El papa León XIV protagonizó un hecho sin precedentes al sufragar en las elecciones de mitad de mandato en los Estados Unidos. La noticia fue confirmada oficialmente por el servicio de prensa del Vaticano este viernes 30 de octubre de 2026, destacando la participación del sumo pontífice como un acto de ejercicio ciudadano.

Según el comunicado oficial, el papa envió su papeleta por correo postal con destino a la ciudad de Chicago, su lugar de nacimiento. Esta acción se fundamenta en una convicción personal profundamente arraigada sobre el deber de participar en los procesos democráticos, una práctica que el líder religioso ha mantenido de manera constante a lo largo de su vida adulta.

El texto emitido por la Santa Sede subraya que esta decisión se tomó "en consonancia con esta práctica bien establecida de participación cívica". Es la primera vez en la historia que un papa en ejercicio decide participar activamente en un proceso electoral estadounidense, lo cual ha generado una importante repercusión a nivel global por el simbolismo que representa para la comunidad internacional.

Antes de asumir su cargo como máxima autoridad de la Iglesia Católica, el pontífice era conocido como Robert Francis Prevost. Su trayectoria incluye casi 20 años de labor como misionero y obispo en Perú, país donde también posee la ciudadanía. El Vaticano aclaró que, durante su residencia en territorio peruano, el religioso también ejerció su derecho al voto en cada oportunidad que cumplió con los requisitos legales exigidos por las autoridades locales.

La doble ciudadanía de León XIV, tanto estadounidense como peruana, le permite mantener estos vínculos cívicos. El comunicado enfatiza que el papa actúa "como ciudadano" del país norteamericano. Esta postura refuerza su mensaje sobre la importancia de la responsabilidad social, un tema que ha sido recurrente en su pontificado, donde también ha instado a regular tecnologías críticas como la inteligencia artificial y a prohibir las armas autónomas letales.

La participación del papa León XIV en estos comicios refleja una visión donde la fe y la ciudadanía no se excluyen, sino que se complementan en el servicio a la comunidad. Mientras el mundo observa este hecho inédito, el Vaticano mantiene su postura de transparencia sobre las actividades personales del santo padre, quien continúa ejerciendo sus derechos civiles con la misma naturalidad con la que cumple sus funciones pastorales en todo el mundo.

El Gobierno nacional presentó el nuevo Programa de Ciudadanía por Inversión, mediante el cual ciudadanos extranjeros podrán solicitar la nacionalidad argentina a partir de determinadas inversiones económicas.

La iniciativa fue anunciada en París por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la Argentina Week. Según informó oficialmente el Ejecutivo, comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.

El programa establece dos alternativas principales para el solicitante: realizar un aporte directo y no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro Nacional o suscribir un título público por USD 800.000, creado específicamente para este régimen.

El esquema también contempla la posibilidad de que determinados familiares del interesado principal soliciten la ciudadanía. Para el cónyuge y los hijos solteros de entre 18 y 25 años y sin hijos, se requerirá un aporte adicional de USD 100.000 por persona. En el caso de los menores de 18 años, la suma será de USD 25.000.

De esta manera, el monto total dependerá de la integración de cada grupo familiar. Como ejemplo, el Gobierno indicó que una familia compuesta por el solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podría presentar su pedido mediante aportes por un total de USD 500.000.

Uno de los puntos centrales del programa es que realizar la inversión habilitará la presentación de la solicitud, pero no garantizará su aprobación.

El procedimiento previsto incluye controles de identidad, antecedentes, situación patrimonial y origen de los fondos, además de evaluaciones vinculadas con seguridad y otros riesgos.

La normativa establece que la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión recibirá y evaluará las solicitudes. En ese proceso podrá requerir información al Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera, el Registro Nacional de Reincidencia, el RENAPER, la SIDE y otros organismos.

Después de esas verificaciones, la Agencia elevará una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá a su cargo aprobar o rechazar el pedido mediante una resolución fundada. El Decreto 524/2025 fija para esa decisión un plazo de 30 días hábiles desde la recepción del informe de la Agencia.

El régimen tiene como antecedente las modificaciones introducidas en 2025 a la Ley de Ciudadanía Nº 346, que habilitaron a extranjeros a acceder a la naturalización, independientemente del tiempo de residencia, cuando acreditaran una inversión considerada relevante en el país.

La legislación dejó en manos del Ministerio de Economía la determinación de qué inversiones pueden ingresar dentro de esa categoría.

Con el lanzamiento realizado en octubre de 2026, el Gobierno definió las dos modalidades económicas iniciales: el aporte de USD 350.000 al Tesoro o la suscripción del bono de USD 800.000.

El Ejecutivo informó que el programa incorporará estándares de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos, con parámetros vinculados a recomendaciones de la OCDE y el GAFI.

Los postulantes serán sometidos a un proceso de evaluación destinado, según la información oficial, a verificar aspectos como identidad, origen lícito del dinero, antecedentes y riesgos para la seguridad nacional y el sistema financiero.

El nuevo régimen comenzará a operar durante el último trimestre de 2026. Mientras tanto, todavía deberán conocerse detalles operativos y reglamentarios de algunos aspectos del procedimiento antes de que comience el procesamiento efectivo de las solicitudes.

El gobierno de Javier Milei lanzó desde Francia el Programa de Ciudadanía por Inversión, una iniciativa que busca fortalecer el Tesoro Nacional mediante la captación de capitales extranjeros. El anuncio se realizó este viernes durante la Argentina Week y detalla que el programa estará operativo para recibir solicitudes en el transcurso del cuarto trimestre de 2026.

El esquema propone dos mecanismos principales: realizar un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional por USD 350.000, o suscribir un título público de USD 800.000, creado específicamente para este proyecto. Según informó el Ministerio de Economía, también podrán aplicar cónyuges e hijos, con montos diferenciados según la edad.

Bajo este esquema, un grupo familiar tipo integrado por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores, podrá solicitar la ciudadanía argentina por un total de USD 500.000

La normativa tiene su origen en el Decreto 524/2025, que permite a inversores extranjeros solicitar la ciudadanía sin cumplir con el plazo de residencia tradicional. La gestión recae en la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, organismo descentralizado del Ministerio de Economía. El proceso incluye estrictos controles de seguridad y trazabilidad de fondos, con intervención del Ministerio de Seguridad Nacional, la UIF, el Registro Nacional de Reincidencia, el RENAPER y la SIDE.

Sobre los controles, el organismo detalló:

El proceso comprende, entre otros aspectos, verificación de identidad, trazabilidad y licitud del origen de los fondos, análisis patrimonial y financiero, evaluación del riesgo jurisdiccional, revisión de antecedentes penales y reputacionales, así como el historial migratorio de los solicitantes

Una vez emitido el dictamen, la Dirección Nacional de Migraciones cuenta con un plazo de 30 días hábiles para resolver el otorgamiento definitivo. A nivel internacional, medios como Forbes han calificado a la ciudadanía argentina como un nuevo símbolo de estatus para estadounidenses adinerados, mientras que otros medios como ABC lo describieron como un plan de pasaportes dorados, una estrategia utilizada por cerca de 60 naciones para atraer inversores.

El Gobierno nacional trabaja en la creación de una agencia específica para promover la ciudadanía argentina entre extranjeros que inviertan en el país más de 500.000 dólares. Según confirmaron fuentes oficiales, esta propuesta se enmarca en una reforma migratoria que será oficializada en los próximos días mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

El organismo, que dependerá del Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo, tendrá la misión de evaluar y certificar los proyectos de inversión que aspiren a obtener este beneficio. La iniciativa busca “simplificar lo administrativo a quienes quieran venir a invertir” y dinamizar la llegada de capitales al país.

La medida se complementa con una política más restrictiva en materia migratoria. Tal como lo explicó el vocero presidencial Manuel Adorni, la reforma también apunta a endurecer los requisitos para obtener la ciudadanía argentina y facilitar la expulsión de extranjeros que cometan delitos en el país.

Durante sus intervenciones previas a las elecciones legislativas en CABA, Adorni defendió esta postura comparando la migración actual con la de finales del siglo XIX, a la que calificó de “virtuosa”. En cambio, criticó la normativa vigente por fomentar el ingreso irregular y la permanencia de personas que “no vienen a construir un futuro de prosperidad”.

Aunque el proyecto todavía no fue publicado en el Boletín Oficial, se sabe que la Secretaría Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal, trabaja en su redacción final para minimizar riesgos de judicialización. El funcionamiento de la agencia también implicará coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del jefe de gabinete Guillermo Francos.

La Cancillería y otros organismos oficiales consultados aún no dieron declaraciones concretas sobre los detalles operativos o reglamentarios del plan.

Una reciente decisión del gobierno italiano generó preocupación entre los miles de argentinos que buscaban obtener la ciudadanía para instalarse en Europa.

El Ejecutivo liderado por Giorgia Meloni aprobó un nuevo decreto que modifica los requisitos para acceder a la ciudadanía por descendencia, lo que marca el fin del proceso considerado hasta ahora como relativamente accesible.

Hasta el momento, la ley permitía que descendientes de italianos —incluso de tercera o cuarta generación— pudieran gestionar su ciudadanía a través del principio de “ius sanguinis”, es decir, el derecho por vínculo de sangre. Sin embargo, con esta nueva medida, el panorama cambia drásticamente.

Con la nueva normativa, el acceso automático a la ciudadanía italiana queda limitado únicamente a quienes tengan padres o abuelos nacidos en Italia. En otras palabras, solo los descendientes de primera o segunda generación podrán iniciar el trámite de forma directa.

Italo Cassina, ex agente consular de Italia en Rafaela durante 17 años y actual vicepresidente para Argentina de la Unión de Cónsules Honorarios de Italia en el Mundo, explicó a Radio Rafaela los alcances de esta normativa y sus posibles consecuencias.

“Este decreto tiene vigencia por 60 días y en paralelo se enviaron dos proyectos al Parlamento italiano. Si se aprueban, la medida queda firme, pero también puede ser modificada o anulada. Por eso, mi consejo para quienes aún no presentaron carpeta es esperar”, expresó Cassina.

Ítalo fue claro: “Si ya tenés la ciudadanía italiana, no cambia nada. No hay que preocuparse”. Lo mismo corre para quienes ya presentaron su carpeta en comunas italianas, consulados o tribunales: “Se trata de un derecho adquirido, y, por lo tanto, deben ser tratados con las normas vigentes al momento de la presentación”.

Sin embargo, la incertidumbre es total para quienes aún no iniciaron el trámite. “Hay personas que están armando la carpeta, contratando intermediarios, invirtiendo dinero... A ellos les recomiendo que esperen estos 60 días para ver qué pasa”, insistió.

El nuevo decreto también impone un freno a la ciudadanía para hijos menores. “Si vos conseguís la ciudadanía, pero tus hijos son menores de 18 años y no viven en Italia, no podés gestionar la ciudadanía para ellos. El decreto exige al menos dos años de residencia efectiva en Italia”, explicó el ex cónsul.

Incluso el propio diputado de Italia en Sudamérica, Fabio Porta, ha manifestado que el decreto sería inconstitucional, por lo que se esperan presentaciones judiciales si la norma avanza.

Cassina alertó que los turnos que estaban asignados en los consulados argentinos para los próximos días ya fueron anulados, aunque algunos solicitantes aún no fueron notificados. “No los van a recibir, aunque no les hayan avisado. De hecho, están de oficio suspendidos”, advirtió.

Por otro lado, también hizo referencia a casos dramáticos: “Hay gente que llegó a Italia la semana pasada y no alcanzó a presentar la carpeta. Están en el peor de los escenarios”, lamentó.

En la visita por el estudio de Radio Rafaela, ítalo contó que Argentina es el país con mayor cantidad de ciudadanos italianos en el mundo. “Somos cerca de un millón, de los cuales 920.000 tienen doble ciudadanía y unos 80.000 son italianos nativos”, explicó.

También destacó la dispersión de los ciudadanos con pasaporte italiano: “Muchos viven en España, y eso preocupa a las comunas que pensaban que los jóvenes se quedarían en los pueblos de sus abuelos. Pero se van a otras ciudades o países”.

Cassina cerró con un mensaje de prudencia: “Hoy, lo más sensato es esperar. Estamos ante una medida temporal y todo puede cambiar en estos 60 días”.

El gobierno de España extendió el plazo para comenzar a tramitar la ciudadanía española. Conocé si calificás para el trámite, acá.

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El Gobierno de España anunció que se extiende el plazo para tramitar la ciudadanía española hasta finales de 2025, de modo que también se prolonga el período de vencimiento que previamente había anunciado, el 31 de octubre de 2024.

Así lo informó el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, en una entrevista con Europa Press: “La ley establece la posibilidad de que las personas que son descendientes de españoles y que se marcharon al exilio huyendo de la dictadura y del totalitarismo tengan reconocidos sus derechos legítimos”.

De esta manera, el mandatario explicó que pueden realizar el trámite de la ciudadanía española, popularmente conocida como Ley de Nietos, descendientes de españoles que hayan perdido la ciudadanía por motivos ideológicos, de creencias o de orientación sexual.

La decisión en el corrimiento del plazo se debe a las dificultades en los trámites administrativos que se deben realizar para obtener la ciudadanía, según indicó el funcionario. Hasta el momento, 60 mil personas en todo el mundo han recibido el pasaporte español a través de esta ley que está vigente desde octubre de 2022.

Por qué se establece esta prórroga

De acuerdo al Ministerio de Asuntos Exteriores de España, “se están recibiendo mucho más volumen de las que se han podido inscribir hasta la fecha. Los recursos son limitados, y el personal también”.

“La absoluta prioridad es que todo el mundo vaya a poder presentar la documentación necesaria para acceder a la nacionalidad. Para ello se ha establecido un doble turno. El Consulado empieza a recibir solicitudes a las 8 de la mañana y termina a las 8 de la tarde. Doce horas ininterrumpidas de lunes a viernes”, explica el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Estas son las personas que pueden solicitar la nacionalidad española:

Los nacidos fuera de España cuyo padre o madre, abuelo o abuela sean o hayan sido originariamente españoles

Los nacidos fuera de España cuyo padre o madre, abuelo o abuela hubiesen perdido o renunciado a la nacionalidad por causa del exilio.

Los nacidos fuera de España de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad española por casarse con un ciudadano extranjero antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Los hijos e hijas que eran mayores de edad cuando su padre o madre optaron a la nacionalidad española en virtud de la Ley de la Memoria Histórica (52/2007).

Aquellas personas que ya optaron a la nacionalidad española no de origen según el artículo 20 del Código Civil porque sus progenitores la obtuvieron al amparo de la Ley de Memoria Histórica, y también aquellos que optaron a la nacionalidad española en virtud del art. 20.1.b podrán ahora solicitar la adquisición de la nacionalidad española de origen.

Cómo tramitar la ciudadanía española

Quienes deseen obtener el pasaporte español deberán certificar su vínculo de parentesco mediante la presentación de documentación como actas de nacimiento, matrimonio, y defunción de su antepasado y también los suyos que correspondan y solicite el consulado español en la Argentina.

Buena parte de estos papeles pueden gestionarse sin cargo en el Consulado general de España, para eso hay que ingresar a sede.mjusticia.gob.es, ingresar al apartado “trámites” e ingresar los certificados de su antepasado previamente mencionados.

Fuente: Aires de Santa Fe