El 11 de marzo de 2026, a las 9:30 de la mañana, el Tribunal Constitucional de Italia celebrará una audiencia pública que podría marcar un antes y un después para miles de descendientes de italianos en el mundo. La cuestión: si mantiene o deroga el Decreto Tajani, la norma aprobada en 2025 que restringió drásticamente el acceso a la ciudadanía italiana por descendencia (ius sanguinis).

Para muchos argentinos —entre ellos numerosos santafesinos— el fallo podría significar recuperar un derecho que consideraban perdido. “Hay fundamentos sólidos para que el Tribunal declare la inconstitucionalidad del decreto”, afirma el abogado italiano, Dr. Emiliano Rosalia.

Hasta marzo de 2025, la ciudadanía italiana por derecho de sangre contemplaba un acceso prácticamente ilimitado: hijos, nietos, bisnietos e incluso generaciones más lejanas podían obtener el reconocimiento sin mayores obstáculos. Sin embargo, con la sanción del Decreto Tajani, esa tradición cambió de raíz.

La norma limitó el derecho automático solo a quienes pudieran acreditar que su ascendiente había nacido en Italia y conservado su ciudadanía, dejando fuera a miles de descendientes de emigrantes.

A ello se sumó otro golpe: desde enero de 2025 comenzó a regir una tasa de 600 euros para iniciar cualquier trámite —judicial o administrativo— que, sumada a traducciones, apostillas y certificaciones, encareció el acceso de forma considerable. “Mucha gente ya había invertido tiempo y dinero en sus carpetas y, de un día para el otro, se encontró ante un cierre total”, recuerda el Dr. Rosalia.

Un grupo de ocho solicitantes venezolanos de ascendencia italiana presentó ante el Tribunal Constitucional de Italia un recurso contra la nueva norma. Argumentan que la ley vulnera un principio consagrado en generaciones de jurisprudencia: la ciudadanía por descendencia no puede retrotraerse ni condicionarse con carácter discriminatorio o retroactivo.

La demanda recibió el respaldo de asociaciones de defensa de derechos de la diáspora y contó con asesoramiento de destacados abogados especializados. Ese planteo no se limita a estos ocho casos: refleja una expectativa compartida entre comunidades de descendientes en América Latina, entre ellos la numerosa colectividad italo-argentina.

Desde su estudio legal con base en Roma —y con conexiones en Santa Fe— el Dr. Emiliano Rosalia analiza con esperanza la próxima audiencia. “Hay fundamentos sólidos para que el Tribunal declare la inconstitucionalidad del decreto, sobre todo por su aplicación retroactiva a quienes nacieron antes del 27 de marzo de 2025”, sostiene.

Para Rosalia, la esencia del ius sanguinis está en juego: “La ciudadanía italiana siempre fue considerada un derecho adquirido por nacimiento. Nadie puede perderlo salvo por decisión personal de renunciar. Cuando una norma pretende alterar eso de forma retroactiva, se vuelve incompatible con la Constitución”.

Además, el abogado subrayó el impacto simbólico y concreto que tendría una decisión favorable para descendientes en Argentina: muchos podrían retomar trámites paralizados, y abrirse una nueva corriente de solicitudes, en un contexto donde Italia necesita rejuvenecer su estructura demográfica.

También, Rosalia reconoció el costado emocional de esos meses: “Lo más difícil fue explicarle a la gente que veía cómo su esfuerzo se desmoronaba. Algunos habían ahorrado durante años para pagar traducciones, apostillas o búsqueda de partidas. Fue devastador”, admitió.

Si el fallo resulta favorable, no solo se revertirá una medida administrativa: podría restaurarse un vínculo legal, simbólico y cultural entre Italia y su extensa diáspora. Descendientes hasta hoy excluidos —bisnietos, tataranietos— podrían recuperar su derecho a la ciudadanía, lo que implica trámites, derechos, pero también identidad.

Para los consulados, tribunales y oficinas en Italia y en el exterior, implicará un probable incremento en solicitudes. Para quienes esperan con paciencia, una esperanza renovada.

Al calor de la inminente audiencia, las expectativas se mezclan con la ansiedad. Pero para muchos descendientes de italianos —argentinos, venezolanos, latinoamericanos— marzo de 2026 representa una posibilidad concreta de reconectar con sus raíces legales, de reabrir una puerta que se había creído cerrada para siempre.

Valentina Chiaraviglio - El Litoral 

ItalaUn fallo reciente de la Corte Constitucional de Italia ha generado un giro significativo en el proceso de reconocimiento de la ciudadanía por derecho de sangre (ius sanguinis), ratificando que no existe un límite generacional para este trámite.

La decisión judicial abre una nueva esperanza para miles de descendientes de italianos, incluidos muchos argentinos, al aclarar que el vínculo de filiación es suficiente para adquirir la ciudadanía, sin importar la antigüedad del ancestro.

La medida surge en contrapeso al decreto del gobierno italiano que buscaba imponer restricciones, y refuerza la idea de que este derecho es "permanente e imprescriptible". En diálogo con El Litoral, el abogado italiano y especialista en ciudadanías, Dr. Emiliano Rosalia, junto a Valeria Fornari, periodista santafesina y también conocedora en la materia, explicaron de qué se trata este fallo.

La sentencia, emitida el 31 de julio de 2025, ha sido recibida con optimismo por expertos en el tema. Según el Dr. Rosalia, titular de Rosalia Studio Legale, la decisión es "igualmente importante e igualmente poderosa" que cualquier otra normativa. Rosalía subraya que el fallo aclara que no hay un límite generacional para el reconocimiento de la ciudadanía por ius sanguinis.

Además, la Corte aclaró que cualquier futuro intento del gobierno italiano de modificar su política de ciudadanía debe respetar la Constitución. Esto implica que no se puede quitar un derecho a quien ya lo tiene.

Valeria Fornari, santafesina y también especialista en el tema, enfatiza que este fallo revierte las intenciones de limitar la ciudadanía a generaciones más antiguas. "Nosotros estamos aquí para decir que esto no está terminado, al contrario", afirma Fornari. Además, sostiene que el decreto actual es "completamente injusto" y cree firmemente que "va a decaer".

El optimismo se extiende más allá del fallo de la Corte Constitucional. El Dr. Rosalia señala que, pocas semanas después de la implementación del nuevo "decreto Tajani" —que corta la posibilidad de pedir el reconocimiento de la ciudadanía—, un tribunal del sur de Italia ya había teorizado sobre su inconstitucionalidad.

Lo que es aún más relevante para los argentinos, y en particular para los santafesinos, es que el Tribunal de Torino, considerado competente para la mayoría de estos casos por las raíces piamontesas y friulanas de la región, formalizó una queja de inconstitucionalidad.

Este tribunal es el primero en Italia que no cree en la validez del decreto, y sostiene que todos los pedidos presentados antes del 27 de marzo de 2025 deberían regirse por la normativa anterior.

El fallo de la Corte y el accionar de los tribunales como el de Torino consolidan la posición de que el derecho a la ciudadanía italiana por descendencia no puede ser arbitrariamente restringido. La decisión no solo impacta en los procesos judiciales pendientes, sino que también establece un precedente sólido para impugnar futuras normativas que intenten limitar este derecho.

Para la comunidad de descendientes, especialmente en Argentina, esto representa un alivio y una confirmación de que la fuerte relación cultural entre ambos países sigue siendo un factor clave en la defensa de sus derechos.

Valentina Chiaraviglio - Ileana Hotschewer - El Litoral