La Justicia confirmó este lunes el procesamiento y embargo de Matías Morla, exabogado y apoderado de Diego Armando Maradona, en la causa que investiga la presunta apropiación y explotación indebida de los derechos comerciales vinculados a las marcas del exfutbolista, fallecido el 25 de noviembre de 2020.

La resolución también alcanzó a Maximiliano Pomargo, cuñado de Morla; a Sergio Alejandro Garmendia, quien se desempeñó como administrador designado; a la escribana Sandra Iampolsky y a las hermanas del Diez Rita Mabel Maradona y Claudia Nora Maradona, todos ellos imputados en el mismo expediente.

Además, los jueces confirmaron la aplicación de un embargo preventivo por 2.000 millones de pesos. Según detalla el fallo de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, el monto fue calculado teniendo en cuenta las utilidades generadas por la explotación de las marcas de Maradona, la cotización de las divisas, la variación por el paso del tiempo y una eventual indemnización, además de las costas judiciales y honorarios profesionales.

El procesamiento había sido dictado en septiembre de este año, pero tanto Morla como el resto de los involucrados habían presentado apelaciones y recursos con el objetivo de revertir la medida. Finalmente, los magistrados Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Matías Pinto rechazaron esos planteos y ratificaron lo resuelto en primera instancia.

La causa fue iniciada por Dalma y Gianinna Maradona, hijas del exfutbolista, quienes aportaron documentación que incluiría movimientos de dinero en cuentas radicadas en paraísos fiscales. De acuerdo a la investigación, esos fondos estarían vinculados a acuerdos comerciales celebrados bajo la marca de su padre y habrían beneficiado al entorno de Morla.

El expediente vuelve a colocar al abogado en el centro de las sospechas judiciales sobre el entramado económico y legal que rodeó el manejo del legado comercial de Maradona durante sus últimos años de vida. En ese esquema también aparece Pomargo, quien convivía con el exjugador en la casa de Tigre y estuvo presente el día de su fallecimiento.Por su parte, Garmendia figura como uno de los responsables del control de contratos y derechos comerciales, mientras que la inclusión de las hermanas de Maradona en la causa expone la complejidad y los conflictos internos vinculados a la herencia simbólica y económica del ídolo.

En términos legales, Morla, Pomargo y Garmendia quedaron procesados como coautores de los delitos de defraudación y administración fraudulenta, mientras que Rita y Claudia Maradona, junto a Sandra Iampolsky, fueron imputadas como partícipes necesarias en el mismo ilícito. La confirmación del procesamiento profundiza así el conflicto judicial entre los herederos del Diez y el círculo que lo rodeó en la etapa final de su vida.

La jueza Julieta Makintach, suspendida y sometida a un juicio político y a una causa penal por su papel en el debate oral por la muerte de Diego Armando Maradona, rompió el silencio y se defendió de las acusaciones que la dejaron en el centro de uno de los mayores escándalos judiciales de los últimos años.

“Me humillan, me desprestigian y armaron una causa en contra mío para buscar la nulidad del juicio”, declaró la magistrada en una entrevista con Infobae, donde denunció además haber recibido mensajes intimidatorios desde que comenzó a defenderse públicamente.

El juicio oral por la muerte de Maradona, que investigaba las presuntas responsabilidades médicas por el fallecimiento del ídolo en 2020, fue declarado nulo luego de que trascendiera que la jueza Julieta Makintach había participado en el documental “Justicia Divina”, filmado durante el mismo proceso judicial.

La polémica explotó al conocerse las imágenes donde Makintach aparecía en un rol protagónico dentro del film mientras formaba parte del tribunal que debía impartir justicia. El tribunal quedó bajo sospecha y el proceso fue anulado, lo que derivó en una fuerte crisis institucional.

Makintach sostuvo desde el principio que detrás de la nulidad había “otros intereses” y que ella fue utilizada como “chivo expiatorio” para desviar el foco del debate sobre la muerte de Maradona.

En sus declaraciones recientes, la magistrada, que también es profesora universitaria, defendió su accionar: “Todavía tengo fueros y, como conocedora del derecho, sé que no cometí ningún delito”, afirmó.

Sostuvo que no violó ninguna norma y que su participación en el documental no justifica el juicio político en su contra ni las imputaciones penales que hoy enfrenta.

Makintach reveló que debió cambiar de teléfono ante la sospecha de que sus comunicaciones estaban siendo intervenidas y describió la situación de acoso que atraviesa: “Desde que empecé a defenderme contando parte de la verdad, recibo mensajes anónimos que me asustan; buscan coaccionarme para que me calle la boca. Afectan la seguridad y la intimidad emocional de mis hijos y mi familia”.

Estas declaraciones marcaron su primera aparición pública desde la nulidad del juicio y dieron un nuevo tono a la controversia: la jueza afirma sentirse perseguida y bajo presión para guardar silencio.

En medio de la crisis, la jueza presentó su renuncia al gobernador bonaerense Axel Kicillof, con la esperanza de que fuera aceptada y así evitar la destitución. Sin embargo, el mandatario no se pronunció al respecto y el jury de enjuiciamiento continuó adelante.

Hace pocas semanas, los conjueces del tribunal de enjuiciamiento en La Plata aceptaron las acusaciones contra Makintach y abrieron formalmente el juicio político. Este miércoles se realizó la audiencia preliminar y en los próximos días se fijará la fecha de la primera audiencia oral.

Paralelamente, en la UFI N.º1 de San Isidro, la fiscalía que investiga el documental avanzó en la causa penal contra Makintach. Tras la feria judicial, los fiscales Carolina Asprella, José Amallo y Cecilia Chaieb consideraron que existen pruebas suficientes para imputarla por cinco delitos:

Cohecho pasivo

Violación de los deberes de funcionario público

Abuso de autoridad

Malversación de caudales públicos

Peculado de servicios

Por esa razón, elevaron un pedido al procurador bonaerense Julio Conte Grand para que se formalice la destitución de la jueza y así poder indagarla con plenas facultades.

En medio del proceso, el abogado Fernando Burlando, representante de algunos de los testigos que declararon contra Makintach, solicitó medidas de protección para ellos y denunció hostigamiento por parte de la magistrada.

El letrado advirtió que analiza la posibilidad de pedir la detención de Makintach si continúa el acoso hacia quienes colaboran con la investigación.

La magistrada le pidió explicaciones a su esteticista después de que la mujer aportara su testimonio a la causa penal que la investiga. “Nunca imaginé que vos podías hacer algo semejante”, es uno de los mensajes que Julieta Makintach le escribió a su esteticista luego de enterarse de su declaración como testigo en la causa penal.

La mujer le contó a los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo -a cargo del expediente-, que Makintach le había mandado el trailer del documental antes de que se conociera el escándalo y que le había agradecido por su trabajo estético.

Makintach se enteró de sus declaraciones, y comenzó a llamarla y mandarle mensajes pidiéndole explicaciones. Así lo contó la propia mujer este jueves, cuando la justicia de San Isidro la llamó nuevamente a declarar.

Julieta Makintach reiteró que las acusaciones en su contra responden a un plan para desprestigiarla y anular el juicio por la muerte de Maradona.

“Me humillan, me desprestigian y armaron una causa en contra mío para buscar la nulidad del juicio llena de irregularidades e ilicitudes”, subrayó.

Para la jueza, los hechos denunciados no constituyen delito alguno y todo el proceso judicial es parte de una “persecución”.

El punto de partida de la crisis fue el documental “Justicia Divina”, que abordaba el juicio por la muerte del “Diez” y donde Makintach participó mientras presidía el tribunal.

Las imágenes generaron cuestionamientos sobre la imparcialidad y la ética judicial, y derivaron en la nulidad del juicio oral, con un fuerte impacto sobre las familias que buscaban esclarecer las responsabilidades médicas en el fallecimiento de Maradona.

Para Makintach, su presencia en el documental fue “sacada de contexto” y utilizada para montar un caso en su contra.

Hoy, Julieta Makintach enfrenta dos frentes judiciales simultáneos: un juicio político que podría destituirla de su cargo y una causa penal que podría llevarla a enfrentar sanciones más graves.

La jueza insiste en su inocencia y denuncia ser víctima de una campaña de desprestigio, pero el avance de las investigaciones indica que las próximas semanas serán decisivas para su futuro.

a24

Un nuevo peritaje oficial se dio a conocer a pocos días del juicio y establece cuál habría sido la verdadera causa de muerte de Diego Maradona.

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Un nuevo peritaje médico determinó que Diego Maradona falleció aquel 25 de noviembre de 2020 debido a un "paro cardiorrespiratorio secundario a edema agudo de pulmón, provocado por insuficiencia ventricular izquierda en un cuadro agónico de corta duración, estimado en minutos o a lo sumo en pocas horas".

Las conclusiones fueron presentadas por el perito forense Pablo Ferrari, experto oficial de la Suprema Corte Bonaerense en la asesoría pericial de San Isidro. Fue solicitado por los abogados de Leopoldo Luque, Julio Ribas, y de Agustina Cosachov, Vadim Mischanchuk.

Hasta el momento, el único informe sobre la muerte de Maradona era el de la Junta Médica elaborado por la policía científica bonaerense, que había indicado una insuficiencia cardíaca con agonía de hasta 12 horas. Esto llevó a concluir que su muerte fue previsible y que la atención médica fue "deficiente, ineficiente e indiferente".

Basándose en eso, el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, junto con otras seis personas, están acusadas y enfrentarán juicio a partir del próximo 4 de junio por homicidio simple con dolo eventual. Es decir, se considera que sabían que Maradona podría morir y no hicieron nada para evitarlo.

Ahora, este nuevo informe plantea una hipótesis diferente, sugiriendo que no hubo una agonía prolongada sino que la muerte fue súbita.

Según el estudio del forense Ferrari presentado ante el Tribunal Oral Criminal 3 de San Isidro, Maradona sufrió una "arritmia ventricular aguda de origen orgánico o la acción externa de un elemento distinto al natural, no pudiendo descartar la presencia de un tóxico ajeno a las drogas terapéuticas".

El perito señaló que Maradona tenía "antecedentes de consumo"

Además, se denuncia una irregularidad relacionada con las muestras de orina tomadas durante la autopsia de Maradona horas después de su fallecimiento el 25 de noviembre pasado.

Según Ferrari, se extrajeron 300 mililitros de orina para su examen, pero al laboratorio solo llegaron dos tubos con 12 milímetros cada uno, con firmas ilegibles adheridas a ellos. Esto sería insuficiente para realizar los análisis necesarios, según fuentes consultadas.

El misterio alrededor de la muerte de Diego Maradona

Maradona falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020, y la autopsia determinó que su muerte fue causada por un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada". También se descubrió que tenía una "miocardiopatía dilatada".

El exjugador, quien también lidiaba con problemas de adicción al alcohol, fue ingresado en una clínica de La Plata el 2 de noviembre de 2020, por anemia y deshidratación, y un día después fue trasladado a un sanatorio en Olivos, donde lo operaron de un hematoma subdural.

El 11 de noviembre del mismo año recibió el alta y se trasladó a una casa en un barrio privado de Tigre, donde estaba bajo cuidado médico, pero finalmente falleció dos semanas más tarde.

Al momento de su muerte, Maradona estaba dirigiendo a Gimnasia de La Plata, equipo al que se había unido en septiembre de 2019.

Los imputados incluyen al neurocirujano Luque, la psiquiatra Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, Nancy Edith Forlini, las enfermeras Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.

fuente: noticias argentinas

Hay ocho profesionales de la salud imputados por el delito de "homicidio simple con dolo eventual", que prevé penas de 8 a 25 años de prisión, y más de 130 mil audios.

Este miércoles se llevó a cabo una audiencia clave en los Tribunales de San Isidro, con la presencia de Dalma, Gianinna y los abogados de las partes involucradas, en el marco de la causa por la muerte de Diego Armando Maradona. Hay ocho profesionales de la salud imputados por el delito de "homicidio simple con dolo eventual", que prevé penas de 8 a 25 años de prisión, y más de 130 mil audios.

Las personas implicadas son el neurocirujano Leopoldo Luque (41), la psiquiatra Agustina Cosachov (37), el psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz (30), la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (53), el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni (41), el enfermero Ricardo Omar Almirón (39), la enfermera Dahiana Gisela Madrid (38) y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna (49).

A través de una audiencia técnica, la Justicia estimó un tiempo de 60 días para realizar algunas pruebas complementarias, como la pericia médica, la pericia arquitectónica de la casa de Tigre, donde se llevó a cabo la internación domiciliaria del Diez, y la realización de una inspección ocular, una maqueta y un plano del lugar.

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Si bien todavía no se programó una fecha exacta, se estima que el juicio por la muerte de Maradona sea a fin de año o a principios de 2024, según la palabra de Vadim Mischanchuk, abogado Cosachov. En el debate declararían al menos 200 testigos.

Por su parte, Rodolfo Baqué, defensor de Gisela Madrid, solicitó la recusación del Tribunal Oral en lo Criminal N°3, integrado por los jueces Verónica Mara Di Tommaso, Maximiliano Savarino y a la subrogante Julieta Makintach. Además, pidió un juicio oral y público con jurado popular, para que personas que no conocen el caso determinen la responsabilidad de su defendida.

Según la hipótesis fiscal planteada en el requerimiento de elevación a juicio, el equipo médico de Maradona fue “deficiente”, “temerario” e “indiferente”, sabía que el “10” podía morirse en el estado en el que se encontraba y no hizo nada para evitarlo.

Pese a ser un delito que tiene una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión, los fiscales nunca pidieron las detenciones y los ocho acusados siempre estuvieron en libertad y así llegarán al juicio oral si se confirma para ellos.

La causa entró en la etapa final previa al juicio y es investigada por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, e integrado por sus adjuntos Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra.

TyC Sports