El Tribunal Oral Federal Nº7 (TOF 7) rechazó los recursos presentados por las defensas en la denominada causa Cuadernos, que buscaban declarar la nulidad del proceso judicial. Con esta decisión, el juicio continuará y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá presentarse a indagatoria presencial el martes 17 de marzo.

Luego de su comparecencia, también será citado el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, uno de los principales imputados en la causa.

La resolución fue firmada por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, quienes coincidieron con la postura sostenida por la fiscalía y resolvieron no hacer lugar a los pedidos de nulidad del juicio.

Uno de los principales planteos había sido presentado por la defensa de Cristina Kirchner, representada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes solicitaron la nulidad total del proceso.

Los letrados argumentaron supuestas irregularidades en la asignación inicial de la causa al fallecido juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli.

Sin embargo, el tribunal sostuvo que “la lectura del expediente no evidencia los vicios” señalados por la defensa.

En la misma resolución, el tribunal también confirmó la participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante dentro del proceso judicial.

Los magistrados indicaron que los planteos de nulidad ya habían sido tratados en instancias anteriores y que las defensas no presentaron argumentos nuevos que justificaran revisar lo decidido.

“El intento de obturar el juicio en las puertas de su inicio no puede prosperar, porque implicaría volver sobre cuestiones ya resueltas”, señalaron los jueces en su fallo.

Desde la defensa de la expresidenta sostienen que los cuadernos que originaron la causa fueron manipulados y que, por lo tanto, no deberían ser considerados como prueba.

También cuestionaron la validez de los testimonios de los 31 imputados que declararon como colaboradores o “arrepentidos”, al afirmar que sus declaraciones habrían sido obtenidas bajo presión.

Durante la última audiencia, la fiscal Fabiana León rechazó estos argumentos y advirtió que las estrategias defensivas podrían dilatar el proceso hasta provocar la prescripción de algunos delitos.

Según señaló, el camino hacia el juicio oral se logró luego de atravesar numerosas presiones y controversias públicas.

“Para que esta causa llegue a juicio se debieron soportar expresiones de todo tipo y operaciones de prensa, que resultaron inútiles frente a la firmeza del tribunal y la decisión de la fiscalía de llegar al debate oral”, expresó.

De esta manera, el proceso judicial avanza hacia una nueva etapa con la citación a indagatoria de los principales imputados, en una de las causas de corrupción más relevantes de la política argentina en los últimos años.

En la primera audiencia tras la feria judicial por la denominada Causa Cuadernos, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, solicitó este martes la nulidad del juicio y apuntó con dureza contra el rol de los imputados arrepentidos, a quienes calificó como parte de una “estafa procesal”.

La audiencia, desarrollada de manera virtual ante el Tribunal Oral Federal N°7, dio inicio a la etapa de cuestiones preliminares, con la participación de los 86 acusados en la causa.

Según fuentes judiciales, Beraldi sostuvo que las declaraciones de los arrepentidos fueron obtenidas “bajo presión o manipulación” y cuestionó la validez de esos testimonios al señalar que “carecen de registros audiovisuales adecuados”.

Además, afirmó que tanto el juez como el fiscal que intervinieron en los comienzos de la investigación fueron “elegidos a dedo” y que la causa se inició a partir de un procedimiento “irregular”, lo que —a su entender— invalida el proceso desde su origen.

Al planteo de la defensa de la ex presidenta se sumó el ex ministro de Planificación Julio De Vido, otro de los imputados centrales del expediente. De Vido está acusado de integrar y organizar una presunta asociación ilícita destinada a la recaudación de fondos ilegales provenientes de empresarios, además de recibir sobornos de manera reiterada.

Beraldi también remarcó que el delito de asociación ilícita ya fue juzgado en la causa Vialidad, por lo que someter nuevamente a Cristina Kirchner a juicio por los mismos hechos implicaría una violación al principio constitucional de non bis in idem.

En la misma línea, denunció la existencia de “episodios mafiosos”, tareas de espionaje y maniobras de manipulación judicial durante la etapa de instrucción de la causa.

Tras la presentación de todas las defensas —un proceso que podría extenderse durante febrero— la fiscal Fabiana León deberá expedirse sobre los planteos formulados.

En paralelo, en los próximos meses está previsto el inicio de los juicios por las causas Hotesur–Los Sauces y el Memorándum con Irán.

La próxima audiencia del juicio por la Causa Cuadernos fue fijada para el jueves 12 de febrero, con continuidad el 24, una vez finalizados los feriados de Carnaval.

El calendario judicial de Cristina Fernández de Kirchner vuelve a ponerse en marcha con el reinicio del megajuicio por la causa conocida como Cuadernos de las coimas. Luego del receso estival, el Tribunal Oral Federal 7 retomará las audiencias preliminares, una instancia clave en la que la defensa de la ex mandataria intentará frenar el avance del proceso mediante pedidos de nulidad y sobreseimiento.

Las audiencias se desarrollarán de manera remota, a través de la plataforma Zoom, y estarán centradas en las denominadas cuestiones preliminares, una etapa previa al inicio del debate oral en la que el tribunal debe analizar si existieron irregularidades que afecten la validez de la causa.

El abogado defensor de la ex presidenta, Carlos Beraldi, dispondrá de alrededor de una hora y media para exponer sus argumentos. Según trascendió, uno de los ejes centrales será el cuestionamiento a las declaraciones de los imputados que se acogieron al régimen de arrepentidos, al considerar que esos testimonios carecen de validez jurídica.

Además, la estrategia defensiva incluirá objeciones a la etapa de instrucción del expediente, con pedidos de nulidad sobre distintas actuaciones judiciales, y planteos de sobreseimiento bajo el argumento de que algunos hechos ya fueron investigados en otras causas.

Las presentaciones de las defensas podrían extenderse durante todo febrero, dado el volumen del expediente y la cantidad de imputados. Una vez finalizada esta etapa, será el turno de la fiscal Fabiana León, quien deberá pronunciarse sobre cada uno de los planteos formulados.

Luego de escuchar a las partes, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli deberán resolver qué pedidos son admitidos y cuáles rechazados, una decisión que marcará el rumbo definitivo del juicio.

El juicio por la causa Cuadernos es solo uno de los frentes judiciales que enfrentará Cristina Kirchner en 2026. En los próximos meses también están previstos los debates orales por las causas Hotesur–Los Sauces y el Memorándum con Irán, lo que anticipa un año de fuerte exposición judicial para la ex mandataria.

Aunque las audiencias se realicen de manera virtual y con una frecuencia limitada, la magnitud de la prueba acumulada y la cantidad de acusados permiten prever que el proceso se extenderá durante varios años.

 El calendario judicial de Cristina Kirchner se reactiva con el reinicio del megajuicio por la causa de los "Cuadernos de las coimas". Tras el receso de enero y en plena recuperación de un cuadro de apendicitis que la mantuvo internada a fines de 2025, la ex presidenta, a través de su defensa, intentará anular el proceso.

El Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) retomará las audiencias vía zoom para dar inicio a las "cuestiones preliminares". En esta instancia, los abogados defensores buscarán minar las bases del debate judicial mediante pedidos de nulidad y sobreseimiento antes de pasar a la etapa de las declaraciones indagatorias.

El abogado de la ex mandataria, Carlos Beraldi, dispondrá de una hora y media para exponer sus objeciones. Se prevé que el foco de la defensa se centre en cuestionar la validez de los testimonios de quienes se acogieron a la figura de imputado colaborador.

También se espera que plantee nulidades sobre la instrucción de la causa y argumente que ciertos hechos ya han sido analizados en otros procesos judiciales.

Para la ex presidenta, que actualmente cumple prisión domiciliaria en su residencia de la calle San José por la condena en la causa Vialidad, este proceso es solo el comienzo de un año complejo en los tribunales. En los próximos meses también se prevé el inicio de los juicios por Hotesur-Los Sauces y el Memorándum con Irán.

Una vez concluidas las presentaciones de las defensas —proceso que podría extenderse durante todo el mes de febrero—, la fiscal Fabiana León deberá dar su parecer sobre los planteos.__IP__

Finalmente, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli definirán qué argumentos son atendidos.

Aunque el juicio se realice de forma remota con dos audiencias semanales, el volumen de la prueba y la cantidad de imputados sugieren que el debate podría extenderse durante varios años. 

AgenciaNA

Luego de la modificación del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, el Gobierno aclaró que “no hay ningún impedimento” para que empresas argentinas que estén involucradas en casos de corrupción puedan ser contratistas del estado.

La duda se generó cuando la Casa Rosada amplió la exclusión en la contratación pública de empresas que estén vinculadas con casos de corrupción y restringió a aquellas que tengan conductas fraudulentas, colusorias, coercitivas y obstructivas, entre otras.

"No hay ningún impedimento", señalaron fuentes de Casa Rosada y detallaron que quedan excluidas las sancionadas por organismos de crédito internacionales, como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el marco de las licitaciones para los corredores viales de las rutas 12 y 14 de la llamada “Ruta del Mercosur”, hay empresas relacionadas con la investigación de Cuadernos, como Autovía Construcciones, del grupo José Cartellone.

Se trata del Tramo Conexión, que abarca el puente Rosario-Victoria, que tendrá un nuevo peaje.

La medida del Gobierno fue formalizada mediante el Decreto 5/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial.

De esta manera, las firmas que estén asociadas a dichos comportamientos por parte del Banco Mundial o el BID no podrán participar en procedimientos de contrataciones o concesiones de obras públicas, ni en provisión de bienes y/o servicios que lleven a cabo las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional.

La decisión busca fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción en las contrataciones públicas, al reconocer que la normativa anterior presentaba “impedimentos operativos” para su correcta aplicación.

Hasta ahora, la exclusión de una empresa de una licitación pública se ceñía estrictamente a si su inhabilitación por el BM o el BID se debía a casos de corrupción, denominados como cohecho transnacional (soborno a funcionarios extranjeros) bajo los términos de la Convención de la OCDE.

Sin embargo, el decreto explica que los listados de inhabilitados de los bancos multilaterales no especifican la causa exacta de la sanción. Esto obligaba a los organismos contratantes a realizar una verificación imposible para constatar si la restricción se vinculaba a corrupción, obstaculizando la exclusión efectiva de empresas con historial de irregularidades.

La nueva disposición simplifica la causal de inelegibilidad para obras, servicios y bienes. A partir de ahora, toda persona humana o jurídica incluida en las listas de inhabilitados del Banco Mundial o del BID será directamente excluida de participar en cualquier licitación mientras persista su condición.

La inhabilitación aplicará para un amplio abanico de prácticas sancionables, incluyendo:

Prácticas corruptas y fraudulentas.

Colusorias (acuerdos para falsear la competencia).

Coercitivas y obstructivas.

Apropiación indebida.

Cualquier otra causal que haya motivado su inclusión en el listado de los bancos de desarrollo.

Según el decreto, esta medida es necesaria para “asegurar la efectividad del mecanismo de exclusión” y evitar que empresas con antecedentes de irregularidades participen en procedimientos de contratación del Estado argentino.

El decreto comenzará a regir a los 15 días corridos desde su publicación y se aplicará a todos los procedimientos de selección que se autoricen o convoquen a partir de esa fecha. 

AgenciaNA

 El juicio por la causa Cuadernos se reanudará este jueves a las 9.30, cuando se espera que sean leídas las últimas 51 fojas del tramo correspondiente a “La Camarita”.

Se conoce como ‘La Camarita’ al desprendimiento de la causa por su vinculación con la Cámara Argentina de Empresas Viales (CAEV), en el marco de la investigación de un esquema de cartelización de la obra pública vial durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernandez con firmas que, de acuerdo al fiscal Carlos Stornelli, pactaban entre sí adjudicaciones, sobreprecios y retornos ilegales.

El martes último, en una audiencia que se extendió por cuatro horas, diversos empresarios de la construcción relataron el funcionamiento de un sistema de presiones, recaudación ilegal y cartelización en la obra pública.

En sus declaraciones como arrepentidos, los empresarios Patricio Gerbi, Aldo Roggio, Juan Chediak, Carlos Wagner y Marcela Sztenberg describieron exigencias de aportes económicos, advertencias explícitas sobre represalias y un entramado que, según sostuvieron, condicionaba quién podía trabajar y quién quedaba fuera del entramado.

Gerbi, presidente de la constructora COARCO, afirmó que las presiones comenzaron poco después de firmarse contratos de concesión vial. Relató que el entonces titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, le trasladó a su socio que “por pedido del presidente Kirchner teníamos que hacer un aporte de dinero regularmente o atenernos a las consecuencias”,.

Según su declaración, la negativa inicial derivó en inspecciones, multas, demoras en los pagos y amenazas directas. “Me decía ‘te voy a hacer fundir’, ‘me voy a quedar con tu empresa’, ‘voy a ir por vos y por tu familia’”, sostuvo Gerbi, quien además admitió que ante ese escenario comenzaron entregas de dinero en encuentros pactados en bares y confiterías, con montos equivalentes a entre 15.000 y 25.000 dólares por vez.

Chediak, titular de la sociedad que lleva su apellido, describió un esquema similar al aportado por Gerbi pero con exigencias directas del entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido. “Si querés seguir trabajando tenés que pagar”, recordó que le dijo en una reunión en su domicilio. 

AgenciaNA

 El juicio por la causa Cuadernos reanudará este martes a las 13.30 y está está previsto que se lea el descargo de los empresarios Patricio Gerbi, Juan Chediak, Carlos Wagner, Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra para pasar, posteriormente, a la valoración de la prueba.

En tanto, la Corte Suprema de Justicia dispuso la utilización de la Sala AMIA, recientemente remodelada en el edificio de Comodoro Py 2002, como nuevo espacio disponible para juicios orales de gran envergadura, en el marco de las obras de mejora edilicia del Poder Judicial.

La decisión de la Corte ayudará para luego que el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), encargado del juicio por la causa Cuadernos, y cuyos integrantes reclamaron falta edilicias, puedan acelerar el proceso judicial.

En la audiencia del jueves último se detalló cómo fue el pacto entre empresarios y funcionarios para sostener un esquema de recaudación ilegal. La acusación sostiene que entre 2003 y 2015 operó una asociación ilícita integrada por Cristina Fernández de Kirchner y altos funcionarios del Ministerio de Planificación como Julio De Vido, Roberto Baratta, José López y otros, junto a empresarios como Carlos Wagner y Ernesto Clarens.

Según el Ministerio Público Fiscal, la estructura estaba destinada a generar beneficios económicos ilegales mediante negociaciones espurias vinculadas a la obra pública, la energía y el transporte. El método consistía en exigir porcentajes del valor de las obras, usualmente entre el 3% y el 20%, que eran entregados como retornos a cambio de adjudicaciones y liberación de pagos.

Carlos Wagner, por entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, explicó en su declaración que el sistema comenzaba con reuniones en las que las empresas acordaban quién se quedaría con cada obra y el valor que incluiría la dádiva; después trasladaba la información a José López, quien la remitía a funcionarios de Vialidad Nacional para incluir esos montos en los listados de pagos mensuales.__IP__

La obra de puesta en valor de la Sala AMIA fue realizada por la Dirección General de Infraestructura Judicial, con supervisión de la Intendencia de la Cámara Federal de Casación Penal. 

Demandó una inversión de $162.434.175 y se enmarca en el Plan General de Obras impulsado por el Consejo de la Magistratura para adecuar espacios judiciales a los requerimientos del nuevo Sistema Acusatorio.

AgenciaNA

Una nueva jornada del juicio por los Cuadernos de las Coimas iniciará este martes a las 13.30 de manera virtual y que tendrá, otra vez, a la ex presidenta Cristina Kirchner como foco central. 

El TOF 7 continuará con la lectura de los requerimientos por la "La Camarita". Se trata del expediente que se desprende de la causa madre y en el que se investiga sobornos que tenían como origen a la Cámara de la Construcción. 

 El debate oral por los escritos de Oscar Centeno retomará este jueves a las 9 con la lectura de uno de los tramos más contundentes del requerimiento fiscal. 

Tras el fallido intento de recusación presentado por la defensa de Julio De Vido que insumió gran parte de la audiencia, el Tribunal Oral Federal Nº 7 se dispondrá a avanzar con las últimas 47 páginas del tercer requerimiento de elevación a juicio, donde la fiscalía expone la columna vertebral de su tesis acusatoria: la existencia de un sistema organizado, estable y jerarquizado de recaudación ilegal operado desde el Ministerio de Planificación entre 2003 y 2015.

La última parte del tercer requerimiento aborda la valoración probatoria de los dichos de los imputados colaboradores. Sobre este apartado, la fiscalía dio por acreditado la existencia de un mecanismo dual de recaudación: uno ejecutado por funcionarios que retiraban dinero directamente de las empresas y otro articulado por actores financieros que recolectaban fondos mediante retornos pactados en las mayores obras públicas del período.

La reconstrucción a exponerse este jueves en la séptima audiencia detalla no solo la operatoria, sino también el comportamiento sistémico de los empresarios señalados.

El análisis fiscal achaca a firmas como Panedile, Faraday, Secco y JCR haber participado de un esquema de pagos ilegales “inducidos por la expectativa cierta de beneficios” en contrataciones públicas, licitaciones, modificaciones de plazos, certificaciones, pagos atrasados y gestiones regulatorias. En cada episodio, el dictamen detalla el hecho probatorio que enlaza comunicaciones, movimientos, adjudicaciones y presencia de funcionarios involucrados.

Hasta ahora, la lectura se había concentrado en reconstruir hechos y describir actores; lo que sigue es la exposición de como el fiscal Carlos Stornelli ensambló toda esa información para sostener su afirmación más fuerte: que existió una estructura delictiva centralizada cuyos circuitos, según la acusación, terminaban en el departamento de la calle Uruguay o en la Quinta de Olivos, donde el ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, habría recibido los fondos en nombre de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.

Está previsto que también sea leído el tramo referido a Roberto Baratta, presentado por el Ministerio Público durante la instrucción como la “pieza operativa clave” del circuito de recaudación en decenas de hechos que se le atribuyen y su rol como nexo permanente entre empresarios, intermediarios y otros.vuVUqA

La reanudación del juicio llega tras una jornada atípica.El pasado martes 2 de diciembre, el tribunal debió frenar el debate durante casi cuatro horas para analizar el pedido de recusación de De Vido, que finalmente fue rechazado por inadmisible.

La demora en la deliberación solo dejo algunos minutos para retomar la lectura de descargos y avanzar levemente en la tercera parte de la acusación principal, sin entrar de lleno en el análisis probatorio. 

AgenciaNA

En medio de tensiones por la presencialidad, el Tribunal Oral Federal Número 7 inicia este martes su segunda semana de dos audiencias semanales, donde culminará la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa principal por los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta.

Así, este martes se repasará la parte final de las anotaciones que Centeno, como imputado colaborador relató haber escrito como seguimiento de los viajes, entregas de bolsos y movimientos vinculados, según su testimonio, al esquema de recaudación ilegal atribuido a ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal.

Óscar Centeno sostuvo que comenzó a escribir los cuadernos para recordar direcciones, pero que “a partir de sospechas” sobre el manejo de valijas y montos en dólares decidió detallar cada movimiento. 

Sus relatos incluyen días de recaudación, recorridos con bolsos, visitas al departamento de Cristina Kirchner y el resguardo de los cuadernos en manos de un amigo policía.

A la ex vicepresidenta se le endilga el rol de jefa dentro de una asociación ilícita, de la que además se la considera “destinataria final del dinero”, involucrándola en 175 hechos de cohecho pasivo. En este tramo también se encuentran señalados el ex ministro Julio De Vido y su antiguo número dos, Roberto Baratta más un grupo de empresarios que habrían efectuado pagos ilegales para la obtención de contratos.

Superada esa parte, el TOF 7 abrirá formalmente el capítulo conocido como “La Camarita”, que investiga la supuesta cartelización de la obra pública vial entre 2003 y 2015.

Lo anterior se da en un contexto en el que se redefinirán las reglas del debate: si será presencial, virtual o mixto, y más importante aún: dónde se realizarán las audiencias a partir del año próximo.

“La Camarita”, es un desprendimiento del expediente central enfocado únicamente en la obra pública vial. Allí se buscará determinar la existencia supuestos acuerdos ilícitos entre empresas integrantes de la Cámara Argentina de Empresas Viales, quienes habrían repartido licitaciones y establecido retornos de forma coordinada.

En este tramo están acusados 51 empresarios por cohecho activo, entre ellos: Carlos Wagner, Angelo Calcaterra, Hugo Dragonetti, Aldo Roggio y José Cartellone.

Las declaraciones de los “arrepentidos” José López, Wagner y Ernesto Clarens, consideradas determinantes por la fiscalía, describen un sistema de retornos del 3% al 5% que habría funcionado como fuente de recaudación para funcionarios de Planificación y Vialidad Nacional.

En su acusación, el fiscal Carlos Stornelli sostuvo que el esquema operaba mediante “acuerdos previos entre empresas”, que definían ganadores de licitaciones, sobreprecios y porcentajes destinados a funcionarios.

 La causa también alcanza a ex funcionarios como De Vido, José López, Nelson Periotti, Sandro Férgola y Sergio Passacantando.

El TOF 7 tiene en sus manos definir dos cuestiones importantes. La primera, si habilita la feria judicial de verano para realizar audiencias o, por el contrario, mantendrán el descanso judicial y retomarán en febrero.

La segunda es si aceptarán la mudanza al Auditorio AMIA de Comodoro Py, una sala con capacidad para casi 200 personas cuya disponibilidad fue ofrecida por la Cámara de Casación a partir del 10 de diciembre.vuVUqA

Las indagatorias, previstas para el año próximo, serán el primer momento de plena presencialidad del proceso. Para entonces, aún se desconoce si el tribunal seguirá en modalidad mixta o si adoptará de manera definitiva las audiencias cara a cara, una de las principales demandas de la fiscalía.

#AgenciaNA 

El juicio oral por la Causa Cuadernos reanudó sus audiencias este martes con la lectura de la acusación central de Fiscalía, la cual detalló que la expresidenta Cristina Kirchner fue la responsable de diagramar la estructura de recaudación de fondos ilegales durante 12 años, entre 2003 y 2015.

La Fiscalía insistió en que el esquema delictivo no fue una mera dádiva, sino un "acuerdo corrupto" donde ambas partes obtuvieron beneficios.

"En esos pactos venales, libres y voluntarios, las dos partes obtuvieron beneficios. Los empresarios lograban favores de parte del Estado, y los integrantes del grupo paraestatal, a través de los pagos, se enriquecían y garantizaban la continuidad de la asociación ilícita."

Se detalló que el dinero —cuyo destino final era el matrimonio Kirchner, entregándose en los domicilios de Uruguay y Juncal y la Quinta de Olivos— era la contraprestación para que los funcionarios "liberaran un pago, adjudicaran una obra, extendieran una concesión o la obtención de subsidios", colocando a las empresas en situación de privilegio.vuVUqA

La audiencia, que sufrió varias interrupciones por problemas de conexión a internet, confirmó que el TOF 7 sumará una audiencia más semanal, aunque mantendrá la modalidad virtual.

Jueves 27 de noviembre: Continúa la lectura del requerimiento de elevación de la "causa madre".

2 de diciembre: Finaliza la lectura de la acusación central.

4 de diciembre: Comienza la lectura del expediente conexo de "la Camarita", que investigó la cartelización de la obra pública y el rol de Carlos Wagner y Ernesto Clarens.

La tercera audiencia del juicio oral por la Causa Cuadernos dejó al descubierto los pasajes más crudos del sistema de recaudación ilegal que, según los arrepentidos, operó durante los gobiernos kirchneristas. El Tribunal Oral Federal N.º 7 leyó fragmentos de testimonios que describen movimientos millonarios, valijas rumbo a Santa Cruz y entregas de dinero en la Quinta de Olivos y en el departamento de la Recoleta de Cristina Kirchner.

Uno de los tramos más fuertes de la jornada fue el del ex titular del Occovi, Claudio Uberti, quien sostuvo ante los jueces que “el día que murió Néstor Kirchner había más de 60 millones de dólares en el departamento de Juncal”.Según su relato, esa información se la había transmitido el exsecretario José María Olazagasti.

Uberti también describió maniobras vinculadas al envío de valijas de distintos tamaños hacia Santa Cruz utilizando el Tango 01, parte del entramado financiero que, según su testimonio, respondía a órdenes del más alto nivel político.

Además, se conoció el testimonio de Oscar Centeno, el chofer cuyas anotaciones dieron origen a la causa.En su declaración, aseguró haber visto a Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos mientras se realizaban las entregas de fondos ilícitos.

Según el escrito leído por los magistrados, Centeno describió que, "en la época de Cristina también llevábamos los bolsos con dinero. Se la veía a ella en jogging cruzando hacia el chalet donde se dejaba el dinero.”

La audiencia también incluyó los fragmentos del arrepentido Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción.Wagner detalló el funcionamiento del “club de la obra pública”, donde empresas acordaban de antemano los ganadores de las licitaciones y devolvían entre el 10% y el 20% de los anticipos financieros para “gastos políticos”.

Según su declaración, el esquema era supervisado por Julio De Vido y Roberto Baratta, piezas clave en el engranaje de recaudación.

El Tribunal también dio lectura al descargo escrito de Cristina Fernández de Kirchner, quien volvió a tratar la causa como una persecución política.

“No consiguieron ni una prueba que acredite los delitos”, aseguró.La expresidenta afirmó que los cuadernos fueron “fabricados” y que el proceso judicial responde a una “investigación deliberada” en su contra.

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti calificó como "inadmisible" el desarrollo del juicio de la causa Cuadernos, criticó al Consejo de la Magistratura porque "funciona mal", consideró que la composición del Alto Tribunal debe ser "más equilibrada" y sostuvo que una reforma laboral debe salir "por consenso" para ser sostenible en el tiempo.

"No puede ser o no es admisible un juicio de una mega causa en esos términos para toda la sociedad, no está bien. El punto es por qué sucede esto y qué hay que hacer", dijo Lorenzetti en diálogo con Radio Rivadavia.

"Cuando uno tiene una causa de esta magnitud tiene que acelerar, no se puede paralizar. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, porque es la imagen de la Justicia frente a la sociedad, no es un tema menor", añadió.

El integrante del máximo tribunal aclaró que al TOF 7 hay que "organizarle la sala para el juicio, asignarle el personal adecuado", y destacó que "la presencialidad, la transparencia y la organización de una mega causa son aspectos claves".

Y recordó que "cuando entré a la Corte hicimos un plan de políticas de Estado, y definimos varias cosas, entre ellas, las mega causas. Se estableció una política especial. Tiene que haber una estructura que respalde a esos jueces para que puedan ejercerla".

"El problema es la organización, no solo los jueces. Lo que falla es el abandono de la política de Estado", dijo Lorenzetti en el programa "Esta mañana", conducido por Ignacio Ortelli.

Lorenzetti explicó que en "los jueces están sobrepasados", porque "faltan cubrir muchas vacantes", pero aseveró que en una mega causa "hay que trabajar, y en el verano también, cuando uno tiene un caso de esta magnitud hay que acelerar y hacer un esfuerzo, porque es la imagen de la Justicia frente a la sociedad".

El magistrado rafaelino hizo estas declaraciones previo a la cumbre en la Cámara de Casación, de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña con los integrantes del TOF 7, Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, para definir un nuevo esquema de juicio y darle mayor celeridad al proceso de la Causa Cuadernos.

El ex titular de la Corte advirtió que "no es admisible un juicio de una megacausa" en los términos iniciales del juicio, con virtualidad y una audiencia semanal, lo que dijo que fue "una mala decisión".

Las estimaciones son que con este esquema el juicio podría durar más de tres años. Aunque la semana pasada el Tribunal dispuso que haya dos audiencias semanales y que las indagatorias se realicen de forma presencial, a partir del próximo 25 de noviembre.

En ese sentido, sostuvo que de cara a la gente "lo importante es la rapidez, pero también la imparcialidad y la transparencia", porque "no se puede condenar mediáticamente, no es eso lo que el derecho tiene que hacer, tiene que funcionar con equilibrio e imparcialidad".

En esa misma línea, durante su entrevista con Radio Rivadavia el juez señaló que "las instituciones no estamos dando respuesta, hay una desconexión con la sociedad". Y remarcó que "la novedad de este siglo" es "la gente contra las instituciones".

"La democracia siempre fue de argumentos y ahora en Occidente está ocurriendo una democracia de imputaciones, denuncias, descalificaciones, los argumentos no existen. El espectáculo que se ve es de una democracia vacía. A eso se le agrega la ineficacia, porque la gente entiende que la democracia no le da resultados", afirmó.

Ante una consulta, Lorenzetti dijo que la Justicia tiene como gran problema "la cobertura de los cargos", porque "el Poder Judicial está haciendo muchos esfuerzos personales, pero funciona hoy gracias al esfuerzo de jueces, juezas y empleados, porque hay muchos juzgados sin jueces".

"He pasado cinco presidentes y creo que no hay una política de Estado sobre el Poder Judicial. Tenemos que estar de acuerdo en que el Poder Judicial es independiente. Cuando uno ve como se nombran los jueces en la Nación y las provincias, pasan por un filtro político muy fuerte. Y la idea de partidización no es buena", aseveró.

Por otra parte, criticó también al Consejo de la Magistratura que "no funciona bien desde hace años", y remarcó que, si bien "los consejeros son personas correctas que trabajan", es una instancia "que está mal diseñada, ya que funciona como un sistema legislativo cuando es un órgano ejecutivo".

Insistió en que "los jueces deben ser nombrados por una carrera judicial", y agregó que "el Consejo de la Magistratura designa jueces de instancia y eso está regulado. El problema más serio es que están regulados los antecedentes, pero la designación demora seis años, muchísimo tiempo".

"Este es un debate que hay que dar y no ocultar las cosas, porque tenemos jueces que uno no sabe cómo llegaron" al cargo, añadió.

Por otra parte, Lorenzetti se refirió a la actual conformación de la Corte Suprema y consideró que actualmente "está desbalanceado".

"Es necesario un equilibrio. Los jueces que venimos de afuera del poder judicial tenemos otra visión, que es bueno, pero hoy está desbalanceado. Tiene que haber alguien del Poder Judicial. Y mujeres. Hoy somos tres varones", marcó.

Lorenzetti mencionó que el decreto 222/2003 dictado por el ex Presidente Néstor Kirchner "hablaba de este balance" entre designaciones políticas y de carrera, y destacó como ejemplos que "tanto Carmen Argibay como Elena Highton venían del Poder Judicial".

Consultado sobre la reforma laboral que el Poder Ejecutivo anunció que enviará al Congreso, el magistrado dijo que lo que sancione el Parlamento debe apuntar a "una política equilibrada y sostenible en el tiempo", porque eso es indispensable para que haya "seguridad jurídica".

"En la argentina hubo muchas reformas laborales y también muchos cambios en los poderes judiciales", sostuvo, y aseguró que "las reformas que se hacen sin consenso no se sostienen en el tiempo" ya que "si cambiamos a cada rato es un problema para la seguridad jurídica".

De cara a la reforma laboral puntualizó que "hay que corregir el sistema de las indexaciones que multiplican las indemnizaciones hasta cifras inadmisibles", y señaló que la Corte "ha revocado varias veces" este tipo de sentencias, pero sus fallos no tienen obligatoriedad.

"Las sentencias de la Corte no son obligatorias, necesitamos que tengan más obligatoriedad, porque en el tema laboral muchos tribunales siguen emitiendo fallos como si no existiera una jurisprudencia", advirtió.

La constructora José Cartellone Construcciones Civiles S.A. y varios de sus principales directivos enfrentan imputaciones formales por su presunta participación en la denominada Causa Cuadernos, expediente CFP 13816/2018/TO1 y conexos. 

Durante las audiencias del juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 (TOCF 7), el Ministerio Público Fiscal detalló el rol atribuido a la empresa dentro de una supuesta estructura destinada a recaudar fondos ilegales para funcionarios públicos.

La acusación, sostiene que los ejecutivos habrían realizado entregas sistemáticas de dinero a funcionarios nacionales para obtener beneficios o evitar perjuicios vinculados con obras y contratos estatales, configurando así el delito de cohecho activo.

Cuatro directivos fueron acusados como coautores de diez hechos de cohecho activo, mientras que un quinto fue señalado como partícipe necesario:

Tito Biagini (86): Presidente del directorio. Imputado como coautor de diez cohechos activos. En el debate oral, se remarcó que su nombre había sido mencionado por Óscar Thomas, exdirector de Yacyretá, en referencia a actividades protocolares en la Casa Rosada.

Gerardo Cartellone (67): Director de la empresa entre 1997 y 2009. Imputado como coautor de diez cohechos activos.

José Gerardo Cartellone (73): Responsable de la compañía. Imputado como coautor de diez cohechos activos.

María Rosa Cartellone (75): Presidenta entre febrero de 2007 y mayo de 2009. Imputada como coautora de diez cohechos activos.

Hugo Alfredo Kot (69): Integrante de la firma. Imputado como partícipe necesario de diez cohechos activos.

Según la acusación del fiscal, la entrega de fondos por parte de empresas —entre ellas, Cartellone— integraba un sistema organizado de recaudación ilegal que habría funcionado entre 2003 y 2015.

Jefatura: Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Nación.

Organizadores: Julio De Vido, exministro de Planificación Federal. Roberto Barata, exsubsecretario de Coordinación del mismo ministerio.

Los fiscales sostienen que los pagos eran canalizados mediante Barata y su secretario, Nelson Javier Lazarte, imputado como partícipe necesario de 70 cohechos pasivos. Las anotaciones del chofer Óscar Centeno, quien dijo haber escrito los cuadernos que dieron origen a la causa, constituyen una pieza clave en la reconstrucción de los hechos.

El caso también involucra a directivos de otras empresas como Esuco, Electroingeniería, Isolux Corsán y Albanesi, acusados por hechos similares.

El debate se desarrolla ante el TOCF 7, integrado por Enrique Méndez Iñori (presidente), Germán Castelli, Fernando Canero y el juez sustituto Néstor Costabel. Las audiencias incluyeron la lectura detallada del requerimiento de elevación a juicio, donde figuran los hechos imputados y la descripción del presunto circuito de recaudación ilícita.

Según la acusación, la asociación ilícita habría utilizado vehículos oficiales, inmuebles y dependencias estatales para operar. En ese marco, los diez hechos atribuidos a los directivos de Cartellone se inscriben como parte de un mecanismo reiterado que buscaba obtener ventajas en licitaciones, adjudicaciones o trámites administrativos.vuVUqA

Ser imputado como coautor de cohecho activo implica una presunta participación directa en actos de soborno en múltiples oportunidades y coloca a los señalados en un rol central dentro de la operatoria investigada.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los pagos efectuados por Cartellone y otras empresas no constituían aportes aislados, sino un sistema paralelo de incentivos que funcionaba como llave de acceso a decisiones administrativas. Así, los sobornos habrían operado como un mecanismo para garantizar la fluidez de trámites, asegurar adjudicaciones o evitar demoras y sanciones. Agencia NA

El Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) dispuso que el juicio por la Causa Cuadernos de las Coimas se realice dos veces por semana, los días martes y jueves, con el objetivo de acelerar un proceso que lleva años de dilaciones.

Hasta ahora, las audiencias se desarrollaban únicamente los jueves. La decisión de agregar un segundo día llega después de los reclamos públicos que pedían mayor celeridad en el debate oral, en el que están involucrados 86 imputados, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el exministro Julio De Vido.

Pese a la ampliación del cronograma, el TOF 7 advirtió que su estructura se encuentra “colapsada”. En los últimos tres meses, el tribunal recibió 29 nuevos expedientes, lo que incrementó su carga operativa. Por ese motivo, solicitó a la Cámara Federal de Casación Penal quedar excluido del sorteo para nuevos casos, pero el pedido fue rechazado.

Las declaraciones se realizarán en la sala de planta baja del Palacio de Justicia (Talcahuano 550, CABA), con la presencia del acusado, su defensa, los jueces, la fiscalía, la querella y el público. El resto de las partes podrá participar mediante videoconferencia a través de Zoom, bajo un sistema bimodal que combina la modalidad presencial y virtual.

En el expediente figuran principalmente empresarios acusados de pagar sobornos —caratulados como “cohecho activo”— y alrededor de cien abogados defensores y querellantes.

El juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner por el caso Cuadernos comenzó este jueves de manera remota con la lectura de la acusación fiscal por los delitos de asociación ilícita y cohecho ante el Tribunal Oral Federal 7.

“Se da inicio a este juicio oral y público” anunció el presidente del tribunal, Enrique Médez Signori, luego de haber comprobado la presencia en el megazoom de los 87 acusados, sus abogados, la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Comenzó así la lectura íntegra del requerimiento de elevación a juicio del fiscal que instruyó el caso, Carlos Stornelli: llegaron a enumerarle a la ex presidenta 40 de los casos de presunto pago de sobornos por parte de empresarios de los que la acusación la considera coautora en su carácter de beneficiaria final.

Los jueces Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli se conectaron desde una sala de audiencias del Palacio de Justicia en Talcahuano 550, donde ese tribunal tiene su sede y donde minutos antes permitieron el acceso de reporteros gráficos para tomar imágenes.

La ex mandataria se conectó vía Zoom y fue obligada por los jueces a mostrarse en cámara.

Con todas las partes ya en el Zoom, se inició la lectura interrumpida a los pocos minutos por el juez Méndez Signori porque no todos los acusados se dejaban ver ante las cámaras, uno de ellos Cristina Kirchner.

“Advierto que no todos los imputados aparecen en cámara. El Tribunal debe velar por la presencia de todos, les pido a las personas que no aparecen en cámara que lo hagan y arbitren las medidas necesarias para que yo los pueda ver”, expresó el juez.

Entonces la ex presidenta se mostró en la imagen junto a su abogado Carlos Beraldi desde el departamento de San José 1111, donde cumple arresto domiciliario de seis años por administración fraudulenta en el caso Vialidad.

La secretaria del tribunal, María Cecilia Chichizola, comenzó la lectura del requerimiento que narra cómo se inició la causa y el detalle de acusaciones a la ex presidenta como coautora en relación a, por lo menos, 40 hechos de presunto pago de sobornos por parte de empresarios a entonces funcionarios de su gobierno como Roberto Baratta y José López, también juzgados en un total de 87 acusados.

A lo largo de la jornada se escucharon los cargos que pesan contra los acusados en la causa principal, la 9.608 abierta en 2018, cuando el fallecido juez federal Claudio Bonadio ordenó medidas en base al dictamen de impulso de la investigación resuelto por Stornelli.

En ese juzgado tramitaba la causa por delitos con la compra de gas licuado en el kirchnerismo y había declarado Hilda Horowitz, la ex esposa del remisero Oscar Centeno, autor de los cuadernos, y quien se presentó para decir que tenía información.

Según la acusación, Centeno, temeroso de ser allanado, entregó a un amigo, Jorge Bacigalupo, una caja de cartón con los ocho cuadernos y otros documentos, todo lo cual recibió de manos de este último el periodista Diego Cabot a principios de 2018, según la causa judicial.

El periodista llevó la evidencia a Comodoro Py en el marco de esta causa ya abierta y Bonadio resolvió iniciar una nueva investigación.

Todo eso se repasó en la lectura de la acusación trasmitida por el canal de Youtube del Poder Judicial. En el juicio interviene la fiscal Fabiana León y la querella de la UIF.

El debate se inició poco antes de las 10.30, casi una hora después de lo previsto, terminó a media tarde y se reanudará el jueves próximo con otra jornada de lectura de la acusación fiscal.

Redacción El Litoral