Romina, madre de Jeremías Monzón, brindó este viernes una conferencia de prensa acompañada por sus abogados Diego Martini y Bruno Rugna. Allí confirmó que la familia trabaja contrarreloj para presentar, a más tardar el lunes, una medida cautelar que prohíba la difusión de videos, fotos y cualquier material audiovisual vinculado al crimen del joven.

El objetivo, explicaron, es frenar la circulación de imágenes que consideran profundamente dañinas y revictimizantes. “Es una acción preventiva del daño”, señalaron, al tiempo que aclararon que no se trata —por ahora— de demandas particulares contra personas o medios.

Los letrados explicaron que en los últimos días hubo intentos de volver a poner en circulación el material fílmico, aunque algunos fueron retirados. Sin embargo, remarcaron que el riesgo persiste, especialmente en redes sociales y cadenas privadas de mensajería.

“Sabemos que en lo digital es difícil frenar todo, pero al menos queremos que quede prohibida su difusión desde medios y plataformas”, sostuvieron. En ese sentido, anticiparon que la cautelar será solicitada al juez que resulte competente en la causa.

Durante la conferencia también se abordó el origen del video. La familia radicó una denuncia para que se investigue una posible filtración, ya que, según indicaron, el material volvió a circular luego de que la Justicia interviniera formalmente en el caso.

Si bien admitieron que el video ya tenía cierta difusión previa, entienden que su posterior circulación responde a un fallo grave en la cadena de custodia. “Alguien que no debía, lo filtró”, afirmaron.

Romina habló desde el dolor y pidió respeto. Dijo que la viralización constante del video impide elaborar el duelo y agrava el sufrimiento familiar. “Es volver a abrir la herida todo el tiempo. Ya tenemos que aceptar que Jere no va a volver”, expresó.

También cuestionó la morbosidad social y mediática: “La perversión con la que actuaron los asesinos y la perversión con la que parte de la sociedad lo divulga es terrible. Hace todo más angustiante”.

Más allá de la cautelar, la familia volvió a plantear la necesidad de una discusión profunda sobre el régimen penal juvenil. En ese marco, confirmaron contactos con legisladores nacionales y la participación en comisiones del Congreso que analizan la baja de la edad de imputabilidad.

Entre los reclamos, mencionaron que los autores de crímenes graves no dejan antecedentes, pueden reinsertarse sin registros visibles y que no existen herramientas legales eficaces para proteger a otras familias. “Las leyes terminaron beneficiando a los delincuentes”, afirmaron.

Por su parete los abogados fueron claros: ninguna reforma tendrá efecto retroactivo. Sin embargo, insistieron en que el objetivo es evitar que otras familias atraviesen tragedias similares. “Esto es para el resto de los argentinos”, remarcaron.

Incluso advirtieron que quienes se opongan a dar la discusión legislativa “tendrán en sus manos la sangre de Jeremías y de otras víctimas”, en una frase que marcó el tono más duro de la conferencia.

La familia convocó para este viernes a las 19.30 a una marcha en Santo Tomé, con concentración en Plaza Libertad y recorrido hasta el puente carretero.

Durante la movilización habrá mesas para sumar firmas en apoyo a la denominada Ley Jeremías, iniciativa que ya cuenta con adhesiones en distintas ciudades y provincias.

Antes de cerrar, Romina dejó un mensaje directo a quienes poseen el video o lo difundieron: “Por favor, no lo compartan. Es cruel. Es doloroso”. Recordó que hay familiares mayores que consumen medios y que viven con angustia la posibilidad de encontrarse con esas imágenes.

“Vamos a seguir de pie y luchando —dijo—, pero necesitamos acompañamiento humano y respeto”.

El juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal de Mercedes, ratificó la medida cautelar que había dictado el pasado 14 de enero.

Nuevo revés judicial para el Gobierno. El juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal de Mercedes, ratificó una medida cautelar dictada el pasado 30 de enero que suspendió los artículos 335 y 345 del Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/2023 que habilitan la conformación de Sociedades Anónimas Deportivas.

Esto se trata de una ratificación judicial de una medida que ya estaba vigente tras una presentación de la Asociación del Fútbol Argentino y un afiliado del Consejo Federal: la Liga de Fútbol de Salto, perteneciente a la Provincia de Buenos Aires.

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Además, dicha cautelar ya había sido confirmada por la Cámara Federal de San Martin, integrada por los magistrados Juan Pablo Salas, Marcos Moran y Marcelo Darío Fernández, que ordenó al Estado Nacional la suspensión de los artículos 335 y 345 del DNU 70/2023, que habilitan la transformación de asociaciones civiles en sociedades anónimas.

En el marco de este proceso, tras declaraciones realizadas por el secretario de Deportes Daniel Scioli, la liga que había hecho esta presentación contra el Gobierno solicitó que la cautelar debía ser más amplia. Tras esto, lo que indica el juez con esta decisión es que la cautelar está plenamente vigente, por lo que los mencionados artículos están suspendidos y tienen íntima relación con el decreto publicado en esta jornada que regula el funcionamiento de las SAD y ordena a la AFA a incluirlas en el plazo de un año.

En su fallo, más allá de rechazar la petición de ampliar la cautelar, el juez Portocarrero Tezanos Pinto sostuvo que “el control judicial de la actividad administrativa resultarían burlados si la Administración Central pudiera adoptar acuerdos de ejecución de un acto cuya suspensión preventiva ha sido ordenada antes de pronunciarse sobre su eventual inconstitucionalidad".

Qué dice la medida cautelar que frena el avance de las SAD

La medida cautelar, a la que accedió Doble Amarilla y Data Clave, advierte en sus fundamentos que “la entrada en vigencia de la normativa impugnada, altera el estado de situación de un colectivo de incidencia social como son las entidades deportivas, pues impide desarrollar su vida asociativa”.

“En consecuencia, la viabilidad de la pretensión cautelar no depende de un examen profundo de la materia objeto de la litigio principal, sino de la mera probabilidad de la existencia de verosimilitud del derecho que se discute en el proceso y del perjuicio irreparable por la demora en ordenar la misma, por cuyo motivo no cabe considerar en este estadio la legitimidad de los actos administrativos sino sólo y –prima facie- en la medida en que alteren el libre ejercicio y goce de sus derechos asociativos como los descriptos por el accionante -art. 106 y 107 de su Estatuto-, sin que ello implique prejuzgamiento alguno sobre la cuestión de fondo”, reafirman.

En ese sentido, la cautelar establece “la suspensión de los artículos 335° y 345° del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 70/2023, sin necesidad de dictar una medida de no innovar sobre la reglamentación de este último, dada la quita de operatividad que se produce con este decisorio”.

La posición de AFA ante esta nueva resolución a su favor

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la casa madre dijo: “la Asociación del Fútbol Argentino respetará lo dispuesto por la Justicia Federal, hasta tanto se resuelva la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas con tacha de inconstitucional; mismo temperamento, en el marco del respeto a la división de poderes que marca nuestra Constitución Nacional, debería adoptar el Poder Ejecutivo Nacional”.(DA)