquema afectó a más de 550 personas, quienes entregaron dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como en dólares y euros, bajo la promesa de inversiones inmobiliarias y productivas.

El fiscal Guillermo Loyola explicó que los integrantes de la asociación ilícita se aprovechaban del reconocimiento público que tenía el grupo inmobiliario en la comunidad. "Los condenados ofrecían firmar convenios privados en los que las víctimas se obligaban a entregar dinero, el cual supuestamente iba a ser destinado a actividades como la fabricación de ladrillos y aberturas", detalló el fiscal.

Las víctimas eran atraídas mediante publicidad y el "boca a boca", bajo la promesa de obtener ganancias superiores a las ofrecidas por el sistema bancario tradicional. Sin embargo, tras un periodo inicial de pagos, los clientes dejaron de percibir los intereses y el reintegro del capital prometido. Los pagos se realizaban de forma personal en las oficinas de la empresa o mediante envíos a los integrantes de la red.

Tras la condena de los empleados, la Oficina de Gestión Judicial de Rafaela fijó para el jueves 8 de octubre el inicio del juicio oral y público contra los presuntos jefes de la organización y otros dos integrantes. En el banquillo de los acusados se sentarán los propietarios del Grupo Spaggiari SRL, identificados con las iniciales FLS y MGS, junto a su madre, MOC, y una empleada de iniciales CRS.

Para los hermanos, la Fiscalía solicitó penas de 25 años de prisión efectiva por ser considerados jefes de la asociación ilícita y responsables de 560 hechos de estafas reiteradas. En tanto, para la mujer identificada como MOC se pidió una pena de nueve años, mientras que para la empleada CRS la solicitud fue de cinco años de prisión.

El debate oral se extenderá durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, con la participación de más de 600 testigos y víctimas. El tribunal pluripersonal encargado de dictar sentencia estará integrado por los jueces Laura Lencina, Nicolás Stegmayer y Juan Gabriel Peralta. Se espera que los alegatos de clausura se realicen el 21 de diciembre, con la lectura del veredicto final programada para el 28 de diciembre de 2026.

La causa conocida como “Caso Spaggiari”, una de las investigaciones judiciales de mayor impacto en Rafaela por la cantidad de personas damnificadas y el volumen económico involucrado, tuvo este lunes una nueva instancia judicial.

Seis exempleados de la firma aceptaron procedimientos abreviados y resolvieron su situación penal sin llegar a la instancia de juicio oral.

Durante la audiencia realizada este lunes, se formalizaron los acuerdos alcanzados entre la Fiscalía, las partes querellantes, las defensas y los imputados.

Según trascendió, los seis acusados recibieron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, además de una multa de 45.000 pesos y distintas reglas de conducta que deberán cumplir durante el período establecido.

Entre las condiciones fijadas figuran la fijación de residencia durante dos años, la comparecencia ante el distrito correspondiente, el uso moderado de bebidas alcohólicas y la prohibición de consumo de drogas. 

La investigación está a cargo del fiscal Guillermo Nicolás Loyola, quien sostiene que entre noviembre de 2019 y diciembre de 2022 se habrían desarrollado maniobras fraudulentas utilizando como estructura comercial al Grupo Spaggiari S.R.L. De acuerdo con la acusación, el esquema habría afectado a más de 550 personas, quienes entregaron fondos en pesos, dólares y euros bajo la modalidad de convenios privados presentados como préstamos de dinero.

La Fiscalía sostiene que esos acuerdos contractuales no reflejaban la verdadera naturaleza económica de las operaciones.

 Según la hipótesis del fiscal Guillermo Nicolás Loyola, fueron utilizados para captar nuevos aportes mediante distintos mecanismos, entre ellos publicidad, recomendaciones personales, folletería y la confianza generada por la actividad inmobiliaria de la empresa. A los seis exempleados se les había atribuido participación dentro de la estructura investigada, con distintos roles en el funcionamiento de la firma.

La causa principal tenía previsto iniciar el juicio oral y público el próximo 8 de octubre, instancia a la que ahora no llegarán estos seis imputados debido a los acuerdos abreviados alcanzados.

El procedimiento abreviado implica que los acusados reconocen los términos del acuerdo y aceptan una pena determinada, que luego debe ser homologada por el tribunal correspondiente.

En tanto, la investigación continúa respecto del resto de los involucrados en el expediente. 

La quiebra del Grupo Spaggiari sumará este martes 28 de julio una nueva instancia clave con el remate judicial de los bienes muebles y un vehículo que permanecen en las oficinas de Ayacucho 56, en Rafaela. La subasta comenzará a las 10:00 en el mismo lugar donde se encuentran los bienes, que pudo visitarse previamente el domingo 26 y lunes 27 de julio, de 10 a 14 horas.

El remate incluirá mobiliario de oficina, equipos informáticos, televisores, aires acondicionados, bibliotecas, herramientas, electrodomésticos, materiales eléctricos y una camioneta Volkswagen Saveiro modelo 2018, que serán ofrecidos sin base y al mejor postor. Los compradores deberán abonar el total del precio en el acto, además de impuestos, IVA y honorarios del martillero.

Esta etapa forma parte de la causa civil de la quiebra, en la que el Juzgado busca transformar los bienes de la firma en fondos para atender a los 289 acreedores verificados. Según resolvió la Justicia, el dinero obtenido de las subastas será depositado en la cuenta judicial de la quiebra para avanzar, a través de la Sindicatura, en la futura distribución entre los damnificados.

Los inmuebles y desarrollos inconclusos representan uno de los principales activos del proceso, luego de que se constatara que varios fideicomisos inmobiliarios del grupo presentaban avances de obra insuficientes para su finalización, lo que hace inviable su entrega en las condiciones originalmente previstas.

La causa Spaggiari, uno de los expedientes por delitos económicos de mayor dimensión que atravesó Rafaela en los últimos años, tendrá este martes un nuevo capítulo, esta vez lejos de las audiencias penales y directamente sobre el patrimonio que quedó detrás del derrumbe del grupo.

La firma había sido constituida por Fernando y Matías Spaggiari con una actividad formal vinculada al negocio inmobiliario, la construcción y el desarrollo de proyectos. Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación, con el tiempo esa estructura comenzó a ser utilizada para captar ahorros de particulares mediante contratos y promesas de elevados rendimientos en pesos y moneda extranjera. La Fiscalía ubica las maniobras investigadas entre 2019 y 2022 y sostiene que funcionaron bajo una lógica de estafa piramidal. La defensa rechaza esa interpretación y afirma que se trató de un negocio inmobiliario que terminó fracasando, entre otros factores, por la inestabilidad económica.

El caso explotó judicialmente en octubre de 2023. Las primeras imputaciones comprendían 76 víctimas y 152 convenios, con más de US$1,5 millones involucrados. Desde entonces, el expediente creció de manera exponencial. De acuerdo con los últimos datos difundidos por el MPA, son alrededor de 560 las víctimas , mientras que la acusación que llegó a la etapa previa al juicio comprende 558 hechos de estafa y estima un perjuicio de unos $235 millones, US$9 millones y €11.000.

Fernando y Matías Spaggiari son señalados por la Fiscalía como jefes de una asociación ilícita y autores de múltiples estafas. Ambos permanecen detenidos y el Ministerio Público pidió 25 años de prisión para cada uno. Su madre, Mirta Condotto, cumple arresto domiciliario y enfrenta un pedido de nueve años. Otros siete imputados también deberán afrontar el futuro juicio. Durante la audiencia preliminar fueron admitidos 669 testigos , entre damnificados, contadores, policías y autoridades de localidades de la región.

El juicio, sin embargo, todavía no tiene el camino completamente despejado. El 22 de julio las defensas apelaron la resolución que admitió la acusación y plantearon objeciones al trámite y pedidos de sobreseimiento.

En paralelo avanzó otro expediente determinante para los damnificados: la quiebra de Grupo Spaggiari SRL, declarada por la Justicia Civil y Comercial de Rafaela el 1 de agosto de 2024. La sentencia dispuso el desapoderamiento de la firma, la inhibición de sus bienes y la intervención de la Sindicatura para administrar el patrimonio. Ese proceso tiene hasta ahora 289 acreedores con créditos reconocidos, una cifra que no debe confundirse con el universo de víctimas de la causa penal.

El remate de hoy tiene así un fuerte valor simbólico además de económico: escritorios, computadoras, equipos y vehículos de una estructura empresaria que llegó a captar millones de dólares pasan a convertirse en dinero judicial. Es apenas una parte del patrimonio a liquidar, pero marca el comienzo de una etapa decisiva, transformar lo que quedó del Grupo Spaggiari en fondos con los que, eventualmente y conforme a las reglas de la quiebra, pueda comenzar algún grado de reparación.

El juez penal de Rafaela, Gustavo Bumaguin, resolvió este lunes confirmar la prisión preventiva de los hermanos Matías y Fernando Spaggiari, acusados de liderar una megaestafa que afectó a más de 560 damnificados y generó un perjuicio económico superior a los nueve mil millones de pesos.

La resolución se dio en el marco de una audiencia de revisión de medida cautelar impulsada por la defensa de los imputados, representada por los abogados José Silvela y Matías Colón. En su fallo, Bumaguin también ratificó la prisión preventiva domiciliaria para Mirta Ofelia Condotto, madre de los Spaggiari, quien atraviesa el proceso judicial bajo esa modalidad.

Durante la audiencia, el fiscal Guillermo Loyola amplió las imputaciones, atribuyendo a los acusados ocho nuevas estafas, con lo cual el número total de damnificados ascendió a 560 personas.

Según detalló el fiscal Loyola, el perjuicio económico ocasionado por las maniobras fraudulentas supera los 9.000 millones de pesos. Además, se investiga la posibilidad de que parte del dinero haya sido fugado a cuentas bancarias radicadas en las Islas Bermudas, en Centroamérica, lo que agrava aún más la situación de los imputados.

Junto a los hermanos Spaggiari y su madre, también están imputados Miriam Bravo, Carlos Ciancia, Cristian Clemens, Cristian Francetti, Germán Gareto, Carolina Schaberger y Gabriel Ullman. Todos son acusados de haber captado fondos de cientos de personas bajo promesas de rentabilidad en pesos, euros y dólares.

En el marco de la investigación, el Gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (ARPAD), tomó posesión en junio de 2024 de parte de los bienes pertenecientes al grupo Spaggiari. Entre los elementos secuestrados se encuentran una camioneta Ford Ranger, 30 pallets de porcelanato, bolsas de cemento, herramientas, carretillas, perfiles para la construcción y mobiliario, entre otros materiales.

La causa sigue en plena etapa investigativa y se espera que en los próximos meses avance hacia la realización del juicio oral.

Un mes después de la detención de tres de los principales involucrados, siguen llegando denuncias a Fiscalía. Una de las víctimas contó de qué manera los afectó como familia.

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La última semana se cumplió un mes desde que la justicia penal santafesina ordenó la prisión preventiva para los hermanos Matías y Fernando Spaggiari y para su madre Mirta Condotto, como principales responsables de una estafa piramidal, cometida en la ciudad de Rafaela y zona, entre fines de 2019 y noviembre de 2022.

Al momento de ser llevados a tribunales, la investigación, que está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela, contabilizaba casi un centenar de denuncias y estimaba el daño en 1.700.000 dólares y 40.000.000 de pesos. Un mes después, fuentes cercanas al caso aseguran que el número de víctimas habría alcanzado las 300, lo mismo que la cifra, que se disparó hacia un monto sideral.

Luciana, otra víctima de la estafa Spaggiari: “Sentís que le fallaste a tus hijos y que todo lo que trabajaste no tiene sentido”

En el centenar de víctimas, surgieron las historias personales, donde el efecto del daño causado alcanza consecuencias insospechadas. Una de ellas es la que cuenta Luciana Arnese, quien junto a su esposo Gabriel, se acercaron al negocio por el 'boca a boca' y debieron atravesar un duro proceso que afectó la salud de su familia en forma directa; así como su economía y la posibilidad de proyectar. Además, fueron denunciados por amenazas por quienes los habían estafado.

El relato de una familia estafada

"Nosotros teníamos que operar a mi hijo por una patología cardiológica", se concentra Luciana, que junto a su esposo decidieron invertir sus ahorros en una inmobiliaria que unos años atrás gozaba de prestigio y confianza. El plan era poder contar con el dinero para la fecha de la operación, programada para este año, pero la catástrofe se presentó unos meses antes.

“Fuimos a pedirle el dinero porque teníamos que operar a nuestro hijo y nos negaron la plata”, recuerda la mujer, sobre aquellas charlas de fines del año pasado. "Creíamos que tal vez ante esa situación se iban conmover, pero no, nos negaron la plata que era nuestra” y "nos terminaron denunciando por amenazas. Ahí entendimos la clase de personas que eran".

En paralelo, “nos encontramos con que la obra social tampoco nos cubría la ablación de Bauti”, así que “todas eran negativas y como padres estábamos completamente desesperados”. “Nunca nos imaginamos estar viviendo esta situación, sobre todo porque confiamos en las personas equivocadas”, resume.

Caso Spaggiari: “Hay perjuicios no solo en lo económico, sino también en la salud de las personas”

Aunque prefiere no especificar el monto que hoy reclama por la vía judicial, Luciana cuenta que vive en Sunchales junto con su esposo Gabriel y sus dos hijos, Bauti de 10 y Sofi de 5. Son oriundos de Barrancas, pero “decidimos quedarnos a vivir en Sunchales” donde ejercen el comercio.

El Litoral.

Así lo expresó, en charla con Radio Rafaela, una vecina de la ciudad de Sunchales que confió sus ahorros al grupo Spaggiari. Hasta el momento, no pudo recuperar un centavo.

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Tres personas quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación a una asociación ilícita que operaba en Rafaela y realizó estafas a través de una empresa de negocios inmobiliarios por al menos 1.700.000 dólares y 40.000.000 de pesos.

El número de víctimas en la estafa asciende a los 150. Entre ellos, Luciana, una vecina de la ciudad de Sunchales que confió sus ahorros en la firma y, hasta el momento, no pudo recuperar ni un centavo. En charla con Radio Rafaela contó todos los detalles de lo que le sucedió con el Grupo Spaggiari.

Grupo Spaggiari: una por una, las medidas para los imputados investigados por estafas

Luciana comenzó la entrevista recordando cómo decidió invertir su dinero en el Grupo Spaggiari. "A mí no me avergüenza hablar sobre esto porque, todo lo poco que tengo me lo gané dignamente trabajando. La verdad es que uno decidió llevarlo ahí, obviamente, por la tasa que ofrecían”, expresó la entrevistada.

Y enseguida conectó: “Creeme que todos los días me arrepiento tanto de ese día".

La promesa de rendimientos atractivos y la ubicación aparentemente legítima de la inmobiliaria en una arteria principal de la ciudad de Rafaela llevaron a Luciana y su esposo a invertir. Sin embargo, su decisión no tardó en convertirse en una pesadilla.

“Nosotros llevamos el dinero porque la tasa era mayor a la que me ofrecían en cualquier otro lugar. Pero bueno, ellos utilizaban una inmobiliaria que estaba en una de las arterias principales de la ciudad”[Luciana, damnificada de la estafa]

Y un día, llegaron los problemas

Luciana explicó cómo al principio todo parecía ir bien, pero luego comenzaron los problemas. "Al principio era bien riguroso el cumplimiento, y en un momento nos pasó que no tenían turnos, que lo pasaban para más adelante”, explicó Luciana, haciendo referencia a que se activó la primer lamparita de la desconfianza.

Caso Spaggiari: “Hay perjuicios no solo en lo económico, sino también en la salud de las personas”

El punto de quiebre llegó cuando visitó las oficinas de la inmobiliaria. "Me pasó que en el mes de octubre, yo llego a las oficinas veo que estaban todos desmantelando el lugar, se estaban mudando y me dicen ‘no, no te va a atender nadie’”

Luciana continuó explicando cómo, contra las negativas de la inmobiliaria, logró cobrar una cuota pendiente en ese día, pero luego, los problemas se agravaron. "Después, vino el quiebre. Justamente el slogan de ellos era ‘un camino a tus sueños’. Y hoy, la verdad, te provoca hasta risa leerlo en las redes sociales, porque están muy lejos de ser eso”, contó con la voz entrecortada Luciana.

“Vivir con esto día a día es terrible, es terrible porque sentís que le fallaste a tus hijos sin quererlo, sentís que todo lo que trabajaste no tiene sentido. Es muy doloroso”[Luciana, damnificada de la estafa]

Entre otras cuestiones, Luciana espera que su testimonio sirva para evitar que más personas sean víctimas de estafas similares. "La verdad que yo no se lo deseo a nadie, Como se lo dije al juez el sábado, su decisión tiene que ser ejemplar, porque no tiene que haber más Spaggiari dando vueltas, no tiene que haber más este tipo de gente que se dediquen a estafar, que se dediquen a robar lo que no es de ellos"

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