La investigación por presunto abuso sexual contra un entrenador de boxeo de Estudiantes de La Plata sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. El acusado, de 47 años, se presentó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17 de La Plata acompañado por sus abogados defensores, con el objetivo de acelerar el proceso judicial.

Ante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, el imputado se puso a disposición y delineó su estrategia: buscará presentar alrededor de 50 testigos, entre ellos mujeres, para respaldar su versión de los hechos y cuestionar la denuncia realizada por la familia de una joven de 20 años.

Fuentes judiciales confirmaron que la causa se encuentra en una fase preliminar. En ese marco, la fiscalía ya dispuso una serie de medidas probatorias que permitirán avanzar en la recolección de pruebas y en la evaluación de las distintas hipótesis.

El proceso se encamina ahora a una instancia clave: la confrontación de versiones entre la acusación, sostenida por la denunciante y el Ministerio Público Fiscal, y la defensa del acusado, que sostiene su inocencia.

COMUNICADO OFICIALEl Club Estudiantes de La Plata informa que, ante la denuncia contra un trabajador de la institución por violencia de género radicada ante la Justicia, se desplegaron de manera inmediata todas las herramientas institucionales para acompañar a la denunciante y…

Desde el club Estudiantes de La Plata emitieron un comunicado oficial en el que informaron las acciones adoptadas tras conocerse la denuncia. La institución aseguró que activó de inmediato su Protocolo de Prevención e Intervención ante situaciones de violencia de género.

Entre las medidas, se dispuso la intervención del Área de Género y Diversidad y la suspensión preventiva del entrenador denunciado, con el objetivo de resguardar a la denunciante, garantizar el desarrollo del proceso judicial y mantener un entorno seguro dentro del club.

Asimismo, la dirigencia remarcó que no brindará mayores detalles sobre el caso para preservar la confidencialidad y evitar la revictimización, e instó a los medios y a la comunidad a actuar con responsabilidad en el tratamiento de la información.

La causa avanza bajo reserva y con las primeras diligencias en marcha. Mientras la Justicia reúne pruebas para esclarecer lo sucedido, la defensa del acusado busca sostener su postura con testigos y el club mantiene medidas preventivas, en un caso que vuelve a poner el foco en la importancia de los protocolos institucionales y el abordaje responsable de denuncias de este tipo.

La investigación por una presunta red de prostitución y consumo de drogas en ambientes exclusivos de Italia sumó un nuevo capítulo con la declaración de los principales acusados. Se trata de los empresarios Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, responsables de la firma MADE Luxury Concierge, quienes rechazaron las imputaciones en sede judicial.

La indagatoria se llevó a cabo ante la jueza Chiara Valori en Milán. Allí, ambos sostuvieron que su actividad empresarial se limitaba a la organización de eventos y experiencias exclusivas para clientes de alto poder adquisitivo. Su abogado, Marco Martini, aseguró que sus defendidos brindaron explicaciones “precisas y técnicas” y denunció que fueron víctimas de una “campaña mediática destructiva”.

El modelo de negocio bajo la lupaSegún la Fiscalía de Milán, la empresa ofrecía paquetes premium que incluían organización integral de fiestas privadas, presencia de modelos y servicios personalizados. Los costos variaban según el nivel de exclusividad: una mesa para cinco personas podía alcanzar los 10.000 euros.

De acuerdo a la investigación, parte de esos ingresos quedaba en manos de los organizadores, mientras que el resto se distribuía entre las mujeres que participaban en los eventos. Los pagos, según consta en el expediente, oscilaban entre 70 y 100 euros por noche.

Sin embargo, la defensa negó la existencia de una estructura de prostitución organizada. “El personal era contratado y pagado por terceros”, sostuvo Martini, quien además remarcó que sus clientes desarrollaron un negocio legítimo dentro del segmento del lujo. “Para ese tipo de clientes, gastar miles de euros en una noche es tan normal como ir al mercado”, afirmó.

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Vínculos con deportistas y figuras públicasUno de los aspectos más sensibles del caso es la presunta participación de deportistas de alto nivel como clientes habituales. En la investigación aparecen mencionados nombres de futbolistas europeos e incluso un piloto de Fórmula 1, aunque la Justicia mantiene bajo reserva sus identidades y no confirmó responsabilidades.

El expediente también detalla un sistema de captación de jóvenes, muchas de ellas estudiantes, que eran seleccionadas mediante catálogos con fotos, perfiles en redes sociales y tarifas. Algunas declaraciones incluidas en la causa apuntan a situaciones de abuso y pagos irregulares, lo que agrava el cuadro judicial.

Medidas judiciales y próximos pasosEn el marco de la causa, la Justicia dispuso el arresto domiciliario de los acusados y el secuestro preventivo de aproximadamente 1,2 millones de euros, dinero que se investiga por su posible origen ilícito.

La defensa anunció que apelará estas medidas y cuestionó la falta de pruebas sobre la existencia de fondos no declarados en el exterior. Mientras tanto, otros implicados en la causa optaron por no declarar.

El caso continúa en etapa de investigación y promete nuevos avances en las próximas semanas, en un expediente que expone el funcionamiento de los circuitos de lujo en la noche milanesa y su posible conexión con actividades ilegales.

A casi un año de la muerte de Camilo Nuin, el joven de 18 años que falleció durante una operación de ligamentos cruzados, su familia volvió a exigir justicia y denunció la falta de avances concretos en la investigación.

El hecho ocurrió en junio de 2025 en una clínica de Adrogué y generó un fuerte impacto en el ambiente del fútbol argentino, ya que se trataba de una intervención considerada habitual en deportistas de alto rendimiento.

El reclamo de la familiaAna, madre del futbolista, expresó su dolor y cuestionó la falta de información sobre lo sucedido. “Llevé a mi hijo a una operación de rutina y no salió con vida”, sostuvo en declaraciones televisivas.

Según relató, la familia nunca recibió explicaciones claras por parte del equipo médico. “No tenemos respuestas. Nadie se comunicó con nosotros desde la clínica”, afirmó.

Además, recordó el momento en que les informaron el fallecimiento: “El cirujano dijo que algo se había complicado y después el anestesista nos confirmó la muerte sin darnos detalles. Seguimos preguntándonos qué pasó”.

Dudas sobre el procedimiento médicoLa familia apunta a una posible mala praxis y sostiene que el joven se encontraba en perfecto estado de salud. “Era un chico sano, con controles médicos al día, capitán de la reserva y con una carrera en crecimiento”, remarcaron.

En ese sentido, también revelaron que el anestesista involucrado había tenido antecedentes judiciales vinculados a un caso similar en la misma institución. Según indicaron, incluso habría sido cuestionada su especialización en el área.

Pericias y avance de la causaEl expediente judicial continúa bajo análisis. En una junta médica realizada en marzo, los peritos determinaron como causa de muerte un “paro cardiorrespiratorio no traumático”. Sin embargo, para la familia, esa conclusión resulta insuficiente.

“Eso no explica qué ocurrió en el quirófano. Creemos que hay responsabilidades que deben investigarse”, señaló la madre.

Convocatoria a movilizaciónAnte la falta de respuestas, familiares y allegados convocaron a una movilización para este viernes a las 10 de la mañana frente a la Clínica Espora, en Adrogué. Luego, se dirigirán a la fiscalía de Lomas de Zamora.

“El resultado fue evitable. Hay una cadena de responsabilidades que empieza en el club y termina en la fiscalía”, afirmaron, en reclamo de avances concretos en la causa.San Telmo, institución en la que Nuin se desempeñaba como capitán de la reserva, lo homenajeó en reiteradas oportunidades. Su muerte dejó una profunda marca en compañeros, cuerpo técnico y dirigentes.

La causa judicial que investiga por presunto enriquecimiento ilícito al vocero presidencial Manuel Adorni sumó este miércoles un dato clave: el testimonio de Pablo Martín Feijoo, quien confirmó que existió un acuerdo de pago adicional de 65.000 dólares por fuera de la escritura en la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.

La declaración se realizó ante el fiscal Gerardo Pollicita y se extendió durante aproximadamente dos horas. Según fuentes judiciales, Feijoo —hijo de una de las vendedoras del inmueble— explicó que ese monto correspondía a refacciones realizadas en la propiedad y que fue pactado con el funcionario para ser abonado posteriormente.

Un acuerdo por fuera de la operación formal

De acuerdo a lo expuesto, el departamento fue vendido por un valor de 230.000 dólares. Sin embargo, Feijoo indicó que había invertido unos 65.000 dólares en mejoras del inmueble, suma que —según su testimonio— acordó recuperar “por afuera” cuando Adorni lograra vender otra propiedad.

El esquema de pago también está bajo análisis judicial: el funcionario habría entregado un anticipo de 30.000 dólares, mientras que el resto —cerca del 87% del total— fue financiado a un año mediante una hipoteca sin intereses, una modalidad considerada poco habitual en operaciones de este tipo.

Cómo se gestó la operación

La propiedad había sido adquirida previamente por las vendedoras a un valor menor y luego puesta en venta. Feijoo fue quien intervino en la negociación y sostuvo que inicialmente había solicitado un precio superior, pero que finalmente aceptó una cifra menor.

En su declaración, el testigo también mencionó que la relación personal con Adorni —vinculada al ámbito escolar de sus hijos— influyó en la confianza para concretar la operación bajo esas condiciones.

Además, indicó que una de las razones para cerrar el negocio fue la posibilidad de vincularse comercialmente con “gente importante”, lo que, según su planteo, justificó la reducción del precio original.

Próximas medidas judiciales

La investigación continuará en las próximas semanas con nuevas declaraciones. Está prevista la comparecencia de otros involucrados, entre ellos personas vinculadas a la propiedad y a obras realizadas en otro inmueble del funcionario.

La causa busca determinar si existieron irregularidades en la operación inmobiliaria y si los montos declarados se corresponden con los movimientos patrimoniales del funcionario.

Un nuevo giro se produjo en la causa por presunto lavado de activos que involucra a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino. La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió apartar al juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, quien estaba a cargo del expediente y debía resolver la situación procesal de los dirigentes Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

La decisión se tomó tras una recusación presentada por el fiscal federal Pedro Eugenio Simón, quien planteó la existencia de un posible conflicto de intereses. Según expuso, la hija del magistrado habría realizado una operación inmobiliaria con un familiar directo de Toviggino, vínculo que forma parte de la investigación en curso.

El planteo fue avalado por la jueza Marina Cossio, integrante de la Cámara, quien consideró que correspondía apartar al magistrado para garantizar la imparcialidad del proceso. De esta manera, la causa deberá ser reasignada a otro juez federal, en un momento clave de la investigación.

Argibay tenía bajo su órbita la definición sobre las indagatorias y eventuales detenciones solicitadas por la fiscalía para Tapia, presidente de la AFA, y Toviggino, tesorero de la entidad, en el marco de una pesquisa por presuntas maniobras financieras irregulares.

Fuentes judiciales señalaron que el expediente demandó meses de trabajo, con análisis de documentación proveniente de entidades bancarias, organismos estatales y reportes financieros. El volumen de pruebas recolectadas refleja la complejidad de una investigación que se encuentra en una etapa determinante.

En este contexto, la causa podría quedar en manos del juez federal Guillermo Molinari, aunque no se descarta la intervención de otros magistrados en caso de nuevas excusaciones.

El apartamiento de Argibay introduce un nuevo elemento de incertidumbre en un expediente que ya tiene fuerte repercusión mediática y política dentro del fútbol argentino. Mientras la Justicia avanza, el foco sigue puesto en las decisiones que puedan adoptarse en torno a los principales dirigentes de la AFA.

El  juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, procesó al piloto de Turismo Carretera Gastón Mazzacane, a su padre Hugo Héctor Mazzacane —presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera— y a otros empresarios en una causa por evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta.

Según la investigación, los imputados habrían desarrollado un esquema destinado a ocultar ingresos y evitar el pago de impuestos mediante la utilización de sociedades vinculadas, operaciones en efectivo y una contabilidad paralela. El objetivo, de acuerdo al expediente, habría sido generar una aparente insolvencia para frustrar el cobro de las obligaciones por parte del Estado.

La causa involucra a varios integrantes del grupo económico, entre ellos Liliana Mónica Videla, Juan Manuel Mazzacane y Eduardo David Gómez, además de firmas como Quilmes Tolosa S.A., CEAGA S.A., Maverick S.A. y MDNAJMM S.A..

El monto investigado supera los 5.500 millones de pesos correspondientes al período 2021–2023, y asciende a más de 8.000 millones si se incluye 2024. Según estimaciones oficiales, el perjuicio al fisco rondaría los $3.965 millones.

La causa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que detectó presuntas irregularidades en el cumplimiento de obligaciones tributarias y movimientos patrimoniales sospechosos.

Cómo operaba el presunto esquema

La investigación, encabezada por la fiscal federal María Laura Roteta, permitió reconstruir el funcionamiento del grupo empresario. Según el Ministerio Público Fiscal, se detectaron circuitos de ventas no registradas, desvío de fondos y transferencia de activos hacia otras sociedades del mismo entramado.

Entre las maniobras señaladas figuran el uso de estructuras paralelas para continuar la actividad comercial, el traspaso de bienes para evitar embargos y el vaciamiento progresivo de la empresa principal.

Allanamientos y pruebas

Durante la pesquisa se realizaron allanamientos en domicilios particulares y sedes comerciales, donde se secuestró documentación contable y financiera, además de dinero en efectivo. Los procedimientos contaron con la participación de la Policía Federal Argentina, a través de su división especializada en lavado de activos.

De acuerdo con la acusación, las maniobras se habrían desarrollado durante al menos una década, entre 2014 y 2024, con el objetivo de evadir tributos y obstaculizar la acción del Estado para cobrar la deuda fiscal.

El caso del futbolista argentino Emiliano Sala llegó a su resolución final luego de siete años. Este lunes, el Tribunal Mercantil de Nantes dictó sentencia en la disputa económica entre el Cardiff City y el FC Nantes, y determinó que el club galés deberá indemnizar a la institución francesa con 480.000 euros.

El fallo marca el cierre de un largo conflicto judicial que se inició tras la muerte del delantero, ocurrida el 21 de enero de 2019 en un accidente aéreo sobre el Canal de la Mancha, cuando viajaba para incorporarse a su nuevo equipo. El pase desde Nantes a Cardiff se había concretado por 17 millones de euros, aunque el jugador nunca llegó a debutar.

En 2023, el Cardiff había impulsado una demanda ante la Justicia francesa en la que reclamaba una indemnización millonaria por pérdidas económicas derivadas de la tragedia. El club británico argumentaba que el Tribunal de Arbitraje Deportivo ya había considerado válido el traspaso, pero señalaba responsabilidades en la organización del vuelo privado.

En ese marco, apuntaron a la intervención del agente Willie McKay y sostuvieron que la logística del viaje fue determinante en el desenlace fatal. Incluso, el Cardiff llegó a reclamar 122 millones de euros en concepto de daños, basando su cálculo en el rendimiento deportivo que el delantero podría haber aportado al equipo.

Sin embargo, la resolución judicial fue en sentido contrario a sus pretensiones. El tribunal rechazó el reclamo del club galés y estableció que deberá compensar al Nantes, poniendo fin a una de las disputas más prolongadas y sensibles del fútbol internacional reciente.

Durante la audiencia estuvo presente la madre del futbolista, en una jornada cargada de emoción que marcó el cierre formal de una causa que conmovió al mundo del deporte.

El último mensaje antes del accidente

Horas antes del trágico desenlace, Sala había enviado un audio a sus amigos en el que expresaba temor por el vuelo que lo trasladaba a su nuevo destino. En ese mensaje, el delantero advertía sobre el estado de la aeronave y dejaba entrever su inquietud.

“Estoy acá arriba del avión, que parece que se está por caer a pedazos”, decía en uno de los fragmentos más impactantes. Incluso, llegó a manifestar su miedo ante la posibilidad de que algo sucediera durante el trayecto.

El fallo judicial pone punto final a un conflicto que atravesó lo deportivo y lo humano, y que mantuvo en vilo durante años a dos clubes y a la familia de Emiliano Sala, cuya historia sigue generando conmoción.

Un nuevo capítulo sacude al arbitraje del fútbol argentino tras la difusión de supuestos chats que involucran a Juan Pablo Beacon y al árbitro Fernando Espinoza, en el marco de una investigación que también alcanza a la estructura de la AFA.

El material, dado a conocer en LN+, haría referencia a una jugada puntual del partido entre Racing Club y Arsenal de Sarandí disputado en 2021, encuentro que ahora vuelve a quedar bajo sospecha.

Los mensajes forman parte de una causa que se encuentra en manos del juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, quienes analizan conversaciones que habrían sido extraídas del teléfono de Beacon, ex colaborador cercano de Pablo Toviggino.

Dentro del expediente también aparecen menciones a un presunto reparto de dinero destinado a árbitros, con referencias al director nacional de arbitraje, Federico Beligoy.

Antecedentes y nuevas sospechas

El caso tomó mayor dimensión días atrás, cuando también se difundieron chats atribuidos a Beacon y al árbitro Luis Lobo Medina, vinculados a un partido entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero por la Primera Nacional 2021.

Aquella revelación generó fuerte polémica por presuntos arreglos arbitrales y pagos irregulares, lo que ahora se ve reforzado con la aparición de nuevos intercambios.

En este contexto, el encuentro entre Racing y Arsenal —disputado el 18 de abril de 2021 y dirigido por Espinoza— vuelve a estar en el centro de la escena, tras la filtración de conversaciones que lo mencionan.

Sin confirmación judicial definitiva

Por el momento, no existe una validación judicial concluyente sobre el contenido total de los chats difundidos, por lo que el caso continúa en etapa de investigación.

Sin embargo, la aparición de estos nuevos elementos profundiza las dudas sobre el funcionamiento del sistema arbitral argentino y su posible vínculo con sectores dirigenciales, en un escándalo que sigue creciendo y podría tener nuevas derivaciones en los próximos días.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió suspender el avance del proceso de discovery en la causa por la expropiación de YPF, en una decisión que representa un alivio para la estrategia judicial argentina.

La medida también alcanza a audiencias probatorias, pedidos de documentación y posibles sanciones vinculadas a esa etapa, que estaba en curso tras la sentencia de primera instancia.

El fallo no cierra la causa ni modifica la condena existente, pero sí congela una fase sensible del expediente mientras el tribunal analiza la apelación presentada por el Estado argentino.

En términos concretos, la resolución evita —al menos por ahora— que los demandantes avancen sobre información, activos o bienes argentinos en el marco de la ejecución de la sentencia.

El pedido de suspensión había sido impulsado por la Procuración del Tesoro y contó con un respaldo clave: el Departamento de Justicia de Estados Unidos acompañó formalmente la postura argentina.

Ese apoyo fue considerado relevante por la Cámara al momento de decidir frenar el proceso, al entender que el discovery podía resultar intrusivo y desproporcionado en esta instancia.

El litigio se originó tras la expropiación de YPF en 2012 y derivó en una sentencia de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar USD 16.100 millones a los fondos Petersen Energía Inversora y Eton Park.

El Estado argentino sostiene que la causa no debería tramitarse en tribunales estadounidenses, sino bajo legislación local.

Con esta decisión, el foco vuelve a estar en la apelación de fondo, que deberá definir si la sentencia se confirma, modifica o revoca.

Si bien no hay plazos definidos, el fallo de la Cámara representa una pausa estratégica en un caso de alto impacto político, económico y jurídico para el país.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio 'Chiqui' Tapia, declarará este jueves a las 12 en los tribunales del fuero Penal Económico en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la retención de impuestos y aportes de seguridad social vinculados al fútbol argentino.

La indagatoria se realizará ante el juez Diego Amarante y forma parte de un expediente que también involucra a otros dirigentes de la entidad que conduce el fútbol nacional.

Un día antes, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, se presentó ante el magistrado y entregó un escrito en el marco de la misma investigación.

La investigación judicial

La causa apunta a determinar si existió apropiación indebida de retenciones impositivas y aportes previsionales correspondientes al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Según la investigación, el monto bajo análisis supera los 19.353 millones de pesos, lo que generó un fuerte impacto tanto en el ámbito deportivo como en el político.

En este contexto, la defensa de Tapia había solicitado que se declarara la nulidad de la citación a declaración indagatoria, planteo que finalmente fue rechazado por el magistrado.

Dentro de las medidas adoptadas en la causa, el juez Amarante dispuso inicialmente la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino.Sin embargo, posteriormente se autorizó al presidente de la AFA a viajar al exterior debido a compromisos institucionales vinculados al fútbol internacional.

El trasfondo político y deportivo

La investigación se desarrolla en medio de un clima de tensión entre el Gobierno nacional y la dirigencia del fútbol argentino, especialmente por el debate sobre la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

La iniciativa es impulsada por la administración del presidente Javier Milei, mientras que la conducción de la AFA, encabezada por Tapia, manifestó públicamente su rechazo.

En ese marco, el último fin de semana se registró un paro del fútbol en distintas categorías, promovido por clubes y dirigentes en respaldo a la entidad madre del fútbol argentino.

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, fue indagado este miércoles por el juez en lo penal económico Diego Amarante en el marco de la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes impositivos y previsionales por parte de la entidad que conduce el fútbol argentino.

La declaración se realizó en los tribunales ubicados en la avenida de los Inmigrantes al 1900, en la ciudad de Buenos Aires, donde el dirigente ingresó cerca de las 11 acompañado por su abogado defensor, Marcelo Rocchetti.

Durante la audiencia, Toviggino optó por presentar un escrito ante el magistrado y decidió no responder preguntas. La indagatoria se extendió por poco más de una hora y concluyó alrededor del mediodía. Al salir del edificio judicial, el dirigente evitó realizar declaraciones a la prensa y se retiró en un vehículo que lo esperaba en la puerta.

Un fuerte operativo de seguridad

La llegada del dirigente estuvo marcada por un despliegue de seguridad inusual en esa sede judicial. Efectivos policiales custodiaron el ingreso principal del edificio y se dispuso un operativo especial dentro del hall central.

Incluso uno de los ascensores destinados al público fue reservado durante varios minutos para permitir el traslado del dirigente hasta el segundo piso, donde funciona el juzgado que lleva adelante la investigación.

Quienes intentaron utilizar ese elevador fueron derivados a otros sectores del edificio mientras se desarrollaba el procedimiento. Además, se dispusieron agentes en las inmediaciones del juzgado para reforzar la custodia durante la audiencia.

El intento fallido de declarar por videoconferencia

Antes de la indagatoria, la defensa de Toviggino había solicitado que la declaración se realizara de manera virtual mediante una videoconferencia. El planteo se basó en cuestiones de seguridad y en la intención de evitar una exposición pública del dirigente.

Sin embargo, el juez Amarante rechazó el pedido y esa decisión fue posteriormente confirmada por la Cámara en lo Penal Económico, por lo que el tesorero de la AFA debió presentarse personalmente ante el tribunal.

Un mensaje en redes antes de declarar

Horas antes de ingresar al tribunal, Toviggino publicó un mensaje en la red social X en el que compartió una reflexión atribuida al Papa Francisco.

En el posteo, el dirigente citó una frase vinculada a la resiliencia y la búsqueda de la verdad:

“Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos o cuando confiamos en quien no debíamos. Pero la caída no define nuestra historia; lo que realmente la define es la decisión que tomamos después”.

De qué se lo acusa

La investigación judicial se inició a partir de una denuncia del organismo recaudador ARCA, que actúa como querellante en el expediente.

La causa apunta a una presunta falta de pago de retenciones correspondientes al Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según la acusación, el monto involucrado alcanzaría al menos 19.000 millones de pesos.

En el mismo expediente también está imputado el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien fue citado a declarar este jueves.

Tras completar la ronda de indagatorias, el juez Amarante quedará en condiciones de resolver la situación procesal de los acusados, mientras que la Cámara en lo Penal Económico deberá decidir si la investigación continúa o si se archiva el caso por inexistencia de delito, tal como sostiene la defensa de los dirigentes. 

La situación procesal de Morena Rial (26) dio un vuelco definitivo este martes 10 de marzo. Tras permanecer 150 días privada de su libertad en la Unidad Penitenciaria 51 de Mujeres de Magdalena, la joven recibió la noticia que tanto esperaba: la Justicia le concedió la prisión domiciliaria. La medida, confirmada por su abogado Martín Leiro, permitirá que la hija del histórico conductor de "Intrusos" abandone el régimen de encierro común para pasar a un monitoreo mediante tobillera electrónica.

Uno de los puntos clave para que los jueces de la Cámara de Casación bonaerense accedieran al pedido de la defensa fue el compromiso formal presentado por su padre, Jorge Rial, y su hermana Rocío. El periodista, quien mantuvo una relación fluctuante con su hija mayor en los últimos años, asumió la responsabilidad de garantizar las condiciones necesarias para que Morena cumpla con la detención en una vivienda familiar.

Según trascendió desde el entorno judicial, el escrito presentado por el conductor fue fundamental para asegurar que la imputada no incurra en nuevos incumplimientos, motivo por el cual se le había revocado la excarcelación meses atrás.

La resolución judicial no solo se basó en el respaldo familiar, sino primordialmente en el bienestar de Amadeo, el hijo menor de Morena. El pequeño se encontraba al cuidado de su abuelo y su tía mientras su madre cumplía la detención. La defensa argumentó con éxito que la separación prolongada estaba afectando el desarrollo del niño y la estabilidad emocional de la joven.

"Cuando la llamé estaba llorando de felicidad. No pudimos hablar mucho por el grado de emoción que tiene al saber que volverá a estar con su hijo", relató su abogado tras notificarse del fallo. Cabe recordar que su hijo mayor, Francesco Benicio, reside actualmente en Córdoba con su padre, Facundo Ambrosioni.

Morena Rial está procesada como presunta integrante de una organización delictiva dedicada a desvalijar viviendas en el Conurbano bonaerense, específicamente en la zona de Villa Adelina. Si bien la investigación continúa y la elevación a juicio oral es inminente, la Justicia valoró un "cambio de actitud" en la joven durante su estadía en Magdalena.

Durante su tiempo en prisión, Morena se desempeñó en tareas administrativas y colaboró en la biblioteca del penal, mostrando una conducta que los magistrados consideraron favorable para otorgarle este beneficio, siempre bajo un estricto monitoreo electrónico y la prohibición de salida sin autorización judicial.

La salida de Morena Rial de la cárcel de Magdalena marca el fin de uno de los capítulos más oscuros en la vida de la mediática, pero no el fin de sus problemas legales. Ahora, desde la comodidad de un hogar pero bajo la sombra de una tobillera, deberá enfrentar el proceso penal que determinará su culpabilidad o inocencia. La mirada de la sociedad, y especialmente de la Justicia, estará puesta en su capacidad para respetar las reglas que hoy le devolvieron la posibilidad de abrazar a sus hijos.

El Litoral

La investigación judicial que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino sumó este lunes nuevas declaraciones. Los dirigentes Cristian Malaspina y Víctor Blanco solicitaron ser sobreseídos en la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes impositivos y previsionales por más de $19.300 millones.

Ambos se presentaron ante el juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico, donde entregaron escritos de defensa pero optaron por no responder preguntas durante la indagatoria.

La defensa de Víctor Blanco

Blanco, expresidente de Racing Club y exsecretario general de la AFA, fue el primero en declarar. En el documento presentado ante la Justicia negó de forma categórica cualquier participación en las maniobras investigadas.

El dirigente sostuvo que nunca tuvo responsabilidades en la gestión tributaria o previsional de la entidad, y remarcó que su rol dentro de la AFA era principalmente institucional y protocolar.En su presentación también argumentó que muchas de las supuestas irregularidades habrían ocurrido después de diciembre de 2024, cuando dejó su cargo dentro de la estructura de la asociación.

Además, aseguró que no intervenía en el cálculo de impuestos, en la retención de aportes ni en la utilización de la clave fiscal utilizada para realizar los pagos al organismo recaudador.

El descargo de Cristian Malaspina

Posteriormente declaró Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y actual secretario general de la AFA, quien también presentó un escrito para rechazar las acusaciones.

El dirigente explicó que, de acuerdo con el estatuto de la AFA, las decisiones relacionadas con la administración y el pago de impuestos no forman parte de las funciones del secretario general.

Malaspina recordó además que asumió el cargo el 3 de abril del año pasado, por lo que —según su defensa— no puede ser responsabilizado por períodos anteriores.

En ese sentido, afirmó que cualquier falta de pago vinculada a los períodos investigados correspondería a decisiones adoptadas antes de su llegada al cargo.

Cómo sigue la causa

La causa investiga la presunta falta de ingreso de retenciones impositivas y aportes de la seguridad social que deberían haber sido depositados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Según la denuncia, los montos retenidos pero no depositados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 ascienden a $19.353.546.843,85.

La ronda de indagatorias continuará esta semana: el miércoles a las 11 de la mañana deberá declarar el tesorero Pablo Toviggino, mientras que el jueves a partir de las 12hs está citado el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, modificó su representación legal y su declaración indagatoria fue postergada una semana. La citación, que estaba prevista para este jueves, se reprogramó para el 12 de marzo por decisión del Juzgado Nacional en lo Penal Económico a cargo de Diego Amarante.

Tapia será ahora representado por el abogado Luis Charro en la causa que lo investiga por presunta retención indebida de aportes y tributos.

La causa y los otros citados

El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por la ARCA (ex AFIP), que señaló posibles irregularidades en el depósito de impuestos y aportes previsionales retenidos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Según la acusación, se investigan 69 hechos independientes por un monto total que supera los $19.353 millones.

Además de Tapia, también fueron citados a indagatoria:

Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Cristian Malaspina, secretario general.

Víctor Blanco, ex secretario general.

Gustavo Lorenzo, director general de la entidad.

La defensa había solicitado previamente la suspensión de la indagatoria al sostener que las deudas reclamadas ya habían sido regularizadas, pero el juez había rechazado ese planteo. El posterior cambio de abogado derivó en la reprogramación.

¿Qué pasa con el paro y el Torneo Apertura?

La postergación vuelve a poner el foco en el calendario del fútbol argentino. La fecha 9 del Torneo Apertura fue suspendida porque coincidía con la citación judicial de Tapia .                  Ahora, la nueva fecha de indagatoria —12 de marzo— se superpone con la jornada 10, que tiene programados cinco encuentros ese día.

Por el momento no hubo una confirmación oficial sobre nuevas modificaciones, pero la reprogramación judicial reaviva la incertidumbre.

Cómo queda el cronograma

Tras la suspensión, la fecha 9 del Apertura se disputará el fin de semana del 3 de mayo, lo que obligará a correr también la instancia de playoffs.

El esquema tentativo quedó establecido de la siguiente manera:

Octavos de final: fin de semana del 10 de mayo.

Cuartos de final: miércoles 14 de mayo.

Semifinales: fin de semana del 17 de mayo.

Final: domingo 24 de mayo.

En una jornada que se siguió minuto a minuto en los portales deportivos y transmisiones en vivo, el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió ratificar el paro del fútbol profesional. De esta manera, no habrá partidos en ninguna categoría del fútbol argentino.

La reunión se desarrolló este martes por la tarde en el predio de Ezeiza. Tras el encuentro —que comenzó cerca de las 13 y se formalizó en el orden del día pasadas las 14.30— los dirigentes confirmaron que la medida de fuerza se mantendrá entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo inclusive.

#Institucional Esta tarde se desarrolló, en el Predio Lionel Messi, la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA. pic.twitter.com/jclFxMTTqo

Reprogramación y calendario ajustado

Con la suspensión oficializada, los partidos postergados fueron reprogramados para el 3 de mayo. La decisión obliga a una reestructuración del calendario, ya que la última fecha de la fase regular estaba prevista para fines de abril, antes del inicio de los playoffs.  A raíz de esta reprogramación, se modificó el calendario de los playoffs.

 Los octavos de final serán el fin de semana del domingo 10; los cuartos de final entre semana (el miércoles 13); las semifinales el fin de semana del domingo 17 y la final será el 24.

El trasfondo judicial

La determinación de parar el fútbol fue adoptada la semana pasada, luego de que los clubes manifestaran su preocupación por el avance de la causa por presunta evasión de impuestos que involucra a autoridades de la entidad.

En ese contexto, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, fue citado a declaración indagatoria el jueves 5. Este martes, el juez Diego Alejandro Amarante rechazó el pedido de nulidad presentado por su defensa, por lo que deberá declarar este jueves.

También fueron convocados el tesorero Pablo Toviggino —quien finalmente se presentará el 11 de marzo—, el director general Gustavo Lorenzo (viernes 6), y el secretario general Cristian Malaspina junto a su antecesor Víctor Blanco (9 de marzo).

La investigación se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que apunta a una presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.353 millones.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético de Rafaela?

En el caso de Atlético de Rafaela, el fin de semana debía visitar a Nueva Chiacgo por la fecha 4 , partido que tambien está suspendido por el paro. Por lo tanto, a espera de la reprogramación, la Crema volverí a jugar el viernes 13 de marzo cuando reciba a SM de San Juan por la jornada 5 de la Zona B.

Vale aclarar, que la medida dispuesta por los representantes de los clubes  de Primera en AFA, tambien fue aacatada por la Liga Rafaelina de Fútbol por lo que tampoco habrá actividad en el fútbol local.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó oficialmente su nuevo domicilio en la provincia de Buenos Aires mediante un comunicado institucional. Sin embargo, el lugar señalado sería un terreno baldío ubicado en el partido de Pilar, donde se encuentra una mansión abandonada y en estado de deterioro, actualmente bajo investigación judicial por presunto lavado de activos.

De acuerdo con registros fílmicos del lugar, el predio está emplazado en una zona cercana a la ruta, rodeado de árboles y sin actividad visible. La propiedad en cuestión está ubicada en el barrio Ayres Plaza y habría sido valuada en alrededor de 17 millones de dólares. Según antecedentes, perteneció originalmente al exfutbolista Carlos Tévez.

En paralelo, la Justicia federal secuestró documentación en oficinas de la AFA que acreditaría pagos por al menos $300 millones a la firma Real Central SRL, empresa vinculada a la propiedad de Pilar bajo investigación.

El material fue incorporado a distintas causas tras un allanamiento ordenado por el juez Luis Armella. Los comprobantes corresponderían a transferencias efectuadas en junio de 2025 bajo el concepto de “servicio de logística”, con referencia directa al sistema VAR.

Real Central SRL tiene como titulares formales a Ana Lucía Conte y Luciano Pantano, quienes fueron señalados como presuntos testaferros de Claudio Tapia y/o Pablo Toviggino. Uno de los documentos hallados incluiría la firma de Pantano como proveedor, mientras que otro reflejaría el ingreso de un pago de $600 millones desde Argentinos Juniors hacia la AFA.

El expediente vinculado específicamente a la propiedad de Pilar es instruido por el juez Adrián González Charvay, quien analiza presuntas inconsistencias entre el valor declarado de compra y la tasación judicial. En paralelo, avanzaría una investigación por posibles desvíos millonarios mediante firmas radicadas en el exterior.

#Institucional El Presidente Claudio Tapia participó hoy de una nueva reunión del Consejo de la CONMEBOL en Brasil, en vísperas de la Recopa Sudamericana. pic.twitter.com/ToJlrC0jcG

En medio de este escenario, la AFA cuestionó públicamente la solicitud de la Inspección General de Justicia (IGJ) para que el Ministerio de Justicia designe veedores con el objetivo de relevar documentación contable y financiera.

En un comunicado oficial, la entidad sostuvo que “no será sometida a veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”. Además, anticipó que presentará recursos judiciales para que la medida sea desestimada.

La AFA indicó que recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el argumento de que sea la Justicia quien determine la validez de la disposición.

La medida impulsada por la IGJ fue firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo y, según se informó oficialmente, no implicaría una intervención ni una sanción, sino una veeduría informativa en el marco de las facultades de fiscalización del organismo ante presuntas “graves irregularidades”.

#Institucional Comunicado oficial📝https://t.co/S8YpltTUhF pic.twitter.com/FcJ48kCZm6

En su defensa, la AFA hizo referencia al denominado “caso Bullrich”, al sostener que la IGJ utilizaría un criterio similar al aplicado en 2023 contra el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), que en ese momento estaba presidido por Patricia Bullrich.

Según señaló la entidad madre del fútbol argentino, en aquel antecedente la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil anuló una intervención dispuesta por la IGJ por considerar que se había vulnerado el debido proceso.

Asimismo, la AFA denunció que la medida actual respondería a una “política pública” orientada a impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) mediante el debilitamiento institucional del modelo de clubes sociales.

En el tramo final del comunicado, la institución remarcó que defenderá su autonomía “por todas las vías judiciales y democráticas”, y sostuvo que el fútbol argentino pertenece a los clubes, sus socios e hinchas.

La Asociación del Fútbol Argentino atraviesa un momento delicado en el plano institucional a raíz de distintas causas judiciales que avanzan sobre el manejo de fondos vinculados a la Selección campeona del mundo.

Las investigaciones incluyen operaciones relacionadas con la firma Sur Finanzas y el destino de aproximadamente 40 millones de dólares correspondientes a premios obtenidos en la Copa Mundial de la FIFA 2022.

Allanamientos y delitos bajo análisis

La Justicia ordenó el martes más de treinta allanamientos tanto en la sede central de la AFA como en distintos clubes del país. Las actuaciones se enmarcan en indagatorias por presunto lavado de dinero, evasión impositiva y administración fraudulenta.

En ese contexto, también se registraron detenciones vinculadas a la operatoria de Sur Finanzas. Los investigadores buscan reconstruir el circuito completo del dinero generado por la actividad comercial de la Selección argentina y establecer si existieron irregularidades en intermediaciones financieras, retenciones fiscales o en la distribución de los premios.

Más allá del impacto deportivo del título en Qatar, el proceso judicial tiene derivaciones políticas e institucionales. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, quedó en el centro de la escena pública mientras la entidad intenta sostener su funcionamiento habitual en medio de las causas abiertas.

Las líneas de investigación abarcan también el análisis de retenciones previsionales y tributarias, así como contratos comerciales con patrocinadores. El volumen económico involucrado y la proyección internacional del seleccionado argentino incrementaron el nivel de exposición judicial del organismo.

Desde Viamonte, la conducción respondió con comunicados oficiales y presentaciones judiciales. La AFA negó cualquier tipo de evasión o desvío de fondos y defendió la legalidad en la administración de los recursos provenientes de premios y acuerdos comerciales, al tiempo que cuestionó la motivación de las denuncias.

Mientras la Justicia continúa con la recolección de pruebas y el análisis contable, el frente judicial se consolidó como el principal foco de tensión política y administrativa para la dirigencia del fútbol argentino.

El avance de las causas mantiene bajo observación el funcionamiento económico de la AFA y abre un período de fuerte incertidumbre institucional en uno de los organismos más influyentes del deporte nacional.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, fue citado a declaración indagatoria en una causa por presunta apropiación indebida de más de $19.353 millones en retenciones impositivas y aportes a la seguridad social. La notificación lo sorprendió mientras participaba de un evento vinculado a la Copa del Mundo en el predio de La Rural.

La actividad consistía en la presentación del tour mundial del trofeo original ganado por la Selección argentina y contó con la presencia de ex campeones del mundo como Ubaldo Fillol, Jorge Burruchaga y Óscar Ruggeri, entre otros. Tapia fue captado por cámaras antes de conocer formalmente la decisión judicial. Luego se retiró del lugar sin hacer declaraciones.

Con los campeones del 78 y del 86 en el FIFA Trophy Tour que se está llevando a cabo en La Rural.Un honor haber presenciado la exhibición de la Copa más emblemática y admirada por todos. ¡Gracias por la invitación! pic.twitter.com/Xcu8AUuC3B

La sorpresiva desaparición en redesHoras después de conocerse la citación, se produjo otro hecho llamativo: la cuenta verificada de Instagram de Tapia dejó de estar disponible. Quienes intentaron ingresar a su perfil se encontraron con el mensaje “Perfil no disponible”. Horas después, volvió a estar activa su cuenta de Instagram.

El dirigente era activo en esa red social, donde solía publicar imágenes institucionales e interactuar con futbolistas de la Selección argentina, entre ellos Lionel Messi. En cambio, su cuenta en la red social X se mantuvo operativa.Allí, el mandamás de la AFA se mostró con una sonriso en el estadio de Lanús presnciado el juego ante Flango por la Recopa Sudamericana                                                                                                                                                                                                    

En la Fortaleza, acompañando a @clublanus en una nueva final.Se viene el partido de ida de la CONMEBOL Recopa Sudamericana. pic.twitter.com/XNLHeuyHpf

La decisión judicialEl juez en lo Penal Económico Diego Amarante dispuso la citación a indagatoria de Tapia, del tesorero Pablo Toviggino y de otros directivos de la AFA. La medida fue adoptada tras un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).La resolución también incluye la prohibición de salida del país para los involucrados. Tapia deberá presentarse el 5 de marzo, mientras que Toviggino lo hará el 6 de marzo.

La causa investiga si la AFA, en su carácter de agente de retención, descontó montos correspondientes a impuestos nacionales y contribuciones a la seguridad social sin depositarlos dentro del plazo legal de 30 días. Los períodos bajo análisis abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025. El monto inicial denunciado superaba los $7.500 millones, pero tras una ampliación la cifra total bajo investigación trepó a más de $19.300 millones.Según ARCA, esos fondos retenidos pertenecen al Estado desde el momento en que se efectúa la retención, por lo que no ingresarlos configuraría una apropiación indebida.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino fueron citados a declaración indagatoria en el marco de una causa que investiga una presunta apropiación indebida de aportes por más de $19.353 millones. Además, el juez dispuso la prohibición de salida del país para ambos y otros integrantes de la comisión directiva.

La decisión fue adoptada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, tras un pedido formulado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que actúa como querellante en el expediente.

Las fechas de las indagatorias

El magistrado convocó a la AFA como persona jurídica y a Tapia para el 5 de marzo, mientras que Toviggino deberá presentarse el 6 de marzo. También fueron citados otros directivos: el secretario general Cristian Malaspina, el director general Gustavo Lorenzo y el ex secretario general Víctor Blanco Rodríguez.

En la resolución, el juez advirtió sobre la “gravedad de los hechos investigados” y la “severidad de la pena en expectativa”, fundamentos que respaldaron la restricción para salir del país.

En paralelo, la defensa de la AFA y de Tapia apeló ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico el rechazo a un planteo de excepción de falta de acción, por lo que la cuestión será revisada por el tribunal superior.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 y ampliada días después. Según el expediente, se investigan 69 hechos independientes ocurridos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

La hipótesis sostiene que la AFA, en su carácter de agente de retención, habría descontado montos correspondientes a:

El monto total bajo análisis asciende a $19.353.546.843,85. Entre las cifras desglosadas figuran más de $663 millones en IVA, casi $2.000 millones en Ganancias, más de $8.000 millones bajo el régimen del artículo 79 y más de $8.600 millones en aportes a la seguridad social.De acuerdo con la acusación, los importes habrían sido retenidos pero no depositados dentro del plazo legal de 30 días.

El planteo de ARCA

ARCA argumentó que existe un “grado de sospecha suficiente” para avanzar con las indagatorias, en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal. Además, sostuvo que durante el período investigado la AFA habría registrado importantes ingresos y constituido plazos fijos, lo que —según la querella— descartaría una imposibilidad material de pago.

El organismo invocó el Régimen Penal Tributario, que prevé penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no depositen los importes retenidos cuando superan los mínimos establecidos.

La Justicia argentina ordenó la prohibición de innovar y contratar sobre cualquier negocio relacionado con la marca Maradona. La decisión alcanza al abogado Matías Morla, a las hermanas del exfutbolista Rita y Claudia Maradona, y al resto de los procesados en la causa que investiga presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a los derechos comerciales del ídolo.

La medida cautelar fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 43, a partir de un pedido realizado por los abogados de Jana Maradona, una de las querellantes en el expediente. La resolución también puso en conocimiento al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI).

Según el fallo, la prohibición rige sobre todas las marcas registradas que contengan el nombre, los pseudónimos o la imagen de Diego Armando Maradona, en cualquiera de sus variantes, que estén a nombre de Sattvica S.A.

El escrito judicial establece que los imputados deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de acto comercial, incluyendo contratos, negociaciones, acuerdos, promociones, publicaciones, trámites registrales y cobros de dinero relacionados con dichas marcas, en cualquier país del mundo.

Las acusaciones en la causa

Morla, junto a Maximiliano Pomargo y Jorge Garmendia, está acusado como coautor del delito de defraudación y administración fraudulenta, de acuerdo con los artículos 45 y 173 inciso 7° del Código Penal y el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.

En tanto, Rita y Claudia Maradona, al igual que Verónica Ojeda Iampolsky, se encuentran imputadas como partícipes necesarias en el mismo ilícito.

El rol de Sattvica y los antecedentes

Matías Morla ejerció la presidencia de Sattvica S.A. hasta septiembre de 2022. Sin embargo, ya en febrero de 2021 había sido intimado por la Justicia a transferir la administración de los derechos de imagen de Maradona a sus herederos.Por su parte, Pomargo se desempeñó como director suplente de la sociedad, cargo al que renunció poco tiempo después de la salida de Morla. Posteriormente, las empresas vinculadas fueron cedidas a Claudia y Rita Maradona, situación que también es analizada en el expediente judicial.

La resolución representa un nuevo avance en la compleja trama judicial que rodea la administración del legado comercial de Diego Maradona. Mientras la causa continúa su curso, la Justicia busca preservar los derechos de los herederos y evitar movimientos comerciales hasta que se esclarezcan las responsabilidades penales.