Durante la jornada de ayer, integrantes de diversas dependencias de la Policía de Santa Fe llevaron a cabo un importante Operativo Blindaje Interprovincial. Esta acción, coordinada mediante órdenes operacionales específicas, tuvo como epicentro la ciudad de Florencia, ubicada en el Departamento Gral. Obligado, extendiéndose hacia distintos puntos estratégicos de conexión con la provincia del Chaco.

El despliegue contó con la participación activa de múltiples fuerzas, incluyendo las Direcciones Generales Guardia Provincial, de Seguridad Rural, de Policía de Acción Táctica y de Policía de Investigaciones. Estas unidades, junto a diversas Unidades Regionales santafesinas, trabajaron de manera articulada con sus pares de la Policía de la provincia del Chaco, logrando un esquema de seguridad unificado y de gran alcance.

La intervención mancomunada tuvo como objetivo principal fortalecer la presencia institucional en los corredores viales y zonas limítrofes. Según se informó, el trabajo conjunto permitió unificar criterios de actuación y potenciar las tareas de prevención, control e intercambio de información entre ambas jurisdicciones. Esta estrategia busca optimizar la capacidad de respuesta ante posibles hechos delictivos que puedan afectar a los ciudadanos de ambas provincias.

Durante el operativo se realizaron exhaustivos controles vehiculares, identificación de personas, fiscalización de cargas y transporte de pasajeros. Asimismo, se efectuaron verificaciones de documentación y consultas en los sistemas informáticos correspondientes. Estas medidas están orientadas a prevenir y detectar situaciones vinculadas al narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y otras modalidades delictivas que requieren una vigilancia constante en rutas nacionales y provinciales.

La importancia de esta labor radica en la consolidación de la cooperación entre las fuerzas de seguridad, especialmente en sectores estratégicos donde resulta fundamental la presencia activa. En representación del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe estuvo presente el director gral. de policía Juan José Vouilloz. Por su parte, la coordinación operativa estuvo a cargo del director gral. de la Dirección General Guardia Provincial, el director gral. de policía Lic. Sergio Guzmán.

Una profunda conmoción atraviesa a la comunidad de Corzuela, en la provincia de Chaco, tras el hallazgo de tres menores de edad sin vida en una laguna local. El trágico suceso ocurrió este domingo, luego de que los pequeños fueran reportados como desaparecidos durante la tarde, lo que activó un despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad y los familiares.

Las víctimas fueron identificadas como Bairon Sebastián Valdez, de cinco años, Román Bautista Valdez, de cuatro, y su primo Josué Cáceres, también de cuatro años. La noticia del hallazgo, confirmada durante la noche, generó un profundo dolor en la localidad, mientras las autoridades intentan esclarecer las circunstancias exactas que derivaron en este desenlace fatal para los tres niños, quienes eran familiares entre sí.

Según la información difundida por el medio Radio Mocovi, el padre de los dos hermanos había viajado fuera de la localidad para asistir a un familiar enfermo. Por este motivo, los menores habían quedado bajo el cuidado de su abuela materna. Sin embargo, al regresar al domicilio cerca de las 19:30, el hombre fue alertado de que los niños habían salido de la vivienda y nadie conocía su paradero.

Ante la desesperante situación, se dio aviso inmediato a la Policía de Corzuela, que inició un operativo de rastrillaje en las inmediaciones. La búsqueda se extendió durante varias horas hasta que un vecino de la zona informó haber observado movimientos sospechosos en la laguna. Al llegar al lugar, los efectivos policiales confirmaron el hallazgo de los tres cuerpos sin vida en el espejo de agua.

El caso quedó bajo la órbita del Equipo de Investigación Fiscal N°3, encabezado por la fiscal Gabriela Rafart Anton. La funcionaria judicial se encuentra a cargo de las diligencias pertinentes para determinar cómo sucedió el hecho. Como parte del protocolo legal, se ordenó la realización de las autopsias correspondientes a los cuerpos de los menores para avanzar en la investigación y esclarecer las causas del deceso.

El operativo contó con la participación de diversas unidades policiales que trabajaron durante toda la noche en el lugar del hallazgo. La comunidad de Chaco se mantiene expectante ante los resultados de las pericias judiciales, mientras se intenta reconstruir los últimos movimientos de los niños antes de que fueran vistos por última vez cerca del predio donde ocurrió la tragedia.

Personal del Escuadrón 14 Las Palmas realizó un control nocturno sobre la Ruta Provincial 56, a la altura del paraje El Lapachito. Allí, detuvieron la marcha de un rodado para su identificación.

Durante la requisa, los uniformados notaron que el paragolpes trasero había sido removido de su estructura original. Esto despertó sospechas sobre la posible existencia de elementos ilícitos ocultos en el rodado.

Al profundizar la inspección, los agentes hallaron un compartimiento oculto en la defensa del vehículo. En su interior, encontraron 40 cartones de cigarrillos de origen extranjero.

La mercadería carecía de la documentación aduanera necesaria para acreditar su legal ingreso al país. En total, se procedió al secuestro de 400 atados de cigarrillos.

Por este hecho, se labraron las actuaciones correspondientes en infracción a la Ley 22.415, conocida como Código Aduanero, con la debida intervención de Aduana - Barranqueras.

La organización Enashu difundió una preocupante advertencia sobre la situación sanitaria en comunidades de El Impenetrable chaqueño, con especial foco en Misión Nueva Pompeya. El reclamo pone nuevamente bajo la lupa las deficiencias en la atención médica durante la gestión del gobernador Leandro Zdero.

El mensaje difundido el 5 de octubre describe un escenario crítico. Se reportaron casos de niños con desnutrición, pacientes con tuberculosis sin seguimiento y personas con patologías crónicas, como hipertensión o diabetes, que no cuentan con la medicación necesaria para sus tratamientos.

El informe también señala que muchas familias carecen de agua segura y viven en comunidades alejadas de centros de salud, laboratorios y farmacias. Si bien estas observaciones fueron atribuidas a la organización, el mensaje no incluye un recuento epidemiológico oficial ni una cifra total de personas afectadas.

El enfermero José Boggiano, fundador de Enashu, ya había advertido en junio sobre las dificultades logísticas en la región. En aquella oportunidad, explicó que numerosas familias residen a 50 o 60 kilómetros del hospital más cercano, lo que complica tanto las consultas médicas como los traslados debido al estado de los caminos.

Como antecedente de la problemática, Boggiano relató un operativo previo en Nueva Pompeya donde el equipo debió asistir a pacientes que buscaban medicación para la diabetes. En esa intervención, distribuyeron 1.200 comprimidos de metformina en menos de cinco horas.

El trabajo de Enashu, reconocido en el Premio Abanderados, consiste en la instalación de puestos sanitarios en parajes de difícil acceso mediante equipos de médicos, enfermeros, obstétricas y voluntarios, combinando la asistencia directa con tareas de prevención y promoción de la salud.

Una fuerte polémica se desató en la Escuela Nº 103 de Fontana, Chaco, luego de que una madre delegada reconociera haber utilizado para gastos personales parte del dinero reunido para pagar los buzos de egresados de alumnos de sexto grado.

La situación quedó al descubierto después de que la empresa encargada de confeccionar las prendas advirtiera demoras importantes en los depósitos correspondientes a uno de los cursos.

El acuerdo comercial contemplaba un esquema de pago en cinco cuotas mensuales y alcanzaba a seis divisiones del establecimiento. La entrega de la indumentaria estaba condicionada a que todos los grupos mantuvieran sus cuentas al día.

Las sospechas surgieron al analizar las cuentas de 6º D. Según trascendió, al revisar la documentación presentada por la delegada, otros padres detectaron presuntas irregularidades en los comprobantes.

De acuerdo con la información difundida, se habrían utilizado números de recibos pertenecientes a pagos realizados por otros cursos para aparentar que las cuotas correspondientes habían sido abonadas.

Cada buzo tenía un costo de aproximadamente $125.000 y el curso estaba integrado por 24 estudiantes, por lo que el monto involucrado ronda los $3 millones.

A esa suma podría agregarse un problema adicional: la empresa habría establecido un recargo del 35% por mora, situación que podría terminar afectando económicamente a las familias de los seis cursos incluidos en el acuerdo.

Ante la preocupación creciente, un grupo de padres se autoconvocó en la Plaza Tacuarí para reclamar explicaciones y buscar una solución.

En ese contexto, la mujer reconoció públicamente lo sucedido. “Admití mi error, necesitaba pagar otras cosas”, expresó.

También aseguró que intentaría encontrar una alternativa para devolver el dinero y regularizar la deuda con la empresa, de manera que los estudiantes puedan recibir finalmente sus prendas de egresados.

El episodio generó malestar entre las familias, que ahora buscan resolver el compromiso económico pendiente y evitar que el conflicto termine perjudicando a los alumnos en la recta final de su ciclo escolar.

La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, ocurrido en Chaco, incorporó un nuevo elemento con el informe médico realizado a Victoria Luz Cantero, su pareja y actualmente imputada por homicidio agravado por el vínculo.

El examen fue practicado el 2 de agosto de 2026, el mismo día de la detención, por la División Medicina Legal de la Policía del Chaco.

Según el informe, Cantero presentaba eritemas, excoriaciones y equimosis en distintas zonas del cuerpo, entre ellas la espalda, uno de los brazos, el pliegue de un codo y ambas rodillas.

El médico interviniente indicó además que las lesiones tenían varias horas de evolución y resultaban compatibles con traumatismos producidos por o contra un elemento duro.

El informe adquiere importancia dentro del expediente porque podría ayudar a reconstruir lo ocurrido antes de la muerte de Álvarez Guardia.

Sin embargo, la pericia no permite establecer por sí sola cómo se originaron las lesiones ni quién las provocó, por lo que ese punto continúa bajo investigación.

En torno al origen de las marcas existen versiones contrapuestas.

Familiares de la víctima sostienen que podrían haberse producido durante la detención de Cantero y cuestionan que sean consecuencia de una agresión previa.

La defensa, por su parte, podría utilizar el informe para sostener la hipótesis de que la joven habría sido agredida antes del hecho, aunque esa interpretación deberá ser evaluada junto con el resto de las pruebas reunidas en la causa.

Otro de los datos incorporados al informe médico señala que Cantero no presentaba signos clínicos de intoxicación alcohólica al momento de ser examinada.

La investigación busca ahora precisar la secuencia previa al crimen y determinar si las lesiones detectadas guardan relación temporal y material con el episodio investigado.

La fiscal que interviene en la causa también mencionó públicamente una expresión que Cantero habría realizado mientras se encontraba en el Hospital Julio C. Perrando.

Según explicó, la joven habría manifestado ante efectivos policiales que se había defendido luego de un conflicto en el que Álvarez Guardia presuntamente le había roto el teléfono celular.

La propia fiscal aclaró que esa expresión no tiene validez como declaración judicial, debido a que no fue realizada bajo las condiciones formales correspondientes.

El informe médico se suma ahora a las demás pruebas del expediente, entre ellas los resultados de la autopsia, testimonios y otros elementos que deberán ser analizados para establecer qué ocurrió durante el enfrentamiento y determinar responsabilidades penales.

La investigación por el asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia sumó una prueba que podría resultar clave para esclarecer lo ocurrido: el teléfono celular de la víctima fue entregado a la Justicia por la madre de Victoria Luz Cantero, la joven imputada por el crimen.

El dispositivo quedó incorporado al expediente luego de que la mujer prestara declaración testimonial. Aunque por su vínculo familiar tenía la posibilidad de abstenerse, decidió brindar su testimonio ante los investigadores.

Según informó la defensa de Cantero, durante la declaración la mujer también sostuvo que existía una relación atravesada por situaciones de violencia entre su hija y la víctima.

La Fiscalía buscará acceder al contenido del teléfono para reconstruir las últimas horas de Guardia y establecer con mayor precisión qué ocurrió antes y después de la agresión.

Las pericias estarán orientadas a revisar llamadas, mensajes, conversaciones y cualquier otro elemento digital que pueda aportar información relevante para la causa.

De acuerdo con el abogado defensor, Cantero conoce la clave de acceso al dispositivo y esa información será entregada a la Fiscalía para facilitar el análisis.

Uno de los puntos que todavía deberá aclararse es cómo el celular de la víctima terminó en poder de la familia de la imputada. Desde la defensa aseguraron que el aparato había sido puesto a disposición de la Justicia desde el inicio de la investigación.

Facundo, hermano de Cantero, también declaró y afirmó que fue quien trasladó al joven hasta el Hospital Julio C. Perrando después de la agresión.

Según su relato, recibió una llamada del propio Guardia, quien le habría manifestado: “Victoria me cortó y me está sangrando, nos estamos peleando”.

El testigo explicó que se dirigió junto con su esposa hasta una vivienda del barrio 100 Viviendas. Allí encontraron a la víctima herida, sentada en un sillón y expresando que sentía dolor.

Ambos lo asistieron y lo trasladaron de urgencia al hospital. Sin embargo, la herida de arma blanca en el cuello comprometió arterias y venas vitales y provocó el fallecimiento del joven.

La defensa sostuvo además que Cantero acompañó a su pareja al hospital junto con su hermano y su cuñada, y que colaboró para intentar contener la hemorragia.

Más tarde, debido al estado de alteración que presentaba, sus familiares llamaron a su madre para que fuera a buscarla.

Con el teléfono ya incorporado al expediente y las nuevas declaraciones testimoniales, la Fiscalía espera avanzar en la reconstrucción de los momentos previos al ataque y establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte.

Victoria Canteros, la joven acusada de matar a su novio Matías Guardia en la ciudad chaqueña de Resistencia, se negó a declarar este martes ante la Justicia y continuará detenida mientras avanza la investigación.

Luego de la audiencia, la Fiscalía la imputó formalmente por el delito de homicidio agravado por el vínculo. La fiscal Ana González de Pacce indicó que todavía resta completar peritajes y recibir declaraciones para reconstruir la secuencia del hecho.

Al momento de su aprehensión, la acusada presentaba manchas de sangre en las manos y se encontraba en estado de alteración, de acuerdo con la información incorporada al expediente.

Según fuentes judiciales, Canteros habría manifestado inicialmente ante un efectivo policial que había mantenido una discusión con Guardia y que actuó para defenderse.

Los investigadores buscan establecer cómo se produjo la herida de arma blanca en el pecho que sufrió la víctima y determinar si ese primer relato coincide con las pruebas recolectadas dentro de la vivienda ubicada en Donovan al 1400.

La Fiscalía también confirmó que Guardia había denunciado a Canteros por violencia en noviembre de 2025. Esa causa fue archivada porque el joven no impulsó la acción penal. Hasta el momento, no se encontraron registros de denuncias realizadas por la imputada contra la víctima.

Uno de los puntos bajo análisis está relacionado con el testimonio de un hombre identificado como Facundo.

Inicialmente, el testigo habría señalado que Guardia lo llamó para pedir ayuda, aunque luego sostuvo que la comunicación había sido realizada por Canteros.

La Fiscalía considera necesario esclarecer esa contradicción y reconstruir las llamadas efectuadas antes y después del ataque.

Durante la inspección de la vivienda, los investigadores encontraron la habitación principal revuelta. Familiares de Guardia también denunciaron la desaparición de una suma de dinero que pertenecía al joven.

Además, no pudo ser localizado su teléfono celular. El dispositivo es considerado una pieza relevante para determinar quién realizó el pedido de auxilio y conocer las comunicaciones previas al hecho.

El episodio ocurrió el domingo luego de una discusión dentro de la vivienda. Guardia sufrió una profunda herida y fue trasladado por un amigo al Hospital Julio C. Perrando.

El joven fue sometido a una intervención quirúrgica, pero murió poco después como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

La causa continuará con nuevos testimonios, peritajes sobre los elementos secuestrados y el análisis de las comunicaciones para establecer las responsabilidades en el crimen.

Un joven de 29 años murió luego de recibir una puñalada en el cuello durante una discusión ocurrida en una vivienda de la ciudad chaqueña de Resistencia. Por el hecho, la Policía detuvo a su pareja, una joven identificada como Victoria Cantero.

La víctima fue identificada como Matías Julián Álvarez Guardia, quien habría mantenido una discusión con la acusada antes de resultar gravemente herido con un arma blanca.

Tras el ataque, el joven fue trasladado por su cuñado al hospital Perrando, donde los médicos lo sometieron a una intervención quirúrgica. Sin embargo, posteriormente confirmaron su fallecimiento como consecuencia de un shock hipovolémico.

La Fiscalía interviniente dispuso la detención de Cantero, señalada en la investigación como la presunta autora material del hecho.

La joven fue trasladada por efectivos de la Policía del Chaco a la Comisaría Quinta, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las medidas para determinar cómo se produjo el episodio.

La causa fue caratulada provisoriamente como homicidio. La eventual calificación legal y la pena dependerán de los resultados de la investigación y de lo que determine la Justicia.

Familiares de Álvarez Guardia difundieron mensajes en redes sociales para pedir justicia y reclamar que el caso sea visibilizado.

“No se pudo defender”, expresó la hermana de la víctima, quien acusó públicamente a la detenida y sostuvo que el crimen provocó un daño irreparable en la familia.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía, que deberá reunir testimonios, peritajes y otros elementos para reconstruir las circunstancias de la muerte.

Un suboficial de la Policía del Chaco sufrió la amputación parcial de un dedo durante un procedimiento realizado en la madrugada de este sábado en Capitán Solari, luego de intervenir ante un episodio de violencia familiar.

Según la información policial, alrededor de las 2:35 una mujer de 69 años pidió ayuda porque su hijo, de 26, se encontraba alterado, habría provocado destrozos en la vivienda y agredido a su padre. Ante la denuncia, una comisión se dirigió al domicilio ubicado sobre calle 2 de Abril, en el acceso a la localidad.

Al advertir la presencia de los efectivos, el joven escapó por la parte delantera de la casa, subió al techo e intentó ingresar nuevamente por la zona posterior. Allí fue interceptado y se produjo un forcejeo.

Durante la reducción, el sargento ayudante Andrés Eloy Vera, de 40 años, fue mordido en el dedo medio de la mano derecha. La agresión le provocó un profundo corte y la pérdida de un fragmento del dedo, lesión cuyo alcance definitivo deberá ser establecido mediante los informes médicos correspondientes.

Pese a lo ocurrido, el personal logró controlar la situación y detener al joven, quien fue trasladado a la dependencia policial. También se recibieron declaraciones del efectivo herido y del padre del acusado, quien ratificó que previamente se habían producido daños y agresiones dentro de la vivienda.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Investigación Penal N.º 1 de General San Martín, a cargo del fiscal de feria Guillermo Codutti. El acusado quedó aprehendido por presuntas lesiones graves, resistencia y atentado contra la autoridad, daños y lesiones.

La Fiscalía también ordenó la inspección ocular del lugar, la toma de testimonios del personal interviniente y la incorporación de los informes médicos. Se aguarda el parte definitivo para determinar con precisión la gravedad de la lesión sufrida por el policía.

La desaparición de Axel Alejandro González, de 21 años, mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad chaqueña. El joven salió el sábado de su vivienda en el barrio Takay de Puerto Tirol con rumbo a la casa de su novia en Puerto Vicentini, y desde entonces no se tienen datos confirmados sobre su paradero.

La denuncia fue realizada por la madre de Axel, lo que activó el Protocolo de Búsqueda de Personas y generó un despliegue de fuerzas sin precedentes en la región. Durante el lunes, la Policía del Chaco desplegó operativos terrestres, aéreos y fluviales en Fontana y zonas aledañas, con la participación de la Dirección General de Inteligencia Criminal, Bomberos, Seguridad Rural y Ambiental, la División Búsqueda de Personas, el Departamento Canes y personal de las comisarías Primera y Tercera de Fontana. La supervisión estuvo a cargo de altos mandos de la fuerza.

La investigación judicial se complicó por la denuncia de la madre de Axel sobre la presunta implicancia de dos efectivos de la Comisaría Segunda de Fontana. En consecuencia, la Justicia provincial abrió dos investigaciones paralelas: una para determinar el paradero del joven y otra para esclarecer la posible responsabilidad de los policías. Según la reconstrucción oficial, la madrugada del domingo un móvil policial intervino en un procedimiento en Puerto Tirol, identificando a otro joven de apellido Lázaro mientras Axel habría huido del lugar antes de ser interceptado.

Para avanzar en la investigación, se recaban testimonios y se analizan cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido previo a la desaparición. Hasta el momento, ningún testigo afirmó haber visto que los policías denunciados trasladaran al joven ni haber escuchado disparos de arma de fuego. La causa quedó bajo la órbita de dos fiscalías: una ordinaria y otra de Derechos Humanos.

La Policía del Chaco difundió las características físicas de Axel para facilitar la colaboración ciudadana. Mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tez blanca y cabello negro con rulos en la parte superior. Como señas particulares posee un tatuaje con el nombre “Lautaro” en el brazo derecho y usa una tobillera tejida de color rosado o morado. Al momento de su desaparición vestía pantalón de buzo negro tipo acetato, medias de Boca Juniors, ojotas blancas y campera inflable negra.

Las autoridades y la familia hicieron un llamado a la comunidad para aportar cualquier información que ayude a localizar a Axel González. Cualquier novedad puede ser comunicada a la Comisaría de Puerto Tirol al 3624-492007 o al servicio de emergencias 911. Hasta el momento, los operativos continúan activos y la investigación sigue en curso con expectativa de nuevos resultados.

La desaparición de Axel Alejandro González, de 21 años, generó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad en Chaco y mantiene en vilo a su entorno y a la comunidad. El sábado pasado, González salió de su casa en el barrio Takay, Puerto Tirol, con rumbo a la vivienda de su novia en Puerto Vicentini, y desde entonces no hay datos confirmados sobre su paradero.

La madre del joven presentó la denuncia correspondiente, lo que activó el Protocolo de Búsqueda de Personas, movilizando recursos policiales y judiciales. El lunes por la tarde, se realizaron operativos en Fontana y zonas cercanas, con la participación de divisiones de Inteligencia Criminal, Bomberos, Seguridad Rural y Ambiental, División Búsqueda de Personas, Departamento Canes, y personal de las comisarías Primera y Tercera de Fontana, supervisados por altos mandos.

La dimensión del caso se amplió cuando la familia denunció la presunta participación de dos efectivos de la Comisaría Segunda de Fontana. El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, confirmó que la madre del joven señaló a los agentes como posibles responsables, por lo que la Justicia provincial inició dos investigaciones paralelas: una para localizar a González y otra para determinar la responsabilidad de los policías denunciados.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, la madrugada del domingo un móvil policial intervino en un procedimiento donde intentó identificar a dos jóvenes en Puerto Tirol. Uno de ellos, de apellido Lázaro, fue identificado por los policías, mientras que Axel González habría huido antes de ser interceptado. Hasta el momento, los testigos no confirmaron que el joven fuera trasladado por los policías ni reportaron disparos de arma de fuego.

El caso está a cargo de dos fiscalías: una ordinaria, centrada en la desaparición, y otra de Derechos Humanos, para evaluar la posible responsabilidad penal de los efectivos.

La Policía del Chaco difundió los datos de Axel González para facilitar su localización. El joven mide aproximadamente 1,70 metros, contextura delgada, tez blanca y cabello negro rizado en la parte superior, posee un tatuaje con el nombre “Lautaro” en el brazo derecho y usa una tobillera tejida de color rosado o morado. Al momento de su desaparición vestía pantalón de buzo negro tipo acetato, medias de Boca Juniors, ojotas blancas y campera inflable negra.

Las autoridades y la familia solicitaron la colaboración de la comunidad. Cualquier información relevante puede ser comunicada a la Comisaría de Puerto Tirol al 3624-492007 o al 911.

Hasta el momento, la búsqueda de Axel González continúa activa y las investigaciones judiciales avanzan, con la expectativa de obtener resultados a partir de los datos recabados en el terreno y las cámaras de seguridad.

El Ministerio Público Fiscal de la Nación requirió la elevación a juicio de la causa seguida contra Franco Augusto Poccia, un productor rural santafesino acusado de someter a trabajadores a condiciones de servidumbre en un campo de frutillas de Arroyo Leyes, y pidió una pena de 8 años de prisión.

La presentación —difundida el lunes 30 de marzo en el sitio oficial Fiscales.gob— fue formulada por los fiscales de la Unidad Santa Fe, Walter Rodríguez y Milagros Traverso, junto al titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo.

Los representantes del MPF dieron por concluida la investigación y sostuvieron la acusación por el delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, agravado.

Según la requisitoria, el imputado implementó un sistema de captación, traslado y acogimiento de personas, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad estructural para someterlas a condiciones de vida y trabajo inhumanas.

De acuerdo con la acusación, las víctimas —al menos 20 personas— fueron captadas en la provincia del Chaco, principalmente en las localidades de San Bernardo y La Clotilde, y trasladadas a un campo de cultivo de frutillas ubicado a la altura del kilómetro 17,5 de la Ruta Provincial N° 1, en jurisdicción de Arroyo Leyes.

El esquema incluía el financiamiento de los pasajes, que luego eran descontados de los salarios, generando un sistema de endeudamiento que condicionaba la permanencia de los trabajadores.

La fiscalía describió un cuadro de extrema precariedad: alojamiento en galpones o construcciones improvisadas, sin acceso adecuado a agua potable ni sanitarios, jornadas laborales que comenzaban alrededor de las 3 de la madrugada y se extendían por más de doce horas, de lunes a lunes, y remuneraciones por debajo de los mínimos legales.

Uno de los testimonios incorporados a la causa refleja esa dinámica: “De lunes a lunes trabajamos. Entramos a laburar a las 3 de la mañana... dormís una hora, dos nomás, y no das más”.

Para los fiscales, este conjunto de condiciones configura una situación de reducción a la servidumbre, en la que se verifica una “cosificación de la persona” y una supresión fáctica de su libertad y dignidad.

Además de la pena de prisión, el MPF solicitó medidas de reparación para las víctimas, el decomiso de bienes —entre ellos dinero en efectivo, armas y una camioneta— y la imposición de costas al acusado.

Tal como informara oportunamente El Litoral, la investigación se inició el 17 de septiembre de 2025 a partir de la denuncia de tres trabajadores que lograron escapar del predio y se presentaron en una comisaría.

A partir de esa presentación, el 1° de octubre se realizó un allanamiento en el campo, donde fueron identificadas 42 personas, que se sumaron a los denunciantes iniciales. En ese procedimiento intervino la Policía de Investigaciones (PDI), junto a organismos nacionales y provinciales vinculados a la trata y al trabajo rural.

Días después fue detenido Poccia, de 25 años, quien quedó imputado por trata de personas con fines de sometimiento a la servidumbre agravado.

En la audiencia de medidas cautelares, el juez federal de garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz dictó la prisión preventiva, al considerar acreditados los elementos iniciales de la acusación y los riesgos procesales.

El derrotero del caso incluyó luego una revisión de esa medida. A fines de octubre, la Cámara Federal de Rosario —con integración de Aníbal Pineda, Silvina María Andalaf Casiello y Fernando Lorenzo Barbará— dispuso morigerar la prisión preventiva y concederle la domiciliaria por un plazo de 45 días.

En esa resolución, el tribunal ponderó la gravedad de los hechos investigados, pero señaló que la causa se encontraba en una etapa inicial y que correspondía otorgar un plazo a la fiscalía para profundizar la producción de pruebas.

Durante todo el proceso, la defensa, a cargo del abogado Claudio Torres del Sel, sostuvo que no existió trata de personas sino, en todo caso, irregularidades laborales, y afirmó que los trabajadores ingresaban y salían libremente del predio. “Entran y salen cuando quieren, nadie está retenido en contra de su voluntad”, dijo el profesional en una entrevista realizada el año pasado.

Con la presentación del requerimiento de elevación, el caso ingresa ahora en una nueva etapa, en la que se definirá si la investigación reúne los elementos suficientes para ser debatida en juicio ante el Tribunal Oral Federal (TOF) local.

Para la fiscalía, la evidencia recolectada permite sostener la existencia de un sistema organizado orientado a “maximizar el rendimiento económico mediante el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas”.

La decisión quedará en manos del juez interviniente, que deberá resolver si hace lugar al planteo acusatorio y habilita la instancia de juicio, donde se pondrá a prueba la hipótesis de una de las formas más graves de explotación laboral investigadas en la región.

El Litoral

Un grave episodio se registró cerca de las 20:00 del jueves, cuando personal policial fue alertado por el ingreso de un menor de edad al hospital local con lesiones compatibles con el uso de un arma de fuego de fabricación casera.

Al arribar al nosocomio, los efectivos se entrevistaron con un joven de 14 años, quien relató que se encontraba junto a su amigo, de 13, cuando este último intentó efectuar un disparo con una “tumbera”. Según el testimonio, debido a la precariedad del arma, el dispositivo explotó al momento de ser accionado.

Como consecuencia del estallido, el adolescente sufrió severas lesiones en su mano derecha. El equipo médico de guardia diagnosticó una herida cortante profunda en la base del dedo pulgar, motivo por el cual se dispuso su traslado inmediato al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña para la realización de estudios y una atención de mayor complejidad.

Ante la gravedad del hecho, tomó intervención el fiscal de turno, quien ordenó que personal policial rastree el lugar donde ocurrió el incidente con el objetivo de secuestrar el arma casera, que habría sido abandonada tras la explosión. Asimismo, se dio participación a la Unidad de Protección Integral (UPI), en razón de la minoridad de los involucrados.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho y determinar eventuales responsabilidades.

En una barranca del Bermejo, un cachorro apareció como quien no quiere la cosa y dejó un mensaje claro: el yaguareté está volviendo a criar en libertad en la región del Chaco argentino.

El antecedente inmediato se remonta a agosto de 2024, cuando guías locales observaron, sobre una barranca y “sentados de frente”, a la hembra Nalá junto a su cría en la zona del Río Bermejo, dentro del Parque Nacional El Impenetrable. La confirmación se difundió a través de las redes de Fundación Rewilding Argentina.

Ahora, meses después de ese suceso, personal del parque volvió a detectar a un yaguareté con un cachorro, otra vez a orillas del mismo río. Esa vez, la hembra no pudo ser identificada (se presumía que podía ser Nalá), y el juvenil fue visto de lejos, corriendo por la barranca.

En ese segundo avistaje, los observadores repararon en un detalle que parecía menor, pero no lo era: al cachorro le faltaba gran parte de la cola. Ese rasgo distintivo abrió la pregunta que hoy explica el giro de la historia.

Con registros recientes de cámaras trampa instaladas por Rewilding, apareció Nalá en video junto a su cachorro. Y ahí se terminó la confusión: el juvenil que acompaña a Nalá tiene la cola intacta, lo que lo diferencia del ejemplar visto antes.

Ese dato, simple y contundente, confirmó lo más fuerte: no era el mismo cachorro. Se trata de un segundo nacimiento en el área.

A partir de la evidencia, los equipos consideran que la hembra no identificada sería Keraná, también registrada con su cría: el cachorro que presenta la falta de una parte de la cola.

En el mapa de la conservación en Chaco, estas imágenes funcionan como algo más que una noticia linda: refuerzan el seguimiento de la especie y suman información concreta sobre reproducción en estado silvestre dentro del parque.

El Litoral

Un hombre sufrió quemaduras de primer grado luego de que una mujer —identificada como su ex pareja— lo rociara con nafta y le prendiera fuego en la ciudad de Charata, en la provincia del Chaco.

El hecho movilizó a los servicios de emergencia y dejó en evidencia un episodio de extrema violencia que ahora es investigado por la justicia chaqueña.

La víctima fue asistida inicialmente por vecinos que estaban en la zona y dieron aviso a las autoridades. Presentaba lesiones en el brazo, la mano y el rostro que requirieron atención médica urgente. Tras recibir los primeros auxilios, el hombre fue trasladado a un centro de salud para continuar con su tratamiento.

Según la reconstrucción preliminar de lo ocurrido, la agresora —una mujer de 31 años— se habría presentado en el lugar donde se encontraba su ex novio y lo atacó con un bidón de combustible, rociándolo con nafta antes de iniciar las llamas.

Al advertir la gravedad de la situación, los vecinos intervinieron para ayudar al hombre y solicitaron la presencia de una ambulancia y de la Policía.

Los primeros efectivos policiales que llegaron al lugar encontraron al hombre con quemaduras visibles. La mujer señalada como autora del ataque había huido antes de la llegada de las fuerzas de seguridad.

Hasta el momento de redactar esta nota, su paradero se desconoce y las autoridades mantienen un operativo para localizarla.

La causa quedó bajo la órbita de la Comisaría local con la participación del Ministerio Público Fiscal de turno. Los investigadores trabajan en recopilar evidencias, testimonios y esclarecer las circunstancias que derivaron en el ataque.

En paralelo, la víctima realizó la denuncia formal para que la fiscalía avance con las medidas judiciales correspondientes.

El uso de fuego como arma de ataque es un fenómeno extremo y particularmente grave dentro de los delitos de violencia interpersonal. En distintos países y también en Argentina, se han registrado casos en los que individuos aprovechan combustibles para intentar causar daño grave o muerte a otra persona.

Uno de los casos más conocidos en el país ocurrió en Buenos Aires en 2010, cuando Wanda Taddei fue atacada por su esposo, quien la roció con alcohol y le prendió fuego; tras días de agonía, la mujer falleció como consecuencia de las quemaduras sufridas.

Este hecho marcó un punto de atención sobre la violencia de género y las formas extremas de agresión física en las relaciones de pareja.

A nivel internacional, también se han documentado episodios en los que personas son atacadas con combustibles y llama viva, con consecuencias a menudo fatales o que dejan secuelas físicas y psicológicas severas.

Por ahora, la mujer buscada por la Policía de Chaco no fue detenida. La justicia mantiene la investigación abierta para determinar las responsabilidades penales y avanzar hacia una posible imputación por lesiones agravadas u otros delitos que resulten acreditados durante la instrucción.

Tras la recepción de la denuncia, el fiscal de la causa requerirá medidas como peritajes, declaraciones de testigos y otros elementos que permitan reconstruir el episodio con precisión.

Mientras tanto, la víctima continúa recibiendo cuidados médicos por las quemaduras de primer grado. Las autoridades recomiendan a cualquier persona con información sobre el paradero de la presunta agresora que se comunique con la comisaría local para colaborar con la pesquisa.

El Litoral

Un episodio de características confusas mantiene en alerta a las autoridades de Santa Fe y Chaco ante la presunción de una avioneta que habría caído, un hombre herido que pidió ayuda y luego desapareció, y otro sujeto demorado en un control policial, sin que por el momento exista una vinculación confirmada entre los hechos.

La situación se inició el lunes 2 de febrero, cuando la directora de la Escuela Nº 6146 Rastreador Fournier, ubicada en la zona rural de Avellaneda, denunció ante la Policía que encontró a un hombre desorientado, nervioso y con lesiones visibles.

Según relató la docente, el sujeto manifestó que su avioneta se había caído en la provincia del Chaco y que, al no recibir asistencia, comenzó a caminar sin rumbo. También insistió en ser trasladado a la ciudad e incluso ofreció dinero, pero ante la negativa decidió retirarse por sus propios medios. Desde entonces, se desconoce su paradero.

Por la cercanía con la provincia vecina, las autoridades santafesinas dieron aviso a sus pares del Chaco ante la presunción de un posible accidente aéreo, de acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas.

Ese mismo día, ya por la noche, personal de la Policía Caminera del Chaco demoró a un hombre durante un control de rutina sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 983, en cercanías de Avellaneda.

Los efectivos indicaron que el individuo circulaba por la banquina con apariencia de mochilero. Tras ser trasladado a una dependencia policial, se constató que tenía 37 años, era de nacionalidad colombiana y había ingresado de manera irregular al país.

Sin embargo, la directora de la escuela no reconoció a esta persona como el hombre que había pedido ayuda horas antes, por lo que las autoridades mantienen hermetismo sobre una eventual conexión entre ambos episodios y continúan las actuaciones para esclarecer qué fue lo que realmente ocurrió.

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso el pago de una recompensa para obtener información que permita dar con el paradero de Nelson David Gusak, un hombre que permanece desaparecido desde hace varios meses en la provincia de Chaco. La medida se adoptó ante la falta de avances concretos en la investigación y la gravedad de las hipótesis que se manejan.

La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 30/2026, publicada en el Boletín Oficial, en la que se detalla que la desaparición podría estar vinculada a la comisión de delitos de extrema gravedad, como homicidio o trata de personas con fines laborales.

Según lo informado oficialmente, a comienzos de diciembre de 2025 la Fiscalía de Investigación Nº 3 de Chaco, a cargo de la fiscal Rosana Beatriz Soto, solicitó al Ministerio de Seguridad que se ofreciera una recompensa. El objetivo es incentivar la colaboración de personas que, sin haber participado en hechos delictivos, puedan aportar datos útiles y verificables para localizar a Gusak.

La investigación se mantiene abierta y bajo análisis, mientras se profundizan distintas líneas para esclarecer qué ocurrió tras su desaparición. Hasta el momento, no se registraron resultados concluyentes que permitan determinar su paradero.

Nelson David Gusak fue visto por última vez el 20 de septiembre de 2025 en las inmediaciones de su domicilio, ubicado en el asentamiento Zampa de la ciudad de Resistencia. Tras perder contacto con él, su familia realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades y aportó información relevante para la causa.

Entre los datos brindados, se indicó que el hombre presenta problemas de consumo de estupefacientes, un aspecto que también es considerado dentro de la investigación en curso.

De acuerdo con la información difundida, Gusak mide aproximadamente 1.65 metros, es de tez trigueña y tiene cabello largo, rizado y de color negro. Posee un tatuaje en el antebrazo izquierdo con el nombre “Jonathan” y otro en el antebrazo derecho con el nombre “Santino”. Al momento de su desaparición vestía una remera verde con rayas blancas, un pantalón de jean azul y calzaba ojotas.

Luego de evaluar el pedido judicial, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, resolvió ofrecer una recompensa de 5 millones de pesos para quien aporte información certera que permita establecer el paradero del hombre, nacido el 23 de marzo de 1999.

Las personas que cuenten con datos relevantes podrán comunicarse de manera telefónica con el Programa Nacional de Recompensas. El pago será efectuado por el Ministerio de Seguridad Nacional o en el lugar que determine la funcionaria, garantizando la reserva de identidad de quienes colaboren.

El Litoral

Un cuerpo sin vida fue hallado este lunes al mediodía en Chaco, en el riacho del paraje Las 5 Bocas, luego de que un grupo de pescadores advirtiera la presencia del cadáver flotando en el agua y diera aviso inmediato a las autoridades.

El hallazgo generó un amplio despliegue policial y judicial en la zona, mientras avanzan las tareas para establecer la identidad del hombre y determinar las circunstancias de su muerte.

El episodio ocurrió en horas del mediodía, cuando pescadores que se encontraban en el riacho del paraje Las 5 Bocas observaron un cuerpo flotando y alertaron a la Policía. A partir del llamado, efectivos de la comisaría de Puerto Vilelas se trasladaron al lugar para constatar la situación y preservar la escena.

Ante la gravedad del hecho, se dio intervención al fiscal de feria, al Gabinete Científico del Poder Judicial y a la Prefectura Naval Argentina, que comenzaron a coordinar las primeras diligencias.

En el lugar también trabajaron el médico policial y el móvil Tanatológico del Departamento de Bomberos Metropolitana, encargados de realizar los procedimientos correspondientes para el traslado del cuerpo. Debido a que el camino de tierra se encontraba interrumpido, la División Patrulla Fluvial colaboró en el operativo y permitió llevar el cadáver hasta la zona conocida como Tres Bocas.

Durante el procedimiento estuvieron presentes autoridades de la seguridad metropolitana, entre ellas el comisario general José Ramón Correa, el comisario mayor Marcelo Javier Centurión y el jefe de la comisaría de Puerto Vilelas, Hugo Alejandro Muñoz, quienes supervisaron las tareas desplegadas.

Hasta el momento, el cuerpo no había sido identificado. Según informaron fuentes policiales, la investigación quedará a cargo del área de Rastros, que trabajará en la identificación mediante el sistema biométrico una vez que la Justicia lo autorice.

En paralelo, los peritajes buscan esclarecer las causas del fallecimiento y determinar si se trató de una muerte accidental, un hecho violento o si existió la participación de terceros. Mientras tanto, la zona del hallazgo permanece bajo resguardo y no se descarta ninguna hipótesis.

EL

Este martes se conoció que una mujer de Villa Berthet, en la provincia de Chaco, quedó bajo investigación judicial luego de enviarle a su ex pareja un video en el que se la ve agrediendo a uno de sus hijos, un bebé de siete meses. El material habría sido remitido como represalia tras la ruptura de la relación.

El padre de la criatura, un joven de 21 años, se presentó ante la Policía para denunciar que había recibido la filmación por mensaje. En el intercambio, la mujer habría escrito una frase en la que responsabilizaba al hombre por lo ocurrido.

Según consta en la denuncia, la relación había finalizado hacía aproximadamente dos meses y, desde entonces, el denunciante recibía mensajes amenazantes vinculados al destino del niño. Esos antecedentes fueron incorporados al expediente policial.

Tras recibir el video, la causa fue puesta en conocimiento de la Fiscalía N.º 4 de Villa Ángela y de la Unidad de Protección Integral. De manera inmediata, se dispuso una medida de resguardo que apartó a la madre del contacto con los menores y otorgó la tenencia provisoria al padre.

De acuerdo con la información aportada, personal especializado trasladó al bebé de siete meses y a otro niño de dos años para ser examinados por médicos. Los estudios iniciales indicaron que el menor presentaba hematomas, palidez y signos compatibles con anemia, mientras que el niño mayor evidenció lesiones superficiales y un cuadro similar.

La madre fue notificada de su situación legal y quedó desvinculada de ambos niños. La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.