En el marco de investigación por presunto lavado de dinero que tiene bajo la lupa a la firma Sur Finanzas, el juez Luis Armella ordenó la liberación de cuatro empleados que habían sido detenidos el pasado 12 de febrero por destruir pruebas.

Se trata de Daniela Eliana Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga.

Los involucrados, acusados de borrar cámaras de seguridad, ocultar computadoras y eliminar planillas, fueron indagados por Armella el fin de semana y luego excarcelados ya que no existen riesgos procesales, como riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. Sus celulares y todos los dispositivos electrónicos incautados durante los allanamientos quedaron al resguardo de la Justicia.

Durante las indagatorias del viernes, se les ofreció la posibilidad de declarar como arrepentidos, pero los cuatro rechazaron hacerlo.

En los próximos días, Armella deberá decidir si procesa a los cuatro liberados, mientras la causa avanza con el análisis de las pruebas secuestradas.

Según el expediente, Daniela Sánchez, secretaria de Ariel Vallejo, titular de la firma, el pasado 1 de diciembre de 2025, le ordenó a la tesorera Micaela Sánchez que envíe a una persona a recaudar dinero y que se borren archivos de la cámara de seguridad.

Soler, por su parte, mantuvo una comunicación con Susana Hoffman, la jefa de Recursos Humanos de Sur Finanzas, para ordenarle que ingresen a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas.

Zapaia es Oficial de cumplimiento de Lavado de Activo y la Justicia comprobó que en comunicación con otros integrantes de la empresa ordenó ocultar computadoras y teléfonos celulares antes de los allanamientos.

Finalmente, Soloaga, jefe de choferes, quién escribió en un grupo de WhatsApp: “Buenas tardes muchachos espero que anden bien, a pedido del jefe vamos hacer unas guardias en el estacionamiento, es estar para que vean que estemos y no se roben nada al ver que no estamos trabajando, la grilla va hacer día x medio de 10 a 18 hs los equipos que ya estaban trabajando, donde también vamos hacer limpieza de nuestro lugar y las camionetas lo que haya que hacerle cómo sacarle el pegamento del ploteado a la 201, más tarde paso como están destinados los equipos para la semana que viene”.

El foco central de la investigación es el vínculo entre Sur Finanzas y distintas instituciones deportivas a las que la firma habría asistido financieramente a cambio de intereses elevados.

En uno de los casos más relevantes, la Justicia detectó un envío de dinero a San Lorenzo con tasas que en la Justicia califican de “usurarias”. Según los elementos reunidos hasta el momento, el club no habría logrado devolver el dinero en los plazos pactados y, como consecuencia, terminó entregando derechos de televisación.

En ese punto, el expediente incorpora una afirmación clave: “La operatoria se ejecutó con el permiso y recomendación de la AFA”, según consta en la documentación judicial. Incluso, siempre de acuerdo a la causa, la propia AFA habría indicado a San Lorenzo que recurriera a Sur Finanzas para obtener el financiamiento.

La investigación también logró establecer que la Liga Profesional de Fútbol depositó los fondos de televisión correspondientes al club en Neblockchain, que en rigor es Sur Finanzas. Esto solo puede ocurrir si la institución enviaba una nota formal solicitando ese mecanismo de pago.

La operatoria bajo análisis no se limita a un solo club: los investigadores trabajan sobre un universo de 17 instituciones, entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassuso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.

El club peruano emitió una nota oficial luego de conocer la denuncia de la esposa del jugador.

Cienciano de Perú emitió un comunicado oficial luego de la denuncia contra Christian Cueva, flamante refuerzo del equipo, por violencia de género contra su esposa. En ese sentido, el cuadro incaico dejó una postura clara al respecto y condenó el accionar del futbolista.

"Nuestra institución rechaza de manera categórica y tajante cualquier forma de violencia de género, sin excepción. Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable de exigir a todos nuestros integrantes un comportamiento ejemplar que esté alineado con los valores y principios que representamos", señaló la institución.

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Luego, el club señaló que "no tenía conocimiento de los hechos denunciados hoy por la señora Pamela López contra Christian Cueva, razón por la cual no existía impedimento alguno para su contratación para el Torneo Clausura". Además, informó que se inició un procedimiento interno y que se contactaron con "el futbolista y su defensa legal para esclarecer los hechos.

El relato de la esposa de Cueva

En una entrevista con un programa de televisión de Perú, Pamela López dio a conocer que es víctima de agresiones de parte del futbolista desde hace años. Además, el programa difundió los videos de las agresiones registradas durante este año.

"Para mí ha sido una decisión bastante complicada, muy difícil, me ha tomado muchos años efectuarla. Pero la he tomado por mí, por mis hijos y por todas las mujeres que sufren lo mismo que yo he sufrido por muchos años", expresó López, acompañada por su abogada. "He estado sometida a su manipulación. Yo seguiré hasta las últimas [consecuencias] con mi denuncia, por mí y por mis hijos", agregó.

La mujer explicó que este episodio violento ocurrió después de confrontar a Cueva por una supuesta relación con la cantante de cumbia Pamela Franco. "Encontré cosas y ante mi reclamo, él ejerció violencia sobre mí. Lamentablemente, no es la primera vez que soy agredida", señaló.(DA)

Se trata de una empleada que prestaba servicios como ordenanza en el Juzgado Federal de aquella ciudad y tras salir el caso a la luz presentó su renuncia.

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Una exempleada del Juzgado Federal de Rafaela fue condenada por haber robado una suma de dinero secuestrada en el marco de una causa de drogas de la ciudad Frontera. Se trata de Pamela Gentile (32), quien prestaba servicios como ordenanza en la sede judicial y la cual renunció al día siguiente de haber sido descubierta su maniobra delictiva.

La reciente condena fue dictada por la jueza subrogante del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, Elena Beatriz Dilario, quien impuso a Gentile una pena de un año de prisión en suspenso y la declaró autora de los delitos de sustracción de objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente e incumplimientos de los deberes de funcionario público en concurso ideal.

La resolución se dio a partir de un acuerdo en el cual la exempleada judicial decidió evitar el juicio oral y mediante un acuerdo abreviado (realizado entre su abogada particular y el fiscal general) aceptó los cargos en su contra y se declaró culpable de la sustracción del dinero ocurrida el 15 de septiembre del 2022 en el Juzgado, ubicado en calle 25 de Mayo al 121.

Ese día, según estableció la investigación, la mesa de entradas recepcionó una serie de efectos secuestrados en el marco de una causa de drogas en Frontera (en el límite con Córdoba), entre los que se encontraba una suma de $42.760 dentro de un sobre y lista para ser depositada en una cuenta judicial.

Cuando el encargado de la mesa de entradas se retiró para realizar un trámite, Gentile aprovechó la oportunidad para sustraer el sobre y llevárselo a su casa. Horas después, al descubrirse que había desaparecido dicho sobre, se inició una búsqueda exhautiva dentro de la Secretaría Penal, pero los resultados fueron negativos. Ante el suceso, el entonces secretario del Juzgado, Federico Aníbal Haeffeli, inició una investigación interna que derivó en múltiples entrevistas a empleados y funcionarios de la sede judicial.

Atraparon a una mujer intentando llevarse artículos sin pagar en el Hipermercado Libertad

Entre las entrevistas tomadas, fueron consultados por la desaparición del dinero cuatro empleados de la oficina de entradas, entre los que se encontraba Gentile que desarrollaba tareas de ordenanza y la cual, al ser consultada por si sabía algo, dijo que desconocía que había sucedido.

Sin embargo, la sospecha sobre Gentile comenzó a partir del peritaje de las cámaras del juzgado que captaron el momento en que la mujer salió del edificio un rato después de que la suma de dinero desapareció de la mesa de entradas. Sobre tal salida, la empleada dijo que fue hasta una librería por orden del prosecretario administrativo, pero como el funcionario negó tal situación, la ordenanza dijo que había ido a visitar a su hijo. No obstante, aclaró que no vio a personas entrar a la mesa de entradas ni tampoco advirtió la faltante del dinero.

Por el caso se inició un expediente judicial que se instruyó en el Juzgado Federal N°1 de Santa Fe a donde fue citada a indagatoria Gentile el 23 de febrero del 2023 y tres meses después, el 17 de mayo, fue procesada como presunta autora del delito de sustracción de objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal.

Finalmente, el 30 de mayo del mismo año, la Fiscalía elevó la causa a juicio al Tribunal Oral Federal, en donde recientemente se acordó la pena en suspenso para la exempleada judicial.

El desenlace del robo fue el que nadie imaginó dentro del juzgado. Es que al día siguiente de ser detectada la sustracción, apareció en el interior de un cajón del encargado de mesa de entradas el sobre con el dinero robado. Arrepentida por lo ocurrido, la empleada infiel decidió confesar que ella era quien había sustraído el dinero porque tenía problemas económicos y un día después presentó su renuncia al Poder Judicial.

Fuente: Aire de Santa Fe.

Además, los jueces buscaron imprimirle celeridad al análisis de la medida cautelar apelada por el oficialismo por lo que le dieron tiempo hasta este jueves a la oposición para que presente sus argumentos en favor de sostener la medida.

La Cámara Civil rechazó este jueves la recusación de la jueza Alejandra Abrevaya en el expediente por el cual se suspendieron las elecciones en el Club Atlético Boca Juniors, informaron fuentes judiciales que señalaron, además, que el Tribunal de Apelaciones aún tiene que resolver si mantiene o no la medida cautelar que impidió a los socios elegir al próximo presidente del club.

La Sala E de la Cámara Civil resolvió “rechazar las recusaciones con causa deducidas los días 1 y 4 de diciembre de 2023” contra la jueza Abrevaya" según surge de la resolución a la que accedió Télam.

En el fallo el tribunal también ordenó al juez Sebastián Font, que había salido sorteado este miércoles, que “eleve las actuaciones principales” a esa sala “sin más trámite”.

En la misma resolución, los jueces buscaron imprimirle celeridad al análisis de la medida cautelar apelada por el oficialismo por lo que le dieron tiempo hasta este juevesa la oposición para que presente sus argumentos en favor de sostener la medida.

“De acuerdo con la urgencia que denota la cuestión debatida en los autos principales, por excepción, confiérase traslado a la parte actora por un día de los fundamentos del recurso de apelación deducido por la parte demandada el 1° de diciembre de 2023”, sostuvieron los jueces.

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En este contexto, quedó en manos de la Sala E de la Cámara Civil la decisión respecto de cuándo se harán las elecciones: si cae la medida cautelar los comicios podrían ser el domingo 17 de diciembre; si es ratificada, las elecciones quedarán postergadas hasta que la jueza Abrevaya resuelva sobre la cuestión de fondo vinculada a la denuncia de la oposición.

Boca debía haber llevado adelante sus comicios el domingo pasado en La Bombonera, en elecciones en las que competían dos listas: la del oficialismo encabezada por Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal, y la oposición que proponía a Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

No obstante, una denuncia ante la justicia de la oposición alegando que había más de 13.000 socios activos que no deberían votar por haberse asociado de manera ilegal y en perjuicio de los adherentes, motivó que se suspendan las elecciones.

En ese contexto, el caso de Boca lo tomó en principio la jueza Alejandra Débora Abrevaya, quien fue recusada por el oficialismo y además cuestionada por Riquelme, y se designó en segunda instancia a la jueza Adriana Romero, quien por ser socia activa del club se excusó y no aceptó tomar la causa, después de ser expuesta también por el actual vicepresidente "xeneize" en un programa del Canal de Boca.

Andrés Ibarra y Macri, la fórmula de la oposición | Foto IG

Más allá de la reciente designación del juez Sebastián Font, al mismo tiempo la Sala E de la Cámara Civil, integrada por José Benito Fajre, Ricardo Li Rosi y Marisa Sorini sigue analizando la continuidad o no de Abrevaya al frente del expediente.

Abrevaya, quien suspendió las elecciones en Boca programadas para el domingo pasado por una medida cautelar a raíz del mencionado reclamo por parte de la oposición por supuestas irregularidades en el padrón, denunció que recibió amenazas de muerte y se encuentra con custodia policial.(Telam)