El futbolista Achraf Hakimi, lateral del París Saint-Germain y de la selección de Marruecos, será juzgado por una causa de violación luego de que la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de Versalles rechazara el recurso presentado por su defensa.

De esta manera, la Justicia francesa confirmó que el jugador deberá comparecer ante el tribunal penal departamental de Hauts-de-Seine, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia realizada en 2023.

La denuncia contra Hakimi

El caso se originó cuando una joven denunció que el futbolista, a quien había conocido a través de Instagram, la invitó a su domicilio y allí habría cometido los abusos señalados en la causa.

Durante su declaración, la denunciante sostuvo que Hakimi le tocó los pechos sin consentimiento y luego la violó. Según el expediente citado por medios europeos, la joven describió el episodio como una situación de violencia y ausencia de consentimiento.

El juicio deberá realizarse en los próximos meses, aunque todavía no se informó una fecha exacta para el inicio del proceso.

La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient…

La reacción del futbolista

Tras conocerse la decisión judicial, Hakimi publicó un mensaje en su cuenta de X, mientras se encontraba concentrado con la selección de Marruecos en el Mundial.

“Tengo la sensación de haberme convertido en un blanco fácil”, expresó el jugador, quien afirmó que durante años eligió guardar silencio y confiar en la Justicia. En el mismo mensaje, el lateral del PSG sostuvo que espera el juicio “con impaciencia” y agregó: “Por fin podré hablar”.

La defensa cuestionó la decisión

La abogada del futbolista, Fanny Colin, lamentó la resolución judicial y aseguró que, según su postura, no fueron consideradas supuestas contradicciones en el relato de la denunciante. La defensa de Hakimi insiste en que la acusación es falsa y sostiene que el jugador deberá tener la oportunidad de exponer su versión ante el tribunal.

La acusación celebró el avance del caso

Por su parte, la abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, celebró la decisión del tribunal y consideró que la resolución representa un alivio para su clienta.

La letrada sostuvo que, después de más de tres años de proceso judicial, la joven tendrá derecho a ser escuchada en un juicio. También señaló que espera que el caso contribuya a visibilizar situaciones de violencia sexual, incluso dentro del fútbol profesional.

La noticia se conoció mientras Hakimi permanece con Marruecos en el Mundial de Estados Unidos, a pocas horas de un nuevo compromiso de su selección ante Escocia.

La Justicia investiga una denuncia por presunta violencia de género contra Nicolás Garrido, futbolista de la Reserva de Independiente, luego de que una joven de 21 años presentara una acusación en la que describió un grave episodio de agresiones físicas y psicológicas ocurrido durante la madrugada del sábado en un departamento de la Ciudad de Buenos Aires.

Según consta en la denuncia presentada ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia, la joven aseguró haber sido víctima de golpes y agresiones durante varias horas por parte de quien fuera su pareja.

En su declaración judicial, la denunciante relató que el episodio se habría extendido por aproximadamente dos horas y media y que sufrió múltiples agresiones físicas. Además, sostuvo que durante ese tiempo permaneció incomunicada y sin posibilidad de pedir ayuda.

De acuerdo con la presentación judicial, ambos se habían encontrado previamente en un local bailable y luego acordaron reunirse en el departamento del futbolista. Según el relato de la joven, mientras se dirigía al lugar comenzó a recibir mensajes en los que el jugador la acusaba de haberle sido infiel y de asistir a otra fiesta. Para desmentir esas sospechas, afirmó haber compartido su ubicación en tiempo real. Siempre según la denuncia, una vez dentro de la vivienda el futbolista habría iniciado una discusión que derivó en agresiones verbales y físicas. La joven aseguró que el ataque se prolongó durante varias horas.

“Durante aproximadamente dos horas y media me golpeó de forma constante.Me pegó piñas, me tiró del pelo, me rompió la ropa, me tiró al piso, me pisó la cabeza, me ahorcó y me dejó encerrada sin poder salir ni pedir ayuda”, dijo la joven en su denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, según publicó el medio 0221 de La Plata.

Como consecuencia de los golpes recibidos, sufrió una fractura de nariz y diversas lesiones en el cuerpo. Posteriormente logró retirarse del lugar y radicó la denuncia correspondiente ante las autoridades.

La Justicia dispuso medidas de protección

Tras analizar la situación, los organismos judiciales y los equipos interdisciplinarios que intervinieron en el caso consideraron que se trata de una situación de violencia de género de “riesgo alto”.

Por ese motivo, se ordenó una restricción perimetral provisoria que impide al futbolista acercarse a menos de 200 metros de la denunciante. También se le prohibió establecer cualquier tipo de contacto mediante llamadas telefónicas, mensajes, correos electrónicos o redes sociales.

Asimismo, la joven continuará contando con un botón antipánico como medida preventiva mientras avanza la investigación judicial.

La respuesta de Independiente

Fuentes del Club Atlético Independiente indicaron que, tras tomar conocimiento de la denuncia, se activó el protocolo institucional para casos de violencia de género y tomará intervención el Departamento de Género de la entidad.

Tras activar el protocolo, como primera medida decidieron apartar al jugador de 20 años del plantel que comanda Carlos Matheu junto a Eduardo Tuzzio. De esta manera, no podrá tener ningún tipo de contacto con sus compañeros, además de que no participará de entrenamientos y partidos.

En esta misma línea, Independiente se puso de manera automática a disposición de la Justicia para continuar con la investigación de los sucesos que denunció su ex pareja durante el último fin de semana.

Cabe recordar que el jugador quedó apartado por la cláusula que figura en su vínculo contractual: los jugadores que firman contrato con Independiente tienen este ítem de que el club podrá separarlos en caso de denuncia de violencia de género, en tanto quede demostrado ante la Justicia.

Si la investigación avanza y se comprueba la culpabilidad de Garrido, la entidad de Avellaneda buscará rescindir su vínculo, el cual finaliza en 2028.

En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, declararon este martes dos médicos de la Clínica Olivos y una psiquiatra, en el marco del debate que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro para determinar si existieron responsabilidades penales en la atención médica del exfutbolista.

Uno de los testimonios centrales fue el de Pablo Dimitroff, quien se desempeñaba como director de la Clínica Olivos cuando Maradona fue operado de un hematoma subdural a comienzos de noviembre de 2020. Según recordó, luego de la intervención quirúrgica, el exjugador mostraba una recuperación favorable, aunque insistía con dejar la internación.

“Tras la operación lo vi recuperado, totalmente diferente. Después contó que se quería ir a su casa. Era difícil que entendiera que tenía que estar quieto. Ahí empezaron otros tipos de problemas”, declaró Dimitroff ante los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani.

Durante su declaración, Dimitroff sostuvo que Maradona tenía una postura insistente respecto de su salida de la clínica. “El paciente tenía la idea fija de volver a su casa y que se lo dejara tranquilo”, señaló.

El médico explicó que, durante la internación, el cuadro se volvió complejo por episodios de excitación psicomotriz y por la necesidad de administrarle medicación sedante y anticonvulsionante. También indicó que la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las acusadas en el juicio, había vinculado esa situación con un posible cuadro de abstinencia alcohólica: “El 5 de noviembre hubo un evento importante que obligó una sedación más profunda. Se lo mantuvo sedado y por momentos tuvo momentos de excitación psicomotriz. No era sencillo”, sostuvo el exdirector de la clínica.

Según relató, hasta el final de la internación, el 11 de noviembre, el control del paciente fue una de las principales dificultades. “Hubo momentos en que era difícil tener controlado al paciente, se sacó varias veces el acceso venoso, hubo que darle medicación sedante, anticonvulsionante, en dosis importantes”, afirmó.

Dimitroff indicó que, ante ese escenario, consideraban que Maradona necesitaba continuar con una rehabilitación motriz y un proceso de desintoxicación del consumo de sustancias, por lo que el domicilio no parecía ser el lugar adecuado para seguir el tratamiento.

De acuerdo con su testimonio, la posición de Swiss Medical era que el exfutbolista continuara su recuperación en un centro de rehabilitación de tercer nivel. Sin embargo, dijo que esa alternativa requería el aval del propio paciente.

“El equipo médico tratante decidió llevarse a Maradona a su casa. Lo propusieron. Eran Leopoldo Luque y Agustina Cosachov”, afirmó Dimitroff.

El testigo agregó que las condiciones planteadas para esa salida “no correspondían a la figura de internación domiciliaria”, sino a un esquema de cuidados domiciliarios.

Antes de finalizar, Dimitroff sostuvo que, durante los días de monitoreo en la clínica, el corazón de Maradona funcionaba con normalidad. “Al momento de la internación y externación no estaba en insuficiencia cardíaca”, declaró.

La audiencia también contó con la declaración del neurocirujano Pablo Rubino, quien participó de la operación a la que fue sometido Maradona. El médico explicó que, tras ver una imagen del hematoma en el teléfono celular de Leopoldo Luque, se decidió realizar una nueva tomografía.

El estudio confirmó la presencia de un hematoma subdural crónico de 14 milímetros, con un desplazamiento cerebral de seis milímetros.

Rubino explicó que, de acuerdo con la literatura médica, a partir de los diez milímetros se recomienda evacuar este tipo de hematomas, ya que pueden evolucionar y generar complicaciones. También indicó que, cuando existe un desplazamiento cerebral superior a los cinco milímetros, la cirugía suele estar indicada.

Además, declaró la psiquiatra Marcela Waisman, quien contó que fue dos veces a la Clínica Olivos, aunque no llegó a ver personalmente a Maradona. Según explicó, mantuvo contacto con Cosachov y señaló que la profesional mostraba angustia por la exposición del caso.

Waisman también remarcó que, en términos médicos, era una práctica adecuada consultar a otro colega y sostuvo que la autonomía y la voluntad del paciente debían ser respetadas.

El juicio continuará el jueves con nuevas declaraciones testimoniales, mientras el tribunal busca reconstruir las decisiones médicas adoptadas durante los días previos a la muerte de Maradona.

Una importante presencia policial sorprendió este domingo al ambiente del automovilismo argentino durante la actividad oficial en el Autódromo Roberto Mouras. En pleno desarrollo de las competencias de TC Pick Up, TC Pista Pick Up, TC Mouras y TC Pista Mouras, efectivos de la Policía Federal Argentina realizaron un allanamiento dentro del predio por orden judicial.

El procedimiento fue encabezado por agentes de la PFA bajo instrucciones del Juzgado de Garantías N°5 de La Plata y estuvo relacionado con una investigación por presuntas irregularidades en las habilitaciones del circuito platense.

Según trascendió, entre 50 y 70 efectivos participaron del operativo mientras continuaba la programación deportiva en pista, en una escena que generó sorpresa y tensión dentro del autódromo.

La inspección judicial se suma a una serie de controles y allanamientos que vienen desarrollándose desde finales de 2025 tanto por parte de la Policía Federal como de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), en medio de un contexto judicial cada vez más complejo alrededor de la conducción de la Asociación Corredores Turismo Carretera.

La causa que involucra a Hugo y Gastón Mazzacane

El operativo en La Plata aparece además conectado con la investigación judicial que involucra a Hugo Mazzacane y Gastón Mazzacane, presidente y vicepresidente de la ACTC respectivamente.

Semanas atrás, la Justicia había allanado también la sede central de la entidad automovilística en el marco de una causa por presunta evasión fiscal y defraudación al Estado.

La investigación se originó tras una denuncia presentada por ARCA en La Plata, luego de detectar inconsistencias en declaraciones fiscales correspondientes al período 2021-2024. A partir de allí, la fiscal federal Laura Roteta avanzó sobre el entramado empresarial vinculado a los dirigentes.

De acuerdo con la causa, la Justicia sospecha de un esquema de vaciamiento patrimonial sostenido durante años para dificultar el pago de impuestos y ocultar movimientos financieros.

Las maniobras investigadas alcanzarían cifras cercanas a los 4.000 millones de pesos y estarían relacionadas con operaciones realizadas a través de la firma Quilmes Tolosa S.A., distribuidora de bebidas perteneciente al grupo empresario investigado.

Entre los elementos bajo análisis aparecen ventas no registradas, presuntas maniobras de evasión tributaria y transferencias de bienes entre distintas empresas vinculadas.

Como parte de las medidas cautelares dispuestas por la Justicia Federal, Hugo y Gastón Mazzacane fueron procesados y además sufrieron el embargo de aproximadamente 100 vehículos, siete inmuebles y once cuentas bancarias.

Mientras continúa el avance de la investigación, el operativo realizado este domingo en el autódromo platense volvió a poner bajo la lupa a la ACTC y profundizó el impacto institucional dentro del automovilismo nacional.

Delfina “Fini” Lanusse, la médica residente de anestesiología procesada en la denominada causa “Propofest”, realizó un breve descargo público luego de más de un mes del avance judicial en su contra y aseguró que confía en que su situación se esclarecerá con el tiempo.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Lanusse sostuvo que “las cosas se van a aclarar” y afirmó que la Justicia se encuentra trabajando en el caso.

Sin brindar detalles específicos sobre la acusación, explicó que por el momento no puede hacer declaraciones profundas, aunque remarcó su confianza en el proceso judicial. Minutos después, borró el video.

"En realidad este video es para agradecer a la gente que estuvo cerca, a quienes me escribieron con respeto, me escucharon y no me soltaron la mano en un momento muy difícil de mi vida, personal, profesional", expresó.

Y en ese sentido, indicó: "Intento apoyarme en mi familia, la gente que me quiere, mis amigos, lo que soy, lo que construí estos años. El amor por mi profesión que es muy grande y (quiero) volver a encontrarme conmigo misma después de todo lo que se ha dicho".

La joven fue procesada junto al anestesista Hernán Boveri en una investigación que analiza el presunto robo de propofol del Hospital Italiano, sustancia que habría sido utilizada en encuentros privados conocidos mediáticamente como “Propofest”. Además del procesamiento, la Justicia dispuso un embargo superior a los 30 millones de pesos sobre sus bienes.

Mientras su defensa insiste en que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación y busca revertir las medidas judiciales, el caso continúa generando fuerte repercusión por la combinación de presuntas irregularidades médicas, consumo de sustancias controladas y la muerte de un anestesista vinculada al expediente. La investigación sigue en curso y podría sumar nuevas definiciones en las próximas semanas

El Hospital Italiano y la Asociación Argentina de Anestesistas de Buenos Aires (AAARBA) radicaron dos denuncias por la sustracción de fármacos para consumo personal, que fueron unificadas.

La investigación está en manos del juez Javier Sánchez Sarmiento, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48, y del fiscal Lucio Herrera, de la Fiscalía N° 29, donde ya procesaron a Delfina Lanusse y Hernán Boveri.

De acuerdo a los denunciantes, Lanusse habría tenido un vínculo personal con Zalazar, con quien presuntamente consumió propofol y fentanilo sustraído del Hospital Italiano.

Por su parte, Boveri negó los hechos en la Justicia, denunció presiones de la AAARBA en una reunión que calificó como irregular y el Hospital Italiano presentó un documento en el que informó no haber detectado faltantes de stock en una auditoría interna.

En el marco de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni, su esposa, Bettina Angeletti, rompió el silencio en su cuenta de Instagram tras un periodo de inactividad coincidente con el estallido del denominado "Adorni gate". La coach ontológica compartió una reflexión centrada en la evolución personal y la importancia de cerrar etapas para poder avanzar.

Bajo el encabezado “Para avanzar, siempre hay que dejar algo atrás”, Angeletti sostuvo que “evolucionar es despedirse” y agregó: “No porque esté mal ni porque haya sido un error, sino porque ya cumplió su misión”. Señaló que ciertas decisiones, formas de pensar y versiones de nosotros mismos fueron necesarias para llegar hasta el presente, pero que no todo lo que condujo hasta este punto garantizará el paso al siguiente.

En otra parte de su publicación, la coach enfatizó que madurar requiere reconocer cuándo algo ya no es suficiente y que crecer implica aceptar que evolucionar también es despedirse. Aclaró que soltar no es perder, sino habilitar espacio para lo nuevo, y concluyó que “cada elección abre posibilidades, pero también cierra otras. Y en esa tensión es donde sucede el crecimiento”.

Angeletti se había mantenido alejada de las redes sociales desde que trascendió su participación en el viaje oficial a Nueva York el pasado 8 de marzo. La reflexión coincide con otras aristas que la colocan bajo el foco público, como su rol como titular en la escritura de la propiedad adquirida en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, realizada en noviembre de 2024. Además, la diputada Marcela Pagano solicitó a la Justicia investigar si la consultora de Angeletti —creada el mismo año— obtuvo beneficios mediante contratos con privados que prestaban servicios a empresas estatales, entre ellas YPF.

La investigación por presunto abuso sexual contra un entrenador de boxeo de Estudiantes de La Plata sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. El acusado, de 47 años, se presentó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17 de La Plata acompañado por sus abogados defensores, con el objetivo de acelerar el proceso judicial.

Ante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, el imputado se puso a disposición y delineó su estrategia: buscará presentar alrededor de 50 testigos, entre ellos mujeres, para respaldar su versión de los hechos y cuestionar la denuncia realizada por la familia de una joven de 20 años.

Fuentes judiciales confirmaron que la causa se encuentra en una fase preliminar. En ese marco, la fiscalía ya dispuso una serie de medidas probatorias que permitirán avanzar en la recolección de pruebas y en la evaluación de las distintas hipótesis.

El proceso se encamina ahora a una instancia clave: la confrontación de versiones entre la acusación, sostenida por la denunciante y el Ministerio Público Fiscal, y la defensa del acusado, que sostiene su inocencia.

COMUNICADO OFICIALEl Club Estudiantes de La Plata informa que, ante la denuncia contra un trabajador de la institución por violencia de género radicada ante la Justicia, se desplegaron de manera inmediata todas las herramientas institucionales para acompañar a la denunciante y…

Desde el club Estudiantes de La Plata emitieron un comunicado oficial en el que informaron las acciones adoptadas tras conocerse la denuncia. La institución aseguró que activó de inmediato su Protocolo de Prevención e Intervención ante situaciones de violencia de género.

Entre las medidas, se dispuso la intervención del Área de Género y Diversidad y la suspensión preventiva del entrenador denunciado, con el objetivo de resguardar a la denunciante, garantizar el desarrollo del proceso judicial y mantener un entorno seguro dentro del club.

Asimismo, la dirigencia remarcó que no brindará mayores detalles sobre el caso para preservar la confidencialidad y evitar la revictimización, e instó a los medios y a la comunidad a actuar con responsabilidad en el tratamiento de la información.

La causa avanza bajo reserva y con las primeras diligencias en marcha. Mientras la Justicia reúne pruebas para esclarecer lo sucedido, la defensa del acusado busca sostener su postura con testigos y el club mantiene medidas preventivas, en un caso que vuelve a poner el foco en la importancia de los protocolos institucionales y el abordaje responsable de denuncias de este tipo.

La investigación por una presunta red de prostitución y consumo de drogas en ambientes exclusivos de Italia sumó un nuevo capítulo con la declaración de los principales acusados. Se trata de los empresarios Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, responsables de la firma MADE Luxury Concierge, quienes rechazaron las imputaciones en sede judicial.

La indagatoria se llevó a cabo ante la jueza Chiara Valori en Milán. Allí, ambos sostuvieron que su actividad empresarial se limitaba a la organización de eventos y experiencias exclusivas para clientes de alto poder adquisitivo. Su abogado, Marco Martini, aseguró que sus defendidos brindaron explicaciones “precisas y técnicas” y denunció que fueron víctimas de una “campaña mediática destructiva”.

El modelo de negocio bajo la lupaSegún la Fiscalía de Milán, la empresa ofrecía paquetes premium que incluían organización integral de fiestas privadas, presencia de modelos y servicios personalizados. Los costos variaban según el nivel de exclusividad: una mesa para cinco personas podía alcanzar los 10.000 euros.

De acuerdo a la investigación, parte de esos ingresos quedaba en manos de los organizadores, mientras que el resto se distribuía entre las mujeres que participaban en los eventos. Los pagos, según consta en el expediente, oscilaban entre 70 y 100 euros por noche.

Sin embargo, la defensa negó la existencia de una estructura de prostitución organizada. “El personal era contratado y pagado por terceros”, sostuvo Martini, quien además remarcó que sus clientes desarrollaron un negocio legítimo dentro del segmento del lujo. “Para ese tipo de clientes, gastar miles de euros en una noche es tan normal como ir al mercado”, afirmó.

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Vínculos con deportistas y figuras públicasUno de los aspectos más sensibles del caso es la presunta participación de deportistas de alto nivel como clientes habituales. En la investigación aparecen mencionados nombres de futbolistas europeos e incluso un piloto de Fórmula 1, aunque la Justicia mantiene bajo reserva sus identidades y no confirmó responsabilidades.

El expediente también detalla un sistema de captación de jóvenes, muchas de ellas estudiantes, que eran seleccionadas mediante catálogos con fotos, perfiles en redes sociales y tarifas. Algunas declaraciones incluidas en la causa apuntan a situaciones de abuso y pagos irregulares, lo que agrava el cuadro judicial.

Medidas judiciales y próximos pasosEn el marco de la causa, la Justicia dispuso el arresto domiciliario de los acusados y el secuestro preventivo de aproximadamente 1,2 millones de euros, dinero que se investiga por su posible origen ilícito.

La defensa anunció que apelará estas medidas y cuestionó la falta de pruebas sobre la existencia de fondos no declarados en el exterior. Mientras tanto, otros implicados en la causa optaron por no declarar.

El caso continúa en etapa de investigación y promete nuevos avances en las próximas semanas, en un expediente que expone el funcionamiento de los circuitos de lujo en la noche milanesa y su posible conexión con actividades ilegales.

A casi un año de la muerte de Camilo Nuin, el joven de 18 años que falleció durante una operación de ligamentos cruzados, su familia volvió a exigir justicia y denunció la falta de avances concretos en la investigación.

El hecho ocurrió en junio de 2025 en una clínica de Adrogué y generó un fuerte impacto en el ambiente del fútbol argentino, ya que se trataba de una intervención considerada habitual en deportistas de alto rendimiento.

El reclamo de la familiaAna, madre del futbolista, expresó su dolor y cuestionó la falta de información sobre lo sucedido. “Llevé a mi hijo a una operación de rutina y no salió con vida”, sostuvo en declaraciones televisivas.

Según relató, la familia nunca recibió explicaciones claras por parte del equipo médico. “No tenemos respuestas. Nadie se comunicó con nosotros desde la clínica”, afirmó.

Además, recordó el momento en que les informaron el fallecimiento: “El cirujano dijo que algo se había complicado y después el anestesista nos confirmó la muerte sin darnos detalles. Seguimos preguntándonos qué pasó”.

Dudas sobre el procedimiento médicoLa familia apunta a una posible mala praxis y sostiene que el joven se encontraba en perfecto estado de salud. “Era un chico sano, con controles médicos al día, capitán de la reserva y con una carrera en crecimiento”, remarcaron.

En ese sentido, también revelaron que el anestesista involucrado había tenido antecedentes judiciales vinculados a un caso similar en la misma institución. Según indicaron, incluso habría sido cuestionada su especialización en el área.

Pericias y avance de la causaEl expediente judicial continúa bajo análisis. En una junta médica realizada en marzo, los peritos determinaron como causa de muerte un “paro cardiorrespiratorio no traumático”. Sin embargo, para la familia, esa conclusión resulta insuficiente.

“Eso no explica qué ocurrió en el quirófano. Creemos que hay responsabilidades que deben investigarse”, señaló la madre.

Convocatoria a movilizaciónAnte la falta de respuestas, familiares y allegados convocaron a una movilización para este viernes a las 10 de la mañana frente a la Clínica Espora, en Adrogué. Luego, se dirigirán a la fiscalía de Lomas de Zamora.

“El resultado fue evitable. Hay una cadena de responsabilidades que empieza en el club y termina en la fiscalía”, afirmaron, en reclamo de avances concretos en la causa.San Telmo, institución en la que Nuin se desempeñaba como capitán de la reserva, lo homenajeó en reiteradas oportunidades. Su muerte dejó una profunda marca en compañeros, cuerpo técnico y dirigentes.

La causa judicial que investiga por presunto enriquecimiento ilícito al vocero presidencial Manuel Adorni sumó este miércoles un dato clave: el testimonio de Pablo Martín Feijoo, quien confirmó que existió un acuerdo de pago adicional de 65.000 dólares por fuera de la escritura en la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.

La declaración se realizó ante el fiscal Gerardo Pollicita y se extendió durante aproximadamente dos horas. Según fuentes judiciales, Feijoo —hijo de una de las vendedoras del inmueble— explicó que ese monto correspondía a refacciones realizadas en la propiedad y que fue pactado con el funcionario para ser abonado posteriormente.

Un acuerdo por fuera de la operación formal

De acuerdo a lo expuesto, el departamento fue vendido por un valor de 230.000 dólares. Sin embargo, Feijoo indicó que había invertido unos 65.000 dólares en mejoras del inmueble, suma que —según su testimonio— acordó recuperar “por afuera” cuando Adorni lograra vender otra propiedad.

El esquema de pago también está bajo análisis judicial: el funcionario habría entregado un anticipo de 30.000 dólares, mientras que el resto —cerca del 87% del total— fue financiado a un año mediante una hipoteca sin intereses, una modalidad considerada poco habitual en operaciones de este tipo.

Cómo se gestó la operación

La propiedad había sido adquirida previamente por las vendedoras a un valor menor y luego puesta en venta. Feijoo fue quien intervino en la negociación y sostuvo que inicialmente había solicitado un precio superior, pero que finalmente aceptó una cifra menor.

En su declaración, el testigo también mencionó que la relación personal con Adorni —vinculada al ámbito escolar de sus hijos— influyó en la confianza para concretar la operación bajo esas condiciones.

Además, indicó que una de las razones para cerrar el negocio fue la posibilidad de vincularse comercialmente con “gente importante”, lo que, según su planteo, justificó la reducción del precio original.

Próximas medidas judiciales

La investigación continuará en las próximas semanas con nuevas declaraciones. Está prevista la comparecencia de otros involucrados, entre ellos personas vinculadas a la propiedad y a obras realizadas en otro inmueble del funcionario.

La causa busca determinar si existieron irregularidades en la operación inmobiliaria y si los montos declarados se corresponden con los movimientos patrimoniales del funcionario.

Un nuevo giro se produjo en la causa por presunto lavado de activos que involucra a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino. La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió apartar al juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, quien estaba a cargo del expediente y debía resolver la situación procesal de los dirigentes Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

La decisión se tomó tras una recusación presentada por el fiscal federal Pedro Eugenio Simón, quien planteó la existencia de un posible conflicto de intereses. Según expuso, la hija del magistrado habría realizado una operación inmobiliaria con un familiar directo de Toviggino, vínculo que forma parte de la investigación en curso.

El planteo fue avalado por la jueza Marina Cossio, integrante de la Cámara, quien consideró que correspondía apartar al magistrado para garantizar la imparcialidad del proceso. De esta manera, la causa deberá ser reasignada a otro juez federal, en un momento clave de la investigación.

Argibay tenía bajo su órbita la definición sobre las indagatorias y eventuales detenciones solicitadas por la fiscalía para Tapia, presidente de la AFA, y Toviggino, tesorero de la entidad, en el marco de una pesquisa por presuntas maniobras financieras irregulares.

Fuentes judiciales señalaron que el expediente demandó meses de trabajo, con análisis de documentación proveniente de entidades bancarias, organismos estatales y reportes financieros. El volumen de pruebas recolectadas refleja la complejidad de una investigación que se encuentra en una etapa determinante.

En este contexto, la causa podría quedar en manos del juez federal Guillermo Molinari, aunque no se descarta la intervención de otros magistrados en caso de nuevas excusaciones.

El apartamiento de Argibay introduce un nuevo elemento de incertidumbre en un expediente que ya tiene fuerte repercusión mediática y política dentro del fútbol argentino. Mientras la Justicia avanza, el foco sigue puesto en las decisiones que puedan adoptarse en torno a los principales dirigentes de la AFA.

El  juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, procesó al piloto de Turismo Carretera Gastón Mazzacane, a su padre Hugo Héctor Mazzacane —presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera— y a otros empresarios en una causa por evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta.

Según la investigación, los imputados habrían desarrollado un esquema destinado a ocultar ingresos y evitar el pago de impuestos mediante la utilización de sociedades vinculadas, operaciones en efectivo y una contabilidad paralela. El objetivo, de acuerdo al expediente, habría sido generar una aparente insolvencia para frustrar el cobro de las obligaciones por parte del Estado.

La causa involucra a varios integrantes del grupo económico, entre ellos Liliana Mónica Videla, Juan Manuel Mazzacane y Eduardo David Gómez, además de firmas como Quilmes Tolosa S.A., CEAGA S.A., Maverick S.A. y MDNAJMM S.A..

El monto investigado supera los 5.500 millones de pesos correspondientes al período 2021–2023, y asciende a más de 8.000 millones si se incluye 2024. Según estimaciones oficiales, el perjuicio al fisco rondaría los $3.965 millones.

La causa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que detectó presuntas irregularidades en el cumplimiento de obligaciones tributarias y movimientos patrimoniales sospechosos.

Cómo operaba el presunto esquema

La investigación, encabezada por la fiscal federal María Laura Roteta, permitió reconstruir el funcionamiento del grupo empresario. Según el Ministerio Público Fiscal, se detectaron circuitos de ventas no registradas, desvío de fondos y transferencia de activos hacia otras sociedades del mismo entramado.

Entre las maniobras señaladas figuran el uso de estructuras paralelas para continuar la actividad comercial, el traspaso de bienes para evitar embargos y el vaciamiento progresivo de la empresa principal.

Allanamientos y pruebas

Durante la pesquisa se realizaron allanamientos en domicilios particulares y sedes comerciales, donde se secuestró documentación contable y financiera, además de dinero en efectivo. Los procedimientos contaron con la participación de la Policía Federal Argentina, a través de su división especializada en lavado de activos.

De acuerdo con la acusación, las maniobras se habrían desarrollado durante al menos una década, entre 2014 y 2024, con el objetivo de evadir tributos y obstaculizar la acción del Estado para cobrar la deuda fiscal.

El caso del futbolista argentino Emiliano Sala llegó a su resolución final luego de siete años. Este lunes, el Tribunal Mercantil de Nantes dictó sentencia en la disputa económica entre el Cardiff City y el FC Nantes, y determinó que el club galés deberá indemnizar a la institución francesa con 480.000 euros.

El fallo marca el cierre de un largo conflicto judicial que se inició tras la muerte del delantero, ocurrida el 21 de enero de 2019 en un accidente aéreo sobre el Canal de la Mancha, cuando viajaba para incorporarse a su nuevo equipo. El pase desde Nantes a Cardiff se había concretado por 17 millones de euros, aunque el jugador nunca llegó a debutar.

En 2023, el Cardiff había impulsado una demanda ante la Justicia francesa en la que reclamaba una indemnización millonaria por pérdidas económicas derivadas de la tragedia. El club británico argumentaba que el Tribunal de Arbitraje Deportivo ya había considerado válido el traspaso, pero señalaba responsabilidades en la organización del vuelo privado.

En ese marco, apuntaron a la intervención del agente Willie McKay y sostuvieron que la logística del viaje fue determinante en el desenlace fatal. Incluso, el Cardiff llegó a reclamar 122 millones de euros en concepto de daños, basando su cálculo en el rendimiento deportivo que el delantero podría haber aportado al equipo.

Sin embargo, la resolución judicial fue en sentido contrario a sus pretensiones. El tribunal rechazó el reclamo del club galés y estableció que deberá compensar al Nantes, poniendo fin a una de las disputas más prolongadas y sensibles del fútbol internacional reciente.

Durante la audiencia estuvo presente la madre del futbolista, en una jornada cargada de emoción que marcó el cierre formal de una causa que conmovió al mundo del deporte.

El último mensaje antes del accidente

Horas antes del trágico desenlace, Sala había enviado un audio a sus amigos en el que expresaba temor por el vuelo que lo trasladaba a su nuevo destino. En ese mensaje, el delantero advertía sobre el estado de la aeronave y dejaba entrever su inquietud.

“Estoy acá arriba del avión, que parece que se está por caer a pedazos”, decía en uno de los fragmentos más impactantes. Incluso, llegó a manifestar su miedo ante la posibilidad de que algo sucediera durante el trayecto.

El fallo judicial pone punto final a un conflicto que atravesó lo deportivo y lo humano, y que mantuvo en vilo durante años a dos clubes y a la familia de Emiliano Sala, cuya historia sigue generando conmoción.

Un nuevo capítulo sacude al arbitraje del fútbol argentino tras la difusión de supuestos chats que involucran a Juan Pablo Beacon y al árbitro Fernando Espinoza, en el marco de una investigación que también alcanza a la estructura de la AFA.

El material, dado a conocer en LN+, haría referencia a una jugada puntual del partido entre Racing Club y Arsenal de Sarandí disputado en 2021, encuentro que ahora vuelve a quedar bajo sospecha.

Los mensajes forman parte de una causa que se encuentra en manos del juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, quienes analizan conversaciones que habrían sido extraídas del teléfono de Beacon, ex colaborador cercano de Pablo Toviggino.

Dentro del expediente también aparecen menciones a un presunto reparto de dinero destinado a árbitros, con referencias al director nacional de arbitraje, Federico Beligoy.

Antecedentes y nuevas sospechas

El caso tomó mayor dimensión días atrás, cuando también se difundieron chats atribuidos a Beacon y al árbitro Luis Lobo Medina, vinculados a un partido entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero por la Primera Nacional 2021.

Aquella revelación generó fuerte polémica por presuntos arreglos arbitrales y pagos irregulares, lo que ahora se ve reforzado con la aparición de nuevos intercambios.

En este contexto, el encuentro entre Racing y Arsenal —disputado el 18 de abril de 2021 y dirigido por Espinoza— vuelve a estar en el centro de la escena, tras la filtración de conversaciones que lo mencionan.

Sin confirmación judicial definitiva

Por el momento, no existe una validación judicial concluyente sobre el contenido total de los chats difundidos, por lo que el caso continúa en etapa de investigación.

Sin embargo, la aparición de estos nuevos elementos profundiza las dudas sobre el funcionamiento del sistema arbitral argentino y su posible vínculo con sectores dirigenciales, en un escándalo que sigue creciendo y podría tener nuevas derivaciones en los próximos días.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió suspender el avance del proceso de discovery en la causa por la expropiación de YPF, en una decisión que representa un alivio para la estrategia judicial argentina.

La medida también alcanza a audiencias probatorias, pedidos de documentación y posibles sanciones vinculadas a esa etapa, que estaba en curso tras la sentencia de primera instancia.

El fallo no cierra la causa ni modifica la condena existente, pero sí congela una fase sensible del expediente mientras el tribunal analiza la apelación presentada por el Estado argentino.

En términos concretos, la resolución evita —al menos por ahora— que los demandantes avancen sobre información, activos o bienes argentinos en el marco de la ejecución de la sentencia.

El pedido de suspensión había sido impulsado por la Procuración del Tesoro y contó con un respaldo clave: el Departamento de Justicia de Estados Unidos acompañó formalmente la postura argentina.

Ese apoyo fue considerado relevante por la Cámara al momento de decidir frenar el proceso, al entender que el discovery podía resultar intrusivo y desproporcionado en esta instancia.

El litigio se originó tras la expropiación de YPF en 2012 y derivó en una sentencia de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar USD 16.100 millones a los fondos Petersen Energía Inversora y Eton Park.

El Estado argentino sostiene que la causa no debería tramitarse en tribunales estadounidenses, sino bajo legislación local.

Con esta decisión, el foco vuelve a estar en la apelación de fondo, que deberá definir si la sentencia se confirma, modifica o revoca.

Si bien no hay plazos definidos, el fallo de la Cámara representa una pausa estratégica en un caso de alto impacto político, económico y jurídico para el país.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio 'Chiqui' Tapia, declarará este jueves a las 12 en los tribunales del fuero Penal Económico en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la retención de impuestos y aportes de seguridad social vinculados al fútbol argentino.

La indagatoria se realizará ante el juez Diego Amarante y forma parte de un expediente que también involucra a otros dirigentes de la entidad que conduce el fútbol nacional.

Un día antes, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, se presentó ante el magistrado y entregó un escrito en el marco de la misma investigación.

La investigación judicial

La causa apunta a determinar si existió apropiación indebida de retenciones impositivas y aportes previsionales correspondientes al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Según la investigación, el monto bajo análisis supera los 19.353 millones de pesos, lo que generó un fuerte impacto tanto en el ámbito deportivo como en el político.

En este contexto, la defensa de Tapia había solicitado que se declarara la nulidad de la citación a declaración indagatoria, planteo que finalmente fue rechazado por el magistrado.

Dentro de las medidas adoptadas en la causa, el juez Amarante dispuso inicialmente la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino.Sin embargo, posteriormente se autorizó al presidente de la AFA a viajar al exterior debido a compromisos institucionales vinculados al fútbol internacional.

El trasfondo político y deportivo

La investigación se desarrolla en medio de un clima de tensión entre el Gobierno nacional y la dirigencia del fútbol argentino, especialmente por el debate sobre la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

La iniciativa es impulsada por la administración del presidente Javier Milei, mientras que la conducción de la AFA, encabezada por Tapia, manifestó públicamente su rechazo.

En ese marco, el último fin de semana se registró un paro del fútbol en distintas categorías, promovido por clubes y dirigentes en respaldo a la entidad madre del fútbol argentino.

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, fue indagado este miércoles por el juez en lo penal económico Diego Amarante en el marco de la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes impositivos y previsionales por parte de la entidad que conduce el fútbol argentino.

La declaración se realizó en los tribunales ubicados en la avenida de los Inmigrantes al 1900, en la ciudad de Buenos Aires, donde el dirigente ingresó cerca de las 11 acompañado por su abogado defensor, Marcelo Rocchetti.

Durante la audiencia, Toviggino optó por presentar un escrito ante el magistrado y decidió no responder preguntas. La indagatoria se extendió por poco más de una hora y concluyó alrededor del mediodía. Al salir del edificio judicial, el dirigente evitó realizar declaraciones a la prensa y se retiró en un vehículo que lo esperaba en la puerta.

Un fuerte operativo de seguridad

La llegada del dirigente estuvo marcada por un despliegue de seguridad inusual en esa sede judicial. Efectivos policiales custodiaron el ingreso principal del edificio y se dispuso un operativo especial dentro del hall central.

Incluso uno de los ascensores destinados al público fue reservado durante varios minutos para permitir el traslado del dirigente hasta el segundo piso, donde funciona el juzgado que lleva adelante la investigación.

Quienes intentaron utilizar ese elevador fueron derivados a otros sectores del edificio mientras se desarrollaba el procedimiento. Además, se dispusieron agentes en las inmediaciones del juzgado para reforzar la custodia durante la audiencia.

El intento fallido de declarar por videoconferencia

Antes de la indagatoria, la defensa de Toviggino había solicitado que la declaración se realizara de manera virtual mediante una videoconferencia. El planteo se basó en cuestiones de seguridad y en la intención de evitar una exposición pública del dirigente.

Sin embargo, el juez Amarante rechazó el pedido y esa decisión fue posteriormente confirmada por la Cámara en lo Penal Económico, por lo que el tesorero de la AFA debió presentarse personalmente ante el tribunal.

Un mensaje en redes antes de declarar

Horas antes de ingresar al tribunal, Toviggino publicó un mensaje en la red social X en el que compartió una reflexión atribuida al Papa Francisco.

En el posteo, el dirigente citó una frase vinculada a la resiliencia y la búsqueda de la verdad:

“Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos o cuando confiamos en quien no debíamos. Pero la caída no define nuestra historia; lo que realmente la define es la decisión que tomamos después”.

De qué se lo acusa

La investigación judicial se inició a partir de una denuncia del organismo recaudador ARCA, que actúa como querellante en el expediente.

La causa apunta a una presunta falta de pago de retenciones correspondientes al Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según la acusación, el monto involucrado alcanzaría al menos 19.000 millones de pesos.

En el mismo expediente también está imputado el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien fue citado a declarar este jueves.

Tras completar la ronda de indagatorias, el juez Amarante quedará en condiciones de resolver la situación procesal de los acusados, mientras que la Cámara en lo Penal Económico deberá decidir si la investigación continúa o si se archiva el caso por inexistencia de delito, tal como sostiene la defensa de los dirigentes. 

La situación procesal de Morena Rial (26) dio un vuelco definitivo este martes 10 de marzo. Tras permanecer 150 días privada de su libertad en la Unidad Penitenciaria 51 de Mujeres de Magdalena, la joven recibió la noticia que tanto esperaba: la Justicia le concedió la prisión domiciliaria. La medida, confirmada por su abogado Martín Leiro, permitirá que la hija del histórico conductor de "Intrusos" abandone el régimen de encierro común para pasar a un monitoreo mediante tobillera electrónica.

Uno de los puntos clave para que los jueces de la Cámara de Casación bonaerense accedieran al pedido de la defensa fue el compromiso formal presentado por su padre, Jorge Rial, y su hermana Rocío. El periodista, quien mantuvo una relación fluctuante con su hija mayor en los últimos años, asumió la responsabilidad de garantizar las condiciones necesarias para que Morena cumpla con la detención en una vivienda familiar.

Según trascendió desde el entorno judicial, el escrito presentado por el conductor fue fundamental para asegurar que la imputada no incurra en nuevos incumplimientos, motivo por el cual se le había revocado la excarcelación meses atrás.

La resolución judicial no solo se basó en el respaldo familiar, sino primordialmente en el bienestar de Amadeo, el hijo menor de Morena. El pequeño se encontraba al cuidado de su abuelo y su tía mientras su madre cumplía la detención. La defensa argumentó con éxito que la separación prolongada estaba afectando el desarrollo del niño y la estabilidad emocional de la joven.

"Cuando la llamé estaba llorando de felicidad. No pudimos hablar mucho por el grado de emoción que tiene al saber que volverá a estar con su hijo", relató su abogado tras notificarse del fallo. Cabe recordar que su hijo mayor, Francesco Benicio, reside actualmente en Córdoba con su padre, Facundo Ambrosioni.

Morena Rial está procesada como presunta integrante de una organización delictiva dedicada a desvalijar viviendas en el Conurbano bonaerense, específicamente en la zona de Villa Adelina. Si bien la investigación continúa y la elevación a juicio oral es inminente, la Justicia valoró un "cambio de actitud" en la joven durante su estadía en Magdalena.

Durante su tiempo en prisión, Morena se desempeñó en tareas administrativas y colaboró en la biblioteca del penal, mostrando una conducta que los magistrados consideraron favorable para otorgarle este beneficio, siempre bajo un estricto monitoreo electrónico y la prohibición de salida sin autorización judicial.

La salida de Morena Rial de la cárcel de Magdalena marca el fin de uno de los capítulos más oscuros en la vida de la mediática, pero no el fin de sus problemas legales. Ahora, desde la comodidad de un hogar pero bajo la sombra de una tobillera, deberá enfrentar el proceso penal que determinará su culpabilidad o inocencia. La mirada de la sociedad, y especialmente de la Justicia, estará puesta en su capacidad para respetar las reglas que hoy le devolvieron la posibilidad de abrazar a sus hijos.

El Litoral

La investigación judicial que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino sumó este lunes nuevas declaraciones. Los dirigentes Cristian Malaspina y Víctor Blanco solicitaron ser sobreseídos en la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes impositivos y previsionales por más de $19.300 millones.

Ambos se presentaron ante el juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico, donde entregaron escritos de defensa pero optaron por no responder preguntas durante la indagatoria.

La defensa de Víctor Blanco

Blanco, expresidente de Racing Club y exsecretario general de la AFA, fue el primero en declarar. En el documento presentado ante la Justicia negó de forma categórica cualquier participación en las maniobras investigadas.

El dirigente sostuvo que nunca tuvo responsabilidades en la gestión tributaria o previsional de la entidad, y remarcó que su rol dentro de la AFA era principalmente institucional y protocolar.En su presentación también argumentó que muchas de las supuestas irregularidades habrían ocurrido después de diciembre de 2024, cuando dejó su cargo dentro de la estructura de la asociación.

Además, aseguró que no intervenía en el cálculo de impuestos, en la retención de aportes ni en la utilización de la clave fiscal utilizada para realizar los pagos al organismo recaudador.

El descargo de Cristian Malaspina

Posteriormente declaró Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y actual secretario general de la AFA, quien también presentó un escrito para rechazar las acusaciones.

El dirigente explicó que, de acuerdo con el estatuto de la AFA, las decisiones relacionadas con la administración y el pago de impuestos no forman parte de las funciones del secretario general.

Malaspina recordó además que asumió el cargo el 3 de abril del año pasado, por lo que —según su defensa— no puede ser responsabilizado por períodos anteriores.

En ese sentido, afirmó que cualquier falta de pago vinculada a los períodos investigados correspondería a decisiones adoptadas antes de su llegada al cargo.

Cómo sigue la causa

La causa investiga la presunta falta de ingreso de retenciones impositivas y aportes de la seguridad social que deberían haber sido depositados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Según la denuncia, los montos retenidos pero no depositados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 ascienden a $19.353.546.843,85.

La ronda de indagatorias continuará esta semana: el miércoles a las 11 de la mañana deberá declarar el tesorero Pablo Toviggino, mientras que el jueves a partir de las 12hs está citado el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, modificó su representación legal y su declaración indagatoria fue postergada una semana. La citación, que estaba prevista para este jueves, se reprogramó para el 12 de marzo por decisión del Juzgado Nacional en lo Penal Económico a cargo de Diego Amarante.

Tapia será ahora representado por el abogado Luis Charro en la causa que lo investiga por presunta retención indebida de aportes y tributos.

La causa y los otros citados

El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por la ARCA (ex AFIP), que señaló posibles irregularidades en el depósito de impuestos y aportes previsionales retenidos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Según la acusación, se investigan 69 hechos independientes por un monto total que supera los $19.353 millones.

Además de Tapia, también fueron citados a indagatoria:

Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Cristian Malaspina, secretario general.

Víctor Blanco, ex secretario general.

Gustavo Lorenzo, director general de la entidad.

La defensa había solicitado previamente la suspensión de la indagatoria al sostener que las deudas reclamadas ya habían sido regularizadas, pero el juez había rechazado ese planteo. El posterior cambio de abogado derivó en la reprogramación.

¿Qué pasa con el paro y el Torneo Apertura?

La postergación vuelve a poner el foco en el calendario del fútbol argentino. La fecha 9 del Torneo Apertura fue suspendida porque coincidía con la citación judicial de Tapia .                  Ahora, la nueva fecha de indagatoria —12 de marzo— se superpone con la jornada 10, que tiene programados cinco encuentros ese día.

Por el momento no hubo una confirmación oficial sobre nuevas modificaciones, pero la reprogramación judicial reaviva la incertidumbre.

Cómo queda el cronograma

Tras la suspensión, la fecha 9 del Apertura se disputará el fin de semana del 3 de mayo, lo que obligará a correr también la instancia de playoffs.

El esquema tentativo quedó establecido de la siguiente manera:

Octavos de final: fin de semana del 10 de mayo.

Cuartos de final: miércoles 14 de mayo.

Semifinales: fin de semana del 17 de mayo.

Final: domingo 24 de mayo.