Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino en el marco de una causa que investiga presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino.

El pedido fue formulado por el fiscal Pedro Simón en un dictamen extenso que ahora deberá ser evaluado por el juez interviniente. Según la acusación, ambos dirigentes habrían participado en una maniobra que consistía en canalizar fondos de la AFA a través de empresas vinculadas a Toviggino, las cuales habrían funcionado como estructuras para encubrir operaciones ilegales.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, el esquema habría operado durante varios años mediante la emisión de facturas por servicios que, en la práctica, no se habrían realizado. A partir de ese mecanismo, se justificaban transferencias millonarias desde la AFA hacia firmas controladas por personas del entorno del tesorero.

El dictamen señala que estas sociedades también habrían realizado movimientos internos de facturación para dificultar el seguimiento del dinero y ocultar su origen. En ese marco, se investiga una red que incluiría a familiares y allegados, algunos de los cuales habrían actuado como titulares formales de bienes.

En la presentación judicial, el fiscal considera a Toviggino como el presunto organizador de la maniobra, mientras que a Tapia le atribuye haber permitido o convalidado las transferencias desde su rol como presidente de la entidad.

La causa también pone el foco en la adquisición de bienes que, según la investigación, estarían registrados a nombre de sociedades pero serían utilizados de manera personal. Entre los elementos bajo análisis figuran propiedades, vehículos y distintas inversiones financieras.

En total, el fiscal solicitó la detención de 24 personas, además de la inhibición de bienes y la realización de distintas medidas de prueba, como allanamientos y peritajes.

El planteo se fundamenta en el riesgo de fuga y en la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos que se investigan, cuyas penas podrían implicar prisión efectiva.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada a fines de 2025 y se suma a otros expedientes judiciales en curso que también involucran a dirigentes del fútbol argentino.

Ahora será el juez quien deberá resolver si hace lugar a los pedidos de la fiscalía y define los próximos pasos en una causa que podría tener fuerte impacto institucional.

La Justicia avanzó en la investigación por presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino y procesó al presidente Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino, en una causa por retención indebida de impuestos y aportes previsionales.

La medida fue dispuesta por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien resolvió el procesamiento sin prisión preventiva.

Según la investigación, los hechos estarían vinculados a presuntos desmanejos de fondos por más de 19 mil millones de pesos, relacionados con retenciones indebidas de cargas fiscales y previsionales dentro de la entidad que regula el fútbol argentino.

La resolución judicial también alcanzó a otros dirigentes del fútbol argentino:

El fallo establece además el embargo de bienes por 350 millones de pesos para los principales imputados.

Asimismo, se dispuso la prohibición de ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin autorización judicial, en el marco de la causa que continúa en etapa de instrucción.

La investigación seguirá su curso para determinar las responsabilidades penales y administrativas dentro de una de las instituciones más importantes del deporte argentino.

El juez federal Adrián González Charvay ordenó este viernes allanamientos en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en el marco de una investigación por presuntas maniobras financieras vinculadas a la empresa TourProdEnter, del empresario Javier Faroni.

Los operativos se realizaron en la sede de la AFA en calle Viamonte (Ciudad de Buenos Aires) y en el predio de Ezeiza, con el objetivo de obtener documentación contable y financiera.

La causa, que inicialmente estaba en manos del juez Luis Armella, tiene como principal hipótesis que la empresa habría administrado US$260 millones de la AFA en el exterior, con un presunto desvío de al menos US$42 millones hacia sociedades consideradas “fantasma”.

Según la investigación, las operaciones se habrían canalizado a través de contratos de derechos de la Selección Argentina, firmados con empresas radicadas en distintos países.

En ese contexto, aparecen vinculados el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, en relación a acuerdos firmados durante la actual gestión.

Los investigadores analizan un circuito financiero que habría manejado cerca de US$300 millones, provenientes de sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos.

Entre los elementos incorporados a la causa, figura una transferencia de 142.893 dólares realizada en julio de 2024 desde una cuenta de TourProdEnter hacia una empresa náutica, coincidente con el alquiler de un yate de lujo en Mónaco utilizado por Tapia.

Además, se ordenó investigar las cuentas de TourProdEnter y de otras cuatro sociedades —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC— consideradas estructuras sin actividad económica clara.

Al inicio de la investigación, la AFA emitió un comunicado titulado “La única verdad es la realidad”, donde defendió los contratos y justificó el pago de comisiones del 30% por acuerdos internacionales, asegurando que desde 2017 se mejoraron condiciones históricas para la entidad.

La causa continúa en etapa investigativa y busca determinar si existieron irregularidades en el manejo de fondos vinculados a la actividad internacional del fútbol argentino.

El Gobierno nacional dispuso este lunes una intervención en grado de veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por 180 días, con el objetivo de relevar documentación, revisar balances, contratos y operaciones financieras de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

La decisión fue adoptada por el Ministerio de Justicia tras un pedido previo de la Inspección General de Justicia (IGJ), que venía reclamando información contable y administrativa.

Los veedores designados son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes tendrán acceso a libros contables, registros administrativos, soportes documentales y acuerdos comerciales de la AFA.

Su tarea incluirá la elaboración de un informe final, aunque también podrán presentar reportes parciales si detectan situaciones que consideren urgentes.

Entre los puntos que deberán analizar figuran los estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025, el cumplimiento del depósito de impuestos, aportes y contribuciones previsionales, la documentación vinculada con la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA) y las relaciones comerciales con firmas y personas bajo observación, entre ellas TourProdEnter LLC, Sur Finanzas, Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.

La resolución se apoya en objeciones previas de la IGJ, que sostuvo que la AFA no entregó información requerida sobre el ejercicio 2025 y sobre la UNAFA, y además cuestionó el intento de la entidad de fijar su domicilio en la provincia de Buenos Aires. Según el organismo, esa mudanza fue “ficticia” y la asociación sigue bajo jurisdicción de la IGJ.

El conflicto entre la Casa Rosada y la conducción de la AFA ya había escalado en las últimas semanas. De hecho, la entidad encabezada por Tapia rechazó públicamente la medida, la calificó como una “veeduría ilegítima”, negó irregularidades en la presentación de balances y anticipó que buscaría frenar cualquier avance por la vía judicial.

La veeduría, de todos modos, no equivale a una intervención plena ni altera el funcionamiento cotidiano de la AFA, pero sí abre una etapa de auditoría formal sobre uno de los núcleos más sensibles del negocio del fútbol argentino. El resultado de ese proceso podría derivar en nuevos requerimientos, sanciones administrativas o una profundización del conflicto en sede judicial.

El Litoral.

La Justicia en lo Penal Económico autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a salir del país para asistir al sorteo de las copas internacionales que se realizará en Paraguay.

La medida fue adoptada luego de que el dirigente se presentara a declaración indagatoria en el marco de una causa en la que se lo investiga por presunta retención de impuestos y aportes previsionales por unos 19.300 millones de pesos.

Con esta autorización, Tapia podrá viajar para participar del sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, programado para el 19 de marzo en la sede de la Conmebol en Luque, ciudad cercana a Asunción.

Tras su presentación ante la Justicia, Tapia aseguró que la AFA actuó dentro del marco legal y cumplió con las obligaciones tributarias.

“El organismo ha actuado en todo momento dentro del marco de la legalidad, ejerciendo derechos reconocidos por el Estado”, expresó el dirigente.

Además, sostuvo que se presentaron todas las declaraciones impositivas y los pagos correspondientes, incluyendo intereses resarcitorios cuando correspondió.

Según indicó, no existió omisión en los aportes del personal en relación de dependencia.

Posteriormente, Tapia se expresó a través de sus redes sociales, donde señaló que la AFA se puso a disposición de la Justicia para colaborar con la investigación.

“Frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición de la Justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución”, afirmó.

También aclaró que el único representante legal de la AFA en la causa es el abogado Luis F. Charró.

El sorteo de las competencias internacionales se realizará el jueves 19 de marzo en la sede de la Conmebol, en Paraguay.

Los equipos argentinos que participarán en la Copa Libertadores serán:

Por su parte, los clubes que disputarán la Copa Sudamericana son:

Tapia cerró su mensaje señalando que continuará enfocado en fortalecer el fútbol argentino y preparar a las competencias nacionales e internacionales, incluyendo los próximos desafíos de la selección como la Finalissima y el Mundial.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó este jueves a declarar en los tribunales del Fuero Penal Económico en el marco de la causa por la supuesta retención de impuestos y aportes previsionales por 19.300 millones de pesos.

A la salida, Tapia dijo que "cumplió con lo que quería la Justicia”. La declaración fue ante el juez Diego Amarante, luego de que este miércoles hiciera lo propio el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien presentó un escrito como parte de la misma investigación.

En el expediente se busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino, en un expediente que también alcanza a otros dirigentes de la AFA y que generó una fuerte repercusión en el ámbito deportivo y político.

La defensa de Tapia había solicitado sin éxito que se declarara la nulidad de su citación a declaración indagatoria. El juez también prohibió a ambos salir del país, a cuatro meses para el Mundial de Estados Unidos, aunque luego le otorgó a Tapia el permiso correspondiente.

La causa investiga la supuesta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Como parte de esta situación, el pasado fin de semana hubo un paro del fútbol en todas las categorías en apoyo de los clubes a la AFA ante lo que consideran una iniciativa de carácter político impulsada por la gestión de Javier Milei en medio de la pugna por la puesta en marcha de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas), que el Gobierno promueve y Tapia y compañía rechazan.

Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se presentó este martes en los tribunales federales de Comodoro Py en el marco de una investigación que busca determinar presuntas irregularidades vinculadas al pago de aportes previsionales e impuestos. Durante la audiencia ante el juez Diego Amarante, el dirigente optó por entregar un escrito y se negó a responder preguntas.

La estrategia de la defensa fue comparecer y dejar asentada su posición técnica sin someterse a un interrogatorio directo. El movimiento ocurre luego de que la Justicia rechazara los pedidos de nulidad presentados anteriormente por el cuerpo legal de la entidad, lo que obligó a sostener el cronograma de indagatorias en un expediente que ya acumula varios cuerpos de prueba.

La investigación gira en torno a presuntas retenciones indebidas que, según el planteo de la denunciante original, alcanzarían cifras millonarias durante el período bajo análisis. El foco de la Justicia está puesto en el manejo de los fondos destinados a las obligaciones tributarias y si existió una maniobra deliberada para desviar esos recursos hacia otros fines institucionales.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó nuevamente bajo la lupa judicial. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prepara una denuncia penal por la presunta utilización de facturas apócrifas vinculadas a supuestas obras realizadas en el predio de Ezeiza.

El eje de la investigación se centra en comprobantes millonarios emitidos por empresas sin empleados, sin bienes registrados y sin actividad económica compatible con los trabajos declarados.

Según trascendió, ARCA detectó firmas que facturaron millones por tareas en el complejo deportivo, pero que no registran estructura ni antecedentes que respalden esos servicios.

Entre los casos mencionados figura Meroka SRL, que facturó $7 millones por obras en Ezeiza, pese a declarar actividades dispares como fast food, bebidas o venta de cereales. Tampoco posee bienes registrados ni actividad económica acorde.

También aparece Maxstore SA, que emitió comprobantes por $23 millones por supuestos trabajos de pintura. La empresa no fue hallada en su domicilio fiscal y declaraba actividades vinculadas a la venta de electrodomésticos y equipos electrónicos.

Otro nombre bajo análisis es Central Hotel SRL, que facturó $9,6 millones por obras pese a tener como actividad declarada el rubro hotelero y gastronómico, sin empleados ni respaldo financiero compatible.

De acuerdo a lo informado, la denuncia se formalizaría luego de que la AFA se negara a entregar el listado del personal que habría ingresado al predio para ejecutar las obras.

Desde la entidad presidida por Claudio Tapia señalaron que parte de esos ingresos son de carácter “privado confidencial” y cuestionaron el alcance del requerimiento.

La nueva presentación se sumaría a la causa ya abierta por presunta retención indebida de aportes y tributos nacionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

En ese expediente, el juez Diego Amarante citó a indagatoria a Tapia y al tesorero Pablo Toviggino, además de dictarles prohibición de salida del país.

Según ARCA, la AFA habría actuado como agente de retención sin depositar en plazo los montos correspondientes, por una cifra que supera los $19.300 millones, tras una ampliación de la denuncia inicial.

En un comunicado oficial, la AFA negó “rotundamente” tener deudas fiscales exigibles y sostuvo que el pago de las obligaciones se realizó antes del vencimiento. Además, cuestionó que el organismo pretenda encuadrar la situación en un delito penal tributario.

ARCA, en cambio, entiende que la falta de depósito en tiempo oportuno configura el delito de omisión, ya que el deber jurídico surge de la calidad de agente de retención.

La presentación judicial se espera en los próximos días y podría ampliar el frente legal que enfrenta la conducción del fútbol argentino.

Una serie de videos, fotografías y documentos internos revelaron el presunto funcionamiento de un circuito de manejo de dinero en efectivo vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino, con registros que muestran el traslado, conteo y certificación de grandes sumas en dólares.

El material comprometería a Juan Pablo Beacon, ex colaborador directo del tesorero Pablo Toviggino, y forma parte de información que ya estaría siendo analizada por la Justicia.

Uno de los videos difundidos muestra a Beacon frente a fajos de dólares mientras certifica el monto recibido. En las imágenes se lo escucha enumerar sumas que, según los documentos atribuidos a su autoría, en una sola semana habrían superado los 800.000 dólares.

Las pruebas exponen un circuito que comenzaría en financieras del microcentro porteño, continuaría con el conteo en una oficina ubicada en la calle Lavalle 1718 y finalizaría en domicilios vinculados a la dirigencia.

Según la documentación, el dinero era trasladado en cajas de vino, bolsos o mochilas para evitar sospechas.

Los registros coincidirían con movimientos financieros que ya estaban bajo la lupa en expedientes en trámite. En paralelo, también se mencionan operaciones realizadas por empresas intermediarias que recaudaban ingresos en el exterior y desviaban fondos hacia firmas radicadas en Miami mediante facturación presuntamente irregular.

Parte de esos servicios habrían sido facturados a la entidad presidida por Claudio Tapia.

De acuerdo a la reconstrucción difundida, el mecanismo interno habría incorporado filmaciones sistemáticas luego de un asalto ocurrido en 2021 durante un traslado de dinero en Recoleta, episodio que generó mayor control interno sobre cada movimiento.

Por el momento, la investigación continúa y no se difundieron resoluciones judiciales firmes sobre las responsabilidades penales. Las actuaciones avanzan bajo análisis de la Justicia, que deberá determinar la eventual existencia de delitos y el alcance de las maniobras.

La Justicia en lo Penal Económico rechazó un nuevo pedido del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, para salir del país con destino a Venezuela. La decisión fue adoptada por el juez Diego Amarante, quien no hizo lugar a la solicitud para viajar entre el 28 de febrero y el 3 de marzo.

Según informó la defensa del dirigente, Tapia había sido designado por la Conmebol para participar en la inauguración del inicio de obras de un Centro Nacional de Alto Rendimiento en Barquisimeto, República Bolivariana de Venezuela.

Tapia tiene vigente una prohibición de salida del país, al igual que otros imputados en la causa en la que se investiga una presunta retención indebida de aportes por una suma multimillonaria.

Está citado a declaración indagatoria el jueves 5 de marzo, mientras el juez debe resolver un planteo de nulidad presentado por su defensa.

En su resolución, Amarante sostuvo que “corresponde no hacer lugar a la petición de autorización de viaje”, y consideró además la situación de inestabilidad política en Venezuela, así como el estado de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El magistrado advirtió que no existiría garantía suficiente para asegurar la sujeción del imputado al proceso en caso de eventuales requerimientos judiciales.

El juez también señaló que en una solicitud anterior se había informado un traslado que excedía los límites autorizados y remarcó que el acto al que pretendía asistir Tapia había sido postergado.

En ese contexto, calificó como “dudosas” las circunstancias del nuevo viaje solicitado.

La investigación se inició el 12 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia de ARCA. Según la querella, la AFA habría omitido retener y depositar aportes de la seguridad social, con un perjuicio fiscal superior a $19.350.000.000 durante un período de 19 meses.

Las supuestas maniobras se habrían producido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, con retenciones vinculadas al IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales.

El cronograma de indagatorias comenzará el 5 de marzo con Tapia y continuará con otros dirigentes y autoridades vinculadas a la entidad.

El juez en lo penal económico Diego Amarante citó a declaración indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa que investiga la presunta apropiación indebida de aportes vinculados a retenciones impositivas y de seguridad social. Además, dispuso la prohibición de salida del país para los imputados.

La decisión fue adoptada tras un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante en el expediente. La investigación apunta a un monto total de $19.353.546.843,85 correspondientes a retenciones que, según la denuncia, habrían sido descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El magistrado convocó a la AFA como persona jurídica y a Tapia para el 5 de marzo de 2026, mientras que Toviggino deberá presentarse el 6 de marzo. La citación alcanza también a otros integrantes de la comisión directiva, entre ellos el secretario general Cristian Malaspina, el director general Gustavo Lorenzo y el ex secretario general Víctor Blanco Rodríguez.

En la resolución, el juez señaló que existen “motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados” y advirtió sobre la gravedad de los hechos y la eventual severidad de la pena en expectativa, fundamentos que también sustentaron la prohibición de salida del país.

La denuncia fue presentada por ARCA el 12 de diciembre de 2025 y ampliada el 18 de ese mismo mes. Según consta en el expediente, se investigan 69 hechos independientes vinculados a la falta de ingreso al fisco de distintos conceptos retenidos por la AFA en su carácter de agente de retención.

Entre los montos desglosados figuran $663 millones en retenciones de IVA, $1.998 millones en retenciones del Impuesto a las Ganancias, más de $8.016 millones bajo el régimen del artículo 79 de Ganancias y $8.675 millones en contribuciones a la seguridad social. Julio de 2025 habría sido el mes con mayor volumen, con más de $2.854 millones.

La querella sostiene que los importes habrían sido retenidos o percibidos pero no ingresados dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores a su vencimiento. Para ARCA, se configuran los elementos del delito de omisión previsto en el Régimen Penal Tributario.

Uno de los ejes del planteo de la querella radica en la presunta capacidad financiera de la AFA durante el período investigado. Según el escrito judicial, la entidad registró importantes acreditaciones bancarias y constituyó plazos fijos en pesos y dólares durante 2024 y 2025, lo que descartaría una imposibilidad material de pago.

La acusación sostiene que la presunta omisión se extendió durante 19 meses consecutivos, lo que permitiría inferir, en esta etapa procesal, la existencia de dolo y no un simple error administrativo.

Desde la defensa, en tanto, ya apelaron ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico el rechazo a un planteo de excepción de falta de acción, por lo que el caso también será revisado por el tribunal de alzada.

La declaración indagatoria constituye el primer acto formal de defensa en el proceso penal. En esa instancia, el juez comunica los hechos y las pruebas reunidas, y los imputados pueden declarar o abstenerse.

La causa se desarrolla en un contexto de mayor control sobre el cumplimiento fiscal de grandes contribuyentes y entidades con alto volumen de operaciones. La eventual responsabilidad penal de los directivos deberá determinarse a lo largo de la instrucción y, en su caso, en un eventual juicio oral.

En lo que constituye la primera consecuencia financiera del escándalo que sacude a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), uno de los principales patrocinadores de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia durante los últimos seis años resolvió interrumpir el envío de nuevas remesas de dinero a la AFA a través de sus “intermediarios”. Exigió transferirle a la asociación de manera directa y una rendición de cuentas sobre los más de US$9 millones que ya desembolsó, según surge de la documentación que envió a la Argentina.

“Dada la gravedad de los hechos que ahora se informan públicamente, hemos decidido que ya no podemos seguir enviando fondos a Tourprodenter LLC ni a ningún otro intermediario”, indicó Socios.com, una empresa que patrocina a la AFA desde 2021 y trabaja con más de 80 organizaciones deportivas profesionales en todo el mundo. “Cualquier pago futuro se realizará únicamente de una manera que garantice que los fondos se transfieran directamente a la AFA como legítima titular de los derechos, sin intermediarios”, reclamó.

De origen francés y con casa matriz en Malta, Socios.com es una plataforma de blockchain que trabaja con clubes de renombre mundial como Barcelona, PSG, Manchester City, Juventus y Flamengo, entre otros, a los que suma en el plano local a River Plate, Independiente, Racing, además de diversas selecciones y asociaciones nacionales, entre las que se destaca la AFA. También, con clubes de la NBA, del fútbol americano y de la Fórmula 1.

Ahora, sin embargo, cargó contra Chiqui Tapia y las sociedades que designó para recaudar fondos de sponsors de la Selección argentina, derechos de transmisión televisiva e ingresos por los partidos amistosos, ya que adujo que jamás prestaron servicio alguno o siquiera se presentaron para ofrecer colaboración.

“Nos preocupa especialmente el uso de entidades de terceros u offshore −incluidas Q22 Services Limited (Guernsey), Stratega Consulting USA LLC (Delaware), Odeoma Gestión SL (España) y Tourprodenter LLC (Florida). Ninguna de estas entidades prestó jamás servicios a Socios.com, ni presentó, negoció ni gestionó nuestros acuerdos de patrocinio con la AFA”, destacó. “De acuerdo con el propio contrato entre AFA y TourProdenter, las comisiones se aplican exclusivamente a los acuerdos comerciales originados por el agente, lo que no fue el caso en nuestra relación”.

Desde enero de 2021, Socios.com detalló que transfirió US$9.052.169 a la AFA, pero que apenas US$480.000 llegaron de manera directa a la entidad de la calle Viamonte, en julio de 2021. Luego remitió tres giros a la intermediaria Q22 por US$900.000, ordenó un pago a Stratega Consulting por US$444.334 y dos transferencias a Torneos y Competencias por US$1.001.245. Y a partir de 2022, remitió 12 transferencias a TourProdEnter LLC por US$6.226.590, hasta noviembre pasado.

La empresa que lidera el francés Alexandre Dreyfus detalló, además, que le expresó su malestar a la AFA por la imposición de “intermediarios” desde que firmó el contrato. Ese malestar se plasmó en 2022 en un pedido para que la entidad que preside Tapia le informara quiénes son los “beneficiarios finales” detrás de esas sociedades recolectoras. Pero nunca tuvo respuesta, en violación de los estándares internacionales de transparencia. Y derivó, también, en una carta de “TourProdEnter” en la que se comprometió a evitar “pagos indebidos, sobornos ni comisiones impropias a funcionarios de la AFA ni a partes relacionadas”.

Ahora, Socios.com dio otro paso, apoyado en las revelaciones periodísticas, la apertura de investigaciones criminales y la sucesión de allanamientos judiciales. “De los aproximadamente USD 9 millones pagados en virtud de nuestros acuerdos con la AFA −incluidos más de USD 6 millones canalizados a través de Tourprodenter LLC− solicitamos formalmente una rendición de cuentas transparente que detalle: 1.Los montos finalmente recibidos por la AFA; y 2. Los montos retenidos o transferidos por los intermediarios”.

La empresa fue más lejos. En el párrafo más explosivo de la nota, reclamó la salida de Chiqui Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros directivos de la AFA. “Dada la gravedad de las denuncias y su proximidad a la Copa del Mundo en los Estados Unidos, creemos firmemente que sería en el mejor interés de la AFA, de la Selección, de sus simpatizantes y de sus patrocinadores que el actual presidente y la conducción den un paso al costado, se suspendan o renuncien. Esto permitiría que la Selección se prepare y compita libre de distracciones, protegería la marca AFA y permitiría que cualquier investigación avance sin presión institucional.

Presentada como una plataforma basada en blockchain que facilita que las organizaciones deportivas y de entretenimiento moneticen sus bases de fans, Socios.com registró cortocircuitos con la AFA desde el inicio de la relación, en mayo de 2021. Y tras la Copa América que ganó la Argentina luego de derrotar a Brasil en la final, en julio de ese año, Tapia pretendió revisar el acuerdo o desplazar a la empresa. La disputa terminó en la Justicia.

Tras una mediación judicial, en agosto de 2022, cuatro meses antes de la Copa del Mundo de Qatar, la AFA anunció que reanudaba el vínculo con la empresa hasta 2026. Pero como resguardo, Socios.com logró que cualquier controversia deba dirimirse en los tribunales de España, lejos de la influencia que la conducción de la entidad de la calle Viamonte suele ejercer sobre ciertos sectores del Poder Judicial local.

Ante la prensa, Tapia obvió entonces ese y otros detalles. “Estamos muy contentos de anunciar la continuidad y la extensión de nuestro acuerdo comercial con Socios.com”, afirmó. “Es importante para nuestra Asociación seguir generando ingresos digitales, como en este caso los Fan Tokens ARG, que además nos permiten estar cerca de los fanáticos de la Selección en todo el mundo”.

Transcurridos más de tres años de aquel cortocircuito, la empresa maltesa volvió a la carga. “Reiteramos que Socios.com nunca se reunió, habló ni recibió servicios de ninguno de los agentes o recaudadores mencionados. Todas las discusiones operativas, facturas y comunicaciones se realizaron exclusivamente con la conducción de la AFA”, subrayó la firma. En ese sentido, reclamó “formalmente que la AFA nos presente sin demora a la Sra. Erica Gillette, firmante de la Comfort Letter, y facilite el contacto directo con Tourprodenter LLC para que podamos solicitar las confirmaciones y la documentación pertinentes”.

En la nota que envió a la AFA, la empresa detalló que contactó a otros sponsors de la Selección que afrontaron las mismas imposiciones. “Las conversaciones con otros patrocinadores de la AFA sugieren experiencias similares, lo que genera preocupaciones legítimas sobre si los fondos de patrocinio llegaron de manera consistente a la AFA según lo previsto”, indicó.

En esa línea, Socios.com invitó a otras empresas a tomar medidas drásticas. “Alentamos a otros patrocinadores, incluido Adidas, a considerar colocar los pagos pendientes en una cuenta de custodia (escrow) y a solicitar colectivamente que los fondos se paguen directamente a la AFA, sin intermediarios, lo antes posible”.

Con oficinas en Madrid, Estambul y San Pablo, la empresa patrocinante indicó, por último, que “se pondrá plenamente a disposición de las autoridades judiciales y regulatorias en la Argentina, los Estados Unidos y España, incluyendo la entrega de todos los contratos relevantes, registros de pagos, correos electrónicos y comunicaciones por WhatsApp”.

LN

El supuesto testaferro de Pablo Toviggino, Luciano Pantano, tenía una tarjeta corporativa de la AFA con un consumo mensual promedio de $50 millones.

Entre los gastos de la tarjeta aparecen el pago de los Telepase de los autos de lujos que se registraron en la mansión de Pilar, que está siendo investigada por la Justicia.

Luciano Pantano, junto a su madre Ana Conte, es uno de los titulares de Real Central SRL, la empresa que adquirió la propiedad que perteneció a Carlos Tevez.

De acuerdo con los documentos incorporados, esa vivienda figura en distintos momentos a nombre de diferentes integrantes del entorno Pantano, todos relacionados con Real Central SRL, la firma señalada en la causa como presunta pantalla que está a nombre de Luciano Pantanoy Ana Lucía Conte, madre (jubilada) e hijo (monotributista).

Los registros muestran que Pantano ingresó inicialmente como “propietario/residente” de la mansión ubicada en los lotes 306 y 265 de Ayres Plaza, con fecha de titularidad del 4 de diciembre de 2021.

La ruta de la mansión de Pilar: Toviggino se la compró a Tevez en 2023 a través de un testaferro. (Foto: captura TN)

Con el paso del tiempo, esa condición cambió: los documentos relevados indican que desde el 4 de enero de 2023 el inmueble comenzó a figurar a nombre de Diego Fabián Pantano, bajo la misma categoría de “propietario/residente”.

Ese corrimiento formal de la titularidad es uno de los elementos que se analizan en el expediente. La hipótesis que se examina es si el traspaso responde a una maniobra para disimular la verdadera propiedad del bien.

A esa línea se suma otro dato que figura en la documentación judicial: la hija de Pablo Toviggino también aparece registrada como propietaria o residente de la misma vivienda.

Para los investigadores, se trata de un elemento más que refuerza la conexión entre la familia Pantano y la mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia.

El expediente incorpora además registros de personas invitadas a la mansión, que vuelven a vincular ambos círculos familiares.

En la nómina figura Máximo Toviggino, hijo del dirigente, así como Norberto José Pantano, otro hermano de Luciano y Diego. Según consta en los documentos, ambos aparecen asentados como invitados habituales al domicilio de Ayres Plaza.

La familia Pantano, vinculada a Pablo Toviggino. (Foto: TikTok @luciaconte06)

El juez Marcelo Aguinsky resolvió el 26 de diciembre pasado suspender la feria judicial de enero para continuar con la investigación. Pantano y Conte intentan pasar la causa a un juzgado de Campana pero el magistrado aseguró que le corresponde a él continuar con el expediente.

En los últimos días, el juez ordenó otras medidas de pruebas, como el relevamiento de cámaras de seguridad cercanas al inmueble para verificar si en los días previos al allanamiento hubo traslados de autos de alta gama y caballos.

También se va a realizar un operativo en la empresa Flyzar, la dueña del helicóptero, que deberá proporcionar el listado de pilotos, pasajeros y vuelos que hizo el helicóptero en cuestión.

El juez decidió también convocar al nuevo director de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, para intensificar las pesquisas en torno a sociedades comerciales que compraron la estancia de Pilar y que estarían conectadas con altos funcionarios de la AFA.

La Asociación del Fútbol Argentino difundió este lunes un extenso comunicado oficial para desmentir una investigación periodística que la vincula con un supuesto lavado de dinero a través de la empresa TourProdEnter LLC, firma que administra fondos de la entidad en Estados Unidos. Desde la casa madre del fútbol argentino denunciaron una “campaña de difamación” dirigida contra la institución y sus principales autoridades.

En el texto, la AFA expresó su “más enérgico rechazo” a las acusaciones y defendió el accionar de su presidente, Claudio Tapia, y de su tesorero, Pablo Toviggino, quienes fueron mencionados en las versiones que hablaban de un presunto desvío de 42 millones de dólares.

La entidad recordó que mantiene un contrato vigente con TourProdEnter LLC, designada como agente comercial para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior. Según detalló, ese vínculo fue analizado por distintos tribunales de la Argentina y de Estados Unidos, sin que se detectaran irregularidades.

El comunicado apunta directamente al empresario Guillermo Tofoni, a quien la AFA señala como impulsor de acciones judiciales pese a resoluciones adversas. En particular, menciona la causa CFP 1294/2023, iniciada en la Justicia argentina y vinculada al sponsoreo y la organización de partidos amistosos de la Selección, especialmente los disputados en la República Popular China.

Sobre ese expediente, la AFA remarcó que tanto la institución como Tapia fueron sobreseídos el 6 de septiembre de 2023, decisión que luego fue confirmada por la Cámara Criminal y Correccional Federal y, en abril de 2024, por la Cámara Federal de Casación Penal, dejando la causa definitivamente cerrada en el país.

El comunicado también involucra a funcionarios del Gobierno nacional. Según la AFA, Tofoni habría contado con el respaldo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien —siempre de acuerdo al texto— acompañó sus reclamos con presentaciones realizadas en nombre del Estado, además del apoyo de algunos medios de comunicación.

En ese marco, la entidad indicó que también se promovió una denuncia contra TourProdEnter LLC ante tribunales del estado de Florida para investigar su relación con la AFA. Ese proceso, afirmó, fue rechazado en todas sus instancias y archivado, lo que volvió a confirmar la legalidad del vínculo comercial.

En el cierre, la AFA cuestionó el rol de ciertos medios y llamó a ejercer la tarea periodística con responsabilidad, revisando no solo las fuentes sino también los fallos judiciales existentes. “Informar con veracidad implica no contribuir a operaciones motivadas por intereses particulares”, sostuvo la entidad, al tiempo que reclamó información “seria, responsable y comprobable”.

Comunicado de prensa de la Asociación del Fútbol Argentino.📰 https://t.co/MPWJcEh0SQ pic.twitter.com/HR43yEub4u

El escándalo en torno de la administración de los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los manejos de sus directivos y algunos actores que orbitan alrededor de la entidad suma un nuevo capítulo. En el centro se encuentra ahora una empresa estadounidense que fue autorizada por la institución que preside Claudio “Chiqui” Tapia a recaudar sus ingresos alrededor del mundo y que en los últimos cuatro años acumuló más de US$260 millones en cuatro bancos de Estados Unidos. Pero sólo una parte se destinó a solventar las actividades de la entidad de la calle Viamonte, dentro y fuera de la Argentina. Del resto, al menos US$42 millones terminaron en cuatro sociedades constituidas en el estado de Florida que no tienen empleados, ni actividad comercial declarada. Y detrás de esas firmas figuran argentinos que trabajan como empleados en relación de dependencia en Bariloche, son beneficiarios de viviendas sociales, afrontaron ejecuciones comerciales y fiscales y, en un caso, fue declarada en quiebra con presunción de fraude, según reconstruyó LA NACION.

Basado en registros bancarios confidenciales de Estados Unidos, y documentos judiciales y comerciales en la Argentina, LA NACION constató que otros US$109,9 millones de la AFA se remitieron a un agente de valores con sede en Uruguay que recurrió a un vehículo regulado en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) para custodiar los fondos, en tanto que decenas de millones de dólares se destinaron a gastos de lujo alrededor del mundo: aviones privados, equitación, yates, peluquería, autos, residencias veraniegas y entradas de teatro VIP, entre otros consumos y actividades suntuarias.

Cómo fue el circuito del dinero que la AFA reunía a través de una cuenta en EE.UU.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su mano derecha en la entidad, Pablo Toviggino, no aparecen mencionados por sus nombres en las miles de páginas calificadas como “confidenciales” por los bancos que analizó LA NACION. Pero numerosos gastos coinciden en el tiempo con actividades oficiales de Tapia, eventos en los que participó la AFA o de la Selección. No sólo eso: en los registros aparece la esposa de Toviggino como receptora de fondos, al igual que una sociedad anónima en la que figuraron como accionistas el tesorero de la AFA, y también su hermano, Darío Toviggino.

El epicentro de la operatoria bajo la lupa es TourProdEnter LLC, una firma constituida en agosto de 2021 en Florida que apenas cuatro meses después se convirtió en “agente comercial exclusivo para el exterior” de la AFA. ¿Quién figura como administradora de la empresa? Erica Gillette, quien se presenta en redes sociales como “dedicada a la familia full time” y es pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo personal del “Chiqui” Tapia. Faroni no es un protagonista menor sino que tiene vínculos políticos claros: integró el directorio de Aerolíneas Argentinas durante la gestión de Alberto Fernández y fue diputado bonaerense por el Frente Renovador, el espacio de Sergio Massa.

En pleno cepo cambiario, cuando las personas y empresas argentinas penaban por acceder a un dólar, el contrato con TourProdEnter LLC —aprobado por el Comité Ejecutivo de la AFA y publicado en el boletín 6031— le otorgó la llave de la representación comercial global. Quedó a cargo de cobrar los ingresos para la AFA en el exterior, emitir los pagos para cancelar sus obligaciones fuera de la Argentina y, tras el cobro de una comisión, remitir los excedentes a la entidad que preside el “Chiqui” Tapia.

Así, al cabo de cuatro años, la empresa de Gillette -con Faroni como firmante en el JP Morgan- acumuló ingresos de fondos por al menos US$260 millones, cifra que excluye las transferencias que TourProdEnter LLC completó entre sus diversas cuentas bancarias. Los fondos se repartieron en cuatro bancos: más de US$146 millones en el Bank of America, otros US$72,4 millones en el Synovus, US$41 millones en el Citibank y el remanente en el JP Morgan, según surge de un análisis de registros bancarios confidenciales a los que accedió y analizó LA NACION, tras la intervención de la Justicia de Estados Unidos.

Los ingresos bancarios de TourProdEnter LLC provinieron de tres grandes fuentes: sponsors de la selección argentina, derechos de transmisión televisiva e ingresos por los partidos amistosos. Así, por ejemplo, los mayores aportantes a la cuenta del Bank of America fueron Adidas (US$78,6 millones), Argentina Football Distribution, una empresa que opera el servicio de streaming conocido como AFA Play (US$18,7 millones); y Reporter Broadcasting Company (US$9 millones), uno de los patrocinadores del partido amistoso que se iba a jugar en India en el mes de noviembre de este año.

Dos de esas empresas también lideraron los números en la cuenta de TourProdEnter LLC en el Citibank: Adidas, con US$15,1 millones, y Argentina Football Distribution, con US$5,1 millones, seguido por Quest Holdings, de un grupo de empresas que adquirió el patrocinio de la selección para los partidos amistosos que jugaría en Asia, entre octubre de 2025 y marzo de 2026, según surge de un documento disponible en la Comisión de Valores (SEC, en inglés) de Estados Unidos. Esa firma transfirió US$7,5 millones.

En los registros bancarios, Gillette figura como la única que ordenó transferencias, tanto entre cuentas de TourProdEnter LLC en distintos bancos, como a terceros, aún cuando Faroni consta con tarjetas de crédito vinculadas a las cuentas de la empresa en el Bank of America y el JP Morgan. Pero no hay en los documentos que obtuvo este diario -por las características de esos mismos registros bancarios-, constancia de orden alguna impartida por la AFA.

Ante la consulta de LA NACION, Gillette y Faroni se negaron a contestar preguntas. Allegados al empresario dijeron, sin embargo, que “la empresa TourProdEnter es agente comercial de AFA en el mundo y su función es organizar la logística de la AFA”. “Dentro de esas funciones es agente de cobro y de pago, siempre en el marco correcto de su giro comercial y de acuerdo a la relación contractual estipulada con la AFA. En ese contexto ejecuta las acciones que deba hacer por su función de logística y de acuerdo a instrucciones formales de la asociación, entre ellas, en ocasiones y según corresponda, como agente de cobro y pago”, agregaron las mismas fuentes.

Uno de los destinos más recurrentes del dinero transferido desde TourProDenter traza una ruta hacia Adcap Uruguay Agente de Valores. Recibió US$109,9 millones, según la documentación analizada por LA NACION. La cuenta del Bank of America fue la más utilizada para estos movimientos. De allí salieron US$76,6 millones, de los cuales US$8,7 millones llevan el concepto de “Pop pago para proveedores AFA”.

La transferencia del 26 de agosto de 2024 es un ejemplo de eso. Ese día TourProdenter envió US$2,5 millones a Adcap Uruguay Agente de Valores desde su cuenta del Bank of America. La documentación bancaria sobre ese documento incluye su hora (13:27) y al final describe “Pop pago para proveedores AFA”. La entidad regulada por el Banco Central uruguayo especializa su servicio para empresas e instituciones en manejo de inversiones y liquidez. Los balances de la casa madre del fútbol no incluyen una cuenta a su nombre en Montevideo, sin embargo, estos registros bancarios reflejan la operación y el uso asignado por la entidad que preside Tapia.

Consultados por LA NACION, desde Adcap confirmaron que TourProdEnter LLC y la AFA son sus clientes, que al igual que “miles” de clientes más recurrieron a vehículos regulados en distintos países y “usaron el mercado de bonos para realizar pagos desde y hacia el exterior, dado el cepo cambiario y la brecha cambiaria” que regía en la Argentina. “Todas las transferencias entre TourProdEnter LLC y la AFA que pasaron por nosotros guardaron razonabilidad económica y se dio pleno cumplimiento a la normativa interna por compliance y se requirió la documentación respaldatoria”, remarcaron. “Una vez recibidos los fondos [desde TourProdEnter LLC] la AFA desde su cuenta comitente en las Islas Vírgenes Británicas para enviar dinero a su cuenta comitente en Adcap Argentina y de ahí, una vez vendidos los bonos, los fondos fueron a cuentas de la AFA en bancos argentinos”.

En los balances que la AFA presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y a los que accedió LA NACION, sin embargo, TourProdEnter LLC sólo aparece en una ocasión, como deudora. Comparte listado con la financiera Sur Finanzas y con otras 12 compañías que le adeudaban dinero a la entidad que lidera Tapia, según surge del balance actualizado al 30 de junio de 2024 (de lo que se informa por separado).

LA NACION también procuró consultar a Tapia sobre las operaciones entre la AFA y TourProdEnter LLC, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Los registros bancarios de TourProdenter LLC en Estados Unidos reflejan que la empresa también giró al menos US$42 millones de la AFA a cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) constituidas en Florida, Estados Unidos, mediante transferencias de cinco y seis cifras, de manera constante, durante los últimos tres años. Las sociedades son Soagu Services LLC, que recibió US$10,8 millones; Marmasch LLC, con giros por US$13,4 millones; Velp LLC, con US$3 millones; y Velpasalt LLC, con US$14,7 millones, aun cuando no registran empleados, ni actividad verificada.

Juntas y por separado, las cuatro sociedades muestran características singulares que alimentan la posibilidad de que sean sociedades “vehículo” que intermedien en un eventual desvío de decenas de millones de dólares de la AFA hacia personas que permanecen en las sombras, según reconstruyó LA NACION.

Soagu Services LLC, Marmasch LLC y Velp LLC registraron domicilio en la suite 228 del número 1031 de la calle Ives Dairy Road, un edificio de oficinas de dos plantas en Miami donde funcionan desde un local de limpieza de cutis a estudios jurídicos y consultorios médicos que se promociona en Internet por ofrecer el servicio de “oficinas virtuales”. ¿El costo? 50 dólares por hora de alquiler de las “salas de conferencia”, según constató LA NACION en Miami.

Domicilio registrado de las firmas Soagu Services LLC, Marmasch LLC y Velp LLC

Las cuatro sociedades, cabe aclarar, no figuran en la cartelera de locales y empresas disponible en el edificio. Pero utilizaron como agente registradora a la firma Registered Agents Inc, con sede en Wyoming, que durante los últimos años quedó bajo la lupa de The Washington Post y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés). Y algo más: los titulares de tres de las cuatro sociedades (Soagu, Marmasch y Velpasalt) residen o trabajan en la ciudad rionegrina de Bariloche.

Constituida en agosto de 2022, Soagu Services LLC figura vinculada a Javier Alejandro Ojeda Jara, de 54 años, quien acumula más de $23 millones en deudas con el sistema financiero argentino y trabaja en relación de dependencia en una farmacia de Bariloche, donde reside y donde fue preadjudicatario en 2009 de una vivienda de 2 dormitorios con el Plan Federal I durante el kirchnerismo, según consta en el Boletín Oficial 4795 de la provincia, de enero de 2010.

Los vínculos entre Ojeda Jara y Soagu Services LLC con la siguiente sociedad, Marmasch LLC son múltiples. Para empezar, porque la firma que se constituyó ocho meses después, en abril de 2023, lleva las iniciales de quien figura como su responsable: Mariela Marisa Schmalz (“Mar” por Mariela, “Ma” por Marisa y “Sch” por Schmalz), quien reside en Bariloche, donde también trabaja en relación de dependencia en un local de decoración. Adjudicataria de una vivienda de un dormitorio del Fonavi en 1999, Schmalz afrontó desde entonces juicios ejecutivos, una ejecución fiscal por el municipio de su ciudad, y una ejecución judicial, de acuerdo a documentos oficiales que obtuvo LA NACION.

Con deudas en el sistema bancario argentino por más de $13,4 millones, Schmalz, argentina de 54 años, es la pareja de Ojeda Jara, según indicaron fuentes consultadas por este diario en Bariloche. Y como él, también declaró como domicilio para Marmasch LLC en Miami la suite 228 del número 1031 de la calle Ives Dairy Road, con Registered Agents Inc. como agente registradora. Pero ambos viven en Bariloche y trabajan a una cuadra de distancia

LA NACION intentó contactarlos durante las últimas 48 horas, pero no fue posible. Schmalz llegó a contestar un primer mensaje, pero rechazó responder preguntas.

Misma dirección –oficina “virtual”- en Miami y Registered Agents Inc. como firma registradora también figuran en los documentos societarios que cotejó LA NACION de la sociedad Velp LLC, donde aparece como responsable Verónica Inés López, una argentina de 52 años que es pareja, a su vez, de Roberto Salice, responsable de la cuarta sociedad, Velpasalt LLC.

Nacido en 1970, Salice fue declarado en quiebra en 2019 por el Juzgado en lo Comercial N° 12, cuyo titular, Hernán Diego Papa, le impuso tener que pedir autorización para salir del país y remitió al fuero penal las actuaciones ante la “presunción de fraude”, según consta en las probanzas judiciales que analizó LA NACION. La causa recayó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional 57, en tanto que la Justicia dispuso la conclusión de la quiebra y el archivo del expediente el 15 de este mes porque el síndico no encontró activos de Salice para ejecutar. Apenas tenía un auto usado, que ya estaba sujeto a otro juicio.

Operador turístico, el recorrido de Salice aporta un dato adicional. Trabaja para una agencia que ofrece servicios en Chile y la Argentina, con epicentro en la misma ciudad donde residen Ojeda Jara y Schmalz. De hecho, la agencia de Salice funciona a sólo 200 metros de la farmacia donde atiende Ojeda Jara y a 300 metros del local donde trabaja Schmalz. “Nace en la ciudad de San Carlos de Bariloche en 1996 posicionándose desde entonces como Operador Receptivo en esta ciudad de Argentina”, detalla la página web de la empresa para la que trabaja el receptor, en los papeles, de US$ 14,7 millones de la AFA.

LA NACION procuró contactar a López, pero no respondió los mensajes a su teléfono celular y a su correo electrónico, a diferencia de su esposo.

-¿Usted es el controlante de Velpasalt LLC en Estados Unidos?, le consultó LA NACION.

-No, no -afirmó Salice-. Eso no es correcto. Esa sociedad ya no está.

-¿Pero figuró usted en esa sociedad como controlante o dueño?

-No. Yo figuraba como manager.

-¿Y quién era el titular, entonces?

-No puedo darle esa información.

-¿Lo mismo ocurre con su esposa, Verónica López, en Velp LLC, su mujer era sólo la manager?

-Correcto.

-¿Usted tiene o tuvo algún tipo de vínculo con TourProdEnter LLC o con Erica Gillette o con Javier Faroni?

-No.

-¿Me puede orientar con quienes eran los accionistas de Velp o Velpasalt, entonces?

-No, porque no conozco la situación. La verdad es que le estoy dando toda la información que sé y que puedo dar.

Los dichos de Salice, contrastan, sin embargo, con las constancias registrales de Florida que cotejó LA NACION. ¿Por qué? Porque la firma en que aparece Salice, Velpasalt LLC, sigue activa al cierre de esta edición, a diferencia de Velp LLC, en la que figuró su esposa y se disolvió el 22 de septiembre de 2023. Pero con un dato adicional: siete días después de disuelta, recibió una transferencia desde el banco Synovus por 341.000 dólares.

Fuente: La Nación-Por Nicolás Pizzi, Ignacio Grimaldi y Hugo Alconada Mon- (Con la colaboración de Ricardo Brom y de Lucila Martí Garro).

El Ministerio de Justicia informó este miércoles que intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga de Fútbol Argentino para que brinden explicaciones sobre las cifras consignadas en sus balances contables y financieros, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

Según se indicó en un comunicado oficial, la intimación será realizada a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que requerirá a ambas entidades que respondan a las observaciones efectuadas sobre sus estados contables y financieros, tal como se exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones.

Desde el Gobierno detallaron que los balances sobre los que se solicitaron explicaciones superan los 111 millones de dólares en el caso de la AFA y los 340 millones de dólares en el de la Superliga.

Además, la IGJ intimará específicamente a la AFA a presentar documentación vinculada a gastos e inversiones relacionadas con actividades que no estarían incluidas dentro de sus estatutos sociales. En ese sentido, el Ministerio de Justicia recordó que la AFA es una asociación sin fines de lucro.

“La igualdad ante la ley es un principio que reafirmamos. Nadie está por encima de la ley ni tiene privilegios”, expresó la Secretaría de Justicia, a cargo de Sebastián Amerio, al remarcar que tanto la AFA como la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que cualquier asociación o fundación inscripta ante la IGJ.

En la misma línea, el inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, sostuvo que “nadie está por encima ni tiene privilegios” y reiteró que la AFA debe ajustarse a las obligaciones que rigen para todas las entidades registradas.

Jugadores, ex futbolistas y familiares de algunos talentosos podrían ser citados a declarar por la Justicia en las próximas horas, debido al presunto vínculo con el titular de la empresa Sur Finanzas, Ariel Vallejo, en la causa que se investiga por posible lavado de dinero que involucraría al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Fuentes judiciales revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que "existe esa posibilidad", luego de que trascendiera que Vallejo habría recibido a varios de ellos e incluso se sacó fotos y las subió a sus redes sociales, por lo que se entiende que ellos "habrían ido a Sur Finanzas a comprar dólares, cuando la empresa llevaba a cabo operaciones  con la divisa blue y no había detalle de operaciones registradas en el Banco Central".

"Cuando vas a comprar dólares a un banco es oficial. Tienen un sistema conectado al Banco Central, en el que, al ingresar el DNI figura online si estás autorizado a comprar dólares, si ya te pasaste del cupo mensual o anual, y otras cuestiones. Una vez que hacías la transacción el banco te daba un ticket que se llama boleto de compra y venta de moneda extranjera. Bueno, en las sucursales de Sur Finanzas, no sé si en la casa central de Adrogué era igual, no te daban nada y todo se hacía a través del dólar blue", 

Asimismo, añadió: "Los empleados se manejaban con una planilla excel, que tenían solapas con las operaciones hechas y al final del día se le hacían capturas de pantalla para enviar al tesorero".

"No tenían sistema en la PC, no se pedían datos para hacer las operaciones a los que venían a comprar dólares y sólo se entregaba un ticket  que emitía la máquina contadora con la cantidad de billetes y número de serie por si venían a reclamar algún billete en mal estado y ahí se veía si se lo habían dado en la sucursal o era de otro lado", precisó.

Y añadió: "La única que tenía sistema era casa central por si llegaba algún cliente que necesitaba operar de forma Legal. El cliente no firmaba ningún boleto , nada de nada".

Además, una fuente cercana a la firma detalló que Vallejo "inauguraba sucursales de Sur Finanzas en todo el país e incluso en Miami que tenían una estructura más lujosa que la de los bancos, pero todas ellas las cerraba sin motivo alguno al mes y medio o dos meses de haberla abierto".

Entre ellas figuran una en la localidad bonaerense de Tortuguitas y otro a metros de Plaza de Mayo, entre diagonal Julio Argentino Roca y Bolívar.

En este marco, la Justicia intenta saber si esos futbolistas, dirigentes, ex jugadores y demás "operaban al dólar blue, al oficial o si también formaban parte de un entramado de lavado de dinero".

"Tenemos imágenes de Vallejo con esas personas. Eso no quiere decir que estén involucradas en algún ilícito, pero hay que investigar", aclaró una fuente judicial a la Agencia Noticias Argentinas.

La causa Sur Finanzas la tienen dos jueces por diferentes denuncias, una vinculada directamente a la empresa, a cargo del juez federal de Quilmes Luis Armella, y la otra -iniciada por la Coalición Cívica- la tenía el magistrado federal Daniel Rafecas y ahora pasa a manos del titular del Juzgado  en lo Penal Económico número 10, a cargo de Marcelo Aguinsky.

La Cámara Criminal y Correccional Federal resolvió el viernes que Aguinsky debe continuar la investigación por presunto lavado de activos que involucra a Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte,  hijo y madre, acusados de adquirir un inmueble en Pilar a través de la firma Real Central S.R.L. sin respaldo económico suficiente.__IP__

Se trata de una mansión en el country Ayres Plaza de Villa Rosa, del que sospechan que Pantano y Conte serían posibles "prestanombres"  de "Chiqui" Tapia y de Toviggino.

Un allanamiento ordenado por la Justicia federal en una mansión ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, dejó al descubierto un impactante parque automotor de lujo, compuesto por 54 vehículos, entre autos deportivos, motocicletas y kartings. El operativo se realizó en el marco de una causa iniciada a partir de una denuncia de la Coalición Cívica, que investiga una presunta maniobra de ocultamiento patrimonial y lavado de activos.

La propiedad está registrada a nombre de Real Central SRL, cuyos titulares legales son Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, y es atribuida en la denuncia a presuntos testaferros de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Hasta el momento, esa vinculación no fue acreditada judicialmente y continúa bajo análisis.

Durante el procedimiento, los investigadores incautaron 45 automóviles, 7 motocicletas y 2 kartings, que se encontraban almacenados en un amplio galpón dentro del predio. Los peritos tasadores, designados por la Corte Suprema de Justicia y el Colegio de Martilleros de San Isidro, iniciaron un relevamiento individual de cada unidad.

Entre los vehículos más costosos se identificaron 17 automóviles valuados en más de USD 75.000 cada uno, pertenecientes a marcas de alta gama como Porsche, Ferrari, Audi, BMW, Mercedes-Benz y Ford.

Según las valuaciones preliminares, los modelos de mayor valor son:

La suma de los 17 vehículos más caros alcanza aproximadamente USD 3.109.000. Al incorporar el resto de la flota, valuada en $1.567.794.000, y aplicar un tipo de cambio minorista de $1.465, el monto total del parque automotor asciende a unos USD 4.179.000. En ese cálculo no se incluyeron autos clásicos antiguos ni las motocicletas incautadas.

La causa no se limita al valor de los vehículos. Según la denuncia, Real Central SRL tendría registrados al menos 59 vehículos, lo que abre la sospecha de que podrían existir más unidades ocultas dentro del predio. La propiedad incluye, además, un haras, pista de entrenamiento ecuestre, instalaciones vinculadas al turf y un helipuerto, lo que refuerza la hipótesis de una estructura destinada a la administración y ocultamiento de activos.

Vecinos declararon haber visto frecuentemente a Claudio “Chiqui” Tapia en la zona, aunque la Justicia aclaró que esa circunstancia no constituye una prueba concluyente. Por el momento, las actuaciones se concentran en los titulares registrales, sobre quienes pesan medidas como embargos, inhibiciones de bienes y restricciones para salir del país.

El inmueble había pertenecido anteriormente a Carlos Tevez, luego fue transferido a Malte SRL y finalmente pasó a Real Central SRL en mayo de 2024, una secuencia que también es analizada por la fiscalía, que ya solicitó el levantamiento del secreto fiscal de la sociedad intermedia.

Con millones de dólares en bienes bajo custodia judicial, documentación societaria secuestrada y una investigación en plena expansión, el caso se convirtió en uno de los operativos patrimoniales más relevantes del último tiempo en el norte del conurbano bonaerense, tanto por la magnitud económica como por los nombres involucrados.

La causa Sur Finanzas sumó una nueva avanzada judicial. Este miércoles, el juez federal Luis Armella ordenó otros nueve allanamientos en la investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la financiera de Ariel Vallejo, vinculado comercialmente a la AFA y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

Los procedimientos alcanzan empresas y sedes vinculadas al negocio futbolero y financiero. Entre ellas figuran Minella Stadium S.A., cuatro domicilios de Pro Entertainment S.A. —dedicada a la organización de eventos deportivos y espectáculos— y Roma Inversiones S.A., todos en la ciudad de Buenos Aires.

Al mismo tiempo se allanaron una caja de seguridad de Sur Finanzas en Lomas de Zamora y tres locales de la financiera en una galería porteña. Otro de los puntos bajo la lupa es “Lilian”, joyería y compra de oro situada en Lomas de Zamora y administrada por una firma que encabeza Maite Lorenzo, pareja de Vallejo.

La Justicia también puso la mira en la concesión del estadio “José María Minella”, de Mar del Plata. Minella Stadium S.A. es la empresa que explota el escenario, y Armella reclamó al municipio toda la documentación del proceso licitatorio para reconstruir la trama comercial detrás del contrato.

En todos los casos, el magistrado ordenó secuestrar documentación contable, evidencia digital, celulares, dinero, vehículos y cualquier elemento que pueda servir para seguir la ruta del dinero. Los operativos están a cargo de la Policía Federal y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Los nuevos allanamientos se suman a los 33 realizados el martes en las dos sedes de la AFA, el predio de Ezeiza, la Superliga y 18 clubes de distintas categorías, entre ellos Racing, San Lorenzo, Independiente, Banfield, Barracas Central, Platense, Temperley, Los Andes, Morón, Excursionistas y Brown de Adrogué.

En varios casos se intervinieron más de una sede por institución, buscando contratos de sponsoreo, registros de préstamos y posibles movimientos irregulares. También fueron allanados el club Recreativo Estrella del Sur y su estadio, que lleva el nombre de Claudio “Chiqui” Tapia, otro símbolo del vínculo entre la financiera y el entramado del fútbol.

El expediente que llevan Armella y la fiscal federal Cecilia Incardona nació por sospechas de maniobras con Banfield y se agrandó tras una denuncia de la DGI-ARCA. La financiera está acusada de evadir unos $3.300 millones del impuesto al cheque y de manejar más de $800.000 millones de pesos de clientes sin capacidad económica demostrable o directamente inexistentes.

No es la única investigación abierta. Sur Finanzas y Vallejo también figuran en causas por lavado de dinero en la Justicia en lo Penal Económico y por compras de dólares a tipo oficial en 2019, en pleno cepo cambiario. La combinación de fútbol, financiera y sospechas de blanqueo convirtió el caso en una de las causas más sensibles del cierre de 2025.

Mientras se multiplican los comunicados de clubes que intentan despegarse de la firma y ofrecer colaboración, la Justicia avanza sobre oficinas, cajas de seguridad y contratos. El mapa de las relaciones entre Sur Finanzas, la AFA y los dirigentes promete seguir ampliándose a medida que se abran más puertas… y más cajas fuertes.

El Litoral

La exdiputada nacional Elisa Carrió, junto al presidente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, y el legislador porteño Facundo del Gaiso, presentó un pedido para que se investigue a los presuntos testaferros del titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una causa por lavado de dinero y otros delitos precedentes.

La denuncia, según información difundida a la Agencia Noticias Argentinas, apunta contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, responsables de la empresa Real Central SRL, que habría adquirido una extensa propiedad en Villa Rosa (Pilar). El predio está conformado por más de 105.000 metros cuadrados, e incluiría autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre, pista de entrenamiento, helipuerto e instalaciones deportivas de alto nivel.

Los denunciantes señalaron que el incremento de capital de la firma no alcanzaría para justificar una operación inmobiliaria de tal magnitud ni la infraestructura de lujo del lugar. “Con sólo un poco de sentido común se infiere la imposibilidad evidente para afrontar dicha compra”, indicaron.

En el escrito, también detallaron hechos que podrían aportar información sobre las relaciones entre los denunciados y quien sería —según versiones periodísticas y de redes sociales— el verdadero dueño de la propiedad: un importante dirigente del fútbol argentino, en alusión a Tapia.

El planteo incluye otro dato: en enero de 2023, Pantano habría asumido como titular de Mendoza Wines SA, asociándose con Lucas Labbad en emprendimientos vinculados a viñedos. Labbad es reconocido por su paso como gerente general de Boca Juniors durante la gestión de Daniel Angelici, con un rol central en áreas administrativas, contractuales y operativas del club.

Los denunciantes sostuvieron que estas conexiones ameritan una investigación profunda sobre “el origen y la trazabilidad de los activos”, ante la posibilidad de que los bienes estén directa o indirectamente vinculados a Tapia.

“No podemos ignorar las versiones públicas que indicarían que el inmueble y los bienes mencionados podrían pertenecer o estar vinculados al señor Claudio ‘Chiqui’ Tapia”, finalizaron Carrió y los dirigentes de la Coalición Cívica, quienes solicitaron que la Justicia avance en la pesquisa para determinar la procedencia de los fondos y posibles maniobras de lavado.

Ricardo Caruso Lombardi volvió a desatar un vendaval mediático. En su entrevista con Radio Rafaela, el entrenador redobló sus históricas denuncias contra la conducción de la AFA y describió episodios que, según él, revelan la profundidad de la corrupción en el fútbol argentino. Sus declaraciones incluyeron nombres en clave, acusaciones directas, relatos sobre presiones a árbitros, críticas al presente deportivo y político de Barracas Central, referencias a amenazas y un cierre que encendió todas las alarmas.

El entrenador fue tajante al señalar que el problema del fútbol argentino no está en los clubes, sino en la conducción.“El desastre lo manejan dos tipos, el uno y el dos, Piedrita y el Twittero, que no están bien”, disparó, usando apodos para referirse a los máximos responsables del organismo.

Según su visión, el manejo arbitrario del poder explica irregularidades sistemáticas:“Hay gente que no está bien, porque si estuvieran bien no podrían hacer semejantes barbaridades”.

Caruso se detuvo en el recorrido deportivo de Barracas Central, al que acusa de haber llegado a instancias decisivas favorecido por arbitrajes escandalosos.

“Barracas… llegando a la final… A Newell’s lo durmió, a Estudiantes lo durmió, a Belgrano lo durmió, a Aldosivi lo durmió”, enumeró.

Y fue aún más lejos:“Un equipo que te roba siete, ocho partidos, te robó 15 puntos y está en una final… dejate de joder”.

También señaló que los clubes no presionan ni protestan porque temen represalias de la cúpula:“Los pide los partidos, los pide, y los presidentes ante el temor lo tienen que dar”.

Caruso denunció el nivel de hostigamiento que, según él, viven los jueces del fútbol argentino.“Los árbitros ya tienen que ir a un restaurante con anteojos y gorra para que no los conozcan”, relató.

Y contrastó ese escenario con su propia relación con la gente:“Todo el mundo habla conmigo porque yo ando correctamente. Yo puedo ir a un restaurant, estos tipos no pueden”.

Uno de los pasajes más fuertes de la entrevista fue la historia que Caruso atribuyó al presidente de la AFA, a quien llamó el “comandante”.

Según relató, existe una peluquería dentro de la cancha nueva donde el dirigente recibe árbitros con total impunidad:“Subió un referí y el comandante le dijo: ‘Venite… Vos querés seguir dirigiendo, ¿no? No te hagás más el pelotudo que no te mando al Mundial Sub-20. Yo quiero un domingo en paz, así que ya sabés lo que tenés que hacer’”.

Para Caruso, ese episodio sintetiza la lógica que gobierna los arbitrajes en el país.

En su pronóstico sobre el desenlace del torneo, señaló que Barracas llegará a la final con condiciones deportivas amañadas:

“A Gimnasia no lo dejan salir ni a la mitad de la cancha porque los árbitros y los líneas que le pusieron son delfines de ellos”.

Incluso mencionó posibles finales:“Si juega con Boca puede perder, pero si juega con Tigre, Racing o Argentinos… quedate tranquilo que los duermen a los tres”.

Caruso también confirmó que ha sido amenazado por sus denuncias.“¿Qué me pueden hacer? ¿Pegarme los tiros? Bueno, ya saben quién fue”, aseguró, dejando implícito que responsabiliza a esos mismos dirigentes de cualquier ataque.

Aun así, sostuvo que no se esconde ni anda con custodia:“Yo no ando con guardia. No le tengo miedo a ninguno de estos sátrapas”.

La entrevista culminó con la frase más contundente y peligrosa:“Que no me rompan los huevos porque, si meto mal la mecha, les rompo los jetes a todos”.

Y agregó una advertencia que conmocionó a todos en el estudio:“Si termino como Nisman o como Natalia, ya sabés quiénes fueron”, en referencia a los dos dirigentes que identifica como responsables del manejo de la AFA.