El excomisario Walter Maciel volvió a declarar este miércoles ante el tribunal que lleva adelante el juicio por la desaparición de Loan Peña y ratificó sus cuestionamientos contra Laudelina Peña, tía del menor, a quien vinculó con la colocación del botín encontrado durante la investigación.

Durante su segunda exposición, Maciel sostuvo nuevamente su hipótesis sobre lo ocurrido y también apuntó contra el primer fiscal que intervino en la causa, Juan Carlos Castillo, al considerar que no asumió la conducción de la investigación en la etapa inicial.

Según la declaración del excomisario, Laudelina Peña habría “plantado” el botín de fútbol de Loan en la zona cercana al lugar donde desapareció el niño, con el objetivo de desviar la investigación.

La acusación ya había sido planteada por Maciel durante su primera declaración ante el tribunal y volvió a ser uno de los ejes centrales de su testimonio.

Consultado sobre la posibilidad de realizar un careo con Laudelina, el exjefe policial dejó entrever que no aceptaría esa instancia. Su postura estaría relacionada con cuestionamientos hacia la defensa de la mujer y declaraciones públicas realizadas por su abogada, Mónica Chiribín.

Durante la audiencia, Maciel también cuestionó el accionar del fiscal Juan Carlos Castillo, quien estuvo a cargo de los primeros pasos de la investigación por la desaparición de Loan.

El excomisario sostuvo que el funcionario judicial “no asumió la conducción de la investigación” y atribuyó a esa etapa inicial parte de los problemas que, según su versión, atravesó la causa.

Loan Peña desapareció en 2024 y el expediente atravesó distintas instancias judiciales hasta llegar al juicio que actualmente se desarrolla en Corrientes.

En otro tramo de su declaración, el excomisario fue consultado sobre su situación procesal y afirmó que aceptará la resolución que adopte la Justicia.

Al mismo tiempo, manifestó su confianza en obtener una absolución y reiteró que sostiene su inocencia.

Maciel permanece entre los acusados en el proceso judicial por la desaparición del menor y su declaración forma parte de las distintas exposiciones que se desarrollan durante el debate oral.

En sus declaraciones anteriores, Maciel también había señalado a Carlos Pérez y María Victoria Caillava, además de Laudelina Peña.

El excomisario volvió a sostener que Loan habría sufrido un atropello y que posteriormente su cuerpo habría sido descartado en las inmediaciones del lugar donde ocurrió la desaparición.

Con esta segunda declaración ante el tribunal, Maciel mantuvo sus principales argumentos, volvió a involucrar a Laudelina Peña y cuestionó la actuación del fiscal que intervino en los primeros momentos de la investigación.

La prepaga reconoció formalmente un error administrativo que derivó en una de las situaciones más llamativas del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona: estudios de laboratorio pertenecientes a su padre, Don Diego, fueron incorporados dentro del mismo registro médico que correspondía al exfutbolista.

La explicación fue presentada por Silvia Vicario, jefa de Laboratorio de la institución, a través de un informe fechado el 19 de agosto y dirigido a la Gerencia de Auditoría. Allí se detalló cómo se produjo la confusión dentro del sistema Labcore, utilizado para registrar los estudios.

Según el documento, hasta el año 2015 la prepaga no contaba con una integración automática entre el sistema de gestión hospitalaria y la plataforma utilizada por el laboratorio.

Por ese motivo, los datos de los pacientes eran cargados manualmente por operadores administrativos luego de que los médicos solicitaban los estudios. Ese procedimiento fue el origen de la equivocación que terminó vinculando información de padre e hijo.

El informe indicó que tanto Don Diego como Diego Armando Maradona habían sido registrados inicialmente de manera correcta.

La falla se habría producido cuando, en algún momento, se incorporó la palabra “Armando” al registro correspondiente al padre del exfutbolista.

De esta manera, el paciente que figuraba originalmente como Diego Maradona pasó a aparecer en el sistema como Diego Armando Maradona, generando una coincidencia incorrecta con la identidad del astro del fútbol.

A partir de esa modificación, los estudios de ambos pacientes quedaron asociados dentro del mismo legajo de laboratorio.

La confusión tomó relevancia durante el proceso judicial que busca determinar las circunstancias de la muerte de Diego Maradona, debido a la importancia que tienen los registros médicos incorporados como prueba.

Los estudios correspondientes a Don Diego habían quedado incluidos dentro de la documentación vinculada al exfutbolista, lo que generó dudas sobre el origen de esos informes y obligó a reconstruir cómo se había producido la asociación equivocada.

La prepaga presentó entonces el informe interno para explicar el procedimiento y aclarar que la situación se originó por una modificación administrativa en los datos personales.

El documento sostiene que ambos pacientes fueron cargados correctamente en una primera instancia y que el inconveniente apareció posteriormente con el cambio en la identificación del padre de Maradona.

Ese ajuste hizo que el sistema interpretara que se trataba de la misma persona y provocó que estudios médicos de Don Diego terminaran dentro del historial correspondiente a su hijo.

La explicación formal busca aportar claridad sobre un error documental que salió a la luz durante el juicio y que involucró información médica clave dentro de la investigación.

En el marco de investigación por presunto lavado de dinero que tiene bajo la lupa a la firma Sur Finanzas, el juez Luis Armella ordenó la liberación de cuatro empleados que habían sido detenidos el pasado 12 de febrero por destruir pruebas.

Se trata de Daniela Eliana Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga.

Los involucrados, acusados de borrar cámaras de seguridad, ocultar computadoras y eliminar planillas, fueron indagados por Armella el fin de semana y luego excarcelados ya que no existen riesgos procesales, como riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. Sus celulares y todos los dispositivos electrónicos incautados durante los allanamientos quedaron al resguardo de la Justicia.

Durante las indagatorias del viernes, se les ofreció la posibilidad de declarar como arrepentidos, pero los cuatro rechazaron hacerlo.

En los próximos días, Armella deberá decidir si procesa a los cuatro liberados, mientras la causa avanza con el análisis de las pruebas secuestradas.

Según el expediente, Daniela Sánchez, secretaria de Ariel Vallejo, titular de la firma, el pasado 1 de diciembre de 2025, le ordenó a la tesorera Micaela Sánchez que envíe a una persona a recaudar dinero y que se borren archivos de la cámara de seguridad.

Soler, por su parte, mantuvo una comunicación con Susana Hoffman, la jefa de Recursos Humanos de Sur Finanzas, para ordenarle que ingresen a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas.

Zapaia es Oficial de cumplimiento de Lavado de Activo y la Justicia comprobó que en comunicación con otros integrantes de la empresa ordenó ocultar computadoras y teléfonos celulares antes de los allanamientos.

Finalmente, Soloaga, jefe de choferes, quién escribió en un grupo de WhatsApp: “Buenas tardes muchachos espero que anden bien, a pedido del jefe vamos hacer unas guardias en el estacionamiento, es estar para que vean que estemos y no se roben nada al ver que no estamos trabajando, la grilla va hacer día x medio de 10 a 18 hs los equipos que ya estaban trabajando, donde también vamos hacer limpieza de nuestro lugar y las camionetas lo que haya que hacerle cómo sacarle el pegamento del ploteado a la 201, más tarde paso como están destinados los equipos para la semana que viene”.

El foco central de la investigación es el vínculo entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas a las que la firma habría asistido financieramente a cambio de intereses elevados.

En uno de los casos más relevantes, la Justicia detectó un envío de dinero a San Lorenzo con tasas que en la Justicia califican de “usurarias”. Según los elementos reunidos hasta el momento, el club no habría logrado devolver el dinero en los plazos pactados y, como consecuencia, terminó entregando derechos de televisación.

En ese punto, el expediente incorpora una afirmación clave: “La operatoria se ejecutó con el permiso y recomendación de la AFA”, según consta en la documentación judicial. Incluso, siempre de acuerdo a la causa, la propia AFA habría indicado a San Lorenzo que recurriera a Sur Finanzas para obtener el financiamiento.

La investigación también logró establecer que la Liga Profesional de Fútbol depositó los fondos de televisión correspondientes al club en Neblockchain, que en rigor es Sur Finanzas. Esto solo puede ocurrir si la institución enviaba una nota formal solicitando ese mecanismo de pago.

La operatoria bajo análisis no se limita a un solo club: los investigadores trabajan sobre un universo de 17 instituciones, entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

El club peruano emitió una nota oficial luego de conocer la denuncia de la esposa del jugador.

Cienciano de Perú emitió un comunicado oficial luego de la denuncia contra Christian Cueva, flamante refuerzo del equipo, por violencia de género contra su esposa. En ese sentido, el cuadro incaico dejó una postura clara al respecto y condenó el accionar del futbolista.

"Nuestra institución rechaza de manera categórica y tajante cualquier forma de violencia de género, sin excepción. Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable de exigir a todos nuestros integrantes un comportamiento ejemplar que esté alineado con los valores y principios que representamos", señaló la institución.

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Luego, el club señaló que "no tenía conocimiento de los hechos denunciados hoy por la señora Pamela López contra Christian Cueva, razón por la cual no existía impedimento alguno para su contratación para el Torneo Clausura". Además, informó que se inició un procedimiento interno y que se contactaron con "el futbolista y su defensa legal para esclarecer los hechos.

El relato de la esposa de Cueva

En una entrevista con un programa de televisión de Perú, Pamela López dio a conocer que es víctima de agresiones de parte del futbolista desde hace años. Además, el programa difundió los videos de las agresiones registradas durante este año.

"Para mí ha sido una decisión bastante complicada, muy difícil, me ha tomado muchos años efectuarla. Pero la he tomado por mí, por mis hijos y por todas las mujeres que sufren lo mismo que yo he sufrido por muchos años", expresó López, acompañada por su abogada. "He estado sometida a su manipulación. Yo seguiré hasta las últimas [consecuencias] con mi denuncia, por mí y por mis hijos", agregó.

La mujer explicó que este episodio violento ocurrió después de confrontar a Cueva por una supuesta relación con la cantante de cumbia Pamela Franco. "Encontré cosas y ante mi reclamo, él ejerció violencia sobre mí. Lamentablemente, no es la primera vez que soy agredida", señaló.(DA)

Se trata de una empleada que prestaba servicios como ordenanza en el Juzgado Federal de aquella ciudad y tras salir el caso a la luz presentó su renuncia.

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Una exempleada del Juzgado Federal de Rafaela fue condenada por haber robado una suma de dinero secuestrada en el marco de una causa de drogas de la ciudad Frontera. Se trata de Pamela Gentile (32), quien prestaba servicios como ordenanza en la sede judicial y la cual renunció al día siguiente de haber sido descubierta su maniobra delictiva.

La reciente condena fue dictada por la jueza subrogante del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, Elena Beatriz Dilario, quien impuso a Gentile una pena de un año de prisión en suspenso y la declaró autora de los delitos de sustracción de objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente e incumplimientos de los deberes de funcionario público en concurso ideal.

La resolución se dio a partir de un acuerdo en el cual la exempleada judicial decidió evitar el juicio oral y mediante un acuerdo abreviado (realizado entre su abogada particular y el fiscal general) aceptó los cargos en su contra y se declaró culpable de la sustracción del dinero ocurrida el 15 de septiembre del 2022 en el Juzgado, ubicado en calle 25 de Mayo al 121.

Ese día, según estableció la investigación, la mesa de entradas recepcionó una serie de efectos secuestrados en el marco de una causa de drogas en Frontera (en el límite con Córdoba), entre los que se encontraba una suma de $42.760 dentro de un sobre y lista para ser depositada en una cuenta judicial.

Cuando el encargado de la mesa de entradas se retiró para realizar un trámite, Gentile aprovechó la oportunidad para sustraer el sobre y llevárselo a su casa. Horas después, al descubrirse que había desaparecido dicho sobre, se inició una búsqueda exhautiva dentro de la Secretaría Penal, pero los resultados fueron negativos. Ante el suceso, el entonces secretario del Juzgado, Federico Aníbal Haeffeli, inició una investigación interna que derivó en múltiples entrevistas a empleados y funcionarios de la sede judicial.

Atraparon a una mujer intentando llevarse artículos sin pagar en el Hipermercado Libertad

Entre las entrevistas tomadas, fueron consultados por la desaparición del dinero cuatro empleados de la oficina de entradas, entre los que se encontraba Gentile que desarrollaba tareas de ordenanza y la cual, al ser consultada por si sabía algo, dijo que desconocía que había sucedido.

Sin embargo, la sospecha sobre Gentile comenzó a partir del peritaje de las cámaras del juzgado que captaron el momento en que la mujer salió del edificio un rato después de que la suma de dinero desapareció de la mesa de entradas. Sobre tal salida, la empleada dijo que fue hasta una librería por orden del prosecretario administrativo, pero como el funcionario negó tal situación, la ordenanza dijo que había ido a visitar a su hijo. No obstante, aclaró que no vio a personas entrar a la mesa de entradas ni tampoco advirtió la faltante del dinero.

Por el caso se inició un expediente judicial que se instruyó en el Juzgado Federal N°1 de Santa Fe a donde fue citada a indagatoria Gentile el 23 de febrero del 2023 y tres meses después, el 17 de mayo, fue procesada como presunta autora del delito de sustracción de objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal.

Finalmente, el 30 de mayo del mismo año, la Fiscalía elevó la causa a juicio al Tribunal Oral Federal, en donde recientemente se acordó la pena en suspenso para la exempleada judicial.

El desenlace del robo fue el que nadie imaginó dentro del juzgado. Es que al día siguiente de ser detectada la sustracción, apareció en el interior de un cajón del encargado de mesa de entradas el sobre con el dinero robado. Arrepentida por lo ocurrido, la empleada infiel decidió confesar que ella era quien había sustraído el dinero porque tenía problemas económicos y un día después presentó su renuncia al Poder Judicial.

Fuente: Aire de Santa Fe.

Además, los jueces buscaron imprimirle celeridad al análisis de la medida cautelar apelada por el oficialismo por lo que le dieron tiempo hasta este jueves a la oposición para que presente sus argumentos en favor de sostener la medida.

La Cámara Civil rechazó este jueves la recusación de la jueza Alejandra Abrevaya en el expediente por el cual se suspendieron las elecciones en el Club Atlético Boca Juniors, informaron fuentes judiciales que señalaron, además, que el Tribunal de Apelaciones aún tiene que resolver si mantiene o no la medida cautelar que impidió a los socios elegir al próximo presidente del club.

La Sala E de la Cámara Civil resolvió “rechazar las recusaciones con causa deducidas los días 1 y 4 de diciembre de 2023” contra la jueza Abrevaya" según surge de la resolución a la que accedió Télam.

En el fallo el tribunal también ordenó al juez Sebastián Font, que había salido sorteado este miércoles, que “eleve las actuaciones principales” a esa sala “sin más trámite”.

En la misma resolución, los jueces buscaron imprimirle celeridad al análisis de la medida cautelar apelada por el oficialismo por lo que le dieron tiempo hasta este juevesa la oposición para que presente sus argumentos en favor de sostener la medida.

“De acuerdo con la urgencia que denota la cuestión debatida en los autos principales, por excepción, confiérase traslado a la parte actora por un día de los fundamentos del recurso de apelación deducido por la parte demandada el 1° de diciembre de 2023”, sostuvieron los jueces.

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En este contexto, quedó en manos de la Sala E de la Cámara Civil la decisión respecto de cuándo se harán las elecciones: si cae la medida cautelar los comicios podrían ser el domingo 17 de diciembre; si es ratificada, las elecciones quedarán postergadas hasta que la jueza Abrevaya resuelva sobre la cuestión de fondo vinculada a la denuncia de la oposición.

Boca debía haber llevado adelante sus comicios el domingo pasado en La Bombonera, en elecciones en las que competían dos listas: la del oficialismo encabezada por Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal, y la oposición que proponía a Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

No obstante, una denuncia ante la justicia de la oposición alegando que había más de 13.000 socios activos que no deberían votar por haberse asociado de manera ilegal y en perjuicio de los adherentes, motivó que se suspendan las elecciones.

En ese contexto, el caso de Boca lo tomó en principio la jueza Alejandra Débora Abrevaya, quien fue recusada por el oficialismo y además cuestionada por Riquelme, y se designó en segunda instancia a la jueza Adriana Romero, quien por ser socia activa del club se excusó y no aceptó tomar la causa, después de ser expuesta también por el actual vicepresidente "xeneize" en un programa del Canal de Boca.

Andrés Ibarra y Macri, la fórmula de la oposición | Foto IG

Más allá de la reciente designación del juez Sebastián Font, al mismo tiempo la Sala E de la Cámara Civil, integrada por José Benito Fajre, Ricardo Li Rosi y Marisa Sorini sigue analizando la continuidad o no de Abrevaya al frente del expediente.

Abrevaya, quien suspendió las elecciones en Boca programadas para el domingo pasado por una medida cautelar a raíz del mencionado reclamo por parte de la oposición por supuestas irregularidades en el padrón, denunció que recibió amenazas de muerte y se encuentra con custodia policial.(Telam)