El juez federal Ariel Lijo dispuso nuevas medidas en la causa que investiga al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito.

La resolución incluye el levantamiento de los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero, además de una serie de pedidos de información destinados a reconstruir la situación patrimonial, económica y laboral del dirigente.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada contra Tapia por su desempeño como funcionario del CEAMSE, organismo en el que ocupó distintos cargos entre 2016 y 2025.

El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita y ordenó requerimientos a distintos organismos públicos y privados.

Entre las medidas dispuestas figuran pedidos de información a:

El objetivo es analizar ingresos, bienes declarados, movimientos financieros, activos y posibles variaciones patrimoniales.

El juzgado solicitó a ARCA las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, además de información sobre bienes registrados, vehículos, inmuebles, participaciones societarias, créditos, activos financieros y operaciones económicas.

También pidió al Banco Central que consulte a las entidades financieras si Tapia tuvo cuentas, préstamos, tarjetas, cajas de seguridad, inversiones u otros productos bancarios.

La medida incluye información sobre transferencias, movimientos de fondos y operaciones en moneda extranjera.

La causa también contempla posibles operaciones con criptoactivos.

El juez pidió información a plataformas de activos virtuales y entidades vinculadas al mercado digital para determinar si Tapia tuvo cuentas, billeteras o movimientos en ese sector.

Entre las empresas requeridas figuran plataformas como Binance, Ripio, Belo, Ualá y OKX, que deberán informar si existen registros vinculados al dirigente y, en ese caso, aportar documentación sobre operaciones realizadas.

El CEAMSE deberá entregar el legajo laboral de Tapia, los cargos que ocupó, los ingresos percibidos y las cuentas utilizadas para el pago de haberes.

Además, la Justicia solicitó información a la CONMEBOL, con sede en Paraguay, para conocer detalles de sus funciones, ingresos y vínculos laborales dentro del organismo sudamericano.

También se requirieron datos migratorios, registros de bienes muebles e inmuebles y antecedentes financieros.

Según la resolución judicial, la investigación está vinculada a la actividad de Tapia como funcionario del CEAMSE.

Su cargo como presidente de la AFA, que ejerce de manera ad honorem, no forma parte de la causa.

Tapia integró el directorio del CEAMSE entre 2016 y 2025: primero como vicepresidente en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y luego como presidente en representación de la provincia de Buenos Aires.