La Secretaría de Función Pública, en coordinación con la Subsecretaría de Higiene y Salud de los Trabajadores, detectó la presentación de certificados de salud apócrifos. La falsedad de los documentos fue constatada por los propios profesionales médicos que figuraban como emisores. Actualmente, se tramitan los sumarios correspondientes y, en algunos casos, los empleados implicados ya no forman parte de la administración pública.

Hasta el momento, la Subsecretaría de Higiene y Salud de los Trabajadores identificó 11 casos, en el marco de un trabajo conjunto con la Secretaría de Función Pública. Los agentes involucrados pertenecen al Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación, Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, y al Iapos. En este último organismo, la empleada denunciada presentó su renuncia tras conocerse la irregularidad.

El procedimiento de detección comienza con los controles habituales que realiza la Subsecretaría de Higiene y Salud de los Trabajadores. Allí, se cita a los médicos consignados en los certificados para verificar su autenticidad. Una vez confirmada la falsedad, la Secretaría de Función Pública instruye a las asesorías jurídicas de cada dependencia a iniciar los sumarios correspondientes.

“Estas medidas son producto de los controles que desde el Estado se están realizando para reducir el ausentismo”, resaltó la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario.La funcionaria destacó además que se está trabajando en la transformación de los controles que, procurando el resguardo de la salud de los trabajadores, permita brindar un servicio eficiente a la comunidad sin sobrecargar aquellos sectores de la administración pública que se vean afectados por un elevado porcentaje de ausentismo.

La Ley 8529 -Estatuto General del Personal de la Administración Pública- establece los derechos, deberes y prohibiciones de los empleados estatales. De acuerdo con el artículo 50, las sanciones pueden ser apercibimiento, suspensión, cesantía o exoneración, según la gravedad de la falta y su reiteración.En el caso del Ministerio de Obras Públicas, el sumario ya determinó la suspensión del agente que presentó el certificado falso. Los demás expedientes continúan en trámite en cada organismo.

Desde el CCIRR manifestaron la creciente inquietud, manifestada por numerosas empresas asociadas a la entidad, ante la proliferación de certificados médicos presuntamente apócrifos, en especial aquellos basados en diagnósticos psiquiátricos o psicológicos difíciles de verificar. Esta situación genera distorsiones en el ámbito laboral que afectan directamente la productividad, la equidad interna y, por ende, la competitividad de todo el entramado regional.

Los certificados médicos son fundamentales para garantizar el derecho a la salud. Sin embargo, su uso indebido -cuando justifica ausencias sin una base médica firme- deteriora la confianza entre empleador y trabajador, sobrecarga a los equipos, eleva los costos operativos y altera la organización del trabajo.

El diagnóstico de ciertas patologías emocionales o mentales, al no requerir muchas veces estudios complementarios, deja al empleador sin herramientas para validar su legitimidad. Frente a esto, las empresas enfrentan serias dificultades para controlar el ausentismo y sostener ritmos productivos consistentes.

Más allá del perjuicio económico, estas prácticas generan un impacto cultural negativo, socavando los valores de responsabilidad y compromiso que sostienen el desarrollo empresarial a largo plazo. Si se naturaliza este tipo de comportamiento, se erosiona la cultura laboral, afectando no sólo a cada empresa sino al ecosistema productivo en su conjunto.

Desde la entidad consideraron indispensable abordar esta problemática de manera conjunta, articulando con actores clave como el sistema de salud, los colegios profesionales, las obras sociales, los sindicatos y los organismos de control, para fortalecer los mecanismos de validación y garantizar un uso responsable de los certificados médicos.

Se detectó en Reconquista una serie de certificados médicos que serían apócrifos y que fueron presentados para cobrar el beneficio por “enfermedad terminal”. Los afiliados involucrados son todos de Reconquista y están patrocinados por el mismo abogado. La situación fue advertida producto de las medidas de control que viene realizando el gobierno provincial en todas las áreas del Estado.

La interventora de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado, Lorena Ulieldín, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitando que se investigue si hubo maniobras para la posible comisión de delitos de falsificación y/o adulteración de documentos (certificados médicos) y el uso de documentos falsificados ante la Caja para obtener réditos económicos.

En la nota elevada al MPA, se hace referencia a la tramitación de solicitudes del beneficio previsto en el artículo 46 bis de la Ley N° 13.758, que prevé que se otorgue “hasta un 10 % de anticipo (del seguro) a aquellos afiliados que acrediten tres meses de afiliación, cuando se comprobare que sufren una enfermedad terminal según correspondientes actuaciones médicas”.

Al respecto, desde la Caja se detectó una serie de trámites para reclamar este beneficio por parte de afiliados que presentan como característica común ser todos oriundos de la ciudad de Reconquista, y que todos son patrocinados por el mismo abogado y/o licenciada en Trabajo Social.

Asimismo, la denuncia detalla que “en todas estas solicitudes se observan situaciones anómalas en torno a los certificados médicos aportados por los afiliados para solicitar los beneficios, (…) y que fueran advertidas por la asesora médica de este organismo”. Concretamente, “se ha verificado informalmente por el personal de esta Caja que los profesionales que supuestamente habrían emitido los certificados médicos en cuestión han desconocido la confección de los mismos o bien se han advertido agregados y/o alteraciones en su contenido referidos a la mención de «enfermedad terminal» que en ellos consta, entre otras”.

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Pedido de investigación

Ante esta situación, desde la Caja advierten al MPA que “entendemos que podrían haberse cometido delitos de acción pública tales como falsificación de documentos y/o su utilización, previstos en los arts. 292 y 296 del Código Penal de la Nación, ya que dichos certificados dudosos han sido usados por los afiliados para justificar -entre otra documentación médica- la solicitud de beneficios de la seguridad social que otorga esta Caja”, indica la presentación.

No obstante, la denuncia deja en claro que “no nos encontramos en condiciones de aseverar que todos los certificados médicos presentados en cada trámite sean falsos, ni que hubiera un obrar doloso de parte de cada beneficiario en la utilización de los mismos, pues esa es la tarea de investigación que venimos a solicitar” ante el MPA.

Por todo esto, desde la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado piden al MPA que dé inicio “a las medidas investigativas que correspondan”, y a su vez manifiesta su intención de “ser parte querellante para contribuir al esclarecimiento de los hechos denunciados”.

Más control del EstadoVale consignar que la situación fue advertida producto de las medidas de control que viene realizando el gobierno provincial en todas las áreas del Estado, y que han permitido detectar, entre varios casos, el funcionamiento anómalo de comedores infantiles que no eran tales, horas extras que no se pagaban pero no se cumplían en EPE o en ASSA; las licencias irregulares para cuidado de familiares de docentes, que al normalizarse bajaron un 70% en sus solicitudes; licitaciones de Obras Públicas que tuvieron ahorro de hasta 60% comparado con el año pasado, pese a la inflación, y compras de medicamentos y alimentos, con la misma característica.