El escándalo que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino, con sus principales autoridades bajo investigación, afrontará este lunes dos resoluciones judiciales determinantes. Por un lado, el juez Diego Amarante deberá definir si dicta el procesamiento de Claudio Tapia, presidente de la entidad, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de la causa por presuntas irregularidades en aportes millonarios.

En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal resolverá qué juzgado continuará con la investigación sobre la mansión de Pilar vinculada a Toviggino: si el expediente regresa al despacho de Marcelo Aguinsky o si permanece bajo la órbita de Adrián González Charvay, tal como impulsa la conducción de la AFA.

En el fuero penal económico, el juez Diego Amarante deberá resolver si procesa o sobresee a los dirigentes, quienes están imputados junto a Víctor Blanco y Cristian Malaspina.

La investigación apunta a la presunta falta de pago, en tiempo y forma, de unos 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes patronales. Desde la defensa sostuvieron que la deuda fue regularizada, aunque ese argumento podría no alcanzar para evitar eventuales procesamientos.

El expediente también estuvo marcado por tensiones entre el magistrado y Tapia, especialmente a partir de un pedido del dirigente para viajar al exterior, que fue rechazado por la Justicia.

En paralelo, avanza la causa por una propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares. El inmueble figura a nombre de la firma Real Central S.A., vinculada a Luciano Pantano y su madre, lo que generó sospechas sobre posibles testaferros.

La investigación aún no logró determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir la propiedad, que cuenta con importantes lujos como helipuerto, haras y una colección de vehículos de alta gama.

El expediente se encuentra en una disputa de competencia entre distintos juzgados. La definición quedará en manos de la Cámara Federal de Casación Penal, donde interviene la Sala I integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma.

La causa también sumó condimentos políticos. La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien actúa como denunciante, solicitó el apartamiento de la jueza Ledesma por presuntos vínculos con el senador Gerardo Zamora.

Además, pidió que el camarista Carlos Mahiques declare como testigo, luego de que trascendiera que habría participado de un evento en la propiedad investigada.

Con ambos expedientes en instancias decisivas, la próxima semana será determinante para la conducción de la AFA. Las resoluciones judiciales no solo podrían afectar la situación procesal de sus principales dirigentes, sino también tener repercusiones institucionales en el fútbol argentino.

Un joven de 27 años identificado como Agustín Tira quedó en prisión preventiva tras ser imputado en tres investigaciones penales diferentes que se desarrollan en la provincia de Santa Fe.

La medida cautelar fue dispuesta por el juez Sebastián Szeifert luego de una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial. El propio imputado aceptó continuar detenido mientras sus defensores analizan el volumen de pruebas reunidas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Tira fue detenido el 4 de marzo, durante una serie de allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) en distintos sectores del norte de la ciudad de Santa Fe.

El nombre del acusado aparece vinculado a tres legajos judiciales que tramitan en distintas ciudades de la provincia.

Las investigaciones están relacionadas con:

Las imputaciones fueron presentadas por tres fiscales de distintas jurisdicciones: Juliana González (Rosario), Guillermo Persello (Santa Fe) y Natalia Giordano (departamento Las Colonias).

La investigación principal está a cargo de la fiscal rosarina Juliana González, quien sostiene que Tira habría adquirido armas de manera legal para luego desviarlas al mercado clandestino.

Según registros oficiales, entre diciembre de 2023 y 2025 el imputado compró diez armas de fuego:

El gasto total en esas adquisiciones fue de 7.197.850 pesos, una cifra que, según la fiscalía, no coincide con su situación económica declarada.

La hipótesis es que ocho de esas armas habrían sido entregadas a personas que no eran legítimos usuarios.

Una de las pistolas registradas a su nombre fue secuestrada en Rosario en diciembre de 2025, cuando un delincuente fue detenido tras intentar robar a una mujer. Además, pericias indicaron que esa misma arma había sido utilizada previamente en una salidera bancaria en la que una persona resultó herida.

Los procedimientos realizados el 4 de marzo incluyeron diez allanamientos en distintos domicilios.

En una vivienda de calle Europa al 8300, donde el acusado había declarado guardar su armamento, los investigadores no encontraron las armas registradas a su nombre. Sin embargo, hallaron:

En otro procedimiento realizado en pasaje Almafuerte al 7700, los agentes encontraron las dos escopetas calibre 12 registradas a nombre del imputado.

Durante el allanamiento en el domicilio principal también se secuestraron 152 gramos de cocaína, una balanza de precisión y una caja fuerte.

Para el fiscal Guillermo Persello, la forma en que estaba acondicionada la droga sugiere que estaba destinada a la comercialización.

Además, los investigadores encontraron cuatro gallos de riña en condiciones de encierro y hacinamiento, con lesiones visibles, crestas amputadas y cicatrices. Según la acusación, los animales eran utilizados para participar en peleas clandestinas, una práctica prohibida por la legislación vigente.

El tercer expediente judicial está relacionado con un robo ocurrido el 19 de febrero en la ciudad de Esperanza.

La fiscal Natalia Giordano imputó a Tira como coautor del robo de una motocicleta Corven Triax 150, sustraída frente a una vivienda de calle Venezuela al 1400.

La calificación provisoria es robo calificado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública y por haber sido cometido en poblado y en banda.

Desde el Ministerio Público de la Acusación destacaron que el avance del caso fue posible gracias al cruce de información entre las distintas investigaciones que se desarrollaban en Rosario, Santa Fe y Esperanza.

Ese trabajo conjunto permitió establecer que el mismo sospechoso aparecía vinculado a delitos que iban desde el tráfico ilegal de armas hasta el narcomenudeo y delitos contra la propiedad.

Mientras continúan las pericias y se intenta reconstruir el destino de las armas faltantes, Agustín Tira permanecerá detenido con prisión preventiva.

Claudio “Chiqui” Tapia atraviesa el momento más delicado desde que asumió la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En simultáneo, la entidad que conduce quedó envuelta en una triple ofensiva judicial y administrativa que pone bajo revisión su estructura financiera, contratos internacionales, transferencias en dólares y vínculos comerciales que durante años funcionaron sin un control estatal exhaustivo.

Mientras avanzan las investigaciones penales, las auditorías administrativas y las denuncias empresariales, Tapia viajó este fin de semana a Estados Unidos para presenciar la final del Super Bowl 2026 en el Levi’s Stadium de California. El contraste entre la escena institucional y el delicado frente judicial marca el punto de mayor tensión política de su gestión.

Tres frentes judiciales y cifras bajo la lupa

El titular de la AFA enfrenta actualmente tres causas judiciales abiertas, que en conjunto involucran operaciones por más de 30.000 millones de pesos, además de transferencias internacionales en dólares y contratos estratégicos.

El primer frente es una causa penal económica por presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales. La investigación busca determinar si la AFA, pese a contar con fondos disponibles, incumplió sus obligaciones fiscales. En ese marco, la Justicia ordenó un relevamiento integral de cuentas bancarias, subcuentas, depósitos en moneda extranjera, plazos fijos y transferencias realizadas desde 2021.

El foco principal está puesto en el Banco Credicoop, donde se detectaron movimientos por hasta 8.000 millones de pesos. Informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estiman una deuda cercana a los 19.000 millones de pesos correspondiente a IVA, Ganancias y aportes previsionales de los ejercicios 2024 y 2025. La clave para los investigadores es establecer si la conducción priorizó otros destinos del dinero antes que el cumplimiento fiscal.

La defensa de Tapia sostiene que resoluciones administrativas suspendieron las ejecuciones para entidades sin fines de lucro, aunque la fiscalía solicitó nuevas pericias para determinar si esas normas justifican los atrasos.

Patrimonio, testaferros y bienes de lujo

El segundo expediente investiga el origen de los fondos utilizados para adquirir una mansión de lujo en Villa Rosa, partido de Pilar, junto con otros activos de alto valor. La Justicia analiza si el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, actuaron como presuntos testaferros.

La propiedad fue valuada por peritos oficiales en más de USD 20,8 millones, muy por encima del valor declarado. Durante los allanamientos se secuestraron más de 50 vehículos de alta gama y de colección, además de documentación vinculada a hangares, helipuertos y estructuras inmobiliarias de lujo.

El expediente se encuentra trabado por un conflicto de competencia entre el juzgado federal de Zárate-Campana y el fuero Penal Económico porteño. La Cámara Federal de San Martín deberá definir el rumbo del caso.

Denuncia empresarial y contratos internacionales

El tercer frente judicial se originó en una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el empresario Guillermo Tofoni, quien acusó a Tapia y a la conducción de la AFA de administración fraudulenta y manejo irregular de contratos, con presunto desvío de fondos hacia sociedades estadounidenses vinculadas a TourProdEnter.

La presentación incluye más de 3.000 páginas de documentación bancaria remitida desde Estados Unidos, con detalles sobre transferencias, intermediaciones y estructuras societarias. Este martes 10 de febrero se realizará una audiencia clave que definirá si el expediente permanece en la justicia ordinaria o pasa al fuero federal, lo que podría ampliar el alcance de la investigación.

La auditoría del Gobierno y los contratos bajo revisión

En paralelo, la Inspección General de Justicia (IGJ) inició una auditoría integral sobre la contabilidad y las relaciones comerciales de la AFA. El organismo consideró insuficiente la información presentada y exigió precisiones sobre contratos, plazos, montos y cumplimiento efectivo.

El foco está puesto en un volumen global de negocios estimado en 450 millones de dólares, especialmente en la cuenta “Empresas de Sponsorización por Contratos”, con un saldo superior a 13.700 millones de pesos, dominado por operaciones con TourProdEnter LLC.

La IGJ también requirió un informe detallado sobre los flujos de divisas entre 2021 y 2025, para detectar posibles triangulaciones, y puso bajo análisis la relación con Sur Finanzas Group SA, exigiendo reconstruir la trazabilidad completa del dinero.

La auditoría alcanza, además, créditos por partidos de la Selección, deudas con organismos internacionales, gastos de organización, mantenimiento, pasajes y las inversiones realizadas en el predio de Ezeiza.

El viaje a California en medio de la crisis

En este contexto, Tapia viajó a California para asistir al Super Bowl 2026. Según pudo reconstruirse, partió el 4 de febrero desde San Fernando hacia Asunción, donde mantuvo una reunión con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Al día siguiente abordó un avión privado Global 450, que había volado vacío desde Argentina para recogerlo.

La aeronave realizó una escala en Guayaquil antes de continuar rumbo a Estados Unidos. En el Levi’s Stadium, Tapia estuvo acompañado por Andrés “Patón” Urich, abogado de la AFA y uno de sus hombres de mayor confianza.

La superposición de causas judiciales, auditorías estatales y conflictos empresariales expone una estructura que durante años operó con escasa supervisión. Hoy, balances, contratos, transferencias y patrimonios son revisados en simultáneo por jueces, fiscales, auditores y organismos fiscales.

Mientras los clubes atraviesan una crisis económica profunda y el Ascenso permanece paralizado, la conducción de la AFA enfrenta preguntas cada vez más incómodas sobre millones de dólares, contratos opacos y circuitos financieros cerrados.

Nunca antes el poder central del fútbol argentino había estado bajo un nivel de escrutinio institucional tan amplio.

Un hombre de 55 años identificado como Daniel Iván Favilla fue condenado a 19 años de prisión por haber abusado sexualmente de la hija de su pareja en Venado Tuerto. Así fue resuelto por unanimidad por la jueza Mariana Vidal y los jueces y Leandro Martín y Aldo Baravalle en el marco de un juicio oral que finalizó hoy a la mediodía en los tribunales venadenses.

La fiscal Mayra Vuletic estuvo a cargo de la investigación y también fue la encargada de representar al MPA en el debate.

“Valoramos la decisión del tribunal no sólo porque resolvió condenar al acusado, sino también porque lo hizo por unanimidad, por la misma calificación penal que planteamos en nuestros alegatos y por el mismo monto de pena”, subrayó la fiscal.

En relación con el debate, la funcionaria del MPA sostuvo que “fue complejo y tuvimos que sortear distintos obstáculos, pero lo hicimos y pudimos demostrar que el acusado cometió los ilícitos tal como lo sostuvimos desde el inicio de la investigación”.

Por otra parte, Vuletic destacó que “tras conocer el veredicto, pedimos que se revocara la modalidad domiciliaria de la prisión preventiva que el condenado cumplió durante el proceso judicial”, y valoró que “el tribunal hizo lugar a nuestro requerimiento”. En tal sentido, explicó que “hasta que el fallo adquiera firmeza, permanecerá detenido en un establecimiento penitenciario como medida cautelar”.

Vuletic indicó que “Favilla llevó a cabo su accionar delictivo en reiteradas oportunidades entre 2017 y 2021”, y agregó que “en aquel momento, la víctima transitaba su escolaridad secundaria”. Al respecto, puntualizó que “los ilícitos tuvieron lugar en una casa en la que convivían el condenado junto con su pareja, la adolescente y sus hermanos menores”.

La funcionaria del MPA hizo hincapié en que “Favilla abusaba de la víctima y además la obligaba a ver videos con contenido sexual”. A su vez, la fiscal planteó que “por el contexto intrafamiliar y las características de las vulneraciones, lo sucedido tuvo entidad suficiente para afectar y corromper el normal desarrollo psicosexual de la adolescente y le generó un grave daño en la salud mental”.

Por otro lado, Vuletic mencionó que “la víctima pudo develar lo sucedido en 2020 a una amiga”, y agregó que “en 2022, cuando ya era mayor de edad, realizó la denuncia penal en la Fiscalía”.

Favilla fue condenado como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en cantidad reiteradas de veces, agravado (por la situación de convivencia con una víctima menor de 18 años y por resultar un grave daño a la salud mental de la misma) y corrupción de menores agravada.

¿El ex presidente dejará Puerto Madero para ir a Comodoro Py o pedirá declarar por videoconferencia? Fueron citados, además, otros 38 ex funcionarios y empresarios.

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Alberto Fernández se enfrentará con el juez Julián Ercolini el próximo 27 de noviembre para defenderse en la causa Nación Seguros, donde es investigado por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Desde que se conoció la denuncia, el ex jefe de Estado insistió en reclamar el apartamiento del magistrado por enemistad manifiesta, pero fracasó en todas las instancias.

La audiencia está prevista en los Tribunales de Comodoro Py de modo presencial, aunque según pudo saber A24.com, Alberto Fernández pediría que se concrete por videoconferencia. El objetivo sería esquivar un eventual escrache, o el seguimiento de la prensa, tras casi cuatro meses de aislamiento por la denuncia de su ex pareja, Fabiola Yañez.

En relación al expediente de Nación Seguros, la justicia sospecha que el decreto 823/2021 que firmó el ex presidente sirvió para habilitar una estructura legal que permitió direccionar la contratación de seguros del Estado hacia un grupo de compañías.

También fueron citados otros 38 ex funcionarios y empresarios, entre ellos el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano; el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero, quien trabajó como secretaria de Fernández; el dueño de TG Brokers, Pablo Torres García; y Federico D´Angelo Campos, ex director general de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

Los desafíos de Alberto Fernández

La indagatoria en la causa Nación Seguros es el primero de los desafíos que deberá enfrentar Alberto Fernández en tan solo dos semanas. El mismo juez Ercolini lo citó el 11 de diciembre por la denuncia de violencia de género que presentó Fabiola Yáñez.

Ambos casos podrían derivar en el procesamiento del ex mandatario, quien permanece recluido en su departamento de Puerto Madero, abandonado por sus antiguos amigos, y cumpliendo una orden de restricción de acercamiento de su ex pareja.

Recordemos que la causa por violencia de género se destapó como consecuencia de la investigación en Nación Seguros, en la que se detectaron conversaciones en el celular de la secretaria privada del ex presidente, María Marta Cantero.

Con ese punto de partida, la justicia encontró elementos que indicarían que Alberto Fernández cometió “acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad” contra Yañez.

Además se determinó que “tras ser electo para ejercer el cargo de Presidente de la Nación, la violencia física habría continuado y escalado, más precisamente después de haber quedado aquella embarazada (hacia fines de julio-principios de agosto del 2021)”.

Las claves de la indagatoria en Nación Seguros

El juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rivolo preparan la indagatoria para Alberto Fernández, bajo la sospecha de que a través del “decreto N° 823/2021, que canalizó la contratación pública de seguros Nación Seguros como aseguradora oficial por medio de convenios interadministrativos, se centralizó la designación discrecional de intermediarios y aseguradoras privadas (...) sin seguir los procedimientos de selección previstos”.

Las preguntas apuntarían a determinar si aprovechándose de su investidura, el ex presidente fue quien tuvo la potestad de definir a quién contratar cuando se presentaron controversias entre los miembros del grupo.

Los investigadores creen que el decreto en cuestión se publicó con la “pretensión de darle un marco de legalidad a la maniobra delictiva ideada por sus intervinientes, cuyo objetivo final era la percepción de comisiones indebidas”.

En ese sentido, quieren saber porque en la oficina del ex mandatario se modificó el proyecto de la norma que originalmente buscaba reglamentar la actuación de los productores asesores de seguros.

Entienden que al eliminar ese punto “el vacío resultante en el decreto habría dejado abierta la posibilidad de que se designaran intermediarios en cualquier caso y por simple nota, sin acto administrativo previo”.

De ese modo, Nación Seguros quedó a cargo de gestionar la totalidad de los contratos de seguros de entes públicos, dar intervención a otras empresas privadas, gestionar el vínculo con los intermediarios, dar y el pago de comisiones “con total discrecionalidad y con el consecuente beneficio a los efectos de la ejecución de la maniobra delictiva”.

Como referencia, la imputación señala que el amigo de Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, habría percibido comisiones –que le fueron liquidadas en los roles de productor, organizador y máster- por más de 416 millones de pesos entre el 2020 y el 2024.

Esos montos surgirían de la contrataciones de seguros para la Dirección Nacional de Vialidad; el Fondo Nacional de las Artes; Gendarmería Nacional Argentina; el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Relaciones Exteriores, de Seguridad de Turismo y Deportes; Policía de Seguridad Aeroportuaria; Policía Federal Argentina; Prefectura Naval Argentina; Casa de Moneda; la Superintendencia de Servicios de Salud, y Corredores Viales S.A.

Después de que declare Alberto Fernández, continuará la ronda de indagatorias con el resto de los imputados, los primeros Horacio Martínez Sosa y María Cantero. Luego será el turno de Alberto Pagliano; Sebastián Díaz Bancalari; Gustavo García Argibay; Federico D’angelo Campos; Santiago Fraschina; Andrés Severino; Carlos Soria; Fernando Arana; Mauro Tanos; Pablo Torres García; Oscar Castello; Ernesto Mercuri; Luciano Torre Arregui; Osvaldo Tortora; Hernán Berretta; Diego Marín; Ricardo Clement; Héctor Villaverde; Emanuel Calvo; Laura Crisafulli; Norberto Garrido; Javier Rodríguez Gómez; Fernando Carlos Salim; Agustín Beraldi; Diego Rosendi; Lucas Rosendi; Sebastián Rosendi; Alfredo Del Corro; Hernán Bressi; Brian Kelly; María Bisogni; Damián Gosso; Carlos Suárez; Mariana Lourdes Trupia; Alejandro Damián Celes; Déborah Toloza.

Fuente: A24