La puesta en marcha del Nuevo Hospital trajo consigo varios cambios, algunos de ellos en el orden administrativo. A partir de junio, el efector pasó a regirse como un hospital de gestión descentralizada dependiente directamente del Ministerio de Salud, eliminando la figura de gestión mixta con el estado local, que era conocida como SAMCO. A través de ella, el municipio derivaba los fondos que cobra a los vecinos en la Tasa General de Inmuebles.

“A partir de ahora no existe más el SAMCO Rafaela, por lo que hay que adecuar la normativa para asegurar que los fondos continúen llegando a los centros de salud de los barrios. Nosotros proponemos que los administre el municipio y sean destinados 100% a contratar médicos y otros profesionales de salud que son demandas constantes”, explicó Caruso.

El proyecto del bloque Junto Avancemos ingresó formalmente el día 22 de septiembre, pero el Departamento Ejecutivo aplazó la reunión con los funcionarios en reiteradas ocasiones.

“Desde junio que sabemos que existe esta irregularidad. El Intendente se comprometió a elevar un proyecto para regularizarlo pero no cumplió. No podemos esperar más, antes que empiecen los planteos judiciales, decidimos avanzar con una propuesta pensada en la atención de los vecinos. Que se conserven los fondos, pero que vayan directamente donde la gente lo necesita, que es la atención médica. Hoy sólo se destina la mitad a ese rubro”, expresó Caruso.

La propuesta se sustenta en datos estadísticos. La atención en efectores de salud pública viene creciendo sostenidamente: el 48% de los ciudadanos declaró haberse atendido allí en el último año, según el relevamiento del ICEDEL. “Ese aumento debe ser correspondido con recursos. Y los mismos ya existen. Queremos que se sumen especialistas como oftalmólogos y psicólogos, entre otros, para fortalecer la atención primaria en los centros barriales”, continúo Caruso.

De no haber cambios, el martes 13 se presentarán en el recinto los funcionarios Hugo Morel y Daniel Malfort para aportar información y establecer su postura ante la iniciativa.

“Trabajamos mucho en esta norma, que implicó el análisis de leyes provinciales y locales, registros de ingresos y rendiciones, búsqueda de antecedentes e información estadística que permitieron llegar a este proyecto. Todos estábamos al tanto de los avances de la obra, pero desde el equipo del Intendente nadie lo resolvió”, cerró Caruso.

La Sociedad Argentina de Pediatría emitió un comunicado dirigido al Ministerio de Salud en el que expresó su preocupación por la falta y demora en la entrega de vacunas obligatorias en distintos puntos del país. La advertencia no es menor: los especialistas aseguran que esta situación interrumpe los esquemas de inmunización y deja a miles de niños expuestos a enfermedades prevenibles.

En el documento, la entidad remarcó que la vacunación es una de las herramientas más efectivas de la salud pública y que su interrupción puede derivar en consecuencias sanitarias graves, tanto a nivel individual como colectivo.

Uno de los principales problemas que genera la falta de vacunas es lo que los especialistas denominan “oportunidades perdidas”. Esto ocurre cuando un niño acude a un centro de salud pero no puede recibir la dosis correspondiente por falta de stock.

Este fenómeno impacta directamente en las coberturas de vacunación, que quedan por debajo de los niveles necesarios para garantizar protección. En términos concretos, implica que más personas permanecen durante más tiempo expuestas a enfermedades que podrían evitarse.

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría advierten que esta situación debilita la llamada inmunidad de rebaño o “escudo comunitario”. Este concepto refiere a la protección indirecta que se genera cuando una gran parte de la población está vacunada, lo que reduce la circulación de virus y bacterias.

Cuando esa cobertura disminuye, no sólo se afecta a quienes no están vacunados, sino también a los grupos más vulnerables, como bebés, personas con enfermedades crónicas o quienes no pueden recibir vacunas por motivos médicos.

En este contexto, los pediatras alertan por la posible reemergencia de enfermedades como el sarampión y la coqueluche (tos convulsa), que en las últimas décadas habían logrado reducirse significativamente gracias a las campañas de inmunización.

Como dato, desde el organismo informarón que a nivel global, la vacunación permitió disminuir de manera drástica la mortalidad por estas enfermedades. Por ejemplo, en el caso del sarampión, se logró reducir las muertes en un 73% entre 2000 y 2018. La interrupción de estos programas pone en peligro esos avances.

Otro de los puntos críticos señalados en el comunicado es la ausencia de vacunas pediátricas contra el COVID-19 para menores de 12 años. Esta situación genera especial preocupación entre los especialistas, ya que deja sin cobertura a un grupo considerado vulnerable.

Según datos sanitarios, los menores de un año presentan una alta incidencia de hospitalización por esta enfermedad. En ese sentido, la falta de acceso a la vacunación implica un riesgo adicional para este sector de la población.

Además, la situación impacta en la equidad del sistema de salud. La vacunación es considerada una de las intervenciones más costo-efectivas y una herramienta clave para reducir desigualdades. Cuando el acceso no está garantizado, las brechas sociales tienden a ampliarse.

Desde la entidad también advirtieron que las fallas en la distribución pueden afectar la confianza de la población en el sistema sanitario. Si las familias no encuentran las vacunas cuando las buscan, existe el riesgo de que disminuya la adherencia a los esquemas de inmunización.

La Sociedad Argentina de Pediatría fue clara en su planteo: la situación requiere medidas inmediatas para regularizar la entrega de dosis y garantizar el cumplimiento del calendario nacional.

El reclamo no sólo apunta al Estado, sino también a una responsabilidad compartida. Los especialistas remarcan que sostener niveles adecuados de vacunación es un compromiso que involucra a autoridades, equipos de salud y a la sociedad en su conjunto.

En términos sanitarios, cada dosis aplicada no sólo protege a quien la recibe, sino que contribuye a un sistema de defensa colectivo. Por el contrario, cada vacuna que falta representa un riesgo potencial.

A nivel global, se estima que las vacunas previenen entre 3,5 y 5 millones de muertes cada año. Este dato dimensiona la importancia de mantener programas de inmunización activos y eficientes.

La advertencia de los pediatras se da en un contexto donde distintas enfermedades inmunoprevenibles muestran señales de reaparición en la región. Frente a este panorama, la falta de vacunas adquiere una dimensión aún más crítica.

El desafío, coinciden los especialistas, es recuperar rápidamente las coberturas necesarias para sostener la protección comunitaria. Esto implica no sólo asegurar la disponibilidad de dosis, sino también reforzar las campañas de concientización.

En definitiva, la situación actual plantea un escenario que va más allá de lo coyuntural. Se trata de garantizar una política sanitaria sostenida en el tiempo, que permita proteger a las generaciones actuales y futuras.

Porque, como advierten desde el sector, detrás de cada vacuna que no se aplica hay una oportunidad perdida y un riesgo que podría evitarse.

El Gobierno provincial avanza con la puesta en funcionamiento de una serie de consultorios de cannabis medicinal en más de treinta centros de salud públicos de toda la provincia Santa Fe.

.

El objetivo es garantizar la atención y el cuidado basado en conocimiento profesional, además de asesorar en la inscripción al registro de cannabis (Reprocann) y en cómo se puede acceder a los derivados de la planta de forma segura.

Esta primera etapa buscará que las personas, con o sin obra social, se pongan en contacto con el cannabis a través de profesionales médicos.

La provincia hará un seguimiento de quienes trabajen en los consultorios de cannabis medicinal e incorporarán el tipo de consulta dentro del sistema estadístico de la salud.

Vale recordar que en octubre del 2021, el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF S.E.) puso a disposición de la salud pública santafesina el primer lote de Aceite de Cannabis LIF. El Aceite de Cannabis LIF es de distribución gratuita, está destinado a pacientes diagnosticados con Epilepsia Refractaria y requiere prescripción médica (receta archivada).

Te puede interesar: Nueva conexión aérea entre Rosario y Neuquén

Para llevar adelante esta producción, el LIF realizó la importación de las materias primas para procesarlas en sus instalaciones, bajo los estrictos protocolos que exige la industria farmacéutica. A la vez, para realizar los controles de calidad de las materias primas y del producto terminado, se trabajó en conjunto con el Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos (LCCM) de la UNL, que cuenta con la autorización de la ANMAT para realizar análisis de Cannabinoides.

Fuente: SFC